Informe completo - Asociación de Investigación y Estudios Sociales

asies.org.gt

Informe completo - Asociación de Investigación y Estudios Sociales

Instituto de Derechos Humanos

Universidad de San Carlos de Guatemala

Instituto de Investigaciones Jurídicas

Universidad Rafael Landívar

Año IV, Núm. 6

REVISTA DE

DERECHOS HUMANOS

Guatemala, 2006


Revista de Derechos Humanos / Instituto de Investigaciones Jurídicas

(IIJ). Instituto de Derechos Humanos (IDHUSAC). [2003 - ]

Guatemala : Universidad Rafael Landívar. (IIJ) : Universidad de

San Carlos de Guatemala. (IDHUSAC), 2006. Año IV, Núm. 6

(julio - diciembre 2006).

300 págs.

1. Derechos humanos - Guatemala 2. Derechos personales

3. Derechos civiles 4. Derechos políticos

5. Derechos económicos, sociales y culturales 6. Tenencia de la tierra – Guatemala

7. Economía de la tierra 8. Crédito agrícola

9. Fondo de tierras 10. Discriminación sexual contra la mujer

11. Sexismo lingüístico 12. Derecho penal

13. Igualdad.

Revista de derechos humanos, año IV, número 6, 2006.

D.R. © Proyecto Regional de Apoyo a la Educación, Capacitación e Investigación en Derechos

Humanos en Centroamérica, con el apoyo del Gobierno de Finlandia y del Programa

de las Naciones Unidas para el Desarrollo –PNUD–.

Sede del componente de investigación del Proyecto:

Instituto de Investigaciones Jurídicas

Universidad Rafael Landívar, Campus Central,

Vista Hermosa III, zona 16, edificio “O”, 2º. nivel, oficina O-214

Apartado Postal 39-C, Ciudad de Guatemala

Guatemala, 01016

Teléfono (502) 24262626 - Extensión 2551

Fax (502) 24262595

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Página electrónica www.url.edu.gt

Editora responsable Raquel Montenegro Muñoz

Impreso en Serviprensa S. A.

3ª. Av. 14-62, zona 1

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Correo electrónico: gerenciageneral@serviprensa.com

Ciudad de Guatemala, Guatemala

El contenido de los artículos incluidos en la presente publicación es responsabilidad de cada autor y, por

lo tanto, no necesariamente coincide ni compromete la posición del Instituto de Investigaciones Jurídicas

de la Universidad Rafael Landívar ni del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de San Carlos

de Guatemala, agentes implementadores del componente de investigación del Proyecto.


CONSEJO EDITORIAL

Directora del Instituto de Derechos Humanos de la

Universidad de San Carlos de Guatemala –IDHUSAC–

M. A. María Elisa Sandoval Argueta

Director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la

Universidad Rafael Landívar –IIJ/URL–

Dr. Larry Andrade-Abularach

Jefe Académico e Investigador Principal del

Instituto de Investigaciones Jurídicas de la

Universidad Rafael Landívar –IIJ/URL–

M. A. Gustavo García Fong

Coordinador Nacional del Proyecto Regional de Apoyo a la Educación,

Capacitación e Investigación en Derechos Humanos en Centroamérica

M. A. Pablo Gerardo Hurtado García

Secretaria del Consejo Editorial

M. A. Raquel Montenegro Muñoz


ÍNDICE

PRESENTACIÓN ............................................................................................................... 7

DOCTRINA

A propósito del artículo sexto de la Declaración

Universal de Derechos Humanos –1948– .................................................................. 11

Jorge Luis Cantoral Cantoral

La repercusión de la tenencia de la tierra en el respeto a los

derechos humanos sociales y económicos de los guatemaltecos ............................... 31

Astrid Zosel Gantenbein

El sexismo lingüístico en el Código Penal guatemalteco

como un elemento discriminador contra las mujeres ................................................. 85

Soledad Espada Chávez

INVESTIGACIÓN

El impacto que tienen los principios de igualdad y universalidad

de los derechos humanos, en las mujeres que viven en la cabecera

del departamento de Guatemala ............................................................................... 117

Claudia Verónica Ágreda Ajquí

RESEÑAS

Recensiones de tesis sobre derechos humanos ........................................................ 287

María del Rosario Velásquez Juárez


–6–


PRESENTACIÓN

El Proyecto Regional de Apoyo a la Educación, Capacitación e Investigación en Derechos

Humanos en Centroamérica -Proyecto Finlandia-, es una extensión del proceso de cooperación

en la materia, iniciado en Guatemala por el Gobierno de Finlandia en el año 2001 y, a

partir del año 2005, se ejecuta de manera simultánea en Guatemala y Honduras, con lo cual va

adquiriendo un carácter regional.

La administración y ejecución del proyecto en los dos países está a cargo del Programa de

las Naciones Unidas para el Desarrollo -PNUD-, mediante un modelo de gestión descentralizado

que delega la implementación de los resultados en un conjunto de “agencias implementadoras”

integrado por universidades, centros de investigación y organizaciones de la sociedad civil. En

Guatemala, los resultados esperados son:

1. Programas de formación en derechos humanos consolidados académica e institucionalmente

en Facultades de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala

y la Universidad Rafael Landívar.

2. Programas de investigación y difusión científica en derechos humanos fortalecidos en

el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Rafael Landívar, –IIJ/URL–

y el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de San Carlos de Guatemala,

–IDHUSAC–.

3. Programas de Formación Profesional en Ciencias Jurídicas y Sociales (a cargo de la Facultad

de Derecho de la Universidad de San Carlos de Guatemala) y de Capacitación No Formal en

Derechos Humanos (implementado por la Asociación de Investigación y Estudios Sociales

-ASIES-), dirigidos a pueblos indígenas, ejecutados.

Como parte de las actividades programadas en el resultado dos y con el objetivo primordial

de fortalecer los programas de investigación y difusión científica en derechos humanos, se publica

el sexto número de la revista de derechos humanos, editada conjuntamente por el IIJ/URL e

IDHUSAC; para la cual el Proyecto Finlandia designó un Consejo Editorial que es presidido por

los Directores de los Institutos mencionados, apoyado por la jefatura académica del IIJ/URL y

la Coordinadora Nacional del proyecto; además de la Secretaria del Consejo Editorial que tiene

a su cargo la edición de la revista.

–7–


Revista de derechos humanos

El contenido del sexto número de la revista de derechos humanos afirma los propósitos de

fortalecer y difundir las investigaciones, así como contribuir con los procesos de enseñanza y

cultura de respeto de los derechos humanos, tanto en el medio académico, como en el medio

profesional y en los centros de investigación.

En los artículos de doctrina escogidos por el Consejo Editorial se presentan interesantes

planteamientos que abordan tópicos sobre el reconocimiento de la personalidad jurídica y los

denominados derechos a la personalidad; la tenencia de la tierra en Guatemala y su relación

con la garantía y respeto de los derechos económicos, sociales y culturales, así como sobre el

uso del lenguaje en el texto de la normativa penal guatemalteca en detrimento de los derechos

específicos de las mujeres.

Este volumen contiene además, el informe de investigación que estableció los efectos que

producen, para las mujeres guatemaltecas, la falta de respeto y garantía de los principios de

igualdad y universalidad de sus derechos humanos, tanto desde el punto de vista formal como

sustantivo.

Finalmente se presentan los comentarios de varias tesis elaboradas para obtener el grado

académico de magíster en derechos humanos en la Universidad de San Carlos de Guatemala,

pertenecientes a profesionales egresados de la maestría de derechos humanos.

Expresamos nuestra confianza porque esta publicación, al ser parte de un proyecto educativo

pueda contribuir a la reflexión e información de la comunidad universitaria, de los profesionales

y de los interesados en la temática

M. A. María Elisa Sandoval Argueta

Directora del Instituto de Derechos

Humanos de la Universidad de San Carlos de

Guatemala –IDHUSAC–

Dr. Larry Andrade-Abularach

Director del Instituto de Investigaciones

Jurídicas de la Universidad Rafael Landívar

–IIJ/URL–

M. A. Raquel Montenegro Muñoz

Secretaria del Consejo Editorial

de la Revista de Derechos Humanos

–8–


DOCTRINA


A propósito del artículo sexto

de la Declaración Universal de

Derechos Humanos –1948–

“Todo ser humano tiene derecho, en todas partes,

al reconocimiento de su personalidad jurídica”


JORGE LUIS CANTORAL CANTORAL

Magíster en Derechos Humanos por la Universidad Complutense de Madrid,

España. Además, licenciado en derecho y abogado por la Universidad San Carlos de

Guatemala. Asesor en asuntos específicos del Procurador de los Derechos Humanos

durante el período 1998-2002. Coautor del Curso sistemático en derechos humanos,

editado por el Instituto de Estudios Políticos de América Latina y África. Ponente en

la Primera Conferencia Nacional sobre Derechos Humanos, en el tema: “Situación de

los Derechos Humanos en Guatemala: Avances y Retrocesos”.

–12–


RESUMEN EJECUTIVO

Los derechos que se derivan del reconocimiento de la personalidad son aquéllos

que confieren a las personas, garantías para el ejercicio de los derechos subjetivos

que la Declaración Universal de Derechos Humanos y nuestra propia Constitución

Política de la República reconocen. Debe tomarse en cuenta, además, que los derechos

a la personalidad no son sinónimos de derechos de la persona.

Cualquier derecho subjetivo es derecho de la persona, en el sentido que tiene

por “sujeto” a la persona física o moral de su titular, en tanto que los “derechos a

la personalidad” se definen por su objeto especial. Al igual que otras especies los

derechos a la personalidad pueden pertenecer a la “persona moral”, de igual modo

que a la “persona física”. Si precisamos en un sentido lógico, ambos términos se

muestran complementarios, pues el “derecho a la personalidad” es el paraguas bajo

el cual se cobijan los derechos específicos denominados “derechos subjetivos”. Son

éstos los que dinamizan el sentido de la vida de aquél.

En la actualidad, debido entre otras causas al enfrentamiento entre derechos y

realidad político-social, los mencionados derechos han ido perdiendo terreno y han

sido pisoteados y anulados.

–13–


ABSTRACT

According to this article, the personality rights are the ones that provide the people

the guarantee to exercise the subjective rights which the Universal Declaration

of Human Rights of the United Nations and our own Political Constitution confer

to them. Besides, it must be taken into consideration that the personality rights are

not synonymous of rights of the person.

Any subjective right is a right of the person, since its “subject” is a natural or an

artificial person entitled to such right, while the“personality rights” are defined by

their special object. Like other kinds of rights, the personality right might belong,

consequently, to an “artificial person”, as well as to a “natural person”. Logically

speaking, both terms are complementary because the “personality rights” constitute

the umbrella under which specific rights know as “subjective rights” are sheltered.

These latter rights are the ones which dynamize the sense of the life of the personality

rights.

Nowadays, due, among other causes, to the confrontation between rights and

the social and political reality, such rights have been losing relevance and have been

violated and nulled.

–15–


CONTENIDO

Introducción ........................................................................................................19

1. Derechos y realidad político-social ...................................................................21

2. A manera de conclusión ....................................................................................28

Referencias ...........................................................................................................30

–17–


A propósito del artículo sexto de la declaración universal de los derechos humanos –1948–

A propósito del artículo sexto de

la Declaración Universal de

Derechos Humanos –1948–

“Todo ser humano tiene derecho, en todas partes,

al reconocimiento de su personalidad jurídica”

Jorge Luis Cantoral Cantoral

“Olivares, andaluz por herencia, tenía mucha sangre castellana;

y fue seguramente ésta la que más infl uyó en su personalidad.”

El conde duque de olivares: Gregorio Marañón

Introducción

Los derechos humanos 1 son una

creación de la cultura occidental, 2 y

como tales, son expresión de las luchas

de la burguesía en su ascenso al poder y

protectores de los derechos y deberes del

sujeto, en cuya dinámica, sin duda alguna,

nos tienen inmersos; éste es el caso de la

Declaración Universal de Derechos Humanos,

3 en adelante identificada como: “la

Declaración”. En ella se reconocen al ser

humano, de manera formal, una serie de

derechos que pueden hacerse valer frente

1 Me permito hacer una observación muy importante al comienzo del presente escrito, al exteriorizar y hacer propio

un pensamiento “perverso y atrevido” y hasta subversivo del maestro de filosofía del derecho Gregorio Robles, al

denunciar “el anquilosamiento categorial de los derechos humanos, al ser éste, un “lugar común intocable y sagrado,

sobre el que se permite la matización y la interpretación pero no el disenso.” “Las categorías antaño elaboradas,

llenas de potencia de convicción y capaces de explicar la circunstancia de la que fueron respuesta, pretenden hoy

mantenerse en pie con la fuerza de su viejo imperio”. Gregorio Robles. Epistemología y derecho. Págs. 286 y 287.

2 La tradición humanística de Occidente, que va desde Spinoza, Goethe, Hegel, Marx, pasando por los filósofos franceses

y alemanes de la Ilustración y cuya esencia misma es la preocupación por el hombre y la realización de sus

potencialidades. Erich Fromm. Marx y su concepto de hombre. Fondo de Cultura Económica, México, 1991. Pág.

7. Para estos filósofos “... el hombre vive sólo en tanto es productivo, en tanto que capta el mundo que está fuera de

él en el acto de expresar sus propias capacidades humanas específicas y de captar al mundo con esas capacidades.

