casas vacías, personas sin casa - El Siglo

POLÍTICA
La ‘okupación’ de inmuebles en nuestro termina habitualmente en desalojos forzados.
EFE
En la mayoría de los
países de la UE la
cultura de la propiedad
inmobiliaria no está
desarrolada
bajo o de actividades económicas y las cuotas
hipotecarias deberán superar el 60 por
ciento de los ingresos totales de la familia.
Pero las críticas a una iniciativa que muchos
consideran insuficiente y voluntarista
no se hacían esperar. La Asociación de Usuarios
de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae) ha
augurado el fracaso de la norma ideada por
el Ejecutivo, porque, según su criterio, apenas
se podrá resolver un insignificante número
de problemas de desahucios que les
interese a los bancos y cajas implicados.
A juicio de Adicae, la dación en pago no
es más que una solución in extremis para las
personas que en estos momentos se enfrentan
al desalojo.
Tampoco ha sido bien recibida por la Plataforma
de Afectados por la Hipoteca (PAH),
que en sus tres años de vida ha paralizado
cerca de 200 desalojos y logrado centenares
de daciones en pago y algunas condonaciones
de deuda después de subasta.
Para Ada Colau, portavoz de esta plataforma,
el controvertido código, que incluye la
dación en pago como una opción voluntaria,
es “una tomadura de pelo”. Argumenta
que la ‘norma’ establece unos requisitos muy
restrictivos y deja la dación como la última
opción, de manera que, a efectos prácticos,
canaliza el proceso hacia una refinanciación
de la deuda que “solo interesa a las instituciones
financieras”. Asegura que la mayoría
de los desahuciados tienen menores a su cargo,
y alerta del contraste entre esta situación
dramática, y el hecho de que se haya inyectado
dinero público a unas entidades bancarias
que están dejando en la calle a familias
con niños. Reivindica abiertamente la
desobediencia civil ante una ley que ha calificado
de “injusta por invadir otra superior,
la de los Derechos Humanos”.
La asociación de magistrados progresistas,
Jueces para la Democracia (JpD), en un comunicado
consideraba una mera proclama
populista y mediática la propuesta del Gobierno
de que las familias que se encuentran
en el umbral de la exclusión puedan saldar
su deuda con el banco entregando su vivienda.
Reclaman una reforma de la actual
legislación hipotecaria por considerar que
no reparte de forma equitativa entre las partes
afectadas -el banco y el deudor hipotecario-
los riesgos y perjuicios de la crisis económica.
Denuncia los graves efectos sociales
de la normativa hipotecaria, que permite
a la entidad financiera adjudicarse la casa
por un 60 por ciento del valor en la que
la tasó y demandar al ciudadano el resto de
la deuda no cubierta.
Por su parte, la actual Defensora del Pueblo
en funciones, María Luisa Cava de Llano,
ha abogado por regular el sistema de subasta
de los pisos confiscados. “Es de una
gravedad tremenda que los bancos puedan
quedarse con la vivienda embargada por un
precio por debajo del 60 por ciento de su
valor”, ha manifestado al respecto.
Adoptar medidas que permitan seguir utilizando
la vivienda con un alquiler asumible
por el deudor, o aceptar que los inquilinos
puedan declararse en bancarrota para librarse
de la deuda, son algunas de las propuestas
de la Defensora para reforzar la protección
de los hipotecados.
“Los gobiernos tienen la responsabilidad
de proteger el derecho de acceso a una vivienda
digna, puerta de entrada del resto de
derechos”, aseguraba en febrero pasado, en
Barcelona, Raquel Rolnik, relatora especial
de Naciones Unidas por una Vivienda Adecuada.
Rolnik ha calificado de “ilegales” los
procesos de desahucios y ha responsabilizado
a la banca y al Gobierno español de la
emergencia habitacional que sufre el país,
en contraste con el elevado número de viviendas
vacías que se contabilizan en España.
La UE ante los
inmuebles
deshabitados
E
n
la mayoría de los países de la
Unión Europea, donde la cultura
de la propiedad inmobiliaria no
está tan desarrollada como en España
–la vivienda en propiedad comenzó a
ser promovida en los años 50 por el franquismo,
y constituye la mayor fuente de ahorro
e inversión de las familias españolas, pero
también su mayor causa de gasto-, existen
normas estrictas para evitar la práctica
tan extendida en nuestro país de la vivienda
vacía. Los expertos de Ekiten Thinking reco-
36 7–13 de mayo de 2012. nº 971