casas vacías, personas sin casa - El Siglo

os dossieres
de
El drama de las
viviendas vacías

los dossieres
POLÍTICA
Las ejecuciones hipotecarias contrastan con los
millones de viviendas vacías en España
Casas vacías,
personas sin casa
Los fríos datos estadísticos revelan que en nuestro país existen más de cien
inmuebles residenciales desocupados por cada persona sin techo. Un dato que
contrasta cruelmente con el incremento de desahucios provocado por una crisis
económica sin parangón, a la que no se le intuye un próximo final. Además, la
caída de los precios, tras el pinchazo de la burbuja inmobiliaria, se está
ralentizando artificialmente por la resistencia de las entidades financieras a
contabilizar estos activos con el actual precio de mercado y, de esta manera, no
verse obligados a declarar pérdidas. Las perspectivas indican que el número de
personas en la calle se incrementará, y que el famoso ‘banco malo’ donde reunir
estos activos inmobiliarios devaluados podría convertirse en una realidad.
Por Pedro Antonio Navarro
32 7–13 de mayo de 2012. nº 971
E
l artículo 47 de la Constitución
Española reconoce el derecho de
todos los españoles a una “vivienda
digna y adecuada”, y establece
un marco para la participación de
las distintas administraciones en las plusvalías
generadas por el urbanismo, al tiempo
que prohíbe expresamente la especulación
con el suelo.
Pero también la Carta Magna, en sus artículos
33.2 y 128.1 establece que toda la riqueza
del país está subordinada al interés
general, y fija mecanismos para la intervención
pública de la economía, precisamente
para las circunstancias en las que ese interés
general deba prevalecer. Como millones
de conciudadanos están pudiendo comprobar
en sus propias carnes, la aplicación de
estos preceptos constitucionales se está dejando
de lado en el desarrollo de la peor crisis
económica que ha conocido nuestro país
y el conjunto de Occidente.
Además de las demoledoras cifras de desempleo,
uno de los aspectos más sangrantes
de esta situación lo está constituyendo el
creciente número de ejecuciones hipotecarias
y de desahucios en general –que también
abarcan a los inquilinos que no pueden
hacer frente al alquiler de su vivienda-. Un
hecho que contrasta con la disponibilidad
real de vivienda en todo el territorio nacional,
en el que se comprueban unas cifras escandalosas
de casas vacías.
España disponía de un parque de
25.837.108 viviendas, a finales de 2010, según
datos publicados por el Ministerio de
Fomento, lo que arroja un promedio de 1,55
viviendas por cada familia española, el más
alto de la Unión Europea, y uno de los más
elevados del mundo. Además, otra circunstancia
peculiar en este ámbito se da en nuestro
país: el 86 por ciento de estos inmuebles
están en régimen de propiedad, y solo el 14
por ciento son de alquiler o cesión.
Durante el ‘boom urbanístico’ en España
se construyeron al año tantas viviendas como
en Alemania, Francia y Gran Bretaña, a
un ritmo medio de 800.000 al año. De esos
casi 26 millones de viviendas, 17.762.862
constituyen viviendas principales, es decir,
El alquiler de viviendas en España apenas alcanza el 14 por ciento del
las de uso permanente, mientras que
8.074.246 son secundarias –principalmente
segundas residencias y vacacionales-.
El cambio de la Ley del Suelo promovido
por el Gobierno presidido por José María Aznar,
en 1998, abría la puerta a un modelo
basado en el ladrillo, en el que esta actividad
llegaba a generar hasta el 15 por ciento
del PIB español, disparaba la especulación
urbanística y, con ello, elevaba el precio
de la vivienda en un 155 por ciento en
menos de una década. Una burbuja inmobiliaria
solo superada por Irlanda –done los
precios se encarecían en un 172 por cientoy
Malta (157 por ciento).
Además, la implicación de la banca en la
financiación de estos proyectos ha traído como
consecuencia la actual crisis financiera
que tan de lleno afecta a las entidades españolas,
que han de hacer frente a los impagos
de inmobiliarias y a un considerable
parque de viviendas en propiedad –producto
de las ejecuciones hipotecarias y de las
permutas con las inmobiliarias- que lastran
sus balances. Y no solo viviendas; también
el suelo. Cuando Luis de Guindos era el di-

volumen total, frente a un 86 por ciento de casas en propiedad.
rector del Centro de Investigación Financiera
del Instituto de Empresa, en 2011, revelaba
que los bancos españoles poseían unos
120.000 millones de euros en suelo que no
estaban ajustados a su actual precio de mercado.
