Las relaciones entre el Estado y la educación en ... - Revista Docencia

Las relaciones entre el Estado y la educación en América Latina durante los siglos XIX y XX
que protagonizaron las fuerzas armadas en países
como Colombia (dictadura de Rojas Pinilla), Perú
(gobierno revolucionario de Velasco Alvarado),
Ecuador (gobierno militar de Rodríguez Lara) o
Panamá (gobierno del General Torrijos) también
asumieron las políticas desarrollistas en el ámbito
educativo.
La política desarrollista propició un espectacular
aumento en las cifras de escolarización en todos
los niveles educativos, amplió considerablemente la cobertura
en el medio rural y promovió el alargamiento
del período de escolaridad obligatoria. Igualmente, se
llevaron a cabo importantes iniciativas de alfabetización
adulta y de ampliación de la educación y la asistencia
social a niños en edad preescolar. Por otra parte, como
consecuencia inmediata de las teorías del capital humano
y de la vinculación de la planificación educativa a los
planes de desarrollo económico, se creó en esta época
todo un sistema de enseñanza técnica y profesional, sobre
todo a través de la diversificación de la enseñanza
secundaria y la creación de Universidades técnicas.
Un nuevo ciclo de reformas a partir de la
década de 1980
El ciclo desarrollista quedó definitivamente
clausurado en América Latina a finales de la década
de 1980. Ésta, que fue denominada la “década
perdida”, se caracterizó por un fuerte descenso de la
renta per capita en todos los países latinoamericanos
y por un espectacular endeudamiento externo y
déficit fiscal. Por otra parte, las políticas desarrollistas
habían conducido a un fuerte crecimiento del
aparato estatal, lo que llevó en los años 90 a un
nuevo planteamiento del papel del Estado (reforma
del Estado, políticas de descentralización y recorte
de prestaciones sociales). Estas políticas calificadas
como neoliberales fueron en buena parte el resultado
de las exigencias y condiciones impuestas a los países
latinoamericanos por los organismos internacionales
como el Fondo Monetario Internacional y el Banco
Mundial.
A pesar de que el siglo XX terminó con
una Declaración Mundial sobre Educación para Todos
(Jomtien, Tailandia, 1990), que abogó por la satisfacción
universal de las “necesidades básicas de aprendizaje”, y
cuyos postulados fueron reiterados por el Foro Mundial
sobre la Educación reunido en Dakar (Senegal) en
abril de 2000, en América Latina la fuerte reducción
del gasto público dedicado a educación produjo
un gran deterioro de la enseñanza oficial y la
ampliación de la brecha entre la educación pública y
la privada. Igualmente, ello fue la causa de una falta
de actualización de los salarios de los maestros y,
en muchos casos, de su abandono de la carrera
docente para buscar mejores medios de subsistencia.
En el nivel universitario esta política ha propiciado
la proliferación de las Universidades privadas y ha
obligado a las instituciones públicas de nivel superior
a buscar en el mercado medios de financiación, tanto
para la docencia como para la investigación.
Nuevamente se originó un ciclo de reformas
educativas, que quedaron plasmadas en leyes
generales como la Ley Orgánica Constitucional de
Enseñanza en Chile (1990); la Ley Federal de Educación
en Argentina (1993); la Ley General de Educación
de México (1993); la Ley General de Educación
de Colombia (1994) y la Ley de Reforma Educativa
de Bolivia (1994), algunas de ellas coincidentes con
procesos de democratización, en aquellos países que
fueron saliendo de las duras dictaduras de las décadas
anteriores. La preocupación común de todas estas
reformas por mejorar la calidad de la enseñanza
siguió fuertemente impregnada de una perspectiva
economicista. La generalización del uso de mecanismos
de evaluación y acreditación de los diversos niveles
y aspectos de los sistemas educativos ha sido
una consecuencia de tales tendencias.
El siglo XX se cerró también con un
importante cambio de paradigma: desde el principio
de igualdad proclamado desde el inicio de la
Independencia, se ha transitado hacia el respeto a la
diversidad, aludiendo en este último caso sobre todo a
los pueblos indígenas del continente. El reconocimiento
de la pluralidad étnica, cultural y lingüística de muchas
naciones iberoamericanas, que ha quedado incluso
plasmado como principio constitucional, empieza a
tener importantes consecuencias en el campo de la
educación. En los países latinoamericanos donde viven
poblaciones indígenas los programas de educación
intercultural, en cuyo desarrollo están teniendo un
importante protagonismo las propias comunidades
indígenas, serán claves en la educación del tercer
milenio.
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