Informe completo - Asociación de Investigación y Estudios Sociales

Instituto de Derechos Humanos
Universidad de San Carlos de Guatemala
Instituto de Investigaciones Jurídicas
Universidad Rafael Landívar
Año IV, Núm. 6
REVISTA DE
DERECHOS HUMANOS
Guatemala, 2006

Revista de Derechos Humanos / Instituto de Investigaciones Jurídicas
(IIJ). Instituto de Derechos Humanos (IDHUSAC). [2003 - ]
Guatemala : Universidad Rafael Landívar. (IIJ) : Universidad de
San Carlos de Guatemala. (IDHUSAC), 2006. Año IV, Núm. 6
(julio - diciembre 2006).
300 págs.
1. Derechos humanos - Guatemala 2. Derechos personales
3. Derechos civiles 4. Derechos políticos
5. Derechos económicos, sociales y culturales 6. Tenencia de la tierra – Guatemala
7. Economía de la tierra 8. Crédito agrícola
9. Fondo de tierras 10. Discriminación sexual contra la mujer
11. Sexismo lingüístico 12. Derecho penal
13. Igualdad.
Revista de derechos humanos, año IV, número 6, 2006.
D.R. © Proyecto Regional de Apoyo a la Educación, Capacitación e Investigación en Derechos
Humanos en Centroamérica, con el apoyo del Gobierno de Finlandia y del Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo –PNUD–.
Sede del componente de investigación del Proyecto:
Instituto de Investigaciones Jurídicas
Universidad Rafael Landívar, Campus Central,
Vista Hermosa III, zona 16, edificio “O”, 2º. nivel, oficina O-214
Apartado Postal 39-C, Ciudad de Guatemala
Guatemala, 01016
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Editora responsable Raquel Montenegro Muñoz
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Ciudad de Guatemala, Guatemala
El contenido de los artículos incluidos en la presente publicación es responsabilidad de cada autor y, por
lo tanto, no necesariamente coincide ni compromete la posición del Instituto de Investigaciones Jurídicas
de la Universidad Rafael Landívar ni del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de San Carlos
de Guatemala, agentes implementadores del componente de investigación del Proyecto.

CONSEJO EDITORIAL
Directora del Instituto de Derechos Humanos de la
Universidad de San Carlos de Guatemala –IDHUSAC–
M. A. María Elisa Sandoval Argueta
Director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la
Universidad Rafael Landívar –IIJ/URL–
Dr. Larry Andrade-Abularach
Jefe Académico e Investigador Principal del
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la
Universidad Rafael Landívar –IIJ/URL–
M. A. Gustavo García Fong
Coordinador Nacional del Proyecto Regional de Apoyo a la Educación,
Capacitación e Investigación en Derechos Humanos en Centroamérica
M. A. Pablo Gerardo Hurtado García
Secretaria del Consejo Editorial
M. A. Raquel Montenegro Muñoz

ÍNDICE
PRESENTACIÓN ............................................................................................................... 7
DOCTRINA
A propósito del artículo sexto de la Declaración
Universal de Derechos Humanos –1948– .................................................................. 11
Jorge Luis Cantoral Cantoral
La repercusión de la tenencia de la tierra en el respeto a los
derechos humanos sociales y económicos de los guatemaltecos ............................... 31
Astrid Zosel Gantenbein
El sexismo lingüístico en el Código Penal guatemalteco
como un elemento discriminador contra las mujeres ................................................. 85
Soledad Espada Chávez
INVESTIGACIÓN
El impacto que tienen los principios de igualdad y universalidad
de los derechos humanos, en las mujeres que viven en la cabecera
del departamento de Guatemala ............................................................................... 117
Claudia Verónica Ágreda Ajquí
RESEÑAS
Recensiones de tesis sobre derechos humanos ........................................................ 287
María del Rosario Velásquez Juárez

–6–

PRESENTACIÓN
El Proyecto Regional de Apoyo a la Educación, Capacitación e Investigación en Derechos
Humanos en Centroamérica -Proyecto Finlandia-, es una extensión del proceso de cooperación
en la materia, iniciado en Guatemala por el Gobierno de Finlandia en el año 2001 y, a
partir del año 2005, se ejecuta de manera simultánea en Guatemala y Honduras, con lo cual va
adquiriendo un carácter regional.
La administración y ejecución del proyecto en los dos países está a cargo del Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo -PNUD-, mediante un modelo de gestión descentralizado
que delega la implementación de los resultados en un conjunto de “agencias implementadoras”
integrado por universidades, centros de investigación y organizaciones de la sociedad civil. En
Guatemala, los resultados esperados son:
1. Programas de formación en derechos humanos consolidados académica e institucionalmente
en Facultades de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala
y la Universidad Rafael Landívar.
2. Programas de investigación y difusión científica en derechos humanos fortalecidos en
el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Rafael Landívar, –IIJ/URL–
y el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de San Carlos de Guatemala,
–IDHUSAC–.
3. Programas de Formación Profesional en Ciencias Jurídicas y Sociales (a cargo de la Facultad
de Derecho de la Universidad de San Carlos de Guatemala) y de Capacitación No Formal en
Derechos Humanos (implementado por la Asociación de Investigación y Estudios Sociales
-ASIES-), dirigidos a pueblos indígenas, ejecutados.
Como parte de las actividades programadas en el resultado dos y con el objetivo primordial
de fortalecer los programas de investigación y difusión científica en derechos humanos, se publica
el sexto número de la revista de derechos humanos, editada conjuntamente por el IIJ/URL e
IDHUSAC; para la cual el Proyecto Finlandia designó un Consejo Editorial que es presidido por
los Directores de los Institutos mencionados, apoyado por la jefatura académica del IIJ/URL y
la Coordinadora Nacional del proyecto; además de la Secretaria del Consejo Editorial que tiene
a su cargo la edición de la revista.
–7–

Revista de derechos humanos
El contenido del sexto número de la revista de derechos humanos afirma los propósitos de
fortalecer y difundir las investigaciones, así como contribuir con los procesos de enseñanza y
cultura de respeto de los derechos humanos, tanto en el medio académico, como en el medio
profesional y en los centros de investigación.
En los artículos de doctrina escogidos por el Consejo Editorial se presentan interesantes
planteamientos que abordan tópicos sobre el reconocimiento de la personalidad jurídica y los
denominados derechos a la personalidad; la tenencia de la tierra en Guatemala y su relación
con la garantía y respeto de los derechos económicos, sociales y culturales, así como sobre el
uso del lenguaje en el texto de la normativa penal guatemalteca en detrimento de los derechos
específicos de las mujeres.
Este volumen contiene además, el informe de investigación que estableció los efectos que
producen, para las mujeres guatemaltecas, la falta de respeto y garantía de los principios de
igualdad y universalidad de sus derechos humanos, tanto desde el punto de vista formal como
sustantivo.
Finalmente se presentan los comentarios de varias tesis elaboradas para obtener el grado
académico de magíster en derechos humanos en la Universidad de San Carlos de Guatemala,
pertenecientes a profesionales egresados de la maestría de derechos humanos.
Expresamos nuestra confianza porque esta publicación, al ser parte de un proyecto educativo
pueda contribuir a la reflexión e información de la comunidad universitaria, de los profesionales
y de los interesados en la temática
M. A. María Elisa Sandoval Argueta
Directora del Instituto de Derechos
Humanos de la Universidad de San Carlos de
Guatemala –IDHUSAC–
Dr. Larry Andrade-Abularach
Director del Instituto de Investigaciones
Jurídicas de la Universidad Rafael Landívar
–IIJ/URL–
M. A. Raquel Montenegro Muñoz
Secretaria del Consejo Editorial
de la Revista de Derechos Humanos
–8–

DOCTRINA

A propósito del artículo sexto
de la Declaración Universal de
Derechos Humanos –1948–
“Todo ser humano tiene derecho, en todas partes,
al reconocimiento de su personalidad jurídica”

JORGE LUIS CANTORAL CANTORAL
Magíster en Derechos Humanos por la Universidad Complutense de Madrid,
España. Además, licenciado en derecho y abogado por la Universidad San Carlos de
Guatemala. Asesor en asuntos específicos del Procurador de los Derechos Humanos
durante el período 1998-2002. Coautor del Curso sistemático en derechos humanos,
editado por el Instituto de Estudios Políticos de América Latina y África. Ponente en
la Primera Conferencia Nacional sobre Derechos Humanos, en el tema: “Situación de
los Derechos Humanos en Guatemala: Avances y Retrocesos”.
–12–

RESUMEN EJECUTIVO
Los derechos que se derivan del reconocimiento de la personalidad son aquéllos
que confieren a las personas, garantías para el ejercicio de los derechos subjetivos
que la Declaración Universal de Derechos Humanos y nuestra propia Constitución
Política de la República reconocen. Debe tomarse en cuenta, además, que los derechos
a la personalidad no son sinónimos de derechos de la persona.
Cualquier derecho subjetivo es derecho de la persona, en el sentido que tiene
por “sujeto” a la persona física o moral de su titular, en tanto que los “derechos a
la personalidad” se definen por su objeto especial. Al igual que otras especies los
derechos a la personalidad pueden pertenecer a la “persona moral”, de igual modo
que a la “persona física”. Si precisamos en un sentido lógico, ambos términos se
muestran complementarios, pues el “derecho a la personalidad” es el paraguas bajo
el cual se cobijan los derechos específicos denominados “derechos subjetivos”. Son
éstos los que dinamizan el sentido de la vida de aquél.
En la actualidad, debido entre otras causas al enfrentamiento entre derechos y
realidad político-social, los mencionados derechos han ido perdiendo terreno y han
sido pisoteados y anulados.
–13–

ABSTRACT
According to this article, the personality rights are the ones that provide the people
the guarantee to exercise the subjective rights which the Universal Declaration
of Human Rights of the United Nations and our own Political Constitution confer
to them. Besides, it must be taken into consideration that the personality rights are
not synonymous of rights of the person.
Any subjective right is a right of the person, since its “subject” is a natural or an
artificial person entitled to such right, while the“personality rights” are defined by
their special object. Like other kinds of rights, the personality right might belong,
consequently, to an “artificial person”, as well as to a “natural person”. Logically
speaking, both terms are complementary because the “personality rights” constitute
the umbrella under which specific rights know as “subjective rights” are sheltered.
These latter rights are the ones which dynamize the sense of the life of the personality
rights.
Nowadays, due, among other causes, to the confrontation between rights and
the social and political reality, such rights have been losing relevance and have been
violated and nulled.
–15–

CONTENIDO
Introducción ........................................................................................................19
1. Derechos y realidad político-social ...................................................................21
2. A manera de conclusión ....................................................................................28
Referencias ...........................................................................................................30
–17–

A propósito del artículo sexto de la declaración universal de los derechos humanos –1948–
A propósito del artículo sexto de
la Declaración Universal de
Derechos Humanos –1948–
“Todo ser humano tiene derecho, en todas partes,
al reconocimiento de su personalidad jurídica”
Jorge Luis Cantoral Cantoral
“Olivares, andaluz por herencia, tenía mucha sangre castellana;
y fue seguramente ésta la que más infl uyó en su personalidad.”
El conde duque de olivares: Gregorio Marañón
Introducción
Los derechos humanos 1 son una
creación de la cultura occidental, 2 y
como tales, son expresión de las luchas
de la burguesía en su ascenso al poder y
protectores de los derechos y deberes del
sujeto, en cuya dinámica, sin duda alguna,
nos tienen inmersos; éste es el caso de la
Declaración Universal de Derechos Humanos,
3 en adelante identificada como: “la
Declaración”. En ella se reconocen al ser
humano, de manera formal, una serie de
derechos que pueden hacerse valer frente
1 Me permito hacer una observación muy importante al comienzo del presente escrito, al exteriorizar y hacer propio
un pensamiento “perverso y atrevido” y hasta subversivo del maestro de filosofía del derecho Gregorio Robles, al
denunciar “el anquilosamiento categorial de los derechos humanos, al ser éste, un “lugar común intocable y sagrado,
sobre el que se permite la matización y la interpretación pero no el disenso.” “Las categorías antaño elaboradas,
llenas de potencia de convicción y capaces de explicar la circunstancia de la que fueron respuesta, pretenden hoy
mantenerse en pie con la fuerza de su viejo imperio”. Gregorio Robles. Epistemología y derecho. Págs. 286 y 287.
2 La tradición humanística de Occidente, que va desde Spinoza, Goethe, Hegel, Marx, pasando por los filósofos franceses
y alemanes de la Ilustración y cuya esencia misma es la preocupación por el hombre y la realización de sus
potencialidades. Erich Fromm. Marx y su concepto de hombre. Fondo de Cultura Económica, México, 1991. Pág.
7. Para estos filósofos “... el hombre vive sólo en tanto es productivo, en tanto que capta el mundo que está fuera de
él en el acto de expresar sus propias capacidades humanas específicas y de captar al mundo con esas capacidades.
Op. cit. Pág. 41. Rota esta tradición humanística, los paladines del neoliberalismo experimentan al mundo y a uno
mismo, pasiva, receptivamente, como sujeto separado del objeto.
3 Primera declaración en su género de posguerra. Tres años posteriores a la Carta de las Naciones Unidas surgida el 26 de
junio de 1945. Al decir de Norberto Bobbio, “La Declaración Universal contiene en germen la síntesis de un movimiento
dialéctico que comienza con la universalización abstracta de los derechos naturales, pasa por la particularidad concreta de
los derechos positivos nacionales y termina con la universalidad no ya abstracta sino concreta de los derechos positivos
universales”. Bobbio Norberto. Presente y porvenir de los derechos humanos, Anuario de derechos humanos. Facultad
de Derecho Universidad Complutense, Madrid, 1982, Vol. 1. Págs. 9-28.
–19–

Revista de derechos humanos
al poder de los Estados, dentro de ellos, el
derecho a la personalidad. Nótese que, tal
como está concebido este derecho, primero
en la Declaración, luego en los Pactos
Internacionales y por último en la propia
Constitución Política de la República
Guatemala, en adelante identificada como:
“la Constitución”, los derechos a la personalidad
no son sinónimos de los derechos
de la persona. Cualquier derecho subjetivo
es derecho de la persona, en el sentido
que tiene por “sujeto” a la persona física
o moral de su titular; por el contrario, los
“derechos a la personalidad” se definen por
su objeto especial. Al igual que otras especies
de derechos, los de la personalidad
pueden pertenecer a la “persona moral”,
de igual modo que a la “persona física”.
Si precisamos en un sentido lógico, ambos
términos se muestran complementarios,
pues el “derecho a la personalidad” es el
paraguas bajo el cual se cobijan los derechos
específicos denominados “derechos
subjetivos”. Son éstos los que dinamizan
el sentido de la vida de aquél.
Los derechos de la personalidad son
los derechos que tienen por objeto los elementos
constitutivos de la personalidad del
sujeto tomado en sus múltiples aspectos
físico, moral e individual y social”. 4
La Declaración Universal de Derechos
Humanos, 5 es reforzada por el Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos 6
y sus respectivos Protocolos, y por el
Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales, en adelante
identificados como: “los Pactos Internacionales”.
Todos estos instrumentos son
parte de lo que se conoce como la “Carta
Internacional de Derechos Humanos”. Los
preceptos contenidos en los instrumentos
mencionados son de carácter general
y de aplicación universal, entre otras
razones por su internacionalización, 7 es
decir, que su aplicación es moral y jurídicamente
obligatoria para los Estados
y para los poderes públicos, que por su
naturaleza están dentro de sus respectivas
competencias.
Desde la perspectiva del ser humano
en su dimensión individual, no existiría, y
de hecho no existe, ningún problema para
que sea titular de los derechos de la perso-
4 Dabin, J. El derecho subjetivo. Editora Revista de Derecho Privado, Madrid, 1955, Págs. 210 y 211. Trad. de F. J.
Osset.
5 Declaración que contiene principios generales que guían las acciones de los gobiernos para implementar o respetar
dichos principios.
6 Su artículo dieciséis reza: “Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad
jurídica”.
7 Considerando que la Carta de Naciones Unidas impone a los Estados la obligación de promover el respeto universal
y efectivo de los derechos y libertades humanas. (Ver considerandos comunes de los Pactos Internacionales de
Derechos Civiles y Políticos y de Derechos Económicos, Sociales y Culturales).
–20–

A propósito del artículo sexto de la declaración universal de los derechos humanos –1948–
nalidad. El problema surge en relación a
los Estados, en su calidad de depositarios y
responsables directos de garantizar los derechos
8 consagrados en los antes referidos
instrumentos jurídicos internacionales. El
contenido esencial del “derecho subjetivo
incluye tanto la facultad que el poseedor
tiene frente a otros, como su potestad para
hacer valer esa facultad mediante la iniciación
de procedimientos y la potestad de
disponer del derecho”, 9 lo que comúnmente
se denomina como derechos de garantía.
Así, en nuestro ordenamiento jurídico
constitucional, se encuentra expresado en
el Artículo 4. 10
1. Derechos y realidad
político-social
En la dinámica que denominamos
derechos y realidad político-social, la
Declaración Universal, los Pactos Internacionales
y nuestra propia Constitución,
tienden a chocar con la realidad
cotidiana de la sociedad y también con
los intereses de los Estados. 11
La problemática que se encuentra
inmersa en la normativa internacional
del Sistema de Naciones Unidas, se traduce
en el hecho que, si bien es cierto al
momento de su elaboración, la mayoría
de sus preceptos respondían o reflejaban
las cualidades de la realidad objetiva
existente dentro de los bloques de poder,
en la segunda posguerra, en dicha
época no existía una cultura política de
los derechos humanos en el seno de la
política exterior de los gobiernos de los
Estados, que aplicara una firme política
de respetar a los sujetos activos de los
mencionados derechos. Así, la brecha
existente entre la Declaración Universal
y el irrespeto por los derechos humanos
8 Tomar nota que cuando en la terminología jurídica se habla de derechos, asumimos que para que sean efectivos
necesitan de la intervención de los Estados y de los poderes públicos que los tutelan; mientras que el cumplimiento
y efectividad de las libertades ciudadanas o libertades públicas, que también se consideran derechos, se requiere
de la NO intervención del Estado, ya que está demostrado por la jurisprudencia internacional, que éste puede ser
factor negativo para su disfrute.
9 Ross, A. Sobre el derecho y la justicia. Buenos Aires, 3ª ed. Buenos Aires, Eudeba. 1974, Págs. 177 y 178. Trad.
G. Carrió.
10 Artículo 4. Libertad e igualdad. En Guatemala todos los seres humanos son libres e iguales en dignidad y derechos.
El hombre y la mujer, cualquiera que sea su estado civil, tienen iguales oportunidades y responsabilidades. Ninguna
persona puede ser sometida a servidumbre ni a otra condición que menoscabe su dignidad. Los seres humanos
deben guardar conducta fraternal entre sí.
11 Según la moderna teoría política, el Estado está conformado por dos factores esenciales que son los supuestos y
los principios estructurales. Los supuestos se refieren a las condiciones básicas que posibilitan el quehacer político
concreto: el territorio y un grupo de hombres en relación social, los cuales no son considerados como principios configuradores
de la realidad política; los principios estructurales de lo político son el poder y el derecho, considerados
como elementos definidores de la realidad política. Jiménez de Praga M. Los regímenes políticos contemporáneos,
Madrid, Ed. Tecnos. 1990. Pág. 68.
–21–

Revista de derechos humanos
se fue profundizando a tal grado que la
costumbre y práctica de la política interna
de los Estados asume como lógicas
tales violaciones. Un ejemplo de ello
en Guatemala, es el comportamiento de
los ex paramilitares y su tolerancia por
parte del Estado, o la libertad de la que
gozan los militares acusados de delitos
de genocidio, cuando en otros países
como Chile, Argentina o la antigua Yugoslavia
los delitos han sido mínimos si
los comparamos con los producidos en
Guatemala, y sin embargo, los violadores
a los derechos humanos en dichos
países están siendo procesados.
Otro aspecto importante de señalar
es el hecho que el proceso de positivación
de los derechos humanos, expresado
a través de los pactos y convenios
internacionales ha hecho que las normas
sean incorporadas en su seno como
derechos en su plena expresión; esto,
sin embargo, no basta, porque la realidad
social, política y económica de los
Estados ha evolucionado de tal manera
que supera con creces el contenido de
sus disposiciones normativas. Muchas
características de esa realidad han sido
impuestas por los centros hegemónicos
de poder; el ejemplo más elocuente
es la imposición del Tratado de Libre
Comercio entre Centroamérica, República
Dominicana y Estados Unidos de
América (DR-CAFTA, por sus siglas
en inglés), la Ley de Concesiones, la
Ley de Migración, etc. Asimismo, en
las relaciones laborales, la estructura
socioeconómica, con su histórica discriminación
social, impide reconocer al
sujeto del derecho, no se acepta como
interlocutor, no se personaliza y eso
dirige a un futuro que continúa pasando
por la exclusión de la mano de obra y
el reconocimiento de sus derechos. De
esa manera, es difícil que pueda consolidarse
una cultura industrial y que en
definitiva pueda darse la inserción y el
acceso de la industria guatemalteca a un
mercado competitivo. 12
Nos enfrentamos a una lógica en donde
“las leyes objetivas de la producción
adquieren un puesto relevante, mientras
personas y valores quedan en un lugar
secundario. La sociedad misma deja de ser
una sociedad de personas, para convertirse
en un conjunto de procesos productivos
objetivos”. 13 Cuando el hombre se transforma
en una cosa, y se le maneja como tal,
quienes lo hacen se transforman también
en cosas, y las cosas no tienen voluntad,
visión ni plan; el individuo ha perdido
casi toda su influencia para determinar y
12 Modernización de las relaciones laborales. Nueva cultura sindical. No. 1. Friedrich Ebert Stiftung, Pág. 11.
13 Almoguera Carreres, Joaquín. “Acerca de la ambigüedad del derecho moderno”, Anuario de derechos humanos.
Facultad de Derecho Universidad Complutense, Madrid, 1986-87, Vol. 4. Págs. 11-28.
–22–

A propósito del artículo sexto de la declaración universal de los derechos humanos –1948–
participar activamente en la toma de decisiones.
14 Con esto, podemos evidenciar,
desde el punto de vista estatal, que existe
la tendencia de violar hábilmente la ley
y el derecho consuetudinario, más que a
favorecer cambios basados en la dignidad
humana.
Pese a las evidentes contradicciones,
en la época presente nos encontramos
con “un sujeto que, si bien aparece
como una función, necesita seguir
siendo persona, incluso para llegar
a ser función, pues está en función
del bien, en efecto, pero el bien es
bien en cuanto hay un sujeto”. 15 En
este sentido, el neoliberalismo y su
globalización han enriquecido al
hombre materialmente, pero lo han
empobrecido humanamente. 16
Para entender el significado del derecho
enunciado en el artículo 6 de la Declaración
Universal de Derechos Humanos,
que establece: “Todo ser humano tiene
derecho, en todas partes, al reconocimiento
de su personalidad jurídica”, es
imperativo dilucidar lo que significa en
la cultura occidental el término “derecho
subjetivo”, desde la teoría del derecho.
Jurídicamente, el concepto “derecho
subjetivo” significa poder exigir que la
norma se cumpla, y expresa además,
“la facultad que un sujeto tiene de determinar
normativa e impositivamente la
conducta de otro, es decir, para exigir de
otro una determinada conducta”; 17 en el
caso de los derechos fundamentales, exigir
su respeto por parte del Estado. Asimismo,
debemos analizar dicha noción
como elemento constitutivo integrador
del sistema jurídico en su conjunto, es
decir, derechos organizados por las peculiaridades
del derecho objetivo como
sinónimo de sistema jurídico.
En tal sentido, podemos decir que
la concepción de la naturaleza de derecho
subjetivo que se encuentra contenido
en el concepto del derecho a la
personalidad, atiende a los siguientes
aspectos:
a) El derecho subjetivo implica una
relación de permisión, pertenencia
u omisión;
b) Esta relación tiene como fundamento
inmediato un título jurídico;
14 Fromm, Erich. “Sobre la desobediencia y otros ensayos”. Editorial Paidos, Barcelona, 1987. Págs. 90-91.
15 Almoguera Carreres, Joaquín, Op. cit. Pág. 26.
16 Fromm, Erich. Op. cit. Pág. 93.
17 Recaséns Siches, L. Introducción al estudio del derecho. Porrúa, México, 1970, Pág. 140.
–23–

Revista de derechos humanos
c) El fundamento remoto del derecho
subjetivo se encuentra en una norma,
que atribuye el título a un sujeto
jurídico; y,
d) La relación de derecho subjetivo se
tiene frente a otro sujeto jurídico,
considerado en su deber jurídico,
que a su vez, le ha sido impuesto por
una norma.
De esta manera, el “derecho subjetivo”
está en el titular del mismo y, en
cierto modo, lo determina, le agrega una
realidad nueva. El sujeto de un derecho
subjetivo posee algo de lo que quien
no es titular, carece y que en cierto
aspecto lo enriquece, adquiriendo una
forma nueva: la del titular de un determinado
derecho. Por todo esto, no
puede negarse a la relación de “derecho
subjetivo”, el carácter de real, derivada
de la relación normativa por la que un
sujeto jurídico adquiere frente a otro u
otros, la “pertenencia” a un bien jurídico
o la “permisión” u “omisión” de obrar
en determinado sentido. Esta relación
precisa inevitablemente de la existencia
de una norma jurídica, es decir, de una
norma que regula conductas de alteridad,
y ésta constituye un elemento necesario
o propio del fenómeno jurídico; en otras
palabras, allí donde exista “derecho”
en sentido estricto, estará presente esa
realidad que denominamos “derecho
subjetivo”.
Podemos concluir, que los derechos
subjetivos son el resultado de la realización
de los derechos de la personalidad;
el efecto de una expresión concreta de
las disposiciones normativas en forma
de libertad jurídica determinada con
precisión y a la medida del individuo.
Los derechos en mención comunican un
matiz específicamente jurídico a todo el
mecanismo de su regulación jurídica.
Declarar que todo ser humano tiene
“derecho a” o “derecho de”, significa
dotar a toda persona de derechos que
le son propios dentro del marco de una
regulación jurídica objetiva que se generaliza
en el tiempo (el momento de
dar vida al derecho y el momento de
hacerlo vigente); 18 se universaliza erga
omnes en el espacio (lugar donde cobra
vida y rige ese derecho); se especializa
a través de su contenido esencial o
materia que regula (qué es lo que debe
18 “En razón del objeto, los derechos subjetivos pueden clasificarse en derechos de la personalidad y derechos sobre
las cosas exteriores al sujeto...” Soriano, R. Compendio de teoría general del derecho. Ariel, Barcelona, 1986,
Págs. 106 y 107.
–24–

A propósito del artículo sexto de la declaración universal de los derechos humanos –1948–
“hacer” o “dejar de hacer”; 19 es decir, el
tipo de relación jurídica); y finalmente,
atender a las características de los sujetos
pasivos y/o activos de determinada
relación jurídica (quién o quiénes son los
sujetos pasivos). 20 El derecho subjetivo
corresponde ejercerlo bajo determinadas
circunstancias a todo ser humano, y por
tanto, sujeto de una relación jurídica.
Cuando se trata de normas de carácter
general y obligatorio para los Estados,
se presentan muchas ambigüedades,
por lo que su interpretación trae como
consecuencia serios problemas en su
aplicación. Es el caso del artículo 6 de
la Declaración Universal, que es objeto
de nuestro análisis, puesto que al utilizar
la frase “... en todas partes...”, representa
una determinación obligatoria para todas
las partes y de aplicación general para
todos los seres humanos erga omnes en
cuanto al ámbito espacial dentro del cual
dicha norma será válida. 21 En todo caso,
se debe interpretar lo que más favorece a
las personas, es decir, que el solo acto de
la presencia física de la persona en “x” o
“y” lugar, le da el derecho al reconocimiento
de su personalidad jurídica. No
obstante, haciendo esta interpretación,
la utilización de este término nos conduce
a caminos diferentes que debemos
aprovechar jurídicamente para proteger
nuestros intereses adscritos a la personalidad.
Los Estados, a través de los gobiernos
que los representan, se convierten en
acérrimos detractores de los derechos de
la personalidad, fundamentalmente de
los derechos relacionados con las leyes
de nacionalidad y extranjería, al concebir
normativas represivas y sin ninguna
técnica jurídico-científica, en contra de
quienes intentan vivir libremente en
territorio distinto al de su origen.
Estos derechos subjetivos son garantizados
por el derecho internacional
de los derechos humanos y por las
constituciones del mundo occidental, y
en particular, por nuestra Constitución.
Hasta la fecha, no existe un solo argumento
jurídico sólido, ni moral, que
acredite la argumentación empleada
por los gobiernos de los Estados para
prohibir, impedir o limitar los derechos
subjetivos del ser humano a vivir en el
19 Por razón de su extensión o ámbito de atribuciones, los derechos subjetivos pueden ser simples o complejos, según
que den derecho a una prestación determinada o comporten un conjunto de facultades. Ibídem.
20 “Por razón del carácter del sujeto pasivo, los derechos subjetivos pretenden ser “absolutos” o “relativos”, según
que la relación que comportan sea exigible a todos, erga omnes o a una o varias personas”. Soriano, R. Op. cit.
Págs. 106 y 107.
21 En el derecho internacional, un pacto o tratado adquiere validez jurídica de acuerdo con lo estipulado en la Convención
de Viena sobre el Derecho de los Tratados (1969), parte dos, sección tercera, sobre la entrada en vigor y
aplicación provisional de los tratados.
–25–

Revista de derechos humanos
lugar donde encuentre la plena realización
de sus intereses, mayormente si
su elección es un Estado desarrollado,
alimentado por el saqueo constante de
los recursos de los Estados empobrecidos
por ellos.
Al demostrar una o varias violaciones
del respeto al derecho del reconocimiento
de la personalidad jurídica
del ser humano, evidentemente nos
encontramos ante el cuestionamiento de
la validez del derecho subjetivo que, por
supuesto, está referido a todas las personas,
por cuanto que el sujeto pasivo, que
es el Estado y los gobiernos que asumen
su representación, hacen prevalecer la
razón de Estado: la soberanía estatal, el
“interés público” y “la seguridad nacional”.
Es por ello que surge el enfrentamiento
con la protección del abanico de
posibilidades para el pleno ejercicio de
los derechos de la personalidad por parte
del ser humano.
En ese contexto, se pueden mencionar
una variedad de violaciones al
ejercicio de la personalidad jurídica del
individuo, que van desde su nacimiento
hasta su muerte. Permítaseme abordar
las problemáticas de la emigración
“ilegal” hacia los Estados Unidos de
América por parte de ciudadanos provenientes
del centro y sur de América y
del Tratado de Libre Comercio 22 entre
los países de Centroamérica, República
Dominicana y Estados Unidos
de América, por el que se privilegia
el libre tránsito de las mercancías en
detrimento del libre tránsito de las personas,
en tanto que “las leyes objetivas
de la producción adquieren un puesto
relevante, mientras que personas y sus
valores quedan en un lugar secundario.
La sociedad misma deja de ser una
sociedad de personas, para convertirse
en un conjunto de procesos productivos
objetivos”, 23 donde la producción se
guía por el principio de que la inversión
de capital debe producir beneficios, más
que por el principio de que las reales
necesidades de las personas determinan
lo que hay que producir. 24 Lo primero,
claro está, priva en beneficio exclusivo
22 Consúltese la Convención sobre el Derecho de los Tratados, Viena, 23 de mayo de 1969. En su artículo dos, literal
“a) se entiende por “tratado” un acuerdo internacional celebrado por escrito entre Estados y regido por el derecho
internacional, ya conste en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos y cualquiera que sea su
denominación particular”. En virtud de ello, aprobado por los respectivos organismos legislativos, pasa a formar
parte de la legislación interna de carácter secundario en los respectivos países, asumiendo, por supuesto, que dicho
tratado se juzgue constitucional.
23 Almoguera Carreres, Joaquín. Op. cit. Págs. 11-28, 23.
24 Fromm, Erich. Op. cit. Pág. 98.
–26–

A propósito del artículo sexto de la declaración universal de los derechos humanos –1948–
de los intereses monopólicos 25 de la
gran metrópoli del norte.
En este proceso, se muestra que
el derecho es una forma de poder y
de fuerza. Desde la dimensión de los
derechos del ser humano se debe contraponer
la razón trascendente que sea
capaz de denunciar su unilateralidad,
de defender que el derecho puede ser
no sólo otra fuerza, sino la expresión de
unos acuerdos sobre valores y fines que
distintas razones individuales consideran
fundamentales para la realización social
de la misma individualidad. 26
Para el tema que nos ocupa, las
consecuencias inmediatas y de mediano
plazo serán básicamente de carácter
político, económico y social. Si en las
25 El elemento primordial cuando se valora el impacto de cualquier proceso de liberalización comercial – bien
sea como parte de la aplicación de reglas multilaterales o como resultado de la conformación de una propuesta
como la del TLC con EEUU– es el de las agudas y crecientes asimetrías estructurales que existen entre los
países industrializados que integran dichos acuerdos, por una parte, y las economías subdesarrolladas, por
la otra.
En general, el tema de las asimetrías entre países puede considerarse a partir del análisis de tres dimensiones
complementarias aunque no idénticas: (a) las diferencias en cuanto a niveles de desarrollo económico relativo; (b)
las diferencias en las estructuras económicas y sociales de los países miembros de un bloque regional o entre los
miembros del sistema multilateral o bilateral de comercio, y (c) las diferencias en cuanto a dimensión económica
de los distintos Estados.
De este hecho se deriva que, aunque los factores económicos, sociales e institucionales nacionales son obviamente
importantes, las oportunidades económicas están determinadas básicamente por la posición que ocupan los países
en la jerarquía mundial, lo que implica que ascender en la escala internacional es una tarea más bien difícil. Las
asimetrías internacionales fundamentales contribuyen a explicar porqué la economía internacional es esencialmente
un “campo de juego desnivelado”. Por este motivo, a menos que tales asimetrías se encaren de manera sistémica,
las desigualdades mundiales se mantendrán o incluso se profundizarán con el tiempo.
No puede dejar de recalcarse con especial énfasis el hecho de que la agricultura norteamericana, no sólo es una
agricultura de una fabulosa productividad y nivel tecnológico, sino altamente protegida a través de densas medidas
arancelarias y no arancelarias, y masivamente subsidiada.
Es preciso tener en consideración que no estamos aquí frente a un típico caso de ventajas comparativas: la teoría
de las ventajas comparativas enseña que, aunque un país tenga ventajas absolutas de costos en todos los sectores,
es decir, aunque sea mucho más eficiente en términos absolutos en todos los rubros de su economía que los países
competidores, lo que convendría a ambos sería especializarse en la producción de aquellos rubros en los que son
comparativamente más eficientes. Sin embargo, en el caso que nos ocupa, ésta no parece ser la situación. Parece
antes bien el caso de un país, el país más rico y poderoso del planeta, que ha introducido en prácticamente cada
sector productivo las tecnologías más avanzadas, y en gran parte genera por sí mismo dichas tecnologías; que tiene
ventajas absolutas de costos en prácticamente todos los sectores, y que incluso puede darse el lujo de subvencionar
fuera de toda proporción a un sector agrícola que apenas representa el 3% de su gigantesco PIB, y genera sólo el
2% del empleo total, además de apoyar sus tasas de productividad con inversiones considerables en infraestructura,
investigación, desarrollo y formación de capital humano. Acevedo Volg, Adolfo. José Impactos potenciales del
Tratado de Libre Comercio Centroamérica- Estados Unidos en el sector agrícola y la pobreza rural en Nicaragua.
Págs. 67-118. Comité Servicios de los Amigos Centroamérica. Mayo 2003.
26 López Calera, Nicolás María. Teoría crítica del derecho, Anuario de derechos humanos. Facultad de Derecho
Universidad Complutense, Madrid, 1986-87, Vol. 4. Pág. 164.
–27–

Revista de derechos humanos
dos últimas décadas del siglo pasado, la
emigración fue propiciada por la represión
y el terrorismo de Estado hacia los
ciudadanos, en el presente las causas son
de carácter económico, determinadas
por el inducido deterioro de los Estados
productores de productos agrícolas y
de productos manufacturados, llamados
en nuestro medio, “maquila”. A ello se
deben agregar los factores inveterados
ligados a la concentración de la riqueza
en pocas manos y a las políticas antipopulares
de los organismos gestores de la
“ayuda para el desarrollo”, léase Banco
Mundial, Fondo Monetario Internacional,
etcétera.
Los Estados Unidos de América
y los Estados centroamericanos en las
negociaciones del Tratado de Libre Comercio,
obviaron las disposiciones contenidas
en los Pactos Internacionales de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales
y de Derechos Civiles y Políticos
de los que forman parte, ya que se dejó a
los “inmigrados centroamericanos en los
Estados Unidos de América, sometidos
a la inestabilidad migratoria, y todo lo
que ello significa, fundamentalmente
en lo que respecta a no tener derechos
laborales para la inmensa mayoría de
los inmigrados, impedir el proceso de
reunifación familiar, etcétera”. 27
“El Tratado no incorpora el tema
de los inmigrantes, en cuanto a la necesidad
de que tengan una estabilidad
migratoria legal, que les permita gozar
de los derechos laborales que dan las
leyes de los Estados Unidos de América
y además que permita la reunificación
familiar, como un derecho básico del
inmigrado. Esto evitaría, por una parte,
que las transnacionales norteamericanas
vinieran a tener las mismas actitudes que
las empresas regionales, en cuanto a no
respetar los derechos de los trabajadores
en los ámbitos nacionales estatales; y en
segundo lugar, evitaría que las empresas
norteamericanas en su territorio no abusen
de los inmigrados negándoles todos
sus derechos y sometiéndolos a procesos
de explotación inhumanos”. 28
2. A manera de conclusión
Podemos concluir que, en medio de
la vorágine de conflictos entre el Estado
apellidado “democrático y de derecho”,
bajo los auspicios de la clase dirigente de
los Estados Unidos de América, existe un
27 FMLN, Posición de los temas sustantivos del Tratado de Libre Comercio –TLC– El Salvador y los países de la
región con los Estados Unidos, inaceptables para los intereses de nuestro país y la región centroamericana.
Diciembre 2004. Pág. 66.
28 Ibídem.
–28–

A propósito del artículo sexto de la declaración universal de los derechos humanos –1948–
abandono de los principios democráticos
del derecho y del humanismo. Por tanto,
el reconocimiento del derecho a la personalidad
y los derechos subjetivos del
ser humano no pueden quedar al margen;
“...no puede olvidarse la importancia que
tiene la estructuración fundamental de la
historia humana y social, si se tiene en
cuenta que, en gran medida, el derecho
es un modo especialmente dominante
entre otros muchos como la política, la
religión, la amistad, etc., de resolver o
de manipular, si se quiere, esa intrínseca
conflictividad de lo humano”. 29 Si tomamos
en cuenta que los conceptos de
Estado, ley, propiedad, contrato, sujeto,
delito, etc., no surgieron en la sociedad
contemporánea, sino en la precedente,
lo que equivale a decir que surgieron
por y para el individuo de la naturaleza
humana que era atribuida por Locke, al
burgués y al mercader del siglo XVIII, se
puede destacar que en los gobiernos de
los Estados, en particular nuestro caso,
el Estado de Guatemala, la élite gobernante
está dominada por la obsesión de
poder, el lujo y la manipulación de los
hombres. En última instancia, se olvidó
que nos encontramos inmersos en un
proceso histórico “mediante el cual el
hombre desarrolla sus cualidades específicamente
humanas, sus facultades de
amar y de comprender; y una vez que ha
desarrollado su plena humanidad puede
volver a la unidad perdida entre él y el
mundo”. 30
Asistimos, de manera elocuente, a
la puesta en marcha del Tratado de Libre
Comercio y a que éste se convierta
en un golpe certero a la estructuración
de las reglas de orden jurídico, que
contribuya a subvertir el orden jurídico
internacional, y a tener dos parámetros
de medición para juzgar una misma
variable: por un lado, al respeto de los
derechos a la personalidad y los derechos
subjetivos de las personas calificadas del
primer mundo, y de otro, a la pérdida o
arrebato de dichos derechos a los habitantes
del tercer mundo, provocando con
ello mayor número de posibilidades para
las migraciones y la desestabilización de
los Estados.
El neoliberalismo está creando convenciones
que trastocan los cimientos
mismos del orden jurídico internacional,
que otrora contribuyeron a crear
y apoyar. En este sentido, se pone en
entredicho el concepto de validez de las
normas jurídicas en el derecho imperial
29 López Calera, Nicolás María. Op. cit. Pág. 169.
30 Fromm, Erich. Marx y su concepto de hombre. Fondo de Cultura Económica, México, 1991. Pág. 75.
–29–

Revista de derechos humanos
y con ello se profundiza, aún más, la
tan cuestionada soberanía estatal de
los países periféricos o de traspatio del
imperio.
La élite gobernante doméstica se
olvida que aún es tiempo de rectificar,
o de lo contrario, la historia rectificará
en nombre de la humanidad. Estamos
ante el fenómeno de la enajenación,
debido entre otras cosas, a que las élites
gobernantes “tienen ojos y no ven, tienen
oídos y no oyen”.
Referencias:
A. Bibliográficas
1. Acevedo Volg, Adolfo José. Impactos
potenciales del Tratado de Libre
Comercio Centroamérica– Estados
Unidos en el sector agrícola y la
pobreza rural en Nicaragua. Comité
Servicios de los Amigos Centroamérica.
Mayo 2003.
2. Almoguera Carreres, Joaquín.
“Acerca de la ambigüedad del derecho
moderno” Anuario de derechos
humanos. Facultad de Derecho
Universidad Complutense, Madrid,
1986-87, Vol. 4.
3. Bobbio, Norberto. “Presente y porvenir
de los derechos hu manos” Anuario
de Derechos Hu manos. Facultad de
Derecho. Universidad Complutense,
Madrid, 1982, Vol. 1.
4. Dabin, J. El derecho subjetivo.
Editora Revista de Derecho Privado,
Madrid, 1955, Trad. de F. J.
Osset.
5. FMLN, Posición de los temas sustantivos
del Tratado de Libre Comercio
–TLC– El Salvador y los países
de la región con los Estados Unidos,
inaceptables para los intereses de
nuestro país y la región centroamericana.
Diciembre, 2004.
6. Fromm, Erich. Marx y su concepto
de hombre. México: Fondo de Cultura
Económica, 1991.
7. López Calera, Nicolás María. “Teoría
crítica del derecho”. Anuario
de derechos humanos. Facultad de
Derecho Universidad Complutense,
Madrid, 1986-87, Vol. 4.
8. Recaséns Siches, Luis. Introducción
al estudio del derecho. Porrúa,
México: 1970.
9. Ross, A. Sobre el derecho y la justicia.
3ª ed. Buenos Aires: Eudeba,
1974, Trad. G. Carrió.
10. Soriano, R. Compendio de teoría
general del derecho. Barcelona:
Ariel, 1986.
–30–

La repercusión de la tenencia de la
tierra en el respeto a los derechos
humanos sociales y económicos de
los guatemaltecos

ASTRID ZOSEL GANTENBEIN
Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales, Abogada y Notaria por la Universidad
Rafael Landívar. Participó en el diplomado en Derecho Constitucional, impartido por
la Embajada de México, el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala y La Barra
Mexicana, Colegio de Abogados, A.C.
Se ha desempeñado profesionalmente en la Corte de Constitucionalidad de Guatemala
y en el Bufete Profesional Z y M; abogada litigante en las ramas del derecho de
familia, civil, laboral, mercantil, contencioso-administrativo y constitucional. También
laboró como coordinadora académica en la Universidad Rafael Landívar, de donde fue
docente y asesora del Bufete Popular en las ramas del derecho civil, laboral y notariado;
actualmente se desempeña como asesora legal del Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda del Gobierno de la República de Guatemala.
Publicó el Manual práctico sobre violencia intrafamiliar, dirigido a promotores
jurídicos y líderes comunitarios, con el apoyo de la Universidad Rafael Landívar y de
la Secretaría Ejecutiva de la Instancia Coordinadora y de Monitoreo del Sector Justicia
(ICMSJ) del programa denominado Reforma del Sector Justicia 2003.
–32–

RESUMEN EJECUTIVO
La reforma agraria y las invasiones a fincas privadas o del gobierno son temas
tratados desde hace mucho tiempo en Guatemala; se han discutido desde la
fallida reforma agraria impulsada por el ex presidente Juan Jacobo Arbenz Guzmán
hasta la actualidad.
Este artículo inicia con una sucinta referencia a la evolución histórica del tema
de la tenencia de la tierra en Guatemala y analiza el papel desempeñado por los
gobiernos de turno. Adicionalmente, presenta el organigrama, políticas y procedimientos
internos de la institución pública actualmente encargada del tema: el Fondo
de Tierras (FONTIERRAS). A partir de este análisis, se propone una solución al
problema del acceso a la tierra a través del mercado y se incluye una aproximación
al tema del mercado de tierras en Guatemala.
–33–

ABSTRACT
The agrarian reform and the invasions to governmental or private farms are issues
that have been treated for a very long time in Guatemala; they have been
discussed since the failed agrarian reform prompted by the former president Juan
Jacobo Arbenz Guzmán until now.
This article begins with a brief reference to the historical evolution of the issue
about the possession of the land in Guatemala and the role performed by the governments
in charge. This analysis comes to the present time, when the public institution
responsible for the subject is Fund of Lands (Fondo de Tierras –FONTIERRAS–);
from which, the organization chart, policies and internal procedures, are presented.
From this analysis, a solution to the access of the land through the market is proposed.
An approximation to the market of lands in Guatemala, is also included.
–35–

CONTENIDO
Introducción ..........................................................................................................39
1. La tenencia de la tierra en Guatemala ..........................................................40
1.1 Evolución histórica de la tenencia de la tierra en Guatemala ..............40
1.1.1 Inicios de la vida independiente en Guatemala ....................40
1.1.2 La Revolución de Octubre de 1944 .......................................42
1.1.3 Durante la década de los años 1970 a 1980 ..........................46
2. El Fondo de Tierras (FONTIERRAS)...........................................................47
2.1 Antecedentes históricos sobre la creación del Fondo de Tierras .........47
2.2 Objetivos, misión y visión ...................................................................49
2.2.1 La visión del Fondo de Tierras ..............................................50
2.2.2 La misión de FONTIERRAS ................................................50
2.2.3 Los objetivos FONTIERRAS ................................................50
2.3 Organización interna del Fondo de Tierras ..........................................53
2.3.1 El Consejo Directivo .............................................................53
a) Las resoluciones del Consejo Directivo ............................54
b) Las funciones del Consejo Directivo ................................54
c) Las políticas dictadas por el Consejo Directivo...............55
3. Comité de control y verificación .....................................................................57
3.1 De las funciones del Comité de Control y Verificación .......................57
3.2 De la conformación del Comité de Control y Verificación ..................58
3.3 Unidad Externa de Asistencia Técnica (UEAT)...................................58
4. Oficina de la Mujer Campesina ......................................................................58
5 Subgerencia de Acceso a la Tierra ..................................................................58
5.1 Área Socioeconómica .........................................................................59
5.2 Área Técnica .......................................................................................59
5.3 Área de Asistencia Técnica .................................................................59
–37–

Revista de derechos humanos
5.4 Asesoría Jurídica ..................................................................................59
5.5 Sedes regionales y equipos móviles .....................................................60
5.6 Unidad de Servicios Notariales ............................................................61
5.7 Requisitos para ser beneficiarios del Fondo de Tierras ........................61
5.8 Entrega de tierras durante el periodo 1998-2004 .................................63
6. El mercado de tierras en Guatemala ...............................................................64
6.1 Concepto general de mercado ..............................................................64
6.2 De la existencia de un mercado de tierras en Guatemala.....................65
6.3 Clases de mercado de tierras existentes en Guatemala ........................67
6.4 Críticas al mercado como el encargado de regular
el acceso a la tierra ...............................................................................68
7. Del análisis actual del Fondo de Tierras y de la visita realizada a diferentes
fincas otorgadas con créditos del Fondo de Tierras y su realidad actual. .......68
7.1 Finca Nuevo Santiago Cabricán...........................................................72
7.2 Finca El Mirador ..................................................................................74
7.3 Finca Buenos Aires ..............................................................................75
Conclusiones ........................................................................................................77
Conclusión General ............................................................................................79
Recomendaciones ...............................................................................................79
Referencias ..........................................................................................................81
–38–

La repercusión de la tenencia de la tierra
en el respeto a los derechos humanos sociales y
económicos de los guatemaltecos 1
Astrid Zosel Gantenbein
Introducción
El tema de la tenencia de la tierra en
Guatemala ha sido objeto de múltiples
discusiones, hecho que motivó a
los gobiernos de turno a crear instituciones
para solucionar el problema. El
presente artículo surge como resultado
del trabajo de investigación y está encaminado
a determinar el impacto que
sobre los derechos humanos sociales
y económicos ha causado la forma en
que se encuentra repartida la tierra en
el país.
Se inició el estudio con una evolución
histórica del tema en forma muy
general, para luego concentrarse en el
estudio de la organización y procedi-
mientos del Fondo de Tierras, en adelante
identificado como: “FONTIERRAS”
o “ el Fondo”, la institución del Estado
encargada actualmente de poner en
práctica los programas pertinentes para
solucionar la controversia que surge de
la tenencia de la tierra en Guatemala.
También se incluyó una aproximación
al tema del mercado de la tierra
en Guatemala, ya que a través de éste,
FONTIERRAS propone una solución al
acceso de la tierra.
El marco teórico, unido a la información
y datos recopilados en las visitas
a fincas entregadas mediante créditos
otorgados por FONTIERRAS, permitió
arribar a conclusiones cla ras sobre la rea-
1 Este artículo es producto de la investigación realizada por la autora, gracias al “Proyecto Regional de Apoyo a
la Educación, Capacitación e Investigación en Derechos Humanos en Centroamérica” a través del Instituto de
Derechos Humanos de la Universidad de San Carlos de Guatemala –IDHUSAC– y del Instituto de Investigaciones
Jurídicas de la Universidad Rafael Landívar –IIJ/URL–.
–39–

Revista de derechos humanos
lidad del tema en la actualidad política
y social del país, permitiendo realizar
algunas propuestas orientadas a obtener
solución a los problemas detectados.
1. La tenencia de la tierra
en Guatemala
1.1 Evolución histórica de la
tenencia de la tierra en
Guatemala
La tenencia de la tierra en Guatemala
es un tema permanente, que ha
despertado interés social y económico
en cada una de las etapas de la historia
nacional. Es indiscutible que la tierra es
uno de los principales medios de subsistencia
para los guatemaltecos; junto a la
mano de obra, constituyen los medios de
producción más activos y comúnmente
utilizados para producir alimentos destinados
al consumo familiar, así como
cultivos comerciales que han permitido
a las familias y a los individuos en general,
satisfacer otras necesidades básicas.
Esa realidad convierte a la “tierra” en
uno de los recursos más poderosos con
que cuentan las personas para aumentar
y ampliar su dotación de activos. Por
tales razones, es importante destacar las
principales fases evolutivas del tema,
ya que como lo manifestó Edgar Carr,
la doble función de la historia consiste
en hacer que el hombre sea capaz de
comprender la sociedad del pasado,
para dominar mejor la sociedad del
presente. 2
1.1.1 Inicios de la vida
independiente en Guatemala
Guatemala se declaró como república
independiente de la Corona Española,
el 15 de septiembre de 1821, y
desde esa fecha, las políticas sobre la
tenencia de la tierra han sufrido grandes
cambios; no obstante, durante la
época colonial se formaron las bases
para constituirse como una sociedad
eminentemente agrícola latifundista,
por lo que fue en los primeros días de
la vida independiente de Guatemala
cuando se tomaron las primeras medidas
agrarias encaminadas a transformar la
tierra en propiedad privada, política que
fue impulsada mediante la emisión de
la llamada “Reforma Agraria Liberal”
contenida en el Decreto 170 promulgado
en el año 1877. En este cuerpo normativo,
los factores de producción: tierra y
hombre, fueron puestos bajo control de
la clase económicamente dominante de
la época, conocida como clase burguesa
liberal, la que se unió a la oligarquía
latifundista colonial y juntas llegaron
2 Carr, Edgar. Pensamientos. Argentina, Editorial Educa. 1985.
–40–

La repercusión de la tenencia de la tierra en el respeto a los derechos humanos sociales…
a conformar un poderoso grupo social
dominante en el país.
Como resultado de las múltiples
confrontaciones surgidas entre la clase
política dominante de la época y la Iglesia
Católica, que era propietaria de grandes
extensiones de tierra y de numerosos
inmuebles dentro de las poblaciones, se
realizaron diversas acciones de tipo político-social
que ayudaron a consolidar
el dominio de las clases de la época; este
proceso se acentuó con la llamada desamortización,
que consistió en vender
la tierra de la Iglesia Católica y de las
comunidades indígenas, lo que permitió
que la burguesía comercial formada
como resultado de la comercialización
del añil, café y otros productos con fuertes
mercados, se convirtiera también en
latifundista, disfrazando sus ambiciones
personales y su interés de clase, como
un interés nacional que al final justificó
todas las medidas tendientes a concentrar
los medios de producción: tierra, capital
y trabajo, en manos de pocos. 3
Con el surgimiento de grandes y nuevos
latifundios y con la consolidación de
los colonialmente preexistentes, que se
dedicaron principalmente al cultivo del
café, se presentó una transformación
rápida de propietarios de latifundios a
agroexpotadores, transformación que se
llevó a cabo mediante la participación
directa de capital proveniente de bancos
alemanes.
La política agraria de Justo Rufino
Barrios en 1877 trajo consigo la promulgación
del Decreto 177 o Reglamento de
Jornaleros y de la Ley de Redención de
Censos, cuerpos legales que no fueron
aceptados pacíficamente por los comuneros
indígenas, pues mediante estas
normas legales se regulaba la expropiación
de sus tierras y su conversión en
mozos de las plantaciones cafetaleras.
Los diferentes levantamientos de grupos
indígenas que incluyeron la quema
de plantaciones tanto de café como de
caña, fueron controlados mediante la
utilización de la fuerza armada por parte
del ejército liberal.
El brote más violento de la época
fue conocido como el “Levantamiento
General de Momostenango”, que fue
controlado mediante el asesinato de los
miembros de las comunidades indígenas
de la localidad. 4
Después del dominio primordial
del capital alemán, que controló la
producción cafetalera en los latifundios
del país, dicho esquema fue modificado
3 Castellanos Cambranes, Julio. Tenencia del desarrollo agrario. Tercera Edición, Costa Rica, 1975, Pág. 345.
4 Ibídem.
–41–

Revista de derechos humanos
por la instalación de compañías transnacionales;
esta situación se consolidó
durante el gobierno de Manuel Estrada
Cabrera, quien instauró políticas que
permitieron la instalación en el país de
intereses monopolísticos extranjeros. Es
de trascendental importancia mencionar
a la United Fruit Company, entidad que
transformó la historia nacional, ya que
se apoderó de extensas zonas de tierras
aptas para el cultivo del banano cercanas
a la costa del Atlántico y monopolizó
los medios conexos al transporte más
estratégicos de la infraestructura productiva
del país, tales como el Puerto
Santo Tomás de Castilla –con salida al
océano Atlántico–, el uso y tenencia del
único sistema ferroviario que permitía
enlazar a la ciudad de Guatemala con el
mencionado puerto y mantuvo el control
del sistema de telecomunicaciones internacionales
que existían en la época.
Originalmente, dicha entidad no
tuvo un choque directo con el poder
hegemónico de los caficultores latifundistas
asentados en el país, puesto que
por simple requerimiento de los cultivos,
las tierras que resultan ser aptas para la
siembra de café no son las mismas que
aquéllas en las que se puede cultivar y
explotar exitosamente el banano; además,
las diferencias climáticas y territoriales
que ambos cultivos necesitan,
permitieron establecer una brecha que
evitó la confrontación o rivalidad por la
utilización de la mano de obra para la
siembra y cosecha de ambos productos,
ya que la explotación bananera encabezada
por la United Fruit Company contó
con mano de obra mestiza, es decir, con
descendientes de esclavos negros traídos
al país para desplazar la esclavitud
indígena, que se establecieron en localidades
cercanas a la costa del Atlántico,
mientras que el corte del café continuó
con el uso de mano de obra básicamente
indígena. Aunado a ello, surgió con gran
fuerza la clase burocrática del país, que
se caracterizó por funcionarios públicos
que llegaron a ocupar las más altas
posiciones en la dirección estatal, con
prácticas corruptas que les permitieron
convertirse en poco tiempo en finqueros
y en hombres de negocios, dueños de
grandes fortunas provenientes de las
arcas públicas. Este esquema latifundista
se conservó con pequeños cambios de
actores, pero siempre con el mismo
resultado: la riqueza y la tierra como un
factor de producción aún concentrada en
manos de pocos.
1.1.2 La Revolución de Octubre
de 1944
La Revolución de Octubre de 1944,
permitió que los gobiernos de la revolución
de Juan José Arévalo y Jacobo
Arbenz promulgaran la abolición del
trabajo forzoso en el medio rural guatemalteco,
mediante la vigencia del
–42–

La repercusión de la tenencia de la tierra en el respeto a los derechos humanos sociales…
Código de Trabajo, cuerpo normativo
legal que constituyó un logro trascendental
para la sociedad asalariada del
país, tanto rural como urbana, pues le
reconoció formalmente los derechos a
la libre sindicalización, huelga, salarios
mínimos, entre otros.
El ex presidente Jacobo Arbenz
Guzmán fue el primer y único gobernante
que puso en práctica una reforma
agraria real en Guatemala, mediante la
emisión del Decreto 900, promulgado
el 17 de junio de 1952; mediante dicho
decreto, se reguló la oportunidad para los
terratenientes de latifundios, de entregar
voluntariamente su tierra ociosa a cambio
de una indemnización, y en caso que
dicha entrega no se produjera voluntariamente,
se estableció el procedimiento
legal por virtud del cual el gobierno
determinaría la parte de la propiedad
que sería objeto de expropiación; sin
embargo, tal medida se catalogó de comunista,
y como consecuencia, se tachó
al gobierno de ostentar dicha doctrina,
en un ambiente internacional de mucha
especulación y presión ejercida por dos
potencias mundiales que se enfrentaban
indirectamente en diversos escenarios
mundiales como lo son los Estados
Unidos de América y la extinta Unión
Soviética, en los inicios de la Guerra Fría.
El panorama mundial de la época se
regía por el paradigma de una lucha ideológica
entre comunistas y capitalistas, que no
se enfrentaban sino que se concentraban en
la obtención de aliados estratégicos; esta
condición trajo consecuencias nefastas
para el gobierno arbencista, que finalmente
fue derrocado durante 1954, con la ayuda
del gobierno de los Estados Unidos de
América, que tenía la seguridad de que
en Guatemala se estaba implantando un
gobierno comunista. No obstante, al inicio
del período arbencista, el gobierno había
sido bien visto por parte del propio gobierno
norteamericano, aunque con ciertas
reservas, pues dicho gobierno se había
propuesto cumplir con el plan trazado para
Guatemala en el informe 1951 por el Banco
Mundial, en el que figuraba como una
de las metas principales, la construcción de
750 millas de carreteras pavimentadas que
conectarían la capital del país con el Puerto
Santo Tomás de Castilla en las costas del
Atlántico. Para dicho propósito, el gobierno
contrató a una empresa norteamericana,
quien la desarrolló, y tal como Arbenz y el
Banco Mundial lo habían pronosticado, la
existencia de esta carretera obligó al ferrocarril
a bajar sus tarifas.
Además, Guatemala firmó un contrato
con otras empresas norteamericanas
como la Morrison – Knudsen, para la
construcción del Puerto Santo Tomás de
Castilla y con la Westinghouse, para estudiar
la viabilidad de la construcción de
una hidroeléctrica en el departamento de
Escuintla (Jurún); dichas obras tuvieron
como resultado que el embajador norteamericano,
en mayo de 1954, estableciera
–43–

Revista de derechos humanos
que “el gobierno actual (refiriéndose al
gobierno de Arbenz) promete dejar un
récord de logros reales en el campo de
las obras públicas”; aunado a ello, los
precios del café a nivel internacional fueron
muy buenos, permitiendo que Guatemala
tuviera una economía próspera durante
los años 1953 y 1954. No obstante,
el descontento por unas medidas fiscales
y aduaneras que golpearon seriamente
tanto los bolsillos de los ricos del país
como a los pobres urbanos, aunado al
descontento generalizado de los terratenientes
por la existencia del Decreto
900, más la presentación al Congreso de
la República del primer proyecto de ley
del impuesto sobre la renta, dieron como
resultado un rechazo violento por parte
de los opositores contra el gobierno de
Arbenz, lo cual provocó su derrocamiento.
Al respecto, Paz dijo: esa epopeya se
convirtió en un melodrama, 5 refiriéndose
a la reforma agraria, texto del cual
se extrajo, además, parte del discurso
pronunciado por el presidente Arbenz el
19 de junio de 1954, en el cual expresó:
“Nuestro único delito consistió en decretar
nuestras propias leyes y aplicarlas a
todos sin excepción. Nuestro delito es
haber iniciado una reforma agraria que
afectó los intereses de la United Fruit
Company. Nuestro delito es desear tener
nuestra propia ruta al Atlántico, nuestra
propia energía eléctrica y nuestros propios
muelles y puertos. Nuestro delito
es nuestro patriótico deseo de avanzar,
progresar y obtener una independencia
económica”. 6
Después del derrocamiento del
presidente Arbenz y para sorpresa de
muchos, en 1961 se suscribió la “Carta
de Punta del Este”, la cual, en su título
primero, estableció como objetivo 6
impulsar dentro de las particularidades
de cada país, programas de reforma
agraria integral, orientada a la efectiva
transformación de la estructura e injustos
sistemas de tenencia y explotación
de la tierra donde así se requiera, con
miras a sustituir el régimen del latifundio
y minifundio por un sistema
justo de propiedad, de tal manera que
la tierra constituyera para el hombre
que la trabaja, base de su estabilidad
económica, fundamento de su progresivo
bienestar y garantía de su libertad
y dignidad. 7 Guatemala, como Estado
que suscribió el tratado, quedó obligado
a crear leyes que, además de permitirle
cumplir con lo acordado internacionalmente,
le permitieran controlar la
5 Paz C., Guillermo. Guatemala reforma agraria. Guatemala: Editorial Ludovico. S.A., 1986.
6 Handy, Jim. Reforma y contrarreforma política agraria en Guatemala, 1952 - 1957 Págs. 386 - 395.
7 Loc. cit.
–44–

La repercusión de la tenencia de la tierra en el respeto a los derechos humanos sociales…
agitación campe sina que no se podía
controlar pacíficamente en el medio
rural guatemalteco, con lo que inició la
política de acceso a la tierra que se llevó
a cabo dentro del llamado “Programa de
Desarrollo Rural Guatemalteco”, en el
cual Estados Unidos de América tuvo
una participación significativa de 14
millones de dólares que se destinaron
al reasentamiento de campesinos en 19
proyectos de colonización.
La primera medida política que se
tomó en este tema fue la aprobación
del Estatuto Agrario, Decreto 559 del
Presidente de la República, en el año
de 1956; mediante éste, se regularon
las actividades de la “Nueva Reforma
Agraria”; y este proceso fue conocido
como la “Contrarreforma Agraria”,
que incluía la posibilidad de que las
tierras que fueron expropiadas al tenor
del Decreto 900 fueran devueltas a sus
propietarios. De las 765,233 manzanas
de tierra expropiadas, 603,775 fueron
devueltas a sus propietarios originales,
dentro de los cuales figuraba la United
Fruit Company (UFCO). 8
Este modelo reformista tuvo su mayor
auge a partir de la política de acceso
a la tierra que se concretó mediante la
emisión de la Ley de Transformación
Agraria, Decreto 1551 del Congreso de
la República, cuerpo legal que sirvió
de punto de partida para que el Estado
tomara un rol planificador, mediante
la creación de las llamadas Zonas de
Desarrollo Agrario, las Comunidades
Agrarias y el Sector Público Agrario,
que se desarrollaron al amparo de la Ley
de Transformación Agraria, que además
institucionalizó el surgimiento del Instituto
Nacional de Transformación Agraria
(INTA), el cual tenía a su cargo el
otorgamiento de parcelas a campesinos
para ayudar al desarrollo económico del
sector agrícola y así ordenar la política
de la colonización seguida desde la contrarrevolución
de 1954.
Al ser nuevamente reclamadas las
tierras que se expropiaron a los terratenientes,
en Guatemala se presentaron
fenómenos sociales de mucha tensión
entre los campesinos, quienes fueron
tachados en su mayoría de comunistas,
y por lo tanto, fueron perseguidos, lo que
provocó que muchos beneficiarios del
Decreto 900 huyeran a refugios temporales
en las montañas guatemaltecas y en
el sur de México, ya que por muy buenas
que fueran las intenciones que se tenían
con la Ley de Transformación Agraria,
lo cierto es que las acciones seguidas no
mostraron resultados significativos para
8 Loc. cit.
–45–

Revista de derechos humanos
la realidad del país, ya que no se afectó a
las oligarquías terratenientes nacionales,
ni se logró controlar la tensión social que
estaba en aumento, acelerando las condiciones
para el inicio de movimientos
revolucionarios, lo cual provocó que se
declarara “Zona de Desarrollo Agrario”
la región denominada como transversal
del norte, la cual desarrolla la colonización
de tierras vírgenes ubicadas en los
departamentos de Izabal, Petén, Huehueteanango,
Alta Verapaz y Quiché.
1.1.3 Durante la década de los años
1970 a 1980
Se siguió desarrollando la política
de colonización; aunque en el país se
vivía una guerra interna, se entregó a
los campesinos parte de las fincas que
habían sido decomisadas a los alemanes
durante la Segunda Guerra Mundial y
que habían sido transformadas en fincas
de carácter estatal. Este proyecto de
acceso a la tierra incluyó créditos y el
acceso a otros servicios con el objeto de
reducir la presión sobre la tierra, a través
de cultivos para la demanda interna, ya
que el empleo temporal para los cortes
de café o caña en los territorios latifundistas
se daba sólo periódicamente y no
constituía una fuente de trabajo permanente
y estable.
Además, a esta política se unió el
proceso de colonización agropecuaria
del departamento de Petén, –conformado
en su mayoría territorial por un
bosque tropical húmedo–, mediante la
emisión de la Ley de Colonización de
Petén, Decreto 38-71 del Congreso de
la República. Esta colonización se llevó
a cabo bajo el mismo esquema latifundista,
en el que a los terratenientes se
les asignaron hasta 450 hectáreas y a los
parcelarios 45, por lo que las medidas
adoptadas tuvieron poco impacto en la
solución del problema de acceso a la
tierra, ya que la colonización de tierras
vírgenes tanto de la región de la Franja
Transversal del Norte como de Petén,
resultó ser demasiado onerosa para el
campesino del área rural guatemalteca,
el cual se seguía desarrollando bajo la
misma estructura agraria histórica del
país. Esto, puesto que los adjudicatarios
de terrenos en su mayoría no lograban
obtener más de una manzana de extensión,
lo cual provocó que la distribución
de la tierra y la generación de polos de
desarrollo no generaran por sí mismos
las condiciones necesarias para erradicar
la pobreza, ni para disminuir la
tensión imperante en el área rural, pues
en su mayoría, los terrenos de la Franja
Transversal del Norte y de la parte baja
del departamento de Petén fueron adjudicados
anómalamente a militares y a ex
militares de turno, que rápidamente se
convirtieron en terratenientes de grandes
extensiones de tierra.
–46–