Op. cit. Pág. 41. Rota esta tradición humanística, los paladines del neoliberalismo experimentan al mundo y a uno

mismo, pasiva, receptivamente, como sujeto separado del objeto.

3 Primera declaración en su género de posguerra. Tres años posteriores a la Carta de las Naciones Unidas surgida el 26 de

junio de 1945. Al decir de Norberto Bobbio, “La Declaración Universal contiene en germen la síntesis de un movimiento

dialéctico que comienza con la universalización abstracta de los derechos naturales, pasa por la particularidad concreta de

los derechos positivos nacionales y termina con la universalidad no ya abstracta sino concreta de los derechos positivos

universales”. Bobbio Norberto. Presente y porvenir de los derechos humanos, Anuario de derechos humanos. Facultad

de Derecho Universidad Complutense, Madrid, 1982, Vol. 1. Págs. 9-28.

–19–


Revista de derechos humanos

al poder de los Estados, dentro de ellos, el

derecho a la personalidad. Nótese que, tal

como está concebido este derecho, primero

en la Declaración, luego en los Pactos

Internacionales y por último en la propia

Constitución Política de la República

Guatemala, en adelante identificada como:

“la Constitución”, los derechos a la personalidad

no son sinónimos de los derechos

de la persona. Cualquier derecho subjetivo

es derecho de la persona, en el sentido

que tiene por “sujeto” a la persona física

o moral de su titular; por el contrario, los

derechos a la personalidad” se definen por

su objeto especial. Al igual que otras especies

de derechos, los de la personalidad

pueden pertenecer a la “persona moral”,

de igual modo que a la “persona física”.

Si precisamos en un sentido lógico, ambos

términos se muestran complementarios,

pues el “derecho a la personalidad” es el

paraguas bajo el cual se cobijan los derechos

específicos denominados “derechos

subjetivos”. Son éstos los que dinamizan

el sentido de la vida de aquél.

Los derechos de la personalidad son

los derechos que tienen por objeto los elementos

constitutivos de la personalidad del

sujeto tomado en sus múltiples aspectos

físico, moral e individual y social”. 4

La Declaración Universal de Derechos

Humanos, 5 es reforzada por el Pacto Internacional

de Derechos Civiles y Políticos 6

y sus respectivos Protocolos, y por el

Pacto Internacional de Derechos Económicos,

Sociales y Culturales, en adelante

identificados como: “los Pactos Internacionales”.

Todos estos instrumentos son

parte de lo que se conoce como la “Carta

Internacional de Derechos Humanos”. Los

preceptos contenidos en los instrumentos

mencionados son de carácter general

y de aplicación universal, entre otras

razones por su internacionalización, 7 es

decir, que su aplicación es moral y jurídicamente

obligatoria para los Estados

y para los poderes públicos, que por su

naturaleza están dentro de sus respectivas

competencias.

Desde la perspectiva del ser humano

en su dimensión individual, no existiría, y

de hecho no existe, ningún problema para

que sea titular de los derechos de la perso-

4 Dabin, J. El derecho subjetivo. Editora Revista de Derecho Privado, Madrid, 1955, Págs. 210 y 211. Trad. de F. J.

Osset.

5 Declaración que contiene principios generales que guían las acciones de los gobiernos para implementar o respetar

dichos principios.

6 Su artículo dieciséis reza: “Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad

jurídica”.

7 Considerando que la Carta de Naciones Unidas impone a los Estados la obligación de promover el respeto universal

y efectivo de los derechos y libertades humanas. (Ver considerandos comunes de los Pactos Internacionales de

Derechos Civiles y Políticos y de Derechos Económicos, Sociales y Culturales).

–20–


A propósito del artículo sexto de la declaración universal de los derechos humanos –1948–

nalidad. El problema surge en relación a

los Estados, en su calidad de depositarios y

responsables directos de garantizar los derechos

8 consagrados en los antes referidos

instrumentos jurídicos internacionales. El

contenido esencial del “derecho subjetivo

incluye tanto la facultad que el poseedor

tiene frente a otros, como su potestad para

hacer valer esa facultad mediante la iniciación

de procedimientos y la potestad de

disponer del derecho”, 9 lo que comúnmente

se denomina como derechos de garantía.

Así, en nuestro ordenamiento jurídico

constitucional, se encuentra expresado en

el Artículo 4. 10

1. Derechos y realidad

político-social

En la dinámica que denominamos

derechos y realidad político-social, la

Declaración Universal, los Pactos Internacionales

y nuestra propia Constitución,

tienden a chocar con la realidad

cotidiana de la sociedad y también con

los intereses de los Estados. 11

La problemática que se encuentra

inmersa en la normativa internacional

del Sistema de Naciones Unidas, se traduce

en el hecho que, si bien es cierto al

momento de su elaboración, la mayoría

de sus preceptos respondían o reflejaban

las cualidades de la realidad objetiva

existente dentro de los bloques de poder,

en la segunda posguerra, en dicha

época no existía una cultura política de

los derechos humanos en el seno de la

política exterior de los gobiernos de los

Estados, que aplicara una firme política

de respetar a los sujetos activos de los

mencionados derechos. Así, la brecha

existente entre la Declaración Universal

y el irrespeto por los derechos humanos

8 Tomar nota que cuando en la terminología jurídica se habla de derechos, asumimos que para que sean efectivos

necesitan de la intervención de los Estados y de los poderes públicos que los tutelan; mientras que el cumplimiento

y efectividad de las libertades ciudadanas o libertades públicas, que también se consideran derechos, se requiere

de la NO intervención del Estado, ya que está demostrado por la jurisprudencia internacional, que éste puede ser

factor negativo para su disfrute.

9 Ross, A. Sobre el derecho y la justicia. Buenos Aires, 3ª ed. Buenos Aires, Eudeba. 1974, Págs. 177 y 178. Trad.

G. Carrió.

10 Artículo 4. Libertad e igualdad. En Guatemala todos los seres humanos son libres e iguales en dignidad y derechos.

El hombre y la mujer, cualquiera que sea su estado civil, tienen iguales oportunidades y responsabilidades. Ninguna

persona puede ser sometida a servidumbre ni a otra condición que menoscabe su dignidad. Los seres humanos

deben guardar conducta fraternal entre sí.

11 Según la moderna teoría política, el Estado está conformado por dos factores esenciales que son los supuestos y

los principios estructurales. Los supuestos se refieren a las condiciones básicas que posibilitan el quehacer político

concreto: el territorio y un grupo de hombres en relación social, los cuales no son considerados como principios configuradores

de la realidad política; los principios estructurales de lo político son el poder y el derecho, considerados

como elementos definidores de la realidad política. Jiménez de Praga M. Los regímenes políticos contemporáneos,

Madrid, Ed. Tecnos. 1990. Pág. 68.

–21–


Revista de derechos humanos

se fue profundizando a tal grado que la

costumbre y práctica de la política interna

de los Estados asume como lógicas

tales violaciones. Un ejemplo de ello

en Guatemala, es el comportamiento de

los ex paramilitares y su tolerancia por

parte del Estado, o la libertad de la que

gozan los militares acusados de delitos

de genocidio, cuando en otros países

como Chile, Argentina o la antigua Yugoslavia

los delitos han sido mínimos si

los comparamos con los producidos en

Guatemala, y sin embargo, los violadores

a los derechos humanos en dichos

países están siendo procesados.

Otro aspecto importante de señalar

es el hecho que el proceso de positivación

de los derechos humanos, expresado

a través de los pactos y convenios

internacionales ha hecho que las normas

sean incorporadas en su seno como

derechos en su plena expresión; esto,

sin embargo, no basta, porque la realidad

social, política y económica de los

Estados ha evolucionado de tal manera

que supera con creces el contenido de

sus disposiciones normativas. Muchas

características de esa realidad han sido

impuestas por los centros hegemónicos

de poder; el ejemplo más elocuente

es la imposición del Tratado de Libre

Comercio entre Centroamérica, República

Dominicana y Estados Unidos de

América (DR-CAFTA, por sus siglas

en inglés), la Ley de Concesiones, la

Ley de Migración, etc. Asimismo, en

las relaciones laborales, la estructura

socioeconómica, con su histórica discriminación

social, impide reconocer al

sujeto del derecho, no se acepta como

interlocutor, no se personaliza y eso

dirige a un futuro que continúa pasando

por la exclusión de la mano de obra y

el reconocimiento de sus derechos. De

esa manera, es difícil que pueda consolidarse

una cultura industrial y que en

definitiva pueda darse la inserción y el

acceso de la industria guatemalteca a un

mercado competitivo. 12

Nos enfrentamos a una lógica en donde

“las leyes objetivas de la producción

adquieren un puesto relevante, mientras

personas y valores quedan en un lugar

secundario. La sociedad misma deja de ser

una sociedad de personas, para convertirse

en un conjunto de procesos productivos

objetivos”. 13 Cuando el hombre se transforma

en una cosa, y se le maneja como tal,

quienes lo hacen se transforman también

en cosas, y las cosas no tienen voluntad,

visión ni plan; el individuo ha perdido

casi toda su influencia para determinar y

12 Modernización de las relaciones laborales. Nueva cultura sindical. No. 1. Friedrich Ebert Stiftung, Pág. 11.

13 Almoguera Carreres, Joaquín. “Acerca de la ambigüedad del derecho moderno”, Anuario de derechos humanos.

Facultad de Derecho Universidad Complutense, Madrid, 1986-87, Vol. 4. Págs. 11-28.

–22–


A propósito del artículo sexto de la declaración universal de los derechos humanos –1948–

participar activamente en la toma de decisiones.

14 Con esto, podemos evidenciar,

desde el punto de vista estatal, que existe

la tendencia de violar hábilmente la ley

y el derecho consuetudinario, más que a

favorecer cambios basados en la dignidad

humana.

Pese a las evidentes contradicciones,

en la época presente nos encontramos

con “un sujeto que, si bien aparece

como una función, necesita seguir

siendo persona, incluso para llegar

a ser función, pues está en función

del bien, en efecto, pero el bien es

bien en cuanto hay un sujeto”. 15 En

este sentido, el neoliberalismo y su

globalización han enriquecido al

hombre materialmente, pero lo han

empobrecido humanamente. 16

Para entender el significado del derecho

enunciado en el artículo 6 de la Declaración

Universal de Derechos Humanos,

que establece: “Todo ser humano tiene

derecho, en todas partes, al reconocimiento

de su personalidad jurídica”, es

imperativo dilucidar lo que significa en

la cultura occidental el término “derecho

subjetivo”, desde la teoría del derecho.

Jurídicamente, el concepto “derecho

subjetivo” significa poder exigir que la

norma se cumpla, y expresa además,

“la facultad que un sujeto tiene de determinar

normativa e impositivamente la

conducta de otro, es decir, para exigir de

otro una determinada conducta”; 17 en el

caso de los derechos fundamentales, exigir

su respeto por parte del Estado. Asimismo,

debemos analizar dicha noción

como elemento constitutivo integrador

del sistema jurídico en su conjunto, es

decir, derechos organizados por las peculiaridades

del derecho objetivo como

sinónimo de sistema jurídico.

En tal sentido, podemos decir que

la concepción de la naturaleza de derecho

subjetivo que se encuentra contenido

en el concepto del derecho a la

personalidad, atiende a los siguientes

aspectos:

a) El derecho subjetivo implica una

relación de permisión, pertenencia

u omisión;

b) Esta relación tiene como fundamento

inmediato un título jurídico;

14 Fromm, Erich. “Sobre la desobediencia y otros ensayos”. Editorial Paidos, Barcelona, 1987. Págs. 90-91.

15 Almoguera Carreres, Joaquín, Op. cit. Pág. 26.

16 Fromm, Erich. Op. cit. Pág. 93.

17 Recaséns Siches, L. Introducción al estudio del derecho. Porrúa, México, 1970, Pág. 140.

–23–


Revista de derechos humanos

c) El fundamento remoto del derecho

subjetivo se encuentra en una norma,

que atribuye el título a un sujeto

jurídico; y,

d) La relación de derecho subjetivo se

tiene frente a otro sujeto jurídico,

considerado en su deber jurídico,

que a su vez, le ha sido impuesto por

una norma.

De esta manera, el “derecho subjetivo”

está en el titular del mismo y, en

cierto modo, lo determina, le agrega una

realidad nueva. El sujeto de un derecho

subjetivo posee algo de lo que quien

no es titular, carece y que en cierto

aspecto lo enriquece, adquiriendo una

forma nueva: la del titular de un determinado

derecho. Por todo esto, no

puede negarse a la relación dederecho

subjetivo”, el carácter de real, derivada

de la relación normativa por la que un

sujeto jurídico adquiere frente a otro u

otros, la “pertenencia” a un bien jurídico

o la “permisión” u “omisión” de obrar

en determinado sentido. Esta relación

precisa inevitablemente de la existencia

de una norma jurídica, es decir, de una

norma que regula conductas de alteridad,

y ésta constituye un elemento necesario

o propio del fenómeno jurídico; en otras

palabras, allí donde exista “derecho”

en sentido estricto, estará presente esa

realidad que denominamos “derecho

subjetivo”.

Podemos concluir, que los derechos

subjetivos son el resultado de la realización

de los derechos de la personalidad;

el efecto de una expresión concreta de

las disposiciones normativas en forma

de libertad jurídica determinada con

precisión y a la medida del individuo.