Según diversas fuentes, los activos tóxicos
inmobiliarios privados ascienden a más de
150.000 millones de euros, el equivalente al
15 por ciento del PIB español.
Esta circunstancia ha provocado la necesidad
de una serie de ayudas públicas encadenadas.
Desde 2007, los distintos gobiernos
han desoído las reclamaciones de expertos
instando a la creación de un parque
público de vivienda en alquiler, adquiriendo
parte de las viviendas de nueva construcción
de difícil salida al mercado debido
a la situación de crisis.
Barcelona (338.645) y
Madrid (337.212) están
a la cabeza de la
estadística de pisos
vacíos
Las viviendas ‘fantasma’
y el alquiler
Los datos de viviendas vacías en todo el
territorio nacional varían considerablemente,
en función de las fuentes consultadas. En
2010, el Ministerio de Fomento contabilizaba
3.417.064 viviendas familiares de un parque
total en España de 25.837.108 sin usar,
vacías. Es decir, el 13,2% de las casas españolas
estarían cerradas, según este informe.
Se trata de un elevadísimo porcentaje,
que agrava la situación de crisis económica
y de difícil acceso a una vivienda.
Sobre esta estadística, y según la misma
fuente, la propiedad de estos inmuebles está
muy repartida. Cerca de 1,5 millones
(1.489.728) pertenece a las comunidades de
vecinos, mientras que casi dos (1.882.240)
es propiedad de una persona –aunque la inconcreción
en este caso es total, ya que no
se especifica la cantidad que una sola de estas
personas podría acumular-, 28.279 están
en poder de una sociedad y 508 pertenecen
a algún organismo público. Del resto,
F. MORENO
16.309, se desconoce su dueño.
Por provincias. Barcelona (338.645) y a
muy poca distancia, Madrid (337.212) están
a la cabeza de esta preocupante estadística.
Valencia, con 228.870, Alicante, con
192.184, y Sevilla, con 124.573, completan
las cinco provincias con mayor número de
inmuebles sin ninguna utilidad.
Por el contrario, las provincias con menor
número de casas familiares vacías son Álava
(11.580), Teruel (12.078), Soria (12.142),
Guadalajara (13.803) y Segovia (15.326).
En nuestro país, siempre según estos datos
de Fomento, tenemos algo más de un millón
de viviendas vacías de segunda mano
(VVSM), generalmente en manos de particulares
de manera muy atomizada; y algo
menos de un millón de viviendas
en stock (VVS), que son las viviendas de promotores
o entidades financieras recién construidas,
nunca utilizadas, y que están a la espera
de su venta, en unas dificilísimas condiciones
de mercado.
Pero, según otras fuentes, el parque de ‘casas
fantasma’ podría sobrepasar los 3,5 millones.
Incluso los datos del nuevo censo del
nº 971. 7–13 de mayo de 2012 33

los dossieres
POLÍTICA
Las ayudas públicas a la banca no han cesado desde el comienzo de la crisis. Sus inmuebles están sobrevalorados.
INE, aún por confirmarse –su publicación se
espera a finales de este 2012-, van mucho
más lejos y apuntan a seis millones de viviendas
vacías, un 20 por ciento de toda la
construcción residencial.
Más de 5.000 agentes censales del INE han
comenzado este ingente trabajo. Su objetivo
es recoger la información de los casi 26
millones de viviendas existentes, con la que
se elaborará, primero, el Censo de Edificios
y Viviendas y, después, el de Población. Su
investigación ya ha desvelado que desde el
comienzo de la crisis se han construido 4,6
millones de viviendas y se han vendido menos
de tres millones.