La repercusión de la tenencia de la tierra en el respeto a los derechos humanos sociales…
En la década de 1990, lo más relevante
en política sobre acceso a la
tierra fue el viraje que se llevó a cabo
en el INTA, de planes de colonización
a un programa denominado “Banco de
Tierras”, que se caracterizó por tener
como columna vertebral el funcionamiento,
compra y venta de tierra a
grupos campesinos organizados, y fue
establecido desde mediados de la década
de los ochenta a traves de la emisión
de la Ley de Empresas Campesinas
Asociativas, Decreto 67-84 del Jefe de
Estado de Guatemala, Oscar Humberto
Mejía Víctores, ley que sirvió de amparo
para desarrollar programas de compra
de tierra.
2. El Fondo de Tierras, también
denominado FONTIERRAS
2.1 Antecedentes históricos sobre la
creación del Fondo de Tierras
El 29 de diciembre de 1996, el gobierno
de la República de Guatemala
y la Unidad Revolucionaria Nacional
Guatemalteca –URNG–, firmaron los
Acuerdos de Paz, para dar fin a un conflicto
armado que existió en el país por
más de 36 años.
Este conflicto armado produjo grandes
separaciones sociales, culturales e
ideológicas en un país como Guatemala,
que se ha caracterizado sociológicamente
como un país multiétnico, pluricultural
y multilingüe, dentro de la unidad
del Estado y en la indivisibilidad de su
territorio.
De acuerdo con el censo de población
del año 2002, el 41% de la población
guatemalteca es indígena, del cual el
39% pertenece a alguno de los 21 grupos
mayas existentes en el país, y el 2% es
xinca o garífuna, y mientras que el 59%
de la población es ladina. El idioma oficial
es el español, pero se hablan además 23
lenguas indígenas mayas y un dialecto
garifuna; y a la fecha la agricultura,
la ganadería, la caza y la pesca siguen
siendo las ramas económicas a las que el
42% de la población total se dedica. 9
Por tales razones los Acuerdos de
Paz, en su contenido y en su espíritu,
buscaban el establecimiento de un Estado
democrático y la aplicación de medidas
económicas y sociales orientadas a promover
el desarrollo sostenible de todos
los guatemaltecos y guatemaltecas, en un
marco de tolerancia y respeto a la diversidad
política y cultural existente en el país.
9 Censo Poblacional realizado por el Instituto Nacional de Estadística (INE), Guatemala, 2002.
–47–

Revista de derechos humanos
Entre los compromisos que se
establecieron en los Acuerdos de Paz,
resaltan el “Acuerdo sobre Identidad y
Derechos de los Pueblos Indígenas” y el
“Acuerdo sobre Aspectos Socioeconómicos
y Situación Agraria”, que fueron
suscritos en la ciudad de México D.F.
el 31 de marzo de 1995 y el 6 de mayo
de 1996, respectivamente. En estos
acuerdos, se expresa la necesidad de
facilitar el acceso a la tierra productiva
a la población indígena y campesina que
no la posee o que la posee en cantidades
insuficientes para superar sus condiciones
de pobreza.
Es en este contexto en el que el gobierno
de Guatemala, bajo la dirección
del Presidente Alvaro Arzú Irigoyen,
se compromete a crear un “Fondo de
Tierras”, compromiso que fue cumplido
mediante la emisión del Acuerdo Gubernativo
392-97 de fecha 14 de mayo
de 1997, mediante el cual se creó el
Fondo de Tierras Acuerdos de Paz,
en base al cual se otorgó la Escritura
Pública número ciento cuarenta y tres
(143) de fecha ocho de julio de 1997
autorizada en la ciudad de Guatemala
por el Escribano de Cámara y de Gobierno,
por medio de la cual se constituyó
el Fideicomiso Fondo de Tierras
Acuerdos de Paz, en el Banco Nacional
de Desarrollo Agrícola, hoy Banco de
Desarrollo Rural, Sociedad Anónima
–BANRURAL–.
El referido fideicomiso tenía el propósito
de atender las primeras solicitudes
de crédito para la compra de tierras productivas,
especialmente de la población
desmovilizada y de las personas que con
la firma de la paz retornaron al país.
Siete meses después de la constitución
del referido fideicomiso y en
cumplimiento a los Acuerdos de Paz,
fue creada la Comisión Paritaria sobre
Derechos Relativos a la Tierra de los
Pueblos Indígenas –COPART– mediante
Acuerdo Gubernativo 515-97, comisión
que tenía por objeto discutir y promover
la legislación e institucionalidad
agraria que permitiera la solución de la
problemática de la tenencia de la tierra
en Guatemala.
La comisión paritaria fue conformada
por delegados del gobierno y
dirigentes de más de 350 organizaciones
indígenas y campesinas de la Comisión
Nacional Permanente de Tierras –CNPT
TIERRAS–, quienes discutieron y aprobaron
por consenso el anteproyecto de
la Ley del Fondo de Tierras. Éste fue
presentado ante la Comisión de Acompañamiento
de los Acuerdos de Paz, el
Organismo Ejecutivo y el Congreso de
la República de Guatemala. La ley fue
aprobada mediante la emisión del Decreto
24-99 del Congreso de la República,
el 13 de mayo de 1999 y con vigencia a
partir del 24 de junio del mismo año.
–48–

La repercusión de la tenencia de la tierra en el respeto a los derechos humanos sociales…
En la Ley del Fondo de Tierras se
creó el FONDO DE TIERRAS, como
una entidad descentralizada del Estado,
que tiene competencia y jurisdicción en
todo el territorio nacional para el cumplimiento
de los objetivos, atribuciones
y funciones que le asigna dicha ley. Para
el efecto, el artículo cuarenta y ocho (48)
del cuerpo legal en mención estableció
que el Gobierno de Guatemala, ante los
oficios del Escribano de Cámara y de
Gobierno de Guatemala, trasladaría a
FONTIERRAS el fideicomiso denominado
“Fondo de Tierras Acuerdos de Paz” y
lo actuado por éste en el cumplimiento de
sus funciones, lo cual se verificó a través
de la Escritura Pública número 369 de
fecha 16 de diciembre de 1999. 10
2.2 Objetivos, misión y visión del
Fondo de Tierras –FONTIERRAS–
El orden del Estado, generado desde
la Constitución Política de la República
de Guatemala, se fundamenta en el principio
de la supremacía constitucional, el
cual implica que en la cima del ordenamiento
jurídico está la Constitución y
ésta, como ley suprema, es vinculante
para gobernantes y gobernados a efecto
de lograr la consolidación del Estado
constitucional de derecho. Ello implica
que la Constitución, según la teoría del
jurista austríaco Hans Kelsen es la norma
básica del ordenamiento legal y por
lo tanto, es la fuente común de validez de
todas las demás normas que pertenecen
a un mismo ordenamiento jurídico, al
que quedan supeditadas las normas de
rango ordinario con base al principio
normativo jerarquizado de legitimidad
formal que fundamenta y mantiene al
Estado constitucional de derecho.
En Guatemala, la supremacía constitucional
se reconoce específicamente
en el artículo 44 de la Constitución, que
reza: “Serán nulas ipso jure las leyes
y las disposiciones gubernativas o de
cualquier otro orden que disminuyan,
restrinjan o tergiversen los derecchos
que la Constitución garantiza”. 11
Bajo este análisis en el que se postula
a la Constitución como base del ordenamiento
jurídico nacional, debe tomarse en
cuenta que se le reconocen y también se
imponen derechos y obligaciones tanto a
gobernantes como a gobernados, siendo
una obligación específica establecida en
la Carta Magna el que el Estado promueva
el desarrollo económico de la nación,
10 Información obtenida en el Archivo General de Protocolos, dependencia de la Corte Suprema de Justicia de Guatemala,
noviembre de 2005.
11 Asamblea Nacional Constituyente. Constitución Política de la República de Guatemala, 1985.
–49–

Revista de derechos humanos
estimulando las actividades agrícolas y
pecuarias, así como que vele por el mejoramiento
del nivel de vida de todos los
habitantes del país, a través de la adopción
de medidas que sean necesarias para la
conservación, desarrollo y aprovechamiento
sostenible de los recursos naturales
en la forma más eficiente posible.
Dichas obligaciones constitucionales
sustentan el hecho de que FONTIE-
RRAS sea una institución de naturaleza
pública participativa y de servicio, instituida
para facilitar el acceso a la tierra
y generar condiciones para el desarrollo
rural integral y sostenible, a través de
proyectos productivos, agropecuarios,
forestales o hidrobiológicos, así como
para el aprovechamiento económico y
social del entorno ecológico.
2.2.1 La visión del Fondo de Tierras
Según lo manifestado en su memoria
de labores del año 2001, la visión
del FONTIERRAS es dar “Apoyo a
las familias para que se conviertan
gradualmente los campesinos y campesinas
en empresarios agrícolas, con
un alto grado de desarrollo, altamente
productivas y competitivas, como la
forma ideal de combatir la pobreza en
el área rural de nuestro país. Regularizar
la situación jurídica de las tierras
entregadas por el Estado desde 1962,
de tal manera que las personas que se
encuentren en posesión de tales tierras,
tengan certeza jurídica sobre la propiedad
de la misma”. 12
2.2.2 La misión de FONTIERRAS
Según lo manifestado en su memoria
de labores del año 2001, la misión del
FONTIERRAS es “Facilitar a familias
campesinas guatemaltecas, sin tierra
o con tierra, en situación de pobreza,
a través de mecanismos financieros
adecuados: a) El acceso a la tierra con
vocación agropecuaria y forestal, en
propiedad; b) Proyectos productivos,
económicos y ecológicamente sostenibles;
c) Servicios de asistencia técnica
integral sobre la base de honestidad,
responsabilidad, compromiso, servicio,
cooperación y solidaridad. Analizar,
revisar y actualizar los expedientes en
que consta la adjudicación y tenencia
de tierras entregadas o en proceso de
entrega por parte del Estado, en cumplimiento
de los Decretos números
1551, 60-70 y 38-71, todos del Congreso
de la República y sus reformas”.
2.2.3 Los objetivos de FONTIERRA
De conformidad con lo establecido
en el artículo 3 del Título I, Capítulo I de
12 Fondo de Tierras. Memoria de labores del Fondo de Tierras del año 2001.Guatemala, 2001
–50–

La repercusión de la tenencia de la tierra en el respeto a los derechos humanos sociales…
la Ley del Fondo de Tierras, los objetivos
del mismo son:
1) “Definir y ejecutar la política pública
relacionada con el acceso a la
tierra, en coordinación con la política
de desarrollo rural del Estado.
2) Administrar los programas de financiamiento
público orientados a
facilitar de diversas formas el acceso
a tierras productivas a campesinos
y campesinas, en forma individual
u organizada, sin tierra o con tierra
insuficiente.
3) Facilitar el acceso a la tierra en propiedad
a campesinos o campesinas
en forma individual u organizada a
través de mecanismos financieros
adecuados, así como el uso de los
recursos naturales de dichas tierras,
bajo criterios de sostenibilidad económica
y ambiental.
4) Promover la accesibilidad de recursos
para el financiamiento de la
compra de tierras por parte de los
grupos beneficiarios, procurando
que ésta permita la sostenibilidad
financiera del Fondo de Tierras y
de los proyectos productivos de los
beneficiarios.
5) Coordinar con otras instituciones
del Estado el desarrollo de inversiones
complementarias a las de
acceso de tierra, para garantizar
la consecución de proyectos integrales
de desarrollo agropecuario,
forestal e hidrobiológico.
6) Definir la política y promover programas
para facilitar el acceso de las
mujeres al crédito, para la compra
de tierra y proyectos productivos
relacionados con la misma.”
Asimismo, en el artículo 43 del Capítulo
II de la Ley del Fondo de Tierras,
se estableció como otro de los objetivos
para los que fue creado el Fondo de
Tierras, el de la regularización de los
procesos de adjudicación de tierras entregadas
por el Estado. Dichas funciones
de regularización fueron establecidas
por la ley de forma temporal por cinco
años, con una posibilidad de prórroga
por períodos de cinco años, con la autorización
del Consejo Directivo del
Fondo de Tierras. A la fecha, dicho plazo
ya fue prorrogado una vez, con el fin de
que FONTIERRAS pueda cumplir con
lo siguiente:
a) “…Resolver, agilizar y dar
trámite eficiente a las solicitudes
de adjudicación aún no
resueltas por el INTA hasta la
entrada en vigencia del Decreto
24-99,
b) Establecer y ejecutar los mecanismos
administrativos, técni-
–51–

Revista de derechos humanos
cos y reglamentarios necesarios
para regularizar la situación de
expedientes y de la tenencia de
la tierra entregada por el Estado
entre el 11 de octubre de 1962
y el día de la vigencia de la Ley
del Fondo de Tierras.
c) Solicitar y tramitar las inscripciones
registrales y emisión de
títulos de propiedad pendientes
de ser entregados a los programas
derivados de los Decretos
Números 1551, 60-70 y 38-71,
del Congreso de la República y
sus reformas, siempre y cuando
cumplan con los requisitos
establecidos en los decretos
referidos.
d) Cobrar los adeudos por adjudicación
de tierras que los beneficiarios
de los programas derivados
de los Decretos a los que se
refiere la literal anterior tengan
con las instituciones del Estado
responsables de su ejecución.
e) Promover las acciones necesarias
para el cobro de los
créditos otorgados a los beneficiarios
de FONTIERRAS, a
efecto de mantener una cartera
sana y con mínimos niveles de
morosidad”. 13
Por lo anerior, se podría concluir que
el Fondo de Tierras tiene dos objetivos
principales: la regulación y el otorgamiento
de créditos para la compra de la
tierra. Asimismo, puede concluirse que
tanto los postulados contenidos en la
misión y en la visión como sus objetivos
perseguidos, se encuentran acordes a
los postulados enunciados por la Organización
de Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación (Food and
Agriculture Organization –FAO–). Esta
entidad sostiene que en muchos casos,
las respuestas a las preocupaciones relacionadas
con la sostenibilidad ambiental,
los conflictos sociales y la seguridad
alimentaria de las personas vulnerables
se ven condicionadas por el sistema de
tenencia de la tierra y al mismo tiempo
influyen en éste, por lo cual el erradicar
el hambre supone aumentar el acceso de
una persona o familia a los alimentos,
lo que ocasiona que esa seguridad alimentaria
dependa en gran parte de las
oportunidades que tengan para mejorar
el acceso de las personas a activos fijos,
tales como la tierra, los mercados y las
oportunidades económicas, los cuales
facilitan el desarrollo rural volviéndolo
sostenible. Es decir, convirtiendo a la
vida rural en un sistema de subsistencia
humana capaz de resistir las presiones
y crisis y de recuperarse manteniendo o
aumentando la capacidad de los medios
de producción sin poner en riesgo los
13 Ley del Fondo de Tierras, Decreto 24-99 del Congreso de la República.
–52–

La repercusión de la tenencia de la tierra en el respeto a los derechos humanos sociales…
recursos naturales, contexto en el que
resulta de suma importancia que los
derechos sobre la propiedad de la tierra,
junto con la mano de obra, formen el activo
más común utilizado para producir
alimentos destinados al autoconsumo
de las familias y para el comercio, lo
que les permite a las familias aumentar
sus activos sufragando sus necesidades
básicas relacionadas, como por ejemplo
la salud y la educación.
Además, está legalmente determinado
que el Fondo de Tierras es la institución
descentralizada del Estado, investida
de facultades para poder autorizar
créditos para la compra de tierras que
promuevan el acceso de los campesinos
a la propiedad de la tierra por medio de
un crédito hipotecario y del desarrollo de
proyectos productivos, con el propósito
de generar ingresos económicos para el
mejoramiento socioeconómico de sus
comunidades.
2.3 Organización interna
del Fondo de Tierras
La estructura organizativa del Fondo
de Tierras tiene su fundamento en
la Ley del Fondo de Tierras, Decreto
24-99 del Congreso de la República,
cuerpo normativo que determina que la
máxima autoridad del Fondo es su Consejo
Directivo, que es definido como el
órgano superior; seguido por la Gerencia
General, que constituye la dirección
ejecutiva y ejerce la representación
legal del mismo; además, el Fondo de
Tierras cuenta con tres Subgerencias,
la Subgerencia de Acceso a la Tierra,
la Subgerencia de Regularización de
Tierras y la Subgerencia de Regularización
y Acceso a la Tierra de Petén,
las cuales tienen sus correspondientes
órganos específicos. Cuenta además
con oficinas regionales a nivel Central
(Guatemala), Quetzaltenango, Cobán,
Alta Verapaz y Santa Elena Petén y 17
delegaciones departamentales.
Para efectos del presente artículo,
a continuación se hará referencia a las
dependencias más relevantes del Fondo
de Tierras.
2.3.1 El Consejo Directivo
Como ya se indicó, el Consejo Directivo
del Fondo de Tierras constituye
el órgano superior de dirección, conducción
y toma de decisiones del fondo, y
está integrado de conformidad con lo
establecido en el artículo 10 del Decreto
24-99 del Congreso de la República
– Ley del Fondo de Tierras–, por siete
directores titulares y sus respectivos
suplentes, de la siguiente forma:
a. El Ministro de Agricultura, Ganadería
y Alimentación y su suplente,
que será uno de los Viceministros.
El Ministro o su suplente presidirá
el Consejo.
–53–

Revista de derechos humanos
b. Un Director Titular y su suplente
nombrados por el Ministro de Finanzas
Públicas, que deberá tener
rango de Viceministro o Director.
c. Un Director Titular y su suplente,
designados por el Consejo Nacional
de Desarrollo Agropecuario (CO-
NADEA).
d. Un Director Titular y su suplente,
nombrados por la Cámara del Agro
de Guatemala.
e. Un Director Titular y su suplente
en representación de las Organizaciones
Indígenas de Guatemala con
personalidad jurídica.
f. Un Director Titular y su suplente en
representación de las Organizaciones
Campesinas de Guatemala con
personalidad jurídica.
g. Un Director Titular y su suplente, en
representación del Movimiento Cooperativo
Federado y no Federado.
La convocatoria de los delegados
referidos en los literales e) y f), la hará
la Comisión Paritaria sobre Derechos
Relativos a la Tierra de los Pueblos
Indígenas y la de los referidos en la
literal g) la hará el Instituto Nacional de
Cooperativas – INACOP–, a través de su
Consejo Directivo.
a) Las resoluciones del
Consejo Directivo
Las resoluciones del Consejo Directivo
serán válidas con el voto favorable
de por lo menos cinco de sus miembros
y se harán constar en acta.
b) Las funciones del
Consejo Directivo
Son funciones del Consejo Directivo,
según lo determinado en el artículo
12 del Decreto 24-99 del Congreso de la
República –Ley del Fondo de Tierras–,
las siguientes:
a. Definir, dirigir y coordinar las políticas
del Fondo de Tierras.
b. Elaborar el Reglamento de la Ley
del Fondo de Tierras para elevarlo, a
través del Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Alimentación, al Organismo
Ejecutivo para su sanción y
promulgación.
–54–

La repercusión de la tenencia de la tierra en el respeto a los derechos humanos sociales…
c. Aprobar y reformar, a propuesta del
Gerente General los reglamentos
internos.
d. Aprobar y reformar, a propuesta
del Gerente General, el Manual de
Operaciones, el de Preinversión y
otros manuales y reglamentos necesarios
para el cumplimiento de los
objetivos del Fondo de Tierras.
e. Vigilar por la correcta aplicación
de la Ley del Fondo de Tierras y su
Reglamento.
f. Aprobar la estructura orgánica para
las operaciones del Fondo de Tierras.
g. Nombrar o remover al Gerente
General y Subgerentes, haciendo
el nombramiento por concurso de
oposición.
h. Conocer y aprobar los planes de
trabajo que presente el Gerente
General.
i. Aprobar para financiamiento de
be ne ficiarios del Fondo de Tierras,
a entidades crediticias y de
fideicomisos.
j. Elaborar el presupuesto de ingresos
y egresos y sus programas de inversión,
y someterlo a la aprobación
correspondiente.
k. Conocer y aprobar los proyectos de
financiamiento a beneficiarios del
Fondo de Tierras.
l. Dirigir, supervisar y fiscalizar la
ejecución de los recursos financieros
del presupuesto anual de
FONTIERRAS y sus programas de
inversión.
m. Promover la coordinación entre
el Fondo de Tierras, otros fondos
so ciales e instituciones que ejecuten
programas complementarios o
si miliares, y con el Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Alimentación.
n. Recibir, analizar y aprobar los informes
de auditoría.
o. Evaluar periódicamente la gestión
y los alcances de sus programas y
proyectos.
p. Otras que establezca la Ley del Fondo
de Tierras y sus Reglamentos.
c) Las políticas dictadas por
el Consejo Directivo
En el punto resolutivo 74-2003, el
Consejo Directivo estableció 11 políticas
para el Fondo de Tierras, siendo éstas
las siguientes:
–55–

Revista de derechos humanos
Política Número 1
Acceso a la tierra
Proveer de tierra apta para fines
productivos, de forma individual o
colectiva, y generar condiciones para
el desarrollo rural integral sostenible de
campesinos y campesinas, sin tierra o
con tierra insuficiente.
Política Número 2
Crediticia
Otorgamiento de créditos bajo
cri t erios de sostenibilidad financiera,
atendiendo a la naturaleza del Fondo
de Tierras.
Política Número 3
Regularización
Acelerar y reducir costos de la
re gularización, considerando la legali
zación de la posesión de hecho, la
adjudicación de fincas nacionales y
baldíos, y la recuperación de tierras
entregadas irregularmente. Aplicar al
proceso de regularización, métodos de
control y verificación eficaces.
Política Número 4
Asistencia técnica y
Proyectos productivos
Dotar de asistencia técnica opor tuna
y eficaz, a campesinos y cam pesinas que
accedan a fincas a través del Fondo de
Tierras.
Política Número 5
Manejo del ambiente y
del patrimonio cultural
Aplicar el concepto de manejo del
ambiente y del patrimonio cultural en
los programas y proyectos del Fondo de
Tierras (manejo comprende: uso, conservación,
recuperación y aprovechamiento
sostenible de los recursos naturales y
culturales).
Política Número 6
Desconcentración y
descentralización
Iniciar el proceso gradual de descen
tralización, dotando a las oficinas
regionales existentes, de facultades
suficientes para atender eficazmente
la demanda de acceso y regularización
de la tierra, incluyendo la creación de
Subgerencias regionales.
Política Número 7
Equidad de género
Promover y garantizar la igualdad
de oportunidades a campesinas y campesinos
en el acceso, uso y tenencia
de la tierra. Generar las condiciones
para que las campesinas y campesinos
obtengan la propiedad y/o copropiedad
de la tierra.
–56–

La repercusión de la tenencia de la tierra en el respeto a los derechos humanos sociales…
Política Número 8
Seguimiento, monitoreo y
evaluación
A los programas y proyectos vinculados
al acceso, regularización y uso de la
tierra por los grupos de beneficiarios.
Política Número 9
Fortalecimiento y
modernización de la Institución
Reestructurar la institución a efecto
de hacerla más eficiente; modernizar y
actualizar los métodos de planificación
y los mecanismos de funcionamiento del
Fondo de Tierras. Aplicar métodos de
capacitación y evaluación permanente
del personal.
Política Número 10
Cooperación externa
Aprovechamiento racional de los
recursos de cooperación nacional e internacional.
Política Número 11
Información, divulgación y
relaciones públicas
Divulgar e informar a nivel interno
y externo a través de mecanismos
modernos y de manera sistemática,
las políticas y avances de los procesos
de acceso y regularización de
la tierra.
3. Comité de control y
verificación
Mediante el punto resolutivo 36-
2003, de fecha 17 de junio de 2003, se
aprobó el Consejo Directivo aprobó el
Reglamento de la Comisión de Control
y Verificación. 14
3.1 De las funciones del Comité
de Control y Verificación
El Comité de Control y Verificación
del Fondo de Tierras tiene por finalidad
establecer las normas y procedimientos
que regirán el control y la verificación
de los expedientes para la compra y
arrendamiento de bienes inmuebles, así
como para el financiamiento de proyectos
productivos agropecuarios, forestales
e hidrobiológicos.
Es decir, es la autoridad dentro de la
Institución que verifica todo lo actuado
por las unidades técnicas correspondientes
previo a la autorización del Consejo
Directivo
14 Fondo de Tierras. Memoria de Labores del Fondo de Tierras del año 2003. Guatemala, 2003.
–57–

Revista de derechos humanos
3.2 De la conformación del Comité de
Control y Verificación
Dicho Comité se compone de tres
miembros titulares del Consejo Directivo,
un Representante de la Cámara
del Agro de Guatemala, un Representante
de las Organizaciones Indígenas
de Guatemala y un Representante de
las Organizaciones Campesinas de
Guatemala.
Dicho Comité se apoya en la Unidad
Externa de Asistencia Técnica, y fue
creado con la finalidad de transparentar
la función ejercida por el Fondo de
Tierras.
3.3 Unidad Externa de Asistencia
Técnica (UEAT)
Esta Unidad es la encargada de
solicitar la contratación de consultores
externos y de realizar las acciones de
control y verificación de los estudios
de información catastral, mediciones
de las fincas, así como determinación
de excesos y defectos en el área física
del inmueble objeto de negociación, de
conformidad con lo establecido en el
artículo 8 del Reglamento General de
Créditos del Fondo de Tierras, aprobado
por el Consejo Directivo en el punto
resolutivo 29-2003.
Estas acciones respaldan el quehacer
del Consejo Directivo del Fondo de Tierras,
lo que redunda en el fortalecimiento
no sólo de la misma Institución, sino que
además contribuye a la consolidación
de los grupos solicitantes, al obtener
una disminución del precio en las fincas
adquiridas.
4. Oficina de la Mujer Campesina
Con fundamento en que la Ley del
Fondo de Tierras prevé que el desarrollo
integral de los grupos campesinos
únicamente será posible contando con
la participación tanto de hombres como
de mujeres, en marzo de 2003 se puso
en funcionamiento la Oficina de la
Mujer Campesina, la cual tiene como
objetivos:
a) Diseñar de manera participativa
una política de equidad de género
tanto para hombres como para
mujeres.
b) Establecer lineamientos estratégicos
e institucionales para garantizar la
participación de la mujer indígena,
rural y campesina, en el proceso de
acceso, uso y tenencia de la tierra.
5. Subgerencia de Acceso
a la Tierra
La Subgerencia de Acceso a la
Tierra depende de la Gerencia General,
y constituye la instancia de ejecución
–58–

La repercusión de la tenencia de la tierra en el respeto a los derechos humanos sociales…
técnica de la organización, teniendo a su
cargo la coordinación de las actividades
de cuatro áreas del Fondo de Tierras con
las que mantiene líneas de autoridad,
siendo ellas el área Socioeconómica,
Técnica, de Asistencia Técnica y de
Asesoría Jurídica. 15
Además, cuenta con tres sedes regionales
ubicadas en Quetzaltenango,
Cobán y Petén.
5.1 Área Socioeconómica
El Área Socioeconómica es el órgano
concebido para tratar los temas de
tipo social, económico y organizativo
de los sujetos de atención del Fondo
de Tierras. Depende de la Subgerencia
de Acceso a la Tierra y mantiene líneas
de coordinación con las áreas Técnica,
de Asistencia Técnica y de Asesoría
Jurídica.
5.2 Área Técnica
El Área Técnica es una unidad que
desarrolla funciones encaminadas a revisar
y elaborar estudios e investigaciones
que faciliten al Comité Técnico del
Fondo de Tierras la toma de decisiones
para el otorgamiento de créditos a los
grupos campesinos.
Es la responsable de la coordinación
de las unidades de Fincas Nuevas
y Catastro.
Tiene como atribución principal
la medición legal y catastral de las
fincas, para brindar certeza técnica de
los fundos.
5.3 Área de Asistencia Técnica
El área de Asistencia Técnica es la
encargada del seguimiento al desarrollo
productivo y empresarial de las organizaciones
campesinas que han accesado
a la tierra, cumpliendo con lo estipulado
en la Ley del Fondo de Tierras, es decir,
es un órgano concebido para tratar los
temas de tipo técnico productivo, ambiental,
administrativo, de mercados y
financiero de los sujetos de atención del
Fondo de Tierras.
5.4 Asesoría Jurídica
Es la instancia responsable de atender
los temas y acciones jurídico legales,
relacionados con la adquisición de los
inmuebles.
15 Según entrevista realizada al Subgerente de Acceso a la Tierra, en septiembre del año 2006.
–59–

Revista de derechos humanos
5.5 Sedes regionales y
equipos móviles
Tiene bajo su responsabilidad la
supervisión de 15 delegaciones departamentales
y cuatro equipos móviles.
Se ha dedicado a realizar estudios
técnicos de campo en las áreas agronómica,
socioeconómica y jurídica, con
el propósito de adjudicar las fincas que
posesionan los campesinos.
Realiza censos y estudios socioeconómicos
en 17 departamentos de
Guatemala.
Las sedes departamentales con
sus direcciones respectivas son las
siguientes:
Sede Departamental Dirección Teléfonos
Santa Elena, Petén
5ta. Calle y 4ta. Av. Zona 2, Sta. Elena
7926-1402 7926-2582 /83
FAX 7926-1394
Cobán, A. V. (Coordinador) 4ta. Av. 5-23 z. 3 frente Sanatorio Salazar 7951-4613 7951-2951
Cobán, A. V. (Delegado) 4ta. Av. 5-23 z.3 frente Sanatorio Salazar 7951-4613 7951-2951
Quetzaltenango (Coordinador) 7a. Avenida 13-91 zona 5, Quetzaltenango 7763-0830 7763-0832
Quetzaltenango (Delegado)
Puerto Barrios, Izabal 7a. Calle y 2da. Avenida Puerto Barrios 7948-7405 7948-1259
Nebaj, Quiché
Cantón Vitzal a una cuadra de las Oficinas de
CONTIERRA, Nebaj
7756-0110
Jutiapa 6ta. Calle 1-49 zona 1 7844-4542
Escuintla
4ta. Avenida final 1-40 z. 3, Escuintla, abajo de
Super 24
7889-2405 7889-2407
Poptún, Petén 5ta. Avenida 6-42 zona 2
7927-7215
Cel. 5513-9134
Sayaxché, Petén Barrio el Centro, Sayaxché 5301-1764
Huehuetenango 4ta. Calle 7-75 zona 1 7764-9952
La Máquina La Máquina, instalaciones del EX INTA 5709-3536
Playa Grande, Ixcán Instalaciones del Ex INTA (5) 208-5736
La Blanca, Ocós, San Marcos
7a. Calle 1-49 zona 3 Barrio San Francisco,
Coatepeque, Quetzaltenango.
5208-5472
Nueva Concepción, Escuintla Instalaciones del Ex INTA 5301-0712
Fray Bartolomé de las Casas Intalaciones del Ex INTA a la par de correos 7952-0033 7952-0233
Chisec, Alta Verapaz 514-3500/334-6378
Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por la Unidad de Comunicación Social, Fondo de Tierras.
–60–

La repercusión de la tenencia de la tierra en el respeto a los derechos humanos sociales…
5.6 Unidad de Servicios Notariales
Esta unidad fue creada mediante la
emisión del punto resolutivo 12-2003
del Consejo Directivo; presta gratuitamente
servicios notariales a usuarios
del Fondo.
5.7 Requisitos para ser beneficiarios
del Fondo de Tierras
El Fondo de Tierras ha beneficiado
a la fecha a muchas familias campesinas
mediante la entrega de fincas en propiedad;
y con el agregado del componente de
asistencia técnica y apoyo en inversiones
productivas y sociales, se ha fortalecido
a los beneficiarios en el desarrollo de
proyectos productivos comunitarios que
se han comercializado en el mercado
nacional e internacional, lo cual pone en
vigencia práctica en Guatemala el contenido
del Convenio 169 de la OIT, el cual
versa sobre pueblos indígenas y tribales en
países independientes. Este convenio internacional
fue ratificado por Guatemala, y en
su Parte II, de los artículos 13 al 20, regula
lo relativo a “las tierras”, reconociendo la
especial relación que tienen los indígenas
con las tierras y territorios que ocupan o
utilizan de alguna manera y, en particular,
los aspectos colectivos de esa relación, en
donde el concepto de las tierras se refiere
a los aspectos jurídicos sobre ella. El Convenio
establece que deberá reconocerse el
derecho de propiedad y de posesión sobre
las tierras que tradicionalmente ocupan, así
como el derecho de estos pueblos a no ser
trasladados de esas tierras, regulando que
el traslado y reubicación de esos pueblos
que se consideren necesarios sólo deberán
realizarse con su consentimiento, debiendo
regresar a sus tierras tradicionales cuando
las causas que motivaron el traslado y
reubicación cesen; y si el retorno no fuera
posible, deberá compensárseles en los
términos contemplados en el Convenio.
Estos aspectos fueron considerados
por la Corte de Constitucionalidad de
Guatemala a solicitud del Congreso de la
República, para emitir Opinión consultiva
en la que se determinó que: “ A ese
respecto, esta Corte puede afirmar que las
obligaciones de los gobiernos de respetar
la importancia especial que para las culturas
reviste su relación con las tierras o
territorios, así como el hecho de reconocer
a los pueblos interesados el derecho
de propiedad y posesión de las tierras,
territorios que tradicionalmente ocupan,
se encuentran concurrentes con los preceptos
de los artículos 66, 67 y 68 de la
Constitución. Además, los procedimientos
a utilizar para decidir las reivindicaciones
de tierras formuladas por los pueblos
interesados, deberán instituirse conforme
al artículo 1 inciso 3 del Convenio, o sea,
adecuados al marco del sistema jurídico
nacional, por lo que estando garantizada
la propiedad privada como un derecho
inherente a la persona en la Constitución
(artículo 39), en el caso de que las tierras
que ocuparon los pueblos interesados fue-
–61–

Revista de derechos humanos
sen propiedad de una persona distinta, ésta
tiene a su disposición medios legales para
reivindicarlas, y para afectar su derecho
de propiedad tendría que recurrirse a un
procedimiento legal, establecido por la
Constitución…” . 16
Como ya se ha analizado, la tenencia
de la tierra siempre ha sido un tema sensible
dentro de la población guatemalteca
y en especial para la cosmovisión maya,
pues según el censo poblacional que se
realizó en el país en el año 2002, el 53.9%
de la población guatemalteca es rural, y de
ella el 68.3% es maya, grupo poblacional
que se ha beneficiado mediante la institución
del Fondo de Tierras, pues se les han
autorizado créditos para la compra de tierras,
por medio de la concesión de créditos
hipotecarios y del desarrollo de proyectos
productivos, con el propósito de generar
ingresos económicos para el mejoramiento
socioeconómico de sus comunidades. El
beneficio no sólo se limita a la entrega de las
fincas en propiedad, sino que cuenta con el
agregado del componente de asistencia técnica
y apoyo en inversiones productivas y
sociales; se ha fortalecido a los beneficiarios
en el desarrollo de proyectos productivos
comunitarios que se han comercializado en
el mercado nacional e internacional.
En general, en la actualidad, para ser
beneficiario de un crédito para la adquisición
de tierras del Fondo de Tierras se debe
cumplir con los siguientes requisitos:
• Ser guatemalteco o guatemalteca.
• Tener 18 años de edad o más.
• Ser jefe de familia.
Para iniciar un expediente de crédito
en FONTIERRAS, el grupo o la persona
individual debe cumplir con los siguientes
requisitos:
a) Para solicitudes individuales
se debe presentar y acreditar:
• Ser guatemalteco o guatemalteca.
• Tener como oficio la agricultura o
ser campesino.
• Ser ciudadano en el ejercicio de sus
derechos civiles.
• Las cédulas deben encontrarse sin
alteraciones.
• Presentar una declaración jurada de
que no han sido beneficiarios de los
programas de adjudicación de tierras
por parte del Estado.
16 Corte de Constitucionalidad. Opinión consultiva. 18 de mayo de 1995. Expediente 199-95
–62–

La repercusión de la tenencia de la tierra en el respeto a los derechos humanos sociales…
b) Para la solicitud como familia se
debe presentar y acreditar:
• Ser jefe o jefa de familia.
• Que esté conforme a la Ley su situación
civil o en proceso de arreglo.
c) Para la solicitud como grupo de
solicitantes, se requiere:
• Que todos los miembros de la comunidad
tengan su situación civil
conforme a la ley.
• Que el grupo de beneficiarios forme
una directiva que tenga representatividad
entre los grupos o subgrupos y
sea elegida democráticamente, y que
inicie los trámites para constituirse
como persona jurídica.
• Que las familias pertenecientes al
grupo estén dispuestas a trabajar en
proyectos comunitarios o colectivos.
• Que las familias beneficiarias no pretendan
parcelar la finca mientras esté
vigente el crédito para su compra y,
además, estén dispuestas a contraer
el compromiso del pago del crédito
con sus intereses.
• Se recomienda que el grupo esté conformado
por personas de la misma
comunidad lingüística; y que sean,
preferentemente, grupos naturales, es
decir, que provengan de las mismas
comunidades, que se conozcan y
hayan trabajado juntos en la organización
y que estén unidos por lazos
culturales.
Si el grupo de beneficiarios interesados
tiene dudas sobre cómo llenar la papelería,
puede solicitar una plática al Fondo de
Tierras, donde se aclarará la información
acerca de las normas y documentos necesarios
para ser beneficiario.
El Fondo de Tierras brinda asistencia
sobre cómo llenar la documentación y
ayuda al grupo a implementar su organización
formal y su posterior fortalecimiento
empresarial, para lograr el éxito
de los proyectos.
Según su propia ley constitutiva,
el Fondo de Tierras debe dar prioridad,
para la selección de grupos beneficiados
durante los primeros 10 años desde la
creación de la Institución, a los grupos de
campesinos comprendidos en el Acuerdo
para el Resarcimiento de las Poblaciones
Desarraigadas por el Enfrentamiento
Armado, dando especial atención a las
familias encabezadas por madres solteras
y viudas.
5.8 Entrega de tierras durante el período
1998-2004
Durante el período comprendido
entre 1998 y 2004 el Fondo de Tierras
–63–

Revista de derechos humanos
entregó 81,221.12 hectáreas, divididas
de la siguiente forma:
Cuadro 1
Total de hectáreas entregadas
Fondo de Tierras
1998-2004
Año
Hectáreas
1998 4,202
1999 8,245
2000 17,276
2001 26,655
2002 8,483.4
2003 8,991.85
2004 7,367.83
Total 81,221.12
Fuente: Fondo de Tierras, Unidad de Planificación, Memorias
de Labores del año 2001, 2002, 2003 y 2004.
6. El mercado de tierras
en Guatemala
6.1 Concepto general de mercado
Según el Diccionario de la Real
Academia Española, se puede definir
el mercado como el “conjunto de operaciones
comerciales que afectan a un
determinado sector de bienes”. 17 Según
los economistas Samuelson y Nordhaus,
“un mercado es un mecanismo
por medio del cual los compradores y
los vendedores de un bien o servicio determinan
conjuntamente su precio y su
calidad”, 18 con base en dicha definición,
se puede establecer con toda lógica que
existen tantos mercados como bienes y
servicios puedan ser intercambiados.
Siendo la tierra un factor de producción
al igual que el trabajo y el
capital, el mercado de tierras –como
otros mercados–, carece de individuos
u organizaciones responsables de la
producción, el consumo, la distribución
y la fijación de los precios, pues estos
elementos son coordinados mediante
las decisiones tomadas conjuntamente
por los compradores y los vendedores
de tierras, de tal cuenta que este mercado
se puede entender por la asignación
de este factor de la producción, que se
intercambia mediante reglas acordadas
conjuntamente por los participantes de
las transacciones.
En general, el mercado de tierras se
interpreta como “la asignación de este
recurso por la interacción de individuos
en competencia, de modo que las
decisiones se guían por el precio, y el
proceso en su conjunto se desarrolla en
un marco de reglas acordadas y acep-
17 Real Academia Española. Diccionario de la Lengua Española, Vigésima Primera Edición, 1992.
18 Samuelson, Paul A. y William, D. Nordhaus. Economía. Madrid: Editorial Mc Graw Hill / Interamericana de
España; 16 a. ed.1999.
–64–

La repercusión de la tenencia de la tierra en el respeto a los derechos humanos sociales…
tadas por los participantes”. 19 Es decir,
que este mercado posibilita el acceso al
recurso a quien crea conveniente pagar
un determinado precio por el bien; por
lo tanto, se entiende que al igual que
otros mercados, se ve conformado por
tres aspectos relevantes: la demanda, la
oferta y el precio.
Además de los aspectos indicados,
en el mercado de tierras se observan
otros principios que influyen en el mismo,
tales como la propiedad privada
y la libertad para contratar dentro de
un marco jurídico que cuente con el
respaldo institucional para garantizar
el cumplimiento y el respeto de los
resultados del proceso, invistiéndolo de
seguridad jurídica.
6.2 De la existencia de un mercado de
tierras en Guatemala
En Guatemala actualmente no existen
las condiciones necesarias para poder
definir un mercado de tierras de sólido
funcionamiento, pues, en general, de
los mercados de tierra agrícola también
depende grandemente el funcionamiento
de los mercados para otros factores de
producción, como lo son el capital, el
trabajo, la tecnología, los seguros, entre
otros; de manera que para los hogares en
los diferentes niveles de riqueza, su capacidad
para competir en el mercado de
tierra agrícola es un reflejo de su acceso
a estos otros factores de producción. En
este sentido, la competitividad en el mercado
de tierra agrícola resume el efecto
neto de las imperfecciones en estos otros
mercados de factores de producción.
En términos generales, los mercados
de tierras rurales son directamente vinculados
al medio institucional en el que
se desarrollan, puesto que estos medios
determinan su legitimidad social como
mecanismo eficiente y equitativo para
la asignación del recurso “tierra”; así
como los costos adicionales en que debe
incurrir un comprador de tierras, como
lo son los niveles de regulación a los
que estará sujeto y los costos de transacción
que deberán cubrir los agentes
económicos que deseen utilizarlo dentro
del ordenamiento jurídico vigente en un
país.
En Guatemala actualmente no
existen las condiciones necesarias para
poder definir un mercado de tierras
sólido, pues las condiciones en que se
desenvuelve son adversas; y aunque
se reconocen constitucionalmente los
derechos a la propiedad privada y a
la libre contratación, existen algunas
19 Carrera, Jaime Arturo. “El estudio de mercado de tierras”. Red de Desarrollo Agropecuario. Naciones Unidas.
CEPAL. Santiago de Chile, 1999. Pág. 14.
–65–

Revista de derechos humanos
limitaciones institucionales relacionadas
con la seguridad jurídica, entre las que
se podrían mencionar las deficiencias e
irregularidades que existen en el Registro
General de la Propiedad, y la falta real
de un catastro formal, no obstante que
recientemente se emitió la ley marco
para su creación y funcionamiento.
Estas deficiencias institucionales no son
sólo las causas de la falta de eficacia del
mercado de tierras guatemalteco, pues a
ellas debe agregarse la falta de políticas
económicas y fiscales continuas que den
certeza a los procesos de mercado a corto,
mediano y largo plazos, dado que, por
su propia naturaleza, la tierra enmarca
otros problemas relacionados con la
tierra y la agricultura que son muchos,
pero a efecto de referencia se mencionan
algunos, como la reforma agraria, la
administración de la tierra, el acceso al
crédito, la degradación ambiental, las
in novaciones tecnológicas, la propiedad
intelectual, la capacidad administrativa
del Estado, la substitución de las cosechas,
las condiciones climáticas apropiadas
para los cultivos, el funcionamiento
efectivo de los mercados de tierra, los
desastres naturales, la calidad en el
registro de la tierra, el desacomodo de
las comunidades tradicionales, el sistema
tributario, las pre ferencias culturales, la
liberación comer cial, la inestabilidad
social y política que genera violencia civil
en las áreas rurales.
De la lista de problemas anteriormente
enumerada puede deducirse fácilmente
que todos forman parte de la realidad
guatemalteca, destacando, a manera de
ejemplo, el caso de la invasión y desalojo
violento que se produjo el 31 de agosto
del año 2004 en la Finca “María Linda”
ubicada en el departamento de Retalhuleu,
en donde un grupo de campesinos
en busca de la posibilidad de obtener
tierra para trabajar, invadió el referido
inmueble; a través de una orden judicial
se ordenó el desalojo de la misma, cuya
diligencia fue efectuada con lujo de
fuerza, por lo que ocho campesinos y tres
policías resultaron muertos. 20
De acuerdo con el Informe sobre la
pobreza rural de 2001, “Latinoamérica
registra la mayor desigualdad [en la distribución]
de tierra cultivable del mundo
y por consiguiente mucha mayor pobreza
de lo que podría pronosticarse del
ingreso por persona”. 21 De manera particular,
demuestra que la desigualdad de la
tierra y la educación están relacionadas
negativamente con el crecimiento de los
ingresos de la población más pobre.
20 Reportaje Prensa Libre, Guatemala 1/9/2004.
21 IFAD. Informe sobre pobreza rural 2001. Italia, ONU, 2001. Pág. 77.
–66–

La repercusión de la tenencia de la tierra en el respeto a los derechos humanos sociales…
En Guatemala se alcanza uno de los
valores más altos de concentración de
la tierra en América Latina, reflejado en
el coeficiente de Gini. Este índice mide
grados de desigualdad en la distribución
de la tierra, basándose en el tamaño y extensión
de las fincas: una alta magnitud
revela elevada concentración, y a medida
que se aproxima a cero, la distribución
es equitativa. Según lo establecido en
el IV Censo Nacional Agropecuario,
el Índice de Gini en Guatemala es de
0.84, lo que demuestra la curva de concentración
desigual en la distribución
de la tierra. 22
En algunos trabajos sobre mercado
de tierras rurales en América Latina 23
se señala la necesidad de enfatizar la
institucionalidad y de subrayar el papel
crucial de la aplicación de la ley de
manera equitativa para encaminar los
procesos hacia una mayor transparencia
de las operaciones, pues aunque no es
un mecanismo perfecto, un adecuado
mercado de tierras constituye una
oportunidad para impulsar soluciones
al acceso a las tierras, proveyéndolas a
las personas o grupos que las requieran
como recurso productivo que mejore
su nivel y calidad de vida, o bien como
elemento cultural, porque existen grupos
y comunidades que mantienen una relación
estrecha con la tierra y ello sustenta
su propia identidad, tal y como se hizo
referencia anteriormente al caso de Guatemala
y lo determinado al respecto en
el Convenio 169 sobre Derechos de los
Pueblos Indígenas y Tribales en Países
Independientes.
6.3 Clases de mercado de
tierras existentes en
Guatemala
En Guatemala, al igual que en el
resto de Latinoamérica, tal y como se
determinó en un informe de la Organización
de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación (FAO) y
el Banco Mundial (1998), existen dos
clases de mercados de tierras, uno formal
y otro informal.
El mercado de tierras formal se
puede definir como el mercado en el
cual las transacciones se ajustan a los
requerimientos y formalidades regulados
por el ordenamiento legal vigente en el
país, y tanto la oferta como la demanda
son del conocimiento público mediante
la utilización de los canales ordinarios
de información, lo que garantiza que los
precios sean fijados por el mercado.
22 IV Censo Nacional Agropecuario, Instituto Nacional de Estadística (INE). Guatemala, 2003.
23 Vogesgesang, Frank. “Los derechos de propiedad y el mercado de tierras en América Latina”, en Revista de la
CEPAL, No. 58. ONU, abril, 1996.
–67–

Revista de derechos humanos
El mercado de tierras informal
se puede definir como aquél en el que
las transacciones no se ajustan a los
requisitos del marco legal vigente, sino
que se rigen por las reglas de confianza
y aceptación comunitaria y familiar; y la
información se expande en circuitos familiares
y comunitarios, y los precios no
se rigen exclusivamente por el mercado,
sino que en su fijación intervienen directamente
factores culturales y sociales.
6.4 Críticas al mercado como
el encargado de regular
el acceso a la tierra
Según lo manifestado por expertos
internacionales como El-ghonemy, el
regular el acceso a la tierra mediante el
mercado impone un modelo de reforma
agraria asistida por el mercado, lo cual
no es más que un medio para justificar
malos resultados en las políticas de acceso
a la tierra, pues la misma únicamente
puede ser utilizada por campesinos que
poseen experiencia previa en el manejo
y trabajo de la tierra, y no ofrece soluciones
a mediano y largo plazos, pues
no tiene ningún medio de coerción; es
decir, se debe buscar primero la voluntad
de todas las partes, por lo que se necesita
de la inversión de muchos recursos. Para
los medios económicos, el mercado de
tierras elimina el valor subjetivo y cultural
que significa para algunos pueblos
la tierra, y la trata como cualquier otro
factor de producción.
Dicha reforma asistida por el mercado
ha tenido resultados negativos como:
la sobrevalorización de la tierra; la prioridad
de beneficiarios es el acceso a la
tierra, no su precio; la falta de poder real
de negociación por parte de los beneficiarios;
la falta de participación real de
los beneficiarios; la falta de oferta de la
tierra; el programa dirigido a la eficiencia,
no a la equidad, y la burocracia de
las agencias de la reforma agraria.
7. Análisis actual del Fondo de
Tierras y de la visita realizada a
diferentes fincas otorgadas con
créditos del Fondo de Tierras y
su realidad actual
Como resultado de las visitas a las
instalaciones del Fondo de Tierras,
pudo determinarse que en la actualidad
el mismo se encuentra en un proceso
de transición ocasionado por las fuertes
denuncias de corrupción que se
hicieron en contra de dicha Institución,
que salieron publicadas en varios medios
de comunicación social escritos,
especialmente en el Diario La Hora
y en elPeriódico, a finales del mes de
diciembre de dos mil cinco y en los
primeros días del año dos mil seis.
Dentro de los señalamientos de
corrupción denunciados por la prensa
escrita destaca la corrupción en la con-
–68–

La repercusión de la tenencia de la tierra en el respeto a los derechos humanos sociales…
tratación de técnicos y profesionales
del Fondo de Tierras, y a efecto de
ejemplo mencionaremos el incidente
sucedido con la contratación de un
estudio de Proyecto Productivo para la
Finca El Arenal, en donde se contrató
a un ingeniero para la realización de
dicho documento, cuyo costo aproximadamente
oscila entre cinco mil y
diez mil quetzales, según lo manifestado
por personal de la Subgerencia
de Acceso a la Tierra, pero que en
este caso en concreto se contrató a
dicho profesional por la cantidad de
ciento veinticinco mil quetzales exactos,
elevando el costo del proceso de
adjudicación y demostrando un mal
manejo público, hecho que sumado
a otros incidentes y señalamientos de
corrupción, provocó cambios tanto a
nivel de dirección del Fondo de Tierras
como a nivel operativo, en donde gran
parte del personal interno fue despedido
a finales del año dos mil cinco,
iniciando el año dos mil seis con la
contratación de nuevo personal y un
cambio en las políticas internas del
Fondo de Tierras.
Gracias a la política de puertas
abiertas que es practicada por el Subgerente
de Acceso a la Tierra, pudimos
darnos cuenta personalmente de hechos
como el anteriormente descrito,
y de la solución que se les dio para
no atrasar el trámite del expediente
respectivo, pues en ese caso, se sugirió
al presidente de la comunidad que
presentara una solicitud para que se
elaborara otro Proyecto Productivo, en
tanto se solucionaban las diferencias
legales que pudieran haber surgido
entre el Fondo de Tierras y el profesional
que fue contratado por un precio
tan elevado.
El referido acto de corrupción
permite establecer que las denuncias
realizadas en el estudio denominado
FONTIERRAS, el modelo de mercado
y el acceso a la tierra en Guatemala,
balances y perspectivas realizado por la
Coordinación de ONG y Cooperativas
–CONGCOOP– y la Coordinadora
Nacional de Organizaciones
Campesinas –CNOC– en el año
2002, siguen siendo una realidad.
En FONTIERRAS dichas denuncias
eran textualmente: “Durante la
investigación realizada hubo varios
señalamientos de corrupción por parte
de los entrevistados. La existencia de
empresas de asistencia técnica, en la
cual (sic) trabajan o son propiedad de
funcionarios y trabajadores del Fondo
de Tierras, y las cuales son impuestas a
grupos de beneficiarios. –Redes entre
organizaciones acompañantes, dueños
de fincas, funcionarios de CONTIERRA
y el FONTIERRAS para beneficiar la
compra de fincas.– Anomalías en la
realización de los avalúos y la existencia
–69–

Revista de derechos humanos
de intermediarios en la compra de
fincas, los cuales cobran comisión y
tienen relación con funcionarios del
Fondo de Tierras”. 24
Como se ha indicado anteriormente,
uno de los objetivos del presente estudio
es enfatizar el hecho que el tema de
la tenencia de la tierra en Guatemala
siempre ha sido objeto de discusión,
y los gobiernos de turno han creado
instituciones a las que han encargado la
repartición de tierras entre los campesinos
necesitados de ella. Esta pretendida
solución no es nueva, pues inclusive
Severo Martínez Peláez, en su libro
“La Patria del Criollo”, ya mencionaba
que una de las soluciones dadas por
la Corona Española para solucionar y
persuadir los problemas de rebeliones
que se sucedían en el Reino de Guatemala,
era el permitirle a los indígenas
contar con tierras que les permitieran
satisfacer sus necesidades básicas, para
lo cual se repartían entre ellos las tierras
comunales. Tal y como ya se indicó,
no obstante haberse visualizado y tratado
de poner en práctica la política de
reparto de tierras para transformar la
sociedad guatemalteca, resulta ser un
hecho mundialmente irrefutable que las
economías desarrolladas sobre la base
de un esquema minifundista agrícola no
permiten fácilmente pasar de un estado
de pobreza a un estado de riqueza, tal
y como lo visualiza la Ley del Fondo
de Tierras. Aunque mucho se ha dicho
y se ha tratado de hacer, aún no se
cuenta con un contexto institucional
que permita implementar una solución
efectiva en el tema de la tenencia de
la tierra, el cual nunca ha dejado de
ser un problema en Guatemala, y si
bien dichos inconvenientes ya han
sido detectados a través del tiempo,
según lo indicado por la CEPAL en un
estudio sobre el tema que se realizó
a nivel centroamericano, el progreso
de los programas de reforma agraria
y colonización se considera que ha
sido lento y de impacto relativamente
limitado en términos generales; aparte
de las dificultades presentadas en el
ámbito técnico y de la ejecución de los
proyectos, se han observado problemas
de carácter legislativo, administrativo,
de planificación y financiero, resulta
que en Guatemala dichos comentarios
e indicaciones no tienen validez. Lo
anterior porque aunque el Fondo de
Tierras se percata de los problemas y
malos resultados de sus políticas, no
24 Fondo de Tierras. Fontierras, el modelo de mercado y el acceso a la tierra en Guatemala, balances y perspectivas
realizado por la Coordinación de ONG y Cooperativas –CONGCOOP– y la Coordinadora Nacional de Organizaciones
Campesinas –CNOC–. IDRC Canadá, 2002, Pág. 54.
–70–

La repercusión de la tenencia de la tierra en el respeto a los derechos humanos sociales…
se permite autoevaluarse, pues en su
ámbito interno no existen informes
reales de los resultados de los múltiples
proyectos que se han realizado; ni
existe un estudio sobre lo que ha sucedido
con las personas y las parcelas que
han sido entregadas en forma legal a los
campesinos, ya que únicamente se les da
seguimiento durante los tres años que la
ley permite contar con asistencia técnica
asistida por el Fondo de Tierras; por ello
se considera que sin un correcto sistema
de evaluación, no se puede seguir adelante,
pues no se sabe si se forma parte
de una estrategia de nación para salir del
subdesarrollo, en la cual hombres y mujeres,
ladinos e indígenas, campesinos y
terratenientes, gobernantes y gobernados,
tengan las mismas oportunidades y
cuenten con los recursos mínimos para
tener una vida digna, que asegure a las
futuras generaciones una mejor realidad
social, con mejores oportunidades de
empleo, y en la cual el positivismo y
práctica de los derechos humanos sea
una realidad palpable.
Tomando en cuenta lo anteriormente
manifestado, resulta de imperiosa necesidad
social recomendar al Fondo de Tierras
que anualmente practique estudios
que midan el impacto socioeconómico
que la tenencia de la tierra tiene en la realidad
social, y además que evalúe qué ha
sucedido con las parcelas ya entregadas
en forma legal a las comunidades campesinas
e indígenas del país, así como si
la capacitación y técnicas de producción
para hacer más rentable la actividad
agrícola, son realmente efectivas, o si
por el contrario lo que se necesita es
transformar esa realidad agrícola en
una actividad industrial para hacer más
productiva la cantidad de tierra que se
les entrega.
Según lo manifestado por Sandoval, 25
la falta de apoyo técnico y de crédito
por parte del Estado –integrada en su
política de desarrollo agrícola– condena
a los productores minifundistas y de
fincas a la frustración socioeconómica.
Dicho comentario fue emitido en el año
de 1968 y pareciera ser que el autor tenía
una bola de cristal, pues actualmente
la condena se hizo efectiva, debido a
que gran parte del sector agrícola del
país vive este síndrome de frustración
socioeconómica, no obstante ya haber
sido beneficiada por el Fondo de
Tierras, pues según lo informado por
el Departamento de Cartera de dicho
Fondo, alrededor de un treinta a un
cuarenta por ciento de créditos otorgados
para la compra de fincas no son pagados
por los beneficiarios, pues no tienen los
25 Sandoval, Leopoldo y Fernando Cruz. Cambios en la estructura agraria de Guatemala y metas. Guatemala,
1968.
–71–

Revista de derechos humanos
rendimientos económicos esperados.
Los beneficiarios respondieron que
tienen problemas para pagar los créditos
otorgados porque las calidades de las
fincas no son aptas para desarrollar
actividades agrícolas.
Además del evidente fracaso en casi
la mitad de los préstamos otorgados, los
otros beneficiarios que sí realizan sus
pagos manifestaron que eran pobres y
siguen siendo pobres, pero ahora tienen
una deuda que no saben cómo pagar.
Dentro de los créditos que ha otorgado
FONTIERRAS, han sido muy
pocos los casos en que los beneficiarios
han podido transformar su realidad
económica.
Existe poca visión en la planificación
de los proyectos productivos, pues
los mismos se limitan al área agrícola o
agropecuaria, sin pensar en transformar
a las comunidades productoras en industriales,
es decir, transformar la materia
prima obtenida del campo en negocios
más rentables que les permitan salir de
la pobreza en que viven.
Vale la pena apuntar que dentro de los
aspectos positivos se encuentra el hecho
que todos los beneficiarios entrevistados
coincidieron en afirmar que con la adquisición
de sus parcelas, mejoró el acceso a la
educación de sus hijos, pues en las nuevas
localidades tienen escuela primaria.
De tales circunstancias se hace
evidente la necesidad de dar a conocer
los resultados obtenidos en las fincas
visitadas, las cuales fueron elegidas
en forma aleatoria en diferentes regiones
del país, para poder entender
mejor las conclusiones del presente
estudio.
7.1 Finca Nuevo Santiago Cabricán
La Finca Nuevo Santiago Cabricán
está ubicada a 10 kilómetros de San
José el Ídolo, del departamento de
Suchitepéquez, localidad ubicada a
135 kilómetros de la ciudad de Guatemala.
Tiene el clima cálido propio de
la costa sur, región del país que se dedica
principalmente al cultivo masivo
de caña de azúcar, mediante ingenios
latifundistas de la región.
Dicha finca fue entregada a la
Em presa Campesina Asociativa
–ECA– Nuevo Santiago Cabricán, la
cual está formada por familias despla
zadas originarias de Cabricán y
de Güitán, localidades ubicadas en
Quetzaltenango, que se caracteriza por
tener un clima templado/frío, así como
por vecinos de San José el Ídolo y de
Santo Domingo Suchitepéquez. Hablan
español, mam, kaqchikel y quiché; no
obstante, manifiestan que el Fondo de
Tierras nunca los atendió en sus lenguas
vernáculas.
–72–

La repercusión de la tenencia de la tierra en el respeto a los derechos humanos sociales…
Algunos tienen casas de block, y otros
viven en chozas de madera; son viviendas
humildes, pero que cuentan con sus
servicios básicos de luz y agua potable.
De las 81 familias beneficiadas
originariamente con esta finca, sólo 12
tenían como jefe de familia a mujeres
viudas, y los demás eran hombres; a cada
familia se le dio una extensión de tres
manzanas de terreno, más dos cuerdas
para hacer sus casas. Además del inmueble,
el Fondo de Tierras les proporcionó,
durante el tiempo que determina la ley, la
asistencia técnica necesaria para realizar
los proyectos productivos, en los cuales
invirtieron parte del subsidio que se les
dio para comprar diez cabezas de ganado
lechero, un tractor y una desgranadora;
asimismo, FONTIERRAS les introdujo
agua potable, y posteriormente los beneficiarios
se organizaron para obtener
la introducción de luz eléctrica, la construcción
de una escuela primaria, un
instituto de estudios básicos, un templo
católico, una iglesia evangélica y están
en los trámites para obtener drenajes.
El proyecto productivo sugerido por
los técnicos del Fondo de Tierras fue
la explotación de ganado lechero; sin
embargo, el mismo fracasó debido a que
las vacas compradas murieron.
Como consecuencia de ello, los
beneficiarios optaron por dedicarse a
la explotación del ganado de engorde,
a la siembra de maíz y ajonjolí, y a la
piscicultura.
Es una comunidad muy bien organizada,
pero que enfrenta grandes problemas
en la práctica, pues por la región
del país en la que se encuentra ubicada,
fue seriamente afectada en sus proyectos
productivos por el paso de la tormenta
Stan que azotó fuertemente el país en el
año 2005, misma que les produjo pérdidas
cuantiosas en las cosechas de maíz y
ajonjolí, así como la muerte del ganado
que poseían. Es decir, todos sus proyectos
productivos fracasaron a causa de las
condiciones climáticas adversas.
Por tal motivo, en la actualidad la
comunidad tiene problemas para realizar
los pagos del préstamo a los que sus miembros
están obligados, y los dirigentes han
emprendido una búsqueda de apoyo internacional
y/o nacional, para poder poner
en práctica un nuevo proyecto productivo
que les permita cubrir el crédito que les
fue otorgado para la compra de la finca.
En la actualidad, 40 familias de las
originalmente beneficiadas han abandonado
la finca, y según lo manifestado
por los entrevistados, existe gran diversidad
de motivos que obligaron a los
beneficiados a abandonarla, aunque la
principal causa de deserción es la calidad
de tierra de la finca, pues la misma no
llenó las expectativas que tenían, por
no ser apta para fines agrícolas, ya que
–73–

Revista de derechos humanos
casi el cincuenta por ciento de la finca
no es terreno fértil por la condición
quebrada del terreno y por la cantidad
de piedra que hay en el lugar. El reparto
fue mediante sorteo, y algunos terrenos
resultaron infértiles.
7.2 Finca El Mirador
La Finca El Mirador está ubicada
a 20 kilómetros de Patzún, del departamento
de Chimaltenango, localidad
ubicada a 89 kilómetros de la ciudad de
Guatemala. Tiene un clima templado y
es una región eminentemente agrícola,
dedicada a la explotación de hortalizas
en pequeñas parcelas.
Dicha finca fue entregada a la Empresa
Campesina Asociativa –ECA–
Xeatzán Alto, la cual está formada por
27 familias originarias de Chapetón,
Patzicía, Xeatzán Alto y Xeatzán Bajo.
Todos hablan kaqchikel, y manifiestan
que el supervisor del Fondo de Tierras
los atiende en su lengua vernácula, no
así el ingeniero agrónomo que les presta
la asesoría técnica para el desarrollo
de su Proyecto Productivo.
De las 27 familias beneficiadas,
ninguna tenía como jefe de familia a mujeres
viudas; a cada familia se le dio una
extensión de una manzana de terreno,
conformada por tres cuerdas productivas
y tres cuerdas de bosque (cada cuerda
tiene cuarenta metros cuadrados).
Algunos miembros de la comunidad
están en plena cosecha de tomates,
los cuales tienen muy buena calidad
comercial y un alto grado de producción,
por lo que están muy esperanzados
en tener muy buenos resultados;
otros beneficiarios tienen sembrada
arveja, cosecha que están próximos
a levantar, y manifiestan que aunque
sufrieron pérdidas con la tormenta
Stan, la tierra guardó mucha humedad,
lo que les permitió un desarrollo favorable
de sus cultivos.
La comunidad está animada por el
desarrollo de sus cosechas, pero aún no
se han enfrentado a la necesidad de tener
que pagar el préstamo que les fue concedido,
ya que tienen dos años de estar
explotando la finca, y aún se encuentran
en el período de gracia concedido por la
entidad financiera (Banrural).
Ninguna familia de las originariamente
beneficiadas ha abandonado la
finca, pero antes de salir beneficiadas sí
se retiraron dos familias desesperadas
por el tiempo de la gestión: manifiestan
que fueron alrededor de cinco años lo
que se tardó el trámite en el Fondo de
Tierras.
Los ingresos obtenidos permiten
que los hijos de los beneficiados asistan
a la escuela ubicada en la Aldea
Xeatzán, y al puesto de salud de la
localidad.
–74–

La repercusión de la tenencia de la tierra en el respeto a los derechos humanos sociales…
7.3 Finca Buenos Aires
La Finca Buenos Aires está ubicada
a 20 kilómetros de la Aldea Las Delicias
el Job de Taxisco, del departamento de
Santa Rosa, localidad ubicada a 105
kilómetros de la ciudad de Guatemala.
Tiene un clima cálido propio de la costa
de Guatemala, región del país que se
dedica principalmente a la crianza de
ganado de engorde y de leche, así como
al cultivo de maíz, frijol y café.
Dicha finca fue entregada a la Empresa
Campesina Asociativa –ECA–
Ocho de Febrero, la cual está formada
por familias desplazadas originarias de
varias regiones del altiplano del país y
por vecinos de Santa Rosa.
De las 200 familias beneficiadas
originariamente con esta finca, sólo 7
tenían como jefe de familia a mujeres
viudas, quienes manifestaron no tener
conocimiento de la existencia de una
unidad de apoyo a la mujer campesina.
A cada familia se le dio una extensión de
seis manzanas de terreno; además, el inmueble
contaba con servicios de tubería
de agua, pero que no es potable y con una
bomba generadora de electricidad, pero
que no tiene mucha potencia, ni sirve a
todas las familias, pues únicamente 20
cuentan con este servicio; además, tiene
una galera que fue improvisada como
escuela en donde reciben clases los hijos
de los beneficiados.
Es una comunidad que se ha dedicado
a trabajar el proyecto productivo
señalado por el Fondo de Tierras, que
en su caso consiste en la explotación
de ganado de engorde. Iniciaron con 70
cabezas de ganado y actualmente tienen
402, lo cual les ha permitido ahorrar
dinero para realizar abonos al préstamo
otorgado para la compra del inmueble,
lo cual han hecho, aunque se encuentran
en período de gracia.
No obstante lo anterior, resulta importante
destacar que en esta comunidad,
tanto hombres, como mujeres y niños
no realizan los tres tiempos de comida,
ya que los cultivos de maíz y frijol que
tenían para su consumo se perdieron con
la tormenta Stan, lo que les ha traído
problemas de hambruna.
En las propias palabras de uno de
los entrevistados: “somos ricos en tierra,
pero seguimos aguantando tanta hambre
ahora, como antes de tener la tierra”.
Dicha comunidad está gestionando
actualmente ante el Fondo de Tierras la
autorización del tercer desembolso del
subsidio.
A la fecha 59 familias de las originalmente
beneficiadas han abandonado
la finca, quedando 141 familias, y según
lo manifestado por los entrevistados,
alguno de los beneficiados han abandonado
la finca por falta de recursos financieros
para trabajar, mientras que otros
–75–

Revista de derechos humanos
sólo querían el subsidio y después de que
lo recibieron se fueron de la finca.
Según los entrevistados, las tres
cuartas partes de esta finca es apta para
los fines agrícolas para las que la compraron,
y la parte que no es apropiada no
se la repartieron, de cuenta que a todas
las familias beneficiadas les tocó un área
productiva de la finca.
Además de las anteriores entrevistas,
se realizaron otras a personas que están
próximas a recibir o entrar en posesión
de sus fincas.
Don León Muj, quien es actualmente
presidente de la Asociación Campesina
Asociativa Cipresalon Yadinse, habla
kaqchikel, tiene setenta años de edad
y va a ser beneficiado por la Finca Las
Mercedes - Pocón Grande ubicada a 4
kilómetros de Patzún, del departamento
de Chimaltenango, localidad ubicada a
89 kilómetros de la Ciudad de Guatemala.
Nos manifestó la felicidad que siente
al pensar que a sus 70 años va a ser
propietario de una parcela, pues dice que
hace aproximadamente 12 años inició las
gestiones ante distintas autoridades para
hacer realidad su sueño de “ser propietario
de una parcela”; nos mostró el inmueble
y con ojos llenos de lágrimas nos contó
que está pendiente aún que el antiguo
arrendante saque su cosecha para así poder
hacer su primera siembra en un terreno
de su propiedad, ya que expresa que
toda su vida ha arrendado para cosechar
principalmente frijol, maíz y arveja.
Él considera que mediante la obtención
de la parcela que le será otorgada,
podrá cambiar su realidad económica
y obtener la tranquilidad que ahora no
tiene, al saberse dueño de un inmueble,
el cual podrá trabajar en beneficio personal
y que en un futuro podrá heredar
a sus hijos.
Por aparte, mencionaremos a los
beneficiarios de la Finca Amapa, la
cual queda en el municipio de Oratorio
del departamento de Santa Rosa;
será entregada a principios del mes de
febrero a 160 familias desarraigadas y
desplazadas de los departamentos de
Huehuetenango, San Marcos, Quiché y
Quetzaltenango.
Hablan mam, kaqchikel y quiché;
también están muy ilusionados con la
finca, en la cual según dicen hay sembrado
café y posee un clima templado
parecido al clima de los lugares de donde
son originarios. La gran mayoría de
miembros de esta comunidad son víctimas
del conflicto armado interno del
país, que los obligó a emigrar al sur de
México; 46 familias tienen como jefe de
familia a una mujer viuda, cuya lídersa
manifestó que no tiene conocimiento de
que exista una oficina que atienda las
necesidades de la mujer campesina.
–76–