Los derechos en mención comunican un

matiz específicamente jurídico a todo el

mecanismo de su regulación jurídica.

Declarar que todo ser humano tiene

derecho a” o “derecho de”, significa

dotar a toda persona de derechos que

le son propios dentro del marco de una

regulación jurídica objetiva que se generaliza

en el tiempo (el momento de

dar vida al derecho y el momento de

hacerlo vigente); 18 se universaliza erga

omnes en el espacio (lugar donde cobra

vida y rige ese derecho); se especializa

a través de su contenido esencial o

materia que regula (qué es lo que debe

18 “En razón del objeto, los derechos subjetivos pueden clasificarse en derechos de la personalidad y derechos sobre

las cosas exteriores al sujeto...” Soriano, R. Compendio de teoría general del derecho. Ariel, Barcelona, 1986,

Págs. 106 y 107.

–24–


A propósito del artículo sexto de la declaración universal de los derechos humanos –1948–

“hacer” o “dejar de hacer”; 19 es decir, el

tipo de relación jurídica); y finalmente,

atender a las características de los sujetos

pasivos y/o activos de determinada

relación jurídica (quién o quiénes son los

sujetos pasivos). 20 El derecho subjetivo

corresponde ejercerlo bajo determinadas

circunstancias a todo ser humano, y por

tanto, sujeto de una relación jurídica.

Cuando se trata de normas de carácter

general y obligatorio para los Estados,

se presentan muchas ambigüedades,

por lo que su interpretación trae como

consecuencia serios problemas en su

aplicación. Es el caso del artículo 6 de

la Declaración Universal, que es objeto

de nuestro análisis, puesto que al utilizar

la frase “... en todas partes...”, representa

una determinación obligatoria para todas

las partes y de aplicación general para

todos los seres humanos erga omnes en

cuanto al ámbito espacial dentro del cual

dicha norma será válida. 21 En todo caso,

se debe interpretar lo que más favorece a

las personas, es decir, que el solo acto de

la presencia física de la persona en “x” o

“y” lugar, le da el derecho al reconocimiento

de su personalidad jurídica. No

obstante, haciendo esta interpretación,

la utilización de este término nos conduce

a caminos diferentes que debemos

aprovechar jurídicamente para proteger

nuestros intereses adscritos a la personalidad.

Los Estados, a través de los gobiernos

que los representan, se convierten en

acérrimos detractores de los derechos de

la personalidad, fundamentalmente de

los derechos relacionados con las leyes

de nacionalidad y extranjería, al concebir

normativas represivas y sin ninguna

técnica jurídico-científica, en contra de

quienes intentan vivir libremente en

territorio distinto al de su origen.

Estos derechos subjetivos son garantizados

por el derecho internacional

de los derechos humanos y por las

constituciones del mundo occidental, y

en particular, por nuestra Constitución.

Hasta la fecha, no existe un solo argumento

jurídico sólido, ni moral, que

acredite la argumentación empleada

por los gobiernos de los Estados para

prohibir, impedir o limitar los derechos

subjetivos del ser humano a vivir en el

19 Por razón de su extensión o ámbito de atribuciones, los derechos subjetivos pueden ser simples o complejos, según

que den derecho a una prestación determinada o comporten un conjunto de facultades. Ibídem.

20 “Por razón del carácter del sujeto pasivo, los derechos subjetivos pretenden ser “absolutos” o “relativos”, según

que la relación que comportan sea exigible a todos, erga omnes o a una o varias personas”. Soriano, R. Op. cit.

Págs. 106 y 107.

21 En el derecho internacional, un pacto o tratado adquiere validez jurídica de acuerdo con lo estipulado en la Convención

de Viena sobre el Derecho de los Tratados (1969), parte dos, sección tercera, sobre la entrada en vigor y

aplicación provisional de los tratados.

–25–


Revista de derechos humanos

lugar donde encuentre la plena realización

de sus intereses, mayormente si

su elección es un Estado desarrollado,

alimentado por el saqueo constante de

los recursos de los Estados empobrecidos

por ellos.

Al demostrar una o varias violaciones

del respeto al derecho del reconocimiento

de la personalidad jurídica

del ser humano, evidentemente nos

encontramos ante el cuestionamiento de

la validez del derecho subjetivo que, por

supuesto, está referido a todas las personas,

por cuanto que el sujeto pasivo, que

es el Estado y los gobiernos que asumen

su representación, hacen prevalecer la

razón de Estado: la soberanía estatal, el

“interés público” y “la seguridad nacional”.

Es por ello que surge el enfrentamiento

con la protección del abanico de

posibilidades para el pleno ejercicio de

los derechos de la personalidad por parte

del ser humano.

En ese contexto, se pueden mencionar

una variedad de violaciones al

ejercicio de la personalidad jurídica del

individuo, que van desde su nacimiento

hasta su muerte. Permítaseme abordar

las problemáticas de la emigración

“ilegal” hacia los Estados Unidos de

América por parte de ciudadanos provenientes

del centro y sur de América y

del Tratado de Libre Comercio 22 entre

los países de Centroamérica, República

Dominicana y Estados Unidos

de América, por el que se privilegia

el libre tránsito de las mercancías en

detrimento del libre tránsito de las personas,

en tanto que “las leyes objetivas

de la producción adquieren un puesto

relevante, mientras que personas y sus

valores quedan en un lugar secundario.

La sociedad misma deja de ser una

sociedad de personas, para convertirse

en un conjunto de procesos productivos

objetivos”, 23 donde la producción se

guía por el principio de que la inversión

de capital debe producir beneficios, más

que por el principio de que las reales

necesidades de las personas determinan

lo que hay que producir. 24 Lo primero,

claro está, priva en beneficio exclusivo

22 Consúltese la Convención sobre el Derecho de los Tratados, Viena, 23 de mayo de 1969. En su artículo dos, literal

“a) se entiende por “tratado” un acuerdo internacional celebrado por escrito entre Estados y regido por el derecho

internacional, ya conste en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos y cualquiera que sea su

denominación particular”. En virtud de ello, aprobado por los respectivos organismos legislativos, pasa a formar

parte de la legislación interna de carácter secundario en los respectivos países, asumiendo, por supuesto, que dicho

tratado se juzgue constitucional.

23 Almoguera Carreres, Joaquín. Op. cit. Págs. 11-28, 23.

24 Fromm, Erich. Op. cit. Pág. 98.

–26–


A propósito del artículo sexto de la declaración universal de los derechos humanos –1948–

de los intereses monopólicos 25 de la

gran metrópoli del norte.

En este proceso, se muestra que

el derecho es una forma de poder y

de fuerza. Desde la dimensión de los

derechos del ser humano se debe contraponer

la razón trascendente que sea

capaz de denunciar su unilateralidad,

de defender que el derecho puede ser

no sólo otra fuerza, sino la expresión de

unos acuerdos sobre valores y fines que

distintas razones individuales consideran

fundamentales para la realización social

de la misma individualidad. 26

Para el tema que nos ocupa, las

consecuencias inmediatas y de mediano

plazo serán básicamente de carácter

político, económico y social. Si en las

25 El elemento primordial cuando se valora el impacto de cualquier proceso de liberalización comercial – bien

sea como parte de la aplicación de reglas multilaterales o como resultado de la conformación de una propuesta

como la del TLC con EEUU– es el de las agudas y crecientes asimetrías estructurales que existen entre los

países industrializados que integran dichos acuerdos, por una parte, y las economías subdesarrolladas, por

la otra.

En general, el tema de las asimetrías entre países puede considerarse a partir del análisis de tres dimensiones

complementarias aunque no idénticas: (a) las diferencias en cuanto a niveles de desarrollo económico relativo; (b)

las diferencias en las estructuras económicas y sociales de los países miembros de un bloque regional o entre los

miembros del sistema multilateral o bilateral de comercio, y (c) las diferencias en cuanto a dimensión económica

de los distintos Estados.

De este hecho se deriva que, aunque los factores económicos, sociales e institucionales nacionales son obviamente

importantes, las oportunidades económicas están determinadas básicamente por la posición que ocupan los países

en la jerarquía mundial, lo que implica que ascender en la escala internacional es una tarea más bien difícil. Las

asimetrías internacionales fundamentales contribuyen a explicar porqué la economía internacional es esencialmente

un “campo de juego desnivelado”. Por este motivo, a menos que tales asimetrías se encaren de manera sistémica,

las desigualdades mundiales se mantendrán o incluso se profundizarán con el tiempo.

No puede dejar de recalcarse con especial énfasis el hecho de que la agricultura norteamericana, no sólo es una

agricultura de una fabulosa productividad y nivel tecnológico, sino altamente protegida a través de densas medidas

arancelarias y no arancelarias, y masivamente subsidiada.

Es preciso tener en consideración que no estamos aquí frente a un típico caso de ventajas comparativas: la teoría

de las ventajas comparativas enseña que, aunque un país tenga ventajas absolutas de costos en todos los sectores,

es decir, aunque sea mucho más eficiente en términos absolutos en todos los rubros de su economía que los países

competidores, lo que convendría a ambos sería especializarse en la producción de aquellos rubros en los que son

comparativamente más eficientes. Sin embargo, en el caso que nos ocupa, ésta no parece ser la situación. Parece

antes bien el caso de un país, el país más rico y poderoso del planeta, que ha introducido en prácticamente cada

sector productivo las tecnologías más avanzadas, y en gran parte genera por sí mismo dichas tecnologías; que tiene

ventajas absolutas de costos en prácticamente todos los sectores, y que incluso puede darse el lujo de subvencionar

fuera de toda proporción a un sector agrícola que apenas representa el 3% de su gigantesco PIB, y genera sólo el

2% del empleo total, además de apoyar sus tasas de productividad con inversiones considerables en infraestructura,

investigación, desarrollo y formación de capital humano. Acevedo Volg, Adolfo. José Impactos potenciales del

Tratado de Libre Comercio Centroamérica- Estados Unidos en el sector agrícola y la pobreza rural en Nicaragua.

Págs. 67-118. Comité Servicios de los Amigos Centroamérica. Mayo 2003.

26 López Calera, Nicolás María. Teoría crítica del derecho, Anuario de derechos humanos. Facultad de Derecho

Universidad Complutense, Madrid, 1986-87, Vol. 4. Pág. 164.

–27–


Revista de derechos humanos

dos últimas décadas del siglo pasado, la

emigración fue propiciada por la represión

y el terrorismo de Estado hacia los

ciudadanos, en el presente las causas son

de carácter económico, determinadas

por el inducido deterioro de los Estados

productores de productos agrícolas y

de productos manufacturados, llamados

en nuestro medio, “maquila”. A ello se

deben agregar los factores inveterados

ligados a la concentración de la riqueza

en pocas manos y a las políticas antipopulares

de los organismos gestores de la

“ayuda para el desarrollo”, léase Banco

Mundial, Fondo Monetario Internacional,

etcétera.

Los Estados Unidos de América

y los Estados centroamericanos en las

negociaciones del Tratado de Libre Comercio,

obviaron las disposiciones contenidas

en los Pactos Internacionales de

Derechos Económicos, Sociales y Culturales

y de Derechos Civiles y Políticos

de los que forman parte, ya que se dejó a

los “inmigrados centroamericanos en los

Estados Unidos de América, sometidos

a la inestabilidad migratoria, y todo lo

que ello significa, fundamentalmente

en lo que respecta a no tener derechos

laborales para la inmensa mayoría de

los inmigrados, impedir el proceso de

reunifación familiar, etcétera”. 27

“El Tratado no incorpora el tema

de los inmigrantes, en cuanto a la necesidad

de que tengan una estabilidad

migratoria legal, que les permita gozar

de los derechos laborales que dan las

leyes de los Estados Unidos de América

y además que permita la reunificación

familiar, como un derecho básico del

inmigrado. Esto evitaría, por una parte,

que las transnacionales norteamericanas

vinieran a tener las mismas actitudes que

las empresas regionales, en cuanto a no

respetar los derechos de los trabajadores

en los ámbitos nacionales estatales; y en

segundo lugar, evitaría que las empresas

norteamericanas en su territorio no abusen

de los inmigrados negándoles todos

sus derechos y sometiéndolos a procesos

de explotación inhumanos”. 28

2. A manera de conclusión

Podemos concluir que, en medio de

la vorágine de conflictos entre el Estado

apellidado “democrático y de derecho”,

bajo los auspicios de la clase dirigente de

los Estados Unidos de América, existe un

27 FMLN, Posición de los temas sustantivos del Tratado de Libre Comercio –TLC– El Salvador y los países de la

región con los Estados Unidos, inaceptables para los intereses de nuestro país y la región centroamericana.

Diciembre 2004. Pág. 66.