Según los estudios realizados por el estudio
multidisciplinar Ekiten Thinking, nuestro
parque de alquiler supera a duras penas el
10 por ciento del total de viviendas, cuando
en la UE la media se sitúa entre el 40 y el
50 por ciento. Además, nuestro parque público
de alquiler está en torno al 0,5 por ciento
del total, cuando en la UE lo habitual es
que sea entre el 20 y el 30 por ciento del
total de viviendas. Este hecho convierte a España
en el único país de la Unión Europea
con tres veces más viviendas vacías que en
alquiler.
Hace diez años, en una estadística por comunidades
autónomas, se contabilizaron 3,1
Álava, Teruel y Soria
son las provincias con
menos casas
deshabitadas –en el
entorno de las 12.000–
EFE
millones de viviendas vacías, el 15 por ciento
de las censadas. Ahora, la cifra será, sin
duda, muy superior.
En España hay muchas más viviendas vacías
que en alquiler -poco más de dos millones,
de las que solo 128.000 son viviendas
de alquiler social-. Además, se gasta menos
dinero y se desarrollan peores políticas
públicas de vivienda que en el resto de la
UE: el 0,9 por ciento del PIB nacional, frente
al 2,5 por ciento de los países más desarrollados
de la Unión, que disponen de mecanismos
públicos de financiación de las políticas
de vivienda, como la banca pública,
la deuda pública finalista o la reserva de parte
de la masa salarial. Además, De este 0,9
Por ciento del PIB, solo un 0,3 se destina al
gasto directo, ya que dos terceras partes de
nuestro gasto público en vivienda se invierten
en la exención de impuestos, al revés de
lo que ocurre en el resto de la UE.
Por otra parte, en España se promueve la
Vivienda de Protección Oficial (VPO) en propiedad,
a diferencia del resto de la UE, donde
las políticas públicas de vivienda están
exclusivamente dirigidas al alquiler y la rehabilitación.
De hecho, en las últimas décadas
no ha habido en España políticas públicas
de vivienda orientadas hacia el fomento
de un acceso asequible a una vivienda
digna, sino medidas de promoción de la
actividad y el empleo en el sector privado
inmobiliario.
El parque inmobiliario vacío no termina
en las viviendas: en España existe actualmente
una desorbitante cantidad de hectáreas
urbanizadas o comercializadas sin uso
alguno. Además, los promotores y los bancos
disponen de suelo para 2,8 millones de
nuevas viviendas.
Según datos de Eurostat, España ha urbanizado
en los últimos 15 años un tercio de
todo su suelo artificializado. Por otra parte,
nuestro país está a la cola de Europa en las
medidas de control público de la vivienda
vacía, considerada en la UE una patología
urbana, social y medioambiental. Mientras,
países como Holanda, el Reino Unido, Alemania,
Suecia, Francia o Italia aplican toda
serie de medidas que van desde multas y penalizaciones
hasta expropiaciones y legalización
de la ocupación, pasando por derribos
-cuando lo que está vacío es un edificio
entero- y los alquileres y ventas forzosas
(cuando se han rechazado las ayudas públicas
a la rehabilitación y el alquiler).
Sin embargo, existen algunas excepciones
en determinadas comunidades autónomas.
En el País Vasco, por ejemplo, se vienen aplicando
políticas de vivienda social desde hace
unos años, del mismo modo que también
ha sucedido en Cataluña, Aragón, Navarra
o Extremadura.
Euskadi es la Comunidad Autónoma en la
que, por ley, se construye un mayor porcentaje
de vivienda protegida en las nuevas promociones
inmobiliarias. Las investigaciones
de Ekiten Thinking señalan que la Ley
2/2006 de suelo y urbanismo, entre otras muchas
cosas, obliga a que el 75 por ciento de
la vivienda en suelo urbanizable y el 40 por
ciento en suelo urbano sean viviendas protegidas.
Así, desde 1994 existen en Euskadi
reservas legales de suelo destinado a vivienda
protegida (el 65 por ciento en suelo urbanizable
y el 20 por ciento en suelo urbano).
34 7–13 de mayo de 2012. nº 971

Estos porcentajes contrastan con la realidad
de otras comunidades autónomas en las que
no existe más reserva legal que la mínima fijada
por el texto refundido de la Ley del Suelo
estatal (el 30 por ciento en suelo urbanizable)
y, a veces, ésta ni siquiera se cumple.