La repercusión de la tenencia de la tierra en el respeto a los derechos humanos sociales…
Su trámite en el Fondo de Tierras
duró alrededor de 7 años, y tiene la esperanza
de que su condición económica
mejore con la entrega y trabajo de la
finca; considera que las calidades del
terreno están apropiadas para los fines
agrícolas que persigue la comunidad.
Conclusiones
1. El nivel de vida de las personas que
han adquirido tierra a través de los créditos
otorgados por FONTIERRAS,
no ha sido transformado; al contrario,
siguen desarrollándose dentro
de una economía de subsistencia, en
la cual todos sus ingresos dependen
de situaciones que no están bajo su
control, como el clima, los precios del
mercado, etc., lo que no les permite un
desarrollo sostenible y determinante.
2. Los proyectos productivos desarrollados
por las familias de FON-
TIERRAS en muchos casos no son
acordes a la realidad de los terrenos
en los que se desarrollan, y no han
contado con la dirección técnica adecuada,
ya que la misma no se presta
en forma continua, lo cual ha provocado
que no se produzca el efecto
multiplicador de empleos esperado.
3. Existe una deserción masiva de las
familias beneficiadas por el Fondo
de Tierras, que obedece a muchos
factores externos, pero el que fue
más determinante para llegar a una
conclusión, fue la mala calidad de
las tierras entregadas por el Fondo
de Tierras, lo cual evidencia que
los estudios de capacidad de uso de
la tierra –ECUT–, no han sido bien
desarrollados ni analizados, hecho
que genera graves problemas a los
beneficiarios, que van a trabajar fincas
de baja productividad agrícola y
que además no cuentan con la infraestructura
necesaria para poder desarrollarse
económica y socialmente.
4. La condiciones de los créditos otorgados
para la compra de los inmuebles
por parte del Fondo de Tierras,
son favorables para los campesinos;
no obstante lo anterior, se establece
la necesidad de analizar ciertas circunstancias
especiales que afectan
a los beneficiarios del Fondo de
Tierras para poder realizar los pagos
de los mismos, en especial después
de la tormenta Stan, que produjo
pérdidas en la producción agrícola
y pecuaria del país, por lo que se
considera necesario recomendar
a las autoridades legales y financieras
relacionadas con FONTIE-
RRAS, que lleven a cabo medidas
de urgencia para reestructurar las
deudas y no perjudicar a los campesinos
beneficiarios del Fondo, que
continúan en la lucha de la explotación
agrícola de sus terrenos.
–77–

Revista de derechos humanos
5. En cuanto al apoyo técnico que se les
brinda a los beneficiarios del Fondo
de Tierras, es importante señalar que
éste no es del todo eficiente, pues
actualmente se contrata a un profesional
o a un empresa para que preste
su servicio a varias fincas, las cuales
visita periódicamente algunos días
a la semana o algunas veces al mes,
según el caso, ubicación y acceso
de la finca. Además, es importante
destacar que los proyectos productivos
fracasan en gran número y
lo peor es que este apoyo técnico
lamentablemente ha sido fuente de
corrupción, tanto para las personas
que lo prestan, como para los beneficiarios
y para el Fondo de Tie rras
encargado de la contratación.
6. Es indispensable que los beneficiarios
del Fondo cuenten con asesoría
técnica permanente, la cual debe
ser evaluada periódicamente por las
autoridades del Fondo de Tierras,
conforme a los resultados en la ejecución
de los Proyectos Productivos
establecidos para cada comunidad,
los cuales deben ser minuciosamente
analizados antes de involucrar a los
campesinos en proyectos improvisados,
mal planificados y sin visión
ni objetivos a corto, mediano y largo
plazo.
7. Los proyectos productivos deben
contar con opciones prácticas, viables
y más creativas que permitan
a los beneficiarios del Fondo de
Tierras poder cambiar de actividades
agrícolas a actividades industriales
y de ecoturismo o de alguna otra
índole, que les permita transformar
su realidad económica.
8. FONTIERRAS no cuenta con una
unidad de atención especializada
para indígenas, ni con un sistema de
traducción para dichas comunidades;
no obstante, en algunos casos
los perfiles del personal ha ser contratado
determinan que el candidato
preferiblemente debe contar con el
dominio de las lenguas vernáculas
que se hablan en las regiones en
donde prestarán sus servicios. Por
otra parte, según lo manifestado por
las mujeres beneficiadas por el Fondo
de Tierras, la Unidad de Apoyo
a la Mujer Campesina no ha tenido
un papel significativo en el apoyo
a las mujeres beneficiadas por el
Fondo de Tierras, pues ellas en su
mayoría desconocen la existencia
de dicha unidad.
9. Para la elaboración de los Proyectos
Productivos sugeridos por FON-
TIERRAS se necesita el respaldo
de la comunidad beneficiada; no
obstante, dentro de los requisitos de
su elaboración no está la figura de
la cosmovisión maya, en especial
porque los profesionales contratados
–78–

La repercusión de la tenencia de la tierra en el respeto a los derechos humanos sociales…
para el efecto no tienen el apoyo de
un área especializada en asuntos y
traducciones indígenas.
10. Se concluye que tanto la Ley del
Fondo de Tierras, Decreto 24-99
del Congreso de la República como
sus Reglamentos, cumplen con sus
objetivos y sobre todo respetan los
derechos consuetudinarios de las
familias y comunidades beneficiadas
según se encuentran establecidos
en el Acuerdo sobre Aspectos
Socioeconómicos y Situación
Agraria.
11. El acceso a la tierra trae beneficios
conexos, como lo es el facilitar el
acceso a la educación a los hijos de
los beneficiados, lo cual es un buen
inicio para la consolidación de un
mejor futuro para los guatemaltecos.
12. El trámite para obtener un crédito
para la compra de fincas excede en
todos los casos los 85 días señalados
por la ley.
Conclusión general
La tenencia de tierras por sí sola no
es un factor determinante que permita
transformar la realidad económica de
los guatemaltecos, pues dicho factor
debe estar contextualizado dentro de
una política general, que permita contar
con las condiciones institucionales,
legales, comerciales y sociales apropiadas,
a fin de poder desarrollar proyectos
productivos, mismos que deben contar
con una asistencia técnica y financiera
eficaz que se adapte a las condiciones
especiales y particulares de cada grupo.
Todo ello, enmarcado dentro de una
visión general que permita transformar
una realidad agrícola en una sociedad
más industrializada, en donde los
productos puedan ser transformados y
explotados de forma eficiente, estable
y segura.
Recomendaciones
1. Se recomienda que tanto los beneficiarios
del Fondo de Tierras como
los funcionarios del mismo tomen
todas las medidas necesarias para
asegurar la idoneidad tanto de las
personas que realicen los estudios
de capacidad de uso de la tierra
–ECUT–, como de los resultados del
mismo, a efecto de no comprar tierra
que resulte inútil para los fines agrícolas
o pecuarios a los que se pretenda
destinarlos, como ha sucedido en
el pasado, lo cual ha generado que el
programa desarrollado por el Fondo
de Tierras, pierda credibilidad, así
como sus funcionarios.
2. Se recomienda que el Fondo de Tierras
se autoevalúe periódicamente
–79–

Revista de derechos humanos
realizando un FODA (análisis de
las fortalezas, debilidades, oportunidades
y amenazas) tanto de la
institución como de los programas
y sus resultados.
3. El combate a la corrupción debería
ser la principal característica del
Fondo de Tierras, pues si se logra
erradicar este mal, se podrán superar
las críticas por la compra de fincas
inútiles, la falta de programas de
productividad reales, prácticos y
eficientes. Esto cual fortalecería en
general a Guatemala, al ser dicho
Fondo un generador de cambio en
la población pobre de Guatemala.
4. Se debe contar con flexibilidad
financiera, que permita adecuar
las condiciones del préstamo a las
circunstancias particulares de los
beneficiarios, tal y como sucede
en la actualidad, ya que a causa de
un fenómeno climático destructivo
a nivel nacional (tormenta tropical
Stan), deben reestructurarse
los créditos para no afectar a las
familias beneficiarias que tienen
problemas con sus pagos.
5. Es indispensable que además de contar
con la dirección técnica adecuada,
se implementen programas de educación
general para los campesinos
beneficiarios del Fondo de Tierras,
promoviendo así su educación tanto
a nivel técnico como administrativo,
para lo cual debería contarse con una
oficina especializada.
6. Se recomienda que el Fondo de
Tierras cuente con una unidad especializada
en el tema indígena, para
coordinar la traducción lingüística y
para actuar como especialista en su
cosmovisión.
7. Se recomienda que la Unidad de la
Mujer Campesina cumpla con los
fines de su creación.
8. Se considera que con el fortalecimiento
de un mercado de tierras
formal, obtenido mediante la puesta
en práctica del Registro de Información
Catastral (próximo a funcionar
en el país), con un Registro General
de la Propiedad efectivo, y con el
apoyo de políticas fiscales y agrarias
estables, se podrá facilitar el acceso
a la tierra a los guatemaltecos, por
lo que se recomienda además buscar
mecanismos que permitan la estabilidad
de la política económica del
país.
9. Se sugiere que el Fondo de Tierras
emita manuales operativos que fijen
plazos acordes a sus necesidades y a
la realidad práctica para la ejecución
de las diferentes etapas del expediente
administrativo, a efecto de
poder optimizar el procedimiento y
–80–

La repercusión de la tenencia de la tierra en el respeto a los derechos humanos sociales…
reducir el tiempo de los expedientes,
y de una manera finalizarlos dentro
del plazo señalado por la ley para el
efecto.
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a pequeña escala. Guatemala:
1995.
–81–

Revista de derechos humanos
12. CEPAL, FAO, OIT, SIECA, OCT
y OEA. Tenencia de la tierra y
desarrollo rural en Centroamérica.
Tercera Edición. Costa Rica:
1980.
13. Conferencia Episcopal de Guatemala.
Carta Pastoral El clamor por la
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14. Deere, Carmen Diana y Magdalena
León. La brecha de propiedad entre
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México: 2003.
15. FAO. Estudio realizado por la FAO.
Tenencia de la tierra y desarrollo
socioeconómico del sector agrícola
en Guatemala. 1980.
16. –––––––. Estudio realizado por la
FAO. Tenencia de la tierra y desarrollo
socioeconómico del sector
agrícola en Argentina. 1980.
17. _______. Estudio realizado por la
FAO. Tenencia de la tierra y desarrollo
socioeconómico del sector
agrícola en Perú. 1980.
18. –––––––. Estudio realizado por la
FAO. Tenencia de la tierra y desarrollo
socioeconómico del sector
agrícola en Ecuador. 1980.
19. –––––––. Mejoramiento del acceso
de los pobres y las mujeres a la tierra.
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20. FONTIERRAS. El modelo de
mercado y el acceso a la tierra en
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Guatemala: 2002.
21. –––––––. Memoria de labores del
Fondo de Tierras de los años 1998,
1999, 2000, 2001, 2002, 2003 y
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22. IFAD. Informe sobre pobreza rural
2001. Italia: 2001.
23. Información recopilada por el Alto
Comisionado de las Naciones Unidas
para los Refugiados (ACNUR),
sobre la base de informes provenientes
de los programas citados.
Los datos varían dependiendo del
período de tiempo considerado.
CEPAL–SERIE Desarrollo productivo
Nº.73. Chile: 2000.
24. Instituto Nacional de Estadística
INE. IV Censo Nacional Agropecuario.
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25. –––––––. XI Censo de Población
y VI de Habitación. Guatemala.
2003.
–82–

La repercusión de la tenencia de la tierra en el respeto a los derechos humanos sociales…
26. Martinez Peláez, Severo. La patria
del criollo. Ensayo de la interpretación
de la realidad colonial guatemalteca,
Editorial de la Universidad
Autónoma de Puebla. Séptima edición.
México: 1982.
27. MINUGUA. La situación de los
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Verifi cación. Guatemala: 2000.
28. Nuñez, O. Lo agrario, teoría y método.
Editorial Universitaria C.A.
Primera edición. Guatemala: 1990.
29. Orellana Alarcón, Hector Raúl. La
tenencia de la tierra y el régimen
agrario de la comunidad de Santa
María Xalapán. Guatemala: 1994.
30. Palma Murga, G. El Estado y los
campesinos en Guatemala durante
el período de 1944 a 1954. Educa.
Guatemala: 1988.
31. Paz C., Guillermo. Guatemala, reforma
agraria. Editorial Ludovico
S.A. Guatemala: 1986.
32. PNUD. Informe sobre desarrollo
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33. Programa de consolidación INTA.
Uso y tenencia de la tierra en los
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del Instituto Nacional de Transformación
Agraria. Guatemala: 1973
34. Roldán Flores, Gustavo R. Positividad
de la norma que prohibe la
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la Ley de Transformación Agraria.
Tesis de Graduación USAC. Guatemala:
1990.
35. Sáenz P., Carlos. Tenencia de la
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36. Sandoval L. y Cruz. F. Cambios en
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Oficina Regional para Sur América.
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39. II Encuentro Taller sobre Cultura
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2000.
–83–

Revista de derechos humanos
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de Guatemala. 1985.
41. Decreto 900 del 9 de junio de
1952.
42. Gobierno de la República de Guatemala
y Unidad Revolucionaria
Nacional Guatemalteca. Acuerdos
de Paz. Instituto de Investigaciones
Económicas, Universidad Rafael
Landívar. Tercera edición. Guatemala:
1998.
43. Reglamento de Administración
del Fideicomiso Fondo de Tierras
Acuerdos de Paz. Fondo de Tierras
44. Reglamento de Arrendamiento con
o sin Opción de Compra. Fondo de
Tierras
45. Reglamento de Benefi ciarios y Benefi
ciarias de Acceso a la Tierra.
Fondo de Tierras.
46. Reglamento General de Crédito.
Fondo de Tierras.
47. Reglamento General de Créditos del
Fondo de Tierras. Aprobado por el
Consejo Directivo en el punto resolutivo
29-2003.
C. Varias
48. Datos estadísticos proporcionados
por el Fondo de Tierras.
49. Prensa Libre, Artículo Desalojo
Finca María Linda,Guatemala 1
septiembre 2004.
–84–

El sexismo lingüístico en el Código
Penal guatemalteco como un elemento
discriminador contra las mujeres

SOLEDAD ESPADA CHÁVEZ
Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales egresada de la Universidad de San
Carlos de Guatemala, con pénsum cerrado en la Maestría en Derechos Humanos de
la Universidad Rafael Landívar, –URL–. Además, es egresada del Seminario Permanente
de Investigación en Derechos Humanos organizado por el Instituto de Derechos
Humanos de la Universidad San Carlos de Guatemala –IDHUSAC– y por el Instituto
de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Rafael Landívar –IIJ/URL–.
Ha participado como coordinadora de proyectos de 1997 a 1999 y como asistente
de investigación en las siguientes investigaciones:
• “Mayanización y vida cotidiana: la ideología y el discurso multicultural en la
sociedad guatemalteca”; patrocinada por OXFAM GB y CIRMA, Investigador:
Dr. Roddy Brett. 2005
• “La igualdad y la universalidad de los DDHH, en las mujeres guatemaltecas”,
Proyecto Regional de Apoyo a la Educación, Capacitación e Investigación en
Derechos Humanos en Centroamérica, financiado por el Gobierno de Finlandia,
PNUD, ASIES, URL y USAC, Investigadora: Licenciada Claudia Agreda.
2005
• “La hambruna en Camotán y Jocotán, Chiquimula”; patrocinada por
FLACSO-Argentina y FLACSO-Guatemala, aún sin editar. Investigadora:
Licenciada Ana Gabriela Contreras. 2005.
• “Estudio exploratorio sobre el régimen disciplinario en la administración pública
de Guatemala”; Fundación Myrna Mack. Investigadora: Licenciada Ana Gabriela
Contreras, 2004.
Actualmente es integrante fundadora de la organización feminista “Alzando Voces”,
delegada ante la Red de la No Violencia contra las Mujeres y la Asamblea General de
la Coordinadora Nacional para la Prevención de la Violencia Intrafamiliar y contra las
Mujeres CONAPREVI.
–86–

RESUMEN EJECUTIVO
Las palabras tienen un poder casi mágico: en realidad son capaces de aparecer y
desaparecer los objetos” 1
La frase anterior se explica por sí misma; sin embargo, agregaría yo “mutila
identidades”. El lenguaje es el reflejo de la sociedad edificada desde un punto de
vista, el masculino, como paradigma de la humanidad. Por lo tanto, el presente trabajo
pretende analizar el lenguaje utilizado en el Código Penal guatemalteco y en algunas
de sus reformas, para determinar cómo puede discriminar a las mujeres.
El actual corpus legal contiene un sexismo lingüístico en algunos de sus artículos,
tanto en su redacción morfológica como sintáctica. Esto ocurre a lo largo
de su desarrollo e incide en su aplicabilidad, misma que redunda en una acción
discriminatoria contra el género femenino.
El lenguaje sexista contribuye a reforzar la violencia contra las mujeres en la
aplicación de justicia, ya que quienes la aplican pueden estar están investidos de
prejuicios, tabúes y esquemas mentales.
La interpretación que se hace de la normativa penal está cargada de emotividad y
de subjetividades muy particulares de cada juzgador o juzgadora, que como humanos
se mueven por emocionalidades, responden a intereses y defienden ideologías.
El sexismo lingüístico perpetúa la visión y cosmovisión que se tiene de las
mujeres como seres inferiores, objetos sexuales, agentes reproductoras, incapaci-
1 Calvo, Yadira. Las líneas torcidas del derecho, Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención
del Delito, ILANUD, San José, Costa Rica, 1996, Pág. 52.
–87–

Revista de derechos humanos
tadas para tomar decisiones, débiles, tontas, etc, ya que la lengua forma parte de la
cultura y crea una identidad, aunado a que la misma es la expresión de sus pueblos.
Cuanto más represivo sea un pueblo, su lengua participará de esa misma visión y
cosmovisión de la vida. El Estado guatemalteco responde a un sistema patriarcal
y androcéntrico que invisibiliza y discrimina a más de la mitad de su población,
conformada por mujeres.
El Código Penal guatemalteco está construido con palabras ambiguas, vagas
y con una carga emotiva en su mayoría negativa, que incide en la interpretación
que se hace del mismo por quienes tienen la facultad legal de aplicarlo a un caso
concreto.
–88–

ABSTRACT
“The words have an almost magical power: they are really capable of appearing and to
disappearing the objects”. **
The previous phrase is explained by itself, would add “mutilates identities”. The language is
the reflection of a society and built from a point of view, the male as a paradigm of the humanity.
Analyzing the language used in the Guatemalan Penal Code and some of its reforms and how
this can discriminate women.
The current legal corpus contains linguistic sexism in some of its articles not only in its
morphological writing but in its syntax affects its applicability, which causes a discriminative
action against the feminine gender.
The sexist language contributes to reinforce the violence against women in the application
of justice, for who apply the law full of prejudices, taboos and mental schemes.
The interpretation that is done to the penal law is loaded with very particular and emotional
subjectivities from each judge, who as all human beings are moved by emotions, and respond
to different interests and defend ideologies.
The linguistic sexism perpetuates the vision and cosmo-vision that people have about
women as inferior human beings, sexual objects, reproductive agents, not capable of making
decisions, weak, foolish, etc. Since the language is part of the culture and creates an identity,
and it is also the expression of a country, the more repressive a country is the more is the more
is represented by that same vision and cosmo vision of life, the State of Guatemala responds to
a patriarchy system which is masculine-centered that discriminates and conceal more than half
of women’s population.
The Guatemalan Penal Code, is built with vague, ambiguous words and with a negative
emotional load, that impacts in the interpretation that is given of it, by the ones who have the
legal faculty to apply it to a concrete case since are a humanity with visions and cosmo vision
of life of a very peculiar way.
** Yadira Calvo. Las líneas torcidas del derecho. Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención
del Delito –ILANUD–. San José, Costa Rica: 1996. Pág. 52
–89–

ÍNDICE
Introducción ........................................................................................................93
1. El sexismo lingüístico en el Código Penal, Decreto 17-73
del Congreso de la República de Guatemala y sus reformas. ........................94
Conclusiones ......................................................................................................107
Recomendaciones ..............................................................................................108
Referencias .........................................................................................................109
–91–

El sexismo lingüístico en el Código
Penal guatemalteco como un elemento
discriminador contra las mujeres 2
Soledad Espada Chávez
Introducción
Cuando inicié el proceso de investigar
sobre el sexismo lingüístico,
no lo visualicé ni lo interioricé hacia
uno de los sistemas normativos con
que cuenta Guatemala; el comienzo fue
otro: el enfoque era el sexismo social
y lingüístico a través de los mensajes,
comerciales, películas, carteles, rótulos,
piropos, chistes, refranes, etcétera.
Ello comenzó como una aventura investigativa,
pero en realidad no dimensioné
el trabajo. Era una necesidad personal
el visibilizar este problema, que afecta a
miles de mujeres en las sociedades y que
se agudiza como un corolario que influye
en la violencia contra las mujeres.
Por azares del destino, terminé por
analizar el Código Penal, y fue así
como me inserté en esta aventura, que
ha sido una experiencia inimaginable
de crecimiento personal y académico,
dado que a través de este trabajo se
logró fusionar toda una ciencia como
la sociolingüística, con los derechos
humanos y el derecho penal, formando
toda una amalgama que espero llene las
expectativas del lector.
Partimos del hecho que el lenguaje
es el reflejo de una sociedad, misma que
puede estar edificada desde un solo punto
de vista, el masculino (androcentrismo 3 )
como paradigma de la humanidad.
Por ello, analizar cómo el lenguaje
en el que está redactado el Código Penal
2 Este artículo es producto de la investigación realizada por la autora, con el auspicio del “Proyecto Regional de
Apoyo a la Educación, Capacitación e Investigación en Derechos Humanos en Centroamérica” a través del
Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de San Carlos de Guatemala –IDHUSAC– y del Instituto de
Investigaciones Jurídicas de la Universidad Rafael Landívar –IIJ/URL–.
3 El hombre como medida de todas las cosas. Enfoque de un estudio, análisis o investigación desde la perspectiva
masculina únicamente, y utilización posterior de los resultados como válidos para la generalidad de los individuos,
hombres y mujeres. El enfoque androcéntrico es distorsionador de la realidad. Diccionario ideológico feminista,
Sau Victoria, Volumen I, Barcelona, España, abril 2000, Editorial Icaria La Mirada Esférica, Pág. 45.
–93–

Revista de derechos humanos
guatemalteco, contenido en el Decreto
17-73 del Congreso de la República de
Guatemala y algunas de sus reformas,
puede discriminar a las mujeres guatemaltecas,
se ha constituido en el punto
central del presente análisis, así como la
forma en que la lengua escrita puede discriminar
y desvalorizar a las mujeres.
1. El sexismo lingüístico en el
Código Penal, Decreto 17-73
del Congreso de la República
de Guatemala y sus reformas
¿Por qué surge la necesidad de
identificar el sexismo lingüístico
Buena pregunta. La respuesta prevista
por la investigadora es elemental y
fundamental: contribuir de cierta forma
a cambiar la situación, posición y
condición que las mujeres guatemaltecas
han tenido a lo largo de la historia,
quienes han sido identificadas y vistas
no como sujetas de derecho, con oportunidades
y capacidades propias, sino
como objetos adscritos a un dueño por
socialización impuesta o por mandato
patriarcal.
Por ello se hace necesario identificar
el sexismo no sólo en el marco jurídico,
sino en muchas otras problemáticas;
sin embargo, en esta oportunidad será
necesario indagar, documentar, apelar,
deconstruir, reconstruir, plantearse y
replantearse nuevas ideas para el derecho,
pero sobre todo para el campo del
derecho penal, que de por sí es violento
y deshumanizante.
El derecho penal es un derecho punitivo
y represivo per se, ya que el Estado
es el delegado para desarrollarlo,
aplicarlo y sancionarlo en sus diversos
niveles, pero no es sólo una cuestión de
proponer, discutir, negociar, cabildear,
aprobar y poner en vigencia cuerpos
legales cada día más represivos para
las sociedades, si quienes los aprueban,
delegados por poder popular, ignoran
lo que significa desarrollar una norma
utilizando la técnica jurídica sociológica
con perspectiva de género. Las leyes
son escritos legalistas para aplicarlos a
humanos y humanas a criterio, discreción
e interpretación de quienes tienen
el poder de hacerlo, sin ahondar más
allá de las personas a las cuales juzgan
y mucho menos, interpretar más allá
de lo que la normativa quiere decir o
pretende decir.
El Código Penal vigente responde
a las ideologías de los legisladores y
legisladoras y a sus intereses de grupos
políticos, económicos y sectoriales,
investidos casi siempre de prejuicios y
de estereotipos sexistas, machistas y en
algunos casos agresores, abusadores y
genocidas, donde el lenguaje lleva una
carga ideológica del grupo dominante.
–94–

El sexismo lingüístico en el código penal guatemalteco como un elemento discriminador…
A nuestro criterio el cuerpo legal en sí
mismo es violento y no tiende a resocializar
a las personas que delinquen. En
el caso de las mujeres, la carga ideológica
se hace más fuerte y violenta por
las mismas construcciones históricas y
relaciones de poder desiguales en que
han vivido la mayoría de las mujeres a
través de la historia.
A lo anterior hay que sumarle todo
lo que implica un caso concreto, donde
se inserta en el consciente y subconsciente
de quien tiene la potestad de
juzgar y de llevar un proceso, el bagaje
de sus propios estereotipos, prejuicios,
juicios de valor, esquemas sociales,
religiosos, tabúes y complejos, mismos
que provacan que al momento
de emitir una resolución o sentencia,
consciente o inconscientemente ésta
lleve implícita una resolución o fallo
emitidos con esa carga ideológica y
emotiva. La pragmática ha denominado
“el signo del enunciado” al contexto
en que se está empleando la oración
que se emite y que consecuentemente
lleva una implicación social y en este
caso, jurídica.
Se hace necesario reconocer que el
movimiento feminista y el de mujeres,
está presente desde hace décadas en una
lucha incansable por mejorar la situación
jurídica, social, política, económica, etc.,
de las mujeres en su conjunto. Dentro de
ese contexto, la existencia de su agenda
histórica ha sido contribuir a legislar
con una mirada feminista, que no daña
a nadie. Las mujeres han tenido la capacidad
durante milenios, de ver más allá
de ellas mismas para ver la integralidad,
reconociendo la diversidad en cada ser
humano y humana.
Las sociedades evolucionan, y de igual
forma lo deben hacer sus instituciones y
sus marcos jurídicos. Todo cambia, y a
nivel nacional se han asumido compromisos
internacionales al firmar el Estado un
marco jurídico internacional en materia
de derechos de las mujeres, mismo que se
constituye en la base para crear, proponer
y reformar una legislación más acorde a la
realidad, que incorpore aquéllo que nos permita
ser una sociedad mucho más humana.
La sociedad guatemalteca requiere
cambios profundos en su legislación;
la génesis de la misma debe ir más a la
realidad y sobre todo ser un marco de
respeto a los derechos fundamentales de
la humanidad, aun en las circunstancias
más adversas de su vida.
Para ello, el lenguaje se hace vital,
y pueda ser visualizado y visibilizado
como incluyente en una realidad social
donde dicho lenguaje normativo
sea parte los cambios requeridos. El
lenguaje escrito que se utiliza para la
elaboración de leyes debe responder
–95–

Revista de derechos humanos
y tener coherencia con los principios
de las comunidades democráticas,
empáticas, solidarias y que respondan
a los valores ideológicos de la construcción
de una sociedad que tenga
como primacía constitucional 4 al humano
y humana, así como su libertad
y la igualdad, entendiéndolos como
“iguales con diferencias”, que otorgan
valor y riqueza a una nación.
Como lo afirma el título de este capítulo,
se hace imperiosa la necesidad
de identificar el sexismo lingüístico
en el corpus penal vigente, porque el
mismo ha traspasado las barreras del
tiempo y de los cambios sociales que
se han producido, o como lo cita el
programa Mujer, Justicia y Género de
la Comisión Interamericana de la Mujer:
“El lenguaje que se relaciona con la
sociedad refleja y perpetúa normas de
pensamiento; el mismo no es estático, se
modifica con los cambios sociales y a la
vez, los cambios en el lenguaje pueden
producir cambios de percepción de los
fenómenos sociales. El uso del masculino
como genérico es producto de la
jerarquización entre los sexos; para eso
se hace necesario cuestionar su validez
para las necesidades de representación
de la sociedad actual y sobre todo para
las necesidades de expresión de las mujeres.
El ambiguo uso de genéricos en
los textos legales ha producido y mantenido
históricamente discriminaciones
contra las mujeres. Puesto que el texto
legal debe ser lo más claro y lo menos
ambiguo posible, es necesario que en su
redacción se incluyan formas alternas al
uso masculino/genérico, que permitan
visualizar lo femenino”. 5
Todo lo anterior sustenta la necesidad
de identificar el lenguaje sexista
contenido en el actual Decreto 17-73
del Congreso de la República de Guatemala,
conocido como Código Penal
guatemalteco.
Porque las leyes deben en su mayoría
responder a las necesidades de las personas
a las cuales pretenden regir, las leyes
demasiado ambiguas o vagas tienden por
sí mismas a ser discriminatorias para la
parte más débil en un caso concreto.
4 Artículo 1: Protección a la persona. El Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia;
su fin supremo es la realización del bien común.
Artículo 46: Preeminencia del Derecho Internacional. Se establece el principio general de que en materia de
derechos humanos, los tratados y convenciones aceptados y ratificados por Guatemala, tienen preeminencia sobre
el derecho interno. Ambos son artículos de la Constitución Política de la República de Guatemala de 1985.
5 Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas para la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente
(ILANUD), Sexismo lingüístico y lenguaje jurídico, San José, Costa Rica, Pág. 18.
–96–

El sexismo lingüístico en el código penal guatemalteco como un elemento discriminador…
La interpretación 6 que de una normativa
se puede hacer queda a criterio de
quien en su momento tiene la potestad
de interpretación, y consecuentemente,
quien tiene el poder de juzgar es quien es
responsable por dicha interpretación.
Por otro lado, cuanto más claras sean
las normas a aplicar, más accesible se
hará la interpretación, y consecuentemente
el criterio de discrecionalidad de
un juzgador o juzgadora se verá compelido
a una interpretación basada en un
lenguaje claro y sencillo.
Las normas responden a los intereses,
valores e ideologías de sus legisladores
y legisladoras, y tienen una carga
ideológica de represión y de valoración
de las personas bastante cuestionables,
en este caso, por su naturaleza de índole
penal. Consecuentemente, la normativa
es represiva en sí misma y al ser aplicada,
hay métodos para hacerlo como el
histórico o el sociológico. Si el juez o
jueza hicieran uso del método histórico
le darán más peso a lo que establece la
normativa creada por un legislador o
legisladora de línea dura, mientras que si
6 A este respecto, se argumenta la existencia de 3 tipos de teorías para la interpretación, como lo son la cognoscitiva,
que aduce que interpretar es acertar el significado objetivo del texto normativo y/o la intención subjetiva de su autor,
o sea el legislador; si la misma consiste en descubrir el verdadero sentido de la palabras, cada texto admitirá una
sola forma de interpretación que será la verdadera si es que quien interpreta acierta con su significado intrínseco.
La labor de éste consiste en descubrir el sentido objetivo de las normas y no habrá lugar para la discrecionalidad
judicial; si el lenguaje y la realidad son convencionales, la actividad de interpretación consistirá no en descubrir
el significado de las palabras sino en adscribírselo, aunado a que el aplicador del derecho asigne un significado
a un texto legal conforme a elementos valorativos e ideológicos. La interpretación no se puede concebir como
algo puramente cognoscitivo. La segunda teoría de la interpretación afirma que se trata de una actividad que
implica valoración, elección y decisión, y por lo tanto la discrecionalidad juega un papel importante. Aduce que
las palabras tienen diversos significados que dependerán, de cómo el juzgador interprete y valore el mismo. Éste
no es ni objetivo ni neutro y en él está implícito el papel creador del juez; por lo tanto, el sistema jurídico no es
completo ni coherente. La tercera teoría afirma que es una actividad tanto cognoscitiva como volitiva y por lo
tanto discrecional; argumenta que en los textos normativos se distingue un área de significado central y una zona
marginal o de penumbra. Los autores que la defienden asumen que la relación entre el lenguaje y la realidad es a
veces natural y a veces convencional; en unos casos se descubrirá el significado y en otros se le adjudicará dicho
significado, pero si el lenguaje es un sistema de símbolos cuya relación con la realidad es convencional, es decir,
establecida por los individuos, puede también ser modificada por ellos.
Los métodos de interpretación se utilizan para atribuir un significado a las normas legales y están el método
literal, el sistemático, el histórico, el de la ratio legis, el sociológico, etc. Su empleo queda al arbitrio del juez
o jueza y consecuentemente, puede dar resultados distintos y aun contradictorios. Villanueva Flores, Rocío,
Interpretación jurídica, lectura de apoyo, curso de justicia y género de la Escuela de Estudios Judiciales.
Guatemala, 2003, Págs. 244 y 245.
–97–

Revista de derechos humanos
aplican la interpretación bajo el método
sociológico, tendrían que mirar la realidad
social de quien está siendo juzgado
y de la víctima.
Un ejemplo de ello se tiene en el
siguiente artículo del Código Penal:
“Estado peligroso ARTÍCULO 87.-
Se consideran índices de peligrosidad:
1º. La declaración de inimputabilidad.
2º. La interrupción de la ejecución de la
pena por enfermedad mental del condenado.
3º. La declaración del delincuente
habitual. 4º. El caso de tentativa imposible
de delito, prevista en el artículo 15
de este Código. 5º. La vagancia habitual.
Se entiende por vago el que teniendo
aptitud para ejecutar un trabajo remunerable
se mantiene habitualmente en
holganza, viviendo a costa del trabajo
de otros, o de mendicidad, o sin medios
de subsistencia conocidos. 6º. La embriaguez
habitual. 7º. Cuando el sujeto
fuere toxicómano. 8º. La mala conducta
observada durante el cumplimiento de la
condena. 9º. La explotación o el ejercicio
de la prostitución.
Si un juez o jueza tuviera que medir
la peligrosidad conforme al inciso
que define la vagancia, resultaría que
en Guatemala, en general, un buen
número de la población resultaría ser
vaga, porque los índices de desempleo
y mendicidad de la población es inmensa;
basta con salir a las calles y ver
en las esquinas de 1 a 6 personas mendigando;
estas personas aparentemente
están en buenas condiciones físicas,
ya que se les puede ver caminando
y con sus extremidades inferiores y
superiores en buenas condiciones,
como lo refleja el informe de desarrollo
humano del año 2005 elaborado
por el Programa de Naciones Unidas
para el Desarrollo cuando resalta que
la población económicamente activa
es de 4,990,230, y esta conformada
por personas entre 7 y 17 años, ello
llevaría en un principio a pensar que el
resto son vagos y vagas; si se hiciera
la interpretación de acuerdo al método
histórico ese sería el resultado. Por
ende resultaría que la mayoría de la
población guatemalteca se encuentra
en “estado peligroso”.
Ahora bien profundizando el análisis
del artículo: “5º. La vagancia habitual.
Se entiende por vago el que teniendo
aptitud para ejecutar un trabajo remunerable
se mantiene habitualmente en
holganza, viviendo a costa del trabajo
de otros”. Esta parte resulta interesante
para este trabajo, porque si se lee literalmente
como está redactado, una
mujer sería vaga, si se toma en cuenta
que la mayoría de las mujeres dependen
económicamente del trabajo del esposo
o conviviente y más aún las mujeres
indígenas, ya que aparentemente viven
–98–

El sexismo lingüístico en el código penal guatemalteco como un elemento discriminador…
a costa de otros, pero porque la mayoría
ha tenido menos oportunidades en todos
los sentidos. Al convertirse en madres,
dejan de ser atractivas para el trabajo
remunerado, se convierten en una carga
patronal y causan “problemas”.
Por otra parte, el trabajo que la mujer
realiza dentro del hogar en este país no
se visibiliza; es un trabajo reproductivo
pero no productivo, ya que no genera
ingresos.
Por tales razones, la interpretación
tiene una importancia vital en la aplicación
de la normativa, y al momento
de hacerse, sea cual sea el método de
interpretación que se utilice, el juzgador
debe de ir más allá del mero texto de la
normativa y de su lenguaje para ver la
realidad de cada situación que se presenta
en un caso concreto.
Identificar el sexismo en el citado
cuerpo legal es necesario y fundamental,
a fin de que la interpretación y la
discrecionalidad del juzgador no se ven
tan cargadas de estereotipos, prejuicios
etc., y pueda hacer una aplicación integral
del derecho incluyendo las normas
constitucionales y los derechos humanos
de los que es titular la mujer.
En la presente investigación se
abordaron tres fases: La primera fase
esta constituida por el análisis que se
hizo de cada uno de los artículos del
Código Penal, para detectar el sexismo
contenido en el mismo, estableciéndose
que en sus diferentes palabras, frases u
oraciones se encontraron léxicos sexistas
dentro del campo sintáctico, que van
ligados a su estructura, al orden de concordancia
de las palabras por su forma
de construcción o bien al régimen de
los modos verbales que caracterizan al
idioma. Este sexismo suele ser peligroso,
ya que es más profundo y muchas
veces pasa inadvertido y es practicado
inconscientemente por los y las hablantes,
por lo que resulta más difícil de
combatir. 7
Asimismo, dicho sexismo se identificó
también en su morfología, que se
relaciona con la estructura interna de las
palabras para poder delimitarlas, definirlas
y clasificarlas a fin de darles su uso
adecuado. Finalmente, el citado cuerpo
de ley contiene oraciones y palabras
ambiguas, vagas y emotivas que poseen
una implicación, ya que la interpretación
que se haga de las mismas llevará una
connotación y una denotación en determinado
momento.
7 Lo léxico puede ser, a veces, cuestión de gustos; lo sintáctico es siempre cuestión de mentalidad. Citado por García
Meseguer, Álvaro, ¿Es sexista la lengua española. España. Editorial Paidós, Papeles de comunicación 4, 1994.
Pág. 55.
–99–

Revista de derechos humanos
En el presente trabajo se presenta
solamente la primera fase.
La segunda fase la constituye el
análisis efectuado sobre las sentencias
emitidas por tribunales de Guatemala,
al juzgar delitos cometidos por mujeres
(agresoras) y contra mujeres (víctimas),
a fin de determinar el contenido
de las mismas y evaluar las implicaciones
de las sentencias emitidas y cómo
todo el proceso de testigos, expertos y
pruebas hace referencia a las mujeres y
la forma en que se emplea el lenguaje
hacia las mismas, para concluir si éste
tiene una connotación en la misma
sentencia emitida.
La tercera fase fue la entrevista a
profesionales de tres disciplinas a fin de
indagar sus percepciones del lenguaje
y de la lengua usada en Guatemala; si
ésta es sexista y si puede contribuir a
discriminar a las mujeres. En ese sentido,
se empleó el lenguaje escrito de los
diversos registros de la lengua, como lo
son el culto, el estándar, el coloquial y
el malsonante propios de Guatemala, y
que varían en cada región.
Volviendo al análisis del Código
Penal, en la lectura de cada uno de sus
artículos se pueden percibir con cla ridad
palabras, frases u oraciones que son
ambiguas, vagas y que conllevan una
carga emotiva que tiene una implicación,
que puede ser positiva o negativa,
dependiendo de quién y cómo se interpreten,
lo que consecuentemente puede
incidir resultados tales como una acción
o actitud discriminatoria hacia uno de
los géneros, las mujeres, por la misma
construcción que se tiene de ellas en el
imaginario nacional, ante lo cual nadie
es ajeno.
Se logró evidenciar que existe una
mayor incidencia en la morfología, es
decir, en la formación del femenino
(prefijos, sufijos, en los compuestos formados
por un verbo y un sustantivo en
plural, o por un sustantivo 8 y un adjetivo 9
o bien por un adjetivo y un sustantivo,
artículos). 10
8 Los sustantivos de género masculino terminan en –o,-e o en consonante, mientras los femeninos lo hacen en a-o en
consonante; masculinos: abogado, hermano, maestro, femenino: abogada, hermana, maestra) y en algunos casos
son de diferente raíz los que se oponen en pareja (caballo-yegua, padre-madre, yerno-nuera). Algunos sustantivos
terminan en isa-esa-ina (alcalde-alcaldesa, sacerdote-sacerdotisa, héroe-heroína). Los sustantivos de doble forma
aluden al mundo animado (hermano-hermana, gato-gata) y los sustantivos de forma única designan colectivos
(ejercito, comité, clero y no marcan sexo). Ibídem, Págs. 28 y 31.
9 El adjetivo es un hecho puramente sintáctico; depende de que esté relacionado con un sustantivo de género masculino
o femenino y debe de concordar obligatoriamente. Existen los de doble forma (traidor-traidora, rico-rica),
y los de forma única para ambos géneros (feliz, agradable, amable audaz). Ibídem, Pág. 36.
10 Según la lengua española, el artículo debe adoptar el género del nombre al que acompaña (el niño- la niña, el
empleado- la empleada) Ibídem Pág. 39.
–100–

El sexismo lingüístico en el código penal guatemalteco como un elemento discriminador…
En el Código Penal se hace visible
el sexismo lingüístico en las siguientes
palabras, frases u oraciones, a saber:
“reo, funcionario, guatemalteco,
presidente, absuelto o condenado,
padre, hijos, adoptados, jefes, agentes,
encargados, directores, gerentes,
ejecutivos, administradores, obligado,
vago, agraviado, subversivos,
sancionado, empleador, propietario,
tutor, tutores, protutores, maestros,
guardadores, soltero, hermano,
consumidor, auditor, perito contador,
experto, director, liquidador,
empleado, deudor, capitán, piloto,
mecánico, autorizado, elector, subalterno,
árbitros, traductor, notario,
abogado, mandatario judicial, expendedores,
dueño, ebrio, toxicómanos,
juez de ejecución, médico, químico,
biólogo, farmacéutico, odontólogo,
laboratorista, enfermero, obstetra,
encargado de la educación, los ministros
de culto”.
Estas palabras propias del Código
Penal actual son eminentemente masculinas;
en ninguna de ellas se utiliza
la femenina, existiendo en el registro
del Diccionario de la Real Academia
Española, y habiéndose ya elaborado
muchos estudios e investigaciones
sobre la necesidad de visibilizar en el
consciente y en el subconsciente de la
población una realidad: la sociedad se
forma de mujeres y hombres y como
tal, el lenguaje debe ser inclusivo de
esa realidad social.
Pero, ¿qué palabras se pueden emplear
para que sea inclusivo rea, funcionaria,
guatemalteca, presidenta, absuelta,
condenada, madre, hijas, adoptadas,
jefas, encargadas, directoras, personal de
la gerencia, ejecutivas, administradoras,
obligada, vaga, agraviada, subversivas,
sancionada, empleadora, propietaria, tutora,
tutoras, protutoras, maestras, guardadoras,
soltera, hermana, consumidora,
auditora, perita contadora, experta, directora,
liquidadora, empleada, deudora,
capitana, pilota, mecánica, autorizada,
electora, subalterna, árbitras, traductora,
notaria, abogada, mandataria judicial,
expendedoras, dueña, autorizada, medica,
química, bióloga, farmacéutica,
encargada, las ministras de cultos”.
Aunque estas palabras tienen su
femenino, se les suele encontrar el
obstáculo de que repetitivo colocar por
ejemplo jueces y juezas, reo y rea, directora
y director; sin embargo, existen
otras palabras por las cuales se les puede
sustituir sin que sea repetitivo, como lo
son: las personas con minoría de edad,
las personas adoptadas, la soltería, las
personas recluidas, las personas que
cumplen una pena, personal docente, las
personas profesionales de la abogacía
y del notariado, quienes ejercen la administración,
la gerencia, supervisión,
tutoría, protutorías, las personas autori-
–101–

Revista de derechos humanos
zadas, juez y jueza de ejecución, o las
judicaturas de ejecución, las personas
profesionales de la medicina, biología,
farmacia, etcétera.
Existen maneras de ir construyendo
paulatinamente en el consciente y en el
subconsciente de la población así como
en el imaginario colectivo, la idea de que
las mujeres existen y que contribuyen
con este país desde sus espacios, tanto
públicos como privados.
La lengua tiene una función fundamental
en las personas, ya que les va dando
una identidad que les pertenece e identifica
como algo o alguien; y en el caso de las
mujeres, una identidad que les ha sido por
mucho tiempo mutilada y asignada, hecho
que ya resulta tan natural, que ellas mismas
replican toda esa identidad asignada
a través de la lengua y la van socializando
a otras personas a través de sus acciones,
actitudes, emisión de palabras, oraciones,
escritos, etc. Eso sólo contribuye a continuar
manteniendo una posición de inferioridad
o de relegación en la sociedad.
Existen, en el mismo Código Penal,
palabras formadas por un artículo y un
sustantivo, o bien un sustantivo con un adjetivo,
entre las que resaltan las siguientes:
“el imputado, los jueces, el autor, el menor
de edad, el delincuente, del procesado,
del ofendido, del ofensor, los autores,
los cómplices, los partícipes, los responsables,
los reclusos, el encausado, los
reincidentes, el juzgador, el beneficiado,
al favorecido, los declarados delincuentes
habituales, se someterá el sujeto, los enfermos,
el sujeto peligroso, personalidad del
conductor, los herederos, el agraviado, el
médico, un niño, los jefes de Estado, los
representantes diplomáticos, los ascendientes,
del secuestrado, los cómplices, los
encubridores, el particular, del morador,
del penado, sus hijos, el dueño de una
cosa, el responsable, el auditor, el consorte
viudo, su difunto cónyuge, el conductor,
cuando el autor del delito, el facultativo, el
comerciante, al quebrado, el concursado,
el contribuyente, los meros ejecutores, los
instigadores, un elector, los presidentes de
los organismos del Estado, el jefe o agente
de la policía, un subalterno, los miembros
de las policías, los abogados, el testigo,
el intérprete, el traductor, los cabecillas o
dirigente, los banqueros, los encargados
de la guarda o custodia, el dueño, el traficante,
el subordinado”.
Veamos un ejemplo de como se
leería el artículo 26, utilizando un lenguaje
incluyente: 11 - Son circunstancias
atenuantes: Inferioridad síquica 1º. Las
condiciones determinadas por circuns-
11 En el presente ejemplo se ha omitido la redacción actual del artículo y se ha elaborado con el lenguaje inclusivo
a propuesta de la investigadora.
–102–

El sexismo lingüístico en el código penal guatemalteco como un elemento discriminador…
tancias orgánicas o patológicas que disminuyan,
sin excluirla, la capacidad de
comprender o de querer de la persona.
Exceso de las causas de justificación. 2º.
El exceso de los límites establecidos en
las causas de justificación. Estado emotivo
3º. Obrar la persona delincuente por
estímulos tan poderosos que, naturalmente,
hayan producido arrebato u obcecación.
Arrepentimiento eficaz 4º. Si
quien delinque ha procurado, con celo,
reparar el daño causado o impedir sus
ulteriores perniciosas consecuencias.
Reparación del perjuicio 5º. Si la persona
delincuente, a criterio del tribunal,
ha reparado, restituido o indemnizado
adecuada y satisfactoriamente el daño
causado antes de dictarse sentencia.
Preterintencionalidad 6º. No haber tenido
intención de causar un daño de tanta
gravedad, como el que se produjo. Presentación
a la autoridad 7º. Si, pudiendo
la persona imputada eludir la acción de
la justicia por fuga u otro medio idóneo,
se ha presentado voluntariamente a la
autoridad. Confesión espontánea 8º. La
confesión del procesado y la procesada,
si la hubiere prestado en su primera
declaración. Ignorancia 9º. La falta de
ilustración, dada la naturaleza del delito,
en cuanto haya influido en su ejecución.
Dificultad de prever 10. En los delitos
culposos, causar el resultado dañoso
en circunstancias que lo hacían muy
improbable o difícil de prever. Provocación
o amenaza 11. Haber precedido
inmediatamente, de parte de la persona
ofendida, provocación o amenaza en
proporción al delito. Vindicación de
ofensas 12. Haber ejecutado el hecho
en vindicación próxima de una ofensa
grave, causada al autor y autora del
delito, su cónyuge, su concubinario, o
concubinaria, sus parientes dentro de los
grados de ley, las personas adoptantes o
bien las personas adoptadas. Se entiende
por vindicación próxima la que se ejerce
consecutivamente a la ofensa, o cuando
no ha habido el tiempo necesario para
la reflexión. Inculpabilidad incompleta
13. Las expresadas en el artículo 25
cuando no concurran los requisitos necesarios
para excluir de responsabilidad
en los respectivos casos. Atenuantes por
analogía 14. Cualquiera otra circunstancia
de igual entidad y análoga a las
anteriores”.
En esta parte también se pueden citar
palabras que sean inclusivas de lo femenino
sin que se pierda el sentido gramatical;
se pueden emplear aquí según la investigadora:
“las personas imputadas, los
jueces y las juezas, la autoría, la minoría
de edad, la persona delincuente, el procesado
y la procesada, la persona ofendida,
el ofensor y la ofensora, la autoría, las
personas cómplices o la complicidad, los
y las partícipes, los y las responsables, las
personas reclusas o bien reclusos y reclusas,
la persona encausada, las personas
reincidentes o la reincidencia”.
–103–

Revista de derechos humanos
Otras inclusiones sugeridas para
el cuerpo legal objeto de análisis: “el
juzgador y la juzgadora, el beneficiado
y la beneficiada, la persona favorecida,
las personas declaradas delincuentes
habituales, se someterá a la persona, las
personas enfermas, la persona peligrosa,
la persona que conduce, las personas
herederas, el personal médico o de la
medicina, un niño o una niña o bien la
niñez, los jefes y jefas de Estado, las
personas representantes diplomáticas,
los representantes diplomáticos y diplomáticas,
los y las ascendientes, el secuestrado
y la secuestrada o la personas
secuestrada, la complicidad, las personas
encubridoras, la persona particular,
el morador y la moradora”.
“El penado y la penada, sus hijos
e hijas, la persona dueña de una cosa,
la persona responsable, el auditor y la
auditora, el cónyuge viudo o la cónyuge
viuda, su difunto o difunta cónyuge, la
persona conductora, cuando la autoría
del delito, la persona facultativa, la
persona comerciante, al quebrado y la
quebrada, la persona concursada, el y la
contribuyente, las personas ejecutoras,
las personas que instigan o instigadoras,
un elector y una electora, los presidentes
y las presidentas de los organismos del
Estado, el jefe o jefa, de la policía o
personas que forman parte de las fuerzas
policiales,“un subalterno y una subalterna,
las personas que ejercen la abogacía,
el testigo y la testigo, el y la intérprete,
el traductor y la traductora, las personas
cabecillas o la dirigencia, las personas
de las empresas bancarias, los encargados
y las encargadas de la guarda o
custodia, la persona propietaria o dueña,
el y la traficante, el subordinado y la
subordinada”.
El yo de los términos existentes
tanto en masculino como en femenino
contribuye a visibilizar la existencia de
las mujeres, lo que puede incidir en el
imaginario colectivo y en el subconsciente
de las personas.
Asimismo, en el cuerpo legal existen
mensajes que son ambiguos y vagos,
y que consecuentemente tienen una
carga emotiva que conlleva una implicación
de acuerdo al contexto donde se
utilizan.
Se extrajeron del actual Código
Penal unas oraciones para analizar
cómo la ambigüedad, la vaguedad y
la emotividad tienen una connotación
y una denotación en el campo de la
lingüística y de la pragmática, ya que
en el contexto existe una visión y una
conceptualización de las mujeres. 12
12 No se transcribirán los artículos en todo su contenido, sino sólo la oración analizada.
–104–

El sexismo lingüístico en el código penal guatemalteco como un elemento discriminador…
“El juez a su prudente arbitrio. Tiempo
indeterminado. Vagancia habitual. Si lo
estimaren peligroso o bien peligrosidad.
Costumbres disolutas. Maliciosamente.
Deshonra, descrédito y menosprecio.
Decoro del ofendido ante la sociedad.
Usando de violencia suficiente para
conseguir su propósito. Aprovechando
las circunstancias, provocadas o no por
el agente, de encontrarse la mujer privada
de razón o de sentido o incapacitada para
resistir. Acceso carnal con mujer honesta
y aprovechando su inexperiencia u
obteniendo su confianza. Mujer honesta.
Deshonesta.
Actos sexuales distintos al acceso
carnal. Actos sexuales perversos prematuros
o excesivos. Actos obscenos. Pudor.
La viuda que contrajere matrimonio
antes de transcurrido el plazo señalado
en el Código Civil para que pueda contraer
nuevas nupcias. La mujer cuyo
matrimonio hubiere sido disuelto por
divorcio o declarado nulo, si contrajere
nuevas nupcias antes de que haya transcurrido
el plazo señalado por el Código
Civil. Ideología comunista. Quien, en
cualquier forma, ofendiere a mujeres
con requerimientos o proposiciones
indebidas, incorrectas, irrespetuosas u
obscenas o las siguiere o molestare con
cualquier propósito indebido”.
Todas las oraciones o frases que se
transcribieron del corpus legal tienen la
característica de ser palabras empleadas
en el sociolecto jurídico, que está
en manos de un grupo privilegiado
de personas que cuentan con una
preparación muy especializada. Esas
frases en sí están sobreelaboradas, ya
que son ambiguas y es de entender que
la ambigüedad tiene que ver con varios
significados de las palabras; y en ese
sentido, lo que para una persona puede
tener un significado para otra tendrá
otro, y lo que es bueno y positivo para
uno y una será negativo para otras;
por ejemplo, la vagancia habitual,
astucia, fraude y disfraz, honestidad,
deshonestidad, decoro, pudor, actos
sexuales excesivos, etcétera. Las
mencionadas son palabras subjetivas
que no pueden “medirse”, porque cada
persona les dará la interpretación que se
ajuste a sus esquemas mentales, sociales
y culturales.
Por otro lado, están impregnadas
de vaguedad; para alguien, una mujer
honesta es aquélla que nunca ha tenido
relaciones sexuales, mientras que para
otra, una mujer trabajadora del sexo
no deja de ser una mujer honesta por
el hecho de ganarse la vida con dicho
oficio. Una mujer pudorosa puede ser
alguien que cuida su cuerpo y lleva una
vida en completa abstinencia de todo lo
mundano, pero para alguien, una mujer
así podría ser sólo una monja o santa.
La interpretación es relativa; depende de
quién lo haga, cuándo y en qué contexto.
–105–

Revista de derechos humanos
En el caso de Guatemala, que tiene las
características de una sociedad eminentemente
machista, las mujeres han sido
vistas como la propiedad de alguien por
un lado, y también como seres extraordinarias,
o bien malvadas que no deben
cometer actos fuera de lo que se concibe
como la mujer ideal.
Por el otro lado, todas las palabras
llevan implícita una emotividad, que no
es más que la implicatura, 13 que puede
ser negativa o positiva dependiendo de
quién interprete y juzgue, aunado a otras
circunstancias como el estado anímico,
el momento en que se está dando la interpretación.
En todo acto del habla, sea
ésta expresada o analizada a lo interno
de una persona, va existir una intencionalidad,
y en ese proceso existe toda
una carga negativa o positiva, ya que al
final de cuentas las personas son seres
de carne y hueso y como tales, están investidas
y revestidas de juicios de valor,
prejuicios, tabúes, esquemas mentales,
frustraciones, traumas, etc., que afloran
en cada proceso de sus vidas.
Lo que las personas dicen en un
momento dado tiene una implicación;
la oración en sí lleva una denotación
y quien emite (hablante), le da una
connotación; por ejemplo: “Estupro
mediante inexperiencia o confianza, artículo
176.- El acceso carnal con mujer
honesta, mayor de doce años y menor de
catorce, aprovechando su inexperiencia
u obteniendo su confianza, se sancionará
con prisión de uno a dos años. Si la edad
de la víctima estuviere comprendida
entre los catorce y los diez y ocho años,
la pena a imponerse será de seis meses
a un año”.
Oración que se emite por el hablante:
El acceso carnal con mujer honesta,
mayor de doce años y menor de catorce,
aprovechando su inexperiencia
u obteniendo su confianza. Ésta tiene
una denotación que va en la siguiente
línea:
La honestidad es un valor subjetivo
que no se puede medir; es intangible.
La honestidad está relacionada con la
sexualidad de una persona del sexo femenino.
Una niña debe tener madurez
de sus actos (psicológicamente se sabe
que no hay plena madurez a esa edad).
Una persona con experiencia es una
persona vivida y conocedora del mundo.
La confianza es una actitud que se da
13 Las palabras que usamos constituyen casi siempre un esbozo, un dibujo aproximado, una guía imprecisa y cambiante
según la ocasión; guía que tiene la virtud, sin embargo, de suscitar ciertas imágenes mentales en nuestros
interlocutores. Si esas imágenes coinciden aproximadamente con las que queríamos provocar, consideramos que
nos hemos comunicado. La pragmática estudia los principios regulares que guían los procesos de interpretación
lingüística. Reyes, Graciela, “El abecé de la pragmática”, Madrid: Editorial Ibérica, 2000. Pág. 9.
–106–

El sexismo lingüístico en el código penal guatemalteco como un elemento discriminador…
por la interrelación entre personas, eso
incluye a niñas y a niños, y es ganada
con el trato, los afectos, las relaciones
constantes, etcétera.
Cuál es la connotación que le podría
dar el hablante:
Una mujer que disfruta su sexualidad,
no es honesta.
La honestidad para las mujeres está
relacionada con su cuerpo y el uso que
hacen de él, por lo tanto las trabajadoras
sexuales no son honestas.
Una niña antes que ser niña debe ser
madura.
Si la niña es madura no tendría porqué
ser inexperta.
Las relaciones de confianza pueden
ser con un tío, abuelo, primo, hermano,
vecino, maestro, amigo, etc.
Sin embargo, al momento de imponer
una sanción, sí hay una lectura
muy clara: se pide honestidad, madurez,
desconfianza, pero si no se tiene ese
panorama, se castiga con poca prisión
al sujeto que comete un acto de esta naturaleza
con una menor; en ese caso ya
no se protege el hecho de abusar de su
sexualidad, aunque sea utilizando medios
como obtener confianza y afectos.
Y si es mayor de edad, el castigo es
aún menor; en ese caso, la sexualidad y
el cuerpo de la menor quedan a un lado
para el castigo. Cuanta razón tiene Tamar
Pitch, quien afirma que el derecho penal
tiene sexo.
Conclusiones
1. Existe un lenguaje sexista contenido
en el Código Penal guatemalteco,
que contribuye a reforzar la
violencia contra las mujeres en la
aplicación de justicia. Quienes aplican
la ley pueden estár investidos
de prejuicios, tabúes y esquemas
mentales.
2. La interpretación que se hace de la
normativa penal puede estar cargada
de emotividad y subjetividades
muy particulares de cada juzgador o
juzgadora, quienes como humanos
se mueven por emocionalidades,
responden a intereses y defienden
ideologías.
3. El sexismo lingüístico perpetúa la
visión y la cosmovisión que se tiene
de las mujeres como seres inferiores,
objetos sexuales, agentes reproductoras,
incapacitadas para tomar decisiones,
débiles, tontas, etc., ya que
la lengua forma parte de la cultura y
crea una identidad. Dado que el lenguaje
es la expresión de un pueblo,
cuanto más represivo sea un pueblo
–107–

Revista de derechos humanos
o región su lengua formará parte de
esa misma visión y cosmovisión de
vida.
4. El Código Penal guatemalteco
muestra un marcado sexismo en el
uso abusivo del género masculino
como término neutro, lo que implica
que existe un sexismo sintáctico
y morfológico en su redacción, y
consecuentemente, la interpretación
jurídica que se hace del mismo
–debido a como está estructurado
el Estado–, responde a un sistema
patriarcal y androcéntrico que invisibiliza
y discrimina a más de la
mitad de la población conformada
por mujeres.
5. El Código Penal guatemalteco, está
construido con palabras ambiguas
y vagas y con una carga emotiva
que en su mayoría es negativa, lo
que incide en la interpretación que
se hace de del mismo por quienes
tienen la facultad legal de aplicarlo
a un caso concreto.
Recomendaciones
1. Que los encargados de elaborar,
proponer y redactar leyes, posean
una preparación en el tema de la
lingüística y la implicatura que el
idioma tiene en la cosmovisión y
visión de la sociedad o que reciban
una adecuada asesoría al respecto,
a fin de mejorar la redacción de
los cuerpos legales. De esa manera
podrán emitir cuerpos legales en términos
claros, sencillos y coherentes
con la realidad guatemalteca.
2. El Estado se ha comprometido a modificar
todas las normas de la legislación
que tiendan a discriminar a las
mujeres; en ese sentido, el Código
Penal constituye una normativa que
debe ser revisada en su totalidad y
reformada, o bien debe crearse una
nueva normativa penal acorde con
la realidad social, jurídica y política,
con inclusión de género y en un
lenguaje inclusivo de dicha realidad
social.
3. Se hace necesario capacitar al
per sonal operativo del sistema de
justicia para que introyecte que la
sociedad está formada por mujeres y
hombres; que el idioma y en especial
el sociolecto jurídico no es neutro,
y que la interpretación de la ley
cargada de subjetividad incide en la
discriminación contra las mujeres.
4. Se recomienda retomar el cuerpo
legal existente y analizarlo con detenimiento,
a fin de poder abordarlo
desde una perspectiva de género y
con un lenguaje que visibilice la
existencia de lo femenino en el empleo,
redacción y utilización de adjetivos,
artículos, sustantivos, pro-
–108–

El sexismo lingüístico en el código penal guatemalteco como un elemento discriminador…
nombres, profesiones y oficios, etc.
Ello contribuirá en cierta medida a
ir concientizando y sensibilizando
el consciente y subconsciente de los
y las sociolectas jurídicas sobre la
existencia de lo femenino.
5. En la redacción de leyes claras, debe
usarse un lenguaje sencillo, sin tanta
ambigüedad, ni vaguedad y sin carga
emotiva, para que la interpretación
pueda abordarse desde la perspectiva
de género, empleando el método
sociológico, que dé como resultado
una aplicación de la ley que sea
objetiva y apegada a la justicia y
equidad.
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Revista de derechos humanos
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Tesis de Graduación:
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Tesis de Graduación de la
Licenciatura en Ciencias Jurídicas
y Sociales, Facultad de Ciencias
Jurídicas y Sociales, Universidad de
San Carlos de Guatemala, 2002.
–113–

INVESTIGACIÓN

El impacto que tienen los principios
de igualdad y universalidad de los
derechos humanos en las mujeres
que viven en la cabecera del
departamento de Guatemala

CLAUDIA VERÓNICA ÁGREDA AJQUÍ
Magíster en Derechos Humanos por la Universidad Rafael Landívar; es Licenciada
en Ciencia Política egresada de la Universidad de San Carlos de Guatemala asimismo
egresada del Seminario Permanente de Investigación en Derechos Humanos organizado
por el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de San Carlos de Guatemala
–IDHUSAC–, y por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Rafael
Landívar –IIJ/URL–. Además de Licenciada en Teología por la Universidad Mariano
Gálvez.
Se ha desempeñado como investigadora social de la Oficina de Derechos Humanos
de Guatemala; realizó y publicó dos investigaciones sobre la situación de la niñez en
Guatemala, en los años 2003 y 2004. Además de investigadora, durante el año 2006
fue apoyada por el “Proyecto Regional de Apoyo a la Educación, Capacitación e Investigación
en Derechos Humanos en Centroamérica” a través del Instituto de Derechos
Humanos de la Universidad de San Carlos de Guatemala –IDHUSAC– y del Instituto
de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Rafael Landívar –IIJ/URL–.
También ha trabajado como docente en la Escuela de Ciencia Política de la Universidad
de San Carlos de Guatemala y es miembra fundadora y actual secretaria de la
Asociación de Mujeres “Alzando Voces”.
–118–

RESUMEN EJECUTIVO
En la presente investigación se desarrollan los siguientes temas:
a) Una breve reseña sobre la evolución histórica de los “principios de igualdad y
universalidad de los derechos humanos”, desde el surgimiento de la República
hasta finales del siglo XX.
b) Una discusión filosófica sobre la concepción que se tiene sobre la “igualdad”
y la “universalidad” de los derechos humanos, a la luz de conceptos como:
“homogeneización”, “valoración de la diferencia”, “relativismos culturales”,
“discriminación” y “equidad”, así como a la luz de convenciones y tratados
internacionales en materia de derechos humanos y derechos de las mujeres.
c) Un análisis legisgráfico sobre la evolución y aplicación del “principio de igualdad
de los derechos humanos” a la ciudadanía guatemalteca en los textos constitucionales
con los que ha contado el país hasta la fecha. Asimismo, se analizan y
evidencian algunos artículos de los Códigos Penal y Procesal Penal del país, a
través de los cuales se violan flagrantemente algunos derechos de las mujeres
que pertenecen al núcleo “duro” de los derechos humanos.
d) Se presenta cuál es la situación del goce de los derechos humanos de las guatemaltecas,
usando como variables los siguientes derechos: la participación
política, el trabajo, la educación, la tenencia de la tierra y/o propiedad, la salud
reproductiva, y el acceso a la justicia.
e) Se presenta la percepción conceptual que tienen los hombres y las mujeres en relación
con los principios de “igualdad y universalidad de los derechos humanos”,
a la luz de su cotidianeidad. En este mismo apartado se presenta la metodología
–119–

Revista de derechos humanos
usada, la descripción de la aplicación de las herramientas metodológicas y la
identificación de los y las sujetas de análisis.
f) La última parte trata sobre las principales conclusiones a las que la investigadora
arribó y sus respectivas recomendaciones.
–120–

ABSTRACT
In this section, its included the final report related to the research carried out by
the author, with support of the Regional project of support to the education, training
and investigation in human rights in central America through the Institute of
Humans Rights of the University of San Carlos of Guatemala -IDHUSAC- and of
the Institute of Legal Investigations of Legal Investigations of the University Rafael
Landívar -IIJ/URL-.
This investigation reviews the historical evolution of the “principles of equality
and universality of the human rights” arose from the settlement of the Republic at the
end of the last century. Also it presents a philosophical discussion on the conception
of “equality” and the “universality” of the human rights, with clear concepts as:
“homogenize”, “appraisal of the difference”, “cultural relativisms” “discrimination”
and “equity”. For this discussion, the conventions and treaties regarding human
rights and rights for women were taken into account.
Afterwards, it is presented a legislative analysis about the evolution and application
of the “principle of equality of the human rights” for the Guatemalan citizens
in the constitutional texts which have been the ones that the country has counted
on until now. Also, some articles are analyzed, not only about the Penal Code, but
also the Prosecution Penalty which is the mean to flagrantly violate some women’s
rights.
In the report of this investigation it is described, besides, the situation of the
enjoyment of the human rights of Guatemalans, using as variable the following
rights: the political participation, work, education, the property and possession of
the land, reproductive health, access to the justice.
–121–

Revista de derechos humanos
Finally, it is presented the perception that men have regarding the principles of
“equality and universality of the human rights”, conceptually and clearly stated according
to its habitual status. In this same section the methodology used is presented,
the description of the application of the methodological tools and identification of
the analyzed subjects.
–122–