28 Ibídem.

–28–


A propósito del artículo sexto de la declaración universal de los derechos humanos –1948–

abandono de los principios democráticos

del derecho y del humanismo. Por tanto,

el reconocimiento del derecho a la personalidad

y los derechos subjetivos del

ser humano no pueden quedar al margen;

“...no puede olvidarse la importancia que

tiene la estructuración fundamental de la

historia humana y social, si se tiene en

cuenta que, en gran medida, el derecho

es un modo especialmente dominante

entre otros muchos como la política, la

religión, la amistad, etc., de resolver o

de manipular, si se quiere, esa intrínseca

conflictividad de lo humano”. 29 Si tomamos

en cuenta que los conceptos de

Estado, ley, propiedad, contrato, sujeto,

delito, etc., no surgieron en la sociedad

contemporánea, sino en la precedente,

lo que equivale a decir que surgieron

por y para el individuo de la naturaleza

humana que era atribuida por Locke, al

burgués y al mercader del siglo XVIII, se

puede destacar que en los gobiernos de

los Estados, en particular nuestro caso,

el Estado de Guatemala, la élite gobernante

está dominada por la obsesión de

poder, el lujo y la manipulación de los

hombres. En última instancia, se olvidó

que nos encontramos inmersos en un

proceso histórico “mediante el cual el

hombre desarrolla sus cualidades específicamente

humanas, sus facultades de

amar y de comprender; y una vez que ha

desarrollado su plena humanidad puede

volver a la unidad perdida entre él y el

mundo”. 30

Asistimos, de manera elocuente, a

la puesta en marcha del Tratado de Libre

Comercio y a que éste se convierta

en un golpe certero a la estructuración

de las reglas de orden jurídico, que

contribuya a subvertir el orden jurídico

internacional, y a tener dos parámetros

de medición para juzgar una misma

variable: por un lado, al respeto de los

derechos a la personalidad y los derechos

subjetivos de las personas calificadas del

primer mundo, y de otro, a la pérdida o

arrebato de dichos derechos a los habitantes

del tercer mundo, provocando con

ello mayor número de posibilidades para

las migraciones y la desestabilización de

los Estados.

El neoliberalismo está creando convenciones

que trastocan los cimientos

mismos del orden jurídico internacional,

que otrora contribuyeron a crear

y apoyar. En este sentido, se pone en

entredicho el concepto de validez de las

normas jurídicas en el derecho imperial

29 López Calera, Nicolás María. Op. cit. Pág. 169.

30 Fromm, Erich. Marx y su concepto de hombre. Fondo de Cultura Económica, México, 1991. Pág. 75.

–29–


Revista de derechos humanos

y con ello se profundiza, aún más, la

tan cuestionada soberanía estatal de

los países periféricos o de traspatio del

imperio.

La élite gobernante doméstica se

olvida que aún es tiempo de rectificar,

o de lo contrario, la historia rectificará

en nombre de la humanidad. Estamos

ante el fenómeno de la enajenación,

debido entre otras cosas, a que las élites

gobernantes “tienen ojos y no ven, tienen

oídos y no oyen”.

Referencias:

A. Bibliográficas

1. Acevedo Volg, Adolfo José. Impactos

potenciales del Tratado de Libre

Comercio Centroamérica– Estados

Unidos en el sector agrícola y la

pobreza rural en Nicaragua. Comité

Servicios de los Amigos Centroamérica.

Mayo 2003.

2. Almoguera Carreres, Joaquín.

“Acerca de la ambigüedad del derecho

moderno” Anuario de derechos

humanos. Facultad de Derecho

Universidad Complutense, Madrid,

1986-87, Vol. 4.

3. Bobbio, Norberto. “Presente y porvenir

de los derechos hu manos” Anuario

de Derechos Hu manos. Facultad de

Derecho. Universidad Complutense,

Madrid, 1982, Vol. 1.

4. Dabin, J. El derecho subjetivo.

Editora Revista de Derecho Privado,

Madrid, 1955, Trad. de F. J.

Osset.

5. FMLN, Posición de los temas sustantivos

del Tratado de Libre Comercio

–TLC– El Salvador y los países

de la región con los Estados Unidos,

inaceptables para los intereses de

nuestro país y la región centroamericana.

Diciembre, 2004.

6. Fromm, Erich. Marx y su concepto

de hombre. México: Fondo de Cultura

Económica, 1991.

7. López Calera, Nicolás María. “Teoría

crítica del derecho”. Anuario

de derechos humanos. Facultad de

Derecho Universidad Complutense,

Madrid, 1986-87, Vol. 4.

8. Recaséns Siches, Luis. Introducción

al estudio del derecho. Porrúa,

México: 1970.

9. Ross, A. Sobre el derecho y la justicia.

3ª ed. Buenos Aires: Eudeba,

1974, Trad. G. Carrió.

10. Soriano, R. Compendio de teoría

general del derecho. Barcelona:

Ariel, 1986.

–30–


La repercusión de la tenencia de la

tierra en el respeto a los derechos

humanos sociales y económicos de

los guatemaltecos


ASTRID ZOSEL GANTENBEIN

Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales, Abogada y Notaria por la Universidad

Rafael Landívar. Participó en el diplomado en Derecho Constitucional, impartido por

la Embajada de México, el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala y La Barra

Mexicana, Colegio de Abogados, A.C.

Se ha desempeñado profesionalmente en la Corte de Constitucionalidad de Guatemala

y en el Bufete Profesional Z y M; abogada litigante en las ramas del derecho de

familia, civil, laboral, mercantil, contencioso-administrativo y constitucional. También

laboró como coordinadora académica en la Universidad Rafael Landívar, de donde fue

docente y asesora del Bufete Popular en las ramas del derecho civil, laboral y notariado;

actualmente se desempeña como asesora legal del Ministerio de Comunicaciones,

Infraestructura y Vivienda del Gobierno de la República de Guatemala.

Publicó el Manual práctico sobre violencia intrafamiliar, dirigido a promotores

jurídicos y líderes comunitarios, con el apoyo de la Universidad Rafael Landívar y de

la Secretaría Ejecutiva de la Instancia Coordinadora y de Monitoreo del Sector Justicia

(ICMSJ) del programa denominado Reforma del Sector Justicia 2003.

–32–


RESUMEN EJECUTIVO

La reforma agraria y las invasiones a fincas privadas o del gobierno son temas

tratados desde hace mucho tiempo en Guatemala; se han discutido desde la

fallida reforma agraria impulsada por el ex presidente Juan Jacobo Arbenz Guzmán

hasta la actualidad.

Este artículo inicia con una sucinta referencia a la evolución histórica del tema

de la tenencia de la tierra en Guatemala y analiza el papel desempeñado por los

gobiernos de turno. Adicionalmente, presenta el organigrama, políticas y procedimientos

internos de la institución pública actualmente encargada del tema: el Fondo

de Tierras (FONTIERRAS). A partir de este análisis, se propone una solución al

problema del acceso a la tierra a través del mercado y se incluye una aproximación

al tema del mercado de tierras en Guatemala.

–33–


ABSTRACT

The agrarian reform and the invasions to governmental or private farms are issues

that have been treated for a very long time in Guatemala; they have been

discussed since the failed agrarian reform prompted by the former president Juan

Jacobo Arbenz Guzmán until now.

This article begins with a brief reference to the historical evolution of the issue

about the possession of the land in Guatemala and the role performed by the governments

in charge. This analysis comes to the present time, when the public institution

responsible for the subject is Fund of Lands (Fondo de Tierras –FONTIERRAS–);

from which, the organization chart, policies and internal procedures, are presented.

From this analysis, a solution to the access of the land through the market is proposed.

An approximation to the market of lands in Guatemala, is also included.

–35–


CONTENIDO

Introducción ..........................................................................................................39

1. La tenencia de la tierra en Guatemala ..........................................................40

1.1 Evolución histórica de la tenencia de la tierra en Guatemala ..............40

1.1.1 Inicios de la vida independiente en Guatemala ....................40

1.1.2 La Revolución de Octubre de 1944 .......................................42

1.1.3 Durante la década de los años 1970 a 1980 ..........................46

2. El Fondo de Tierras (FONTIERRAS)...........................................................47

2.1 Antecedentes históricos sobre la creación del Fondo de Tierras .........47

2.2 Objetivos, misión y visión ...................................................................49

2.2.1 La visión del Fondo de Tierras ..............................................50

2.2.2 La misión de FONTIERRAS ................................................50

2.2.3 Los objetivos FONTIERRAS ................................................50

2.3 Organización interna del Fondo de Tierras ..........................................53

2.3.1 El Consejo Directivo .............................................................53

a) Las resoluciones del Consejo Directivo ............................54

b) Las funciones del Consejo Directivo ................................54

c) Las políticas dictadas por el Consejo Directivo...............55

3. Comité de control y verificación .....................................................................57

3.1 De las funciones del Comité de Control y Verificación .......................57

3.2 De la conformación del Comité de Control y Verificación ..................58

3.3 Unidad Externa de Asistencia Técnica (UEAT)...................................58

4. Oficina de la Mujer Campesina ......................................................................58

5 Subgerencia de Acceso a la Tierra ..................................................................58

5.1 Área Socioeconómica .........................................................................59

5.2 Área Técnica .......................................................................................59

5.3 Área de Asistencia Técnica .................................................................59

–37–


Revista de derechos humanos

5.4 Asesoría Jurídica ..................................................................................59

5.5 Sedes regionales y equipos móviles .....................................................60

5.6 Unidad de Servicios Notariales ............................................................61

5.7 Requisitos para ser beneficiarios del Fondo de Tierras ........................61

5.8 Entrega de tierras durante el periodo 1998-2004 .................................63

6. El mercado de tierras en Guatemala ...............................................................64

6.1 Concepto general de mercado ..............................................................64

6.2 De la existencia de un mercado de tierras en Guatemala.....................65

6.3 Clases de mercado de tierras existentes en Guatemala ........................67

6.4 Críticas al mercado como el encargado de regular

el acceso a la tierra ...............................................................................68

7. Del análisis actual del Fondo de Tierras y de la visita realizada a diferentes

fincas otorgadas con créditos del Fondo de Tierras y su realidad actual. .......68

7.1 Finca Nuevo Santiago Cabricán...........................................................72

7.2 Finca El Mirador ..................................................................................74

7.3 Finca Buenos Aires ..............................................................................75

Conclusiones ........................................................................................................77

Conclusión General ............................................................................................79

Recomendaciones ...............................................................................................79

Referencias ..........................................................................................................81

–38–


La repercusión de la tenencia de la tierra

en el respeto a los derechos humanos sociales y

económicos de los guatemaltecos 1

Astrid Zosel Gantenbein

Introducción

El tema de la tenencia de la tierra en

Guatemala ha sido objeto de múltiples

discusiones, hecho que motivó a

los gobiernos de turno a crear instituciones

para solucionar el problema. El

presente artículo surge como resultado

del trabajo de investigación y está encaminado

a determinar el impacto que

sobre los derechos humanos sociales

y económicos ha causado la forma en

que se encuentra repartida la tierra en

el país.

Se inició el estudio con una evolución

histórica del tema en forma muy

general, para luego concentrarse en el

estudio de la organización y procedi-

mientos del Fondo de Tierras, en adelante

identificado como: “FONTIERRAS”

o “ el Fondo”, la institución del Estado

encargada actualmente de poner en

práctica los programas pertinentes para

solucionar la controversia que surge de

la tenencia de la tierra en Guatemala.

También se incluyó una aproximación

al tema del mercado de la tierra

en Guatemala, ya que a través de éste,

FONTIERRAS propone una solución al

acceso de la tierra.

El marco teórico, unido a la información

y datos recopilados en las visitas

a fincas entregadas mediante créditos

otorgados por FONTIERRAS, permitió

arribar a conclusiones cla ras sobre la rea-

1 Este artículo es producto de la investigación realizada por la autora, gracias al “Proyecto Regional de Apoyo a

la Educación, Capacitación e Investigación en Derechos Humanos en Centroamérica” a través del Instituto de

Derechos Humanos de la Universidad de San Carlos de Guatemala –IDHUSAC– y del Instituto de Investigaciones

Jurídicas de la Universidad Rafael Landívar –IIJ/URL–.

–39–


Revista de derechos humanos

lidad del tema en la actualidad política

y social del país, permitiendo realizar

algunas propuestas orientadas a obtener

solución a los problemas detectados.

1. La tenencia de la tierra

en Guatemala

1.1 Evolución histórica de la

tenencia de la tierra en

Guatemala

La tenencia de la tierra en Guatemala

es un tema permanente, que ha

despertado interés social y económico

en cada una de las etapas de la historia

nacional. Es indiscutible que la tierra es

uno de los principales medios de subsistencia

para los guatemaltecos; junto a la

mano de obra, constituyen los medios de

producción más activos y comúnmente

utilizados para producir alimentos destinados

al consumo familiar, así como

cultivos comerciales que han permitido

a las familias y a los individuos en general,

satisfacer otras necesidades básicas.

Esa realidad convierte a la “tierra” en

uno de los recursos más poderosos con

que cuentan las personas para aumentar

y ampliar su dotación de activos. Por

tales razones, es importante destacar las

principales fases evolutivas del tema,

ya que como lo manifestó Edgar Carr,

la doble función de la historia consiste

en hacer que el hombre sea capaz de

comprender la sociedad del pasado,

para dominar mejor la sociedad del

presente. 2

1.1.1 Inicios de la vida

independiente en Guatemala

Guatemala se declaró como república

independiente de la Corona Española,

el 15 de septiembre de 1821, y

desde esa fecha, las políticas sobre la

tenencia de la tierra han sufrido grandes

cambios; no obstante, durante la

época colonial se formaron las bases

para constituirse como una sociedad

eminentemente agrícola latifundista,

por lo que fue en los primeros días de

la vida independiente de Guatemala

cuando se tomaron las primeras medidas

agrarias encaminadas a transformar la

tierra en propiedad privada, política que

fue impulsada mediante la emisión de

la llamada “Reforma Agraria Liberal”

contenida en el Decreto 170 promulgado

en el año 1877. En este cuerpo normativo,

los factores de producción: tierra y

hombre, fueron puestos bajo control de

la clase económicamente dominante de

la época, conocida como clase burguesa

liberal, la que se unió a la oligarquía

latifundista colonial y juntas llegaron

2 Carr, Edgar. Pensamientos. Argentina, Editorial Educa. 1985.

–40–


La repercusión de la tenencia de la tierra en el respeto a los derechos humanos sociales…

a conformar un poderoso grupo social

dominante en el país.