En el caso de las viviendas protegidas vascas
cuentan con una calificación permanente;
es decir, que lo son de por vida.
En esta autonomía se creaba hace menos
de una década ‘Bizigune’, una sociedad pública
que moviliza viviendas privadas vacías
y facilita su uso en alquiler a personas cuyos
recursos económicos no son suficientes
para acceder a una vivienda del mercado
libre. A través de este programa, se abona
menos del 80 por ciento de una renta de
mercado a sus propietarios cedentes, y los
arrendatarios pagan un alquiler mensual que
supone, como máximo, el 30 por ciento de
sus ingresos. En Euskadi, en menos de diez
años, se ha construido partiendo de cero un
parque de vivienda pública de alquiler que
supera las 45.000 unidades. De esta cantidad,
la mitad son viviendas protegidas en alquiler
público, y la otra mitad, viviendas protegidas
en derechos de superficie a 75 años,
una especie de alquiler público de por vida.
La ‘ley’ del
desahucio
L
os
desahucios en nuestro país aumentaban
un 21,8 por ciento durante
2011, y se llevaban a cabo
un total de 58.241 procedimientos
administrativos, según el último informe
sobre el efecto de la crisis en los órganos judiciales
elaborado por el Consejo General
del Poder Judicial (CGPJ). La estadística recoge
tanto desahucios de inquilinos que no
pueden pagar sus alquileres, como los casos
de propietarios de viviendas que tampoco
pueden hacer frente a sus obligaciones hipotecarias.
La estadística del CGPJ registra
el mayor número de desahucios en un solo
año desde el inicio de la crisis, y duplica los
procedimientos incoados en 2008, alcanzando
las 77.854 ejecuciones.
Las autonomías en las que se producían el
mayor número de lanzamientos el pasado
año fueron la Comunidad Valenciana
España en el único país
de la Unión Europea
con tres veces más
viviendas vacías que
en alquiler
Diversos movimientos sociales y partidos han acudido a impedir los desahucios, con un éxito relativo.
EFE
(13.711), Andalucía (9.864) y Madrid (9.460).
Por el contrario, el menor número de procedimientos
se daban en La Rioja (244), Navarra
(336) y Extremadura (439).
Los desahucios de viviendas se han convertido
en uno de los aspectos más siniestros
y dolorosos de la crisis económica en
nuestro país, disparando los índices de pobreza
y de exclusión social.
Los desalojos de propietarios o inquilinos
endeudados alcanzaban el máximo histórico
el pasado año, produciéndose un aumento
de casi el 22 por ciento en relación a 2010,
hasta alcanzar las 58.241 familias. Estos datos
eran dados a conocer el pasado mes de
marzo. Entre inquilinos y propietarios que
no pudieron hacer frente al pago de su hipoteca,
solo entre octubre y diciembre de
2011, los lanzamientos efectuados llegaron
a 15.347.
Respecto a las ejecuciones o procedimientos
iniciados por las entidades hipotecarias
para quedarse con las viviendas impagadas,
el CGPJ certificaba en 2011 un descenso
de 17 por ciento, hasta los 77.854,
inferior a las 93.636 actuaciones contabilizadas
en 2010.
Desde el comienzo de la crisis económica
en 2008, en coincidencia con el estallido
de la burbuja inmobiliaria, ya se contabilizan
más de 300 mil ejecuciones hipotecarias
en España, con un saldo de más de
250.000 familias en la calle.
Ante la presión de los movimientos sociales
que exigen la dación en pago, y que han
realizado acciones en la calle para impedir
físicamente la acción de los agentes judiciales
y la policía –con relativo éxito-, el Gobierno
presidido por Mariano Rajoy proponía
un denominado código de buenas prácticas,
al cual pueden adheririse de manera
voluntaria las entidades bancarias, que supuestamente
debe proteger a las familias más
desfavorecidas.
De acuerdo con ese reglamento, aprobado
en marzo pasado, se promoverá la dación
en pago para familias con todos sus
miembros en paro y con primeras viviendas
con un coste menor de 200.000 euros. Los
afectados tendrán que ser propietarios de
una sola casa, no podrán tener rentas del tranº
971. 7–13 de mayo de 2012 35

POLÍTICA
La ‘okupación’ de inmuebles en nuestro termina habitualmente en desalojos forzados.