CONTENIDO
Introducción ............................................................................................................. 127
1. Los principios de igualdad y universalidad de los derechos humanos ............ 129
1.1 Antecedentes del principio de igualdad ................................................... 130
1.1.1 La igualdad en las primeras declaraciones
liberales de derechos humanos ...................................................130
1.1.2 Negación del principio de igualdad a las mujeres .....................132
1.2 La igualdad y la universalidad de los derechos humanos
en la Declaración Universal de Derechos Humanos ................................ 137
1.3 La igualdad y la universalidad de los derechos humanos en la
“Convención Americana sobre Derechos Humanos”
(Pacto de San José) .................................................................................. 140
1.4 La igualdad y la universalidad de los derechos humanos en la
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación Contra La Mujer (CEDAW) ........................................... 142
1.5 La igualdad y la universalidad de los derechos humanos en la
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la
Violencia Contra La Mujer (Convención de Belem Do Pará) ................. 144
1.6 Discusión sobre la igualdad y la universalidad de los derechos humanos
y la especificidad de los derechos humanos de las mujeres ..................... 146
1.7 Los aportes del feminismo: la igualdad y la equidad ............................... 149
1.7.1 Los principios de igualdad y no discriminación ........................... 149
1.7.2 El principio de equidad ................................................................ 152
2. La posición y ubicación de las mujeres respecto de los hombres en
el imaginario social y el sistema jurídico guatemalteco ................................... 155
2.1 Las mujeres en el imaginario social guatemalteco .................................. 155
2.2 Las mujeres en el constitucionalismo guatemalteco ................................ 158
–123–

Revista de derechos humanos
2.2.1 Antecedentes del principio de igualdad en las constituciones
de la República de Guatemala y su aplicación a las mujeres ....... 158
2.2.2 Las mujeres en la Constitución Política de la
República de 1985 ........................................................................ 163
2.3 Las mujeres y los Acuerdos de Paz ......................................................... 167
2.4 Las mujeres y la Ley para Prevenir,
Sancionar y Erradicar la Violencia Intrafamiliar ..................................... 171
3. Análisis de género del goce de los siguientes derechos:
participación política, trabajo, educación, propiedad y tierra,
derechos sexuales y reproductivos; y acceso a la justicia ................................. 175
3.1 La participación política de las mujeres ................................................... 175
3.1.1 Mujeres en cargos públicos ........................................................... 177
3.1.2 El trayecto para el ejercicio del sufragio femenino ...................... 189
3.1.3 La participación política de las mujeres y las dificultades
que afrontan para ejercerla ........................................................... 191
3.2 Derecho al trabajo .................................................................................... 196
3.2.1 Condiciones laborales de las mujeres ........................................... 200
3.2.2 El impacto de la discriminación laboral en
los hogares monoparentales femeninos ........................................ 207
3.2.3 El principio de igualdad desde la normativa laboral ..................... 209
3.3 Derecho a la educación ............................................................................ 210
3.4 Derecho a la propiedad y a la tierra ......................................................... 215
3.5 Los derechos sexuales y reproductivos .................................................... 218
3.5.1 Fecundidad y maternidad adolescente .......................................... 219
3.5.2 Mortalidad materna ...................................................................... 222
3.5.3 Mujeres: principales víctimas de la violencia sexual ................... 225
3.6 Las guatemaltecas y el acceso a la justicia .............................................. 228
4. Análisis de los resultados obtenidos en el trabajo de campo ............................ 236
4.1 Herramientas metodológicas aplicadas a personas
sujetas de análisis ..................................................................................... 237
4.1.1 Entrevistas .................................................................................... 237
4.1.2 Cuestionarios ................................................................................ 237
–124–

El impacto que tienen los principios de igualdad y universidad de los derechos humanos…
4.1.3 Observaciones generales sobre la aplicación
de las herramientas metodológicas ............................................... 238
4.2 Análisis de los resultados obtenidos a través de las entrevistas
y los cuestionarios .................................................................................... 239
4.2.1 Percepción sobre la igualdad entre hombres y mujeres ............... 240
4.2.2 Los puestos directivos ¿quiénes los ocupan¿por qué .............. 242
4.2.3 Las mujeres sujetas de investigación ¿están en posibilidades
de tomar decisiones o emitir opiniones Cuando lo hacen,
¿las mismas son valoradas igual que las de los hombres ........... 253
4.2.4 ¿Cuáles funciones asumen los hombres y
las mujeres en la práctica ............................................................ 254
4.2.5 ¿Cuáles son las condiciones en las que las mujeres
desarrollan su trabajo productivo y/o reproductivo .................... 255
4.2.6 Identificación de los roles de las mujeres y sus
aportes a la sociedad guatemalteca ............................................... 258
Conclusiones ........................................................................................................... 261
Recomendaciones ................................................................................................... 266
Referencias .............................................................................................................. 268
Anexos ..................................................................................................................... 275
–125–

El impacto que tienen los principios de
igualdad y universalidad de los derechos humanos
en las mujeres que viven en la cabecera del
departamento de Guatemala 1
Claudia Verónica Ágreda Ajquí
Introducción
El presente trabajo es resultado
de un proceso de formación de
profesionales para la investigación
social en derechos humanos y de otro
proceso que apoyó la ejecución de la
respectiva investigación, con el soporte
del Instituto de Investigaciones Jurídicas
(IIJ) de la Universidad Rafael Landívar
y el Instituto de Derechos Humanos
de la Universidad de San Carlos de
Guatemala (IDHUSAC), auspiciado
por el Gobierno de Finlandia a través
de los proyectos: “Apoyo a la Reforma
Educativa en Derechos Humanos en
Guatemala” y “Apoyo a la Educación,
Capacitación e Investigación en Derechos
Humanos en Centroamérica” (“Proyecto
Finlandia”).
En el año 2002, al fi nalizar los
estudios del “Seminario Permanente de
Investigación en Derechos Humanos”,
la investigadora propuso trabajar el tema
“El impacto que tienen la igualdad y la
universalidad de los derechos humanos
en las mujeres guate maltecas”. En
el año 2005, las instituciones antes mencionadas
seleccionaron esta propuesta
investigativa para ser ejecutada.
Gracias a esta propuesta, la autora
logró materializar una investigación que
ha resultado sumamente enriquecedora
en dos niveles: a) personalmente, puesto
que el aprendizaje obtenido a lo largo de
este proceso en lo referente a los derechos
de las mujeres y la teoría de género
ha sido invaluable; y b) profesionalmente,
puesto que se tuvo la oportunidad
de aportar un documento en el que se
analiza cualitativa y cuantitativamente
con enfoque de género, la realidad de
las féminas de Guatemala. Este trabajo
permite desmitificar que los logros que
1 Este es el informe final correspondiente a la investigación realizada por la autora, con el auspicio del “Proyecto
Regional de Apoyo a la Educación, Capacitación e Investigación en Derechos Humanos en Centroamérica” a
través del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de San Carlos de Guatemala –IDHUSAC– y del
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Rafael Landívar –IIJ/URL–.
–127–

Revista de derechos humanos
las guatemaltecas han obtenido son una
dádiva; más bien se evidencia que éstos
son el producto de luchas de años y años
de miles de mujeres que buscan el pleno
goce de sus derechos.
El método de investigación usado
fue cualitativo-cuantitativo y descriptivo;
el mismo implicó el análisis de
género, así como el documental y legisgráfico
a través de matrices de vaciado
que se presentan en los distintos capítulos
del informe final. No obstante que
se trabajó con alguna jurisprudencia en
materia de derechos humanos, es importante
resaltar que el enfoque es desde las
ciencias sociales, porque los derechos
humanos son justiciables no sólo desde
el derecho sino desde otras disciplinas,
por ejemplo: las construcciones con una
visión de “accesibilidad”; una economía
con “enfoque social”, etc.
Las sujetas y sujetos de análisis
fueron mujeres guatemaltecas activistas,
con puestos directivos al interior
de sus organizaciones reivindicadoras
de demandas sociales; mujeres profesionales,
miembras de juntas directivas
de sus colegios profesionales; mujeres
que desarrollan trabajos técnicos, tradicionalmente
ejercidos por hombres;
campesinas, lideresas de movimientos
pro-tierra; operarias, miembras de juntas
directivas de sindicatos; mujeres en
máximos puestos jerárquicos permitidos
en sus iglesias; directores y directoras de
organizaciones de defensa y promoción
de los derechos humanos; funcionarios
de Gobierno; autoridades académicas;
autoridades eclesiales en puestos jerárquicos
de las iglesias. Del total de
la muestra estipulada, se logró obtener
información de un 89%, mientras que
no se tuvo acceso a un 11%, constituída
especialmente por lideresas y líderes
religiosos.
Debido a que el Proyecto Finlandia
presentó un presupuesto y un tiempo
máximo para la realización de esta investigación,
el trabajo fue delimitado (específicamente
el capítulo III y la selección
de la muestra de los sujetos y sujetas de
investigación) geográficamente a la cabecera
del departamento de Guatemala;
sin embargo, la investigadora presentó,
cuando fue posible, datos cuantitativos
de la ciudad de Guatemala así como de
toda la República, a manera de aportar
más elementos de análisis, tanto comparativos
como globales, sobre la situación
de las féminas del país. Lamentablemente,
el aporte cualitativo se limitó al ámbito
definido, que es donde se concentra
la mayor parte de recursos y servicios,
lo cual lo hace disímil del resto del
país, que es multicultural, multilingüe y
multiétnico; con distintas economías y
niveles de desarrollo humano, etc.
–128–

El impacto que tienen los principios de igualdad y universidad de los derechos humanos…
El contenido de la presente investigación
se presenta de manera deductiva.
En el primer capítulo se presenta
una discusión acerca de los principios
de igualdad y de universalidad de los
derechos humanos: su evolución a
partir del surgimiento de la República
hasta la presente fecha; quiénes han
sido sus titulares; su significado; la
equidad y el aporte del feminismo. En
el segundo capítulo se presenta cuál ha
sido la evolución de estos principios
en los distintos textos constitucionales
guatemaltecos, particularmente el de
1985; en los Acuerdos de Paz y en la Ley
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la
Violencia Intrafamiliar, mientras que en
el tercer capítulo se hace un análisis de
cuál es la situación de las guatemaltecas,
tomando como variables de análisis los
siguientes derechos humanos: la participación
política, el trabajo, la educación,
el derecho a la propiedad y a la tierra,
los derechos sexuales y reproductivos y
el acceso a la justicia.
Por último, se presentan los resultados
y el respectivo análisis de la
investigación de campo, señalándose
los problemas que se tuvieron para la
realización de la misma, así como un
listado de conclusiones y recomendaciones
que se hacen, especialmente a las
universidades del país, que son las que
están formando a los futuros funcionarios
y funcionarias de Estado.
Esta investigación busca ser una
herramienta de apoyo al trabajo de la
academia y, particularmente, del movimiento
de mujeres, que permita evidenciar
las condiciones de desventaja
en que viven las guatemaltecas respecto
a los hombres y motivar la implementación
de medidas que las equiparen, a
la luz de los principios de universalidad
e igualdad de los derechos humanos
que se basan en la justicia sustantiva
y no en la justicia isónomo, que sólo
es homogeneizadora, asimilacionista y
androcéntrica.
1. Los principios de igualdad y
universalidad de los derechos
humanos
Introducción
En el presente capítulo se aborda la
evolución de la concepción de los principios
de igualdad y universalidad de los
derechos humanos, así como de quiénes
eran y son las personas tutelares de éstos.
Se parte de las ideas y pensamiento
de famosos teóricos, especialmente los
de la Ilustración, quienes influenciaron
la creación del Estado liberal y los
contenidos de las Declaraciones de Independencia
de los Estados Unidos de
América (4 de julio de 1776) y de los
Derechos del Hombre y del Ciudadano
(26 de agosto de 1789), producto de la
–129–

Revista de derechos humanos
Revolución Francesa, ya que las mismas
sustentan a la Declaración Universal de
Derechos Humanos del 10 de diciembre
de 1948.
Las definiciones de “igualdad” y
“universalidad” concebidas en esas
épocas han sufrido un desarrollo y una
evolución; su tutelaridad fue ampliada a
grupos históricamente excluídos y discriminados
como: las mujeres, los niños
y las niñas, las personas con deficiencias
físicas, mentales y/o sensoriales, los grupos
étnicos, etc., especialmente a partir
del 10 de diciembre de 1948, cuando se
emite la Declaración Universal de los
Derechos Humanos.
Esta evolución, abordada de manera
muy sintética en este capítulo, ha sido
producto del debate generado en el concierto
internacional gracias a la lucha de
distintos grupos, entre los que se destaca
el de las mujeres. Se cuestiona el “principio
de igualdad formal” basado en un
modelo “asimilacionista y androcéntrico”
y se le ha contrapuesto “el principio
de igualdad sustantiva”, basado en la
valoración de la diferencia en todos sus
ámbitos, dando lugar al surgimiento del
principio de “equidad”, que es el último
que se desarrolla en este apartado.
1.1 Antecedentes del principio de
igualdad
1.1.1 La igualdad en las primeras declaraciones
liberales de derechos
humanos
El Estado liberal se originó en el
último tercio del siglo XVIII, en contraposición
a los Estados absolutistas
que imperaron hasta ese entonces. El
mismo fue producto de la experiencia
histórico-política inglesa de los siglos
XVII y XVIII, así como de la filosofía
de las luces y del racionalismo, especialmente
en Francia. 2
El Estado liberal se fundamenta,
principalmente, en los aportes teóricos
de pensadores, entre los que mencionaremos
a:
a) Jean Jacques Rousseau, quien racionaliza
que el origen de la sociedad
política es producto de un contrato
celebrado por los hombres para preservar
sus derechos naturales.
b) Montesquieu, cuyo aporte radica en
la “teoría de la separación de poderes”,
que constituye un mecanismo
garante de la libertad que evita la
2 http://usuarios.lycos.es/políticasnet/apuntes/ccpol.htm “Introducción a la Ciencia Política” España. Consultado
en enero del 2005.
–130–

El impacto que tienen los principios de igualdad y universidad de los derechos humanos…
concentración y el abuso del poder
por parte de quien lo detenta.
c) John Locke: su aporte consiste en
su teoría de “División de Poderes”,
además que hace hincapié en los
conceptos de:
• Libertad, que es fundamental;
no hay más límite que la ley
natural.
• Propiedad de los recursos, que,
según Locke, fueron entregados
por Dios a los hombres
para que dispusieran de ellos a
su conveniencia.
En este Estado se establece una
nueva forma de poder, contrapuesta a
aquella en la que se producía la administración
discrecional y absoluta del
poder por parte del gobernante. En el
nuevo escenario se establecieron límites
para ejercerlo, a través de “la separación
de poderes” y el “Estado de derecho”,
mecanismos que garantizarían la libertad
individual.
A partir de este momento, se establece
que el poder soberano radicaría en el
pueblo, el cual lo delegaría a quien considerare
conveniente, a través del voto.
También se postula un individualismo
genérico, común a todos los hombres
por el mero hecho de ser “humanos”; de
esto se derivaría la afirmación contenida
en la Declaración de Independencia de
los Estados Unidos de América del 4 de
julio de 1776, asi como el artículo primero
de la “Declaración de los Derechos
del Hombre y del Ciudadano”, adoptada
el 26 de agosto de 1789.
“Sostenemos como evidentes estas
verdades: que todos los hombres son
creados iguales; que son dotados
por su Creador de ciertos derechos
inalienables...”
(Declaración de Independencia
de los Estados Unidos de América,
4 de julio de 1776).
“Los hombres nacen y viven libres
e iguales en derechos. Las distinciones
sociales sólo pueden fundarse en
la utilidad común.”
(Declaración de
los Derechos del Hombre y
del Ciudadano adoptada el 26
de agosto de 1789).
Analizando los enunciados anteriores,
se puede establecer que los mismos
son parciales, porque son incapaces de
nombrar y visibilizar al sexo femenino
en los textos; por lo tanto, esta acción es
asumida por las mujeres.
“...dos años después de Lafayette,
Olympe de Gouges escribió y difundió
su Declaración de los Derechos
de la Mujer y la Ciudadana. Artículo
por artículo de la declaración del
–131–

Revista de derechos humanos
hombre, fue contestando con su
visión de mujer francesa ilustrada.
En muchos casos fue agregando
conceptos y en otros, sumó las palabras
mujer o ciudadana a hombre
o ciudadano, o sustituyó hombre por
mujer. Por ejemplo, en el artículo 1
decía ‘La mujer nace libre y es igual
al hombre en derechos...’”
1.1.2 Negación del principio de
igualdad a las mujeres
Esta invisibilización de la mujer en
el lenguaje, niega que los sexos masculino
y femenino sean “igualmente
y naturalmente diferentes” entre sí y
“…no por la diferencia de la mujer con
respecto al hombre.” 3 Sin embargo, a lo
largo de la historia, esta visión parcial,
dogmatizada y homogeneizadora es la
que se institucionaliza, además de que
legitima el que se tome como modelo o
parámetro de lo “humano” al hombre,
respecto al cual las mujeres se convierten
en “el otro”; esto es conocido como
“androcentrismo”.
Amelia Valcárcel analiza a una
serie de filósofos que crean lo que el
feminismo identifica como: la “misoginia
romántica”, a través de la cual se
argumentó la exclusión de las mujeres
como titulares de los derechos humanos
aduciendo que no eran iguales a los
hombres.
“...esa desigualdad era ,
frente a los que con anterioridad
habían sostenido qué era ética y
política. Todavía más: se afirmó
que tal desigualdad era esencial y
constitutiva. Brevemente: los románticos,
a la vez que construyeron
la ficción de la mujer ideal, dejaron
a las mujeres reales sin derechos, sin
jerarquía, sin canales para ejercer su
autonomía, sin libertad...” 4
Entre los filósofos que analiza
Valcárcel, destacan los siguientes: 5
a) Hegel, indica Valcárcel, ve como
punto de partida que no se puede
pensar en la humanidad como un
todo y desde ahí hablar de sus
características o sus derechos. En
el seno de la humanidad hay dos
leyes, la del día –masculina y estatal–
y la de las sombras –femenina
y familiar–, cuya continuidad y
colisiones forman la trama misma
del existir de lo humano. Los seres
humanos no son abstractos, son
3 Facio Montejo, Alda. “Cuando el género suena, cambios trae: metodología para el análisis de género del fenómeno
jurídico”. San José, Costa Rica. ILANUD, 1992. Pág. 19.
4 Valcárcel, Amelia. “La política de las mujeres”. España. Ediciones Cátedra, 1997. Pág. 25.
5 Ibídem. Págs. 39-69.
–132–

El impacto que tienen los principios de igualdad y universidad de los derechos humanos…
hombres o mujeres por determinación
de la naturaleza. Las mujeres,
por ser su ámbito la familia,
quedan fuera de la ciudadanía y de
los intereses universales, ya que
para considerárseles ciudadanas
debían de haber tenido atributos,
capacidades y condiciones que,
para ese momento, se asumía que
carecían; mientras que los hombres
vivían para el Estado. Por lo tanto,
Hegel refuerza la división sexual
del trabajo: los hombres se desenvuelven
en el ámbito público y las
mujeres en el privado. De ahí se
deriva la supeditación de las unas
a los otros.
Es importante hacer notar que el
pensamiento de Hegel tuvo mucha
influencia en Gran Bretaña y en
Estados Unidos en la segunda mitad
del siglo XIX, cuando los principios
de la Declaración de los Derechos
del Hombre y del Ciudadano eran
el modelo a alcanzar, lo cual no implicaba
necesariamente que fueran
extensibles a las féminas.
b) Schopenhauer: para él, la esencialidad
de las mujeres, según el
análisis que hace Valcárcel, está en
trascenderse a sí mismas en otro; en
ellas no existe el principio de individuación,
por lo tanto, no pueden ser
ciudadanas. “Todas las mujeres son
. Todas son idénticas. Lo
femenino es el sexo idéntico”. 6
Según Schopenhauer, las féminas
son “... la trampa que la naturaleza
pone al varón para perpetuar esa
cadena de sufrimientos que se llama
”. 7 Incluso, en su análisis
acerca del ser femenino, llega a decir
que ellas no saben qué son; que
tienen inteligencia para lo inmediato,
por lo tanto, no interpretan, no
calculan fines. Las ve como seres
carentes de inteligencia, equidad o
virtud; en ellas no se encuentran las
virtudes de lo humano.
“Las mujeres no deben tener derechos
y deben ser educadas en la sumisión.
Una mujer libre y educada,
una mujer que exige derechos es una
vergüenza para la razón”. 8
A través de este análisis se puede
evidenciar que las argumentaciones
de Schopenhauer se basan en la
premisa de que la mujer es inferior
al hombre por naturaleza.
6 Ibídem. Pág. 34.
7 Ibídem. Pág. 33.
8 Ibídem. Pág. 35.
–133–

Revista de derechos humanos
c) Kierkegaard: fue un hombre galante;
según Valcárcel: “...en su filosofía
se articula la concepción romántica
del amor cortés”. 9 Describe poéticamente
a la mujer, pero basado
en sus ideaciones o construcciones
mentales. “, , son sueños
del varón que espiga de aquí y
allá rasgos apenas bocetados en las
mujeres reales”. 10
Para Kierkegaard, según Valcárcel,
la finalidad de una mujer está en otro
ser, porque ella no tiene vida propia.
No es tanto que la mujer sea como
la naturaleza, sino que la naturaleza
misma es femenina.
“ que busca una existencia
individual frente al varón para
el cual ha sido creada se vuelve
repugnante y digna de mofa, lo que
evidencia que el verdadero fin de la
mujer es existir para otros”. 11
d) Nietzsche: se basa en la división
que hace entre “fuertes” y “débiles”,
pero esta ontología dual no siempre
coincide con la frontera masculinofemenino.
Según Valcárcel, Nietzche
retoma de Schopenhauer que “ es una continuidad de la
naturaleza; sin embargo, lo hembra
es natural, mientras que lo femenino
es el resultado de una ideación, una
ideación seguramente masculina”. 12
Lo femenino, según la interpretación
de Valcárcel sobre Nietzche, es un mecanismo
de defensa de la mujer, quien
exagera su debilidad para no seguir
siendo violentada.
“Las mujeres se dejan ficcionar y se
ficcionan ellas mismas por instinto
de supervivencia [...] Renunciaron
a la individuación-fuerza porque
no podrían haber cumplido con sus
arcaicas y terribles exigencias: el
duelo a muerte. Y puesto que no
pertenecían por habilidad natural
al mundo de la espada se sentaron
a los telares”. 13
Para Nietzsche, la posición de la
mujer en el mundo está condicionada por
su maternidad. El ser de la mujer se explica
por el papel que está acostumbrada
a ejercer: servir.
9 Ibídem. Pág. 41
10 Loc. cit.
11 Ibídem. Págs. 44-45.
12 Ibídem. Pág. 46
13 Loc. cit.
–134–

El impacto que tienen los principios de igualdad y universidad de los derechos humanos…
e) Rousseau, según Valcárcel, en
la versión del contrato social del
Manuscrito de Ginebra, justificaba
la negación de la ciudadanía a las
mujeres basado en “...la jerarquía
de la familia, natural y deseable”, 14
cosa que no sería posible si ellas
tenían reconocida cualquier especie
de igualdad en el ámbito público
y ésta era exclusivamente para los
hombres. La igualdad moderna los
hacía iguales solamente a ellos.
Valcárcel resalta y analiza las conceptualizaciones
hechas por Rousseau.
“Político es aquéllo que surge del
pacto social; la desigualdad entre
los sexos no tiene ese origen; es,
por el contrario, natural [...] Al igual
que las sociedades animales permanecen
en el orden de la naturaleza,
en la esfera de los seres humanos
hay rasgos y comportamientos que
pertenecen al orden de la naturaleza,
luego no deben ser tocados ni
cambiados. Son prepolíticos. Lo
más relevante en las sociedades
humanas que pertenece sin embargo
al orden natural es la distinción entre
varones y mujeres. No es una mera
distinción física ni biológica. Marca
lo que deben hacer unos y otras y en
qué sentido sus esferas del mundo
están separadas”. 15
Rousseau tiene una sustentación de
tipo naturalista para mantener en condiciones
de subordinación al 50% de la
humanidad, constituida por las mujeres,
y una de tipo racional para sustentar la
jerarquía de los hombres respecto a las
féminas.
Como ya se señaló, los pensadores
más influyentes del pensamiento ilustrado
lograron institucionalizar al hombre
como el parámetro y modelo de qué es
la humanidad, dejando a las mujeres en
una situación de subordinación; respecto
a éste, ellas pasaron a constituir “el
otro”. En función de este paradigma se
justificó la exclusión de las féminas de
la vida pública (política), dejándoles
como único y exclusivo ámbito de desarrollo
e interacción el ámbito privado
(la familia).
Esta situación da como resultado
que el “patriarcado” 16 adquiera una
14 Amorós, Celia. Ibídem. Pág. 51.
15 Ibídem. Pág. 58.
16 “Consiste en el poder de los padres: un sistema familiar y social, ideológico y político con el que los hombres –a través de la
fuerza, la presión directa, los rituales, la tradición, la ley o el lenguaje, las costumbres, la etiqueta, la educación y la división
del trabajo– determinan cuál es o no es el papel que las mujeres deben interpretar con el fin de estar en toda circunstancia
sometidas al varón”. Según definición de Adrianne Rich. “Nacida de mujer”. Citada por Hilda Morales en su libro “Traduciendo
en acciones la CEDAW en Guatemala: el caso de María Eugenia Morales de Sierra”. Guatemala, 2002. Pág. 9.
–135–

Revista de derechos humanos
dimensión política, reflejada en los
diversos poderes del Estado. Se constituye
en todo un sistema de opresión
de las mujeres que se reproduce en el
orden social a través del conjunto de
instituciones de la sociedad política
y civil, algunas de las cuales son: la
maternidad forzada, la educación androcéntrica,
17 las religiones misóginas,
la historia robada, el trabajo sexuado,
la ciencia ginope, etc. 18
Parafraseando a Poulain de la Barre,
a partir de ese momento, en el Estado
contemporáneo, por el sexo se condenó
al 50% de la humanidad a una minoría
de edad eterna.
No obstante que se proclamó la
igualdad entre hombres, esto fue desde
un punto de vista isónomo, es decir, que
todos eran iguales ante la ley y todos
tenían “igualdad” de derechos, pero
esto no significó que la subordinación
económica, política y social de todos
aquéllos que eran considerados
ciudadanos, desapareciera; la misma se
mantenía.
“La doctrina liberal sólo pide la
igualdad de todos en alguna cosa, es
decir, en la libertad. La única forma
en que la igualdad no es incompatible
con la libertad de la doctrina
liberal es entenderla como igualdad
en la libertad, en la cual se inspiran
los dos principios fundamentales
del Estado liberal: la igualdad
ante la ley [...] y la igualdad de
derechos”. 19
Sin embargo, analizado el pensamiento
ilustrado, especialmente el de
los referidos exponentes de esa época, se
evidencia que cuando se habla de igualdad,
este principio sólo se vindica para
los hombres, mas no para las mujeres,
porque, como afirma Amelia Valcárcel,
la voluntad que se ponía en juego era
masculina y excluyente. 20 Por lo tanto,
el principio de “igualdad” enunciado
por los revolucionarios liberalistas no
era extensible a las mujeres; sólo era
aplicable a los hombres.
17 El androcentrismo es definido por Alda Facio como “…ver el mundo desde lo masculino tomando al varón de la
especie como parámetro o modelo de lo humano.” Op. cit., Pág. 25.
18 Facio, Alda. Op. cit., Pág. 28.
19 Yturbe, Corina. “Igualdad”. Ensayo contenido en El léxico de la política. México. Fondo de Cultura Económica,
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Fundación Heinrich
Böll. 2000, Pág. 336.
20 Valcárcel, Amelia. Op. cit., Pág. 22.
–136–

El impacto que tienen los principios de igualdad y universidad de los derechos humanos…
1.2 La igualdad y la universalidad de
los derechos humanos en la Declaración
Universal de Derechos
Humanos
“La propia Declaración establece
que la misma constituye un ideal
común por el que todos los pueblos
y naciones deben esforzarse a fin de
que se asegure el respeto a los derechos
y libertades fundamentales”. 21
Entre la adopción de la “Declaración
de los Derechos del Hombre y del
Ciudadano” escrita por Lafayette y la
creación de la “Declaración Universal
de Derechos Humanos”, pasaron más de
150 años. La primera había “...mostrado
su insuficiencia y fueron reformulados
con el nombre de derechos humanos por
Eleanor Roosevelt, quien los llamó humanos
y no del hombre, para evidenciar que
el concepto anterior sólo se refería a los
hombres, a los varones, y para incorporar
a las mujeres de una manera explícita:
humanos, en plural y en neutro es abarcador
de los dos géneros, las mujeres y
los hombres”. 22 Es en ese sentido que
se redactan los contenidos de la misma:
“Todos los seres humanos nacen
libres e iguales en dignidad y derechos
y, dotados como están de razón
y conciencia, deben comportarse fraternalmente
los unos con los otros.”
Artículo 1 de la Declaración Universal
de Derechos Humanos de 1948.
Para evitar que se busque seguir
restringiendo la igualdad a un grupo específico
humano, se redacta el artículo 2
de la Declaración Universal de Derechos
Humanos:
1. Toda persona tiene todos los
derechos y libertades proclamados
en esta Declaración, sin
distinción alguna de raza, color,
sexo, idioma, religión, opinión
política o de cualquier otra índole,
origen nacional o social,
posición económica, nacimiento
o cualquier otra condición.
2. Además, no se hará distinción
alguna fundada en la condición
política, jurídica o internacional
del país o territorio de cuya jurisdicción
dependa una persona,
tanto si se trata de un país independiente,
como de un territorio
bajo administración fiduciaria, no
autónomo o sometido a cualquier
otra limitación de soberanía.
21 S/d. “Internacionalización de los Derechos Humanos” (Mimeo).
22 Lagarde, Marcela. Identidad de género y derechos humanos. La construcción de las humanas. Publicado en la
serie “Estudios de Derechos Humanos” Tomo IV. San José, Costa Rica. Instituto Interamericano de Derechos
Humanos, 1998, Pág. 87.
–137–

Revista de derechos humanos
El concepto de universalidad de los
derechos humanos, al igual que el de
“igualdad”, alcanza su plenitud con el
pensamiento de la Ilustración que sustenta
al Estado liberal. Sin embargo, la
“universalidad de los derechos humanos”
era sólo aplicable a los hombres,
por razones ya abordadas de manera
amplia anteriormente.
Con el devenir de los años y la evolución
de los derechos humanos, se ha
hecho una reconceptualización de este
principio:
Declaración de los Derechos
del Hombre y del Ciudadano (1789)
Los representantes del pueblo francés,
constituidos en Asamblea Nacional,
considerando que la ignorancia, el
olvido o el desprecio de los derechos
del hombre son las únicas causas de los
males públicos y de la corrupción de
los gobiernos, han resuelto exponer, en
una Declaración solemne, los derechos
naturales, inalienables y sagrados del
hombre, a fin de que esta Declaración,
teniéndola siempre presente todos
los miembros del cuerpo social, les
recuerde constantemente sus derechos
y deberes... 23
Declaración Universal de
Derechos Humanos (1948)
La Asamblea General proclama la presente
Declaración Universal de Derechos Humanos
como ideal común por el que todos
los pueblos y naciones deben esforzarse,
a fin de que tanto los individuos como las
instituciones, inspirándose constantemente
en ella, promuevan, mediante la enseñanza
y la educación, el respeto a estos de rechos
y libertades, y aseguren, por medidas
progresivas de carácter nacional e
internacional, su reconocimiento y aplicación
universales y efectivos, tanto entre
los pueblos de los Estados miembros como
entre los de los territorios colocados bajo
su jurisdicción. 24
23 Preámbulo. Lo resaltado es responsabilidad de la autora.
24 Ibídem.
–138–

El impacto que tienen los principios de igualdad y universidad de los derechos humanos…
En el cuadro anterior se puede hacer
una comparación de los preámbulos
de las Declaraciones de los derechos
fundamentales. En la de 1789 se puede
observar que los mismos fueron establecidos
para los hombres, quienes
eran parte del cuerpo social, como se ha
demostrado en los contenidos expuestos
en el presente capítulo. Mientras tanto,
en la Declaración de 1948 ya se habla
claramente de que estos derechos son de
reconocimiento y aplicación universal,
es decir, se hace referencia a “una tutelaridad
de los derechos que se adscriben
a todos los seres humanos”. 25 Es decir,
que los derechos humanos son propios
de todas y cada una de las personas, por
el simple hecho de pertenecer a la raza
humana; por esto mismo, “...se puede
exigir por ello su cumplimiento en todos”. 26 Esto se reconfirma
con un pequeño texto de la Carta de las
Naciones Unidas, que establece:
“Nosotros los pueblos de las Naciones
Unidas resueltos [a reafirmar la
fe en los derechos fundamentales
del hombre, en la dignidad y el
valor de la persona humana, en la
igualdad de derechos de hombres y
mujeres y de las naciones grandes y
pequeñas...]”
Es importante remarcar que la Carta
de las Naciones Unidas es anterior a la
Declaración Universal de los Derechos
Humanos; esta última desarrolla el tema
de los derechos fundamentales pero partiendo
de las premisas estipuladas por la
primera, porque había una conciencia,
por parte de todos los Estados miembros
de este sistema, acerca de que los derechos
humanos eran un asunto que competía
a la comunidad internacional.
“...no podemos hablar de derechos
humanos sólo para un tiempo y un
espacio determinados ni tampoco
para una clase de sujetos, sino son
derechos de todo ser humano, que
involucra a todo hombre, toda persona.
Como dice el autor se trata
ya de derechos del hombre; pero de
un hombre considerado no tan sólo
en su individualidad específica,
sino como portador de los caracteres
de toda la especie humana
(...) esa atribución de los derechos
a toda la humanidad exigirá, a
efectos prácticos, un desglose de
la Declaración en otras, adaptadas
a las diferentes categorías de personas
y subsiguientes derechos: del
niño, de la mujer, del emigrado, del
refugiado, etc”. 27
25 Peces-Barba Martínez, Gregorio. “La universalidad de los derechos humanos”. Publicado en la Revista DOXA
15-16. Pág. 614. 1994. (Mimeo)
26 Etxeberría Mauleon, Xabier. “El debate sobre la universalidad de los derechos humanos”. S/d (Mimeo).
27 S/d. “Internacionalización de los Derechos Humanos”. (Mimeo)
–139–

Revista de derechos humanos
Los derechos humanos son exigibles
ante las autoridades de los distintos Estados
del mundo, especialmente desde el
momento en que firman y ratifican convenios,
tratados y protocolos referentes
a éstos, porque establecen un parámetro
de conducta.
1.3 La igualdad y la universalidad de
los derechos humanos en la Convención
Americana de Derechos
Humanos (Pacto de San José) 28
“Reconociendo que los derechos
esenciales del hombre no nacen
del hecho de ser nacional de determinado
Estado, sino que tienen
como fundamento los atributos de la
persona humana, razón por la cual
justifican una protección internacional,
de naturaleza convencional
coadyuvante o complementaria de
la que ofrece el derecho interno de
los Estados americanos...”
(Extracto del Preámbulo del
Pacto de San José).
En el anterior texto se reafirma la
universalidad de los derechos humanos;
son inherentes a la persona por el hecho
de ser “humana”, lo cual significa que la
tutelaridad de éstos se reconoce a cada
hombre y mujer sin excepción alguna, tal
como lo expresa el artículo 1 del Pacto
de San José.
1. Los Estados Partes en esta
Convención se comprometen a
respetar los derechos y libertades
reconocidos en ella y a garantizar
su libre y pleno ejercicio
a toda persona que esté sujeta
a su jurisdicción, sin discriminación
alguna por motivos
de raza, color, sexo, idioma,
religión, opiniones políticas o
de cualquier otra índole, origen
nacional o social, posición económica,
nacimiento o cualquier
otra condición social.
2. Para los efectos de esta Convención,
persona es todo ser
humano.
Analizando el texto anterior, se
evidencia el carácter vinculante de esta
Convención para los Estados que la suscriben
y ratifican, porque en la misma,
la Organización de los Estados Americanos
(OEA), deja claramente manifiesta
la responsabilidad de los Estados
de proteger, promover y respetar las
libertades y derechos fundamentales,
28 Aprobada en la Conferencia de la Organización de los Estados Americanos de San José de Costa Rica el 22
de noviembre de 1963. Guatemala la aprobó en marzo de 1978, a través del Decreto 6-78 del Congreso de la
República.
–140–

El impacto que tienen los principios de igualdad y universidad de los derechos humanos…
mientras que el texto del sistema universal,
por ser una declaración, expresa
un ideal de vida para la humanidad en
su conjunto y a nivel individual.
El artículo 24 del Pacto de San José
expresa el principio de igualdad desde el
término griego “isonomía”, que significa
“...igualdad entre los ciudadanos, esta
vez respecto de las leyes”. 29
Todas las personas son iguales ante
la ley. En consecuencia, tienen
derecho, sin discriminación, a igual
protección de la ley.
Sin embargo, el principio de “igualdad”
no es sinónimo de “homogeneidad”;
es decir, no se pueden aplicar
reglas uniformes para grupos sociales
y realidades diversas, con necesidades
específicas. Este principio tiene como
fin equiparar a todas las personas, pero
tomando en cuenta sus particularidades,
no negándolas. Es así como para evitar
cualquier acción interpretativa que sesgue
el espíritu del Pacto de San José,
los Estados incluyeron el artículo 29,
que establece:
“Ninguna disposición de la presente
Convención puede ser interpretada
en el sentido de:
a) permitir a alguno de los Estados
Partes, grupo o persona, suprimir
el goce y ejercicio de los derechos
y libertades reconocidos en la
Convención o limitarlos en mayor
medida que la prevista en ella;
b) limitar el goce y ejercicio de
cualquier derecho o libertad que
pueda estar reconocido de acuerdo
con las leyes de cualquiera de
los Estados Partes o de acuerdo
con otra convención en que sea
parte uno de dichos Estados;
c) excluir otros derechos y garantías
que son inherentes al ser
humano o que se derivan de la
forma democrática representativa
de gobierno, y
d) excluir o limitar el efecto que
puedan producir la Declaración
Americana de Derechos y Deberes
del Hombre y otros actos
internacionales de la misma
naturaleza.”
29 Valcárcel, Amelia. “El concepto de igualdad”. Madrid, España. Editorial Pablo Iglesias, 1994. Pág. 2.
–141–

Revista de derechos humanos
1.4 La igualdad y la universalidad
de los derechos humanos en
la Convención sobre la Eliminación
de Todas las Formas de
Discriminación Contra la Mujer
(CEDAW 30 ) 31
La elaboración, discusión, redacción
y sometimiento a suscripción y ratificación,
por parte de los Estados que
forman el Sistema de Naciones Unidas,
de una Convención para luchar en contra
de la discriminación de las mujeres en
razón de su sexo, en 1979, evidencia
que a pesar de existir un sinnúmero de
instrumentos en materia de derechos humanos,
los mismos no eran de aplicación
“universal”. No hay una relación directa
entre la enunciación teórica de éstos y la
realidad desventajosa, desigual, que han
vivido y viven las féminas respecto a los
hombres. Tal situación se pone de manifiesto
en el Preámbulo de la CEDAW,
del cual se presentan algunos extractos
a continuación:
“Recordando que la discriminación
contra la mujer viola los principios
de la igualdad de derechos y del
respeto de la dignidad humana, que
dificulta la participación de la mujer
en las mismas condiciones que el
hombre en la vida política, social,
económica y cultural de su país,
que constituye un obstáculo para el
aumento del bienestar de la sociedad
y de la familia y que entorpece el
pleno desarrollo de las posibilidades
de la mujer para prestar servicio a
su país y a la humanidad.
Preocupados por el hecho de que
en situaciones de pobreza la mujer
tiene un acceso mínimo a la alimentación,
la salud, la enseñanza, la
capacitación y las oportunidades de
empleo, así como a la satisfacción
de otras necesidades.
Convencidos de que el establecimiento
del nuevo orden económico
internacional basado en la equidad y
la justicia contribuirá significativamente
a la promoción de la igualdad
entre el hombre y la mujer.”
La CEDAW fue redactada partiendo
de la base de que los principios de igualdad
y universalidad de los derechos humanos
no eran gozados por las mujeres
en la misma medida que los hombres, y
esto repercutía negativamente en el goce
de sus derechos humanos, que les eran
30 Por sus siglas en inglés: (Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women)
31 Adoptada y abierta a la firma y ratificación o adhesión, por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su
resolución 34/180 del 18 de diciembre de 1979. Entró en vigor el 3 de septiembre de 1981, de conformidad con
el artículo 27 de esta Convención. El Estado de Guatemala la aprobó el 29 de junio de 1982, a través del Decreto
49-82 del Congreso de la República.
–142–

El impacto que tienen los principios de igualdad y universidad de los derechos humanos…
y son inherentes por el simple hecho de
ser “humanas”. Por lo tanto, lo primero
que se define en la Convención es qué
debe entenderse por “discriminación
contra la mujer”:
“…denotará toda distinción, exclusión
o restricción basada en el sexo
que tenga por objeto o por resultado
menoscabar o anular el reconocimiento,
goce o ejercicio por la mujer,
independientemente de su estado
civil, sobre la base de la igualdad
del hombre y la mujer, de los derechos
humanos y las libertades fundamentales
en las esferas política,
económica, social, cultural y civil,
o en cualquier otra esfera”. 32
Asimismo, la CEDAW establece
una serie de acciones que deben ser
emprendidas por los Estados ratificantes
de la misma, a fin de superar las distintas
formas de discriminación a las que
son sometidas las mujeres, para evitar
que se siga conculcando su derecho a
la igualdad, pero no la relativa a la de
isonomía, sino la que se manifiesta en
la vida cotidiana, por ejemplo:
a) Consagrar el principio de igualdad
entre hombres y mujeres en los textos
constitucionales.
b) Modificar aquel cuerpo jurídico que
discrimine a las mujeres por condición
de su sexo.
c) Tipificar y sancionar esta discriminación,
en todas sus formas.
d) Adoptar protección jurídica efectiva
que evite la discriminación en función
del sexo, tanto por el Estado
mismo como por particulares.
Adicionalmente, la CEDAW estipula
que los Estados deben realizar todo
lo que esté dentro de sus posibilidades
para “…asegurar el pleno desarrollo y
adelanto de la mujer, con el objeto de
garantizarle el ejercicio y el goce de los
derechos humanos y las libertades fundamentales
en igualdad de condiciones
con el hombre”. 33 Es por ello que se
contemplan las medidas afirmativas en
esta Convención.
1. “La adopción por los Estados
Partes de medidas especiales de
carácter temporal encaminadas
a acelerar la igualdad de facto
entre el hombre y la mujer no se
considerará discriminación en
la forma definida en la presente
Convención, pero de ningún
32 “Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer” (CEDAW).
33 CEDAW. Artículo 3.
–143–

Revista de derechos humanos
modo entrañará, como consecuencia,
el mantenimiento de
normas desiguales o separadas;
estas medidas cesarán cuando se
hayan alcanzado los objetivos
de igualdad de oportunidad y
trato.
2. La adopción por los Estados
Partes de medidas especiales,
incluso las contenidas en la presente
Convención, encaminadas
a proteger la maternidad, no se
considerará discriminatoria.”
CEDAW, artículo 4.
Los contenidos de esta Convención
son similares a los de otras convenciones
en materia de derechos humanos, con la
particularidad de que toma en cuenta que
éstos no son de igual aplicación para las
mujeres, quienes están en situación de
desventaja social, política, económica
y cultural respecto de los hombres. Por
lo tanto, es una Convención en que se
aplica el enfoque de género.
1.5 La igualdad y la universalidad
de los derechos humanos en
la Convención Interamericana
para Prevenir, Sancionar y Erradicar
la Violencia Contra la
Mujer (Convención de Belem do
Pará) 34
La Convención de Belem do Pará es
un instrumento legal de gran importancia,
porque es el primero a nivel mundial
que reconoce: 35
• El derecho de las mujeres a vivir una
vida sin violencia.
• La violencia contra las mujeres
como una violación a los derechos
humanos.
“Afirmando que la violencia contra
la mujer constituye una violación
de los derechos humanos y las
libertades fundamentales y limita
total o parcialmente a la mujer el
reconocimiento, goce y ejercicio de
tales derechos y libertades”.
Preámbulo de la Convención
Belem do Pará.
34 Aprobada por la Organización de los Estados Americanos el 6 de septiembre de 1994. El Estado de Guatemala la
aprobó el 15 de diciembre de 1994, a través del Decreto 69-94 del Congreso de la República.
35 Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH). “Acercándonos a los instrumentos internacionales de
protección de los derechos humanos de las mujeres”. San José, Costa Rica, 2003. Pág. 71.
–144–

El impacto que tienen los principios de igualdad y universidad de los derechos humanos…
En este instrumento se reconoce
que la violencia contra la mujer limita
el ejercicio de sus derechos fundamentales;
por lo tanto, para lograr el
goce pleno de éstos por parte de las
féminas, es necesario eliminar este
tipo de violencia.
“Convencidos de que la eliminación
de la violencia contra la mujer es
condición indispensable para su
desarrollo individual y social y su
plena e igualitaria participación
en todas las esferas de vida…” 36
Preámbulo de la Convención
Belem do Pará.
El resumen del “Informe mundial
sobre la violencia y la salud”, indica
que diariamente se dan casos de malos
tratos físicos, sexuales y psicológicos
que, además de incidir negativamente en
la salud y bienestar de millones de personas
(discapacidades, pérdida de la vida,
embarazos no deseados, enfermedades
de transmisión sexual, depresiones, miedo,
etc.), cuestan a los Estados grandes
sumas de dinero en atención sanitaria,
costas judiciales, absentismo y pérdida
de productividad. 37
Por lo anteriormente expuesto, se
puede comprender la importancia que
tiene esta Convención, ya que visibiliza
a la “violencia contra las mujeres” como
uno de los factores que impiden a las
mujeres el goce igualitario de los derechos
humanos respecto de los hombres.
Ellas son, generalmente, las principales
víctimas de la violencia intrafamiliar.
La Convención de Belem do Pará
claramente define el concepto de “violencia
contra la mujer” y no la circunscribe
únicamente a la que se da dentro
del ámbito doméstico.
“Para los efectos de esta Convención,
debe entenderse por violencia
contra la mujer cualquier acción o
conducta, basada en su género, que
cause muerte, daño o sufrimiento
físico, sexual o psicológico a la
mujer, tanto en el ámbito público
como en el privado.
Convención Belem do Pará.
Artículo 1.
Por lo tanto, se reconoce que la violencia
contra la mujer puede ser ejercida
tanto por personas particulares, así como
36 Lo resaltado es responsabilidad de la autora.
37 Organización Panamericana de la Salud (OPS). “Informe mundial sobre la violencia y la salud: resumen”. Washington,
D.C. 2002. Págs. 8-9.
–145–

Revista de derechos humanos
por agentes del Estado; o bien, ser tolerada
explícita o implícitamente por el Estado.
El artículo 4 de la Convención
Belem do Pará reafirma los derechos
humanos de las mujeres, particularmente
los individuales, civiles y políticos,
que son base fundamental para que se
desarrollen digna e integralmente como
“humanas”. Es importante señalar que,
dentro de este artículo, la demanda de
“protección” se hace extensiva a las
familias que, independientemente de los
motivos, están adscritas a las féminas,
y que cualquier agresión en su contra
constituye otra forma de vulneración y
violencia en contra de las mujeres.
Asimismo, la Convención Belem do
Pará estipula una serie de mecanismos
y procedimientos, que deben ser implementados
(una vez haya sido ratificada
por el Estado) a manera de prevenir, sancionar
y erradicar la violencia contra las
mujeres y todas sus manifestaciones.
En resumen, la Convención Belem
do Pará es un instrumento internacional
que tiene como población beneficiaria a
las féminas y busca erradicar la violencia
en contra de ellas, por su condición de
mujeres. Es desde esta particularidad
que reivindica la “igualdad y la universalidad”
de los derechos humanos, a
través del combate de la discriminación
materializada en violencia de género.
1.6 Discusión sobre la igualdad y la universalidad
de los derechos humanos
y la especificidad de los derechos
humanos de las mujeres
La universalidad de los derechos
humanos es histórica; es decir, éstos
han sido, son y seguirán siendo válidos
en cualquier época; asimismo, ésta
tiene una aplicación espacial vinculada
al aspecto territorial, que trasciende
fronteras; en cualquier lugar donde se
encuentre una persona, ahí los derechos
fundamentales estarán vigentes.
“..., ,
por lo que ,
que deben .
Surge así una tensión dialéctica entre
adecuación necesaria, en la que
se realiza fácticamente la universalidad,
y esencia irrenunciable en la
que se fundamenta e inspira”. 38
38 Etxeberría Mauleon, Xabier. Op. cit. s/p.
–146–

El impacto que tienen los principios de igualdad y universidad de los derechos humanos…
La universalidad de los derechos
humanos implica que la protección
y violación de los derechos humanos
no constituyen ámbitos reservados a
la soberanía de los Estados, sino que
son problemas que afectan a toda la
humanidad. 39 Esto se ha positivizado
en el ordenamiento jurídico de los
Estados desde que voluntariamente
suscribieron (y, por ende, aceptaron)
declaraciones, convenciones y protocolos
en materia de derechos humanos,
que les implica asumir responsabilidades
y compromisos concretos,
tanto en el ámbito nacional como en
el internacional.
La universalidad de los derechos
humanos se empieza a positivizar cuando
deja de ser un principio válido sólo
para ciertos grupos hegemónicos y se
reconocen como titulares de derechos
a colectividades de personas con necesidades
concretas y particularidades
específicas, históricamente invisibilizadas
y excluidas, por ejemplo: la niñez
y juventud, las mujeres, las personas
de la tercera edad, las personas con
discapacidades, etc.
Sin embargo, existe un gran debate
en torno al concepto de la universalidad
de los derechos humanos, por el riesgo
que se corre de que las grandes naciones
y/o grupos sociales intervengan e
impongan su cultura, en nombre de esta
“universalidad”, sobre las sociedades o
grupos humanos más pequeños y/o sin
poder, ignorando sus particularidades.
“...La universalidad de los derechos
humanos siempre debe tener en
cuenta las especificidades. Así ”. 40
De igual manera, puede darse una
situación a la inversa y existir una
actitud de ignorar la universalidad de
los derechos humanos, argumentando
relativismos culturales y nacionalismos
recalcitrantes, con lo que se legitima
la comisión de crímenes contra los
derechos humanos, por ejemplo: la
mutilación genital femenina, la muerte
por lapidación a mujeres condenadas
por adulterio, los casamientos forzados
de niñas menores de edad, etc. Muchas
veces estos actos se dan con la anuencia
tácita de la comunidad internacional,
que se abstiene de intervenir fundamentándose
en el respeto al “relativismo
39 Pérez Luño, Antonio Enrique. “La universalidad de la Declaración de las Naciones Unidas.” S/d. (Mimeo).
40 Etxeberría Mauleon, Xabier. Op. cit. S/p.
–147–

Revista de derechos humanos
cultural”, que más bien se traduce en el
“derecho a la indiferencia”. 41
“...una práctica cultural sólo debe
ser reconocida como diversidad
cultural en tanto afecte de la misma
manera a mujeres y hombres. En
caso contrario, ella debe ser denunciada
como discriminación”. 42
La universalidad de los derechos
humanos no es estática; se enriquece
constantemente con los aportes de los
distintos grupos sociales, con dinámicas
y pertenencias comunitarias y culturales
diversas. Esto implica un consenso
universal alrededor de los derechos
fundamentales, que se reconocen como
principios válidos, comunes y/o similares
para sociedades diversas; el mismo
se realiza desde los ámbitos individual,
comunitario, nacional, hasta llegar al
internacional. Como señala Etxeberría
Mauleon: “un modo de universalidad
que se construye no por la negación de
la particularidad sino por mediación de
la misma, a través de complejos procesos
de inspiración hacia el exterior y de
inculturación hacia el interior, que nos
permitan referentes si no a-culturales, sí
al menos trans-culturales”. 43
La Declaración Universal de Derechos
Humanos contiene la visión
mundial sobre los derechos humanos,
que es muy amplia; realza los derechos
individuales, civiles y políticos que
aparecen, en un primer momento, como
“...limitaciones al poder de la autoridad
pública y se traducen, por lo mismo, en
el compromiso de ésta de no interferir
en ciertos ámbitos de la vida y actividad
de sus ciudadanos”. 44
Esta reivindicación de los derechos
individuales, civiles y políticos, especialmente
en el ámbito público, relegó a
un segundo plano los derechos humanos
de grupos específicos, entre ellos el de
las mujeres, cuyo accionar fue circunscrito
a la esfera privada.
“Hay que recordar que el espacio
privado quedaba fuera de la protección
tradicional o clásica de
los derechos humanos, siendo en
el mismo donde se producen un
ingente número de violaciones de
41 Pérez Luño, Antonio Enrique. Op. cit. S/p
42 Bunster, Ximena; Cynthia Enloe, Regina Rodríguez. “La mujer ausente: derechos humanos en el mundo”. Ediciones
de las Mujeres No. 15. Barcelona, España. Isis internacional. Octubre, 1996. Pág. 15.
43 Etxeberría Mauleon, Xabier. Op. cit. s/p.
44 Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH) y Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(CEPAL). “La igualdad de los modernos”. San José, Costa Rica, 1997. Pág. 13.
–148–

El impacto que tienen los principios de igualdad y universidad de los derechos humanos…
los derechos de las mujeres ante la
pasividad estatal”. 45
Sin embargo, el proceso evolutivo
de los derechos humanos dio lugar al
reconocimiento de los derechos económicos,
sociales y culturales (DESC), que
consisten en “...demandas o exigencias
a las que se debe someter la autoridad en
la orientación y el contenido de las decisiones
de gobierno. Son derechos que
responden a los valores de la igualdad y
la solidaridad. También aquí asume gran
importancia el principio de no discriminación”.
46 El goce pleno de los DESC
es de vital importancia para las mujeres,
porque los mismos pueden coadyuvar a
solucionar parte de los problemas que
ellas afrontan.
La universalidad de los derechos
humanos también implica que éstos son
indivisibles; así lo planteó la Proclamación
de Teherán de 1968:
“como los derechos humanos y
las libertades fundamentales son
individuales, la realización de los
derechos civiles y políticos sin el
goce de los derechos económicos,
sociales y culturales resulta imposible”.
47
La universalidad de los derechos
humanos empieza a positivizarse cuando
grupos históricamente excluidos
y marginados son visibilizados como
sujetos tutelares de derechos, lo cual
se logra a través de declaraciones, convenciones
o protocolos que reivindican
el goce y ejercicio de sus derechos
fundamentales, así como sus derechos
específicos; entre ellos: las mujeres.
1.7 Los aportes del feminismo: la
igualdad y la equidad
1.7.1 Los principios de igualdad y no
discriminación
Los principios de igualdad y no discriminación
son piedras angulares de los
derechos humanos y ambos tienen una
relación interdependiente. “La igualdad
y la no discriminación representan la
declaración positiva y negativa de un
mismo principio”. 48
45 IIDH y Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) . “Los derechos humanos de las mujeres: fortaleciendo
su promoción y protección internacional”. Pág. 88. San José, Costa Rica. 2004.
46 IIDH y CEPAL. Op. cit., Pág. 14.
47 Naciones Unidas. “Las Naciones Unidas y los derechos humanos 1945-1995”. Serie de Libros Azules de las
Naciones Unidas. Volumen VII. Nueva York, s/a. Pág. 77 (Mimeo).
48 Beysfsky, Anne F. “El principio de igualdad o no discriminación en el derecho internacional. Publicado en Human
Rights Law Journal, Vol 11, No. 1-2. Traducido al castellano por el Centro de Derechos Humanos. Chile. Facultad
de Derecho, Universidad de Chile. 1990. Versión electrónica, consultado en septiembre del 2005.
–149–

Revista de derechos humanos
La palabra discriminación se origina
de la palabra latina discriminatio, que
significa: distinción y separación. Las
conductas discriminatorias se basan en
valoraciones subjetivas negativas hechas
por un grupo que está en una posición de
“ventaja” respecto a otro al que mira y
trata como “inferior”. La discriminación
tiene un impacto directo en la posibilidad
de acceder a oportunidades, desarrollar
capacidades, gozar y ejercer derechos
en el grupo o grupos sobre los que ésta
se da. 49
La discriminación que sufren las
mujeres, así como otros grupos sociales,
es histórica y se justifica en argumentos
como el esgrimido por Juan Jacobo
Rousseau:
“Los rangos de los ciudadanos
deben, pues, estar clasificados, no
de acuerdo con el mérito personal,
que daría a los magistrados el medio
de aplicar casi arbitrariamente la
ley, sino según los servicios reales
que rinden al Estado, y que son
susceptibles de una estimación más
exacta”. 50
En este discurso se habla de la necesidad
de clasificar los ciudadanos para
ser distinguidos y favorecidos por el Estado,
según sus servicios. Pero quienes
evalúan a los ciudadanos y los servicios
son los hombres, y son ellos quienes han
demeritado históricamente a la mujer, así
como invisibilizado su aporte a la sociedad,
como ya se expuso en la primera
parte del presente capítulo.
Es importante hacer notar que no
toda diferenciación constituye discriminación
para ello es necesario considerar
el resultado de esta acción.
“Afirmar que es discriminatorio
todo trato que tenga por resultado
la desigualdad, supone aceptar
que cuando a una mujer se le trata
igual que al hombre, y este trato la
interioriza, éste es discriminatorio
aun cuando el propósito haya sido
la igualdad”. 51
Las declaraciones y convenciones en
materia de derechos humanos reivindican
el “derecho a la igualdad” y además
esbozan una realidad que aspirara que
49 IIDH y CEJIL. Op. cit. Pág. 85.
50 Rousseau, Juan Jacobo. Discurso sobre el origen de la desigualdad. Versión electrónica, consultado en agosto
del 2005.
51 IIDH. Estudios básicos de Derechos Humanos IV. Serie de Estudios de Derechos Humanos, Tomo IV. San José,
Costa Rica. 1998. Pág. 25.
–150–

El impacto que tienen los principios de igualdad y universidad de los derechos humanos…
sea alcanzada por los Estados que las
ratifican; sin embargo, gracias a la lucha
sostenida por el movimiento mundial de
mujeres, en los instrumentos jurídicos
internacionales que abordan específicamente
los derechos de las féminas, especialmente
la CEDAW y la Convención
de Belem do Pará, se parte de la realidad
cotidiana que viven las mujeres, y a
partir de ésta se estipulan compromisos
concretos que deben ser asumidos por
los Estados para superar los déficit a
los que la cultura e imaginario social
patriarcal, androcéntrico y machista somete
a las féminas en todos los ámbitos,
incluyendo su propio cuerpo.
El principio de igualdad no se define
por un criterio de semejanza y homogeneización
entre las personas, sino por uno
de “justicia” que se basa en la valoración
de la “diferencia”; se da un mismo valor
a todos y cada uno de los seres humanos,
independientemente del sexo, edad, raza,
color, idioma, religión, etc.; implica que
se reconozca al otro u otra como igual.
Por lo tanto, cuando se habla de la igualdad
entre hombres y mujeres, ésta no
debe seguirse interpretando como una
homologación de las féminas respecto a
los hombres, porque sería continuar consolidando
el modelo androcéntrico.
La igualdad que reclaman las mujeres
es de tipo sustantivo 52 , que implica el tener
las mismas oportunidades, ser reconocidas
y tratadas como iguales respecto de
los hombres, gozar de las libertades que
conlleva dicha igualdad; por el simple hecho
de ser miembras del género humano,
demandan igualdad no sólo en la forma
(ante la ley), sino en la realidad concreta
y cotidiana. Sin embargo, históricamente
se han construido (social, política, económica
y culturalmente, etc.) relaciones
desiguales, injustas y de subordinación en
base a la diferencia sexual, privilegiando
al sexo masculino sobre el femenino.
“Las desigualdades que afectan a las
mujeres no se pueden resolver pensando
que se trata de un problema
de acceso a la participación social en
términos de igualdad o en términos
de derechos especiales, sino que
es una cuestión de subordinación
social, de inadecuada distribución
del poder social”. 53
52 Es decir, que se basa en el reconocimiento y valoración de las diferencias. Así lo indica Encarna Boledón en
La igualdad y el movimiento de mujeres: propuestas y metodología para el estudio de género. Working Paper n.
148. s/p. Universidad Autónoma de Barcelona. Barcelona, 1998. Versión electrónica consultada en septiembre
de 2005.
53 Boledón, Encarna. Op. cit.
–151–

Revista de derechos humanos
El principio de igualdad no puede
verse satisfecho sólo con que se legisle
en contra de la discriminación, o con
leyes en las que se trate imparcialmente
a hombres y mujeres; requiere de la
modificación y derogación de todo el
cuerpo jurídico que legitima y legaliza
las relaciones de subordinación de las
féminas respecto de los hombres, en
todos los ámbitos, así como la creación
de nuevas normas que garanticen el
pleno y efectivo goce de los derechos
humanos que pertenecen a cada persona
del planeta, así como sus derechos
específicos, por ejemplo: los sexuales
y reproductivos.
El principio de igualdad debe dejar
de basarse en el modelo parcial, que
es eminentemente masculino, que predomina
en la actualidad; y debe partir
de un modelo que contemple que tanto
hombres como mujeres son natural e
igualmente diferentes entre sí.
“…existe un modelo masculino
en el derecho, puesto que el ideal
de igualdad que se persigue surge
de la comparación entre hombres
y mujeres. Para mantener una reivindicación
la mujer debe mostrar
que ha sido tratada “peor que un
hombre”. Esto significa que el
modelo antidiscriminatorio opera
en base a un modelo masculino
asimilacionista”. 54
1.7.2 El principio de equidad
“… nos remite a la diversidad y al
reconocimiento de las desigualdades,
de la inequidad en las posibilidades
de los seres humanos de
acceder a las oportunidades para
mejorar sus vidas. El principio
de equidad parte de identificar las
diferentes formas de participar en
el ámbito social, evidenciando las
desigualdades”. 55
Tanto a nivel nacional como internacional,
se reconoce la “igualdad formal”
o isónoma, pero aún falta mucho porque
se positivice la “igualdad sustantiva”,
es decir, en la cotidianeidad, porque
las mujeres siguen siendo víctimas de
discriminación (basada en estructuras y
relaciones políticas, económicas, sociales
y culturales de tipo androcéntrico,
patriarcal y machista, en las que ellas no
cuentan con ningún poder), lo cual les
limita las posibilidades de gozar plenamente
de sus derechos humanos y, por lo
tanto, de tener una participación óptima
en todos los ámbitos de la vida. 56
54 Boledón, Encarna. Ibídem.
55 IIDH y CEJIL. Op. cit., Pág. 86.
56 Este punto se ahondará en el capítulo 3 de la presente investigación.
–152–

El impacto que tienen los principios de igualdad y universidad de los derechos humanos…
El principio de igualdad formal puede
llegar a constituirse en “discriminatorio”
cuando se aplica de manera asimilacionista,
es decir, cuando se trata o quiere
tratar de una misma manera a hombres
y mujeres que no están en iguales condiciones
y, por lo tanto, los efectos son
negativos para las féminas, por ejemplo.
1. Participación política partidaria. Los partidos políticos están formados mayoritariamente
por hombres; esto se debe a que la participación de las mujeres se ve
limitada, entre otras causas, por: su precaria situación económica, dobles y triples
roles que ocupan la mayor parte del tiempo, falta de educación, la cultura patriarcal
y machista que impera en el país, etc. 57 Sin embargo, mientras el Congreso de la
República de Guatemala (conformado mayoritariamente por hombres) discutía acerca
de las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, el movimiento de mujeres
pidió un 30% en cuotas de poder dentro de los partidos políticos. La respuesta que
se obtuvo fue negativa; el argumento dado fue que las cuotas atentaban contra el
principio constitucional de igualdad. Esto evidencia que en el país se valora más la
igualdad formal que la igualdad sustantiva.
También se ha argumentado que las mujeres deben ganarse los espacios; sin embargo,
a pesar de que hay muchas mujeres preparadas, con títulos profesionales y amplia
experiencia, no son consideradas como primeras opciones para competir por cargos
electorales.
2. Trabajo. Para optar a muchos puestos laborales remunerados, se pide un determinado
nivel de educación y esto excluye automáticamente a muchas mujeres como candidatas
a los mismos, porque no han podido contar con ningún estudio, ya que no fueron
enviadas a la escuela en base al paradigma de que ellas “serán mantenidas” por el
marido y “sólo” deben dedicarse a los quehaceres del hogar.
Esta situación sólo provoca que la mujer y su familia se perpetúen en el subdesarrollo y
la pobreza. Del 100% de los hogares monoparentales femeninos en toda la República
de Guatemala, el 62.04% de las jefas de familia son analfabetas. 58
57 Para profundizar sobre este tema específico, puede consultarse el apartado 3.1.3 del Capítulo 3 en esta misma
investigación.
58 Este tema se desarrolla más ampliamente en el capítulo 3, ítem 3.3.
–153–

Revista de derechos humanos
Debido a estas exclusiones estructurales
que sufren las mujeres, basadas en
un modelo económico, social, político
y cultural androcéntrico y patriarcal,
la CEDAW 59 incorporó a su texto el
artículo 4.
1. La adopción por los Estados
Partes de medidas especiales de
carácter temporal encaminadas
a acelerar la igualdad de facto
entre el hombre y la mujer no se
considerará discriminación en
la forma definida en la presente
Convención, pero de ningún
modo entrañará, como consecuencia,
el mantenimiento de
normas desiguales o separadas;
estas medidas cesarán cuando se
hayan alcanzado los objetivos
de igualdad de oportunidad y
trato.
2. La adopción por los Estados
Partes de medidas especiales,
incluso las contenidas en la presente
Convención, encaminadas
a proteger la maternidad, no se
considerará discriminatoria.
Las medidas afirmativas, por lo
tanto, son el mecanismo que permite viabilizar,
entre muchas otras formas, la positivización
del principio de “equidad”;
es decir, dar un tratamiento diferente a
las mujeres, quienes se encuentran en
situación de desventaja respecto de los
hombres, a manera de equiparlas para
que gocen de la igualdad tanto formal
como sustantiva.
El objetivo de las medidas afirmativas
es corregir discriminaciones que
perviven en detrimento de las mujeres,
a manera de que ellas tengan las mismas
oportunidades (reales) de acceder
al bienestar material, físico, familiar
y humano; así como que participen
en la toma de decisiones en el espacio
público a través de un ejercicio pleno y
efectivo de su ciudadanía. Mientras las
féminas estén en desventaja respecto de
los hombres, la implementación de este
tipo de medidas no será considerada
como discriminatoria.
“Una distinción no discriminatoria
debe: (a) tener una justificación
objetiva y razonable; esto es, debe
perseguir una finalidad legítima; y
(b) debe existir una relación razonable
de proporcionalidad entre la
finalidad y el medio empleado para
lograrla”. 60
59 De observancia obligatoria para Guatemala.
60 Beysfsky, Anne F. Op. cit., s/p.
–154–

El impacto que tienen los principios de igualdad y universidad de los derechos humanos…
Con base en lo anterior, se puede
y debe interpretar el artículo 4 61 de la
Constitución Política de la República
de Guatemala a la luz de un criterio de
“igualdad sustantiva”, trascendiendo la
“igualdad isónoma”; su análisis puede
ser complementado con los artículos 44
y 46 62 del mismo texto.
2. La posición y ubicación de las
mujeres respecto de los hombres
en el imaginario social y el
sistema jurídico guatemalteco
2.1 Las mujeres en el imaginario
social guatemalteco
“Los imaginarios sociales son
representaciones colectivas que
rigen los sistemas de identificación
y de integración social y que hacen
visible la invisibilidad social”
(Pintos, 1995). Los imaginarios
tienen una función principal que se
podría definir como la elaboración
de instrumentos de percepción de
la realidad (Pintos, 1995). Significa
que éstos son el medio para explicarse
el entorno social y natural en
que se vive”. 63
En el imaginario social guatemalteco,
las mujeres no son vistas como
actoras y protagonistas; más bien se les
sigue reforzando y asignando nuevos
roles domésticos y trabajo reproductivo,
que implican la crianza de las y los hijos,
el cuidado del hogar y del esposo. Se
les adjudican cualidades de intuitivas
intelectualmente, agudas de ingenio,
virtuosas, sumisas, obedientes, abnegadas.
Estas últimas son las que les hacen
capaces de dedicarse al cuidado de los
hijos e hijas, a la atención del esposo y
a las tareas del hogar.
“¿En qué momento se forman estos
imaginarios Dentro de la cultura
indígena, las relaciones de género
están asentadas en jerarquías de
las cuales las mujeres están excluidas
de la toma de decisiones,
más bien se las visualiza como
personas sumisas y obedientes,
mientras que el varón toma las
decisiones, da las órdenes y tiene
la autoridad. La cultura ladina,
con relación al orden de géneros,
61 Que regula la “libertad e igualdad”.
62 Referentes a los “derechos inherentes a la persona humana” y a la “preeminencia del derecho internacional”.
63 Tribunal Supremo Electoral (TSE). Estudio etnográfi co sobre la participación de las mujeres: prácticas e imaginarios
con relación a su participación política. Guatemala. Septiembre del 2003. Pág. 1.
–155–