Como resultado de las múltiples

confrontaciones surgidas entre la clase

política dominante de la época y la Iglesia

Católica, que era propietaria de grandes

extensiones de tierra y de numerosos

inmuebles dentro de las poblaciones, se

realizaron diversas acciones de tipo político-social

que ayudaron a consolidar

el dominio de las clases de la época; este

proceso se acentuó con la llamada desamortización,

que consistió en vender

la tierra de la Iglesia Católica y de las

comunidades indígenas, lo que permitió

que la burguesía comercial formada

como resultado de la comercialización

del añil, café y otros productos con fuertes

mercados, se convirtiera también en

latifundista, disfrazando sus ambiciones

personales y su interés de clase, como

un interés nacional que al final justificó

todas las medidas tendientes a concentrar

los medios de producción: tierra, capital

y trabajo, en manos de pocos. 3

Con el surgimiento de grandes y nuevos

latifundios y con la consolidación de

los colonialmente preexistentes, que se

dedicaron principalmente al cultivo del

café, se presentó una transformación

rápida de propietarios de latifundios a

agroexpotadores, transformación que se

llevó a cabo mediante la participación

directa de capital proveniente de bancos

alemanes.

La política agraria de Justo Rufino

Barrios en 1877 trajo consigo la promulgación

del Decreto 177 o Reglamento de

Jornaleros y de la Ley de Redención de

Censos, cuerpos legales que no fueron

aceptados pacíficamente por los comuneros

indígenas, pues mediante estas

normas legales se regulaba la expropiación

de sus tierras y su conversión en

mozos de las plantaciones cafetaleras.

Los diferentes levantamientos de grupos

indígenas que incluyeron la quema

de plantaciones tanto de café como de

caña, fueron controlados mediante la

utilización de la fuerza armada por parte

del ejército liberal.

El brote más violento de la época

fue conocido como el “Levantamiento

General de Momostenango”, que fue

controlado mediante el asesinato de los

miembros de las comunidades indígenas

de la localidad. 4

Después del dominio primordial

del capital alemán, que controló la

producción cafetalera en los latifundios

del país, dicho esquema fue modificado

3 Castellanos Cambranes, Julio. Tenencia del desarrollo agrario. Tercera Edición, Costa Rica, 1975, Pág. 345.

4 Ibídem.

–41–


Revista de derechos humanos

por la instalación de compañías transnacionales;

esta situación se consolidó

durante el gobierno de Manuel Estrada

Cabrera, quien instauró políticas que

permitieron la instalación en el país de

intereses monopolísticos extranjeros. Es

de trascendental importancia mencionar

a la United Fruit Company, entidad que

transformó la historia nacional, ya que

se apodede extensas zonas de tierras

aptas para el cultivo del banano cercanas

a la costa del Atlántico y monopolizó

los medios conexos al transporte más

estratégicos de la infraestructura productiva

del país, tales como el Puerto

Santo Tomás de Castilla –con salida al

océano Atlántico–, el uso y tenencia del

único sistema ferroviario que permitía

enlazar a la ciudad de Guatemala con el

mencionado puerto y mantuvo el control

del sistema de telecomunicaciones internacionales

que existían en la época.

Originalmente, dicha entidad no

tuvo un choque directo con el poder

hegemónico de los caficultores latifundistas

asentados en el país, puesto que

por simple requerimiento de los cultivos,

las tierras que resultan ser aptas para la

siembra de café no son las mismas que

aquéllas en las que se puede cultivar y

explotar exitosamente el banano; además,

las diferencias climáticas y territoriales

que ambos cultivos necesitan,

permitieron establecer una brecha que

evitó la confrontación o rivalidad por la

utilización de la mano de obra para la

siembra y cosecha de ambos productos,

ya que la explotación bananera encabezada

por la United Fruit Company contó

con mano de obra mestiza, es decir, con

descendientes de esclavos negros traídos

al país para desplazar la esclavitud

indígena, que se establecieron en localidades

cercanas a la costa del Atlántico,

mientras que el corte del café continuó

con el uso de mano de obra básicamente

indígena. Aunado a ello, surgió con gran

fuerza la clase burocrática del país, que

se caracterizó por funcionarios públicos

que llegaron a ocupar las más altas

posiciones en la dirección estatal, con

prácticas corruptas que les permitieron

convertirse en poco tiempo en finqueros

y en hombres de negocios, dueños de

grandes fortunas provenientes de las

arcas públicas. Este esquema latifundista

se conservó con pequeños cambios de

actores, pero siempre con el mismo

resultado: la riqueza y la tierra como un

factor de producción aún concentrada en

manos de pocos.

1.1.2 La Revolución de Octubre

de 1944

La Revolución de Octubre de 1944,

permitió que los gobiernos de la revolución

de Juan José Arévalo y Jacobo

Arbenz promulgaran la abolición del

trabajo forzoso en el medio rural guatemalteco,

mediante la vigencia del

–42–


La repercusión de la tenencia de la tierra en el respeto a los derechos humanos sociales…

Código de Trabajo, cuerpo normativo

legal que constituyó un logro trascendental

para la sociedad asalariada del

país, tanto rural como urbana, pues le

reconoció formalmente los derechos a

la libre sindicalización, huelga, salarios

mínimos, entre otros.

El ex presidente Jacobo Arbenz

Guzmán fue el primer y único gobernante

que puso en práctica una reforma

agraria real en Guatemala, mediante la

emisión del Decreto 900, promulgado

el 17 de junio de 1952; mediante dicho

decreto, se reguló la oportunidad para los

terratenientes de latifundios, de entregar

voluntariamente su tierra ociosa a cambio

de una indemnización, y en caso que

dicha entrega no se produjera voluntariamente,

se estableció el procedimiento

legal por virtud del cual el gobierno

determinaría la parte de la propiedad

que sería objeto de expropiación; sin

embargo, tal medida se catalogó de comunista,

y como consecuencia, se tachó

al gobierno de ostentar dicha doctrina,

en un ambiente internacional de mucha

especulación y presión ejercida por dos

potencias mundiales que se enfrentaban

indirectamente en diversos escenarios

mundiales como lo son los Estados

Unidos de América y la extinta Unión

Soviética, en los inicios de la Guerra Fría.

El panorama mundial de la época se

regía por el paradigma de una lucha ideológica

entre comunistas y capitalistas, que no

se enfrentaban sino que se concentraban en

la obtención de aliados estratégicos; esta

condición trajo consecuencias nefastas

para el gobierno arbencista, que finalmente

fue derrocado durante 1954, con la ayuda

del gobierno de los Estados Unidos de

América, que tenía la seguridad de que

en Guatemala se estaba implantando un

gobierno comunista. No obstante, al inicio

del período arbencista, el gobierno había

sido bien visto por parte del propio gobierno

norteamericano, aunque con ciertas

reservas, pues dicho gobierno se había

propuesto cumplir con el plan trazado para

Guatemala en el informe 1951 por el Banco

Mundial, en el que figuraba como una

de las metas principales, la construcción de

750 millas de carreteras pavimentadas que

conectarían la capital del país con el Puerto

Santo Tomás de Castilla en las costas del

Atlántico. Para dicho propósito, el gobierno

contrató a una empresa norteamericana,

quien la desarrolló, y tal como Arbenz y el

Banco Mundial lo habían pronosticado, la

existencia de esta carretera obligó al ferrocarril

a bajar sus tarifas.

Además, Guatemala firmó un contrato

con otras empresas norteamericanas

como la Morrison – Knudsen, para la

construcción del Puerto Santo Tomás de

Castilla y con la Westinghouse, para estudiar

la viabilidad de la construcción de

una hidroeléctrica en el departamento de

Escuintla (Jurún); dichas obras tuvieron

como resultado que el embajador norteamericano,

en mayo de 1954, estableciera

–43–


Revista de derechos humanos

que “el gobierno actual (refiriéndose al

gobierno de Arbenz) promete dejar un

récord de logros reales en el campo de

las obras públicas”; aunado a ello, los

precios del café a nivel internacional fueron

muy buenos, permitiendo que Guatemala

tuviera una economía próspera durante

los años 1953 y 1954. No obstante,

el descontento por unas medidas fiscales

y aduaneras que golpearon seriamente

tanto los bolsillos de los ricos del país

como a los pobres urbanos, aunado al

descontento generalizado de los terratenientes

por la existencia del Decreto

900, más la presentación al Congreso de

la República del primer proyecto de ley

del impuesto sobre la renta, dieron como

resultado un rechazo violento por parte

de los opositores contra el gobierno de

Arbenz, lo cual provocó su derrocamiento.

Al respecto, Paz dijo: esa epopeya se

convirtió en un melodrama, 5 refiriéndose

a la reforma agraria, texto del cual

se extrajo, además, parte del discurso

pronunciado por el presidente Arbenz el

19 de junio de 1954, en el cual expresó:

“Nuestro único delito consistió en decretar

nuestras propias leyes y aplicarlas a

todos sin excepción. Nuestro delito es

haber iniciado una reforma agraria que

afectó los intereses de la United Fruit

Company. Nuestro delito es desear tener

nuestra propia ruta al Atlántico, nuestra

propia energía eléctrica y nuestros propios

muelles y puertos. Nuestro delito

es nuestro patriótico deseo de avanzar,

progresar y obtener una independencia

económica”. 6

Después del derrocamiento del

presidente Arbenz y para sorpresa de

muchos, en 1961 se suscribió la “Carta

de Punta del Este”, la cual, en su título

primero, estableció como objetivo 6

impulsar dentro de las particularidades

de cada país, programas de reforma

agraria integral, orientada a la efectiva

transformación de la estructura e injustos

sistemas de tenencia y explotación

de la tierra donde así se requiera, con

miras a sustituir el régimen del latifundio

y minifundio por un sistema

justo de propiedad, de tal manera que

la tierra constituyera para el hombre

que la trabaja, base de su estabilidad

económica, fundamento de su progresivo

bienestar y garantía de su libertad

y dignidad. 7 Guatemala, como Estado

que suscribió el tratado, quedó obligado

a crear leyes que, además de permitirle

cumplir con lo acordado internacionalmente,

le permitieran controlar la

5 Paz C., Guillermo. Guatemala reforma agraria. Guatemala: Editorial Ludovico. S.A., 1986.

6 Handy, Jim. Reforma y contrarreforma política agraria en Guatemala, 1952 - 1957 Págs. 386 - 395.

7 Loc. cit.

–44–


La repercusión de la tenencia de la tierra en el respeto a los derechos humanos sociales…

agitación campe sina que no se podía

controlar pacíficamente en el medio

rural guatemalteco, con lo que inició la

política de acceso a la tierra que se llevó

a cabo dentro del llamado “Programa de

Desarrollo Rural Guatemalteco”, en el

cual Estados Unidos de América tuvo

una participación significativa de 14

millones de dólares que se destinaron

al reasentamiento de campesinos en 19

proyectos de colonización.

La primera medida política que se

tomó en este tema fue la aprobación

del Estatuto Agrario, Decreto 559 del

Presidente de la República, en el año

de 1956; mediante éste, se regularon

las actividades de la “Nueva Reforma

Agraria”; y este proceso fue conocido

como la “Contrarreforma Agraria”,

que incluía la posibilidad de que las

tierras que fueron expropiadas al tenor

del Decreto 900 fueran devueltas a sus

propietarios. De las 765,233 manzanas

de tierra expropiadas, 603,775 fueron

devueltas a sus propietarios originales,

dentro de los cuales figuraba la United

Fruit Company (UFCO). 8

Este modelo reformista tuvo su mayor

auge a partir de la política de acceso

a la tierra que se concretó mediante la

emisión de la Ley de Transformación

Agraria, Decreto 1551 del Congreso de

la República, cuerpo legal que sirvió

de punto de partida para que el Estado

tomara un rol planificador, mediante

la creación de las llamadas Zonas de

Desarrollo Agrario, las Comunidades

Agrarias y el Sector Público Agrario,

que se desarrollaron al amparo de la Ley

de Transformación Agraria, que además

institucionalizó el surgimiento del Instituto

Nacional de Transformación Agraria

(INTA), el cual tenía a su cargo el

otorgamiento de parcelas a campesinos

para ayudar al desarrollo económico del

sector agrícola y así ordenar la política

de la colonización seguida desde la contrarrevolución

de 1954.

Al ser nuevamente reclamadas las

tierras que se expropiaron a los terratenientes,

en Guatemala se presentaron

fenómenos sociales de mucha tensión

entre los campesinos, quienes fueron

tachados en su mayoría de comunistas,

y por lo tanto, fueron perseguidos, lo que

provocó que muchos beneficiarios del

Decreto 900 huyeran a refugios temporales

en las montañas guatemaltecas y en

el sur de México, ya que por muy buenas

que fueran las intenciones que se tenían

con la Ley de Transformación Agraria,

lo cierto es que las acciones seguidas no

mostraron resultados significativos para

8 Loc. cit.

–45–


Revista de derechos humanos

la realidad del país, ya que no se afectó a

las oligarquías terratenientes nacionales,

ni se logró controlar la tensión social que

estaba en aumento, acelerando las condiciones

para el inicio de movimientos

revolucionarios, lo cual provocó que se

declarara “Zona de Desarrollo Agrario”

la región denominada como transversal

del norte, la cual desarrolla la colonización

de tierras vírgenes ubicadas en los

departamentos de Izabal, Petén, Huehueteanango,

Alta Verapaz y Quiché.