EFE
En la mayoría de los
países de la UE la
cultura de la propiedad
inmobiliaria no está
desarrolada
bajo o de actividades económicas y las cuotas
hipotecarias deberán superar el 60 por
ciento de los ingresos totales de la familia.
Pero las críticas a una iniciativa que muchos
consideran insuficiente y voluntarista
no se hacían esperar. La Asociación de Usuarios
de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae) ha
augurado el fracaso de la norma ideada por
el Ejecutivo, porque, según su criterio, apenas
se podrá resolver un insignificante número
de problemas de desahucios que les
interese a los bancos y cajas implicados.
A juicio de Adicae, la dación en pago no
es más que una solución in extremis para las
personas que en estos momentos se enfrentan
al desalojo.
Tampoco ha sido bien recibida por la Plataforma
de Afectados por la Hipoteca (PAH),
que en sus tres años de vida ha paralizado
cerca de 200 desalojos y logrado centenares
de daciones en pago y algunas condonaciones
de deuda después de subasta.
Para Ada Colau, portavoz de esta plataforma,
el controvertido código, que incluye la
dación en pago como una opción voluntaria,
es “una tomadura de pelo”. Argumenta
que la ‘norma’ establece unos requisitos muy
restrictivos y deja la dación como la última
opción, de manera que, a efectos prácticos,
canaliza el proceso hacia una refinanciación
de la deuda que “solo interesa a las instituciones
financieras”. Asegura que la mayoría
de los desahuciados tienen menores a su cargo,
y alerta del contraste entre esta situación
dramática, y el hecho de que se haya inyectado
dinero público a unas entidades bancarias
que están dejando en la calle a familias
con niños. Reivindica abiertamente la
desobediencia civil ante una ley que ha calificado
de “injusta por invadir otra superior,
la de los Derechos Humanos”.
La asociación de magistrados progresistas,
Jueces para la Democracia (JpD), en un comunicado
consideraba una mera proclama
populista y mediática la propuesta del Gobierno
de que las familias que se encuentran
en el umbral de la exclusión puedan saldar
su deuda con el banco entregando su vivienda.
Reclaman una reforma de la actual
legislación hipotecaria por considerar que
no reparte de forma equitativa entre las partes
afectadas -el banco y el deudor hipotecario-
los riesgos y perjuicios de la crisis económica.
Denuncia los graves efectos sociales
de la normativa hipotecaria, que permite
a la entidad financiera adjudicarse la casa
por un 60 por ciento del valor en la que
la tasó y demandar al ciudadano el resto de
la deuda no cubierta.
Por su parte, la actual Defensora del Pueblo
en funciones, María Luisa Cava de Llano,
ha abogado por regular el sistema de subasta
de los pisos confiscados. “Es de una
gravedad tremenda que los bancos puedan
quedarse con la vivienda embargada por un
precio por debajo del 60 por ciento de su
valor”, ha manifestado al respecto.
Adoptar medidas que permitan seguir utilizando
la vivienda con un alquiler asumible
por el deudor, o aceptar que los inquilinos
puedan declararse en bancarrota para librarse
de la deuda, son algunas de las propuestas
de la Defensora para reforzar la protección
de los hipotecados.
“Los gobiernos tienen la responsabilidad
de proteger el derecho de acceso a una vivienda
digna, puerta de entrada del resto de
derechos”, aseguraba en febrero pasado, en
Barcelona, Raquel Rolnik, relatora especial
de Naciones Unidas por una Vivienda Adecuada.
Rolnik ha calificado de “ilegales” los
procesos de desahucios y ha responsabilizado
a la banca y al Gobierno español de la
emergencia habitacional que sufre el país,
en contraste con el elevado número de viviendas
vacías que se contabilizan en España.