Revista de derechos humanos
se basa en el modelo cristiano,
en el que se espera la mujer sea
madre, buena esposa (obediente
a su marido), y permanezca en su
casa haciendo las labores “propias
de su sexo”. 64
Según el imaginario social imperante,
el accionar de las mujeres se circunscribe
social, política y económicamente
a la esfera doméstica, y es por ello que
ellas ven limitadas sus oportunidades
para acceder a la educación, propiedad,
empleo remunerado, participación social
y política, así como a tomar decisiones
sobre su sexualidad y capacidad reproductiva.
Mientras que los hombres
gozan de estos derechos, inclusive el de
decidir sobre los derechos sexuales y
reproductivos de las féminas.
“…para el niño varón, el ámbito
doméstico es sólo un nido transitorio
mientras, en el caso de la
niña, se define como un espacio
perpetuo”. 65
En las entrevistas realizadas a hombres
para la presente investigación, se
pidió que identificaran responsabilidades
asignadas a hombres y mujeres; los
resultados son los siguientes:
Responsabilidades
masculinas
Liderazgo público
Protección
% de
respuestas
Responsabilidades
femeninas
30.43% Cuidado del hogar y
la familia
26.09% Trabajos secretariales y
de índole pasiva
% de respuestas
50%
16.67%
21.74% Generadora de la vida
Proveedor
8.33%
material y espiritual
Guía de la familia 13.04% Ser moral y fiel 8.33%
Prepararse y ser profesional 8.70% Objeto comercial y/o sexual 8.33%
Estudiar 8.33%
Total 100% Total 100%
Fuente: Elaboración propia. Datos tabulados de entrevistas realizadas a hombres.
64 Tribunal Supremo Electoral –TSE–. Las percepciones de las mujeres guatemaltecas sobre su participación política.
Guatemala, 2002. Pág. 44.
65 Guerra, Lucía, La mujer fragmentada: historias de un signo. Chile. Editorial Cuarto Propio. Noviembre de 1995.
Pág. 17.
–156–

El impacto que tienen los principios de igualdad y universidad de los derechos humanos…
Los hombres identifican como su
responsabilidad primaria el ejercicio del
poder en el ámbito público, que implica
la toma de decisiones, la planificación y
el gobernar. Le siguen a ésta, roles que
los ubican en una relación de superioridad
respecto de las mujeres, porque
se identifican como los protectores,
proveedores y guías de familia; llama
la atención que sólo un 8.70% de las
respuestas hace referencia a que los
hombres deben ser profesionales.
En lo que respecta a la identificación
de roles asignados a las mujeres desde
un imaginario eminentemente masculino,
el principal es el “cuidado del
hogar y la familia”; le sigue el ser generadora
de la vida. Se le reconoce que
puede desarrollar algunas actividades
no relacionadas con el ámbito privado,
pero de índole pasiva, por ejemplo:
secretariales o ser objetos comerciales
y/o sexuales.
Además, llama la atención que a las
féminas se les exigen responsabilidades
de tipo subjetivo, como el tener conductas
morales, de fidelidad y ser generadoras
de la vida espiritual, cosa que no se hace
con los hombres. Por lo tanto, ellas son
concebidas en función de las y los demás,
no en función de sí mismas.
“Fogón doméstico y ámbito celestial
son, entonces, los ejes territoriales
de dos modos de existencia que
separan, de manera radical, al hombre
y a la mujer. Ejes sustentados,
a nivel infra-estructura económica,
por la relegación de la mujer a la
actividad natural, y no económica,
de la reproducción biológica y el
cuidado de los hijos”. 66
Es en base a este imaginario patriarcal
y androcéntrico imperante en
Guatemala, que a las mujeres se les
niega el goce de derechos fundamentales
tales como el de respeto a su integridad;
a participar políticamente, acceder a la
educación, a un trabajo remunerado, a
gozar de la propiedad de una vivienda o
de tierra; a acceder a servicios de salud, a
tener el control sobre su sexualidad y su
capacidad reproductiva, etc., 67 aspectos
que violan principios como la dignidad,
la integridad, la libertad sexual y las coloca
en una posición de control sexual y
de subordinación.
“En el siglo XVI, sólo había una
escuela para niñas no indígenas,
una para niñas indígenas y un “asilo
para doncellas pobres”, la educación
superior fue muy limitada,
tuvieron acceso a ella únicamente
unas cuantas mujeres, hijas de
66 Guerra, Lucía. Loc. cit.
67 Estos temas se abordarán con mayor profundidad en el capítulo 3.3. de la presente investigación.
–157–

Revista de derechos humanos
funcionarios españoles y criollos
(Urquizú, 1996), estas pocas escuelas
estaban además en manos
de órdenes religiosas.
En general no existía una tendencia
a favor de educar a la mujer, situación
que se prolongó hasta el siglo
XIX, por otro lado el contenido
conservador que se les impartía
estaba también impregnado por la
visión patriarcal; se les enseñaba
lectura, escritura, las cuatro reglas
básicas de la aritmética y los oficios
mujeriles”. “Después de la independencia,
la exclusión de las mujeres
de la educación no mejoró significativamente,
principalmente para las
mujeres indígenas, cuya situación
siempre ha estado agravada por su
condición étnica y de pobreza (…)
Hasta principios del siglo XIX, con
las ideas de la Ilustración, se inició
cierta apertura para que las mujeres
accedieran a la educación; a finales
del mencionado siglo se abren
escuelas secundarias para mujeres
en Guatemala, Quetzaltenango y
Chiquimula”. 68
2.2 Las mujeres en el constitucionalismo
guatemalteco
2.2.1 Antecedentes del principio de
igualdad en las constituciones de
la República de Guatemala y su
aplicación a las mujeres
Constituciones y
sus reformas
Principio de igualdad Ciudadanía Análisis
Constitución de Bayona.
Artículo 2º.
No aparece en el texto
“La Corona de las Españas y
de las Indias será he reditaria en
nuestra des cendencia directa,
natural y legítima a varón
por orden de primogenitura y
con exclusión perpetua de las
hembras”.
En el citado artículo de manera
clara se excluye a las mujeres
del ejercicio del poder; por lo
tanto, no estaban en posición
de igualdad. Inclusive la alusión
hacia ellas es de “hembras”.
Constitución Política de
la Monarquía Española,
promulgada en Cádiz el 19 de
marzo de 1812.
No aparece en el texto
“El Reino de las Españas es
indivisible, y sólo se sucederá
en el Trono perpetuamente
desde la promulgación de
la Constitución por el orden
regular de la primogenitura
y representación entre los
descendientes legítimos varones
y hembras…”
Esta constitución es monárquica;
por lo tanto, no se aplica el
principio de “igualdad” entre la
ciudadanía, porque los estamentos
y privilegios permanecen;
sin embargo, aquí sí se reconoce
el derecho de sucesión en el
poder a las mujeres, a pesar de
que cuando se habla de ellas,
nuevamente se usa el término
“hembras”.
68 Tribunal Supremo Electoral. Op. cit. Pág. 45.
–158–

El impacto que tienen los principios de igualdad y universidad de los derechos humanos…
Constituciones y
sus reformas
Bases Constitucionales de
1823 de las Provincias Unidas
de Centroamérica.
Principio de igualdad Ciudadanía Análisis
“La constitución se dirige a
asegurar la felicidad del pueblo,
sosteniéndole en el mayor
goce posible de sus facultades;
establece la independencia y
soberanía nacional; determina
con exactitud la división de
los tres poderes; y afianza los
derechos del hombre y del
ciudadano, sobre los principios
eternos de libertad, igualdad,
seguridad y propiedad.”
Por haberse declarado la
independencia de la República
de Guatemala, e influenciada
por el pensamiento liberal de la
Declaración de Independencia
de los Estados Unidos de
América y de la Revolución
Francesa, se establecen los
principios de igualdad, libertad,
seguridad y propiedad en el
artículo primero de este texto.
Primera Constitución del
Estado de Guatemala de
1825.
Acta Constitutiva de la
República de Guatemala de
1851.
Ley Constitutiva de la
Re pública de Guatemala
decretada por la Asamblea
Nacional Constituyente de
1879.
Artículo 20
“Los derechos del hombre
en sociedad son, la libertad,
la igualdad, la seguridad y la
propiedad”.
Artículo 46.
“Son ciudadanos: 1º. Todos
los habitantes del Estado
naturales o naturalizados
en cualquiera de los otros
Estados de la federación que
fuesen casados o mayores de
diez y ocho años, siempre que
ejerzan alguna profesión útil,
o tengan medios conocidos de
subsistencia...”
No aparece en el texto. Extracto del Artículo 1º.
“Son ciudadanos los guatemaltecos
que tengan una
profesión, oficio o propiedad
que les proporcione medios de
subsistir con independencia.”
No aparece en el texto.
“Son ciudadanos:
1º. Los guatemaltecos mayores
de 21 años que tengan renta,
oficio, industria o profesión
que le proporcione medios
de subsistencia.
2o. Todos los que pertenecen
al ejército siendo mayores
de 18 años.”
En el artículo 20 se enuncia
específicamente al hombre
como sujeto de derechos;
mientras que en el 46, persiste
la negación de la ciudadanía a
la mujer.
En esta Constitución se establece
que la ciudadanía se adquiere en
función de la riqueza con la que
se cuenta, misma que da libertad
de acción. Esto nuevamente
limitaba a las mujeres en el
ejercicio de su ciudadanía.
–159–

Revista de derechos humanos
Constituciones y
sus reformas
Reformas a la Ley Constitutiva
de la República de
Guatemala, realizadas en
1885.
Reformas a la Constitución de
la República de Guatemala,
hechas en 1887.
Principio de igualdad Ciudadanía Análisis
No aparece en el texto.
Artículo 8.
“Son ciudadanos los guatemaltecos
mayores de veintiún
años que sepan leer y escribir;
o que tengan renta, industria,
oficio o profesión que les
pro porcione medios de
subsistencia”.
No aparece en el texto. Artículo 8.
“Son ciudadanos:
1º. Los guatemaltecos mayores
de veintiún años que
sepan leer y escribir o que
tengan renta, industria,
oficio o profesión que les
proporcione medios de
subsistencia;
2º. Todos los que per tenecen
al Ejército, siendo
ma yo res de diez y
ocho años;
3º. Los mayores de diez y
ocho años que tengan
un grado o título litera
rio, obtenido en los
establecimientos nacionales.
Reformas a la Constitución de
la República de Guatemala,
hechas en 1921.
Reformas a la Constitución de
la República de Guatemala,
hechas en 1935.
No aparece en el texto. Artículo 8.
“Son ciudadanos los guatemaltecos
varones mayores de
diez y ocho años:
1º. Que sepan leer y escribir.
2º. Que desempeñen o hu bieren
desempeñado cargos
concejiles”.
No aparece en el texto. Artículo 8.
“Son ciudadanos los guatemaltecos
varones mayores de
diez y ocho años que sepan
leer y escribir o tengan renta,
industria, oficio o profesión
que les proporcione medios
de subsistencia.”
De las distintas reformas que
tuvo la Constitución de la
Re pública de Guatemala, la
presente de forma expresa niega
la ciudadanía a las mujeres,
al reconocer ésta sólo para los
varones mayores de edad.
–160–

El impacto que tienen los principios de igualdad y universidad de los derechos humanos…
Constituciones y
sus reformas
Principio de igualdad Ciudadanía Análisis
Reformas a la Constitución de
la República de Guatemala,
hechas en 1935.
Artículo 16.
“Las autoridades de la Re pública
están instituidas para
mantener a los habitantes en
el goce de sus derechos que
son: la libertad, la igualdad y
la seguridad de la persona, de la
honra y de los bienes”.
No aparece en el texto. En esta Constitución se
reconoce la responsabilidad
de las autoridades del Estado
de preservar y promover
los principios liberales de:
libertad, igualdad, seguridad y
propiedad.
Constitución de la República
de Guatemala de 1945.
Artículo 21
“Toda persona goza de las
garantías que establece esta
Constitución, sin más restricciones
que las que ella misma
expresa. Con igual salvedad
se declara ilegal y punible
cual quier discriminación por
motivo de filiación, sexo, raza,
color, clase, creencias religiosas
o ideas políticas.
Artículo 9
“Son ciudadanos:
1º. Los guatemaltecos va rones
mayores de dieciocho años;
2º. Las mujeres guatemaltecas
mayores de dieciocho años
que sepan leer y escribir.
Son derechos y deberes inherentes
a la ciudadanía: elegir,
ser electo y optar a cargos
públicos.
El sufragio es obligatorio y
secreto para los ciudadanos
que sepan leer y escribir;
op tativo y secreto para las
mujeres ciudadanas; optativo
y público para los ciudadanos
analfabetos.
Tienen obligación de inscribirse
en el Registro Cívico, dentro
del año en que obtengan la
ciudadanía, todos los varones
de diez y ocho años que se pan
leer y escribir. Para las mujeres
y los analfabetos, tal inscripción
es un derecho. Los analfabetos
podrán ejer cer el sufragio…”
Este nuevo texto constitucional
positiviza la igualdad a partir de
garantizar la no discriminación.
Asímismo, es el primer texto
donde se reconoce la ciuda
danía, como un derecho
“optativo” a las mujeres y a las
personas analfabetas.
–161–

Revista de derechos humanos
Constituciones y
sus reformas
Constitución de la República
de Guatemala de 1956.
Principio de igualdad Ciudadanía Análisis
Artículo 40
“En Guatemala todos los seres
humanos son libres e iguales en
dignidad y derechos.
Nadie será sometido a ser vidumbre
ni a otra condición que
menoscabe su personalidad.
El Estado protege la vida, la
integridad corporal y la se guridad
de la persona humana.
Dará protección especial a las
personas que por sus condiciones
físicas o mentales se encuentren
en posición de notoria
desventaja.
El Estado estimulará la iniciativa
privada para todos los fines de
asistencia y mejoramiento so -
ciales y otorgará las más amplias
facilidades para su desarrollo.
Artículo 16.
Son ciudadanos:
1º. Los guatemaltecos va rones
mayores de die ciocho
años.
2º. Las mujeres guatemaltecas
mayores de dieciocho
años que sepan leer y
escribir.
Extracto del artículo 23.
“Queda prohibida la organización
o funcionamiento
de todas aquellas entidades
que propugnen la ideología
comunista o cualquier otro
sistema totalitario.”
A pesar de que en esta
Constitución se reconoce que
todos los guatemaltecos son
libres e iguales, la ciudadanía
plena se reconoce a todos los
hombres mayores de edad,
mientras que la misma se
reconoce sólo a las mujeres
alfabetas.
Asimismo, se estableció una
limitación a la participación política
de quienes simpatizaban
ideológicamente con el “co munismo”,
atentándose así con tra
el principio de “libertad” re conocido
por el liberalismo.
Constitución de la República
de Guatemala de 1965.
Artículo 43.
En Guatemala todos los seres
humanos son libres e iguales en
dignidad y derechos.
El Estado garantiza como derechos
inherentes a la persona
humana: la vida, la seguridad
corporal, la dignidad, la seguridad
personal y la de sus
bienes.
Ninguna persona puede ser
sometida a servidumbre ni a
otra condición que menoscabe
su dignidad y decoro.
Se prohíbe cualquier discri minación
por motivo de raza, color,
sexo, religión, nacimiento,
po si ción económica o social u
opiniones políticas.
Artículo 13.
Son ciudadanos: todos los
gua temaltecos, hombres y mujeres,
mayores de die ciocho
años.
Esta Constitución reconoce
la igualdad entre las personas
y lo reafirma al expresar manifiestamente
el principio de no
discriminación.
Asimismo, ésta equipara a
las mujeres y los hombres respecto
al goce del derecho de
ciudadanía.
Fuente: Elaboración propia. Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. Digesto Constitucional. Revista números
4,5,6,7. Guatemala. Períodos: Julio-Diciembre 1976, Enero-Junio 1977, Julio-Diciembre 1977, Enero-Junio 1978.
–162–

El impacto que tienen los principios de igualdad y universidad de los derechos humanos…
En el anterior cuadro se evidencia
que el principio de “igualdad” se
vindica desde la primera Constitución
del Estado de Guatemala; sin embargo,
esto no significa que a las mujeres se
les considerara titulares del mismo,
porque la ciudadanía no les fue reconocida
como derecho sino hasta
la Constitución de 1945, aunque de
manera parcial. Fue hasta 1965 que
se reconoció la ciudadanía a todas las
mujeres guatemaltecas.
2.2.2 Las mujeres en la Constitución
Política de la República de 1985
En Guatemala todos los seres humanos
son libres e iguales en dignidad
y derechos. El hombre y la mujer,
cualquiera que sea su estado civil,
tienen iguales oportunidades y responsabilidades.
Ninguna persona
puede ser sometida a servidumbre
ni a otra condición que menoscabe
su dignidad. Los seres humanos
deben guardar conducta fraternal
entre sí.
Artículo 4º. de la
Constitución Política
de la República de Guatemala
En 1992, la Oficina Nacional de la
Mujer (ONAM) impulsó un proyecto
para la modificación del Código Civil, 69
basada en los preceptos contenidos en
la Convención sobre la Eliminación de
Todas las Formas de Discriminación
Contra la Mujer (CEDAW), así como en:
“…los artículos 4 y 46 de la Constitución
Política de la República de Guatemala,
referentes respectivamente al principio
de igualdad entre hombres y mujeres,
sin importar su estado civil, y la prevalencia
de las convenciones y tratados
de derechos humanos sobre el derecho
interno, así como el contenido de la Convención
sobre la Eliminación de Todas
las Formas de Discriminación Contra la
Mujer ”. 70 El mismo fue presentado al
Congreso de la República de Guatemala;
sin embargo, fue ignorado por completo.
Paralelamente al accionar de la
ONAM, se planteó una acción de inconstitucionalidad
parcial, de fecha 6
de marzo de 1992, impulsada por la que
ocupaba en ese entonces el cargo de
Procuradora Adjunta de los Derechos
Humanos, Licda. María Eugenia Morales
de Sierra. La interponente argumentó que:
“…el Código Civil, Decreto Ley 106, en
69 Decreto Ley 106, emitido en 1963.
70 Morales Trujillo, Hilda. Traduciendo en acciones la CEDAW en Guatemala: el caso de María Eugenia Morales
de Sierra. Guatemala, Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM). 2002. Pág. 55.
–163–

Revista de derechos humanos
los artículos: 109 “Representación conyugal”;
110 “Protección a la mujer”; 113
“Mujer empleada fuera del hogar”; 114,
que se refiere a la posibilidad del esposo a
oponerse a que la mujer trabaje fuera del
hogar; 115 “Representación de la mujer”;
131 “Administración”, 133 “Administración
de la mujer”; 255 “La representación
de un hijo o hija con discapacidad
y administración de los bienes la tiene
el padre”; y 317 “Excusa”, violaban los
artículos 4, 5, 47, 63, 101, 102 y 136 de
la Constitución Política de la República
de Guatemala, que protegen el derecho de
IGUALDAD, LIBERTAD, DERECHO
A LA EXPRESIÓN CREADORA, AL
TRABAJO, A LA LIBRE ELECCIÓN
DE TRABAJO, A OPTAR A CAR-
GOS PÚBLICOS Y A PARTICIPAR
EN ACTIVIDADES POLÍTICAS”. 71
La normativa internacional con la
que respaldó su acción y su alegato ante
la Corte de Constitucionalidad fue la
siguiente.
a) La consagración del principio de
igualdad contenido en la Declaración
Universal de Derechos Humanos.
b) La Convención sobre la Eliminación
de Todas las Formas de Discriminación
Contra la Mujer (CEDAW).
c) La Convención Americana sobre
Derechos Humanos.
d) La Carta de la Organización de
los Estados Americanos, y sus
protocolos.
e) La Convención Interamericana sobre
la Concesión de Derechos Civiles a
la Mujer.
f) La Convención sobre la Nacionalidad
de la Mujer.
g) La Convención sobre la Esclavitud.
h) La Convención Relativa a la Lucha
contra las Discriminaciones en la
Esfera de la Enseñanza.
i) El Convenio de la Organización
Internacional del Trabajo sobre la
Eliminación de la Discriminación
en Materia del Empleo y la
Ocupación.
La licenciada María Eugenia Morales
de Sierra remarcó que las disposiciones
de tales instrumentos eran de
observancia obligatoria para el Estado
de Guatemala desde el momento en que
éste los ratificó, y que la misma Constitución
Política de la República, en su
71 Morales Trujillo, Hilda. Ibídem., Pág. 58.
–164–

El impacto que tienen los principios de igualdad y universidad de los derechos humanos…
artículo 44 establece que: “Serán nulas
ipso jure las leyes y las disposiciones gubernativas
o de cualquier otro orden que
disminuyan, restrinjan o tergiversen los
derechos que la Constitución garantiza”.
El 24 de junio de 1994, la Corte de
Constitucionalidad declaró esta acción
sin lugar, basándose en la preeminencia
de la Constitución, las costumbres y la
tradición de la familia guatemalteca:
las distinciones eran constitucionales,
pues, entre otras cosas, ofrecían certeza
jurídica en la asignación de las funciones
dentro del matrimonio, protegían al
hogar así como a los hijos e hijas dentro
de los valores tradicionales; además,
permitían la protección de la mujer como
madre y esposa. 72
La decisión de la Corte de Constitucionalidad
(conformada solamente por
magistrados hombres) respecto a este
caso contradecía los artículos: 4 73 , 44 y
46 de la Constitución Política de la República,
tomando en consideración que
el Estado de Guatemala había ratificado
ya la Convención sobre la Eliminación
de Todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer (CEDAW); así como el
preámbulo de la misma.
Nosotros, los representantes del
pueblo de Guatemala, electos libre
y democráticamente, reunidos en
Asamblea Nacional Constituyente,
con el fin de organizar jurídica y
políticamente al Estado; afirmando
la primacía de la persona humana
como sujeto y fin del orden social;
reconociendo a la familia como
génesis primario y fundamental de
los valores espirituales y morales
de la sociedad y, al Estado, como
responsable de la promoción del
bien común, de la consolidación
del régimen de legalidad, seguridad,
justicia, igualdad, libertad y paz;
inspirados en los ideales de nuestros
antepasados y recogiendo nuestras
tradiciones y herencia cultural; decididos
a impulsar la plena vigencia
de los derechos humanos dentro
de un orden institucional estable,
permanente y popular, donde gobernados
y gobernantes procedan con
absoluto apego al Derecho.
Esta contradicción se refleja en el
texto del preámbulo, que afirma la “supremacía
de la persona humana como
sujeto y fin del orden social”. Si bien
se reconoce a la familia como génesis
primario de los valores espirituales y
morales de la sociedad, ésta no podría
72 Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). “Informe No. 4/01, caso 11,625 María Eugenia Morales
de Sierra. Guatemala.” 19 de enero de 2001. www.cidh.oras.org/annualrep/2000sp/Capitulo III/Fondo/Guatemala11.625
htm. Consultada en septiembre de 2005.
73 Transcrito al inicio de este apartado.
–165–

Revista de derechos humanos
ser antepuesta al bienestar integral
del individuo. Sin embargo, la Corte
Constitucional de esa época, basada en
juicios androcéntricos y patriarcales, dio
mayor preeminencia a la “familia” y a la
“tradición” (de tipo machista), respecto a
las féminas. Tampoco observó lo estipulado
por el artículo 4º. constitucional que
afirma la igualdad de derechos y dignidad
entre hombres y mujeres; así como en
responsabilidades y oportunidades, independientemente
del estado civil. De
igual manera, ignoró los artículos 44 y 46
que permitían la incorporación de la CE-
DAW al ordenamiento jurídico interno y,
específicamente, el artículo 1 de ésta, que
define la discriminación contra la mujer.
“toda distinción, exclusión o restricción
basada en el sexo que tenga por
objeto o por resultado menoscabar
o anular el reconocimiento, goce o
ejercicio por la mujer, independientemente
de su estado civil, sobre la
base de la igualdad del hombre y la
mujer, de los derechos humanos y
las libertades fundamentales en las
esferas política, económica, social,
cultural y civil o en cualquier otra
esfera”.
Esta sentencia constitucional dejaba
a las guatemaltecas en una condición
de subordinación, “servidumbre” y
dependencia jurídica respecto a sus esposos,
a quienes se les daba la potestad
de ejercer control directo y continuado
sobre aspectos importantes de su vida,
transgrediendo así la vida privada y
familiar de las guatemaltecas.
El 8 de febrero de 1995, el caso fue
llevado ante la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos (CIDH), donde
además de la argumentación ya expuesta,
se indicó que el Código Civil creaba distinciones
entre las mujeres casadas, las
mujeres solteras y los hombres casados,
y limitaba los derechos de las primeras,
en virtud de su sexo y de su estado civil.
Para el trámite ante la CIDH, fue
necesario acreditar la condición de
víctima de una persona en concreto;
fue por ello que se nominó en el caso a
María Eugenia Morales de Sierra, quien:
“…siendo mujer casada con hijos y con
residencia en Guatemala está sujeta a un
régimen jurídico que limita su capacidad
de ejercer sus derechos en virtud de su
sexo y estado civil por el simple hecho
de estar en vigor”. 74
La acreditación de una víctima concreta
ante la CIDH demuestra que las
mujeres no eran consideradas sujetas de
derechos colectivos; sin embargo, uno de
los grandes aportes de este caso concreto
ante esta instancia internacional fue:
74 Morales Trujillo, Hilda. Op. cit., Pág. 71.
–166–

El impacto que tienen los principios de igualdad y universidad de los derechos humanos…
“…el reconocimiento por parte de la
Comisión Interamericana de la extensión
colectiva de la privación de un derecho
individual”. 75
El resultado de estas diligencias fue
que en 1997, el Congreso de la República
de Guatemala hiciera algunas modificaciones
al Código Civil, tomando
como principal base un anteproyecto
de ley presentado por las miembras de
la ONAM desde 1992.
Aunque Guatemala cuenta con una
de las constituciones más garantista de
los derechos humanos en América Latina,
su positivización depende del criterio
interpretativo del operador u operadora
de justicia; el mismo puede ser emitido
de manera restrictiva, es decir, que limite
el goce de los derechos fundamentales,
especialmente los de las guatemaltecas,
quienes constituyen más del 51% de la
población a nivel nacional.
El caso específico presentado en
este apartado, refleja la crisis de la
hermenéutica constitucional cuando
magistrados (encargados de garantizar
los derechos establecidos en la Carta
Magna guatemalteca), resuelven desfavorablemente
en contra de las mujeres
al no tomar en cuenta los derechos
humanos específicos de las féminas, ni
las acciones afirmativas al momento de
emitir sus fallos, colocándolas así en
una situación de mayor vulnerabilidad
jurídica y social.
A esto hay que aunar que están vigentes
un gran número de leyes ordinarias que
fueron elaboradas décadas anteriores a la
existencia y vigencia de la Carta Magna
de 1985, por lo que muchos de sus artículos
la contravienen; por ejemplo, el
Código Penal y sus artículos 176, 177 y
200, que regulan lo referente al estupro,
estupro agravado y a la condonación de
la pena de algunos delitos sexuales si el
victimario se casa con la víctima, siempre
que ella sea mayor de 12 años de edad.
2.3 Las mujeres y los Acuerdos de Paz
En los Acuerdos de Paz se reconoce
la situación de discriminación y
exclusión de la que han sido víctimas
las guatemaltecas por su condición de
mujeres, dado que no tienen las mismas
oportunidades de acceso al crédito, a la
tierra, a la educación, a la salud, etc.
Con la firma de los Acuerdos de
Paz se adquirieron compromisos de
equiparar a las mujeres respecto de los
hombres, especialmente en tres de ellos,
que se describen a continuación.
75 Morales Trujillo, Hilda. Ibídem., Pág. 14.
–167–

Revista de derechos humanos
Nombre del Acuerdo
Acuerdo Socioeconómico y
Situación Agraria
Acuerdo para el Reasentamiento
de las Poblaciones
De sarraigadas por el
Enfrenta miento Armado
Acuerdo sobre Identidad
y Derechos de los Pueblos
Indígenas
Contenidos
Se reconoce la importancia de la participación de las guatemaltecas en el desarrollo social
y económico del país, así como la necesidad de que tanto mujeres como hombres tengan
las mismas responsabilidades dentro del hogar.
Se asumen los compromisos de:
• Garantizarles las mismas posibilidades que a los hombres de tener acceso a créditos, a
la propiedad, a la vivienda, a recursos tecnológicos y productivos.
• Garantizarles el acceso a la educación, salud, trabajo, organización y participación.
• Revisar la legislación nacional para eliminar y/o reformar todas aquellas normas que
las discriminan.
Se acuerda garantizar “particularmente” la protección de aquellas familias monoparentales
femeninas, así como de las viudas y menores de edad en situación de orfandad, por ser de
la población más afectada por el conflicto armado interno.
Se asumen los compromisos de:
• Eliminar cualquier forma de discriminación, de hecho o legal, contra las guatemaltecas
en cuanto a acceder a la propiedad y/o vivienda.
• Incorporar el enfoque de género a las políticas, programas y estrategias de desarrollo
del Estado de Guatemala.
Se reconoce una doble discriminación que sufren las guatemaltecas, por su condición de
mujeres y de indígenas, en todos los aspectos.
Se reconoce que por esta doble discriminación, ellas engrosan las filas de los grupos
humanos más pobres y explotados del país.
Se asume el compromiso de:
• Tipificar el “acoso sexual” como delito y que se considere como un agravante si la
víctima es una mujer indígena.
• Crear la Defensoría de la Mujer Indígena,
• Divulgar y cumplir la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer (CEDAW)
Fuente: Elaboración propia.
Según la Misión de Verificación
de las Naciones Unidas en Guatemala
(MINUGUA), desde la firma de los
Acuerdos de Paz, los avances realizados
en materia de los Acuerdos de Paz, han
sido los siguientes: 76
Año
Acción
1999 Ley de Dignificación y Promoción Integral de la Mujer, que promueve la promoción integral de la mujer y su
dignificación en todos los ámbitos.
1999 Ley del Fondo de Tierras: estableció el derecho de copropiedad entre parejas.
1999 Creación de la Defensoría de la Mujer Indígena (DEMI), que tiene como fin atender las particulares situaciones de
vulnerabilidad, indefensión y discriminación de la mujer indígena.
76 Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Guatemala (MINUGUA). Retomando el camino: tareas pendientes
en la construcción de la paz. Situación de la mujer. Guatemala, febrero 2004. Págs. 2-4.
–168–

El impacto que tienen los principios de igualdad y universidad de los derechos humanos…
1999 Creación del Foro Nacional de la Mujer, que es un espacio de participación de las mujeres para consensuar propuestas,
desde su condición de féminas, que tengan incidencia en las políticas nacionales de desarrollo humano integral, para
contribuir a la reconciliación nacional y a la construcción de una nación multiétnica, pluricultural y multilingüe.
2000 Creación de la Secretaría Presidencial de la Mujer (SEPREM). A través de ésta se generó “La Política Nacional
de Promoción y Desarrollo de las Mujeres Guatemaltecas y el Plan de Equidad de Oportunidades 2001-2006”, que
contiene las propuestas generadas desde el Foro Nacional de la Mujer.
2002 Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural: establece la posibilidad de participación de mujeres indígenas y no
indígenas en los diferentes niveles del sistema de Consejos.
2002 El Decreto 57-2002 modificó el artículo 220 bis del Código Penal sobre discriminación.
Este artículo tipifica el delito de discriminación y sanciona con prisión y multa a quien por acción u omisión incurriere
en actos de discriminación que impidan o dificulten a una persona, grupo de personas o asociaciones, el ejercicio de un
derecho legalmente establecido, incluyendo el derecho consuetudinario o costumbre, y establece como circunstancia
agravante de tipo penal la discriminación por razón idiomática, cultural o étnica, para quien difunda, apoye o incite
ideas discriminatorias; cuando el hecho sea cometido por funcionario o empleado público en el ejercicio de su cargo,
y cuando el hecho sea cometido por un particular en la prestación de un servicio público.
2003 Creación de la Unidad de la Mujer en el Fondo de Tierras, para garantizar el acceso de las mujeres a la tierra.
Fuente: Elaboración propia.
Al observar el cuadro anterior, se
puede ver que el mayor avance que se
ha tenido en materia de “las mujeres y
los Acuerdos de Paz” es que el tema de
“género” se ha institucionalizado en el
aparato estatal. Éste, si bien es un avance,
es uno de carácter eminentemente formal,
porque hay que recordar que el concepto
“género” es: “…una construcción simbólica
y contiene el conjunto de atributos
asignados a las personas a partir del sexo.
Se trata de características biológicas, físicas,
económicas, sociales, psicológicas,
eróticas, jurídicas, políticas y culturales”. 77
Los distintos gobiernos que han tenido
la responsabilidad de ejecutar estos
Acuerdos, se han dedicado a la creación
de “instituciones” que manejan el tema
de la “mujer”, o han creado leyes que
discursivamente promueven “el desarrollo
de la mujer”, pero sin establecer
acciones claras sobre cómo hacerlo. El
“acoso sexual” aún no ha sido tipificado;
artículos y leyes que discriminan a las
féminas por su condición de mujeres, no
han sido reformados; las instituciones
creadas para la promoción y defensa
de las guatemaltecas cuentan con muy
escasos fondos asignados; la ocupación
de puestos públicos por parte de las mujeres
es aún muy poca; hay resistencia
a incorporar dentro de las reformas a la
Ley Electoral y de Partidos Políticos,
las cuotas de poder para las mujeres;
paradójicamente, se alega que esto
77 Lagarde, Marcela. Género y feminismo: desarrollo humano y democracia. México. Editorial Horas y Horas.
1996. Pág. 27.
–169–

Revista de derechos humanos
constituiría “discriminación contra los
hombres”.
Por lo expuesto anteriormente, puede
decirse que hasta la actualidad no hay
leyes o entidades que, de manera concreta,
transformen las estructuras de discriminación,
exclusión y subordinación en
las que se encuentran las guatemaltecas
respecto de los guatemaltecos.
“Los Acuerdos de Paz han generado
una mayor visibilidad del tema de
género. Sin embargo, se han dado pocos
avances sustantivos en contra de
la discriminación y la participación
ciudadana de las mujeres sigue siendo
muy limitada. Todavía hace falta
enfrentar muchos obstáculos que se
generan a raíz de una serie de problemas,
como la falta de documentación
personal, violencia intrafamiliar y
la falta de acceso a la educación”. 78
A casi 9 años de la firma de los
Acuerdos de Paz, el 3 de agosto de 2005
el Congreso de la República emitió el
Decreto 52-2005, vigente a partir del
15 de septiembre del mismo año, en el
cual se reconocen jurídicamente dichos
Acuerdos como compromisos de Estado;
esta acción obliga a cualquier gobierno
(a partir de la emisión del referido decreto)
a cumplir con los mismos, en aras
del bien común.
La Ley Marco de los Acuerdos de
Paz, en sus artículos 5 y 6 reconoce la
necesidad de readecuar y crear un cuerpo
jurídico que permita el desarrollo y
cumplimiento de los Acuerdos.
Artículo 4. Gradualidad del proceso.
El proceso para el cumplimiento de
los Acuerdos de Paz es dinámico
y gradual, por lo que corresponde
al Estado ejecutar e impulsar los
cambios normativos, institucionales
y de políticas públicas, implicados
en los Acuerdos de Paz, a través de
un proceso ordenado e integral que
a la vez promueva la más amplia
participación de la sociedad.
Artículo 5. Desarrollo y complementación.
Por su naturaleza de
Ley Marco, ésta es susceptible de
desarrollo y complementación a
través de otras leyes. 79
A través de estos dos artículos, el
Estado de Guatemala se comprometió a
modificar particularmente las leyes y a
crear un cuerpo jurídico complementario
que ayude a implementar los compromisos
adquiridos en los Acuerdos de
Paz, inclusive aquéllos relacionados
78 MINUGUA. Op. cit., Pág. 4.
79 Decreto 52-2005 del Congreso de la República, publicado el 7 de septiembre de 2005 en el Diario de Centro
América.
–170–

El impacto que tienen los principios de igualdad y universidad de los derechos humanos…
con las mujeres y que aún quedan
pendientes, entre éstos: equiparar las
responsabilidades de los guatemaltecos
y las guatemaltecas dentro del hogar;
que las mujeres accedan al crédito, a la
propiedad, a los recursos tecnológicos y
productivos; garantizarles el acceso a los
servicios básicos (educación, salud, trabajo);
asimismo, equiparar sus oportunidades
para organizarse y participar en el
ámbito público. Reformar o derogar toda
aquella legislación que las discrimina;
tipificar el delito de “acoso sexual”, entre
muchos otros puntos pendientes.
Este mismo Decreto creó una instancia
llamada “Consejo Nacional para el
Cumplimiento de los Acuerdos de Paz
(CNAP), que tendrá a su cargo promover
las reformas legales y proponer nuevas
normativas. En la misma se contempló
la participación de representantes de la
sociedad civil, entre los que se contempla
el movimiento de mujeres.
La conformación representativa del
CNAP es de vital importancia, porque así
como en la elaboración de los contenidos
de los Acuerdos de Paz, permite a los
distintos sectores hacer visibles sus particularidades
y, por ende, sus demandas
específicas de sector; obliga al Estado a
dialogar con la sociedad civil y a trabajar
de manera conjunta. Adicionalmente, la
Ley Marco contempla realizar consultas
periódicas que permitan la participación
social y una evaluación del desarrollo de
los Acuerdos de Paz.
2.4 Las mujeres y la Ley para
Prevenir, Sancionar y Erradicar
la Violencia Intrafamiliar 80
(Decreto 97-96 del Congreso
de la República de Guatemala)
La violencia contra las mujeres es:
“…la expresión de dominio y opresión
que las sociedades patriarcales ejercen
sobre las mujeres, limitando sus posibilidades
de desarrollo y el ejercicio de
sus derechos”. 81 La misma puede ser
ejercida de distintas maneras.
a) Física, que tiene por objeto causar
daño corporal, por ejemplo: golpes,
heridas, jalones de pelo, patadas,
etc.
b) Sexual, que implica el ejercicio de
la fuerza y poder (físico, emocional,
económico) para obligar a la víctima
a realizar algún acto sexual, en
contra de su voluntad.
c) Emocional o psicológica, que son
aquellas acciones que dañan la
80 Vigente desde el 28 de diciembre de 1996.
81 Coordinadora Nacional para la Prevención de la Violencia Intrafamiliar y contra las Mujeres (CONAPREVI).
Plan nacional de prevención y erradicación de la violencia intrafamiliar y contra las mujeres. Guatemala, febrero
2004. Pág. 7
–171–

Revista de derechos humanos
autoestima de la víctima; se puede
realizar a través de insultos, silencios
injustificados, desdenes, etc.
d) Patrimonial, está relacionada con el
control de los bienes. Se puede dar
de manera activa, cuando se atenta
contra la propiedad de la pareja o
de la víctima: destrucción, venta
de objetos, etc. Ésta también puede
realizarse de manera pasiva, a través
de la denegación del “gasto”, de la
pensión alimenticia, apropiación de
los ingresos de la víctima, etc.
Los casos de violencia intrafamiliar
son muchos, según los registros con que
se cuentan.
Año Institución Denuncias recibidas
2002 Fiscalía de la Mujer, Ministerio Público 12,192
2 de enero al 30 septiembre
2005
Juzgados de familia 82 3,466
Fuente: Elaboración propia.
A pesar del alto número de casos
de violencia familiar denunciados,
son muchísimos los casos que no
se conocen porque se consideran
como hechos “normales”; también
se debe a que las víctimas dependen
económicamente del perpetrador,
o temen represalias en su contra.
Debido a la lucha del movimiento de
mujeres, el Estado de Guatemala ratificó
en 1994, la “Convención Interamericana
para Prevenir, Sancionar y Erradicar
la Violencia contra la Mujer”, a través
del Decreto 69-94 del Congreso de la
República. En 1996 se logró la emisión
de la “Ley para Prevenir, Sancionar y
Erradicar la Violencia Intrafamiliar”; es
la primera norma que se crea para proteger
la vida, la integridad, la seguridad y
la dignidad de las víctimas de violencia
doméstica o intrafamiliar.
“Sin ser una ley penal sino procesal,
es un recurso legal valioso que
dicta medidas de seguridad para las
víctimas de violencia intrafamiliar
y las instituciones responsables de
recibir denuncias, brindar capacitación
a operadores de justicia sobre
su aplicación…” 83
La Ley para Prevenir, Sancionar
y Erradicar la Violencia Intrafamiliar
establece un marco que permite identi-
82 6 Juzgados del departamento de Guatemala.
83 CONAPREVI. Op. cit., Pág. 11.
–172–

El impacto que tienen los principios de igualdad y universidad de los derechos humanos…
ficar en qué consiste, así como que ésta
constituye una violación a los derechos
humanos.
“Constituye una violación a los derechos
humanos y debe entenderse
como cualquier acción u omisión
que de manera directa o indirecta
causare daño o sufrimiento físico,
sexual, psicológico o patrimonial,
tanto en el ámbito público como
privado, a persona integrante del
grupo familiar, por parte de parientes
o conviviente o ex conviviente,
cónyuge o ex cónyuge, o con quien
se haya procreado hijos e hijas”.
Artículo 1 Decreto 97-96
del Congreso de la República
Este concepto de violencia intrafamiliar
permite romper el mito de que es
algo “normal”. Lamentablemente, no
se ha tipificado ésta como delito, por
lo que muy pocos casos 84 pueden ser
perseguidos penalmente, lo cual pone
en una condición de vulnerabilidad y
riesgo a la víctima.
Es de vital importancia hacer notar
que la “violencia intrafamiliar”, a pesar
de que en su mayoría está conformada
por acciones de “violencia contra las
mujeres”, no es considerada de “impacto
social” porque no transgrede el
orden público.
El Ministerio Público con consentimiento
del agraviado, si lo hubiere,
y autorización del juez de primera
instancia o de paz que conozca del
asunto, podrá abstenerse de ejercitar
la acción penal en cualquiera de los
siguientes casos:
1) Cuando se tratare de delitos que
por su insignificancia o su poca
frecuencia no afecten gravemente
el interés público, salvo cuando
a pedido del Ministerio Público,
el máximo de la pena privativa
de libertad supere dos años de
prisión, o se hubiere cometido
por un funcionario o empleado
público en ejercicio de su cargo.
2) Cuando la culpabilidad del
sin dicado o su contribución en
la perpetración del delito sea
mínima, salvo que se tratare de
un hecho delictuoso cometido por
funcionario público o emplea do
público en el ejercicio de su cargo.
3) Cuando el inculpado haya sido
afectado directa y gravemente
por las consecuencias de un delito
culposo y la pena resulte inapropiada.
En los casos anteriores
84 Cuando se sufre un cierto tipo de lesiones y/o la víctima muere.
–173–

Revista de derechos humanos
será necesario que el imputado
hubiere reparado el daño ocasionado
o exista un acuerdo con el
agraviado en ese sentido…” 85
Artículo 25 del Código Procesal
Penal, Decreto 51-92
del Congreso de la República.
Llama la atención que la persecución
penal se suspende porque se argumenta
que los delitos son insignificantes y poco
frecuentes; sin embargo, sólo en el período
del 2 de enero al 30 de septiembre
del año 2005, los Juzgados de Familia de
la ciudad de Guatemala habían recibido
3,466 casos de violencia intrafamiliar, es
decir, diariamente (sólo en este período
y en la jurisdicción de estos juzgados)
hubo un promedio de 12.70 víctimas de
violencia intrafamiliar. Este dato no refleja
la realidad de la violencia que sufren
las guatemaltecas, dado que la mayoría
prefiere no denunciar sus casos porque
les resulta oneroso, temen al victimario,
dependen económicamente de éste, creen
que la violencia es normal, etc.
“…el hombre cree que propinarle
una paliza a su esposa, al punto de
dejarla inconsciente, es su derecho,
pues la mujer le ha sido entregada
para protegerla y corregirla. La mujer
cree que no es una buena mujer,
ya que se ha esmerado en sus obligaciones,
derivadas de la relación
tradicional de pareja, y nunca logra
comprender con exactitud qué hace
feliz a su compañero; por lo tanto,
cree que su actitud provoca la ira
de él y ella se siente culpable. El
funcionario de justicia penal cree que
éste es un asunto que no le compete,
porque si bien es cierto que el hombre
la intentó estrangular, al punto de
que ella perdió el conocimiento, esto
no constituye nada menos y nada
más que una falta, según indica el informe
médico forense: ¡Los moretones
desaparecerán en menos de diez
días! Además, ocurrió en el ámbito
familiar, que comprende el ámbito
de la vida privada, donde se cree
que el Estado no debe intervenir”. 86
Si bien el Artículo 25 del Código
Procesal Penal indica que esta abstención
de ejercer la acción penal debe ser consentida
por la persona agraviada, durante
el proceso ella no es informada por la
Fiscalía, y la decisión termina siendo unilateral
por parte del Ministerio Público.
La violencia intrafamiliar y la violencia
sexual son susceptibles de des-
85 Lo resaltado es responsabilidad de la autora.
86 Almendarez, Graciela y Antonio Alcántara. Aplicación del criterio de oportunidad a casos de violencia contra la
mujer. Guatemala. Centro de Investigación, Capacitación y Apoyo a la Mujer (CICAM). 2002. Págs. 29-30
–174–

El impacto que tienen los principios de igualdad y universidad de los derechos humanos…
judicialización y del criterio de oportunidad,
porque el bien jurídico protegido
responde a “intereses de particulares”; 87
además, se aplican estos recursos en aras
de “mantener la unidad familiar” a costa
de la integridad física, sexual, emocional
y patrimonial de la víctima. Esta situación
sólo empodera al victimario mientras
que a la víctima la vulnera y revictimiza.
Por todo lo anterior, se evidencia que
las mujeres se encuentran desprotegidas
y en una posición de desventaja ante la
ley ordinaria, por lo que de esta manera
se ven contravenidos los artículos
constitucionales: 3 Derecho a la vida;
4 Libertad e igualdad; 5 Libertad de
acción; 29 Libre acceso a tribunales y
dependencias del Estado; 44 Derechos
inherentes a la persona humana; y 46
Preeminencia del Derecho Internacional.
También los artículos 1 y 2 de la Convención
sobre la Eliminación de Todas
las Formas de Discriminación contra la
Mujer (CEDAW); y los Artículos 1, 2,
7 y 8 de la Convención Interamericana
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la
Violencia contra la Mujer, son contravenidos.
Tanto los vacíos jurídicos como la
aplicación de medidas desjudicializadoras
en casos de violencia intrafamiliar
y/o contra la libertad y seguridad sexual,
evidencian el androcentrismo de la ley,
porque cuando la misma se elaboró no
se tomó en consideración la violencia,
exclusión y discriminación que viven las
mujeres en razón de su sexo. Inclusive, a
través de la ley, ellas son mantenidas en
una relación de subordinación respecto
de los hombres, porque son vistas como
seres inferiores e incompletos.
3. Análisis de género del goce de los
siguientes derechos: participación
política, trabajo, educación,
propiedad y tierra, derechos
sexuales y reproductivos;
y acceso a la justicia
3.1 La participación política
de las mujeres
Como se evidenció en los capítulos
anteriores, desde la lógica de un imaginario
social hegemónicamente androcéntrico,
las mujeres no eran consideradas iguales
que los hombres y por ello se les negó
su derecho a participar políticamente.
Por su condición de “madres” fueron
recluidas al ámbito doméstico y
supeditadas al dominio patriarcal. Esta
87 Morales Trujillo, Hilda, en introducción hecha a Propuesta de Ley para reformar el Código Procesal Penal,
elaborado por María del Rosario Velásquez Juárez. Guatemala. Centro de Investigación, Capacitación y Apoyo
a la Mujer (CICAM). Guatemala 2002. Pág. 11.
–175–

Revista de derechos humanos
exclusión de las féminas del ejercicio
del poder y de la toma de decisiones, ha
repercutido hasta la actualidad porque,
a pesar de que ellas constituyen el 50%
de la humanidad, su representación
en el ámbito público es mínima. En el
presente capítulo se comprobará cómo
esta afirmación es real en la sociedad
guatemalteca.
El Tribunal Supremo Electoral de
Guatemala presentó, durante el año 2002,
una investigación 88 en la que presenta, de
manera comparativa, el significado que
tiene el concepto “participación” para
dos fuentes distintas, que son:
Ciencias sociales
(Rodrigo Borja)
Participar es el acto que
convierte a todos los in dividuos
en pro tagonistas de los
diversos procesos sociales,
mediante su intervención
en actividades económicas,
políticas y culturales de la
vida del grupo.
Las mujeres
guatemaltecas
Participar significa: a) rea lizar
trabajo co munitario; b)
organizarse o agruparse; c)
adquirir conciencia de género,
empoderarse; d) asistir a reuniones;
e) capacitarse; y f)
involucrarse en actividades
políticas o con significado
político.
En la concepción que tienen las mujeres
sobre su participación, el Tribunal
Supremo Electoral en su investigación
“Las percepciones de las mujeres guatemaltecas
sobre su participación política”,
ahonda en las categorías identificadas en
el cuadro anterior:
a) Realizar trabajo comunitario: su
acción está orientada a objetivos de
desarrollo y búsqueda de soluciones
a problemas comunitarios, que afectan
su cotidianeidad.
b) Organizarse o agruparse: se asocia
con el sentido de pertenencia
y/o involucramiento en comités y
organizaciones no gubernamentales.
Apoyar a los grupos a los que
pertenecen, así como ser tomadas
en cuenta en la toma de decisiones.
También lo entiende como el “estar
en un proyecto”, ser beneficiarias de
un proyecto.
c) Adquirir conciencia de género:
se entiende como ser tomadas en
cuenta en la toma de decisiones,
hacer escuchar su voz, hacer valer
sus derechos, opinar, proponer e
influir.
d) Asistir a reuniones: estar presente
en reuniones, donar el tiempo o
tener tiempo disponible para ir a
éstas.
e) Capacitarse: se expresa como adquirir
conocimientos nuevos, recibir
orientación que les permite conocer
nuevas cosas.
88 Tribunal Supremo Electoral –TSE–. Las percepciones de las mujeres guatemaltecas sobre su participación política.
Guatemala, 2002, Págs. 24-25.
–176–

El impacto que tienen los principios de igualdad y universidad de los derechos humanos…
f) Involucrarse en actividades políticas:
Es participar en política partidista.
La participación de las mujeres
guatemaltecas se da en un sistema político
concreto, entendido como “...el
conjunto de los procesos de decisión
que conciernen a la totalidad de una
sociedad global”. 89 Implica a los grupos
hegemónicos y sus relaciones entre sí,
el ejercicio del poder, etc. Los sistemas
políticos no son buenos o malos, correctos
o incorrectos; simplemente existen,
aunque la manera como procesan las
demandas varía mucho de un sistema
a otro. 90
3.1.1 Mujeres en cargos públicos
El sistema que es reconocido como
legítimo por las Naciones Unidas y la
Organización de los Estados Americanos
es la democracia.
Arto. 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
1. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por
medio de representantes libremente escogidos.
2. Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones
públicas de su país.
3. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad se
expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente,
por sufragio universal e igual, y voto secreto u otro procedimiento equivalente que
garantice la libertad del voto.
Arto. 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Todos los ciudadanos gozarán, sin ninguna de las distinciones mencionadas en el artículo
2, y sin restricciones indebidas, de los siguientes derechos y oportunidades:
a) Participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes
libremente elegidos;
b) Votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio
universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad
de los electores.
c) Tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su
país.
89 Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH) y Centro Interamericano de Asesoría y Promoción Electoral
(CAPEL). Diccionario electoral. Costa Rica, 1989, Pág. 651.
90 Torres Mejía, David. “Sistema político”. Publicado en El léxico de la política. México. Facultad Latinoamericana
de Ciencias Sociales, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Fundación Heinrich Böll, Fondo de Cultura
México. 2000. Págs. 682-686.
–177–

Revista de derechos humanos
Arto. 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
1. Todos los ciudadanos deben de gozar de los siguientes derechos y oportunidades:
a) de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio
de representantes libremente elegidos;
b) de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por
sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre elección
de los electores, y
c) de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas
de su país.
2. La ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que se refiere el
inciso anterior, exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma,
instrucción, capacidad civil o mental, o condena, por juez competente, en proceso penal.
Arto. 2 de la Carta Democrática Interamericana.
El ejercicio efectivo de la democracia representativa es la base del Estado
de derecho y los regímenes constitucionales de los Estados Miembros de la
Organización de los Estados Americanos. La democracia representativa se
refuerza y profundiza con la participación permanente, ética y responsable de la
ciudadanía en un marco de legalidad conforme al respectivo orden constitucional.
La democracia, sin embargo, para
ser legítima debe reunir los siguientes
elementos:
a) Representatividad, que implica
un acatamiento de la voluntad de
la mayoría, manifestada a través
de elecciones libres y periódicas
y del orden constitucional, que
conlleva el reconocimiento de las
minorías.
b) Libertad, porque se fundamenta en la
libertad del ser humano, en perfecta
compatibilidad con los Derechos
Económicos, Sociales y Culturales
(DESC).
c) La igualdad. 91
Guatemala en su Constitución misma
establece y caracteriza su tipo de
gobierno:
91 IIDH y CAPEL. Op. cit., Pág. 199-206.
–178–

El impacto que tienen los principios de igualdad y universidad de los derechos humanos…
Arto. 140. Estado de Guatemala. Guatemala es un Estado libre, independiente y soberano,
organizado para garantizar a sus habitantes el goce de sus derechos y de sus libertades.
Su sistema de gobierno es republicano, democrático y representativo.
A pesar de que las mujeres constituyen
el 51.1% de la población total del
país, 92 su nominación a candidaturas
para cargos de elección popular en el
2003 por parte de las distintas organizaciones
políticas, fue mínima:
Tipo de
organización política
Total
Cantidad de candidaturas
Hombres
Mujeres
Total
Partidos políticos 17 21,451 2,254 23,705
Comités cívicos 186 1,974 222 2,196
Coaliciones de partidos
políticos 8
3,259 259 3,518
26,684 2,735 29,419
Fuente: Tribunal Supremo Electoral (TSE). Memoria Elecciones Generales 2003 Pág. 36. Guatemala.
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
0
Postulaciones
por partidos
políticos
Postulaciones
por comités
cívicos
Postulaciones
por coaliciones
de partidos
políticos
Candidatos hombres
Candidatas mujeres
Fuente: Elaboración propia. Datos del Tribunal Supremo Electoral. Memoria
Elecciones Generales 2003. Pág. 36. Guatemala.
92 Según el XI Censo Nacional de Población en Guatemala 2002, hay 11,237,196 personas y de ellas, 5,740,357
son de sexo femenino.
–179–

Revista de derechos humanos
En la gráfica anterior se evidencia
que las mujeres aún tienen muy pocas
posibilidades de contar con una representación
e incidencia reales en las
decisiones que se toman en el ámbito
público, aun cuando se discuten en los
foros políticos temas que les afectan
particularmente en su condición de mujeres,
por ejemplo: los derechos sexuales
y reproductivos.
La postulación de las mujeres es
especialmente para cargos que complementan
las planillas de la terna
para las alcaldías o diputaciones y
generalmente se les coloca en las últimas
posiciones de los listados, lo cual
reduce sus probabilidades de acceder
a los cargos públicos. En el proceso
electoral del año 2003, en el binomio
presidencial sólo fue postulada una
mujer para el cargo de vicepresidenta.
“El resultado, no obstante exista una
preparación académica y experiencia
en algunas mujeres que se lanzan a la
participación y que por lo tanto reúnen
los méritos suficientes, se encuentra en
que ‘la cuota’ es fijada en la práctica,
pero no una cuota acorde al nivel de
participación ni del porcentaje que
representan las mujeres con relación
al total de la población guatemalteca
(poco más del 50% de acuerdo al censo
de población practicado en el año
2002), sino en aquélla que la autora de
la Política de las Mujeres (Valcárcel,
Amelia) denomina “las mujeres florero”,
para significar que se incluye
un mínimo de mujeres para que “se
aparente” que no hay discriminación,
pero al ser reiterada esa cuota, ésta se
constituye en “un techo de cristal” que
no se rompe y perdura por años y años,
como ocurre con el número de diputadas
al Congreso de la República y más
gráficamente, en los últimos períodos
en la Corte Suprema de Justicia, en donde
entre 13 puestos que la conforman,
se elige indefectiblemente únicamente
a 2 magistradas”. 93
La representación de las mujeres en
los espacios de poder, asignados a través
del sufragio en las elecciones generales
del 2003, fue el siguiente:
93 Morales Trujillo, Hilda. “La constitución del Siglo XXI. El Estado. La sociedad. Género”. Publicado en la Memoria
del XVIII Congreso Jurídico Guatemalteco “Licenciado Edgar Alfredo Balsells Tojo”. Guatemala, Colegio
de Abogados y Notarios de Guatemala. Noviembre 2004. Págs. 96-97.
–180–

El impacto que tienen los principios de igualdad y universidad de los derechos humanos…
Puestos de elección
popular
Hombres
% de cargos
adjudicados
Mujeres
% de cargos
adjudicados
Diputaciones por Lista Nacional 27 87.10% 4 12.90%
Diputaciones por Distrito Electoral 148 93.67% 10 6.33%
Alcaldías 323 97.58% 8 2.42%
Total 498 95.77% 22 4.23%
Fuente: Elaboración propia. Datos del Instituto Nacional de Estadística. “XI Censo Nacional de Población del 2002” y Tribunal Supremo
Electoral. Memoria Elecciones Generales 2003. Guatemala.
100%
95.77%
100.00%
50.00%
4.23%
0.00%
Fuente: Elaboración propia. Datos del Tribunal Supremo Electoral. Memoria
Elecciones Generales 2003. Pág. 36. Guatemala.
En la gráfica anterior se evidencia
que las mujeres, como grupo social, a
pesar de ser numéricamente más que
los hombres, tienen una representación
menor a un 5% 94 en los cargos de alcaldías
y diputaciones a nivel nacional.
Esto se debe a que no son consideradas
por los partidos políticos para ser candidatas
para alcaldesas ni para ocupar
los primeros lugares en los listados de
postulación a diputaciones porque, entre
muchas otras cosas, “la presencia de una
mujer en los partidos políticos en muchos
casos no significa necesariamente
94 En promedio.
–181–

Revista de derechos humanos
que sea una participación real, obedece
más al rol que debe ejercer en apoyo a
las necesidades del hombre, relacionados
con la cultura patriarcal: el poder,
autoridad y mando, donde el papel que
ejercen las mujeres es: “hacer de fi gura
al marido en las reuniones sociales del
partido;” la mujer “en las reuniones del
partido, participa sólo como oyente, no
tiene ni voz ni voto, menos cuando hay
que resolver una situación difícil...”. Las
mujeres son utilizadas según la conveniencia
del partido; generalmente se les
asignan tareas que resultan siendo una
extensión de su rol en el hogar: preparar
las refacciones para las reuniones y
limpiar el local cuando éstas terminan,
distribuir propaganda política, etc.
Las mujeres, la mayoría de veces,
no son consideradas para ocupar cargos
de elección popular, porque el ámbito
que se les ha asignado es el privado,
el del hogar; mientras que el hombre
ha abarcado el público, el de la vida
social y política, que es desde el cual se
ejerce el poder. Esta situación perpetúa
la hegemonía de los varones sobre
estas posiciones públicas y, por ende,
el control sobre la agenda política, económica
y social nacional, en la que se
invisibilizan las necesidades específicas
de las guatemaltecas.
¿Y en Guatemala Son varones los
que siempre han dirigido al país y
los que hacen las leyes. Leyes que
son aceptadas o rechazadas por otros
varones que poseen poder espiritual
o material.”
Margarita Carrera.
Prensa Libre. S/d.
“...las sociedades se modelan bajo
un principio patriarcal de ordenamiento
que asigna a cada quien actividades,
funciones, relaciones y poderes específicos.
Confiere a los hombres una
posición dominante que les asegura
el predominio del poder. Los hombres
definen en gran medida los límites de
la inclusión/exclusión de las mujeres en
el mundo y en sus propias vidas; toman
decisiones que involucran directamente
los cuerpos de las mujeres, su inclusión
o exclusión en la esfera doméstica, de
la pareja, de la familia, de sus vidas y,
desde luego, de las instituciones del
Estado y de cualquier otro espacio de
poder. A partir de allí, se ordena también
la división de los espacios entre los
públicos, asignados a los hombres, y los
privados, destinados a las mujeres”. 95
Esto se evidenció claramente en el año
2001, cuando en el Congreso de la República
se conoció, discutió y aprobó
la Ley de Desarrollo Social.
95 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Informe Nacional de Desarrollo Humano Guatemala: desarrollo
humano, mujeres y salud 2002. Guatemala, 2002. Pág. 29.
–182–

El impacto que tienen los principios de igualdad y universidad de los derechos humanos…
Contenidos de la Ley de Desarrollo Social
1. Se reconoce la responsabilidad del Estado para promocionar la paternidad y maternidad
responsable, lo que implica el decidir informada y conscientemente sobre el número de
hijos e hijas, así como espaciamiento de los embarazos, pero con el pleno respeto a la vida,
desde su concepción. Este item beneficia particularmente a las mujeres.
2. La equidad, a través de dar atención especial a grupos vulnerables como mujeres, personas
de la tercera edad, indígenas, población migrante y marginada, niñez y adolescentes.
3. La maternidad saludable.
4. Educación, información y atención a adolescentes.
5. La familia es la unidad básica en la sociedad, y si bien el Artículo 47 de la Constitución Política
de la República reconoce como su base legal el matrimonio, en esta ley se estipula que las
familias por unión de hecho o monoparentales también serán protegidas y atendidas.
A pesar de que en esta ley el Estado
reconoció su corresponsabilidad en la
protección de las familias guatemaltecas,
especialmente las que se encuentran en
condiciones de vulnerabilidad, su contenido
se vio sometido a un fuerte debate
dentro de la sociedad, en el que participaron
desde instituciones que han mantenido
en situación de subordinación a las
mujeres respecto de los hombres, como
columnistas, instituciones académicas y
sociales, así como particulares.
Actores Opiniones de oposición Opiniones a favor
Iglesia Católica 1. Que se considere como familia a padres
y/o madres solteras. “Aunque es una
realidad que afecta a la mayor población
de guatemaltecos, estos grupos no entran
en la definición de familia”. 96 Porque
los otros vínculos los ven [los Obispos]
como irresponsables.
2. Se habla de mortalidad materna, pero no
se incluyó que se respete la vida humana
desde la concepción.
Universidad de San
Carlos de Guatemala
Esta ley fue propuesta para promover el desarrollo
integral y de ninguna manera está en contra de
la vida ni a favor de esterilizaciones masivas.
La población tiene el derecho de conocer los
métodos para espaciar los embarazos.
96 Vizcaíno, Pablo Monseñor, Presidente de la Conferencia Episcopal de Guatemala, año 2001. Publicado en Prensa
Libre, Guatemala, 5 de octubre del 2001. Pág. 3.
–183–

Revista de derechos humanos
José Manuel Prado
Abularach
“La Ley de Desarrollo Social aprobada
por el Congreso es una ley de control de
población, que hace énfasis en la obligación
de los Ministerios de Educación y Salud
para implementar programas educativos
e iniciar acciones más violentas en salud
reproductiva. Lo que pretenden con esta
ley, impulsada por MINUGUA, el Fondo
de Naciones Unidas para Actividades de
Población y AID, es legalizar lo que ya se
hace, como los programas de esterilizaciones
y de anticonceptivos abortivos que realiza
el Ministerio de Salud y el IGSS”. 98
Margarita Carrera
CEIBA
“Así a la mujer se le dictan leyes de lo que debe hacer
o no hacer con su cuerpo. Al colmo de imponerle
como obligación someterse a la maternidad forzada
aun a riesgo de su propia vida. Si está casada, ha de
someterse a lo que su marido dicte. Si es católica o
protestante, ha de obedecer ciegamente lo dictado
por el papa, el cura o el pastor. En todo caso, ha
de dejar de pensar con su propia cabeza. Pero,
sobre todo, ha de convencerse que su cuerpo no le
pertenece a ella sino a los varones.”
La salud de la mujer sólo se considera desde la
reproducción.
Fuente: Elaboración propia. Información de colección de recortes periodísticos sobre el tema.
Los comentarios expuestos anteriormente,
provenientes de instituciones y
personas individuales, evidencian cómo
fue de difícil el publicar una ley en la que
se defienda el derecho de toda persona,
especialmente de mujeres, de decidir
sobre si quiere tener hijos e hijas o,
simplemente, ejercer su sexualidad para
placer personal.
Analizando los datos anteriormente
presentados se puede afirmar que nuestra
democracia no es paritaria, dado que
los dos sexos no están representados
en las instituciones del Estado en la
misma proporción en que socialmente
existen; todo lo contrario: existe una
sub-representación de más del 90% de
las mujeres, porque si se asignaran los
cargos proporcionalmente al número de
la población masculina y femenina que
existe, los cargos a ocupar por mujeres
serían 266 de los 522 que se sometieron
a elección nacional, pero sólo
98 ElPeriódico s/p. Guatemala, 5 de octubre del 2001.
–184–

El impacto que tienen los principios de igualdad y universidad de los derechos humanos…
fueron electas 22 en toda la república.
Es importante tomar en consideración
que a las guatemaltecas se les limitó
la participación desde el momento en
que no se permitió que más candidatas
ocuparan las primeras posiciones de las
planillas electorales; también fue muy
reducido el número de mujeres postuladas
a puestos de alcaldías y binomios
presidenciales.
Para el municipio de Guatemala
hubo 30 puestos a asignar por elección
popular: 99
Puestos a cargos públicos
Puestos a cargos públicos de postulación
popular obtenidos por mujeres
11 diputaciones distritales 4 diputaciones (36.36%)
1 alcaldía 0% 100
18 miembros de corporaciones municipales 3 puestos (16.66%)
30 puestos (100%) 7 (23.33%)
Fuente: Elaboración propia. Datos del Tribunal Supremo Electoral. Memoria Elecciones generales 2003. Guatemala.
El municipio de Guatemala cuenta
con una población total de 942,348
habitantes, de los cuales 444,429 son
hombres y 497,919 son mujeres; a pesar
de que las mujeres son cuantitativamente
más, tienen una representación apenas
del 23.33% en los espacios políticos. Si
bien el contar con alguna representación
femenina en los puestos donde se toman
decisiones políticas es un avance, esto no
es suficiente, porque aún no constituyen
un bloque lo suficientemente numeroso,
consolidado y con conciencia de género
que les permita incidir en la toma de
decisiones políticas en su beneficio,
a manera de garantizarles el goce de
sus derechos sociales y culturales, que
resultan básicos para gozar de una vida
digna y del ejercicio de su ciudadanía
en igualdad de condiciones que los
hombres, pero desde su especificidad
sexual.
Por lo anteriormente expuesto, es
importante que más guatemaltecas empoderadas
e identificadas con los derechos
específicos del grupo sexual al que
pertenecen, ocupen cargos públicos, a fin
de crear, promover, defender, consensuar
e incorporar éstos en la elaboración
99 Además del binomio presidencial y diputaciones por listado nacional.
100 Las 8 postulaciones presentadas fueron masculinas.
–185–

Revista de derechos humanos
de leyes y políticas, rompiendo con el
modelo androcéntrico imperante. Sin
embargo, es imprescindible que su número
se incremente, para poder tener posibilidades
reales de negociar y presionar
al resto de funcionarios públicos.
Conformación de la Corte Suprema
de Justicia, por sexo
Período 2005
Hombres
11
(84.62%)
Mujeres
2
15.38%
Fuente: Elaboración propia. Datos de la página www.oj.gob.gt
Hilda Morales afirma: “Los hombres
se han arrogado la representatividad de
la totalidad de la población, sin tomar
en cuenta tanto para la elaboración de
las normas constitucionales como para
el ejercicio del poder, al cincuenta por
ciento de la población constituida (en
decimales más o menos) por las mujeres”.
101 Esto se evidencia, con los datos
presentados, y con la conformación de
distintos órganos de relevancia nacional,
por ejemplo:
Conformación de las distintas cámaras
penales, por sexo
Período 2005
Hombres
11
(83.33%)
Mujeres
2
16.66%
Fuente: Elaboración propia. Datos de la página www.oj.gob.gt
En base al total de magistraturas
existentes en la Corte Suprema de
Justicia en la actualidad, el 84% de las
mismas las ocupan los varones, mientras
que las mujeres sólo tienen un 16%.
Sin embargo, en el 2005 fue electa por
primera vez en la historia guatemalteca,
una mujer para ocupar la presidencia de
este alto organismo.
La Corte de Constitucionalidad es
otro espacio donde se evidencia una presencia
minoritaria de las mujeres, como
se observa en el siguiente cuadro:
Conformación de la Corte de
Constitucionalidad, por sexo
Período 2005
Hombres
9
(90%)
Mujeres
1
(10%)
Fuente: Elaboración propia. Datos de la página www.cc.gob.gt
La única mujer que conforma la
actual Corte de Constitucionalidad es
Magistrada Suplente, nombrada por el
Consejo Superior Universitario de la
Universidad de San Carlos de Guatemala.
La Licda. Carolina Escobar Sarti, en
el tiempo en que se estaban presentando
distintos listados para elegir a quienes
ocuparían las distintas magistraturas de
tan importante tribunal, anotó:
101 Morales Trujillo, Hilda. “La Constitución…”. Op. cit. Pág. 89.
–186–