1.1.3 Durante la década de los años

1970 a 1980

Se siguió desarrollando la política

de colonización; aunque en el país se

vivía una guerra interna, se entregó a

los campesinos parte de las fincas que

habían sido decomisadas a los alemanes

durante la Segunda Guerra Mundial y

que habían sido transformadas en fincas

de carácter estatal. Este proyecto de

acceso a la tierra incluyó créditos y el

acceso a otros servicios con el objeto de

reducir la presión sobre la tierra, a través

de cultivos para la demanda interna, ya

que el empleo temporal para los cortes

de café o caña en los territorios latifundistas

se daba sólo periódicamente y no

constituía una fuente de trabajo permanente

y estable.

Además, a esta política se unió el

proceso de colonización agropecuaria

del departamento de Petén, –conformado

en su mayoría territorial por un

bosque tropical húmedo–, mediante la

emisión de la Ley de Colonización de

Petén, Decreto 38-71 del Congreso de

la República. Esta colonización se llevó

a cabo bajo el mismo esquema latifundista,

en el que a los terratenientes se

les asignaron hasta 450 hectáreas y a los

parcelarios 45, por lo que las medidas

adoptadas tuvieron poco impacto en la

solución del problema de acceso a la

tierra, ya que la colonización de tierras

vírgenes tanto de la región de la Franja

Transversal del Norte como de Petén,

resultó ser demasiado onerosa para el

campesino del área rural guatemalteca,

el cual se seguía desarrollando bajo la

misma estructura agraria histórica del

país. Esto, puesto que los adjudicatarios

de terrenos en su mayoría no lograban

obtener más de una manzana de extensión,

lo cual provocó que la distribución

de la tierra y la generación de polos de

desarrollo no generaran por sí mismos

las condiciones necesarias para erradicar

la pobreza, ni para disminuir la

tensión imperante en el área rural, pues

en su mayoría, los terrenos de la Franja

Transversal del Norte y de la parte baja

del departamento de Petén fueron adjudicados

anómalamente a militares y a ex

militares de turno, que rápidamente se

convirtieron en terratenientes de grandes

extensiones de tierra.

–46–


La repercusión de la tenencia de la tierra en el respeto a los derechos humanos sociales…

En la década de 1990, lo más relevante

en política sobre acceso a la

tierra fue el viraje que se llevó a cabo

en el INTA, de planes de colonización

a un programa denominado “Banco de

Tierras”, que se caracterizó por tener

como columna vertebral el funcionamiento,

compra y venta de tierra a

grupos campesinos organizados, y fue

establecido desde mediados de la década

de los ochenta a traves de la emisión

de la Ley de Empresas Campesinas

Asociativas, Decreto 67-84 del Jefe de

Estado de Guatemala, Oscar Humberto

Mejía Víctores, ley que sirvió de amparo

para desarrollar programas de compra

de tierra.

2. El Fondo de Tierras, también

denominado FONTIERRAS

2.1 Antecedentes históricos sobre la

creación del Fondo de Tierras

El 29 de diciembre de 1996, el gobierno

de la República de Guatemala

y la Unidad Revolucionaria Nacional

Guatemalteca –URNG–, firmaron los

Acuerdos de Paz, para dar fin a un conflicto

armado que existió en el país por

más de 36 años.

Este conflicto armado produjo grandes

separaciones sociales, culturales e

ideológicas en un país como Guatemala,

que se ha caracterizado sociológicamente

como un país multiétnico, pluricultural

y multilingüe, dentro de la unidad

del Estado y en la indivisibilidad de su

territorio.

De acuerdo con el censo de población

del año 2002, el 41% de la población

guatemalteca es indígena, del cual el

39% pertenece a alguno de los 21 grupos

mayas existentes en el país, y el 2% es

xinca o garífuna, y mientras que el 59%

de la población es ladina. El idioma oficial

es el español, pero se hablan además 23

lenguas indígenas mayas y un dialecto

garifuna; y a la fecha la agricultura,

la ganadería, la caza y la pesca siguen

siendo las ramas económicas a las que el

42% de la población total se dedica. 9

Por tales razones los Acuerdos de

Paz, en su contenido y en su espíritu,

buscaban el establecimiento de un Estado

democrático y la aplicación de medidas

económicas y sociales orientadas a promover

el desarrollo sostenible de todos

los guatemaltecos y guatemaltecas, en un

marco de tolerancia y respeto a la diversidad

política y cultural existente en el país.

9 Censo Poblacional realizado por el Instituto Nacional de Estadística (INE), Guatemala, 2002.

–47–


Revista de derechos humanos

Entre los compromisos que se

establecieron en los Acuerdos de Paz,

resaltan el “Acuerdo sobre Identidad y

Derechos de los Pueblos Indígenas” y el

“Acuerdo sobre Aspectos Socioeconómicos

y Situación Agraria”, que fueron

suscritos en la ciudad de México D.F.

el 31 de marzo de 1995 y el 6 de mayo

de 1996, respectivamente. En estos

acuerdos, se expresa la necesidad de

facilitar el acceso a la tierra productiva

a la población indígena y campesina que

no la posee o que la posee en cantidades

insuficientes para superar sus condiciones

de pobreza.

Es en este contexto en el que el gobierno

de Guatemala, bajo la dirección

del Presidente Alvaro Arzú Irigoyen,

se compromete a crear un “Fondo de

Tierras”, compromiso que fue cumplido

mediante la emisión del Acuerdo Gubernativo

392-97 de fecha 14 de mayo

de 1997, mediante el cual se creó el

Fondo de Tierras Acuerdos de Paz,

en base al cual se otorgó la Escritura

Pública número ciento cuarenta y tres

(143) de fecha ocho de julio de 1997

autorizada en la ciudad de Guatemala

por el Escribano de Cámara y de Gobierno,

por medio de la cual se constituyó

el Fideicomiso Fondo de Tierras

Acuerdos de Paz, en el Banco Nacional

de Desarrollo Agrícola, hoy Banco de

Desarrollo Rural, Sociedad Anónima

–BANRURAL–.

El referido fideicomiso tenía el propósito

de atender las primeras solicitudes

de crédito para la compra de tierras productivas,

especialmente de la población

desmovilizada y de las personas que con

la firma de la paz retornaron al país.

Siete meses después de la constitución

del referido fideicomiso y en

cumplimiento a los Acuerdos de Paz,

fue creada la Comisión Paritaria sobre

Derechos Relativos a la Tierra de los

Pueblos Indígenas –COPART– mediante

Acuerdo Gubernativo 515-97, comisión

que tenía por objeto discutir y promover

la legislación e institucionalidad

agraria que permitiera la solución de la

problemática de la tenencia de la tierra

en Guatemala.

La comisión paritaria fue conformada

por delegados del gobierno y

dirigentes de más de 350 organizaciones

indígenas y campesinas de la Comisión

Nacional Permanente de Tierras –CNPT

TIERRAS–, quienes discutieron y aprobaron

por consenso el anteproyecto de

la Ley del Fondo de Tierras. Éste fue

presentado ante la Comisión de Acompañamiento

de los Acuerdos de Paz, el

Organismo Ejecutivo y el Congreso de

la República de Guatemala. La ley fue

aprobada mediante la emisión del Decreto

24-99 del Congreso de la República,

el 13 de mayo de 1999 y con vigencia a

partir del 24 de junio del mismo año.

–48–


La repercusión de la tenencia de la tierra en el respeto a los derechos humanos sociales…

En la Ley del Fondo de Tierras se

creó el FONDO DE TIERRAS, como

una entidad descentralizada del Estado,

que tiene competencia y jurisdicción en

todo el territorio nacional para el cumplimiento

de los objetivos, atribuciones

y funciones que le asigna dicha ley. Para

el efecto, el artículo cuarenta y ocho (48)

del cuerpo legal en mención estableció

que el Gobierno de Guatemala, ante los

oficios del Escribano de Cámara y de

Gobierno de Guatemala, trasladaría a

FONTIERRAS el fideicomiso denominado

“Fondo de Tierras Acuerdos de Paz” y

lo actuado por éste en el cumplimiento de

sus funciones, lo cual se verificó a través

de la Escritura Pública número 369 de

fecha 16 de diciembre de 1999. 10

2.2 Objetivos, misión y visión del

Fondo de Tierras –FONTIERRAS–

El orden del Estado, generado desde

la Constitución Política de la República

de Guatemala, se fundamenta en el principio

de la supremacía constitucional, el

cual implica que en la cima del ordenamiento

jurídico está la Constitución y

ésta, como ley suprema, es vinculante

para gobernantes y gobernados a efecto

de lograr la consolidación del Estado

constitucional de derecho. Ello implica

que la Constitución, según la teoría del

jurista austríaco Hans Kelsen es la norma

básica del ordenamiento legal y por

lo tanto, es la fuente común de validez de

todas las demás normas que pertenecen

a un mismo ordenamiento jurídico, al

que quedan supeditadas las normas de

rango ordinario con base al principio

normativo jerarquizado de legitimidad

formal que fundamenta y mantiene al

Estado constitucional de derecho.

En Guatemala, la supremacía constitucional

se reconoce específicamente

en el artículo 44 de la Constitución, que

reza: “Serán nulas ipso jure las leyes

y las disposiciones gubernativas o de

cualquier otro orden que disminuyan,

restrinjan o tergiversen los derecchos

que la Constitución garantiza”. 11

Bajo este análisis en el que se postula

a la Constitución como base del ordenamiento

jurídico nacional, debe tomarse en

cuenta que se le reconocen y también se

imponen derechos y obligaciones tanto a

gobernantes como a gobernados, siendo

una obligación específica establecida en

la Carta Magna el que el Estado promueva

el desarrollo económico de la nación,

10 Información obtenida en el Archivo General de Protocolos, dependencia de la Corte Suprema de Justicia de Guatemala,

noviembre de 2005.

11 Asamblea Nacional Constituyente. Constitución Política de la República de Guatemala, 1985.

–49–


Revista de derechos humanos

estimulando las actividades agrícolas y

pecuarias, así como que vele por el mejoramiento

del nivel de vida de todos los

habitantes del país, a través de la adopción

de medidas que sean necesarias para la

conservación, desarrollo y aprovechamiento

sostenible de los recursos naturales

en la forma más eficiente posible.

Dichas obligaciones constitucionales

sustentan el hecho de que FONTIE-

RRAS sea una institución de naturaleza

pública participativa y de servicio, instituida

para facilitar el acceso a la tierra

y generar condiciones para el desarrollo

rural integral y sostenible, a través de

proyectos productivos, agropecuarios,

forestales o hidrobiológicos, así como

para el aprovechamiento económico y

social del entorno ecológico.

2.2.1 La visión del Fondo de Tierras

Según lo manifestado en su memoria

de labores del año 2001, la visión

del FONTIERRAS es dar “Apoyo a

las familias para que se conviertan

gradualmente los campesinos y campesinas

en empresarios agrícolas, con

un alto grado de desarrollo, altamente

productivas y competitivas, como la

forma ideal de combatir la pobreza en

el área rural de nuestro país. Regularizar

la situación jurídica de las tierras

entregadas por el Estado desde 1962,

de tal manera que las personas que se

encuentren en posesión de tales tierras,

tengan certeza jurídica sobre la propiedad

de la misma”. 12

2.2.2 La misión de FONTIERRAS

Según lo manifestado en su memoria

de labores del año 2001, la misión del

FONTIERRAS es “Facilitar a familias

campesinas guatemaltecas, sin tierra

o con tierra, en situación de pobreza,

a través de mecanismos financieros

adecuados: a) El acceso a la tierra con

vocación agropecuaria y forestal, en

propiedad; b) Proyectos productivos,

económicos y ecológicamente sostenibles;

c) Servicios de asistencia técnica

integral sobre la base de honestidad,

responsabilidad, compromiso, servicio,

cooperación y solidaridad. Analizar,

revisar y actualizar los expedientes en

que consta la adjudicación y tenencia

de tierras entregadas o en proceso de

entrega por parte del Estado, en cumplimiento

de los Decretos números

1551, 60-70 y 38-71, todos del Congreso

de la República y sus reformas”.

2.2.3 Los objetivos de FONTIERRA

De conformidad con lo establecido

en el artículo 3 del Título I, Capítulo I de

12 Fondo de Tierras. Memoria de labores del Fondo de Tierras del año 2001.Guatemala, 2001

–50–


La repercusión de la tenencia de la tierra en el respeto a los derechos humanos sociales…

la Ley del Fondo de Tierras, los objetivos

del mismo son:

1) “Definir y ejecutar la política pública

relacionada con el acceso a la

tierra, en coordinación con la política

de desarrollo rural del Estado.

2) Administrar los programas de financiamiento

público orientados a

facilitar de diversas formas el acceso

a tierras productivas a campesinos

y campesinas, en forma individual

u organizada, sin tierra o con tierra

insuficiente.

