Mujeres en la ciudad. De violencias y derechos

Giulia Tamayo / Debates abiertos en materia de seguridad...
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con consecuencias de exigibilidad como derechos humanos. Los Estados
como garantes de estos, desde el régimen de derecho construido internacionalmente,
adquirieron responsabilidades respecto de las cuales rendir
cuentas.
Sin embargo, ya en 1995, durante la Cuarta Conferencia Mundial de la
Mujer, los movimientos de mujeres advertían lo que una década después
se confirmaría. Las tendencias globales que ya venían socavando la capacidad
de los Estados como garantes de los derechos humanos, se habrían
de consolidar. Paradójicamente, las mujeres llegábamos demasiado tarde
respecto de Estados incapaces de garantizar nuestros derechos, y simultáneamente
demasiado pronto para ejercerlos y disfrutarlos en un mundo
organizado en torno a las prometidas bondades y beneficios del mercado.
Al hilo de las tendencias y poderes hegemónicos globales, los agentes económicos
configuraron normativamente la realidad, en concreto creando
ámbitos de “no derecho”, o influyendo sobre las elites políticas nacionales
y locales para asignar privilegios en perjuicio de toda actividad redistributiva
y correctora de desigualdades. Las administraciones al galope fueron
adelgazando los Estados, reduciendo la inversión social y reestructurando
las propias instituciones con funciones clave en la prevención de abusos
y protección de los derechos fundamentales. Bajo el norte de una libertad
y seguridad dispuestas a la medida del capital, su apropiación semántica
en beneficio del mercado comportó la pérdida de contenidos de derechos
para las personas, hasta prácticamente situarlos como meros formalismos
normativos, al tiempo que se vaciaba de toda fuerza la capacidad reguladora,
promotora, de protección y realización de los derechos humanos
asignada a los Estados.
En lo que concierne a los derechos humanos de las mujeres, varias administraciones
en la región apenas dieron señas de sus compromisos internacionales,
gravitando en torno a la llamada violencia en el ámbito doméstico
o familiar, sin satisfacer los estándares internacionales y con frecuencia
con programas y acciones dependientes de la cooperación internacional,
sin comprometer financiamiento del Estado. Se argumentó también, en
este limitado ámbito en los planos legislativos y judiciales, supuestos conflictos
de derechos donde solo cabía el conflicto más antiguo que el marco
de los derechos humanos rechazaba, ese entre privilegios y derechos.
Lejos de políticas de Estado, se abrió una secuencia de avances y reveses,
a golpe de cambios de gobiernos e incluso dentro de una misma administración.
Lo mismo se reprodujo en políticas sectoriales en materia de salud
e incluso en relación con mecanismos y políticas públicas de igualdad. En
2000, a cinco años de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing,
los movimientos de mujeres de la región ya intuían que no había motivos
para pensar que las políticas de exclusión se autorremediaran a través de
políticas inclusivas de carácter correctivo dirigidas a atenuar los riesgos,
daños y desventajas que producían las políticas principales.