El impacto que tienen los principios de igualdad y universidad de los derechos humanos…
“Me llamó la atención que entre
todos los listados propuestos apenas
aparecen los nombres de dos o tres
mujeres como candidatas. Es una
pena que una institución de esta naturaleza
no tenga una intención democratizadora
al interno de sí misma;
esto también expresa claramente
una tradición sostenida de heredar
el poder de unas manos masculinas
a otras y evidencia con hechos cuál
es el nivel de protagonismo de las
mujeres guatemaltecas.”
(Columna Aleph. Prensa Libre s/p.
Guatemala, 17 de febrero del 2001)
Desde la creación de la Corte de
Constitucionalidad, sólo la Presidencia
de la República ha propuesto a mujeres
como magistradas titulares, mientras
que la Corte Suprema de Justicia y la
Universidad de San Carlos de Guatemala
han nombrado una cada una, pero como
suplentes. Tanto el Congreso de la República
como el Colegio de Abogados
y Notarios sólo nombraron hombres.
Esto confirma la gran influencia androcéntrica
en la toma de decisiones para
nombrar a funcionarios y/o funcionarias
en cargos públicos.
De los cuatro períodos que ha atravesado
la Corte de Constitucionalidad,
el correspondiente a 1996-2001 se
caracterizó por contar con una mayor
presencia de mujeres, una titular y una
suplente, quienes representaron el 20%
de ese alto Organismo, mientras que
en el primero (1986-1991), el 100%
estuvo conformado por magistrados
hombres.
En lo que respecta al Organismo
Ejecutivo, la presencia de las mujeres
también es poca: de 13 ministerios
sólo 2 (15.38%) son encabezados por
mujeres: el Ministerio de Educación y
el Ministerio de Finanzas Públicas y de
31 viceministerios, 102 5 son ocupados por
féminas (16.13%).
Puestos de alto nivel en el Poder Ejecutivo en el año 2005,
ocupados según sexo
30
26
20
10
11
2
5
7 6
10
4
0
Ministerios
Secretarías
Hombres
Mujeres
Fuente: Elaboración propia. Datos de la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia
de la República, “Directorio de altos funcionarios de la República de Guatemala”, al 8 de
noviembre del 2005.
102 Tomando en cuenta al Estado Mayor de la Defensa Nacional.
–187–

Revista de derechos humanos
En la gráfica anterior se evidencia
nuevamente que las mujeres ocupan menos
cargos de alto nivel que los hombres
dentro del Organismo Ejecutivo. En las
secretarías se equipara más la participación
femenina; sin embargo, les fueron
asignadas las secretarías de logística;
entre éstas: la de Comunicación Social
de la Presidencia, la de Bienestar Social,
la de Obras Sociales de la Esposa
del Presidente. Las más relevantes que
ellas ejercen, desde la perspectiva de la
autora de la presente investigación, son
la Secretaría de la Mujer y la Secretaría
de la Paz. Pero la de Análisis Estratégico
de la Presidencia, la de Planificación y
Programación de la Presidencia, la Secretaría
de Asuntos Administrativos y de
Seguridad de la Presidencia, etc., siguen
siendo encabezadas por hombres.
Constituye un gran avance que una
mujer ejerza el cargo más alto en una de
las entidades más importantes del poder
ejecutivo: el Ministerio de Finanzas
Públicas, que es la entidad responsable
de administrar los recursos financieros
del Estado.
Este cargo sólo puede ser ocupado
por personas con determinadas capacidades;
por lo tanto, no se puede argumentar
que la designación de este puesto
fue una concesión, en aras de demeritar
las calidades y cualidades de la actual
ministra en particular, y de las mujeres
en general.
De igual manera, el Ministerio de
Educación está, actualmente, en manos
de una fémina; sin embargo, esto no
es inusual, porque a las mujeres se les
asigna la dirección o ejecución de tareas
que sólo son una extensión de su trabajo
doméstico, como se evidenciará más
adelante en este capítulo.
Otro avance de gran importancia es
que, por primera vez en la historia del
Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala,
quedó electa como Presidenta
una mujer, la Licda. Yolanda Pérez.
Cuando se ha cuestionado la relegación
de las mujeres al momento de
considerar alguna o algunas candidaturas,
se ha argumentado que les hace falta
formación, nivel educativo, experiencia,
edad, etc.; sin embargo, la práctica ha
demostrado que a pesar de que ellas
cuentan con todos los requisitos necesarios,
siguen siendo excluidas de los
puestos públicos.
“Pese a que se ha logrado un avance
definitivo en el acceso de las mujeres
a la educación en todos los niveles
de enseñanza, ello no se traduce en
un acceso a los procesos de adopción
de decisiones públicas. Esto
demuestra que la discriminación
no es el resultado de diferencias en
materia de capacitación sino que es
un rasgo constitutivo de las actuales
relaciones sociales”. 103
–188–

El impacto que tienen los principios de igualdad y universidad de los derechos humanos…
Actualmente, ante el desarrollo de
las democracias y la discusión que existe
alrededor de la situación de los derechos
de las mujeres, tema visibilizado gracias
a la lucha de los movimientos feministas,
se ha logrado que algunas mujeres ocupen
algún cargo público; sin embargo,
el problema no queda resuelto porque
su participación sigue siendo inferior
en proporción al número de féminas
que viven en el país, porque algunas
son seleccionadas “para significar que se
incluye un mínimo de mujeres para que
´se aparente´ que no hay discriminación,
pero al ser reiterada esa cuota, ésta se
constituye en ´techo de cristal´ que no
se rompe y perdura por años”. 104
3.1.2 El trayecto para el ejercicio del
sufragio femenino
Fue hasta en la Constitución Política
de la República de Guatemala de 1945
que se reconoció el derecho del ejercicio
de la ciudadanía a las mujeres a través
del voto; sin embargo, es un derecho
restringido, 105 porque se les reconocía
exclusivamente a las féminas alfabetas
y es “optativo y secreto”.
Hilda Morales investiga y analiza las
Constituciones Políticas de la República
de Guatemala que siguieron a la de 1945,
evidenciando cómo ha evolucionado el
derecho al voto para las mujeres:
Año de la
Constitución
Características que daba
el derecho al voto
1945 Restringido y optativo
1956 Restringido y optativo
Se reconoce el sufragio
universal, aunque se
establece como obligatorio
1965
para las personas alfabetas
y como optativo para las
analfabetas.
1985 Universal y optativo.
Fuente: Elaboración propia.
Según el XI Censo Nacional de
Población, en el año 2002 habían
5,735,207 personas en edad de votar; 106
sin embargo, para las elecciones generales
del 2003 sólo habían 5,073,232
personas empadronadas, de las cuales
2,252,545 eran mujeres (40.40% del
electorado), y los hombres constituían
el 55.60%. Nuevamente aquí se evidencia
que, a pesar de que las mujeres
constituyen más del 50% de la población
a nivel nacional, no todas cumplen
los requisitos necesarios para ejercer su
derecho al sufragio. Lamentablemente,
no se pueden presentar los datos sobre
el número de hombres y mujeres que
103 Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Ciudadanía, igualdad y cohesión social: la ecuación
pendiente. Versión electrónica. Consultada en septiembre del 2005.
104 Morales Trujillo, Hilda. Op. cit. Pág. 97.
105 Morales Trujillo, Hilda. Ibídem., Pág. 94.
106 De 18 a más años de edad.
–189–

Revista de derechos humanos
ejercieron su voto en las elecciones del
2003, porque dicha información no fue
socializada por el TSE, lo cual impide
analizar, con enfoque de género, el
comportamiento electoral.
La participación de las mujeres en
el ejercicio de sus derechos políticos es
mucho menor que la de los hombres;
esto puede deberse, según la investigación
Por qué no votan los guatemaltecos,
de Horacio Boneo y Edelberto
Torres-Rivas, lo siguiente:
a) El 50% de las mujeres en edad
de votar no están inscritas en el
padrón electoral 107 (abstención
primaria); sin embargo, las mujeres
empadronadas votan en la
misma proporción que los hombres
registrados en éste. Por lo
tanto, el gran obstáculo para que
las mujeres ejerzan su derecho al
sufragio es la existencia de trámites
administrativos engorrosos y
onerosos (para quienes viven lejos
de donde se encuentra la municipalidad
más cercana) para inscribirse
en el Registro de Ciudadanos.
b) En lo que respecta a las y los indígenas,
es una población en la que se
concentra el analfabetismo, la baja
calidad y cobertura educativa, la
pobreza extrema, el monolingüismo,
la cosmovisión específica, las
desigualdades socioeconómicas,
etc.; estos factores inciden negativamente
en el ejercicio de los
derechos ciudadanos. Las mujeres
tienen dificultades para entender los
mensajes que son transmitidos desde
otro imaginario y en otro idioma, lo
cual implica una exclusión de facto.
c) Las personas mayores de 60 años
de edad ejercen o no este derecho,
según la salud de la que gocen y los
recursos de movilización con los que
cuenten.
d) La educación es un factor clave que
potencia a las mujeres para ir a votar
o no; según el estudio realizado por
Boneo y Torres-Rivas: “...la abstención
de mujeres analfabetas es muy
elevada y superior en casi un 50%
al promedio general”. 108
107 Muchas mujeres no tienen cédula, ni siquiera partida de nacimiento y el trámite de estos documentos es oneroso,
tomando en consideración que la mayor parte de guatemaltecos y guatemaltecas viven en condiciones de pobreza
y extrema pobreza.
108 Boneo, Horacio y Edelberto Torres-Rivas. ¿Por qué no votan los guatemaltecos: estudio de participación y
abstención electoral” Guatemala: Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA), Tribunal Supremo
Electoral de Guatemala (TSE) y Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Guatemala: F&G
Editores. 2001. Pág. 93.
–190–

El impacto que tienen los principios de igualdad y universidad de los derechos humanos…
e) La falta de recursos financieros y de
tiempo para poder inscribirse, no sólo
en el padrón electoral, sino para contar
con partida de nacimiento y/o cédula
de vecindad, según sea el caso.
f) El imaginario social creado respecto
a que las mujeres deben permanecer
ajenas a la política, porque su papel
lo deben desempeñar en el hogar,
discurso generado desde el Estado
moderno y que ha pervivido hasta
nuestros días.
Adicionalmente a las probables
causa propuestas por estos dos autores,
habría que agregar otra.
a) Las mujeres que tienen alguna deficiencia
física o sensorial también
ven limitadas sus oportunidades
para ejercer el voto. Actualmente,
el TSE facilita la emisión del sufragio
a personas no videntes; sin embargo,
aún hace falta que se tome en
cuenta a la población sordomuda,
a quienes están en sillas de ruedas,
etc.
Según la investigación realizada
por Torres-Rivas y Boneo: “El perfil
más negativo de la ausencia total de
ciudadanía estaría representado por
una mujer indígena, joven, analfabeta,
habitante de una aldea lejana”. 109
A este modelo sería pertinente agregar,
además de lo ya enumerado, que
tenga alguna deficiencia sensorial y/o
física.
3.1.3 La participación política de las
mujeres y las dificultades que
afrontan para ejercerla
La participación política de las
mujeres trasciende el ámbito de la
política partidista, como se abordó
al principio de este apartado; ellas
se han involucrado en las luchas
comunitarias, en la conformación de
agrupaciones, en procesos de capacitación,
en asistencia a reuniones,
en la adquisición de la conciencia de
género; su aporte ha sido sumamente
importante, pero se ha invisibilizado a
lo largo de la historia, por ejemplo:
109 Boneo Horacio y Edelberto Torres-Rivas. Ibídem., Pág. 96.
–191–

Revista de derechos humanos
“Severo Martínez Pelaez, en su libro “Motines de Indios” 110 hace referencia que en 1759
ocurrió un motín en San Francisco Tecpán, encabezado por las mujeres: El Alcalde Mayor
de este pueblo apresó como a 100 indios, sus esposas se sublevaron y los sacaron de la
cárcel y los metieron en la iglesia, de donde desaparecieron. Entró el Alcalde Mayor al
pueblo, acompañado de una tropa, agarró a la gente que consideró responsable (algunos
nobles habían huido) y resolvió llevarse muchos presos a la cabecera (Chimaltenango)
escoltados por los soldados. En el momento en que salía el grupo del pueblo, las mujeres
volvieron a protagonizar un segundo motín, arrojaron piedras sobre la tropa mientras
ésta abandonaba el lugar.
No obstante el protagonismo de las mujeres, quienes asumen una actitud retadora ante
la autoridad colonial, como consecuencia de las injusticias que ésta cometía contra sus
cónyuges, éste no es analizado en el texto en mención”. 111
En el marco del conflicto armado
interno, cuando la represión ya había
golpeado y mermado a todos los
sectores sociales, fueron las mujeres
quienes se atrevieron a levantar la voz
y exigir el aparecimiento de sus seres
queridos desaparecidos.
“...la búsqueda se convirtió en la única alternativa para enfrentar al Ejército y desafiar el
terror que provocaron las desapariciones y se constituyó en la actitud más firme de defensa
de los derechos humanos durante algunos de los peores años del conflicto armado.
Las madres, esposas, hijas y hermanas de los desaparecidos, fueron quienes se atrevieron
a enfrentar la situación de violencia que se vivía. Nunca antes habían sido consideradas
importantes en la vida política del país; sin embargo, dieron infinitas muestras de
valentía, firmeza y esperanza. Sin embargo, las formas de organización de las mujeres
no siempre se basaron en la lógica del afecto; en el marco del enfrentamiento armado
también se han dado otros esfuerzos organizados de las mujeres por tener mayor espacio
social en las comunidades, desarrollar proyectos colectivos o realizar luchas políticas,
como en el caso de CONAVIGUA contra el reclutamiento forzoso”. 112
110 Martínez Peláez, Severo. Motines de Indios. México. Cuadernos de la Casa Presno. S/a. Pág. 42.
111 Ágreda, Claudia. Los derechos económicos, sociales y culturales y la participación política de las mujeres, Guatemala.
Universidad Rafael Landívar. 2003. Pág. 17.
112 Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG). Informe Guatemala nunca más. Tomo
I. Guatemala, 1998. Pág. 230.
–192–

El impacto que tienen los principios de igualdad y universidad de los derechos humanos…
Fue esta lucha de las mujeres la que
abrió el camino para que surgiera el movimiento
de derechos humanos en el país.
Otra forma de expresión de la participación
política de las mujeres ha sido el
surgimiento del movimiento de mujeres.
“Desde la década de 1980 se ha venido
gestando el movimiento social de las
mujeres, el cual se ha visto fortalecido
en los últimos años como consecuencia
de la firma de los Acuerdos de Paz. Este
movimiento reivindica su reconocimiento
como actoras, el respeto de los
derechos de las mujeres en particular, y
en general de los derechos humanos. A
este movimiento se incorporan mujeres
indígenas, principalmente rurales, a
través de organizaciones indígenas y de
organizaciones de mujeres. Sin embargo,
la participación política partidista
de las mujeres aún es escasa, aparentemente
debido a que las organizaciones
de mujeres se han orientado hacia las
reivindicaciones de sus derechos y no
hacia la participación cívico política y
a la militancia partidaria. Sin embargo,
el propio movimiento social de las mujeres
constituye un espacio político de
participación efectiva de éstas”. 113
La participación política de las
mujeres, sin embargo, ha encontrado
una serie de obstáculos para que pueda
desarrollarse de manera plena, según
lo estableció el estudio sobre “La percepción
de la participación política de
las mujeres guatemaltecas”, impulsado
por el Tribunal Supremo Electoral. Se
pueden mencionar los siguientes:
a) Situación económica. Las mujeres
son pobres, generalmente dependen
del dinero que les da el hombre,
cuando él está. Sin embargo, otras
mujeres, además del trabajo reproductivo,
realizan uno productivo
que les permite tener ingresos para
la subsistencia de sus familias y de
ellas mismas, lo que les implica
contar con mucho menos tiempo
para participar.
“La pobreza crea dos categorías distintas
de ciudadanos, con distintos
derechos. Quienes son pobres son
“menos ciudadanos” que quienes
no lo son, porque gozan de menos
derechos de los que establece la
Constitución Política”. 114
Además, se sabe que quienes participan
partidariamente deben hacer
erogaciones monetarias para el
sostenimiento de la institución y
para el financiamiento de la cam-
113 Tribunal Supremo Electoral –TSE–, La percepción de la participación política de las mujeres guatemaltecas. Op.
cit. Pág. 46.
114 Gobierno de la República de Guatemala. El drama de la pobreza en Guatemala: un informe sobre los rasgos de
esta privación y los efectos sobre la sociedad. Versión preliminar para su discusión. Guatemala, 2002. Pág. 31.
–193–

Revista de derechos humanos
paña electoral; este aporte no puede
ser hecho por la mayor parte de
las guatemaltecas, porque apenas
cuentan con un ingreso mínimo para
sobrevivir.
b) Cultura patriarcal/machismo. Muchas
veces los hombres de la familia
(papás, esposos, hermanos) no les
dan permiso para ocuparse en actividades
fuera del hogar; los hombres
no quieren ceder sus puestos. Si una
mujer participa, el marido es criticado
porque se le empieza a decir que
“en su casa ella manda”, por lo tanto
el esposo termina prohibiéndole que
se ocupe de estas actividades.
“Al contrastar esta percepción con
las respuestas de los hombres, se
detecta que ellos manifestaron que
“sería bueno” que las mujeres participen
y ocupen cargos dentro de
los partidos, porque ellas “tienen
derecho de hacerlo”. Sin embargo
cuando se les preguntó si ellos apoyarían
a su esposa, hija o hermana
para participar en política partidista,
en general, las respuestas fueron
evasivas, por ejemplo: “ella no
me ha manifestado tal interés”. En
otras palabras, los hombres opinan
que las mujeres deben participar,
pero cuando se trata de las mujeres
de su familia, la situación puede ser
distinta”. 115
c) Responsabilidades familiares/trabajo
en el hogar. Muchas veces las
reuniones son realizadas en horas
en que ellas están desarrollando
tareas del hogar y/o cuidando a los
hijos, hijas, personas enfermas y/o
de avanzada edad. Estas tareas recaen
generalmente en las mujeres, a
quienes desde pequeñas se les educa
para ello.
“Arroz con leche,
me quiero casar,
con una señorita de la capital,
que sepa coser, que sepa planchar
que sepa abrir la puerta
para ir a jugar...” 116
d) Falta de seguridad en sí misma/baja
autoestima. Se siente sin capacidad,
sin experiencia y con miedo para
poder participar. Muchas veces las
féminas desde que nacen son descalificadas
y esto va grabándose en su
inconsciente.
Cuando una mujer da a luz:
Si nace un niño se le dice que “se ganó
115 TSE, Op. cit. Pág. 36.
116 Ronda infantil, s/d
–194–

El impacto que tienen los principios de igualdad y universidad de los derechos humanos…
el caldo de gallina”, se le premia.
Si nace una niña “se llevó la sopa de
chipilín”, se le castiga. 117
e) Desconfianza hacia la política porque
las promesas que se les hacen
no son cumplidas. Experiencias de
políticos que se vuelven corruptos
y/o las buscan para beneficio de
ellos.
f) El control que ejerce la sociedad a
través de la crítica y burla que se
hace de las mujeres que participan
en política.
g) Falta de educación, que limita la
participación de las mujeres, si bien
la educación no debe ser un obstáculo
para que las mujeres participen.
Sin embargo, cuando ellas como
todas las personas han alcanzado
algún nivel de estudio, son menos
fáciles de engañar y/o manipular.
Un factor que facilita o dificulta
la participación de las mujeres es el
idioma. En Guatemala el idioma de
uso más generalizado es el castellano;
por lo tanto, las mujeres monolingües
que hablan sus idiomas maternos se
encuentran con una barrera para poderse
comunicar más allá de la población con
la que conviven, porque se le restringe
a desenvolverse en el ámbito privado;
en el país se contabilizaron 1,633,377
mujeres 118 que aprendieron a hablar en
sus idiomas maternos: maya, xinca y
garífuna. 119 Los hombres indígenas 120
usualmente son bilingües; hablan su
idioma y el castellano, esto se debe a que
se desenvuelven en el ámbito público.
Según datos del Instituto Nacional de
Estadística, 1,545,853 de hombres, de 3
años y más de edad, aprendieron a hablar
en sus idiomas maternos.
Según el más reciente Censo Nacional
de Población, se estableció que el
78.8% de la población es monolingüe,
que el 43.6% de la población maya es
monolingüe, y que el 51.6% de ésta
reside en el área rural.
El vivir en el entorno rural implica
vivir en un hábitat disperso, desconectado
de los centros urbanos y con falta de
acceso a mercados ampliados, además
de la precariedad de la oferta educativa
y sanitaria, 121 si es que la hay. El 51.1%
del total de habitantes que viven en el
área rural son mujeres. Esto permite in-
117 Tradición oral guatemalteca.
118 Población de 3 años de edad.
119 Instituto Nacional de Estadística. (INE) “Censos Nacionales XI de Población y VI de Habitación 2002”. Guatemala,
julio 2003. Pág. 32.
120 El más reciente Censo Nacional de Población contabilizó 2,166,408 hombres indígenas.
121 Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Op. cit. “Ciudadanía, igualdad…” S/p.
–195–

Revista de derechos humanos
ferir que la mayor parte de la población
maya que tiene dificultades para lograr
una participación política plena está
constituida por las féminas, porque sus
oportunidades son mucho menores que
las de las guatemaltecas que viven en el
área urbana.
“A menor calidad de vida, menos
posibilidades de ejercer derechos
y menos posibilidades de acceder
a una ciudadanía plena. A menor
ciudadanía, menos democracia
efectiva”. 122
3.2 Derecho al trabajo
“…señala Norberto Bobbio, la razón
de ser de los derechos sociales
como el derecho a la educación, el
derecho a trabajo, el derecho a la
salud, es una razón ‘igualitaria’,
pues los tres tienden a hacer menos
grande la desigualdad entre quienes
tienen y quienes no tienen o a poner
un número de individuos siempre
mayor en condiciones de ser menos
desiguales respecto a individuos
más afortunados por nacimiento o
condición social”. 123
Según las mediciones de la Comisión
Económica para América Latina y
el Caribe (CEPAL), en el año 2004 la
pobreza afectó a 42.9% de la población
latinoamericana, es decir, 222 millones
de personas, y la indigencia, a 18.6% de
ésta, lo que representa 96 millones. 124
Según el Sistema de Naciones Unidas
para Guatemala, el país, para el año
2000, contaba con uno de los índices de
desarrollo humano más bajo en América
Latina (0.631), lo que la hizo ocupar el
puesto 120 de 173 países a nivel mundial;
el 56% de la población vivía en
pobreza y el 16%, en pobreza extrema.
“Entre los pobres, el 46% formaba parte
de la Población Económicamente Activa
(PEA) y el 57% se dedicaba a la agricultura,
el 15% a la industria manufacturera
y 13% al comercio”. 125
“Entre 1989 y 2000, la proporción
de mujeres entre los empleados
remunerados en el sector no agrícola
pasó de un 35% a un 37%. 126 Este
incremento se debió principalmente a
una mayor participación de la industria
manufacturera, fundamentalmente en
actividades de maquila, y en los ser-
122 Gobierno de la República de Guatemala. Op. cit. Pág. 17.
123 Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Op. cit. S/p.
124 Arriagada, Irma. “Dimensiones de la pobreza y políticas desde una perspectiva de género.” Publicado en “Revista
de la CEPAL No. 85. Chile, Abril 2005. Pág.103. Versión electrónica consultada en septiembre del 2005.
125 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo –PNUD–. Metas del Milenio: Informe del avance de Guatemala.
Guatemala, 2003. Pág. 3.
126 Según cálculos propios a partir de la ENS 1989 y la ENCOVI 2000.
–196–

El impacto que tienen los principios de igualdad y universidad de los derechos humanos…
vicios financieros, en contraste con lo
ocurrido en el sector comercio, donde
se redujo la proporción de mujeres entre
los empleados remunerados de 41% a
34% en el mismo período”. 127
En el año 2000 existían disparidades
en la participación de la mujer
según el área geográfica (rural 28% y
urbana 41%) y la etnia (indígena 35%
y no indígena 37%). 128 En el sector
agrícola, la participación de las mujeres
pasó de 11% a 13% entre 1989
y el 2000. 129 En este último año, el
58% 130 de la población ocupada en el
sector agrícola correspondía a empleo
no remunerado de las mujeres, en el
cual se involucran como extensión de
las tareas del hogar. En el caso de las
mujeres indígenas, esta proporción
alcanzó el 64%, mientras que entre las
no indígenas alcanzó el 47%”. 131
Según el más reciente Censo Nacional
de Población, la PEA asciende
a 3,479,621 132 personas, de las cuales
2,537,917 son hombres (72.94%) y
941,704 mujeres (27.06%). A nivel del
municipio de Guatemala, la PEA está
conformada por 396,133 personas, que
se divide en 229,948 hombres (58.05%)
y 166,186 mujeres (41.95%).
La conformación cuantitativa de la
PEA, por hombres y mujeres, es más
equilibrada en el municipio de Guatemala,
mientras que a nivel nacional
la fuerza laboral es mayoritariamente
masculina; sin embargo, la femenina
representa más de una cuarta parte de
ésta. No obstante los datos cuantitativos,
es importante hacer notar que en
el país existe un gran subregistro de
información y una incipiente cultura de
registro estadístico; por lo tanto, es probable
que sigan invisibilizadas un buen
número de mujeres trabajadoras que se
desenvuelven en el ámbito público o
privado, así como en el sector formal y
en el informal.
Las ramas de la economía donde
participan hombres y mujeres, tanto a
nivel nacional como en el municipio de
Guatemala, son similares. Las diferencias
son mínimas, como se evidencia en
la siguiente gráfica:
127 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo –PNUD–. Guatemala: desarrollo humano, mujeres y salud
2002. Op. cit. Pág. 223.
128 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo –PNUD–. Loc. cit.
129 Según cálculos propios a partir de la ENS 1989 y la ENCOVI 2000.
130 Según cálculos propios según la ENCOVI 2000.
131 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo –PNUD–. Loc. cit. “Metas del Milenio…”
132 Esta cifra se incluye también a personas entre 7 a 14 años de edad.
–197–

Revista de derechos humanos
Gráfica comparativa de actividades productivas realizadas por hombres y mujeres, a nivel de
República y de municipio de Guatemala
100%
50%
0%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
República Hombres 87.76% 87.54% 64.65% 69.88% 89.77% 60.10% 85.08% 65.86% 59.14% 41.47% 32.40% 48.81% 66.08%
República Mujeres 12.24% 12.46% 35.35% 30.12% 10.23% 39.90% 14.92% 34.14% 29.23% 58.53% 67.60% 51.19% 33.92%
Municipio de Guatemala Hombres 74.07% 81.19% 62.02% 64.20% 84.50% 57.76% 77.78% 61.37% 64.07% 36.78% 34.64% 44.04% 59.93%
Municipio de Guatemala Mujeres 25.93% 18.81% 37.98% 35.80% 15.50% 42.24% 22.22% 38.63% 35.93% 63.22% 65.36% 55.96% 40.07%
1 Agricultura, caza, silvicultura y pesca. 2 Explotación de minas y canteras. 3 Industria manufacturera, textil y alimenticia. 4 Electricidad,
gas y agua. 5 Construcción. 6 Comercio por mayor y menor, restaurantes y hoteles. 7 Transporte, almacenamiento y comunicaciones. 8
Establecimientos financieros, seguros, bienes inmuebles y servicios prestados a empresas. 9 Administración pública y defensa. 10 Enseñanza.
11 Servicios comunales, sociales y personales. 12 Organizaciones extraterritoriales. 13 Rama de actividad no especificada.
Fuente: Elaboración propia. Datos del INE “XI Censo Nacional de Población y VI de Habitación. Guatemala, 2002.
En la gráfica anterior se evidencia
que las mujeres participan en todas las
ramas económicas; sin embargo, en
donde tienen una presencia mayoritaria
(tanto a nivel nacional como en el
municipio de Guatemala) es en los servicios
comunales, en la enseñanza y en
organizaciones extraterritoriales. En el
resto de actividades constituyen menos
del 50% de la PEA, pero los ámbitos
en donde su participación no es menor
del 30% son el comercio, restaurantes y
hoteles; y, curiosamente, el campo de la
electricidad, gas y agua.
Esta información permite determinar
que aunque las mujeres tienen mayores
oportunidades de ocupar aquellos trabajos
que implican brindar un servicio “...
la existencia de una gran segmentación
ocupacional, tanto vertical como horizontal,
hace que las mujeres no ocupen
los mismos puestos de trabajo ni accedan
a otros niveles superiores de las ocupaciones
a la par con los hombres. A ello
se yuxtaponen visiones esencialistas que
atribuyen a las mujeres características
que las colocan en situación de inferioridad
ante los hombres, ligando su
potencial reproductivo con la atribución
de las tareas reproductivas”. 133 Es decir,
a las féminas se les permite desempeñar
aquellos trabajos que, en la práctica,
son una extensión del rol que se les
ha asignado en el hogar, en el ámbito
doméstico, mientras que su presencia
es mínima en puestos técnicos como
construcción, agricultura, transporte,
almacenamiento y comunicaciones, etc.,
pero llama poderosamente la atención
133 Arriagada, Irma. Op. cit. Pág. 104.
–198–

El impacto que tienen los principios de igualdad y universidad de los derechos humanos…
que también tienen poca presencia en
el campo de la Administración Pública
o Defensa.
“La desigualdad de la mujer en la
fuerza laboral es un reflejo de su
desigualdad en el hogar y en la
sociedad en general”. 134
Es importante hacer notar que las
mujeres que viven en el municipio de
Guatemala tienen una mayor participación
en las distintas actividades productivas
que las mujeres que viven fuera de
éste, probablemente porque en la ciudad
tienen más oportunidades de acceder a
recursos: capacitaciones, ofertas de empleo,
personas 135 e instituciones que las
apoyan en sus tareas domésticas cuando
salen a trabajar, etc.
Servicio prestado
La poca participación de las mujeres
en las distintas actividades productivas,
evidencia que el acceso a éstas es más
restringido para ellas que para los hombres
porque (parafraseando algunas de
las desigualdades específicas de género
identificadas por Irma Arriagada), hay
desigual acceso a oportunidades educativas;
desigualdad profesional en el
acceso al mercado laboral y a ascensos;
desigualdad en el hogar, reflejada en la
división del trabajo por género, donde las
mujeres tienen exclusivamente bajo su
responsabilidad el trabajo doméstico. 136
La división sexual del trabajo se
da en todos los ámbitos, inclusive en
el eclesial, según se evidencia en el
siguiente cuadro:
Ordenes
religiosas católicas,
femeninas
Ordenes
religiosas católicas,
masculinas
Comedor 1 0
Centros educativos (hasta nivel medio) 11 5
Centros educativos superiores 0 2
Internados u hogares 3 1
Servicios de salud (hospitales,
sanatorios, clínicas, dispensarios) 8 0
Asilo 1 0
Servicios domésticos 1 0
Fuente: Elaboración propia. Datos del Directorio de la Arquidiócesis de Guatemala.
134 Human Rights Watch. Del hogar a la fábrica: discriminación sexual en la fuerza laboral guatemalteca. Estados
Unidos, enero 2002. Pág.50.
135 Generalmente mujeres o dependientes.
136 Arriagada, Irma. Op. cit. Pág. 106.
–199–

Revista de derechos humanos
Casi todas las actividades de servicio,
que implican atención a personas
enfermas, de la tercera edad, en pobreza
extremo, o de la jerarquía de la iglesia
católica; 137 así como prestar servicios de
educación pero no a nivel universitario,
están bajo la responsabilidad de las mujeres;
mientras que los religiosos prestan en
menor medida, servicios educativos en
todos los niveles (incluyendo el superior)
y sólo una Orden de hombres tiene un
centro de acogida para niños sin hogar.
“Las mismas diferencias, las mismas
clasificaciones que se hacen;
que el varón es el inteligente, que
el varón es el que es capaz de coordinar,
organizar, dirigir, y la mujer
se vuelve en un momento ejecutora,
pero solamente de las cosas que
tienen que ser más a nivel de sentimientos,
a nivel más de corazón…
entonces ¡Claro! Le van a dar los
orfelinatos, le van a dar todo lo que
tiene que ver con la función de madre,
pero eso es toda una sociedad
que está estructurada también de la
misma forma ¿No Ahora, la iglesia
dentro de ese sistema de sociedad
agarró lo mismo, la iglesia no está
exenta de este tipo de sociedad.
Tristemente lo asume para su forma
de organización institucional y ahí la
vida religiosa también nos movemos
en lo mismo, entonces por años, por
años, por ancestros ya, por años
y muchos, se organiza y se divide
incluso la función del trabajo, de
acuerdo al sexo. Desgraciadamente
vivimos todavía esto ¿Verdad Es
difícil, pero hoy ¡Qué se va a pensar!
Un centro de orfelinato, sobre todo
donde hayan niños recién nacidos
hasta los 6 años, ¡que va a estar en
manos de los hombres! Es casi impensable
por la misma función de
la repartición de los roles”. 138
3.2.1 Condiciones laborales
de las mujeres
Según Irma Arriagada, existen cuatro
formas de exclusión que afectan de
manera más severa a las mujeres: a)
el desempleo; b) las formas precarias
de inserción laboral; c) las formas de
trabajo no remuneradas; d) la exclusión
de oportunidades para desarrollar sus
potencialidades. 139
Desempleo: según el XI Censo
Nacional de Población, a nivel nacional
hay 2,761,464 personas, de 18 y más
años de edad, que son económicamente
inactivas, de las cuales 2,204,674 son
mujeres (79.84%) y 556,790 hombres
(20.16%). En el municipio de Guatemala,
esta población asciende a 55,663
hombres (24.52%) y 171,340 mujeres
(75.48%).
137 Nunciatura y Conferencia Episcopal de Guatemala.
138 Entrevista realizada a religiosa, representante legal de su congregación y Presidenta de la Conferencia Latinoamericana
de Religiosos y Religiosas, 15 de septiembre del 2005.
139 Arriagada, Irma. Op. cit. Pág. 105.
–200–

El impacto que tienen los principios de igualdad y universidad de los derechos humanos…
Gráfica comparativa de población económicamente inactiva
mayor de edad, por sexo
100.00%
80.00%
79.84%
75.48%
60.00%
40.00%
20.00%
0.00%
20.16% 24.52%
Hombres
Mujeres
Nivel Nacional
Municipio de Guatemala
Fuente: Elaboración propia. Datos del INE “XI Censo Nacional de Población”, versión electrónica. Guatemala, 2003.
Haciendo un análisis de la gráfica
anterior, se puede afirmar que las guatemaltecas
son más vulnerables y se
ven más afectadas por el desempleo,
tanto a nivel nacional como local,
específicamente en el municipio de
Guatemala. Esta situación responde,
entre otras causas, a que cuando se dan
recortes de personal las mujeres “son
las primeras en ser despedidas, ya que
se sigue considerando que su salario
es en el hogar”. 140
Los altos índices de desempleo de
las mujeres las condicionan, generalmente,
a ser dependientes económicamente
de los hombres, 141 además de que
se ven sumidas en la pobreza, porque no
tienen la capacidad para adquirir bienes
y servicios por su propia cuenta.
Formas precarias de inserción
laboral: las mujeres están ubicadas
en ramas de actividad y en puestos que
pagan bajos salarios; a pesar de esto,
los ingresos que perciben son menores
respecto a los hombres. Según una investigación
realizada por el Gobierno
de la República de Guatemala en el año
2002, 142 ellas ganan (Q.1,238), mientras
que los hombres ganan Q.2,225; esto
significa que ellas reciben el equivalente
al 55.64% del salario de ellos.
140 Gaitán, Edna, et al. “Los derechos labores de la mujer, niñez y adolescencia”. Artículo publicado en la Revista de
Derechos Humanos II. Guatemala. Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de San Carlos de Guatemala
e Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Rafael Landívar. 2004. Pág. 180
141 Papá, hermano, esposo, compañero, etcétera.
142 Gobierno de la República de Guatemala. Op. cit., Pág. 14.
–201–

Revista de derechos humanos
En el año 2000, las mujeres sin escolaridad
tenían un ingreso promedio
que era inferior en un 34% al ingreso
obtenido por los hombres sin escolaridad.
Las mujeres que lograron completar
la primaria, percibían un ingreso
promedio menor en un 48% al ingreso
devengado por los hombres con primaria
completa. El ingreso mensual promedio
de las mujeres que completaron
una carrera de nivel medio equivalía
a un 62% del ingreso de los hombres
con ese mismo nivel de escolaridad. 143
Estos datos se evidencian de una mejor
manera en la siguiente gráfica.
Gráfica comparativa de las remuneraciones recibidas por hombres y mujeres,
según su nivel de educación
100%
100%
100%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
34%
48%
sin escolaridad sólo primaria título de nivel
medio
62%
hombres
mujeres
Fuente: Elaboración propia. Datos del Informe Nacional de Desarrollo Humano “Guatemala: desarrollo humano, mujeres
y salud 2002.” Pág. 221. Guatemala, 2002
Los ingresos recibidos por las mujeres
son mucho menores que los que reciben
los hombres, a pesar de que ambos
tengan las mismas cualidades y calificaciones
para desarrollar un trabajo; esta
diferencia aumenta, en detrimento de las
féminas, cuando cuentan con menores
niveles de educación.
“…en ningún país se logra el mismo
ingreso por igual trabajo entre
hombres y mujeres: la existencia de
una gran segmentación ocupacional,
tanto vertical como horizontal, hace
que las mujeres no ocupen los mismos
puestos de trabajo ni accedan a
los niveles superiores de ocupaciones
a la par con los hombres”. 144
143 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo –PNUD– Guatemala: desarrollo humano, mujeres y salud
2002. Op. cit. Pág. 221.
144 Arriagada, Irma. Op. cit., Pág. 105.
–202–

El impacto que tienen los principios de igualdad y universidad de los derechos humanos…
A pesar de que la teoría afirma que los
derechos humanos son irrenunciables y
progresivos, esto no se aplica a la realidad
de los derechos laborales, los cuales se
van pauperizando porque cada vez son
menos las personas contratadas bajo el
régimen de dependencia, lo que implica
que ellas se vean privadas del goce de
estabilidad y prestaciones laborales. Esto
afecta de manera particular a las mujeres
cuando la maternidad, viudez, orfandad,
etc., no es cubierta por el seguro social.
Según el Informe de Desarrollo
Humano del 2002, un gran número
de mujeres, para poderse insertar en
el campo laboral, deben recurrir a familiares
cercanos, amigas, vecinas o
empleadas para que las apoyen con el
trabajo doméstico, la crianza y cuidados
infantiles. Es así como las féminas continúan
absorbiendo el costo que implica
mantener el sistema social, porque el
Estado no asume la responsabilidad que
le corresponde para que la socialización
de la crianza y el cuidado infantil sean
compartidos de manera equitativa entre
hombres y mujeres. Inclusive, existe
el agravante de que el artículo 152
del Código de Trabajo contempla que
las empresas establezcan guarderías
cuando tengan contratadas “N” número
de madres con hijos e hijas pequeñas.
Esta norma perjudica a las trabajadoras
porque las empresas dejan de contratar
mujeres cuando se acercan a esa cuota
estipulada, o simplemente ignoran esa
disposición; además el Estado no vela
por su cumplimiento. Es importante
resaltar que esta norma contraviene el
principio de igualdad, contenido en el
artículo 4º. de la Constitución Política de
la República, porque sigue asignando la
responsabilidad del cuidado de los hijos
e hijas menores exclusivamente a las
mujeres y exonerando de sus responsabilidades
a los hombres.
Las mujeres, muchas veces, se ven
sometidas a trato discriminatorio desde
el momento de la entrevista de trabajo,
porque ahí se le pregunta sobre su actividad
sexual y las métodos de anticoncepción
que usa, con lo cual se recarga
sobre ella la responsabilidad total de
la reproducción humana. Además, se
ve sometida a explotación laboral (a
trabajar horas extras, sin que les sean
pagadas o a hacer el mismo trabajo que
un compañero hombre pero recibiendo
un salario menor que él), acoso sexual,
maltrato, etc.; asimismo, su intimidad
se ve invadida cuando, especialmente
en las fábricas, se les hacen exámenes
de laboratorio trimestrales, cuyo fin es
determinar si están embarazadas o no;
de estarlo son despedidas, violando así,
flagrantemente, sus derechos laborales.
Los altos índices de desempleo han
incidido en la pauperización de las condiciones
de trabajo, porque la oferta de
–203–

Revista de derechos humanos
mano de obra aumenta y su demanda
es baja. Esta situación repercute negativamente
en la situación laboral de las
mujeres, quienes constituyen más del
75% (tanto a nivel nacional como en el
municipio de Guatemala) de la población
económicamente inactiva, porque
se les demandan requisitos, cada vez
más difíciles de cumplir: nivel educativo
mínimo, edad máxima, sin compromisos
de estudio ni familiares; cierto tipo
de apariencia física, manejo de algún
idioma extranjero, etc.; el cumplir con
estos requerimientos no garantiza que
se perciba un salario acorde a estas
capacidades.
Según el Informe de Desarrollo
Humano del 2002, el porcentaje de
mujeres que ingresaron al campo laboral,
lo hicieron principalmente en el
sector informal, especialmente aquellas
provenientes de hogares en situación
de pobreza y extrema pobreza; sin embargo,
en varias ocasiones, debido a la
baja productividad o bajos salarios, los
ingresos no fueron suficientes para salir
de estas condiciones.
La pobreza afecta menos a las mujeres
del área urbana, el 27% de ellas
son pobres, mientras que afecta a casi
el 73% de mujeres que viven en el área
rural.
Las mujeres, al no poder acceder a
un trabajo remunerado, se ven sometidas
a una dependencia económica, generalmente
respecto al varón, así como a la
pobreza.
Formas de trabajo no remuneradas:
son aquellas actividades realizadas por
las mujeres al interior de sus hogares,
según el Sistema de Naciones Unidas
para Guatemala. Implica la crianza y
cuidado de los niños y niñas, la preparación
de alimentos y el mantenimiento
de la funcionalidad general del hogar, el
cuidado de enfermos, ancianos y discapacitados:
145 el mismo no es remunerado
mientras que el trabajo productivo es
aquel que es pagado.
“…el costo que implicaría acceder
a este tipo de servicios por medio
de mecanismos de mercado, es
asumido directamente por las mujeres.
De esta manera, ellas, con
el desempeño de su labor de “amas
de casa”, reducen ostensiblemente
el gasto en el hogar y contribuyen a
su sobrevivencia”. 146
145 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo –PNUD– Guatemala: el financiamiento del desarrollo humano.
Informe de Desarrollo Humano 2001. Guatemala, 2001. Pág. 123.
146 Ibídem.
–204–

El impacto que tienen los principios de igualdad y universidad de los derechos humanos…
El trabajo doméstico, a pesar de
que no es remunerado, ocupa muchas
horas del tiempo de las mujeres, (de 6
a 7 horas adicionales al esfuerzo invertido
en el empleo remunerado), 147 si se
incluyen el trabajo doméstico, el servicio
comunitario, social y otros que realicen.
Esto implica que ellas asumen dos, tres
o más jornadas de labor. Sin embargo, a
pesar de su gran contribución, el trabajo
doméstico no es visibilizado, no es reconocido
y mucho menos pagado.
“Según la ENCOVI, las mujeres 148
dedican cuatro veces más tiempo que los
hombres a los quehaceres del hogar; dos
veces y media más tiempo para atender
a los niños, prácticamente la misma
cantidad de tiempo que los hombres al
arreglo personal, pero dedican menos
tiempo que ellos al esparcimiento (90%)
y al estudio (94%)”. 149
Las mujeres también realizan una
serie de actividades encaminadas a
reproducir la fuerza de trabajo, y con
ello apoyan al sostenimiento del sistema
económico y social; sin embargo,
ni este aporte ni su participación en
el ámbito público se traducen en una
corresponsabilización de los hombres
en el trabajo reproductivo. Inclusive se
escuchan muchas voces para que ellas
sean re-enclaustradas en el “ámbito
privado”. Un caso ejemplificante es el
de “María Eugenia Morales de Sierra”,
a través del cual un grupo de abogadas
y notarias buscaron la declaración de
inconstitucionalidad de algunos artículos
del Código Civil guatemalteco,
porque los mismos subordinaban, dentro
del matrimonio, a las mujeres respecto
de los hombres; éstos establecían el
“hogar” como el espacio de ellas y les
limitaban el acceso al trabajo remunerado
sólo a través de la “autorización”
del esposo. Sin embargo, el 24 de junio
de 1993 la Corte de Constitucionalidad
de Guatemala (conformada en ese entonces
sólo por magistrados hombres)
declaró sin lugar el recurso planteado,
basándose en las costumbres y tradición
de la familia guatemalteca, porque al
declarar inconstitucionales los artículos
discriminatorios de la mujer contenidos
en el Código Civil, se creaba un vacío,
una laguna legal insuperable y atentatoria
contra la estabilidad familiar.
Este caso fue llevado y ganado ante la
Comisión Interamericana de Derechos
147 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo –PNUD– Guatemala: desarrollo humano, mujeres y salud
2002. Op. cit. Pág. 217.
148 Se refiere a mujeres de hogares nucleares donde están presentes ambos cónyuges. Este tipo de hogares representa
el 50% del total de hogares en Guatemala.
149 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo –PNUD–. “Guatemala: desarrollo humano, mujeres y salud
2002. Op. cit. Pág. 222.
–205–

Revista de derechos humanos
Humanos (CIDH). El resultado fue que
se modificaron y derogaron los artículos
del Código Civil que discriminaban a las
guatemaltecas, pero sólo se logró ante
una instancia internacional. 150
Cuantitativamente las mujeres son
las que, en más del 90%, se dedican a
las tareas del hogar, según los datos del
XI Censo Nacional de Población, que se
presentan gráficamente a continuación.
Personas que sólo realizan tareas domésticas, por sexo.
En el municipio de Guatemala y en la República de Guatemala
100.00%
80.00%
90.38%
94.46%
Hombres
9.62%
5.54%
Mujeres
60.00%
40.00%
20.00%
0.00%
República
Municipio de Guatemala
Fuente: Elaboración propia. Datos del INE “XI Censo Nacional de Población 2002”. Versión Electrónica.
Esta asignación de roles domésticos
no remunerados también fue usado, como
una forma de agresión, durante el conflicto
armado interno. Durante las masacres,
ellas eran mantenidas con vida hasta el
último momento, porque las fuerzas represivas
las obligaban a cocinarles y “entretenerlos;”
por último eran asesinadas.
“Entonces vino el ejército y les dijo:
talvez no las vamos a matar a ustedes,
pero vayan a traer una gallina
cada una, son doce hombres y doce
son ustedes mujeres, entonces serán
doce las que traerán para el almuerzo.
Ellas se fueron rápido y trajeron
las gallinas de sus casas. Entonces
empezó la masacre: si el hijo cumple
con las patrullas y el padre no,
es el hijo el que mata al papá, si es
el hijo el que no cumple, es el papá
el que se mancha las manos para
matar al hijo. Después se tiró el
apaste al fuego y las doce gallinas,
las señoras mismas empezaron a
preparar. El ejército las mandó a
hacer bien la comida después que ya
150 Morales Trujillo, Hilda. “Traduciendo en acciones…”. Págs. 12, 20.
–206–

El impacto que tienen los principios de igualdad y universidad de los derechos humanos…
habían matado a los doce hombres;
los mataron y torturaron y fueron a
traer gasolina. Cuando se quemaron
todos, dieron un aplauso y empezaron
a comer. (Caso 2811, Chinique,
Quiché, 1982). 151
Exclusión de oportunidades para
desarrollar sus habilidades. Esta exclusión
se da desde el momento en que las
niñas no son tomadas en cuenta, por sus
padres y madres, para ser educadas. Tal
situación repercute en la vida adulta de
la niña, porque la falta de desarrollo de
ciertas habilidades, limitará su acceso a
empleos remunerados.
La pedagogía de género ha sido
transversal, ha incidido inclusive en el
ámbito de la formación y educación,
porque a las mujeres se les forma en
actividades tradicionales como: belleza,
cocina, corte y confección, administración
del hogar, etc.; es decir, se
les forma para ocupar puestos donde
reproducen el rol que les ha sido asignado
por la cultura patriarcal que se
resume en “existir para otros u otras.”
Sin embargo, es importante resaltar que
actualmente varias mujeres han optado
por recibir educación, capacitación y/o
formación en actividades consideradas
como “masculinas” como: plomería,
mecánica, electricidad, etc.
Otra de las limitantes que encuentran
las mujeres para desarrollar sus habilidades,
es cuando uno de los requisitos del
empleo al que acceden es “no tener compromisos
de horarios”; esta condición
implica que su tiempo será absorbido
por el patrono, lo cual le impide recibir
cualquier tipo de educación.
3.2.2 El impacto de la discriminación
laboral en los hogares
monoparentales femeninos
Los hogares monoparentales femeninos
constituyen el 22.74% de los
hogares que hay a nivel nacional, y el
30.89% de los existentes en el municipio
de Guatemala. Estos hogares se caracterizan
porque la mujer (generalmente
la madre) es la cabeza de familia y, por
ende, tiene bajo su responsabilidad la
sobrevivencia de su núcleo familiar.
Diversos estudios realizados, entre
ellos los Informes de Desarrollo Humano
del Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo, han determinado
que los hogares con jefatura femenina
invierten más recursos para mejorar la
calidad de vida de su familia (aunque sea
a largo plazo), que aquellos con jefatura
masculina. Las féminas destinan sus
ingresos a la satisfacción de las necesi-
151 ODHAG. Op. cit., Pág. 207.
–207–

Revista de derechos humanos
dades familiares, fundamentalmente, 152
por ejemplo: servicios básicos, educación,
etc.; esto puede deberse a que
socialmente ellas tienen asignado el rol
de género de cuidar el hogar y la crianza
de los hijos e hijas; de igual manera, al
el hombre (según su papel de género), se
le permite conservar parte de su ingreso
para sí. 153
Sin embargo, las mujeres cabeza de
familia, debido a la falta de acceso a la
educación y de la oportunidad de optar
por trabajos remunerados, se encuentran
en situación de desventaja respecto a los
otros hogares; esta situación repercute
en todo el núcleo familiar que tiene a
su cargo.
“La vulnerabilidad de las familias
con jefatura de hogar femenina, tanto
en términos de seguridad y protección
como de ingresos, es además un
reproductor o generador de pobreza y
de desigualdades. La discriminación
de género en las familias y en la vida
cotidiana lleva a las mujeres a estar
más expuestas al maltrato y a la
sobrecarga de trabajo, con violación
de sus derechos sociales básicos”. 154
Los hogares con jefatura femenina,
respecto a los de jefatura masculina, son
los que tienen los porcentajes más bajos
de educación, tanto en el municipio de
Guatemala como a nivel nacional, como
se evidencia en la siguiente gráfica.
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
Gráfica comparativa de jefatura de hogar por sexo y escolaridad,
en la República y en el municipio de Guatemala
Hombres República
Mujeres República
Hombres Municipio de
Guatemala
Mujeres Municipio de
Guatemala
Sin educación 30.35% 43.45% 5.42% 15.25%
Preprimaria 0.25% 0.24% 0.20% 0.29%
Primaria 48.12% 38.34% 37.31% 41.42%
Medio 15.30% 13.83% 34.14% 30.41%
Superior incompleta 3.16% 2.38% 11.45% 6.98%
Superior completa 2.82% 1.76% 11.48% 5.65%
Fuente: Elaboración propia. Datos del INE “XI Censo Nacional de Población 2002”. Versión electrónica.
152 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo –PNUD– Guatemala: desarrollo humano, mujeres y salud
2002. Op. cit. Pág. 216.
153 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo –PNUD– . Guatemala: desarrollo humano, mujeres y salud
2002. Op. cit. Pág. 217.
154 Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Ciudadanía, igualdad … Op. cit. S/p.
–208–

El impacto que tienen los principios de igualdad y universidad de los derechos humanos…
En un 10% más que los hombres, las
mujeres jefas de hogar no cuentan con
educación alguna, tanto a nivel nacional
como del municipio de Guatemala.
A nivel nacional, en más del 40%
de hogares monoparentales femeninos,
las cabezas de familia no cuentan con
estudios, lo cual va, definitivamente, en
detrimento de sus ingresos, porque no
tienen la calificación básica para poder
optar a trabajos con un salario mínimo,
por ejemplo: desarrollo de su motricidad
fina, lectura y escritura, etc. Esta situación,
muchas veces, las obliga a ofrecer
sus servicios para tareas domésticas, que
son mal remuneradas y que requieren
de un número indeterminado de horas
de trabajo. De igual manera, en los
siguientes niveles de educación sigue
permaneciendo la brecha entre guatemaltecos
y guatemaltecas, en detrimento
de las últimas; la misma no aumenta,
pero se debe a que las posibilidades para
estudiar se van reduciendo, conforme va
aumentando el nivel.
Según los datos del municipio de
Guatemala, las jefas de familia que
tienen una educación preprimaria y primaria
son más que los jefes de familia;
sin embargo, la situación se revierte
en los niveles medio y superior. Esto
evidencia que las mujeres tienen menos
posibilidades de superación que los
hombres, lo cual las afecta para obtener
empleos mejor remunerados para el
sostenimiento de sus familias. Los trabajos
que pueden obtener con un nivel
primario es como personal operario y
técnico-logístico; por ejemplo: limpieza,
mensajería, operaria de maquila, etc.
3.2.3 El principio de igualdad
desde la normativa laboral
Protección a la mujer trabajadora y
regulación de las condiciones en que
debe prestar sus servicios.
No deben establecerse diferencias
entre casadas y solteras en materia
de trabajo. La ley regulará la protección
a la maternidad de la mujer
trabajadora, a quien no se le debe
exigir ningún trabajo que requiera
esfuerzo que ponga en peligro su
gravidez. La madre trabajadora
gozará de un descanso forzoso retribuido
con el ciento por ciento de su
salario, durante los treinta días que
precedan al parto y a los cuarenta y
cinco días siguientes. En la época de
la lactancia tendrá derecho a dos períodos
de descanso extraordinarios,
dentro de la jornada. Los descansos
pre y post-natal serán ampliados
según sus condiciones físicas por
prescripción médica. 155
155 Constitución Política de la República de Guatemala. Artículo 102, inciso “k”. Guatemala, 1985.
–209–

Revista de derechos humanos
Asimismo, el Código de Trabajo
establece la obligatoriedad para el patrono
de crear guarderías en los centros
de trabajo en caso de que cuenten con
30 trabajadoras.
Si bien este tipo de medidas busca
proteger la maternidad, en la práctica
fomentan la discriminación en contra
de las mujeres, por los altos costos que
implican para los empleadores.
La medida de crear guarderías
cuando en un lugar hayan contratadas
30 mujeres, es discriminatoria desde su
origen, porque se releva a los hombres
de su responsabilidad hacia sus hijos
e hijas pequeñas y sólo se vincula al
cuidado de ellos y ellas a las féminas,
contraviniéndose así los artículos 4 y 47
constitucionales, referentes a la libertad e
igualdad y a la protección de la familia.
Si se quieren establecer medidas
igua litarias habría que indicar que se
creen guarderías cuando en un lugar
hayan 30 empleados y/o empleadas con
hijos e hijas pequeñas.
De igual manera, en el Código de
Trabajo vigente no se reconoce a las
mujeres como trabajadoras agrícolas,
lo que provoca que no sean tomadas
en cuenta al momento de la valoración
y remuneración de su trabajo. Su fuerza
es vista como “complementaria”
a la del hombre, quien resulta siendo
el único titular del salario ganado de
manera conjunta. Tampoco existe una
legislación que proteja a las empleadas
domésticas de la explotación laboral;
de manera expresa, el artículo 164 del
Código de Trabajo estipula que ellas no
tienen limitación alguna a su horario de
trabajo, por lo que: “…los empleadores
pueden obligar legalmente a los trabajadores
domésticos a trabajar catorce
horas al día”. 156
Por lo expuesto anteriormente, se
puede afirmar que, a pesar de que la
Constitución Política de la República
de Gua temala vindica el “principio de
igualdad”, el mismo no es retomado en la
legislación laboral ordinaria y tampoco
en la realidad cotidiana de las mujeres
trabajadoras, quienes se ven obligadas
a renunciar a sus derechos laborales
en aras de poder contar con un trabajo
remunerado.
3.3 Derecho a la educación
Según el XI Censo Nacional de
Población, en la República de Guatemala
hay 4,321,110 personas entre las
156 Human Rights Watch. Op. cit., Pág.70.
–210–

El impacto que tienen los principios de igualdad y universidad de los derechos humanos…
edades escolares de 5 a 19 años de edad,
de las cuales el 50.19% son hombres y
el 49.81% son mujeres, mientras que
en el municipio de Guatemala dicha
población asciende a 287,149 personas,
que está constituida en un 49.62% por
hombres y en 50.38% por mujeres.
Tomando como base las cifras del
INE y cruzándolas con las estadísticas
más recientes 157 del Ministerio de Educación
de Guatemala, se puede hacer una
aproximación de cuántas niñas y niños
tienen acceso, o no, al sistema educativo
nacional.
Cuadro comparativo de acceso de la población en edad escolar,
por sexo, al sistema de educación nacional 158
Personas en edad escolar, a nivel de la
república
Personas en edad escolar, inscritas en el
sistema nacional de educación
Personas en edad escolar que no acceden al
sistema nacional de educación
Hombres
Mujeres
2,168,699 2,152,411
1,645,029 1,491,670
523,670
(24.15%)
660,741
(30.70%)
Fuente: Elaboración propia. Datos del INE “XI Censo Nacional de Población”. Guatemala, 2002. Versión electrónica.
Según los datos presentados anteriormente,
se evidencia que de ca da
100 niños que tienen la edad es colar,
24 no van a estudiar. Esta cifra aumenta
cuando se trata de niñas, porque
casi 31 de cada 100 no tienen acceso
a la educación. Esto se debe a que
un gran número de jefas y jefes de
familia prefieren brindar la educación
a los hombres, no así a las mujeres, a
quienes dejan en casa para aprender las
tareas del hogar y apoyar a la madre en
la realización de éstas. Las causas para
tomar esta decisión son diversas, como
se muestra en el siguiente cuadro:
157 Correspondientes al año 2003.
158 El Ministerio de Educación no cuenta con información desagregada por municipios; es por ello que sólo se presentan
datos a nivel de la República.
–211–

Revista de derechos humanos
Cuadro de causas de inasistencia escolar, por sexo,
de la población entre 7 y 14 años de edad,
a nivel nacional y en el municipio de Guatemala
Causas de inasistencia escolar
República de Guatemala Municipio de Guatemala
Hombres Mujeres Hombres Mujeres
Falta de dinero 40,160 45,162 841 917
Trabajo 13,227 7,549 227 247
No hay escuela 6,245 6,504 48 51
Padres y madres no quieren 15,008 19,401 121 148
Quehaceres del hogar 3,915 13,940 45 113
No les gusta 44,184 48,636 554 506
Terminó estudios 1,403 1,398 54 47
Otras causas 32,938 34,512 813 744
Fuente: Elaboración propia. Datos del INE “XI Censo Nacional de Población”. Guatemala, 2002. Versión electrónica.
De los 334,182 menores entre 7 y 14
años de edad que no asistían a ningún
centro educativo, el 53% eran niñas y
el 47% eran niños; este porcentaje es
bastante alto si se toma en consideración
que las mujeres constituyen el 51.1% de
la población guatemalteca.
La información anterior evidencia
la preferencia de los padres y madres
de familia (tanto en el municipio de
Guatemala como en toda la República)
por brindar educación a los hijos, relegando
así a las hijas. Esta decisión es
influenciada, especialmente, por la falta
de dinero 159 si se toma en consideración
que dicha preferencia es la segunda
causa de la inasistencia escolar. Una
forma promovida por el Gobierno de
la República de Guatemala a través del
Ministerio de Educación para superar
este obstáculo, ha sido el proporcionar
becas. En el 2004 se concedieron becas
de Q299.81 cada una, a 32,030 niñas. 160
Otras de las causas de inasistencia
escolar en la República y en el municipio
de Guatemala, es que los padres y madres
no quieren que sus hijos e hijas vayan
a estudiar; esta decisión afecta más
a las niñas que a los niños. Asimismo,
no van porque tienen que ayudar en los
quehaceres del hogar; esta causa afecta
más a las niñas, como se evidencia en la
siguiente gráfica.
159 Que es la primera causa de la inasistencia escolar.
160 Ministerio de Educación de Guatemala. Memoria de Labores del Ministerio de Educación: avance de metas 2004.
Guatemala, enero 2005. Pág. 33. Versión electrónica, consultada el 1 de octubre del 2005.
–212–

El impacto que tienen los principios de igualdad y universidad de los derechos humanos…
Niños y niñas que no estudian por causa del trabajo
doméstico, en la República y en el municipio de
Guatemala
100%
80%
78%
77%
República de
60%
40%
20%
22%
28%
Guatemala
Municipio de
Guatemala
0%
Hombres
Mujeres
Fuente: Elaboración propia. Datos del INE “XI Censo Nacional de Población”. Guatemala, 2002. Versión electrónica.
El priorizar la educación de los
hombres respecto de las mujeres, se debe
a la idea que impera en el imaginario
social acerca de que ellas se van a casar
y serán “mantenidas”; por lo tanto, la
educación les es innecesaria. Lo que
sí deben aprender (siguiendo la lógica
anterior) son los quehaceres del hogar,
y así, desde muy pequeñas, se les limita
a desenvolverse en el ámbito privado
o doméstico. Es de esta forma que las
féminas, desde muy temprana edad, se
constituyen en un “apoyo” a la madre,
liberándola de ciertas responsabilidades
y permitiéndole asumir nuevas.
La brecha de género en la educación
se observa independientemente de la
etnicidad o lugar de residencia (área
urbana o rural) de las mujeres.
Años de escolaridad promedio por área,
etnicidad y género en el 2000
Género Indígena No indígena Total
Área urbana
Masculino 5.1. 8.9 7.9
Femenino 3.1 7.6 6.6
Total 4.0 8.2 7.2
Área rural
Masculino 2.6 3.8 3.2
Femenino 1.2 2.9 2.1
Total 1.9 3.3 2.6
Datos globales
Masculino 3.2 6.3 5.1
Femenino 1.7 5.4 4.0
Total 2.4 5.9 4.5
Fuente: PNUD. Informe Nacional de Desarrollo Humano Guatemala:
desarrollo humano, mujeres y salud 2002. Pág. 38. Guatemala, 2002
–213–

Revista de derechos humanos
La consecuencia de la falta de acceso
a la educación para las mujeres
(además de la limitación para acceder a
una vida digna y al desarrollo humano)
es que el analfabetismo adquiere un
rostro femenino, porque tanto a nivel
de República como del municipio de
Guatemala, del total de población analfabeta
las guatemaltecas constituyen
más del 60%.
Total de población analfabeta, de 15 o más años de
edad, por sexo. En la República y en el municipio de
Guatemala
80.00%
60.00%
40.00%
20.00%
37.96%
29.39%
62.04%
70.61%
República de
Guatemala
Municipio de
Guatemala
0.00%
Hombres
Mujeres
Fuente: Elaboración propia. Datos del INE “XI Censo Nacional de Población”. Guatemala, 2002. Versión
electrónica.
El analfabetismo en Guatemala está
relacionado al área donde vive la persona
(rural o urbana); a su pertenencia
étnica (indígena o no indígena) y al
género (masculino o femenino). Sin
embargo, son las mujeres indígenas que
viven en el área rural las más propensas
a no acceder a educación alguna.
De los hogares monoparentales, los
encabezados por mujeres son los que
presentan los porcentajes más altos de
analfabetismo.
Gráfica comparativa de analfabetismo en la jefatura de hogares de la
República de Guatemala y del municipio de Guatemala
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
43.67%
30.57%
15.52%
5.59%
Jefatura de hogar
femenina
Jefatura de hogar
masculina
0.00%
República de Guatemala
Municipio de Guatemala
Fuente: Elaboración propia. Datos del INE “XI Censo Nacional de Población”. Guatemala, 2002.
Versión electrónica.
–214–

El impacto que tienen los principios de igualdad y universidad de los derechos humanos…
Este dato pone al descubierto el
mito que impera en el imaginario social,
respecto a que las féminas serán
mantenidas por su compañero. Cada
vez son más los hogares donde la mujer
se vuelve cabeza de familia y, por lo
tanto, en proveedora para su familia.
Sin embargo, la falta de estudios le
limita las opciones de trabajos remunerados.
3.4 Derecho a la propiedad
y a la tierra
Es importante remarcar que el
problema de la tierra en Guatemala es
histórico y de índole estructural.
“La histórica alta concentración de
los recursos en un número reducido
de grandes unidades económicas,
agrícolas y no agrícolas, ha producido
un patrón distributivo profundamente
desigual de los beneficios
del crecimiento económico, y ha
estrechado las opciones económicas
y sociales de amplios sectores de la
población”. 161
La tierra está concentrada en pocas
manos, lo cual contrasta con los altos
índices de pobreza que hay en el país. En
el año 2001, el Gobierno de Guatemala
162 aceptó que en el país había alrededor
de 6 millones de personas que vivían en
condiciones de pobreza, cuyos ingresos
mensuales eran menores a Q389.30, 163
los cuales resultan insuficientes para
satisfacer las necesidades primarias.
La pobreza tiene dos dimensiones:
a) la privación, es decir, el no satisfacer
la necesidad de bienes y servicios básicos;
y b) el no contar con los medios
necesarios para adquirirlos. Las condiciones
de exclusión y marginación
que viven las mujeres en los ámbitos
educativo y laboral (desarrolladas en
los ítems anteriores de este capítulo),
inciden para que ellas tengan nulos o
escasos recursos para satisfacer sus
necesidades básicas para sobrevivir
(alimentación, vestido, educación,
etc.); más difícil se les vuelve el poder
acceder a la propiedad. 164
Hay que tomar en cuenta que las
mujeres devengan, aproximadamente,
entre un 38% y un 66% menos salario
que un hombre con sus mismas cuali y
calificaciones, por realizar un mismo
161 Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH). Guatemala: memoria del silencio. Tomo I. Guatemala. Oficina
de Servicios para Proyectos de las Naciones Unidas (UNOPS). Junio de 1999. Pág.84.
162 Gobierno de la República de Guatemala. Op. cit., Pág. 13.
163 En esa época el tipo de cambio era de Q6.49 por US$1.00.
164 Arriagada, Irma. Op. cit., Pág. 104.
–215–

Revista de derechos humanos
tipo de trabajo. Esto les reduce su capacidad
adquisitiva; además, como ya se
abordó anteriormente, la mayor parte de
su ingreso es usado (por las guatemaltecas
que son cabeza de familia), para
mejorar la calidad de vida de sus hijos
e hijas y para invertirlos en el pago de
servicios básicos, educación, etc.; por lo
tanto, generalmente su ingreso no es suficiente
para poder ahorrar y así invertir
en la compra de un bien inmueble.
Según el INE, en el período 1998-
2001, el 20.53% de los hogares con
jefatura femenina contaba con algún
tipo de vivienda, mientras que el 79.53%
restantes correspondía a los de jefatura
masculina.
Tenencia de vivienda por sexo de la jefatura del hogar,
según el régimen
100.00%
80.00%
60.00%
40.00%
20.00%
0.00%
93.13%
85.56%
78.82% 73.49% 76.82%
21.18% 26.51% 23.18%
14.44%
6.88%
Propia
Amortización
Alquiler
Cedida
Otro
Jefatura masculina
Jefatura femenina
Fuente: INE. Estadísticas e indicadores con enfoque de género 1998-2001. Guatemala, 2004. Versión electrónica.
Como se observa en la anterior
gráfica, la primera forma de tenencia de
las viviendas con jefatura femenina es a
través de la compra a plazos, mientras
que para los hombres es a través de la
cesión. Aquí se evidencia la preferencia
de los padres y madres de familia por
heredar sus bienes prioritariamente a
sus hijos, dejando en situación de desventaja
a las hijas. Es por ello que la
segunda forma que tienen las mujeres
para contar con un lugar para vivir es el
alquiler, mientras que los hombres ya
son propietarios de éste.
“...el 23.6% del total de tierras en
fincas está en manos de indígenas,
alrededor del 6.5% corresponde
a fincas con jefatura femenina y
casi el 70% corresponde a fincas
de hogares encabezados por varones
no indígenas (...) El peso de
las mujeres, con menos del 7% de
tierra, puede atribuirse a patrones
–216–