3) Facilitar el acceso a la tierra en propiedad

a campesinos o campesinas

en forma individual u organizada a

través de mecanismos financieros

adecuados, así como el uso de los

recursos naturales de dichas tierras,

bajo criterios de sostenibilidad económica

y ambiental.

4) Promover la accesibilidad de recursos

para el financiamiento de la

compra de tierras por parte de los

grupos beneficiarios, procurando

que ésta permita la sostenibilidad

financiera del Fondo de Tierras y

de los proyectos productivos de los

beneficiarios.

5) Coordinar con otras instituciones

del Estado el desarrollo de inversiones

complementarias a las de

acceso de tierra, para garantizar

la consecución de proyectos integrales

de desarrollo agropecuario,

forestal e hidrobiológico.

6) Definir la política y promover programas

para facilitar el acceso de las

mujeres al crédito, para la compra

de tierra y proyectos productivos

relacionados con la misma.”

Asimismo, en el artículo 43 del Capítulo

II de la Ley del Fondo de Tierras,

se estableció como otro de los objetivos

para los que fue creado el Fondo de

Tierras, el de la regularización de los

procesos de adjudicación de tierras entregadas

por el Estado. Dichas funciones

de regularización fueron establecidas

por la ley de forma temporal por cinco

años, con una posibilidad de prórroga

por períodos de cinco años, con la autorización

del Consejo Directivo del

Fondo de Tierras. A la fecha, dicho plazo

ya fue prorrogado una vez, con el fin de

que FONTIERRAS pueda cumplir con

lo siguiente:

a) “…Resolver, agilizar y dar

trámite eficiente a las solicitudes

de adjudicación aún no

resueltas por el INTA hasta la

entrada en vigencia del Decreto

24-99,

b) Establecer y ejecutar los mecanismos

administrativos, técni-

–51–


Revista de derechos humanos

cos y reglamentarios necesarios

para regularizar la situación de

expedientes y de la tenencia de

la tierra entregada por el Estado

entre el 11 de octubre de 1962

y el día de la vigencia de la Ley

del Fondo de Tierras.

c) Solicitar y tramitar las inscripciones

registrales y emisión de

títulos de propiedad pendientes

de ser entregados a los programas

derivados de los Decretos

Números 1551, 60-70 y 38-71,

del Congreso de la República y

sus reformas, siempre y cuando

cumplan con los requisitos

establecidos en los decretos

referidos.

d) Cobrar los adeudos por adjudicación

de tierras que los beneficiarios

de los programas derivados

de los Decretos a los que se

refiere la literal anterior tengan

con las instituciones del Estado

responsables de su ejecución.

e) Promover las acciones necesarias

para el cobro de los

créditos otorgados a los beneficiarios

de FONTIERRAS, a

efecto de mantener una cartera

sana y con mínimos niveles de

morosidad”. 13

Por lo anerior, se podría concluir que

el Fondo de Tierras tiene dos objetivos

principales: la regulación y el otorgamiento

de créditos para la compra de la

tierra. Asimismo, puede concluirse que

tanto los postulados contenidos en la

misión y en la visión como sus objetivos

perseguidos, se encuentran acordes a

los postulados enunciados por la Organización

de Naciones Unidas para la

Agricultura y la Alimentación (Food and

Agriculture Organization –FAO–). Esta

entidad sostiene que en muchos casos,

las respuestas a las preocupaciones relacionadas

con la sostenibilidad ambiental,

los conflictos sociales y la seguridad

alimentaria de las personas vulnerables

se ven condicionadas por el sistema de

tenencia de la tierra y al mismo tiempo

influyen en éste, por lo cual el erradicar

el hambre supone aumentar el acceso de

una persona o familia a los alimentos,

lo que ocasiona que esa seguridad alimentaria

dependa en gran parte de las

oportunidades que tengan para mejorar

el acceso de las personas a activos fijos,

tales como la tierra, los mercados y las

oportunidades económicas, los cuales

facilitan el desarrollo rural volviéndolo

sostenible. Es decir, convirtiendo a la

vida rural en un sistema de subsistencia

humana capaz de resistir las presiones

y crisis y de recuperarse manteniendo o

aumentando la capacidad de los medios

de producción sin poner en riesgo los

13 Ley del Fondo de Tierras, Decreto 24-99 del Congreso de la República.

–52–


La repercusión de la tenencia de la tierra en el respeto a los derechos humanos sociales…

recursos naturales, contexto en el que

resulta de suma importancia que los

derechos sobre la propiedad de la tierra,

junto con la mano de obra, formen el activo

más común utilizado para producir

alimentos destinados al autoconsumo

de las familias y para el comercio, lo

que les permite a las familias aumentar

sus activos sufragando sus necesidades

básicas relacionadas, como por ejemplo

la salud y la educación.

Además, está legalmente determinado

que el Fondo de Tierras es la institución

descentralizada del Estado, investida

de facultades para poder autorizar

créditos para la compra de tierras que

promuevan el acceso de los campesinos

a la propiedad de la tierra por medio de

un crédito hipotecario y del desarrollo de

proyectos productivos, con el propósito

de generar ingresos económicos para el

mejoramiento socioeconómico de sus

comunidades.

2.3 Organización interna

del Fondo de Tierras

La estructura organizativa del Fondo

de Tierras tiene su fundamento en

la Ley del Fondo de Tierras, Decreto

24-99 del Congreso de la República,

cuerpo normativo que determina que la

máxima autoridad del Fondo es su Consejo

Directivo, que es definido como el

órgano superior; seguido por la Gerencia

General, que constituye la dirección

ejecutiva y ejerce la representación

legal del mismo; además, el Fondo de

Tierras cuenta con tres Subgerencias,

la Subgerencia de Acceso a la Tierra,

la Subgerencia de Regularización de

Tierras y la Subgerencia de Regularización

y Acceso a la Tierra de Petén,

las cuales tienen sus correspondientes

órganos específicos. Cuenta además

con oficinas regionales a nivel Central

(Guatemala), Quetzaltenango, Cobán,

Alta Verapaz y Santa Elena Petén y 17

delegaciones departamentales.

Para efectos del presente artículo,

a continuación se hará referencia a las

dependencias más relevantes del Fondo

de Tierras.

2.3.1 El Consejo Directivo

Como ya se indicó, el Consejo Directivo

del Fondo de Tierras constituye

el órgano superior de dirección, conducción

y toma de decisiones del fondo, y

está integrado de conformidad con lo

establecido en el artículo 10 del Decreto

24-99 del Congreso de la República

– Ley del Fondo de Tierras–, por siete

directores titulares y sus respectivos

suplentes, de la siguiente forma:

a. El Ministro de Agricultura, Ganadería

y Alimentación y su suplente,

que será uno de los Viceministros.

El Ministro o su suplente presidirá

el Consejo.

–53–


Revista de derechos humanos

b. Un Director Titular y su suplente

nombrados por el Ministro de Finanzas

Públicas, que deberá tener

rango de Viceministro o Director.

c. Un Director Titular y su suplente,

designados por el Consejo Nacional

de Desarrollo Agropecuario (CO-

NADEA).

d. Un Director Titular y su suplente,

nombrados por la Cámara del Agro

de Guatemala.

e. Un Director Titular y su suplente

en representación de las Organizaciones

Indígenas de Guatemala con

personalidad jurídica.

f. Un Director Titular y su suplente en

representación de las Organizaciones

Campesinas de Guatemala con

personalidad jurídica.

g. Un Director Titular y su suplente, en

representación del Movimiento Cooperativo

Federado y no Federado.

La convocatoria de los delegados

referidos en los literales e) y f), la hará

la Comisión Paritaria sobre Derechos

Relativos a la Tierra de los Pueblos

Indígenas y la de los referidos en la

literal g) la hará el Instituto Nacional de

Cooperativas – INACOP–, a través de su

Consejo Directivo.

a) Las resoluciones del

Consejo Directivo

Las resoluciones del Consejo Directivo

serán válidas con el voto favorable

de por lo menos cinco de sus miembros

y se harán constar en acta.

b) Las funciones del

Consejo Directivo

Son funciones del Consejo Directivo,

según lo determinado en el artículo

12 del Decreto 24-99 del Congreso de la

República –Ley del Fondo de Tierras–,

las siguientes:

a. Definir, dirigir y coordinar las políticas

del Fondo de Tierras.

b. Elaborar el Reglamento de la Ley

del Fondo de Tierras para elevarlo, a

través del Ministerio de Agricultura,

Ganadería y Alimentación, al Organismo

Ejecutivo para su sanción y

promulgación.

–54–


La repercusión de la tenencia de la tierra en el respeto a los derechos humanos sociales…

c. Aprobar y reformar, a propuesta del

Gerente General los reglamentos

internos.

d. Aprobar y reformar, a propuesta

del Gerente General, el Manual de

Operaciones, el de Preinversión y

otros manuales y reglamentos necesarios

para el cumplimiento de los

objetivos del Fondo de Tierras.

e. Vigilar por la correcta aplicación

de la Ley del Fondo de Tierras y su

Reglamento.

f. Aprobar la estructura orgánica para

las operaciones del Fondo de Tierras.

g. Nombrar o remover al Gerente

General y Subgerentes, haciendo

el nombramiento por concurso de

oposición.

h. Conocer y aprobar los planes de

trabajo que presente el Gerente

General.

i. Aprobar para financiamiento de

be ne ficiarios del Fondo de Tierras,

a entidades crediticias y de

fideicomisos.

j. Elaborar el presupuesto de ingresos

y egresos y sus programas de inversión,

y someterlo a la aprobación

correspondiente.

k. Conocer y aprobar los proyectos de

financiamiento a beneficiarios del

Fondo de Tierras.

l. Dirigir, supervisar y fiscalizar la

ejecución de los recursos financieros

del presupuesto anual de

FONTIERRAS y sus programas de

inversión.

m. Promover la coordinación entre

el Fondo de Tierras, otros fondos

so ciales e instituciones que ejecuten

programas complementarios o

si miliares, y con el Ministerio de

Agricultura, Ganadería y Alimentación.

n. Recibir, analizar y aprobar los informes

de auditoría.

o. Evaluar periódicamente la gestión

y los alcances de sus programas y

proyectos.

p. Otras que establezca la Ley del Fondo

de Tierras y sus Reglamentos.

c) Las políticas dictadas por

el Consejo Directivo

En el punto resolutivo 74-2003, el

Consejo Directivo estableció 11 políticas

para el Fondo de Tierras, siendo éstas

las siguientes:

–55–


Revista de derechos humanos

Política Número 1

Acceso a la tierra

Proveer de tierra apta para fines

productivos, de forma individual o

colectiva, y generar condiciones para

el desarrollo rural integral sostenible de

campesinos y campesinas, sin tierra o

con tierra insuficiente.

Política Número 2

Crediticia

Otorgamiento de créditos bajo

cri t erios de sostenibilidad financiera,

atendiendo a la naturaleza del Fondo

de Tierras.

Política Número 3

Regularización

Acelerar y reducir costos de la

re gularización, considerando la legali

zación de la posesión de hecho, la

adjudicación de fincas nacionales y

baldíos, y la recuperación de tierras

entregadas irregularmente. Aplicar al

proceso de regularización, métodos de

control y verificación eficaces.

Política Número 4

Asistencia técnica y

Proyectos productivos

Dotar de asistencia técnica opor tuna

y eficaz, a campesinos y cam pesinas que

accedan a fincas a través del Fondo de

Tierras.

Política Número 5

Manejo del ambiente y

del patrimonio cultural

Aplicar el concepto de manejo del

ambiente y del patrimonio cultural en

los programas y proyectos del Fondo de

Tierras (manejo comprende: uso, conservación,

recuperación y aprovechamiento

sostenible de los recursos naturales y

culturales).

Política Número 6

Desconcentración y

descentralización

Iniciar el proceso gradual de descen

tralización, dotando a las oficinas

regionales existentes, de facultades

suficientes para atender eficazmente

la demanda de acceso y regularización

de la tierra, incluyendo la creación de

Subgerencias regionales.

Política Número 7

Equidad de género

Promover y garantizar la igualdad

de oportunidades a campesinas y campesinos

en el acceso, uso y tenencia

de la tierra. Generar las condiciones

para que las campesinas y campesinos

obtengan la propiedad y/o copropiedad

de la tierra.

–56–


La repercusión de la tenencia de la tierra en el respeto a los derechos humanos sociales…

Política Número 8

Seguimiento, monitoreo y

evaluación

A los programas y proyectos vinculados

al acceso, regularización y uso de la

tierra por los grupos de beneficiarios.

Política Número 9

Fortalecimiento y

modernización de la Institución

Reestructurar la institución a efecto

de hacerla más eficiente; modernizar y

actualizar los métodos de planificación

y los mecanismos de funcionamiento del

Fondo de Tierras. Aplicar métodos de

capacitación y evaluación permanente

del personal.

Política Número 10

Cooperación externa

Aprovechamiento racional de los

recursos de cooperación nacional e internacional.

Política Número 11

Información, divulgación y

relaciones públicas

Divulgar e informar a nivel interno

y externo a través de mecanismos

modernos y de manera sistemática,

las políticas y avances de los procesos

de acceso y regularización de

la tierra.

3. Comité de control y

verificación

Mediante el punto resolutivo 36-

2003, de fecha 17 de junio de 2003, se

aprobó el Consejo Directivo aprobó el

Reglamento de la Comisión de Control

y Verificación. 14

3.1 De las funciones del Comité

de Control y Verificación

El Comité de Control y Verificación

del Fondo de Tierras tiene por finalidad

establecer las normas y procedimientos

que regirán el control y la verificación

de los expedientes para la compra y

arrendamiento de bienes inmuebles, así

como para el financiamiento de proyectos

productivos agropecuarios, forestales

e hidrobiológicos.