La UE ante los
inmuebles
deshabitados
E
n
la mayoría de los países de la
Unión Europea, donde la cultura
de la propiedad inmobiliaria no
está tan desarrollada como en España
–la vivienda en propiedad comenzó a
ser promovida en los años 50 por el franquismo,
y constituye la mayor fuente de ahorro
e inversión de las familias españolas, pero
también su mayor causa de gasto-, existen
normas estrictas para evitar la práctica
tan extendida en nuestro país de la vivienda
vacía. Los expertos de Ekiten Thinking reco-
36 7–13 de mayo de 2012. nº 971

gen en sus estudios las actuaciones más destacadas
en este ámbito:
Francia
Medidas públicas para favorecer el alquiler
de las viviendas: Subvenciones y desgravaciones
fiscales para los propietarios privados
de vivienda vacía que la rehabiliten y
pongan posteriormente en alquiler; alquiler
obligatorio por parte de los HLM (‘Habitation
à Loyer Modéré’, gestores sin ánimo de
lucro de vivienda social en alquiler concertados
con las Administraciones Públicas) de
las viviendas vacantes, con garantías para los
propietarios privados de cobro de los alquileres
(no íntegros).
Canon sobre viviendas vacías en las ciudades
de más de 200 000 habitantes en las
que la tasa de viviendas vacías sea superior
a la media, la población esté en crecimiento
y haya menos oferta que demanda de alquiler.
En estas condiciones, la tasa es del 10
por ciento del valor catastral de la vivienda
el primer año; el 12,5, el segundo; y 15 por
ciento el tercero y posteriores. El dinero recaudado
se destina a un instituto público que
rehabilita vivienda.
Requisa gubernamental de viviendas que
lleven más de 18 meses vacías y cuyos propietarios
—solo personas jurídicas— no hayan
puesto medios para alquilarlas en municipios
en los que haya necesidad de vivienda
en alquiler de precios moderados. La
requisa podrá llegar a los 12 años. Estas viviendas
las gestiona en alquiler un HLM. El
propietario requisado recibe una compensación
por metro cuadrado, de la que se restan
los gastos de rehabilitación y gestión del
alquiler.
Alemania
Los propietarios pueden verse obligados
a realizar trabajos de rehabilitación; en caso
de incumplimiento, caben las multas, la
administración sustitutiva de la vivienda por
la Administración (alquiler forzoso) e incluso
la expropiación.
Incentivos fiscales para los propietarios
privados por la compra y rehabilitación de
las viviendas vacías.
Presupuesto público dedicado a comprar
viviendas privadas vacías para ponerlas en
alquiler social.
Penalizaciones impuestas por las autoridades
locales a los propietarios que mantengan
voluntariamente vacías sus viviendas.
Las autoridades locales deben publicar anualmente
información sobre el número de viviendas
privadas vacías.
Alquiler o venta forzosa de viviendas privadas
vacías. Los ayuntamientos pueden forzar
el alquiler o la venta de una vivienda que
lleve más de seis meses vacía, salvo que sea
una segunda residencia, su propietario esté
enfermo o recién fallecido y se esté tramitando
la herencia, esté trabajando en otra
ciudad o la utilice de forma esporádica. La
medida es susceptible de ser aplicada a unas
600 000 viviendas.
En Dinamarca los
propietarios son
multados si la vivienda
está vacía durante más
de seis semanas
Holanda
La ocupación de viviendas vacías desde hace
más de un año ha sido legal. La vivienda
solo se le devuelve al propietario si demuestra
que ésta no volverá a estar vacía -puede
ponerla en venta o alquiler-. Dado que si no
se alquila la vivienda hay riesgo de ocupación
y de no poder expulsar al ‘okupa’, lo habitual
es que las viviendas no estén vacías, sino alquiladas.
Cuando se produce una ocupación,
la propiedad suele llegar a un acuerdo arrendaticio
con los propios okupas.
Subsidios públicos para que personas o familias
hagan frente a sus gastos mensuales
de alquiler (privado o público).
Programas de ayudas públicas a la rehabilitación
de viviendas destinada a su posterior
puesta en alquiler.
Suecia
Los ayuntamientos ofertan viviendas en
alquiler más baratas -propia pública o concertada
privada-; así, reducen el número de
viviendas vacías y sus costes.
Como medida extrema, se han llegado a
demoler viviendas vacías cuando son edificios
enteros.
Dinamarca
Multas a los propietarios de viviendas que
las mantengan vacías más de seis semanas.