El impacto que tienen los principios de igualdad y universidad de los derechos humanos…
culturales propios de la dominación
patriarcal presentes en la sociedad
guatemalteca”. 165
En lo que se refiere al acceso a la
tierra, las mujeres tienen menores oportunidades
de ser propietarias; esto se
debe, además de los factores enumerados
anteriormente, al predominio de un imaginario
social y cultural que visualiza a
las guatemaltecas como “objeto de protección”;
se da por sentado que cuando
se case el hombre será quien le provea
de techo, vestuario y alimentación, y
se le niega su carácter de sujeta activa,
que puede ser también proveedora. Lamentablemente
no existen estadísticas
sobre cuántas mujeres son propietarias
de tierra. Tanto el INE, como el Registro
de la Propiedad y la Unidad de Catastro
del Ministerio de Finanzas carecen decon
estadísticas desagregadas por sexo
respecto a la propiedad, lo cual permite
intuir la falta de interés por develar la
realidad relacionada con este aspecto,
con un enfoque de género.
Las opciones a la propiedad de la tierra se definen también por el género
La dinámica en torno a las relaciones de género y la tierra parece intermediada por una lógica
que excluye a las mujeres del acceso a la propiedad, expresada en un corpus legislativo de escasa
pertinencia respecto de la realidad agraria en el país y en prácticas socio-culturales que permean,
inclusive, la lucha de organizaciones que reivindican este recurso, pues ni siquiera por éstas son
las mujeres tomadas en cuenta como copropietarias.
Ilustran lo anterior algunos estudios referidos al acceso a la tierra en mujeres desarraigadas, que
establecen cómo se asocia la posesión de la tierra a la categoría de jefe de familia. Se considera
que la misma es un derecho que puede otorgarse a las mujeres adultas solas, sólo si éstas reportan
cargas familiares, no así para aquellas mujeres adultas sin pareja, ya que éstas accederían a la
misma al casarse y formar un núcleo familiar tradicional con un hombre. En cambio, con los
hombres solos y mayores de edad, las consideraciones al respecto son diferentes; se arguye que
éstos deben acceder a la tierra por su potencial proximidad a formar una familia, y más allá,
agregan respecto a la reivindicación de copropiedad de la tierra, que ésta no es necesaria ya que
“para esto están el hombre y los hijos”.
En algunos casos, incluso, para que los jóvenes mayores de edad o próximos a serlo tuvieran
acceso a la tierra, formaron parejas improvisadas; caso, por ejemplo, de la finca de refugiados y
retornados “Las Delicias” en El Palmar, Quetzaltenango.
Fuente: PNUD. Informe Nacional de Desarrollo Humano Guatemala: desarrollo humano, mujeres y salud 2002. Pág. 224.
165 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo –PNUD– . Guatemala: desarrollo humano, mujeres y salud
2002. Op. cit. Pág. 108.
–217–

Revista de derechos humanos
3.5 Los derechos sexuales y
reproductivos
Alda Facio afirmó que no se puede
hablar de derechos de las mujeres, invisibilizando
y negando sus derechos
reproductivos, que son los derechos que
hay que reconocer en base al artículo 44
de la Constitución.
“Los derechos y garantías que
otorga la Constitución no excluyen
otros que, aunque no figuren expresamente
en ella, son inherentes a la
persona humana”.
Por lo tanto, al hablar de los derechos
de las mujeres hay que reconocer
tanto sus derechos reproductivos como
sus derechos sexuales.
“Un Estado general de bienestar físico,
mental y social, y no de mera ausencia
de enfermedades o dolencias,
en todos los aspectos relacionados
con el sistema reproductivo y sus
funciones y sus procesos. En consecuencia,
la salud reproductiva entraña
la capacidad de disfrutar de una vida
sexual satisfactoria y sin riesgo de
procrear, y la libertad para hacerlo
o no hacerlo y con qué frecuencia.
Esta última condición lleva implícito
el derecho del hombre y de la mujer
a obtener información y de planificación
de la familia de su elección…” 166
En Guatemala, el XI Censo Nacional
de Población contabilizó 2,353,080
madres a nivel nacional, de las cuales
235,709 viven en el municipio de Guatemala.
Esto significa que de las 5,740,357
guatemaltecas que viven en el país, el 41%
ya han tenido uno o varios hijos y/o hijas.
El estado civil de estas mujeres, que
ya son madres es el siguiente:
Gráfica sobre el estado civil de las mujeres que son madres, en la
República y en el municipio de Guatemala
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
53%
49%
27%
20%
4% 9% 7%
7% 11% 12%
República de Guatemala
Municipio de Guatemala
Unidas Casadas Solteras por separación o divorcio Solteras por viudez Solteras
Fuente: Elaboración propia. Datos del INE “XI Censo Nacional de Población”. Guatemala, 2002. Versión electrónica.
166 Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la población y el desarrollo. El Cairo, Egipto. 1994.
Párrafo 7.2.
–218–

El impacto que tienen los principios de igualdad y universidad de los derechos humanos…
Según se evidencia en la gráfica
anterior, más del 20% de madres son
solteras, lo cual las obliga a buscar los
mecanismos necesarios para garantizar
la sobrevivencia a sus hijos y/o hijas;
estos hogares son más pobres respecto
de aquéllos que cuentan con el padre y
madre o respecto de los hogares monoparentales
masculinos.
3.5.1 Fecundidad y maternidad adolescente
La actividad sexual y reproductiva
de las mujeres inicia a edades muy
tempranas, lo cual aumenta sus posibilidades
de tener un gran número de
descendientes, en detrimento de su salud
y de ellas mismas, como lo evidencia la
siguiente gráfica.
Gráfica de madres, según edad y número de
hijos/hijas, en la República y en el municipio de
Guatemala
1,400,000
1,200,000
1,000,000
800,000
600,000
400,000
200,000
0
1 a 3 hijos/hijas
República de
Guatemala
4 a más hijos/hijas
República de
Guatemala
1 a 3 hijos/hijas
Municipio de
Guatemala
4 a más hijos/hijas
Municipio de
Guatemala
12 a 19 años 20 a 29 años 30 a 39 años
40 a 49 años 50 a 59 años 60 a más años
Fuente: Elaboración propia. Datos del INE “XI Censo Nacional de Población”. Guatemala,
2002. Versión electrónica.
El XI Censo Nacional de Población
del 2002 contabilizó a 2,762 niñas de
12 a 14 años de edad a nivel nacional
(de las cuales 191 eran del municipio de
Guatemala) que ya eran madres de 1 a 3
hijos y/o hijas. De igual manera, tabuló
a 94,079 jóvenes entre 15 y 19 años de
edad, progenitoras de 1 hasta 3 niños
y/o niñas, mientras que 1,022 lo eran
de 4 o más en todo el país; de éstas 37
vivían en la cabecera del departamento
de Guatemala.
Según la CEPAL, estos altos índices
de fecundidad 167 de las adolescentes
son más elevados en los grupos pobres,
con menor educación y que viven en
el área rural. En el caso específico de
167 En demografía, el concepto fecundidad se refiere a la cantidad de hijos e hijas que tienen las mujeres durante su
trayectoria reproductiva.
–219–

Revista de derechos humanos
Guatemala, hay que destacar dos realidades,
identificadas por el Ministerio
de Salud Pública y Asistencia Social
(MSPAS): 168
1. Los embarazos tempranos en algunas
regiones del país, son parte de
un patrón cultural y/o una realidad
económico-social (que se concreta
en la pobreza extrema), que coadyuva
a que las jóvenes sean cedidas
para convivir maritalmente desde
muy temprana edad, a partir de los
12 años.
2. En las áreas urbanas, este tipo de
embarazos generalmente no son
deseados, y se dan en parejas que
no han iniciado una vida en común o
en uniones de convivencia informal,
que suelen terminar en el abandono
de la madre y del descendiente.
3. Es importante evidenciar en un apartado
distinto, que algunos embarazos
en las adolescentes son producto de
violencia sexual y, particularmente,
incesto cometido por familiares suyos.
A continuación se presenta un
caso ocurrido en Honduras, que fue
seleccionado para ser incorporado en
esta investigación porque documenta
la magnitud de esta problemática
y algunas de sus consecuencias.
Iris Salvador desde que tenía 10 años de edad, empezó a ser víctima sistemática de
incesto por parte de su padre. De esta relación ella procreó una hija, que a la vez
era su media hermana y quien nació parapléjica.
Iris, quien ya contaba con 14 años de edad, se vio en la necesidad de huir de su
casa, junto a su pequeña hija de 18 meses y sus dos hermanos de 5 y 9 años de edad
(éstos últimos aparentemente fueron violentados sexualmente también), cuando su
padre intentó volver a abusarla sexualmente.
Iris, ante la situación que vivía, se suicidó el 10 de septiembre del 2004, intoxicándose
con unas tabletas; en dos ocasiones anteriores había intentado quitarse la vida.
Fuente: Periódico Prensa Libre. Pág. 34. Guatemala, 26 de septiembre del 2004.
168 Programa Nacional de Salud Integral de la Niñez y la Adolescencia (SINA), Ministerio de Salud Pública y Asistencia
Social. “Situación de los y las adolescentes en Guatemala. Guatemala, 2003. Pág. 41.
–220–

El impacto que tienen los principios de igualdad y universidad de los derechos humanos…
Entre las consecuencias que implican
los embarazos precoces es que las
jóvenes madres ven interrumpida, en
muchas ocasiones, su trayectoria educativa
169 y laboral. Son forzadas por las
circunstancias a adaptarse a su nueva
realidad, en la cual se ven sometidas
a una mayor dependencia respecto de
quien se haga cargo de ellas: su conviviente
y, en su defecto, la familia de
la joven.
Otro de los efectos de los embarazos
precoces es que algunos de éstos terminan
en abortos clandestinos, realizados
por personas empíricas y en lugares que
no cubren las condiciones sanitarias
mínimas, lo cual pone en riesgo la vida
de la adolescente.
Según el Ministerio de Salud Pública
y Asistencia Social, del total de
las adolescentes menores de 20 años de
edad, el 17% ya son madres y el 4% se
encuentran embarazadas de su primer
hijo. El porcentaje de maternidad en
este grupo disminuye cuando la joven
cuenta con educación y reside en el área
urbana.
“…cuatro veces más (28%) mujeres
sin educación ya son madres;
en comparación con 7% entre
aquellas con educación secundaria
o superior (…) La relación entre
grupo étnico y adolescentes que
ya son madres existen una mayor
proporción en el grupo indígena
con relación al grupo ladino, 19 y
16.5%, respectivamente (…) y el
lugar de residencia, también encontramos
diferencias importantes;
ya que en el área urbana tenemos
un 13.4% a diferencia del área
rural, en la que la proporción es
de 20.1%”. 170
Las anteriores circunstancias se
constituyen en factores determinantes
para que la pobreza y la exclusión sean
heredadas a los y las descendientes de
las adolescentes.
Si se contrasta la realidad de la fecundidad
adolescente y el concepto de
salud reproductiva transcrito al inicio
del presente apartado, se podría afirmar
que las jóvenes no están gozando plena
ni adecuadamente de ésta, porque los
embarazos, en su mayoría, son producto
de la exclusión, la marginación y la
discriminación de la que son víctimas,
así como de la dominación patriarcal y
machista a la que se ven sometidas.
169 Cuando cuentan con ella.
170 Programa Nacional de Salud Integral de la Niñez y la Adolescencia (SINA). Op. cit., Pág. 42.
–221–

Revista de derechos humanos
3.5.2 Mortalidad materna
“La muerte de una mujer mientras
está embarazada o dentro de los 42
días siguientes a la terminación del
embarazo, independientemente de
la duración y el sitio del embarazo,
debido a cualquier causa relacionada
o agravada por el embarazo
o su atención, pero no por causas
accidentales o incidentales”. 171
Siempre existen ciertos riesgos para
la vida, tanto de la madre como de su hijo
y/o hija durante el embarazo y el parto,
pero la mortalidad materna e infantil se
potencializan cuando se presentan las
siguientes situaciones, determinadas
por el Ministerio de Salud Pública y
Asistencia Social.
a) Al no recibirse atención calificada
durante el embarazo y/o en el momento
del parto. En el país, durante
el año 2001, 172 más de un 50% de
partos se realizaron sin una atención
calificada, mientras que un poco más
del 40% fueron atendidos por personal
médico y comadronas, como se
observa en la siguiente gráfica.
Nacimientos por tipo de asistencia recibida en la
República de Guatemala, año 2001
60.00%
55.56%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
28.50%
15.21%
10.00%
0.00%
1.00% 0.72%
Empírica Médica Comadrona No se sabe Ninguna
Fuente: INE. Estadísticas e indicadores con enfoque de género 1998-2001. Guatemala, 2004. Versión electrónica.
171 Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Informe fi nal: línea basal de mortalidad materna para el año
2000. Guatemala, 2003. Pág. 8.
172 Que son los datos más recientes con los que el INE cuenta.
–222–

El impacto que tienen los principios de igualdad y universidad de los derechos humanos…
Según el Ministerio de Salud Pública y
Asistencia Social, en el año 2000 del 100%
de los partos en que las madres murieron,
un 42.9% fueron atendidos por comadrona;
un 35.4% por personal médico y un
21.7% por un familiar o la misma madre.
Mortalidad materna según término del embarazo y lugar de muerte
400
374
351
300
200
100
182
244
66
18 26 11 22 8
0
Hogar
Hospital
público
Hospital
privado
En tránsito
Se desconoce
Término del embarazo
Lugar de muerte
Fuente: Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Informe fi nal: línea basal de mortalidad materna
para el año 2000. Pág.29. Guatemala, 2003
“En los mayores centros urbanos
(Guatemala y Quetzaltenango)
ocurren muertes de madres no
residentes en esos departamentos,
seguramente por la mayor disponibilidad
de servicios de atención
clínica; situación inversa ocurre en
departamentos con áreas urbanas
menores…” 173
b) Cuando los embarazos se dan en
mujeres menores de 20 y mayores
de 35 años de edad.
Mortalidad materna, según edad de la madre
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
415
280
185
110 107
122
77
10-14 años 15-19 años 20-24 años 25-29 años 30-34 años 35-39 años 40-49 años
Fuente: Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social . Informe fi nal: línea basal de mortalidad materna
para el año 2000. Pág.26. Guatemala, 2003
173 Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Op. cit., Pág. 34.
–223–

Revista de derechos humanos
c) Cuando las mujeres son multíparas
(con más de 3 hijos e hijas), lo cual
evidencia que el espaciamiento de
los embarazos es menor de los 3
años, entre uno y otro. Las indígenas
son las que cuentan con las tasas más
altas de fecundidad en el país.
d) Al vivir la madre en condiciones
de mayor pobreza, precariedad y
exclusión. Según el INE, 174 más
del 90% de las madres se dedican a
actividades de servicio y atención,
remuneradas o no.
e) Cuando la madre cuenta con un escaso
o ningún nivel de escolaridad.
% de
mortalidad
materna
66.5%
28%
3%
Escolaridad
de la madre
Nunca accedieron
a la educación
Cursaron algún
grado de la primaria
Tenían estudios de nivel
medio o superiores
Fuente: Elaboración propia. Datos del Ministerio de Salud Pública
y Asistencia Social. Informe fi nal: línea basal de mortalidad
materna para el año 2000. Pág.27. Guatemala, 2003
Entre las principales causas de la
mortalidad materna, fueron identificadas
las siguientes:
Gráfica de principales causas de la mortalidad materna
en Guatemala en el año 2000
60%
50%
53%
40%
30%
20%
10%
14.40%
12.10% 9.50%
0%
Hemorragia Infección Hipertensión Aborto
Fuente: Elaboración propia. Datos del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Informe fi nal: línea basal de mortalidad
materna para el año 2000. Pág. 9 Guatemala, 2003
174 INE. Estadísticas e indicadores con enfoque de género 1998-2001. Guatemala, 2004. Versión electrónica, CD-
ROM.
–224–

El impacto que tienen los principios de igualdad y universidad de los derechos humanos…
De las muertes que ocurrieron en
el hogar de la madre, el 68.6% se debieron
a hemorragias, mientras que de
las acaecidas en centros hospitalarios
fueron el 29%. La hemorragia se debe
a retención de placenta, atonía uterina,
hemorragia uterina no especificada,
placenta previa, etc.
Según el Ministerio de Salud Pública
y Asistencia Social, la muerte por
hemorragia aumenta proporcionalmente
conforme más edad tenga la madre;
asimismo, la infección es la causa más
frecuente de mortalidad materna en las
adolescentes.
El Ministerio de Salud Pública y
Asistencia Social logró determinar en
su investigación que sólo un 56% de
los casos de mortalidad materna estaban
registrados como tales; un 36%
de los certificados de defunción no
mencionaban el diagnóstico de muerte
materna, y un 8% no contaban con este
documento. Por lo tanto, un 44% de los
decesos por mortalidad materna fueron
subregistrados, 175 lo cual es lamentable,
porque en los registros no se visibiliza
las problemáticas particulares que viven
las guatemaltecas por su condición de
mujeres.
3.5.3 Mujeres: principales víctimas
de la violencia sexual
“La mayor parte de las agresiones
sexuales tienen como víctimas a las
mujeres y niñas, y son perpetradas
por hombres y niños”. 176
Los hombres, en un alto porcentaje,
creen ser propietarios de los cuerpos y
sexualidad femeninos. Por lo tanto, las
mujeres, desde muy temprana edad, se
ven sometidas a relaciones incestuosas,
violaciones, abusos deshonestos, rapto,
estupro, explotación sexual comercial,
etc., por parte de ellos. Estas situaciones
son consideradas normales por la sociedad,
al punto que se evidencia y legitima
en todos los ámbitos sociales, inclusive
en la literatura.
“El año de mis noventa años quise
regalarme una noche de amor loco
con una adolescente virgen. Me
acordé de Rosa Cabarcas, la dueña
de una casa clandestina que solía
avisar a sus buenos clientes cuando
tenía una novedad disponible”. 177
175 Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Op. cit., Pág. 23.
176 Organización Panamericana de la Salud (OPS). Op. cit., Pág. 21.
177 García Márquez, Gabriel. Memoria de mis putas tristes. Barcelona, España. Editorial Norma. 2004.
Contraportada.
–225–

Revista de derechos humanos
“Estas nuestras niñas jamás se
atreverán a decir en público el
número exacto de sus añitos, pero
a voz encubierta se les da a ustedes
la seguridad que esa pequeña que
algún visitante afortunado pueda
tener entre sus brazos, hace una
semana festinaba la posibilidad
de su primera visita mensual y
que su obvia falta de experiencia
será suplida con el alborozo de los
encantos que de manera natural
poseen…”. 178
Lamentablemente, no existen registros
confiables que permitan conocer
plenamente este fenómeno. Sin embargo,
hay algunos esfuerzos, realizados
por instituciones gubernamentales y no
gubernamentales, que buscan documentar
estos hechos, como se evidencia en
la siguiente gráfica.
Gráfica comparativa de registros de violencia sexual,
cometida contra niños y niñas en la República de Guatemala
100%
80%
60%
40%
20%
0%
Hombres Juzgado 1o. De
Niñez y Adolescencia de
Guatemala
Mujeres Juzgado 1o.
De Niñez y Adolescencia
de Guatemala
Hombres Monitoreo
hemerográfico 2004 de la
ODHAG
Mujeres Monitoreo
hemerográfico 2004 de la
ODHAG
Delitos contra la libertad y
seguridad sexuales
Tentativa de comisión de
delitos contra la libertad y
seguridad sexuales
Incesto agravado
Violación
Abusos deshonestos
Estupro mediante engaño
Fuente: elaboración propia. Datos de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG). Informe
sobre la situación de la niñez en Guatemala, 2004”. Guatemala, 2005.
Esta violencia sexual adquirió una
connotación particular durante el conflicto
armado interno guatemalteco,
porque (desde el momento en que ésta
implica un ejercicio de poder y dominación
de los victimarios hacia sus víctimas),
era una expresión de desprecio
y humillación contra las familias guatemaltecas,
a través de la cual se buscaba
dejar claro quién debe dominar y quién
debe subordinarse; fue una forma de evidenciar
la victoria sobre el oponente; era
una manera de controlar a la población,
entre muchas otras cosas.
178 Ramírez Heredia, Rafael. La Mara. México. Editorial Alfaguara. Mayo 2004. Pág. 182.
–226–

El impacto que tienen los principios de igualdad y universidad de los derechos humanos…
“Los testimonios de REMHI incluyen
el reporte de 149 víctimas de 92
denuncias de violación sexual, incluyéndose
la violación como causa
de muerte, como tortura y esclavitud
sexual con la violación reiterada de
la víctima. Sin embargo, también en
uno de cada seis casos de masacres
analizados se dieron violaciones a
las mujeres como parte del modo de
actuación por parte de los soldados
o las PAC.
Hay que tener en cuenta que la violación
sexual, por los ingredientes
de culpa y vergüenza que la caracterizan,
es poco denunciada con
respecto a otro tipo de hechos de
violencia, como torturas o asesinatos.
Si los estudios sobre la violación
consideran que habitualmente en el
mundo occidental, solamente uno
de cada cinco casos de violaciones
sexuales es declarado, podemos
considerar que en este caso la
subdeclaración puede ser mucho
mayor”. 179
Por todo lo expuesto en este apartado,
se evidencia que las mujeres no
gozan de sus derechos sexuales y/o
reproductivos, porque no son dueñas de
su sexualidad ni de su cuerpo. Hasta el
año 2002, aún se documentaron casos
en que una mujer no podía pedir que se
le hiciera una cirugía esterilizante sin la
autorización de su conviviente.
En el año 2002, la supervisora de trabajo social del Instituto Guatemalteco de Seguridad
Social (IGSS) indicó que cuando una mujer desea ser esterilizada, debe tener un mínimo
de 22 años de edad y dos descendientes vivos; además, que reciba consejería y firme un
documento de consentimiento personal.
En caso que tenga esposo o compañero, el IGSS requiere la presencia de éste, porque la salud
reproductiva debe verse como la atención integral de la pareja durante su vida reproductiva,
así como el bienestar de la familia. “Si bien la mujer puede decidir sobre su cuerpo, en el caso
de que esté casada o unida podría tener problemas si contradice al esposo o compañero”.
Prensa Libre. Pág. 6. Guatemala, 20 de octubre del 2002.
Lo anterior muestra que el cuerpo
de la mujer ha sido expropiado de ella
y puesto a la disposición de la sociedad,
con lo que se le niega uno de sus
derechos básicos: su integridad.
179 ODHAG. Op. cit., Pág. 210.
–227–

Revista de derechos humanos
Desde muy pequeñas son violentadas
sexualmente. Muchas otras, por falta
de información, educación y oportunidades,
quedan embarazadas. Hay miles de
guatemaltecas que viven en condiciones
de precariedad, en pobreza y en extrema
pobreza, lo cual aumenta las probabilidades
de que fallezcan a consecuencia
de la mortalidad materna, así como sus
recién nacidos y nacidas.
En Guatemala (ante la penalización
del aborto, con excepción del terapéutico),
y en base a tratados y convenios
internacionales en materia de derechos
humanos, que se constituyen en parte
del derecho interno a través del artículo
46 de la Constitución Política de la
República, es posible aplicar métodos
de anticoncepción de emergencia a las
mujeres víctimas de violaciones sexuales;
sin embargo, tanto el sistema de
justicia como el de salud obvian su uso
en detrimento del bienestar e integridad
de la víctima, a pesar de que el mismo,
más que un producto anticonceptivo, es
un medio que permite el ejercicio de la
autonomía reproductiva de las féminas
víctimas de este de tipo de violencia de
género. 180
3.6 Las guatemaltecas y el acceso a la
justicia
En Guatemala, las mujeres son
víctimas de graves violaciones a sus
derechos humanos y, particularmente, a
sus derechos sexuales y reproductivos
cuando se ven sometidas a: violaciones,
incesto, embarazos precoces, explotación
sexual comercial, violencia intrafamiliar,
matrimonios arreglados por los
padres, madres y por el mismo Estado
guatemalteco, a través del artículo 200
del Código Penal. *
Arto. 200 Matrimonio de la ofendida con el ofensor: en los delitos comprendidos
en los capítulos I, II, III y IV anteriores (referidos a violación, estupro,
abusos deshonestos y rapto, respectivamente) la responsabilidad penal del sujeto
activo o la pena, en su caso, quedarán extinguidas por el legítimo matrimonio
de la víctima con el ofensor, siempre que aquélla fuere mayor de 12
años y, en todo caso, con la previa aprobación del Ministerio Público.
Código Penal
180 Velásquez Juárez, María del Rosario. Anticoncepción de emergencia en Guatemala: situación médico legal. Versión
electrónica.
* A la fecha de publicación de la presente revista, el artículo 200 del Código Penal fue declarado insconstitucional
mediante sentencia de la Corte de Constitucionalidad de fecha 17 de marzo de 2006, expediente 2818-2005.
–228–

El impacto que tienen los principios de igualdad y universidad de los derechos humanos…
Este artículo fue redactado con
el objetivo de salvaguardar el “buen”
nombre de la mujer, que le era heredado
del padre, mas no su condición de ser
humana y mujer.
El artículo es incompatible con el
espíritu de la Constitución Política de
la República, que se concreta (en el
presente caso) de la siguiente manera:
artículo 3, referente al derecho a la
vida, que contempla el derecho a la
integridad y seguridad de la persona;
artículo 4, que aborda el tema de la libertad
e igualdad y, especialmente, que
ninguna persona puede ser sometida a
servidumbre ni a otra condición que
menoscabe su dignidad; artículo 51,
referente a la protección de menores
y ancianos, así como los artículos 44
y 46, que permiten la incorporación y
preeminencia de los tratados internacionales
en materia de derechos humanos
ratificados por Guatemala, al sistema
jurídico nacional.
De igual manera, existen los artículos
176 y 177 del Código Penal, que
tipifican el estupro como delito, siempre
y cuando la mujer sea “honesta”. Sin
embargo, este concepto es totalmente
subjetivo y queda sujeto a la interpretación
de las y los operadores de justicia,
que puedan estár permeados por un
imaginario social machista, patriarcal y
androcéntrico, lo cual pone en desventaja
a la víctima, quien muchas veces
es culpabilizada por la sociedad y por
el mismo sistema de “justicia”.
El Congreso de la República, hasta la
presente fecha, no ha derogado y/o modificado
el articulado existente en todas las
leyes ordinarias, que coloca a la mujer en
una situación de desventaja y de subordinación
respecto de los hombres.
Las mujeres corren más riesgo de ser
agredidas en su propio hogar que en la
calle; es por ello y gracias al esfuerzo del
movimiento de mujeres, que en 1996 se
logró la emisión el Decreto 97-1996 del
Congreso de la República, mejor conocido
como “Ley para prevenir, sancionar y
erradicar la violencia intrafamiliar”; en
ella se tipifica la violencia intrafamiliar,
de la siguiente forma:
“…cualquier acción u omisión que
de manera directa o indirecta causare
daño o sufrimiento físico, sexual,
psicológico o patrimonial, tanto
en el ámbito público como en el
privado, a personas integrantes del
grupo familiar, por parte de parientes
o conviviente o ex conviviente,
cónyuge o ex cónyuge o con quien
se haya procreado hijos o hijas”.
Según los datos del INE, las mujeres
son las principales víctimas de la violencia
intrafamiliar, según los registros con
los que se cuenta.
–229–

Revista de derechos humanos
Víctimas de violencia intrafamiliar atendidas por Propevi y el teléfono de ayuda
familiar, durante el año 2001
70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
48.20%
9.40%
64.10%
58.70%
30.70%
4.80%
6.50%
0.50%
10.90%
18.10%
3.50%
3.40%
0%
12.50%
8.10%
1.70%
1999 2001 2000
18.80%
0.20%
Mujeres
Hombres
Niñas y niños
Adolescentes
Tercera edad
Discapacitadas/os
Fuente: elaboración propia. Datos del INE. Estadísticas e indicadores con enfoque de género 1998-2001. Guatemala, 2004.
Versión electrónica.
Lamentablemente, en los indicadores
que presenta el INE no se hace
un análisis de género en los grupos de
niños y niñas, adolescentes, tercera
edad y personas con discapacidad, lo
cual evidencia un subregistro de datos
y, por lo tanto, una subestimación de
cómo la violencia intrafamiliar afecta
a las guatemaltecas, inclusive con la
muerte.
Víctima Hecho Supuesto victimario/a
Niña de 4 años Muerte a golpes Madrastra
Adolescente mujer de 14 años Muerte por estrangulamiento Conviviente
Adolescente mujer de 14 años Muerte con arma blanca Conviviente
Adolescente mujer de 14 años Muerte por degollación Conviviente
Niña de 9 meses Muerte por golpes en la cabeza No se logró identificar
Niña recién nacida Muerte por golpes en la cabeza No se logró identificar
Adolescente mujer de 16 años Muerte a machetazos Ex novio
Fuente: ODHAG. Informe sobre la situación de la niñez en Guatemala 2004. Pág. 31. Guatemala, 2005
En algunas ocasiones, es difícil
determinar que la causa de la muerte
de cualquier mujer sea consecuencia de
la violencia intrafamiliar, debido a que
los decesos se categorizan como “accidentales”
por su apariencia. Asimismo,
existe un subregistro de las víctimas que
fallecen en los hospitales, porque si bien
son ingresadas por causa de la violencia
intrafamiliar, al estar en estos lugares se
contagian de algunos de los virus que
están en el ambiente y terminan muriendo
–230–

El impacto que tienen los principios de igualdad y universidad de los derechos humanos…
por “causas naturales”, que podrían ser
categorizadas como causas indirectas.
Este tipo de subregistros limita el accionar
judicial en contra de las y los victimarios
que agraden físicamente a las féminas.
Lamentablemente, el sistema de justicia
no se adecúa a las necesidades de
las mujeres; las leyes para prevenir este
flagelo no son operativas, porque algunas
guatemaltecas viven en lugares tan lejanos
que no tienen acceso a los Juzgados
de Familia, a la Fiscalía de la Mujer, 181
ni a la Policía Nacional Civil (PCN),
etc., por lo que se ven en la necesidad
de movilizarse (muchas veces con sus
pequeños hijos e hijas) de sus lugares
de residencia hacia donde haya alguna
instancia para presentar su denuncia; el
problema es que luego tienen que seguir
haciendo gastos para darle seguimiento
a la misma, y al no contar con recursos
mínimos y/o propios, se ven obligadas a
desistir de la búsqueda de la justicia.
“Los casos no se investigan y las mujeres
tienen que llevar todo el peso
de la acusación, como si no fuese suficiente
ser la víctima. Muchas de las
mujeres del interior del país tienen
que desplazarse hasta la fiscalía de
la capital para denunciar, y otras no
pueden. Sólo hay un representante
de la Fiscalía de la Mujer en Quetzaltenango
y Guatemala. El resto de
los fiscales no está suficientemente
sensibilizado con el problema.”
M.A. Hilda Morales Trujillo.
Prensa Libre 9 de julio del 2003. Pág. 3.
Cuando las mujeres entran en contacto
con el sistema de justicia para
poner su denuncia, muchas veces son
culpabilizadas por los y las mismas
operadoras de justicia, entre otras cosas,
cuando hacen comentarios como:
“¿No será que su marido le pegó porque
usted no lo atendió bien”. Además, al
recibir la denuncia, el Código Procesal
Penal guatemalteco contempla medidas
desjudicializadoras 182 , las cuales son
usadas frecuentemente por el Ministerio
Público, los Juzgados y algunas auxiliaturas
de la Procuraduría de Derechos
Humanos (PDH), quienes promueven
reuniones conciliatorias verbales entre
el victimario y la víctima en aras de
“mantener la unidad familiar”, aunque la
integridad de la fémina esté en riesgo.
Un caso puede judicializarse penalmente
cuando la mujer presenta una
lesión que le dure más de 8 días, aunque
el cargo sería por “lesiones leves” y la
pena contra el victimario no sería signi-
181 Sólo hay Fiscalía de la Mujer en Quetzaltenango, la Ciudad de Guatemala y Villa Nueva.
182 Las cuales fueron abordadas en el capítulo 3.2 de la presente investigación.
–231–

Revista de derechos humanos
ficativa. Pero los casos de violencia psicológica
no dejan evidencia visible, por
lo que son más difíciles de investigar,
ya que el sistema penal guatemalteco
requiere de evidencia tangible.
La única protección que se brinda a
la víctima de violencia intrafamiliar es
la extensión de una medida de seguridad
(que restringe al victimario para que se
le acerque a ella y a sus hijos e hijas,
cuando así se especifique), que debe ser
llevada por ella misma a un Juzgado
de Paz y a la estación de la PNC que
le quede más cercana. Aquí se le anota
un número telefónico para que llame
cuando el victimario se le acerque, situación
poco viable cuando no existen
teléfonos ni estaciones cercanas a donde
ella vive, lo cual la pone en situación
de vulnerabilidad. Otro problema que
se identifica es que la respuesta de las
fuerzas de seguridad no es inmediata.
Carol Clavería González, de 28 años de edad y madre de dos niñas, era una mujer
que “gozaba” de medidas de seguridad contra su ex pareja, quien ya la había
agredido en otras ocasiones; sin embargo, estando en un restaurante McDonald´s,
localizado en Bosques de San Nicolás, empezó a ser acechada por éste. Infructuosamente
llamó a la PNC pidiendo auxilio: él entró al restaurante, después de
permanecer algunos momentos le disparó a quemarropa, luego disparó al novio
de ella; ambos fallecieron. Cuando la PNC llegó, fue para levantar el cadáver.
Centro de Estudios Guatemala. Monitoreo hemerográfi co. 2004.
Que un caso llegue al sistema ju -
dicial no garantiza que las mujeres
obtengan justicia, como lo evidencia la
siguiente gráfica.
Acciones tomadas por la Fiscalía de la Mujer en algunos de los
casos que recibió
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
42%
18.94%
5.99%
Archivados Desistimiento Acuerdo
extrajudicial
2% 1.03%
Aplicación de criterio
de oportunidad
Sobreseimiento
Fuente: elaboración propia. Datos de Prensa Libre. Pág. 3. Guatemala, 9 de julio del 2003
–232–

El impacto que tienen los principios de igualdad y universidad de los derechos humanos…
Los casos de violencia intrafamiliar
y sexual son desjudicializables, a
través del criterio de oportunidad, la
mediación y la conciliación, que están
regulados en el Código Procesal Penal,
Decreto 51-92 del Cogreso de la
República, que entró en vigencia en
1994. También puede ser considerado
como un mecanismo desjudicializador
el matrimonio de la ofendida con el
ofensor, contenido en el artículo 200 del
Código Penal, anteriormente referido.
El criterio de oportunidad es una
forma de “solucionar los conflictos
penales” y se aplica a delitos cuya pena
máxima sea de 2 años. Con la aplicación
de esta medida se busca descongestionar
el sistema judicial, pero en detrimento de
la integridad, seguridad, libertad y hasta
la vida de las mujeres.
Autora: Kahlo, Frida. “Unos cuantos piquetitos”, 1935.
–233–

Revista de derechos humanos
Es por esta visión economicista, así
como por el predominio de un imaginario
social machista y patriarcal, que
la violencia física, emocional y patrimonial
183 contra la mujer, así como los
delitos sexuales 184 no tienen relevancia
ni impacto social.
“A mi tío le sucedió, él iba con su sobrina
en Sacualchil, una hija y su mamá,
cuando encontraron a los soldados y los
patrulleros en la calle y allí fue donde
lograron agarrar a la muchacha y a la
niña de siete años, fueron violadas,
a la niña la mataron porque fueron
muchos los soldados que pasaron por
la niña”. 185
La mediación y la conciliación constituyen
otro mecanismo del Código Procesal
Penal, que es contemplado como una
forma alternativa de resolver conflictos
de intereses, pero en la práctica “impide
el acceso de las mujeres a la justicia”, 186
porque el mismo es aplicado a los delitos
de estupro, incesto, abusos deshonestos,
violación, proxenetismo y negación de
asistencia económica, con lo que se les
está negado a las féminas el goce de sus
derechos humanos inherentes. Este mecanismo
no ofrece igualdad de oportunidades
entre las partes, porque empodera al
agresor (que generalmente es un hombre)
respecto de la víctima; no se le aplica una
sanción que lo disuada de volver a atentar
o violentar la integridad física, emocional,
sexual y/o patrimonial de la víctima.
“Al aplicar la medida referida, no
debe atenderse solamente a la lesión
física, sino a la lesión psicológica
y a la dignidad de la víctima, caso
contrario se le priva de su derecho
de accionar en igualdad de condiciones
con los hombres”. 187
Otro proceso que puede ser considerado
como “desjudicializador” es el
artículo 200 del Código Penal Guatemalteco.
“Matrimonio de la ofendida con el
ofensor: en los delitos comprendidos
en los capítulos I, II, III y IV
anteriores (referidos a violación,
estupro, abusos deshonestos y rapto,
respectivamente) la responsabilidad
penal del sujeto activo o la pena, en
su caso, quedarán extinguidas por el
183 Negación de asistencia económica, incumplimiento de deberes de asistencia.
184 Violación, violación agravada, estupro en todas sus manifestaciones, abusos deshonestos, incesto, contagio
venéreo.
185 ODHAG. Op. cit., Pág. 211.
186 Velásquez Juárez, María del Rosario. Propuesta de Ley para reformar el Código Procesal Penal. Guatemala.
Centro de Investigación, Capacitación y Apoyo a la Mujer (CICAM). 2002. Pág. 35.
187 Velásquez Juárez, María del Rosario. Ibídem. Pág. 36.
–234–

El impacto que tienen los principios de igualdad y universidad de los derechos humanos…
legítimo matrimonio de la víctima
con el ofensor, siempre que aquélla
fuere mayor de doce años y, en todo
caso, con la previa aprobación del
Ministerio Público”. 188
En virtud de este artículo, de manera
expresa el Ministerio Público tiene la
potestad de autorizar el matrimonio de
un agresor sexual con su víctima, aún
siendo ésta menor de edad pero mayor
de 12 años, con lo cual se legitima y
legaliza la violencia sexual en contra
de la fémina dentro del ámbito privado,
desde muy temprana edad. Por lo tanto,
la integridad y seguridad de la víctima
pasa a un segundo plano, mientras que
la sociedad se siente satisfecha siempre
y cuando se haya limpiado su “honor” y,
ante todo, su buen apellido, que ha sido
heredado por un hombre.
Además de los mecanismos desjudicializadores,
muchos otros casos son
archivados porque la investigación no se
concluye. Como indica Hilda Morales
Trujillo, son las mujeres las que llevan
todo el peso de la acusación; es decir,
son las que tienen que recabar evidencias,
testigos, pedir la agilización del
proceso en el Ministerio Público. Todo
esto resulta desgastante y oneroso para
la ofendida, además que requiere dinero
y tiempo.
También hay casos en que son las
mismas víctimas quienes desisten de la
denuncia, porque:
1. Temen represalias por parte de los
victimarios, o porque dependen económicamente
de éstos.
2. Otras no hablan el español, por lo
que existe una barrera lingüística
y otra cultural que deben ser salvadas.
3. Otras padecen de alguna deficiencia
física y/o sensorial, por lo que dependen
de alguien más para poder
denunciar.
Los casos que merecen particular
atención son los de aquellas mujeres que
no saben ni siquiera que pueden denunciar
cualquier violencia en su contra,
porque no han recibido educación ni
información alguna; inclusive ven este
trato como algo “normal”.
Otro tipo de situaciones que evidencia
el androcentrismo y lo anticuado de
la ley es el tema de la explotación sexual
188 Artículo 200 del Código Penal guatemalteco, citado por la ODHAG en su Informe sobre la situación de la niñez
en Guatemala durante el 2004. Guatemala, 2005. Pág. 54.
–235–

Revista de derechos humanos
comercial, porque hay grandes vacíos en
el Código Penal guatemalteco debido
a que aún no están tipificados varios
delitos, entre ellos: la elaboración, reproducción
y distribución de pornografía
infantil. En el año 2004, el Ministerio
Público y la Policía Nacional Civil
incautaron dos mil discos en las ventas
callejeras y de éstos, el 100% contenían
pornografía infantil; sin embargo, la
fiscalía, a la presente fecha, sólo puede
acusar a las personas implicadas en estos
ilícitos por el delito de “corrupción
de menores”; lo grave del caso es que,
según lo indica el fiscal a cargo de estos
casos, la víctima más pequeña exhibida
en estos videos contaba con 4 años de
edad, aproximadamente.
Según diversos estudios, las mujeres
son las víctimas más frecuentes de los
delitos de “trata y explotación sexual
comercial”.
“…niños y niñas migrantes, que
han fallado en su intento de cruzar
la frontera hacia México, a menudo
permanecen en el país y han sido
obligados a ejercer la prostitución.
Muchas mujeres, niños y niñas han
sido traídos a Guatemala desde el
Salvador, Nicaragua y Honduras por
bandas organizadas, que las obligan
a prostituirse. La población que
constituye el principal blanco para
ser explotada sexualmente son niños
y niñas, así como jóvenes mujeres
de familias pobres”. 189
Entre enero y septiembre del 2004 se
reportó el rescate de 12 adolescentes que
eran víctimas de estos delitos, todas ellas
mujeres. Sin embargo, a pesar de que
las personas adultas implicadas fueron
acusadas de “corrupción agravada”, que
implica una pena privativa de libertad,
muchas veces fueron sentenciadas por
“proxenetismo agravado”, que apenas
contempla una sanción pecuniaria, lo
cual no resulta disuasivo para las y los
victimarios, quienes pueden recuperar el
dinero al continuar con la práctica de la
explotación sexual comercial. 190
4. Análisis de los resultados
obtenidos en el trabajo de campo
Introducción
En este capítulo se presentarán las
herramientas metodológicas usadas
en la investigación para conocer cuál
es la visión que tienen, tanto hombres
como mujeres, respecto a la “igualdad”.
Asimismo, se presentan los resultados
189 Departamento de Estado de Estados Unidos de América. Informe sobre la situación de derechos humanos en
Guatemala. Traducción libre. Versión electrónica 2004. Consultada en enero del 2005.
190 ODHAG. Informe sobre la situación de la niñez en Guatemala durante el 2004. Guatemala, 2005. Pág. 72.
–236–

El impacto que tienen los principios de igualdad y universidad de los derechos humanos…
obtenidos, y el análisis de los mismos,
ahondándose en cuál es la ubicación de
ambos sexos en el imaginario social;
cuáles son sus obligaciones y responsabilidades,
así como sus posibilidades de
acceder a puestos directivos y las limitaciones
que enfrentan para desenvolverse
en el ámbito público.
4.1 Herramientas metodológicas
aplicadas a personas sujetas
de análisis
4.1.1 Entrevistas
Inicialmente se hizo una propuesta
de entrevista para ser aplicada a personas
consideradas fuente de información,
según fueron definidas en el protocolo
de investigación; sin embargo, la herramienta
se modificó en dos ocasiones
como resultado del proceso de validación
de la misma, generándose dos
últimas, que fueron las definitivas. Una
fue diseñada para ser definida a mujeres
y otra a hombres. (Ver anexos). 191
4.1.2 Cuestionarios
Para la obtención de información
se había considerado la aplicación de
la técnica de “grupos focales”; sin embargo,
por lo difícil que resulta coordinar
agendas entre distintas personas y
dada la importancia de cumplir con los
tiempos estipulados en el cronograma,
se optó por sustituir esta técnica por
la aplicación de cuestionarios. Fue así
como éstos fueron elaborados, validados
y por último fueron definidos dos,
uno para ser aplicado a hombres y otro
a mujeres.
El cuestionario fue una herramienta
auxiliar muy valiosa, porque cuando
no se logró obtener citas para una entrevista
con personas que fueron seleccionadas
como “sujetos de análisis”,
se pudo ofrecer la opción de dejarles
el cuestionario, el cual era mucho más
corto que la guía de entrevista y podía
ser completado empleando menos
tiempo (Ver anexo). 192
El cuestionario, por lo tanto, fue
elaborado en aras de no tomar mucho
tiempo de las personas, y a la vez
como una forma de poder obtener su
valiosa información. Sin embargo, uno
de los problemas que se presentaron
al momento de usar esta herramienta
fue que en algunas ocasiones los
cues tio narios no fueron devueltos a la
investigadora.
191 Los formularios presentados en el Anexo cuentan con menos espaciado entre preguntas que el usado en el trabajo
de campo.
192 Los formularios presentados en el Anexo cuentan con menos espaciado entre preguntas que el usado en el trabajo
de campo.
–237–

Revista de derechos humanos
4.1.3 Observaciones generales
sobre la aplicación de las
herramientas metodológicas
Respecto a las personas consideradas
como unidades de análisis y
definidas en el protocolo de investigación,
no se logró contactar únicamente
a un aproximado del 11% (líderes de
las iglesias del país) si se tuvo acceso,
mientras que a un 89%, lo cual
se considera todo un éxito, tomando
en cuenta las limitaciones de tiempo,
presupuestarias, etc.
Categorización de las personas sujetos de análisis Hombres Mujeres
Guatemaltecas lideresas del movimiento de mujeres 0 1
Guatemaltecas activistas y reivindicadoras de demandas sociales con
puestos directivos en sus instituciones
0 2
Guatemaltecas directivas de asociaciones gremiales profesionales 0 2
Guatemaltecas directivas de movimientos: sindical e indígena 0 2
Dirigentes del movimiento estudiantil 2 1
Mujeres en puestos medios 0 1
Mujeres dedicadas a trabajo doméstico 0 1
Mujeres en máximos puestos directivos al interior de las iglesias que
hay en Guatemala
0 2
Directivos (hombres y/o mujeres) de organizaciones del movimiento
de derechos humanos
1 3
Funcionarios y funcionarias de gobierno con cargos ministeriales o
su equivalente; y en el Organismo Judicial, con cargo de magistratura
y/o juez
3 3
Autoridades académicas (rectoría, decanaturas, directores) 2
Autoridades eclesiales en puestos jerárquicos 0 1
Partidos políticos 1 0
–238–

El impacto que tienen los principios de igualdad y universidad de los derechos humanos…
La elaboración de herramientas
diseñadas ad hoc para cada sexo, fue
una decisión tomada porque, además
de querer obtener ambas percepciones
sobre la “igualdad” (aplicado a hombres
y a mujeres), era importante para la investigadora
obtener información de las
féminas sobre su realidad cotidiana, con
lo cual se tuvo la oportunidad de hacer
un análisis comparativo entre la visión
(como construcción ideológica) y la realidad
concreta de las féminas, sus roles,
obligaciones, cualidades, limitaciones,
etc., y contrastarla con la de los hombres.
Entre las dificultades identificadas
durante la aplicación de las herramientas
metodológicas y sus consecuentes
lecciones, están las siguientes:
Debido a la premura del tiempo, la
investigadora no pudo realizar las entrevistas
ni aplicar los cuestionarios, por lo
que contrató a una auxiliar de investigación.
Esto le permitió cumplir con el
compromiso adquirido en su protocolo
de investigación.
El no haber aplicado personalmente
las herramientas implicó que en las entrevistas
no se ahondara en temas que
pudieron haber arrojado información de
interés para la investigadora.
Algunos cuestionarios no fueron
devueltos por las personas “sujetas de
investigación”.
Se aplicó un cuestionario a la Defensora
de las Personas con Discapacidad,
quien es no vidente; esta herramienta
implica la lectura del documento y por
lo tanto, no era ad hoc para ella. La
herramienta óptima para aplicarle era
la entrevista, no sólo porque se adecuaba
a sus circunstancias particulares,
sino porque hubiera permitido obtener
muchísima información acerca de la
discriminación que ella enfrenta, desde
su condición de mujer con una deficiencia
sensorial. La entrevistada se limitó
a contestar el cuestionario de manera
general; por lo tanto, se perdió la oportunidad
de ahondar en el conocimiento
de una realidad tan invisibilizada.
La investigadora es la responsable
de esta deficiencia metodológica, porque
no instruyó ni sensibilizó adecuadamente
a la auxiliar de investigación sobre
estas circunstancias.
4.2 Análisis de los resultados
obtenidos a través de las
entrevistas y los cuestionarios
Se consultó a 7 hombres y 21 mujeres.
En las respuestas que se obtuvieron,
se logró identificar varios indicadores de
análisis; por lo tanto, la cuantificación
de los indicadores de análisis no coincidirán
con el número de personas que
brindaron información para la presente
investigación.
–239–

Revista de derechos humanos
4.2.1 Percepción sobre la igualdad entre hombres y mujeres
Percepciones sobre la igualdad
Respuestas
de hombres
Respuestas
de mujeres
Igualdad en la diferencia: hombres y mujeres
son iguales pero con sus características particulares
22.22% 38.09%
Iguales: hombres y mujeres son iguales entre sí. 33.33% 33.33%
Hombre es superior por naturaleza 11.11% 0
Igualdad isónoma pero no sustantiva: todos somos
iguales ante la ley, pero en la práctica esto no es así.
Los hombres gozan de más derechos que las mujeres
33.33% 23.81%
No respondió la pregunta 0 4.76%
En el cuadro anterior se evidencia que
existen distintas concepciones sobre la
igualdad, lo cual es de suma importancia,
porque ya no se habla sólo de la igualdad
formal: “todas las personas somos
iguales por el hecho de ser humanas” o
de la “igualdad isónoma”; ahora ya se
habla sobre la igualdad en la diferencia;
especialmente las mujeres fueron las que
reconocieron este tipo. Sólo un 11.11%
de la muestra masculina habló sobre la
natural “superioridad del hombre”.
¿Tienen las mujeres los mismos derechos que los hombres
Respuesta de
las mujeres
Hombres y mujeres tienen los mismos derechos y obligaciones porque
ambos cuentan con las mismas capacidades y son seres humanos
33.33%
Las mujeres tienen menos derechos que los hombres, aunque no debería ser
así porque la igualdad está estipulada constitucionalmente y porque la única 52.38%
diferencia que tenemos es biológica y física.
Cada quien tiene sus derechos y eso corresponde a su papel. Ambos sexos
son complementarios.
4.76%
No respondió la pregunta. 9.52%
–240–

El impacto que tienen los principios de igualdad y universidad de los derechos humanos…
Como se puede observar en el cuadro
anterior, el 52.38% de las mujeres
indicaron gozar de menos derechos que
los hombres, a pesar de que existe un
reconocimiento constitucional respecto
a que todas las personas somos iguales
en dignidad y derechos. A la vez, llama
la atención que un 4.76% de las entrevistadas
indicaron que se gozan de los
derechos de acuerdo al papel que cada
persona juegue en la sociedad, lo que
hace que los sexos sean complementarios.
Esta última visión evidencia una
legitimación de la “igualdad formal”
entre hombres y mujeres en aras de mantener
el orden social, pero en detrimento
de las féminas.
La última respuesta da elementos
para trascender la visión de las entrevistadas
y encontrar otra interpretación:
el reconocimiento de que hombres y
mujeres pertenecen a la raza humana,
por lo que deben gozar de los mismos
derechos. Sin embargo, al reconocer sus
particularidades y realidades específicas
definidas por el sexo, ambos grupos
deben también gozar de sus derechos
particulares.
Identificación de las Responsabilidades Femeninas y Masculinas
Respuestas de hombres que fueron sujetos de investigación
Responsabilidades masculinas
Responsabilidades femeninas
Liderazgo público 30.43% Cuidado del hogar y la familia 50%
Protección 26.09% Trabajos secretariales y de índole pasiva 16.67%
Proveedor 21.74% Generadora de la vida material y espiritual 8.33%
Guía de la familia 13.04% Ser moral y fiel 8.33%
Prepararse y ser profesional 8.70% Objeto comercial y/o sexual 8.33%
Estudiar 8.33%
–241–

Revista de derechos humanos
Los hombres identifican como su
responsabilidad primaria, el ejercicio
de poder en el ámbito público, el cual
implica la toma de decisiones, la planificación
y el gobernar. Le siguen a ésta,
roles que los ubican en una relación de
superioridad respecto de las mujeres,
porque se identifican como los protectores,
proveedores y guías de familia;
llama la atención que sólo un 5.26% de
las respuestas hace referencia a que los
hombres deben ser profesionales.
En lo que respecta a la identificación
de los roles asignados a las mujeres
(desde un imaginario eminentemente
masculino), el principal es el “cuidado
del hogar y la familia”, seguido por el
ser generadora de la vida. Se reconoce
que puede desarrollar algunas actividades
no relacionadas con el ámbito privado,
pero de índole pasiva; por ejemplo,
secretariales o ser objetos comerciales
y/o sexuales. Además, llama la atención
que a las féminas se les exigen responsabilidades
de tipo subjetivo, como el
tener conductas morales, fidelidad y ser
generadora de la “vida espiritual”, cosa
que no se hace con los hombres. Por lo
tanto, ellas son concebidas en función
de las y los demás, no en función de sí
mismas.
A pesar de la identificación de la
“igualdad sustantiva” y de la “igualdad
en la diferencia” entre las y los entrevistados,
la igualdad que prevalece en
el imaginario social es la “igualdad
formal”, a través de la cual se legitima
la negación a las féminas del goce de los
derechos universales y de los derechos
específicos.
4.2.2 Los puestos directivos ¿quiénes
los ocupan ¿por qué
Respuesta de mujeres, exclusivamente
a quienes se entrevistó, a la pregunta:
¿Hay más hombres o mujeres ocupando
puestos directivos
Más los hombres 88.89%
No podría decirlo 11.11%
En el cuadro anterior se evidencia
que, según la mayoría de las entrevistadas,
los puestos directivos son ocupados
por hombres. Este dato contrasta con el
11.11% de las respuestas que indican no
saber decirlo. Podría interpretarse que la
sujeta de información prefirió mantener el
beneficio de la duda en su respuesta, a pesar
de que su experiencia confirma lo dicho
por sus homólogas, porque si conociera a
más mujeres que a hombres en puestos de
poder, no le hubiese costado decir esto,
pero prefirió dar una respuesta ambigua.
–242–

El impacto que tienen los principios de igualdad y universidad de los derechos humanos…
Requisitos que se deben llenar para ocupar puestos directivos, según las y los entrevistados
Requisitos para hombres
Profesional, especialización
en el tema
Honradez, ética, honorabilidad,
espíritu de servicio
Requisitos para mujeres
14.08% Profesional, especialización en el tema 10.81%
18.31%
Honradez, ética, honorabilidad, espíritu de
servicio
20.27%
Experiencia y capacidad 18.31% Experiencia y capacidad 16.23%
Liderazgo 19.71% Liderazgo 16.23%
Inteligencia conceptual 4.22% Inteligencia conceptual y emocional 2.70%
Actitud y deseo de ocupar el puesto 1.41% Actitud y deseo de ocupar el puesto 4.05%
Tener buenas relaciones
interpersonales y comunicación
9.86%
Tener buenas relaciones interpersonales y
comunicación
Manejo del discurso 2.82% Manejo del discurso 1.35%
En el campo: espíritu de servicio,
trabajo hecho
1.41% En el campo: espíritu de servicio, trabajo hecho 1.35%
Capacidad de hacer otros líderes 1.41% Capacidad de hacer otros líderes 1.35%
Coherencia entre el discurso y la
práctica
1.41% Coherencia entre el discurso y la práctica 1.35%
Responsabilidad 2.82% Responsabilidad 1.35%
Buena apariencia física 1.41% Buena apariencia física 1.35%
Incondicionalidad para hacer lo que
le pidan
1.41% Incondicionalidad para hacer lo que le pidan 1.35%
Que no discrimine 1.41%
Demostrar inteligencia, mientras que los
hombres se da por sentado que la tienen
1.35%
Mejorar autoestima y superar carácter débil 2.70%
Autosuficiente 1.35%
Dejar de lado el género (dejar de querer imitar a
los hombres)
1.35%
Cambiar la cultura machista existente 1.35%
Demostrar la capacidad, mientras que los
hombres se da por sentado que la tienen
1.35%
Trabajar mucho más 1.35%
8.11%
Reconocimiento social 1.35%
–243–

Revista de derechos humanos
La mayoría de requisitos enumerados
por las y los entrevistados para optar
a cargos directivos, fueron identificados
tanto para hombres como para mujeres;
sin embargo, algunos hombres identificaron
algunos adicionales para ellas,
entre éstos: inteligencia emocional,
mientras que a los hombres sólo se les
pide inteligencia “conceptual”; aquí
podría sumarse el de “mejorar la autoestima”.
Llama la atención las respuestas
de dos de los entrevistados.
a) La mujer debe “dejar de lado el
género y sentirse que es capaz y ser
autosuficiente”; esta apreciación
evidencia que esta persona justifica
la ausencia de féminas en puestos de
poder por sus “carencias”, pero no
hace referencia a la discriminación,
exclusión y marginación estructural
que sufren las guatemaltecas en todos
los ámbitos en que se desarrollan.
b) Las mujeres deben dejar de imitar a
los hombres: “se piensa en fuertes
de temperamento, fuertes igual a
los hombres, con características
de los hombres”. Esta respuesta es
sumamente interesante. A través
de la misma se puede interpretar
que esta persona motiva a que se
reconozcan y valoren cualidades y
calidades particulares de las mujeres
para que se deje de seguir tomando
al hombre como modelo a seguir
(androcentrismo).
Asimismo, algunas entrevistadas
indicaron que para poder ocupar un
puesto directivo, es necesario contar
con un reconocimiento social; de lo
contrario, no son tomadas en cuenta
para ocuparlo. Muchas indicaron que
se han visto obligadas a trabajar mucho
más que sus colegas hombres para que
su capacidad sea reconocida y probada,
mientras que la de ellos se da por
sentada.
Algunas mujeres que ampliaron su
respuesta, dijeron:
1. Los requisitos del puesto son total y absolutamente independientes
del género.
2. No debe haber un perfil diferente para la mujer y el hombre, ambos
tenemos las mismas capacidades.
–244–

El impacto que tienen los principios de igualdad y universidad de los derechos humanos…
Llama la atención que sean mujeres
las que defiendan requisitos iguales para
hombres y mujeres, cuando en muchas
ocasiones sus particularidades requieren
del reconocimiento y goce de cierto tipo
de derechos, por ejemplo: la maternidad.
Aspectos que limitan a las mujeres para ocupar puestos directivos,
respuestas según el sexo de las personas entrevistadas
Hombres
La maternidad, responsabilidades
familiares
Mujeres
13.32% Los patrones de crianza y división
sexual del trabajo, especialmente la
maternidad
Hombres tienen mejores oportunidades 6.67% Menores oportunidades de acceso a la
educación que los hombres, lo cual les
limita la capacitación necesaria
Patrones excluyentes y
discriminatorios; prejuicios sociales
contra las mujeres, impulsados desde el
mismo Estado.
Son más afectivas, ante un
enfrentamiento se repliegan
13.32% Imaginario social que la mujer debe
quedarse en casa y preservar los valores
6.67% Imaginario social que la mujer es
inestable emocionalmente y no puede
tomar decisiones
Presión social, son ignoradas 6.67% Limitaciones impuestas por la pareja,
quien no autoriza que la mujer salga o
no la apoya en las tareas domésticas
No conocen sus alcances y limitaciones 6.67% Cuestionamiento de la conducta de las
mujeres cuando trabajan fuera junto a
hombres
Mujeres no se apoyan entre sí 6.67% Crítica y falta de apoyo por parte de
otras mujeres
Autodiscriminación 13.32% Falta de reconocimiento y valoración
del trabajo de las mujeres
29.74%
18.93%
18.93%
5.40%
5.40%
5.40%
2.70%
2.70%
La violencia que impera en el país 6.67% Discriminación por racismo y
5.40%
machismo
Requieren de un hombre para apoyarse 6.67% Apariencia física 2.70%
y poderse proyectar socialmente.
Analfabetismo 6.67%
Sobrecarga de trabajo de las mujeres 2.70%
(doble y triple rol)
Son víctimas del subdesarrollo,
especialmente las indígenas.
6.67%
–245–

Revista de derechos humanos
Las respuestas de hombres y mujeres
sobre las limitantes que enfrentan las
féminas para acceder a puestos directivos
son similares; las que llaman la
atención son:
a) Ambos grupos identifican como
primera causal las responsabilidades
domésticas, que recaen tradicional
e históricamente en ellas,
producto de la división sexual del
trabajo.
b) Otro aspecto identificado es que
las mujeres tienen menos oportunidades
de educación, acceso al
desarrollo, promociones, etc., que
los hombres. Inclusive, algunas
dependen del “permiso” de los
hombres que son cabeza de su familia,
para estudiar, trabajar, salir,
etc.
c) Una respuesta compartida por hombres
y mujeres es la referente a que
las mujeres no se apoyan entre sí, se
hace énfasis en “la crítica”.
Es importante analizar esta situación.
Generalmente son las mujeres
las que apoyan a otras para que
salgan a trabajar fuera del hogar,
desde el momento en que las suplen
en las tareas de la casa, el cuidado
de hijos e hijas; sin embargo, esto
queda invisibilizado.
Es importante tomar en cuenta que
las mujeres han sido criadas en un
ambiente androcéntrico y patriarcal,
en el cual el máximo logro es
concretar el cuento de hadas, en el
que llegue el príncipe azul a su vida
para formar un “hogar”. El problema
es que los cuentos terminan
ahí mientras que la historia de las
féminas continúa. Quien rompe con
este paradigma es cuestionada y señalada,
especialmente por sus congéneres,
porque la sociedad les ha
delegado a ellas la responsabilidad
de mantener y velar por la “armonía
y unión familiar”; lo que rompa con
el ideal de “familia” es visto como
subversivo y hay que combatirlo;
por eso la crítica de las mujeres a
otras es más punitiva que la de los
hombres, desde el particular punto
de vista de la investigadora.
d) Las mujeres identificaron como
limitantes: el no llenar cierto perfil
en la “apariencia física”, así como
la sobrecarga de trabajo que tienen
(doble, triple rol).
e) En algunas respuestas dadas por
los hombres, que buscan justificar
la predominancia de hombres en
puestos directivos, las causas que
identifican son:
–246–

El impacto que tienen los principios de igualdad y universidad de los derechos humanos…
e.1) Endógenas a la naturaleza femenina:
su emocionalidad; falta
de apoyo entre congéneres;
autodiscriminación; requieren
de un hombre para poder proyectarse
socialmente.
e.2) Exógenas: la violencia que
impera en el país; víctimas del
subdesarrollo, especialmente
las indígenas; analfabetismo.
En estas respuestas, los hombres
no asumen responsabilidad sobre la
reproducción de imaginarios y prácticas
patriarcales que niegan a las mujeres el
desarrollarse y mucho menos acceder a
puestos directivos.
Todo lo anterior es producto de un
imaginario social patriarcal y androcéntrico
que busca recluir a la mujer
al ámbito del hogar, y cuando sale del
mismo, la sanciona a través de prácticas
como: no reconocer su trabajo;
poner en entredicho su honorabilidad
y conducta cuando labora fuera, especialmente
si comparte con compañeros
hombres; el no contar con el apoyo de
sus congéneres.
¿Cuántas mujeres conoce que ocupen puestos directivos
Respuestas de mujeres entrevistadas
Varias y/o bastantes, pero proporcionalmente
son menos que los hombres
55.55%
Unas 10 22.22%
2 mujeres en una junta directiva conformada
por 16 personas.
Ninguna de las mujeres que conozco
ocupa cargos directivos
11.11%
11.11%
–247–

Revista de derechos humanos
Las mujeres, a pesar de los obstáculos
que enfrentan, ya abordados anteriormente,
han logrado ocupar puestos
directivos; sin embargo, como las mismas
entrevistadas lo afirman, es en una
menor proporción que los hombres.
¿Por qué los hombres ocupan más puestos directivos que las mujeres
Respuestas según sexo de las personas entrevistadas
Hombres
Mujeres
Mujeres se han autodiscriminado 16.67% Hay más hombres como consecuencia
de la estructura y el sistema social
patriarcal que fortalece el privilegio
de los hombres, quienes gozan de más
oportunidades. Ellas, por lo tanto, se
ven limitadas por factores económicos,
ideológicos, sociales, culturales,
religiosos, organizacionales, etc., que
las circunscriben al ámbito doméstico.
Una cultura de miedo fo men tada
desde la familia, impide que las mujeres
participen; desde pequeñas se les
margina y eso afecta su futuro y el optar
por una participación consciente. Se
tiene que demostrar la capacidad porque
su trabajo siempre va a ser cuestionado,
y existen estereotipos respecto de ellas.
Por la estructura 16.67% A las mujeres, al optar a un cargo, les
ven el físico; las desnudan con la mirada,
mientras que a los hombres, sólo ven su
currículo vitae.
Por la maternidad 16.67% Las mujeres se dedican más a la
cotidianeidad no asumida por los
hombres.
No respondió la pregunta 16.67% La maternidad es una limitante; implica
el pago de prestaciones que no quieren
ser asumidas por los empresarios.
73.07%
3.85%
7.69%
3.85%
Por el pensamiento cultural y
religioso
33.32% La mujer indígena sufre más discrimi
na ción que la ladina; incluso sufre
exclusión por parte de sus congéneres.
Por discriminación, aun habiendo
mujeres muy profesionales.
3.85%
7.69%
–248–

El impacto que tienen los principios de igualdad y universidad de los derechos humanos…
La visión que tienen hombres y mujeres
sobre por qué las féminas ocupan
menos cargos directivos es totalmente
dicotómica.
a) Los hombres identifican dos tipos
causas:
• Exógenas que son de tipo estructural
y superestructural,
co mo el pensamiento religioso,
el cultural.
• Endógenas, que se deben a
particularidades propias de las
mujeres, como la maternidad;
asimismo, por actitudes de las
que son ellas totalmente responsables,
entre éstas la autodiscriminación.
b) Las mujeres identifican causas exógenas
por las que no optan a cargos
directivos en la misma proporción
que los hombres:
• La estructura patriarcal, que privilegia
al hombre para que goce
de oportunidades sociales, culturales,
económicas, políticas,
etc., respecto de las mujeres.
• A las féminas se les introyecta
una visión de “dependencia” y
“desvalidez”, lo cual condiciona
su participación social, económica,
política y cultural en el
medio donde se desenvuelven.
Esto puede explicar la visión de
“autodiscriminación” expresada
por los hombres, porque a ellas
se les ha enseñado a no confiar
en sí mismas.
• Las mujeres son sometidas a
pruebas para demostrar su capacidad
(inclusive su apariencia
física), mientras que la del hombre
se da por sentada con sólo
ver su currículo vitae. A pesar
de que ella pasa las pruebas,
muchas veces se privilegia a la
hombres para ocupar puestos
directivos.
• La maternidad termina constituyendo
una limitante, porque
los empresarios no quieren
asumir el costo de las prestaciones
a las que tienen derecho
las mujeres cuando desarrollan
esta parte de su ser mujer. Por
este hecho particular, a las
féminas se les niega no sólo
la posibilidad de acceder a
puestos directivos, sino a gozar
del elemental “derecho al
trabajo”.
• Las mujeres deben asumir, además
de su trabajo profesional,
la responsabilidad del trabajo
doméstico; esta situación es
–249–

Revista de derechos humanos
justificada por la “maternidad”,
desvirtuándose de esta manera
el principio constitucional de
“igualdad”.
• Las mujeres indígenas se ven
sometidas a doble y triple dis-
criminación, por su condición
de mujeres, por su origen étnico,
por tener deficiencias físicas,
sensoriales y/o mentales,
etc.; inclusive por parte de sus
congéneres de otros grupos
étnicos.
Respuesta de hombres a quienes se entrevistó ante la pregunta
¿Cuántos puestos directivos ocupan las mujeres en las instituciones que
ustedes representan o dirigen
Puestos de inspección y previsión social. A nivel de ministerio y
viceministerio no, porque se autodiscriminan
Los puestos se alternan entre hombres y mujeres
Más hombres
Coordinación general 2 hombres y 8 coordinaciones
operativas las ocupan las mujeres
En la directiva del partido político hay 12 hombres y 5 mujeres.
En el cuadro anterior se refleja que las
mujeres ocupan puestos de menor rango
que los hombres, según los mismos entrevistados;
los puestos que les son asignados
a las féminas son de “ejecución” y no
donde se tomen decisiones de alto nivel.
Uno de los entrevistados indicó que
las mujeres no ocupan cargos más altos
en el Ministerio de Trabajo y Previsión
Social porque se autodiscriminan. Sin
embargo, las personas que ocupan los
puestos más altos de las carteras ministeriales
son designadas. Si no hay
mujeres en los puestos de ministro o de
viceministro es porque ni siquiera fueron
tomadas en consideración.
–250–