Reino Unido
La ‘Empty Homes Agency’ (Agencia estatal
de la vivienda vacía) anima a los ayuntamientos
a reducir el número de viviendas
vacías, y media entre éstos y los propietarios
privados de viviendas.
Viviendas sociales en París. El parque de vivienda pública en los países de la UE multiplica varias veces al español.
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los dossieres
POLÍTICA
La banca no
vende todo
D
e
un total de aproximadamente
700.000 viviendas nuevas que
se ofertan en el mercado inmobiliario
y, al menos otras tantas
de segunda mano que también ‘buscan’ comprador,
Las 18 principales entidades financieras
españolas solo tenían a la venta en sus
portales inmobiliarios unos 85.600 inmuebles,
a finales del pasado verano. Estas cifras
no incluían solares, oficinas, naves y locales
comerciales.
De todas ellas, BBVA es la que más viviendas
pone a la venta directamente, casi
15.000, seguido de Caixa Bank, Bankia –unificando
los ‘stocks’ de CajaMadrid y Bancaja-
y Banesto. Se da la circunstancia de que
los dos portales del Banco Santander (Altamira
y Aportucasa.com), no alcanzaban
los 4.000 inmuebles, nuevos, en su mayoría,
mientras que su filial Banesto superaba
los 10.000, la mitad de ellos, de nueva construcción.
Pero, en realidad, estas entidades poseen
muchas casas más que no exponen y que no
sacan directamente a la venta, y tampoco todas
las que venden son exactamente suyas,
pues muchas aún pertenecen a promotores
Los bancos poseen
muchas más casas,
que no exponen y que
no sacan a la venta
a punto de quebrar o endeudados con ellas.
Este reducido número de 85.600 casas puestas
directamente a la venta por las entidades
bancarias demuestra que el negocio inmobiliario
sigue cambiando de manos y que,
cuatro años después del comienzo de la crisis,
el pinchazo de la burbuja en este sector
se está produciendo a un ritmo ralentizado
todo lo posible por la banca.
Los expertos calculan que en los portales
de venta de las entidades financieras, en breve
se podrán ver, al menos, otras 100.000
viviendas.
El recorrido por los portales inmobiliarios
de la banca depara que Barcelona (7.567 casas)
y Valencia (6.686) son las provincias con
más viviendas -nuevas y usadas- a la venta,
seguidas de Alicante (6.433), Madrid (5.100)
y Tarragona (3.802). Seis provincias más, Málaga,
Toledo, Tarragona, Almería, Murcia y
Castellón, superan las 2.500 casas. En el otro
extremo aparecen Soria, Palencia, Zamora y
Guipúzcoa, con apenas unas decenas.
En muchas ocasiones los bancos prefieren
no ofertar ciertas viviendas en sus propios
portales por diversas razones. A veces, por
estar destartaladas -tras un desahucio- y optan
o bien por que sean las agencias locales
quienes se hagan cargo o por colgarlas directamente
en un portal inmobiliario –algunas
entidades son accionistas de estos portales,
como en el caso del BBK en Idealista.com-.
Normalmente solo las sacan a la venta cuando
las han provisionado suficientemente como
para venderlas a un precio más o menos
de mercado, y eso puede llevar varios ejercicios
contables. En realidad se trata de obtener
el mayor precio posible por la venta, y esta
estrategia está retrasando el ajuste del mercado
inmobiliario que los expertos, tanto nacionales
como internacionales, auguran a la
vivienda en España, que, incluso podría continuar
el descenso de su valor hasta niveles
de los años 90.
Lo cierto es que quedan muchas viviendas
en manos de promotores y que, ante el brutal
descenso de la demanda, podrían inundar
el mercado de viviendas y suelos baratos
en un periodo de dos a tres años.
El Banco de España cifra en más de
320.000 millones de euros la exposición al
ladrillo de la banca y, a primeros de 2011,
un informe de la consultora RR Acuña & Asociados,
aseguraba que la banca acumulaba
entonces 200.000 casas en sus balances. l
F. MORENO
F. MORENO
La ministra de Fomento, Ana Pastor. Cuando Luis de Guindos dirigía el centro de Investigación del Instituto de Empresa ya advertía del sobreprecio del suelo que posee la banca.
38 7–13 de mayo de 2012. nº 971