El impacto que tienen los principios de igualdad y universidad de los derechos humanos…
Respuesta ante la pregunta ¿Cuál es el puesto más alto al que puede acceder
un hombre y/o una mujer en su institución
Mujeres
Presidencia del INCA y en la Organización
Nacional de Estudiantes (ONEG)
Decanatura y Rectoría de la Universidad de
San Carlos de Guatemala (USAC)
Miembra del Consejo Directivo de la
Facultad de Arquitectura de la USAC
Presidenta de la Asociación de Médicas, Médicos,
y Veterinarios y Veterinarias de Guatemala
Dirección y coordinación de organismos
internacionales y nacionales.
Dirección de una organización no gubernamental.
Coordinación junto con hombres. En la junta de
coordinación hay 2 mujeres y una en la subcoordinación.
Directora Ejecutiva de una organización no gubernamental.
Presidencia de un colegio de profesionales.
Coordinadora General de una
organización no gubernamental.
Una jefatura en una instancia pública.
Administradora financiera de una
organización no gubernamental.
Secretaria general del sindicato
Presidenta de la Corte Suprema de Justicia
Magistrada de la Corte Suprema de Justicia
Defensora de las personas con discapacidad.
Rectora de una universidad privada.
La entrevistada, como mujer,
no pone límite a sus aspiraciones.
Hombres
Ninguno, porque el INCA es una entidad de mujeres y en la
ONEG pueden ocupar la presidencia.
1) Decanatura y Rectoría de la USAC
2) A nivel nacional dirigir los destinos del país
Decanatura y Rectoría de la USAC, las cuales son ocupadas
por 2 hombres actualmente.
Presidencia
No respondió porque actualmente no está empleada.
Dirección de una organización no gubernamental, pero
actualmente la ocupa una mujer.
La coordinación es un cuerpo colegiado y hay hombres y
mujeres.
Ninguno, porque es una organización de mujeres.
La presidencia del Colegio, mismo que actualmente es
ocupado por una mujer.
Depende de la decisión que tome la asamblea general, que
es el máximo órgano.
1) Presidencia y 2) La Junta Directiva. Todos los puestos
están ocupados por hombres.
1) La Dirección General y la ocupa un hombre.
2) Las coordinaciones de área son quienes tienen mayor
personal bajo su cargo y son ocupadas por hombres. Los
hombres son los que dictan las políticas institucionales.
El Secretariado General del Sindicato; actualmente el puesto
es ocupado por una mujer.
Para la presidencia de la Corte Suprema de Justicia para el
período 2005-2006 fue electa por primera vez una mujer.
Magistratura de la Corte Suprema de Justicia; y las ocupan
11 hombres y 2 mujeres.
El Procurador de los Derechos Humanos, y es un hombre.
Rectoría de la Universidad. Por primera vez este cargo es
ejercido por una mujer.
El Procurador de los Derechos Humanos y actualmente lo
ocupa un hombre.
–251–

Revista de derechos humanos
En este cuadro se evidencia, nuevamente,
que las mujeres han logrado ocupar
cargos de dirección, especialmente
en organizaciones de la sociedad civil,
pero aun así, la mayor cantidad de cargos
de más alto nivel son ocupados por
hombres. Sin embargo, ha habido cambios
importantes en varias instancias: la
Presidencia del Colegio de Abogados y
Notarios de Guatemala, la Rectoría de la
Universidad Rafael Landívar, la Presidencia
de la Corte Suprema de Justicia,
el Secretariado General del Sindicato de
Trabajadores del Organismo Judicial,
son puestos que habían sido ocupados
históricamente por hombres y que actualmente
son ocupados por mujeres.
Aún falta democratizar la Rectoría de la
Universidad de San Carlos de Guatemala
y la Procuraduría de los Derechos Humanos;
por su parte, la Corte Suprema
de Justicia debe aumentar el número de
mujeres en su conformación, así como
los partidos políticos, etc.
¿Qué requisitos tuvieron que cumplir las entrevistadas para poder ocupar
los cargos que han ejercido o ejercen en la actualidad
Experiencia, capacidad y eficiencia 38.89%
Tener formación y cierto nivel educativo 20.37%
Apoyo de algún grupo 14.81%
Ser profesional 7.41%
Tener liderazgo o estar formada en este aspecto (práctica política) 7.41%
Ser colegiada activa 5.55%
Honorabilidad 1.85%
Tener fe y confianza en sí misma 1.85%
Aporte económico 1.85%
A las mujeres entrevistadas, para
poder optar a los cargos de dirección que
actualmente ocupan, les fue imprescindible
tener experiencia y capacidad, así
como contar con cierto nivel de educación
y de formación; en algunos casos
sí les fue necesario el poseer un título
profesional, y contar con el respaldo
de algún grupo. Aspectos complementarios
fueron el estar agremiada, el dar
algún aporte económico, el gozar de
honorabilidad y, especialmente, el tener
confianza en sí mismas.
Analizando los requisitos que han
tenido que cumplir las mujeres en-
–252–

El impacto que tienen los principios de igualdad y universidad de los derechos humanos…
trevistadas, se evidencia la necesidad
imperativa de que todas las mujeres
gocen de las mismas oportunidades
que los hombres para estudiar, ganar
experiencia en los distintos ámbitos
laborales, etc.; mientras esto no se dé,
el número de mujeres en puestos de
dirección será mínimo y no porque
ellas se autodiscriminen, sino porque
las estructuras y superestructuras las
excluyen y marginan.
4.2.3 Las mujeres sujetas de investigación
¿están en posibilidades de tomar
decisiones o emitir opiniones
Cuando lo hacen, ¿las mismas
son valoradas igual que las de
los hombres
¿En el cargo que ocupa actualmente está en posibilidades y/o
condiciones de tomar decisiones institucionales ¿Por qué
Sí 40.92%
Sí, pero deben ser avaladas por la Asamblea General, Junta Directiva
o alguna estructura institucional
36.36%
No, sólo puede hacer propuestas 9.10%
En este momento no, por no estar en ningún espacio institucional 4.54%
Sólo decisiones jurisdiccionales por su función de juezas 4.54%
No respondió 4.54%
¿Pesan sus decisiones y/u opiniones igual que las de los hombres
Respuestas de las mujeres que fueron sujetas de estudio
Pesan igual que las de los hombres que ocupan puestos similares 72.72%
Las de las mujeres tienen más impacto por la experiencia que tienen
y/o cargo que ocupan
9.10%
No respondió 9.10%
En este momento no 4.54%
Las decisiones son consensuadas 4.54%
–253–

Revista de derechos humanos
Las mujeres que ocupan puestos de
dirección y en su mayoría pueden tomar
decisiones, y en varios casos ellas son las
máximas autoridades en determinadas
instituciones; sin embargo, un segundo
grupo está en posibilidades de tomar
decisiones, pero las mismas deben ser
avaladas por algún ente colegiado.
Cuando se les preguntó a las entrevistadas
si sus opiniones pesaban igual
que las de los hombres, la mayoría
respondió que sí, siempre y cuando
fueran sus homológos. Una mujer indicó
“…pasamos el tiempo en que se
escuchaba más a los compañeros aunque
no eran ellos los que sacaban el trabajo
adelante, sino las mujeres. Cuando hicimos
evidente que quienes tomaban las
decisiones eran ellos y ellas eran quienes
hacían que el trabajo funcionara, empezaron
a cambiar las cosas.”
4.2.4 ¿Cuáles funciones asumen
los hombres y las mujeres
en la práctica
¿Qué tipo de actividades realizan hombres y mujeres en las instituciones
donde trabajan Respuestas de mujeres sujetas de estudio
Actividades que realizan mujeres
Actividades que realizan hombres
Administrativas 26.09% Directiva 17.14%
Trabajo de proyección (comunicación,
incidencia y cabildeo, etc.)
23.91% Administrativa 17.14%
Directiva 17.39% Las mismas que las mujeres 14.28%
Logística 13.04% Logística 14.28%
Jurisdiccional 4.35% Ejecutores 11.43%
Ejecutora 4.35%
Trabajo de proyección (comunicación,
incidencia y cabildeo, etc.)
11.43%
Docencia 2.17% No hay hombres en la institución 5.71%
Gestión 2.17% Menos que las mujeres 5.71%
Organizacional 2.17% Depende del puesto 2.86%
Asesoría jurídica 2.17%
Auditoría social 2.17%
–254–

El impacto que tienen los principios de igualdad y universidad de los derechos humanos…
Al comparar el tipo de actividades que
realizan hombres y mujeres al interior de
las instituciones donde se desenvuelven
las mujeres entrevistadas, se evidencia que
ellos ejercen principalmente las actividades
directivas y administrativas, mientras
que las mujeres se dedican primeramente a
administrar, a hacer trabajo de proyección
social de la institución y hasta como tercera
opción, el dirigir. Luego, comparten
las actividades de ejecución y logística.
Las mujeres, además, desarrollan
actividades como: docencia, gestión,
actividades organizacionales, asesoría
jurídica y auditoría social, actividades
que no fueron relacionadas a los hombres.
Esto evidencia la gran versatilidad
que tienen las féminas para desempeñar
cargos, especialmente relativos a la promoción
del capital humano guatemalteco,
así como para el fortalecimiento
institucional y social.
4.2.5 ¿Cuáles son las condiciones
en las que las mujeres
desarrollan su trabajo
productivo y/o reproductivo
Factores que dificultan trabajar a hombres y mujeres.
Respuestas de mujeres entrevistadas
Mujeres
Hombres
Sociedad excluyente por factores ideológicos,
25% Ninguno 45.45%
patriarcales, étnicos, sociales, económicos, etc.
Responsabilidades familiares, sobrecarga de roles hace
que mujeres cuenten con menos tiempo
Hombres se sienten amenazados por las mujeres,
especialmente si son la pareja
Aspectos endógenos: amedrentamiento, campañas de
desprestigio contra el movimiento social, pasividad
social, poco presupuesto institucional, etc.
16.67%
12.50%
10.42%
Tener que proteger y/o mantener a
la familia
Los bajos presupuestos institu cio na les
hace que los salarios sean bajos
La combinación de variables: etnia,
clase social, edad
18.18%
9.09%
9.09%
Ninguno 8.33%
La represión institucional afecta su
desarrollo académico
9.09%
La familia sobreprotege y así limita el desarrollo de las
mujeres
6.25% Se perdió la respuesta 9.09%
Falta de acceso a oportunidades: trabajo, estudio 4.17%
Estereotipos, prejuicios acerca de que las mujeres son
incapaces. Resistencias de los hombres
6.25%
La cultura del miedo; ésta es una carga mayor para las
mujeres, se refleja en la automarginación
6.25%
Desaprobación social a la participación femenina 2.08%
Trabajo muy absorbente, afecta el tiempo de la familia 2.08%
–255–

Revista de derechos humanos
Un alto porcentaje de las mujeres
entrevistadas considera que los hombres
no enfrentan dificultad alguna para desarrollar
su trabajo, mientras que ellas
identificaron como su principal limitante,
la estructura y superestructura patriarcal
excluyente, marginadora y discriminadora
de la mujer en todos los ámbitos.
Una limitante identificada por las
entrevistadas, que afecta a los hombres,
es su responsabilidad de “proteger y/o
mantener a la familia”. Esto contrasta con
la segunda dificultad que enfrentan las
mujeres: el asumir las responsabilidades
domésticas (mismas por las que no reciben
pago alguno), lo cual les resta tiempo
para poder trabajar en el ámbito público y
de manera remunerada. Aquí se evidencia
que es el mismo sistema el que condiciona
al hombre para ser el proveedor y el
que obstaculiza a las féminas para que
puedan compartir esta responsabilidad.
Las limitaciones que enfrentan los
hombres para desarrollar su trabajo están
vinculadas a situaciones de escaso presupuesto,
falta de tiempo para lograr desarrollarse
profesionalmente, discriminación
por variables de etnia, edad, educación,
etc. Las mujeres, en tanto, enfrentan este
tipo de limitaciones además de las sociales,
entre las que destacan las siguientes:
a) El sistema aún no acepta la participación
de las mujeres en el ámbito
público, limitando así sus posibilidades
de desarrollarse plenamente.
A continuación se presentan los mecanismos
usados para lograr esto.
• A nivel familiar: las resistencias
que pone la pareja; la sobreprotección
que da la familia a sus
miembras femeninas.
• A nivel social: privilegiar a los
hombres para que tengan acceso
a las oportunidades disponibles;
existencia de estereotipos y prejuicios
respecto a que las mujeres
son incapaces; desaprobación social
a la participación femenina.
• A nivel familiar: crear en las féminas
un sentimiento de culpa
cuando salen a trabajar, lo cual las
hace sentir mal por estarle “robando
tiempo” a su hogar y familia; la
cultura del miedo; las mujeres han
crecido en medio de un discurso y
un imaginario social donde se exaltan
sus valores “maternos” y capacidades
“hogareñas” y se demerita
a aquéllas que se insertan al campo
laboral y académico, señalándolas
de “neuróticas”, “histéricas”,
“marimachas”, “incapaces”, etc.,
todo esto las condiciona a seguir
perpetuándose en el rol que les
fue asignado por temor a fracasar
o por temor a ser rechazadas.
• Aspectos exógenos: fenómenos
que están acaeciendo generali-
–256–

El impacto que tienen los principios de igualdad y universidad de los derechos humanos…
zadamente: violencia, amedrentamiento
a movimientos reivindicadores
de demandas sociales,
recorte de las fuentes de financiamiento,
etc.
Llama la atención que un porcentaje
de las mujeres entrevistadas no haya
identificado ningún obstáculo para poder
desempeñar su trabajo; puede ser
que sea así o que no sean sensibles y
perceptivas de su realidad, así como la
de sus congéneres.
En una de las respuestas dadas por
uno de los hombres entrevistados se indicó:
“las mujeres de sectores populares
tienen menos poder, aún comparado con
mujeres académicas o patronas”. Esta
observación es importante retomarla
en este apartado, porque si las mujeres
encuentran obstáculos para desarrollar
su trabajo, éstos se duplican, triplican,
cuadriplican, etc., si a la variable de sexo
le sumamos las de etnicidad, edad, condición
social, deficiencia física, mental
y/o sensorial, etc.
Factores que facilitan trabajar a hombres y mujeres
Mujeres
Hombres
Tener acceso a oportunidades: estudiar o contar con
formación necesaria, p.e.: liderazgo
34.88%
Históricamente se ha favorecido y reco nocido
más el liderazgo de los hombres
17.65%
Apoyo de personas, instituciones 16.29% Todo les favorece 17.65%
El apoyo familiar 16.29%
No tienen obstáculos, inclusive su familia
queda a cargo de mujeres, generalmente
Perder el miedo 6.99%
Tener oportunidades; incluso a los que son
mayas esto no les afecta porque no se les nota
Tener credibilidad y generar confianza 4.65% Los hombres gozan de privilegios por ser una
sociedad patriarcal
A nivel político: unidad y solidaridad; tolerancia a
la participación partidista
4.65%
Hombres no dan mucho valor a lo familiar,
social o religioso
17.65%
11.76%
11.76%
5.88%
Independizarse de la familia 2.32% La religión es patriarcal y les favorece 5.88%
Tener claridad de las metas que se tienen en la vida 2.32% Reciben apoyo familiar 5.88%
Reconocimiento social del trabajo de las mujeres 2.32%
Tener conciencia y compromiso 2.32%
La actitud de corresponsabilidad del equipo 2.32%
Combinación de variables como: etnia, clase social,
edad
2.32%
Espacio ganado por el movimiento de mujeres 2.32%
Que se haya reconocido la “arquitectura” como
profesión, antes sólo era valorada la Ingeniería
5.88%
–257–

Revista de derechos humanos
Más del 50% de las mujeres entrevistadas
coincidieron en que el sistema
patriarcal concede privilegios y favorece
a los hombres para que desarrollen sus
trabajos: tienen acceso a las oportunidades,
su liderazgo es reconocido aunque
no lo hayan probado, sus familias quedan
a cargo de alguna mujer; inclusive
los hombres mayas, por no usar el traje
indígena, sufren de menos discriminación,
inclusive étnica; ellos perpetúan el
imaginario social patriarcal, inclusive a
través de la religión.
A las mujeres, lo que les ha favorecido
para poder desarrollar trabajos fuera
del hogar, han sido dos factores:
1. Exógenos: tener acceso a oportunidades
de formación y/o educación;
contar con el apoyo de la familia,
de personas y hasta instituciones;
que haya un mayor reconocimiento
social al trabajo femenino; espacio
ganado por el movimiento de mujeres;
combinación de variables:
sexo, etnia, condición social, edad,
etc.
2. Endógenos: perder el miedo, tener
conciencia, compromiso, espíritu
de trabajo en equipo; tener claridad
en las metas que tienen en su vida;
independizarse de la familia; lograr
tener credibilidad y generar confianza
en la gente.
4.2.6 Identificación de los roles
de las mujeres y sus aportes
a la sociedad guatemalteca
Identificación de los roles que asumen las mujeres
Respuestas de las sujetas de investigación
Trabajo remunerado (investigación, docencia, textiles, etc.) 27.27%
Trabajo doméstico y cuidado de la familia 25.45%
Trabajo comunitario y de proyección social 21.82%
Estudio 16.36%
Trabajo político 5.45%
Formación de nuevos liderazgos 3.64%
–258–

El impacto que tienen los principios de igualdad y universidad de los derechos humanos…
Según las respuestas de las mujeres
entrevistadas, se evidencia que todas y
cada una desarrollan más de una actividad
(remunerada o no), lo cual confirma
que las féminas tienen un doble, triple,
cuádruple y hasta más roles; generalmente
asumen el trabajo remunerado y
el trabajo doméstico, pero hay quienes
además tienen trabajo de proyección
social o de aporte comunitario. Por lo
tanto, el aporte de las mujeres a través
de su trabajo es de gran importancia y
valor, a pesar de que sea invisibilizado
social, económica y políticamente.
Aporte de las mujeres sujetas de investigación a la sociedad guatemalteca
(Transcripción fiel de las respuestas)
“Seguir fomentando el liderazgo femenino y que hayan mujeres trabajando en los cambios. También me
preparo para seguir adelante, pues soy realmente joven.
El hecho de formar nuevos profesionales en la universidad y dejar mi granito de arena en ese sentido y
además somos privilegiadas por poder venir a estudiar a una universidad cuando mucha gente no lo hace
porque no puede.
Generación de conocimientos a través de las investigaciones que he realizado y de nuevas generaciones de
profesionales que vayan siendo agentes multiplicadores de conocimiento. A través de mi docencia que les
quede algo.
He dejado algo, aunque sea un granito, con las ideas que he aportado. Con el trabajo he hecho mi aporte
desde mi visión y conceptualización y creo que abrimos la puerta a muchas mujeres para estudiar la carrera
de veterinaria, una profesión que fue concebida para varones y allí estoy muy orgullosa de ver a tantas
mujeres en esta profesión y les gusta y se sienten realizadas. Éramos 3 en ese año, creo que eso es mi aporte
al momento.
Generación de conocimiento, de nuevas formas de ver y reconceptualizar los derechos humanos; intento
construir una red de educadores en derechos humanos, pero es trabajo de hormiga, como lo dije anteriormente;
nuevos profesionales para construir una mejor sociedad.
Mi aporte estuvo enmarcado en construir otra sociedad en un espacio político, la izquierda: es lo más
importante; el resultado depende de factores mucho más allá de mis intenciones. Aposté a la firma de la
paz y al cumplimiento de los Acuerdos de Paz, mi tesis tiene un componente psicosocial, el tema es el
autoritarismo, que creo que es una nueva visión. Y finalmente este trabajo, que me llena mucho.
Me queda muy grande esta pregunta, que puede ser a partir del trabajo en UNSITRAGUA, que yo doy allí,
tengo un compromiso con las mujeres trabajadoras y con el movimiento de mujeres.
No me he puesto a pensar en esto, pero creo que mi meta es que tenga motivación y deseos de seguir y cada
día es un día de ser feliz, de hacer bien las cosas.
Creo que le he dado a la sociedad guatemalteca el creer que podemos ser abogados honrados y distintos,
no todo es dinero, fui una juez de excepción, que le puedo dar todos los años que me faltan de vida y soy
buena docente.
–259–

Revista de derechos humanos
Es la lucha por alcanzar los derechos humanos, especialmente a los derechos de la mujer maya y viudas del
conflicto armado interno. Luchar a través de proyectos de la organización por erradicar la discriminación
en contra de los pueblos indígenas.
Me he dedicado a hacer capacitación y desde allí trabajo mucho en la conciencia social, hago énfasis en
temas sociales.
Desarrollando mi trabajo con responsabilidad y honestidad. Con mi militancia partidista. Brindando apoyo
psicológico a sectores marginales.
Considero que todos como guatemaltecos debemos estar unidos y luchar por los intereses de la sociedad,
tanto económico y social. Todo lo que realmente nos beneficia como personas, ya que actualmente estamos
sufriendo todos por igual y que nuestras peticiones ante el gobierno sean escuchadas. Hacer conciencia a la
sociedad cuando sean las elecciones que no sean manipulados por ningún político ya que, lamentablemente,
aún existe la ignorancia con nuestra sociedad y lo más triste es cuando las personas son ignoradas porque
vienen de algún rincón de esta Guatemala. Estas personas necesitan ayuda, orientación para que hagan valer
sus derechos. Despertar a estas personas, ya que por el temor no desarrollan su inteligencia y esto sería algo
tan importante para mí si todo esto sea una realidad.
Impartir justicia con responsabilidad, igualdad, equidad, de acuerdo a los principios constitucionales y a las
leyes del país, aplicables a cada caso en forma imparcial.
No respondió.
Aporto con mi trabajo, a la sociedad, puesto que coadyuvo con la administración de Justicia en Guatemala,
como madre y como docente para crear una sociedad mejor.
Hacer visible la situación de exclusión en la que viven las personas con discapacidad, y que la atención
de este grupo poblacional debe ser abordado como un asunto de derechos. Promover que se elimine el
asistencialismo, las actitudes y prejuicios negativos que contribuyen a la mayor marginación y exclusión de
las personas con discapacidad.
Modestamente, diría que mi aporte es muy alto, no sólo contribuyo a las políticas públicas, sino a la demanda
social. Hago propuestas de contenidos para formación de comunidades y organizaciones. Contribuyo
también con mi trabajo en defensa de los derechos humanos y en la protección a defensores. También intento
contribuir en la organización comunitaria y con investigación social.
Como Rectora de una Universidad como la Rafael Landívar, tengo bajo mi responsabilidad la excelencia
en la formación integral y profesional de los estudiantes que vienen a esta casa de estudios; asimismo, el
trabajo de investigación de la realidad nacional y la proyección social de la Universidad. La Misión de la
Universidad es coadyuvar a la transformación de la sociedad, y en esa línea sitúo mi trabajo.
No he limitado mi proyección a la familia, sino que he contribuido a nivel de la sociedad guatemalteca con
mi mejor esfuerzo, actuando con rectitud y valentía desde los puestos que he desempeñado.”
–260–

El impacto que tienen los principios de igualdad y universidad de los derechos humanos…
El aporte de las mujeres guatemaltecas
se da en todos los ámbitos:
participar políticamente; formar al
capital humano del país a través de
capacitaciones, procesos de formación,
docencia, etc.; ahondar en el conocimiento
a través de las investigaciones;
abrir espacios de participación a las
mujeres en ámbitos considerados exclusivamente
masculinos; reconceptualizar
de los derechos humanos, desde
una perspectiva de género; participar
en la pacificación del país, después de
36 años de conflicto armado interno;
trabajar con mística; luchar por los derechos
humanos, especialmente de las
mujeres indígenas; impartir justicia en
la sociedad; hacer visible la exclusión
de que son víctimas las personas con
discapacidades; trascender el campo de
acción del ámbito familiar.
Esta diversidad de aportes muestra
la capacidad y versatilidad de las féminas
de desenvolverse en cualquier ámbito,
ya sea social, político, económico,
etc. Lamentablemente, hubo casos en
que algunas mujeres no pudieron identificar
sus aportes a la sociedad guatemalteca;
incluso hubo un caso en que
la lideresa respondió: “Me queda muy
grande esta pregunta”. Esto evidencia
que el proceso de “desvalorización del
trabajo de las mujeres” es tan común
que hasta ellas mismas desconocen su
valor e importancia.
Conclusiones
1. Hasta finales de la primera mitad del
siglo XX, a varios grupos sociales
(muchos de ellos mal denominados
“minoritarios”), entre éstos el de
mujeres, se les negó la titularidad
de los principios de “igualdad” y
“universalidad” de los derechos
humanos, lo cual permitió que las
féminas fueran recluidas al ámbito
privado, mientras que los hombres
ocuparon el sector público, gracias
a la división sexual del trabajo y a
la reproducción de un imaginario
social patriarcal.
2. A pesar de que esta titularidad empezó
a ser reconocida desde 1948,
estos principios no han trascendido
el papel, lo cual ha repercutido negativamente
en las mujeres, quienes
siguen siendo las principales víctimas
de la violencia de género, expresada
a través de la violencia sexual
e intrafamiliar, ya que a pesar de
haber demostrado sus capacidades,
cualificaciones y cualidades, aún se
les niega espacios de participación
política, económica, social, cultural,
etc., (que trascienda las paredes de
su lugar de residencia), desde donde
puedan luchar efectivamente por sus
derechos.
–261–

Revista de derechos humanos
3. El principio de “igualdad” ha evolucionado
a lo largo de la historia
de los derechos humanos; sin embargo,
aún hace falta que se debata
ampliamente sobre este aspecto,
porque aún se compara a las mujeres
respecto de los hombres, debido que
a ellos se les toma como el modelo y
el parámetro de lo humano. Sin embargo,
muy poco se discute la premisa
de que hombres y mujeres son
igualmente diferentes entre sí, y por
lo tanto, para aplicar este principio
es necesario ponderar en la misma
medida sus necesidades específicas
y sus realidades particulares como
grupos humanos.
El trabajo de campo evidenció que
el concepto de “igualdad” tiene actualmente
distintas concepciones. Se
reconoce la igualdad en la diferencia
y la igualdad isónoma; sin embargo,
aún perviven vestigios de un pensamiento
machista: el hombre es
superior a la mujer.
4. El principio de “universalidad” y su
evolución es de gran trascendencia,
porque ha permitido que la protección
y violación de los derechos humanos
trasciendan la privacidad de los hogares,
la soberanía de los Estados, la autodeterminación
de los pueblos, etc., y
ha logrado que exista una observancia
internacional respecto a los derechos
fundamentales de la persona.
5. La concepción y aplicación parcial
de la “igualdad isónoma” muchas
veces se constituye en una práctica
“discriminatoria” en contra de las
mujeres, porque se quiere tratar
de la misma manera a hombres y a
féminas que no están en iguales condiciones
y, por lo tanto, los efectos
son negativos para ellas.
En el trabajo de campo, más del 50%
de las mujeres entrevistadas indicaron
gozar de menos derechos que los
hombres, a pesar del reconocimiento
constitucional de que todos y todas
somos iguales, con los mismos derechos
y obligaciones. Sin embargo,
siempre existe dentro del imaginario
social de muchas mujeres la idea
de que se tienen derechos según el
rol que se desempeñe, a manera de
mantener el statu quo aunque sea en
detrimento de las féminas.
6. La “igualdad sustantiva” y la “igualdad
formal” siguen avanzando paralelamente,
sin que se logre vislumbrar
un vértice de coincidencia en el
corto o mediano plazo, lo cual va en
detrimento de las mujeres y del goce
pleno de todos sus derechos, tanto
los universales como los específicos.
El Estado de Guatemala ve como su
ficiente el hecho de haber reconocido
que todas las personas son “iguales
ante la ley”, aunque el resultado de
esta premisa sea la discriminación.
–262–

El impacto que tienen los principios de igualdad y universidad de los derechos humanos…
7. La visión androcéntrica, patriarcal
y machista que se tiene de las mujeres
como “seres para otros y en
función de los otros” ha permitido
la construcción de estructuras y
superestructuras que las excluyen,
las discriminan y las marginan. Un
ejemplo de lo anterior fueron las resistencias
de los sistemas nacionales
legislativo y constitucional (cuya
conformación era predominantemente
masculina) de reformar el
Código Civil guatemalteco, a manera
de equiparar a las guatemaltecas
respecto de los hombres en el goce
de los derechos fundamentales. Las
modificaciones se hicieron hasta que
este debate fue llevado a la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos.
En las respuestas de los hombres entrevistados
o encuestados se evidencia
que ellos ven como su obligación
primaria ejercer el poder, planificar,
tomar decisiones, gobernar, etc. en
todos los ámbitos, mientras que a
las mujeres les asignan papeles de
“cuidado del hogar y de la familia”,
excluyéndolas así del ámbito público
y enclaustrándolas en el privado.
8. Las guatemaltecas han sido y siguen
siendo víctimas de discriminación
cada vez que reciben un trato
cuyo resultado es la desigualdad
y la subordinación, a pesar de que
Guatemala cuenta con una de las
Constituciones más garantistas de
los derechos humanos en América
Latina. Ello porque su positivización
depende del criterio interpretativo
del operador de justicia, que puede
ser emitido de manera restrictiva, y
estar basado en un imaginario social
androcéntrico, patriarcal y machista;
por ejemplo:
La inconstitucionalidad parcial presentada
por la Licda. María Eugenia
Morales de Sierra el 6 de marzo de
1992, fue declarada sin lugar por la
Cor te de Constitucionalidad (conformada
sólo por hombres), con base en
la preeminencia de las costumbres y la
tradición de la familia, las cuales ofrecían
certeza jurídica en la asignación de
las funciones dentro del matrimonio.
En el trabajo de campo, las personas
entrevistadas identificaron que la
preeminencia y la reproducción de
una estructura patriarcal permite que
el hombre goce de privilegios y los
ponga en la práctica en una posición
superior respecto de las mujeres.
9. A pesar de que diariamente las mujeres
ven violados sus derechos pertenecientes
al núcleo duro de los derechos
humanos a través de acciones
que constituyen “violencia sexual” y
“violencia intrafamiliar”, el Estado
omite su obligación de efectuar la
–263–

Revista de derechos humanos
persecucción penal al privilegiar la
aplicación de mecanismos como el
“criterio de oportunidad” y la “desjudicialización”,
basándose en los artículos
24 y 25 bis del Código Procesal
Penal. De esta manera, minimiza el
impacto social de estas agresiones y
revictimiza a las víctimas, además de
que incurre en el incumplimiento de
compromisos asumidos internacionalmente
al momento en que firmó y
ratificó las Convenciones CEDAW y
de Belem do Pará.
10. Uno de los avances desde la firma de
los Acuerdos de Paz, es que el tema
de género se ha institucionalizado en
el aparato estatal y en la estructura
de la sociedad civil; sin embargo,
aún hace falta que se implementen
medidas concretas para equiparar
a las mujeres respecto de los hombres;
por ejemplo: la tipificación
de delitos como el “acoso sexual”
y la “violencia intrafamiliar”; y el
reformar artículos contenidos en
distintas leyes que discriminan a las
mujeres; por ejemplo: artículos 24
y 25 bis del Código Procesal Penal;
artículos 176, 177 y 200 del Código
Penal; asignación de más recursos
financieros a entidades estatales que
trabajan a favor de las guatemaltecas;
designación de más mujeres
en cargos públicos o postulación
de las mismas a cargos de elección
popular, etc.
11. A pesar de que las mujeres constituyen
el 51.1% de la población guatemalteca,
sólo cuentan con un 4.23%
de representación en los distintos
cargos públicos de elección popular.
Esta es una forma de aparentar que
no existe discriminación en su contra
en el sistema electoral. Sin embargo,
esta situación permite la perpetuación
de la hegemonía masculina y
su control sobre la agenda pública,
mientras que minimiza la capacidad
de incidencia feminina en la toma de
decisiones, aun y cuando éstas son
referidas a los derechos específicos
de las guatemaltecas, por ejemplo:
los derechos sexuales y reproductivos.
No obstante esta negación de facto a
la participación de las mujeres en el
ejercicio del poder y a su ocupación
de cargos públicos, las guatemaltecas
han tenido un papel protagónico en la
historia política del país, misma que
ha sido invisibilizada por no aplicar un
enfoque de género en la construcción
de la memoria histórica nacional.
12. Las mujeres sufren de discriminación
política, económica, social y
cultural, pero ésta se potencializa y
aumenta cuando en alguna de ellas
confluyen variables de: sexo, etnia,
edad, lugar de residencia, discapacidad,
sobrecarga de roles, etc., lo
cual las vulnerabiliza más, les limita
–264–

El impacto que tienen los principios de igualdad y universidad de los derechos humanos…
el goce de sus derechos humanos y
mantiene a la mayoría de ellas en un
subdesarrollo humano.
Esta circunstacia las mantiene en
una situación de subordinación e
inferioridad respecto de los hombres
y, en muchos casos, las condiciona
a ser dependientes de ellos.
Entre los factores identificados por
las mujeres encuestadas y entrevistadas
que permiten que se materialice
esta discriminación están:
la estructura patriarcal imperante,
que aún no acepta la participación
de la mujer en el ámbito público; la
introyección en las féminas de un
modelo de mujer dependiente del
hombre, en el que quien no cumple
con este estereotipo es etiquetada de
“marimacha”, “incapaz”, etc.; asimismo,
las mujeres se ven limitadas
por el trabajo doméstico para poder
desenvolverse en el ámbito público;
por último, las desigualdades sociales
y económicas se agudizan en las
mujeres indígenas, etc.
13. En base a las variables analizadas en
la presente investigación, se puede
afirmar que las mujeres:
a. Tienen menos oportunidades de
ejercer su derecho a la participación
política, porque históricamente
se les ha circunscrito
y recluido al ámbito doméstico.
Sus opiniones no son tomadas en
cuenta ni cuando se discuten sus
derechos específicos de mujeres.
b. Acceden a trabajos en condiciones
de desventaja respecto de
los hombres, aunque reúnan las
mismas calificaciones técnicas
y/o profesionales, cualificaciones
y habilidades que un colega hombre.
Al mismo tiempo, a ellas se
les asignan labores remuneradas
que vienen a constituir una extensión
de su rol doméstico: educar,
cuidar a pequeños y pequeñas,
tomar notas, etc.
En el trabajo de campo, algunas
mujeres indicaron que para poder
optar a un cargo son puestas
a prueba, mientras que a los
hombres se les da por sentada su
capacidad.
c. No acceden a la educación porque
se privilegia a los hijos hombres
respecto de las niñas, dado quepredomina
un imaginario social que
considera que la mujer no necesita
ser educada porque permanecerá
siempre en el hogar. Sin embargo,
en el trabajo de campo se evidenció
que a las mujeres, para poder
acceder a algún puesto directivo,
les fue necesario contar con cierto
nivel de educación. Por lo tan-
–265–

Revista de derechos humanos
to, si las mujeres siguen siendo
relegadas de las oportunidades
educativas, no podrán acceder a
la independencia y al desarrollo
humano.
d. Las mujeres tienen menos oportunidades
de acceder a una propiedad
para vivir y/o trabajarla,
porque se da prioridad a la jefatura
de hogar masculina respecto
de la femenina.
e. Las mujeres no tienen el derecho
de ejercer sus derechos sexuales
y reproductivos de manera libre y
plena. Su sexualidad (desde muy
temprana edad) ha sido apropiada
por la sociedad en general y por
los hombres en particular, lo cual
se evidencia a través de procesos
desjudicializadores en casos de
violencia sexual, vulnerando
así uno de los derechos pertenecientes
al núcleo duro de los
derechos humanos. Por otra parte,
en discusiones de leyes sobre esta
temática son los hombres quienes
opinan y toman las decisiones.
f. La salud materna es un derecho no
gozado por más de un 50% de las
mujeres, lo cual aumenta el porcentaje
de muertes pre y post parto.
g. La justicia guatemalteca minimiza
la violencia intrafamiliar y la
sexual, a través de procesos desjudicializadores,
revictimizadores
y largos, mediante los cuales sólo
se vuelve a violentar a las mujeres.
Además, no existen penas
que disuadan a los victimarios y
victimarias de seguir vulnerando
la integridad de las féminas.
14. Las mujeres han venido haciendo
un gran aporte económico, social,
político, cultural, etc., a la sociedad
guatemalteca; sin embargo, el mismo
aún no ha sido reconocido y por
ello se les ha negado el goce pleno
de sus derechos humanos, así como
sus derechos humanos específicos
de mujeres.
Recomendaciones
1. Es importante que en las cátedras
de las universidades, especialmente
las de las facultades de ciencias jurídicas
y sociales y ciencia política,
se promuevan debates alrededor de
la definición de los principios de
“igualdad” y “universalidad” de
los derechos humanos, a manera
de enriquecer y actualizar su interpretación
y de lograr su efectiva
positivización.
2. Es importante que el sentido del
principio de “universalidad” de los
derechos humanos no sea distor-
–266–

El impacto que tienen los principios de igualdad y universidad de los derechos humanos…
sionado con el fin de imponer una
cultura sobre otra, pero que tampoco
se ignoren violaciones a los derechos
fundamentales, especialmente los
de las mujeres, argumentando el
respeto a los “relativismos culturales”,
porque una práctica “cultural”
que afecte negativamente sólo a las
mujeres debe ser denunciada como
“discriminatoria”.
3. El principio de “igualdad” debe
basarse en la concepción de la
“igualdad sustantiva”, que valora la
diferencia, la realidad concreta, las
particularidades y las especificidades
de la persona humana y que se basa
en la “justicia” en vez de buscar la
“homogenización” de los individuos
desde un criterio asimilacionista y
legalista. Esto se puede hacer a
través de una hermeneútica de los
derechos humanos, analizando el
artículo 4 conjuntamente con los
artículos 44 y 46 , todos de la Constitución
Política de la República de
Guatemala.
4. El principio de “igualdad” no puede
verse satisfecho sólo con que se legisle
en contra de la discriminación,
o con leyes en las que se trate imparcialmente
a hombres y mujeres;
requiere de la modificación y derogación
de todo el cuerpo jurídico
que legitima y legaliza las relaciones
de subordinación de las féminas
respecto de los hombres, en todos
los ámbitos, así como la creación
de nuevas normas que garanticen el
pleno y efectivo goce de los derechos
humanos que pertenecen a cada
persona del planeta, así como sus
derechos específicos, por ejemplo:
los sexuales y reproductivos.
5. Se recomienda adoptar medidas
afirmativas a favor de las mujeres,
porque son el mecanismo que permite
que se concrete el principio de
“equidad”, a fin de corregir discriminaciones
que perviven en detrimento
de las mujeres, y permitir que tengan
las mismas oportunidades (reales) de
acceder al bienestar material, físico,
familiar, humano,y de participar en
la toma de decisiones en el espacio
público a través de un ejercicio
pleno y efectivo de su ciudadanía.
Mientras las féminas estén en desventaja
respecto de los hombres,
la implementación de este tipo de
medidas no será considerada como
discriminatoria.
6. Es imprescindible y urgente que
se implementen acciones a fin de
equiparar a las mujeres respecto
de los hombres para que gocen de
los mismos derechos humanos, por
ejemplo: la tipificación de delitos
como “acoso sexual”, “violencia
intrafamiliar”, etc., y la reforma
de artículos contenidos en distintas
–267–

Revista de derechos humanos
leyes, que discriminan a las mujeres,
por ejemplo: artículos 24 y
25 bis del Código Procesal Penal;
artículos 176, 177 y 200 del Código
Penal; la asignación de más recursos
financieros a entidades estatales que
trabajan a favor de las guatemaltecas;
la designación de más mujeres
en cargos públicos o su postulación
a cargos de elección popular, entre
otras cosas. Este tipo de acciones
fueron asumidas como compromisos
de Estado, desde que el Congreso de
la República emitió y aprobó la “Ley
Marco de los Acuerdos de Paz”, y el
Ejecutivo la sancionó.
7. Es imperativo que se deje de obstaculizar
la participación política de
las mujeres (tomando como base la
“igualdad sustantiva” que evitaría
que se continúe discriminándolas
de facto), para que tengan posibilidades
reales de lograr una incidencia
efectiva a favor de ellas y de sus
derechos específicos en la toma de
decisiones, en la agenda pública y
en el ejercicio del poder.
8. Es importante que las y los operadores
de justicia sean formados y sensibilizados
en los temas de derechos
humanos, derechos humanos de las
mujeres, enfoque de género, victimología,
etc., para que den un trato
digno a las mujeres que acceden al
sistema de justicia, especialmente a
las que han sido víctimas de violencia
intrafamiliar y sexual.
9. Es importante que se siga motivando
la realización de investigaciones
con enfoque de género y
análisis multivariable, para poder
determinar los aportes de hombres
y mujeres a la sociedad y su realidad
específica en el goce de sus
derechos humanos por razón de su
sexo, edad, condición social, lugar
de residencia, etnia, condición
física, sensorial y/o mental, etc.
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El impacto que tienen los principios de igualdad y universidad de los derechos humanos…
Anexos
Guía de entrevista individual para recabar información para
la investigación “El impacto de los principios de “igualdad” y
“universalidad” de los derechos humanos en las mujeres que
viven en la cabecera del departamento de Guatemala”
1). ¿Considera que las mujeres y los hombres tienen los mismos derechos y obligaciones
Explique.
2). ¿Cree usted que las mujeres son: superiores, iguales o inferiores que los hombres
Explique.
3). ¿Cree que en la realidad, tienen las mujeres muchas o pocas oportunidades para
ocupar los puestos directivos más altos en el gobierno, empresas, instituciones,
iglesia, barrio, etc. Explique.
4). ¿Cuántas mujeres conoce, que ocupen algún puesto directivo
5). ¿Según lo que sabe, hay más hombres o más mujeres ocupando puestos
directivos
6). Según su conocimiento y/o experiencia, ¿qué requisitos deben tener las mujeres
para ocupar puestos directivos
7). ¿Qué aspectos de la vida de las mujeres las limita para ocupar puestos
directivos
8). Para ocupar el cargo que usted tiene actualmente, ¿qué requisitos tuvo que
cumplir
8.1.Nivel de educación
8.2. Aporte económico
8.3. Años de experiencia
8.4. Respaldo de algún grupo
8.5. Otros
–275–

Revista de derechos humanos
9). En donde usted se desenvuelve ahora, ¿cuál es el puesto más alto ¿lo ocupa
un hombre o una mujer
10). ¿Cuál es el puesto más alto que usted puede llegar a tener y por qué
11). ¿Cuál es el puesto más alto que pueden llegar a tener los hombres en donde
usted se desenvuelve Explique.
12). ¿Está usted en posibilidades y/o condiciones de tomar decisiones institucionales
Explique.
13). ¿Sus opiniones y/o decisiones tienen el mismo, menos o más impacto que las de
sus compañeros hombres, en la institución o movimiento del que usted forma
parte
14). ¿Qué tipo de actividades realiza usted y sus compañeras en la institución a la
que pertenece (directiva, administrativa, logística, ejecutora, etc.).
Directiva _____ Administrativa _____ Logística _____ Ejecutora _____
Comunicación _____ Otras, especificar:_____________________________
Ámbito privado: _____ Ámbito público: ______ Ambos: ______
15). ¿Qué tipo de actividades realizan sus compañeros hombres en la institución a
la que pertenece (directiva, administrativa, logística, ejecutora, etc.)
Directiva _____ Administrativa _____ Logística _____ Ejecutora _____
Comunicación _____ Otras, especificar:_____________________________
Ámbito privado: _____ Ámbito público: ______ Ambos: ______
–276–

El impacto que tienen los principios de igualdad y universidad de los derechos humanos…
16). Enumere los obstáculos que han encontrado usted y sus compañeras para poder
desarrollar su labor en la institución a la que pertenecen:
16.1. A nivel familiar
16.2. A nivel social
16.3. A nivel académico
16.4. A nivel político
16.5. A nivel religioso
16.6. Otros
17). Enumere los factores que les han favorecido a usted y a sus compañeras para
poder desarrollar su labor en la institución a la que pertenecen:
17.1. A nivel familiar
17.2. A nivel social
17.3. A nivel académico
17.4. A nivel político
17.5. A nivel religioso
17.6. Otros
18). Enumere los obstáculos que usted cree que los hombres encuentran para poder
desarrollar su labor en la institución a la que pertenecen:
18.1. A nivel familiar
18.2. A nivel social
18.3. A nivel académico
18.4. A nivel político
18.5. A nivel religioso
18.6. Otros
19). Enumere los factores que usted cree que favorecen a los hombres para poder
desarrollar su labor en la institución a la que pertenecen:
19.1. A nivel familiar
19.2. A nivel social
19.3. A nivel académico
19.4. A nivel político
19.5. A nivel religioso
19.6. Otros
–277–

Revista de derechos humanos
20. Adicional al trabajo que usted realiza en este ámbito, ¿qué otras labores (remuneradas
o no) realiza
20.1 Laboral
20.2 Académico
20.3 Comunitario
20.4 Doméstico
20.5 Otros
21. ¿Cuál es el aporte que usted hace a la sociedad guatemalteca
–278–

El impacto que tienen los principios de igualdad y universidad de los derechos humanos…
Cuestionario individual dirigido a mujeres, para la investigación
“El impacto de los principios de “igualdad” y “universalidad”
de los derechos humanos en las mujeres que viven en la cabecera
del departamento de Guatemala”.
1) ¿Considera que las mujeres y los hombres tienen los mismos derechos y obligaciones
Explique.
2) ¿Para usted, las mujeres y los hombres son iguales, o alguien es superior o inferior
respecto al otro u otra Explique.
3) Según lo que sabe, ¿hay más hombres o más mujeres ocupando puestos directivos
Explique.
4) Enumere 5 requisitos que debe tener un hombre y una mujer para ocupar
cargos directivos, ya sea en la iglesia, el gobierno, empresas, instituciones,
barrio, etc.
Requisitos para los hombres
Requisitos para las mujeres
–279–

Revista de derechos humanos
5) ¿Qué aspectos de la vida de las mujeres las limitan para ocupar puestos
directivos
6) Para ocupar el cargo que usted tiene actualmente, ¿qué requisitos tuvo que
cumplir
6.1. Nivel de educación
6.2 Aporte económico
6.3 Años de experiencia
6.4 Respaldo de algún grupo
6.5. Otros
7) En donde usted se desenvuelve ahora, ¿cuál es el puesto más alto ¿Lo ocupa
un hombre o una mujer
8) ¿Cuál es el puesto más alto que usted puede llegar a tener y por qué
9) ¿Cuál es el puesto más alto que pueden llegar a tener los hombres en donde
usted se desenvuelve ¿Por qué
10) ¿Está usted en posibilidades y/o condiciones de tomar decisiones institucionales
Explique.
11) ¿Sus opiniones y/o decisiones tienen el mismo, menos o más impacto que las de
sus compañeros hombres, en la institución o movimiento del que usted forma
parte
12) ¿Qué tipo de actividades realizan usted y sus compañeras en la institución a la
que pertenece (directiva, administrativa, logística, ejecutora, etc.)
Directiva _____ Administrativa _____ Logística _____ Ejecutora _____
Comunicación _____ Otras, especificar:_____________________________
–280–

El impacto que tienen los principios de igualdad y universidad de los derechos humanos…
13) ¿Qué tipo de actividades realizan sus compañeros hombres en la institución a
la que pertenece (directiva, administrativa, logística, ejecutora, etc.)
Directiva _____ Administrativa _____ Logística _____ Ejecutora _____
Comunicación _____ Otras, especificar:______________________________
14) Por favor indique obstáculos que han encontrado usted y sus compañeras para
poder desarrollar su labor en la institución a la que pertenecen:
14.1. A nivel familiar
14.2. A nivel social
14.3. A nivel académico
14.4. A nivel político
14.5. A nivel religioso
14.6. Otros
15) Enumere los factores que les han favorecido a usted y a sus compañeras para
poder desarrollar su labor en la institución a la que pertenecen:
15.1. A nivel familiar
15.2. A nivel social
15.3. A nivel académico
15.4. A nivel político
15.5. A nivel religioso
15.6. Otros
16) Adicional al trabajo que usted realiza en este ámbito, ¿qué otras labores (remuneradas
o no) realiza
16.1 Más de un trabajo
16.2 Estudia
16.3Comunitario
16.4 Doméstico
16.5 Otros
17) ¿Cuál es el aporte que usted hace a la sociedad guatemalteca
–281–

Revista de derechos humanos
Cuestionario individual para hombres.
Investigación:
“El impacto de los principios de “igualdad” y “universalidad”
de los derechos humanos en las mujeres que viven en la cabecera
del departamento de Guatemala”
1) Por favor enumere 5 responsabilidades de las mujeres y 5 de los hombres.
Responsabilidades de los hombres
Responsabilidades de las mujeres
2) Para usted, ¿las mujeres y los hombres son iguales, alguien es superior o inferior
respecto al otro u otra Explique.
3) Según lo que sabe, ¿hay más hombres o más mujeres ocupando puestos directivos
Explique.
4) ¿Cuántos hombres y cuántas mujeres ocupan los puestos directivos más altos
en la institución a la que usted representa
5) Enumere 5 requisitos que debe tener un hombre y una mujer para ocupar cargos
directivos, ya sea en la iglesia, el gobierno, empresas, instituciones, barrio,
etc.
–282–

El impacto que tienen los principios de igualdad y universidad de los derechos humanos…
Requisitos para los hombres
Requisitos para las mujeres
6) ¿Qué aspectos de la vida de las mujeres las limitan para ocupar puestos
directivos
7) Por favor indique obstáculos que encuentran las mujeres para poder desarrollar
su labor en la institución a la que pertenecen:
7.1. A nivel familiar
7.2. A nivel social
7.3. A nivel académico
7.4. A nivel político
7.5. A nivel religioso
7.6. Otros
–283–

RESEÑAS

Recensiones de tesis sobre
derechos humanos

MARÍA DEL ROSARIO VELÁSQUEZ JUÁREZ
Maestra en Derechos Humanos por la Universidad de San Carlos de
Guatemala, con especialización en género por la Facultad de Ciencia Política
de la Universidad Rafael Landívar y Licenciada en Ciencias Jurídicas
y Sociales por la Universidad de San Carlos de Guatemala.
Ha publicado investigaciones y ensayos sobre el derecho penal y procesal
y las mujeres; acceso a la tierra para las mujeres; el femicidio, entre
otros. Es integrante de la Red Latinoamericana de Profesoras de Derecho
y Género –Red Alas–.
Se ha desempeñado como profesora en la Escuela de Estudios de
Postgrado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad
de San Carlos, en la Maestría de Derechos Humanos y en la Maestría de
Derecho de las Mujeres, Género y Acceso a la Justicia, impartiendo los
cursos sobre derechos civiles y políticos, derechos económicos, sociales y
culturales, teoría constitucional y seminario, siendo actualmente la coordinadora
de dichas maestrías.
–288–

CONTENIDO
Los derechos humanos y el acceso a la justicia de
los pueblos indígenas ..........................................................................................291
Lucila Rodas Gramajo de Raxcacó
Las normas constitucionales de carácter programático y
su repercusión en los derechos humanos ............................................................293
María del Rosario Velásquez Juárez
Las violaciones a los derechos humanos del paciente con
VIH/SIDA en Guatemala ....................................................................................295
Antolín Augusto Sánchez Gómez
El genocidio social, un crimen de lesa humanidad ............................................299
Jorge Raúl Arroyave Reyes
–289–

Los derechos humanos y
el acceso a la justicia de
los pueblos indígenas
Tesis presentada ante la honorable Junta Directiva
de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la
Universidad de San Carlos de Guatemala por:
Licenciada Lucila Rodas Gramajo de Raxcacó
Previo a conferírsele el grado académico de
Maestra en Derechos Humanos (Magíster Artium)
Guatemala, agosto 2004. 182 páginas.
La autora, en su trabajo de investigación,
busca sustentar y demostrar
que los derechos humanos deben
estudiarse vinculados con el grado de
cumplimiento de las garantías jurisdiccionales
que permiten que en igualdad
de condiciones la ciudadanía tenga un
acceso rápido y eficaz a las instituciones
encargadas de administrar justicia, ya
que los ciudadanos y ciudadanas participan
en la sociedad política con la
certeza de que el Estado, en su calidad
de ente encargado de administrar justicia,
garantizará los derechos de todas y
todos sin discriminaciones de ninguna
naturaleza.
Sin embargo, factores como la
corrup ción y la impunidad han sido elementos
para que en Guatemala, sea cuestionada
la administración de justicia; de
ello deriva la falta de credibilidad en el
sistema y que se busquen otras formas
de solucionar los conflictos.
La autora en su estudio expresa
que, unido a lo anterior, la diversidad
cultural no ha sido tomada en cuenta
a la hora de resolver conflictos, ya que
todo el quehacer judicial se ha centrado
en una práctica de tipo etnocéntrico que
ha funcionado en torno a la percepción
de una cultura dominante.
El Organismo Judicial, sin embargo,
tiene el compromiso y el deber de lograr
la modernización de la administración
de justicia; el plan de modernización
–291–

Revista de derechos humanos
contiene una trilogía: a) La modernización
de la justicia ordinaria, b) El fortalecimiento
de los métodos alternativos
de resolver conflictos, y c) El derecho
indígena; éstos deben ser revisados para
que sus acciones se fortalezcan y que la
forma de administrar justicia sea más
consecuente.
La autora hace énfasis en su estudio
sobre la participación de los Síndicos
Municipales como representantes del
Ministerio Público en las audiencias
de conciliación que permite el criterio
de oportunidad, el cual constituye una
buena opción de acceso a la justicia en
los municipios donde no hay fiscalía del
Ministerio Público, que permite aplicar
usos y costumbres de la comunidad,
además de contar con la credibilidad de
la población.
La mediación como mecanismo
alternativo de solución de conflictos
corre el riesgo de institucionalizarse
de tal manera, que no deje lugar a la
participación de personas de arraigo,
oriundas e idóneas, que puedan con
facilidad conciliar los asuntos que se
les presenten.
Así, la autora hace un análisis, manifestando
que con la introducción de
centros de mediación como parte de un
Centro de Administración de Justicia,
se vuelven a judicializar los problemas,
dejando poco espacio para la actitud
voluntaria de las partes y para la participación
de mediadores que procedan de
la misma comunidad.
Por los aspectos antes mencionados
en la tesis, la autora reafirma que el
derecho indígena ha sido construido en
torno a un pensamiento de cosmovisión
propio que contiene principios y valores,
contando además con otros elementos
(normas, procedimientos y autoridades,
credibilidad de la población) que permiten
considerlo un sistema jurídico y
que el sistema dominante debe empezar
a ser inclusivo para la aplicación de la
justicia.
Esta investigación desarrollada por
la Licda. Rodas analiza un problema de
actualidad filosófico-jurídica y política y
de debate nacional; y siendo que Guatemala
es un país pluricultural, multiétnico
y multilingüe, el referido trabajo de
investigación traslada elementos vitales
para lograr el acceso a la justicia de
los pueblos indígenas y a fin de que la
misma sea una práctica incluyente que
no se limite a la formalidad, sino que
considere además las prácticas jurídicas
de los pueblos indígenas.
–292–

Las normas constitucionales de carácter
programático y su repercusión en
los derechos humanos
Tesis presentada a la Escuela de Estudios de
Postgrado de la Universidad de
San Carlos de Guatemala por:
Licenciada María del Rosario Velásquez Juárez
Previo a conferírsele el grado académico de
Maestra en Derechos Humanos (Magíster Artium)
Guatemala, julio 2001. 301 páginas.
La Licda. Velásquez aborda su investigación
expresando que los
países de América Latina han plasmado
en sus constituciones la garantía de los
derechos humanos de la población, los
cuales sólo eran reconocidos en las declaraciones
y convenciones internacionales,
siendo éste un paso fundamental
en la transformación de los derechos
humanos universales. Al positivizarse
los derechos humanos en dichos textos,
se retoman tanto los derechos civiles y
políticos como los derechos económicos,
sociales y culturales, los cuales son
regulados constitucionalmente a través
de normas operativas y de normas programáticas,
con repercusiones para su
disfrute y eficacia.
La autora aporta en su estudio que
las normas constitucionales de carácter
programático establecen una limitante
jurídica a los derechos económicos,
sociales y culturales, la cual se refleja
a partir del texto constitucional, ya que
para que las mismas sean efectivas deben
ser reguladas por otras normas ordinarias,
las cuales tienen un procedimiento
más tardado que el resto de normas que
establecen derechos fundamentales.
Así, la autora trata de dar a conocer
cómo influyen estas normas en el desarrollo
de los derechos humanos vitales
para una vida digna y cómo los poderes
estatales deben dinamizar el desarrollo
de los mismos, llevando a cabo nuevas
–293–

Revista de derechos humanos
acciones por parte de los poderes ejecutivo,
legislativo y judicial.
Se plantea, como un avance de
los derechos económicos y sociales,
nuevos procedimientos judiciales que
son producto del desarrollo de garantías
tradicionales como el Amparo, y
un reflejo de las nuevas democracias
participativas e inclusivas, en donde la
sociedad civil participa para revisar y
buscar la viabilidad de estos derechos.
Se buscan nuevos modelos de eficacia
que hagan jurídicamente posible la
protección de estas normas y derechos
programáticos, como un compromiso
moral hacia el poder que proviene del
pueblo y que espera una seguridad
jurídica que haga posible el respeto de
los derechos humanos, no de unos en
detrimento de otros.
La autora reafirma en su estudio lo
que establece la doctrina constitucional,
en el sentido de que por la sola existencia
constitucional de estas normas
programáticas, no debe privarse de
estos derechos a las poblaciones, en
especial a las mujeres, niñas y niños, a
las/os discapacitadas/os, a las personas
adultas mayores y a otros grupos humanos
que las estructuras sociales han
vuelto vulnerables.
En el estudio se plantea que para
garantizar estos derechos, lo más viable
es utilizar el mecanismo de la vía judicial
para que se logre hacerlos eficaces, presentando
y desarrollando otras garantías.
En algunos países de América Latina
ya se están incorporando en su sistema
jurídico mecanismos de esa índole,como
lo son: la inconstitucionalidad por omisión,
el mandato de injuncao y el amparo
colectivo, siendo garantías que se están
implementando como una respuesta a
los esfuerzos de contar con constituciones
inclusivas, directas, dinámicas y
participativas.
Por último, desarrolla cómo las acciones
afirmativas –que si bien no son
mecanismos propios de solución judicial
para que las normas programáticas sean
eficaces–, influyen y se enmarcan dentro
de las corrientes del derecho pluralista,
en el que se manejan medidas de discriminación
positiva para equilibrar los
desajustes que existen entre los grupos
más desposeídos como lo son las mujeres,
las etnias, la niñez, los discapacitados,
entre otros.
–294–

Las violaciones a los derechos humanos
del paciente con vih/sida en guatemala
Tesis presentada a la Escuela de Estudios
de Postgrado de la Facultad de Ciencias
Jurídicas y Sociales de la Universidad de
San Carlos de Guatemala por:
Licenciado Antolín Augusto Sánchez Gómez
Previo a conferírsele el grado académico de
Maestro en Derechos Humanos (Magíster Artium)
Guatemala, noviembre 2002. 263 páginas.
El autor, en el presente trabajo de
investigación, demuestra su compenetración
con el respeto a los derechos
humanos y la atención de aquellas condiciones
de injusticia a las que se han visto
sometidos diferentes grupos humanos,
que dan como resultado acciones de
aislamiento. Uno de estos problemas es
el VIH/SIDA, que viene a ser un problema
de derechos humanos que debe ser
atendido como parte de aquellos derechos
comunitarios o también llamados
“de solidaridad.”
El autor manifiesta que en materia
de derechos humanos, la primacía del
derecho internacional sobre el derecho
interno no se ve afectada cuando, en
aplicación de las normas del derecho
interno, sean usadas diversas técnicas
del sistema constitucional del Estado.
Sin embargo, la jerarquía del ordenamiento
jurídico guatemalteco establece
que la Constitución prevalece sobre
cualquier tratado o convenio internacional
suscrito y ratificado por el Estado
guatemalteco por medio de su Organismo
Legislativo, salvo en materia de
derechos humanos.
Partiendo de lo anterior, se expresa
que el incumplimiento de las obligaciones
internacionales del Estado guatemalteco
en materia de derechos humanos,
está directamente relacionado con la
indiferencia de dicho Estado, lo cual se
traduce en una falta de responsabilidad
y, por consiguiente, en la permisividad
–295–

Revista de derechos humanos
de las violaciones a los derechos humanos
de las personas infectadas por el
VIH/SIDA.
Ratifica además que si bien los
derechos humanos están garantizados
tanto en las constituciones como en
los instrumentos internacionales, en
la cotidianidad se sigue reflejando un
problema de grandes magnitudes, que
se observa en lo que concierne a la
seguridad de éstos. El reconocimiento
y la garantía de tales derechos debe
ser el resultado de su positivización en
normas de seguridad personales, y con
ello lograr la seguridad jurídica de las
personas, especialmente de los grupos
marginados como es el caso de los pacientes
de VIH/SIDA.
Esta forma de exclusión se debe
en cierta medida a la deficiencia de los
procesos educativos en nuestro país,
lo cual demuestra que la socialización
lograda no brinda un claro apoyo al
fortalecimiento y vigencia del Estado
de Derecho, ya que en nuestro medio,
la promoción y defensa de los derechos
humanos no están encaminadas a la
creación de una orientación específica
de la población. Ello no permite que
ésta reclame los compromisos expresos
en la educación nacional en cuanto a la
promoción, enseñanza y vivencia de los
derechos humanos.
El autor expresa que estos procesos
de cambio deben basarse en políticas
nacionales que respondan a nuevos
enfoques de salud pública y que sean
capaces de competir con las prioridades
gubernamentales que interfieren en
el desarrollo de la salud, mismas que
provocan una indiferencia estatal que
no permite percibir de la importancia y
la urgencia que representa el tema del
VIH/SIDA como un problema que afecta
a toda la población.
El trabajo de investigación presenta
que las instituciones de atención y asistencia
de las políticas y programas gubernamentales
frente al VIH/SIDA no representan
los intereses de los portadores, los
enfermos y los grupos discriminados, ni
protegen sus derechos. Tampoco se les
ofrece el respaldo jurídico necesario.
Con ello, el autor denuncia públicamente
que la negligencia del Estado
guatemalteco hace aparecer al SIDA
como una enfermedad “común” y nada
más que eso, una enfermedad. La negligencia
deviene, entre otros factores,
del desconocimiento real del problema,
y de que el tema no es rentable económica
ni políticamente, razones que
justifican la no adopción de medidas
excepcionales y de tratamiento especial
para esta enfermedad. Estos factores no
contribuyen en ningún sentido a eliminar
la discriminación de que son objeto las
personas con VIH/SIDA.
–296–

Reseñas
Su estudio e investigación reflejan
los aspectos colaterales al SIDA, que
constituyen razones suficientes que
demuestran que la complejidad de la
enfermedad trasciende el campo de la
medicina; sin embargo, hace énfasis
en que lo crónico e incurable se transforma
en una “enfermedad social”,
ya que no afecta sólo el cuerpo sino a
toda la persona humana, sus relaciones
interpersonales y vida social. En países
subdesarrollados como el nuestro, es
imposible tener una visión clara de la
evolución de las condiciones de salud, ya
que éstas no son consideradas determinantes
sociales, económicas y políticas
de los habitantes.
Concluye, además, que la resistencia
a la prestación de servicios médicosasistenciales
provoca, fundamentalmente
la pérdida de control en cuanto a las
formas de conductibilidad del virus del
SIDA, y más aún cuando las políticas de
salud no permiten el aprovisionamiento
de materiales y equipo médico hospitalario
para el resguardo de la seguridad
médica y del paciente.
Si bien salvaguardar la vida humana
es un asunto de bioética y de la práctica
médica, el derecho es el llamado a
regular y proteger dicha vida con todos
los mecanismos legales posibles. La
bioética es uno de los pilares sobre los
que descansa el logro y la defensa de los
derechos humanos; su práctica implica la
orientación de investigadores, técnicos
científicos, legisladores y gobernantes,
permitiendo una evaluación de las acciones
y medidas correspondientes asumidas
por el personal en mención.
–297–

Reseñas
El genocidio social,
un crimen de lesa humanidad
Tesis presentada a la Escuela de Estudios de
Postgrado de la Facultad de Ciencias
Jurídicas y Sociales de la Universidad de
San Carlos de Guatemala por:
Licenciado Jorge Raúl Arroyave Reyes
Previo a conferírsele el grado académico de
Maestro en Derechos Humanos (Magíster Artium)
Guatemala, junio 2004, 189 páginas
El estudio presentado por el Licenciado
Arroyave plantea un problema
que lleva siglos de existencia; sin
embargo, los derechos fundamentales
siguen siendo conculcados, aunque se
reflejen de maneras distintas conforme
a la transformación del tiempo y de las
sociedades. El autor plantea que para
gozar de una vida digna, es necesario
contar con el acceso a aquellos derechos
fundamentales que permiten vivir en
sociedad y principalmente con dignidad,
como lo son la salud, el trabajo, la seguridad,
la educación, entre otros.
El autor se enmarca específicamente
en el cumplimiento de los derechos
económicos, sociales y culturales, los
cuales, a pesar de estar garantizados
constitucionalmente y que en el ámbito
internacional se realizan enormes
esfuerzos para contribuir al acceso
a los mismos, la práctica refleja una
realidad desoladora, pusto que éstos
se ven limitados tanto por razones de
una protección jurídica débil como de
escasas acciones de operatividad y de
falta de implementación de políticas de
inversión. Esta situación se agrava con
la imposición de políticas y la revisión
de programas de ajuste parte de los
organismos financieros en países en
desarrollo como el nuestro, lo cual de
cierta manera acelera la pobreza y la
miseria, llevándolos a un exterminio
sistemático, deliberado y silencioso, en
donde el único responsable es el Estado
por no en satisfacer los derechos funda-
–299–

Revista de derechos humanos
mentales mínimos en materia económica
y social, convirtiéndose en un violador de
los derechos humanos.
El problema medular que desarrolla
el autor en su tesis pone al descubierto
omisiones del Estado que reflejan la crudeza
del exterminio económico y social
a que están sujetos grandes grupos humanos,
principalmente las niñas, niños
y mujeres; este exterminio se traduce en
un “genocidio social” que reduce las
expectativas a una vida digna. Se afirma
que el genocidio social siempre ha existido,
pero que hasta ahora se demuestra
de una manera real y urgida de cambios
emergentes.
El autor aporta el proceso de construcción
conceptual de “genocidio
social”, el cual no ha sido usualmente
utilizado por ser un término relativamente
nuevo, difundido hasta después de la
Segunda Guerra Mundial, de acuerdo
con la Convención para la Prevención y
Sanción del Delito de Genocidio, que lo
estableció como “…actos cometidos con
la intención de destruir total o parcialmente
un grupo nacional, étnico, racial
o religioso como: a) matar miembros de
grupo, b) causar serios daños físicos o
mentales a miembros del grupo, c) deliberadamente
aplicar al grupo condiciones
de vida calculadas en el sentido de
su destrucción física total o parcial…”.
Concluye así que el genocidio social se
traduce en la sistemática y deliberada
forma de exterminio cotidiano que se
realiza respecto de una gran parte de la
población, que enfrenta desempleo, falta
de atención en los servicios de vivienda,
educación, seguridad social, inestabilidad
laboral, reducción del gasto público
en los derechos sociales, privatización
de los servicios básicos, e introducción
del cobro por estos servicios, aun cuando
el Estado es el obligado.
La tesis del autor ha sido calificada
como un aporte novedoso que amerita
ser parte de las lecturas obligadas en
materia de derechos humanos, pues
ofrece un marco teórico sobre la pobreza,
la globalización, la deuda externa y
la forma como dicha factores debilitan
la eficacia de los derechos económicos
y sociales, dando como consecuencia
diferentes formas de destrucción física
que conllevan al genocidio social.
–300–

Esta publicación fue impresa en los talleres
gráficos de Serviprensa, S. A. en el mes de abril
de 2008. La edición consta de 500 ejemplares en
papel bond 80 gramos.