Es decir, es la autoridad dentro de la

Institución que verifica todo lo actuado

por las unidades técnicas correspondientes

previo a la autorización del Consejo

Directivo

14 Fondo de Tierras. Memoria de Labores del Fondo de Tierras del año 2003. Guatemala, 2003.

–57–


Revista de derechos humanos

3.2 De la conformación del Comité de

Control y Verificación

Dicho Comité se compone de tres

miembros titulares del Consejo Directivo,

un Representante de la Cámara

del Agro de Guatemala, un Representante

de las Organizaciones Indígenas

de Guatemala y un Representante de

las Organizaciones Campesinas de

Guatemala.

Dicho Comité se apoya en la Unidad

Externa de Asistencia Técnica, y fue

creado con la finalidad de transparentar

la función ejercida por el Fondo de

Tierras.

3.3 Unidad Externa de Asistencia

Técnica (UEAT)

Esta Unidad es la encargada de

solicitar la contratación de consultores

externos y de realizar las acciones de

control y verificación de los estudios

de información catastral, mediciones

de las fincas, así como determinación

de excesos y defectos en el área física

del inmueble objeto de negociación, de

conformidad con lo establecido en el

artículo 8 del Reglamento General de

Créditos del Fondo de Tierras, aprobado

por el Consejo Directivo en el punto

resolutivo 29-2003.

Estas acciones respaldan el quehacer

del Consejo Directivo del Fondo de Tierras,

lo que redunda en el fortalecimiento

no sólo de la misma Institución, sino que

además contribuye a la consolidación

de los grupos solicitantes, al obtener

una disminución del precio en las fincas

adquiridas.

4. Oficina de la Mujer Campesina

Con fundamento en que la Ley del

Fondo de Tierras prevé que el desarrollo

integral de los grupos campesinos

únicamente será posible contando con

la participación tanto de hombres como

de mujeres, en marzo de 2003 se puso

en funcionamiento la Oficina de la

Mujer Campesina, la cual tiene como

objetivos:

a) Diseñar de manera participativa

una política de equidad de género

tanto para hombres como para

mujeres.

b) Establecer lineamientos estratégicos

e institucionales para garantizar la

participación de la mujer indígena,

rural y campesina, en el proceso de

acceso, uso y tenencia de la tierra.

5. Subgerencia de Acceso

a la Tierra

La Subgerencia de Acceso a la

Tierra depende de la Gerencia General,

y constituye la instancia de ejecución

–58–


La repercusión de la tenencia de la tierra en el respeto a los derechos humanos sociales…

técnica de la organización, teniendo a su

cargo la coordinación de las actividades

de cuatro áreas del Fondo de Tierras con

las que mantiene líneas de autoridad,

siendo ellas el área Socioeconómica,

Técnica, de Asistencia Técnica y de

Asesoría Jurídica. 15

Además, cuenta con tres sedes regionales

ubicadas en Quetzaltenango,

Cobán y Petén.

5.1 Área Socioeconómica

El Área Socioeconómica es el órgano

concebido para tratar los temas de

tipo social, económico y organizativo

de los sujetos de atención del Fondo

de Tierras. Depende de la Subgerencia

de Acceso a la Tierra y mantiene líneas

de coordinación con las áreas Técnica,

de Asistencia Técnica y de Asesoría

Jurídica.

5.2 Área Técnica

El Área Técnica es una unidad que

desarrolla funciones encaminadas a revisar

y elaborar estudios e investigaciones

que faciliten al Comité Técnico del

Fondo de Tierras la toma de decisiones

para el otorgamiento de créditos a los

grupos campesinos.

Es la responsable de la coordinación

de las unidades de Fincas Nuevas

y Catastro.

Tiene como atribución principal

la medición legal y catastral de las

fincas, para brindar certeza técnica de

los fundos.

5.3 Área de Asistencia Técnica

El área de Asistencia Técnica es la

encargada del seguimiento al desarrollo

productivo y empresarial de las organizaciones

campesinas que han accesado

a la tierra, cumpliendo con lo estipulado

en la Ley del Fondo de Tierras, es decir,

es un órgano concebido para tratar los

temas de tipo técnico productivo, ambiental,

administrativo, de mercados y

financiero de los sujetos de atención del

Fondo de Tierras.

5.4 Asesoría Jurídica

Es la instancia responsable de atender

los temas y acciones jurídico legales,

relacionados con la adquisición de los

inmuebles.

15 Según entrevista realizada al Subgerente de Acceso a la Tierra, en septiembre del año 2006.

–59–


Revista de derechos humanos

5.5 Sedes regionales y

equipos móviles

Tiene bajo su responsabilidad la

supervisión de 15 delegaciones departamentales

y cuatro equipos móviles.

Se ha dedicado a realizar estudios

técnicos de campo en las áreas agronómica,

socioeconómica y jurídica, con

el propósito de adjudicar las fincas que

posesionan los campesinos.

Realiza censos y estudios socioeconómicos

en 17 departamentos de

Guatemala.

Las sedes departamentales con

sus direcciones respectivas son las

siguientes:

Sede Departamental Dirección Teléfonos

Santa Elena, Petén

5ta. Calle y 4ta. Av. Zona 2, Sta. Elena

7926-1402 7926-2582 /83

FAX 7926-1394

Cobán, A. V. (Coordinador) 4ta. Av. 5-23 z. 3 frente Sanatorio Salazar 7951-4613 7951-2951

Cobán, A. V. (Delegado) 4ta. Av. 5-23 z.3 frente Sanatorio Salazar 7951-4613 7951-2951

Quetzaltenango (Coordinador) 7a. Avenida 13-91 zona 5, Quetzaltenango 7763-0830 7763-0832

Quetzaltenango (Delegado)

Puerto Barrios, Izabal 7a. Calle y 2da. Avenida Puerto Barrios 7948-7405 7948-1259

Nebaj, Quiché

Cantón Vitzal a una cuadra de las Oficinas de

CONTIERRA, Nebaj

7756-0110

Jutiapa 6ta. Calle 1-49 zona 1 7844-4542

Escuintla

4ta. Avenida final 1-40 z. 3, Escuintla, abajo de

Super 24

7889-2405 7889-2407

Poptún, Petén 5ta. Avenida 6-42 zona 2

7927-7215

Cel. 5513-9134

Sayaxché, Petén Barrio el Centro, Sayaxché 5301-1764

Huehuetenango 4ta. Calle 7-75 zona 1 7764-9952

La Máquina La Máquina, instalaciones del EX INTA 5709-3536

Playa Grande, Ixcán Instalaciones del Ex INTA (5) 208-5736

La Blanca, Ocós, San Marcos

7a. Calle 1-49 zona 3 Barrio San Francisco,

Coatepeque, Quetzaltenango.

5208-5472

Nueva Concepción, Escuintla Instalaciones del Ex INTA 5301-0712

Fray Bartolomé de las Casas Intalaciones del Ex INTA a la par de correos 7952-0033 7952-0233

Chisec, Alta Verapaz 514-3500/334-6378

Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por la Unidad de Comunicación Social, Fondo de Tierras.

–60–


La repercusión de la tenencia de la tierra en el respeto a los derechos humanos sociales…

5.6 Unidad de Servicios Notariales

Esta unidad fue creada mediante la

emisión del punto resolutivo 12-2003

del Consejo Directivo; presta gratuitamente

servicios notariales a usuarios

del Fondo.

5.7 Requisitos para ser beneficiarios

del Fondo de Tierras

El Fondo de Tierras ha beneficiado

a la fecha a muchas familias campesinas

mediante la entrega de fincas en propiedad;

y con el agregado del componente de

asistencia técnica y apoyo en inversiones

productivas y sociales, se ha fortalecido

a los beneficiarios en el desarrollo de

proyectos productivos comunitarios que

se han comercializado en el mercado

nacional e internacional, lo cual pone en

vigencia práctica en Guatemala el contenido

del Convenio 169 de la OIT, el cual

versa sobre pueblos indígenas y tribales en

países independientes. Este convenio internacional

fue ratificado por Guatemala, y en

su Parte II, de los artículos 13 al 20, regula

lo relativo a “las tierras”, reconociendo la

especial relación que tienen los indígenas

con las tierras y territorios que ocupan o

utilizan de alguna manera y, en particular,

los aspectos colectivos de esa relación, en

donde el concepto de las tierras se refiere

a los aspectos jurídicos sobre ella. El Convenio

establece que deberá reconocerse el

derecho de propiedad y de posesión sobre

las tierras que tradicionalmente ocupan, así

como el derecho de estos pueblos a no ser

trasladados de esas tierras, regulando que

el traslado y reubicación de esos pueblos

que se consideren necesarios sólo deberán

realizarse con su consentimiento, debiendo

regresar a sus tierras tradicionales cuando

las causas que motivaron el traslado y

reubicación cesen; y si el retorno no fuera

posible, deberá compensárseles en los

términos contemplados en el Convenio.

Estos aspectos fueron considerados

por la Corte de Constitucionalidad de

Guatemala a solicitud del Congreso de la

República, para emitir Opinión consultiva

en la que se determinó que: “ A ese

respecto, esta Corte puede afirmar que las

obligaciones de los gobiernos de respetar

la importancia especial que para las culturas

reviste su relación con las tierras o

territorios, así como el hecho de reconocer

a los pueblos interesados el derecho

de propiedad y posesión de las tierras,

territorios que tradicionalmente ocupan,

se encuentran concurrentes con los preceptos

de los artículos 66, 67 y 68 de la

Constitución. Además, los procedimientos

a utilizar para decidir las reivindicaciones

de tierras formuladas por los pueblos

interesados, deberán instituirse conforme

al artículo 1 inciso 3 del Convenio, o sea,

adecuados al marco del sistema jurídico

nacional, por lo que estando garantizada

la propiedad privada como un derecho

inherente a la persona en la Constitución

(artículo 39), en el caso de que las tierras

que ocuparon los pueblos interesados fue-

–61–


Revista de derechos humanos

sen propiedad de una persona distinta, ésta

tiene a su disposición medios legales para

reivindicarlas, y para afectar su derecho

de propiedad tendría que recurrirse a un

procedimiento legal, establecido por la

Constitución…” . 16

Como ya se ha analizado, la tenencia

de la tierra siempre ha sido un tema sensible

dentro de la población guatemalteca

y en especial para la cosmovisión maya,

pues según el censo poblacional que se

realizó en el país en el año 2002, el 53.9%

de la población guatemalteca es rural, y de

ella el 68.3% es maya, grupo poblacional

que se ha beneficiado mediante la institución

del Fondo de Tierras, pues se les han

autorizado créditos para la compra de tierras,

por medio de la concesión de créditos

hipotecarios y del desarrollo de proyectos

productivos, con el propósito de generar

ingresos económicos para el mejoramiento

socioeconómico de sus comunidades. El

beneficio no sólo se limita a la entrega de las

fincas en propiedad, sino que cuenta con el

agregado del componente de asistencia técnica

y apoyo en inversiones productivas y

sociales; se ha fortalecido a los beneficiarios

en el desarrollo de proyectos productivos

comunitarios que se han comercializado en

el mercado nacional e internacional.

En general, en la actualidad, para ser

beneficiario de un crédito para la adquisición

de tierras del Fondo de Tierras se debe

cumplir con los siguientes requisitos:

• Ser guatemalteco o guatemalteca.

• Tener 18 años de edad o más.

• Ser jefe de familia.

Para iniciar un expediente de crédito

en FONTIERRAS, el grupo o la persona

individual debe cumplir con los siguientes

requisitos:

a) Para solicitudes individuales

se debe presentar y acreditar:

• Ser guatemalteco o guatemalteca.

• Tener como oficio la agricultura o

ser campesino.

• Ser ciudadano en el ejercicio de sus

derechos civiles.

• Las cédulas deben encontrarse sin

alteraciones.

• Presentar una declaración jurada de

que no han sido beneficiarios de los

programas de adjudicación de tierras

por parte del Estado.

16 Corte de Constitucionalidad. Opinión consultiva. 18 de mayo de 1995. Expediente 199-95

–62–


La repercusión de la tenencia de la tierra en el respeto a los derechos humanos sociales…

b) Para la solicitud como familia se

debe presentar y acreditar:

• Ser jefe o jefa de familia.

• Que esté conforme a la Ley su situación

civil o en proceso de arreglo.

c) Para la solicitud como grupo de

solicitantes, se requiere:

• Que todos los miembros de la comunidad

tengan su situación civil

conforme a la ley.

• Que el grupo de beneficiarios forme

una directiva que tenga representatividad

entre los grupos o subgrupos y

sea elegida democráticamente, y que

inicie los trámites para constituirse

como persona jurídica.

• Que las familias pertenecientes al

grupo estén dispuestas a trabajar en

proyectos comunitarios o colectivos.

• Que las familias beneficiarias no pretendan

parcelar la finca mientras esté

vigente el crédito para su compra y,

además, estén dispuestas a contraer

el compromiso del pago del crédito

con sus intereses.

• Se recomienda que el grupo esté conformado

por personas de la misma

comunidad lingüística; y que sean,

preferentemente, grupos naturales, es

decir, que provengan de las mismas

comunidades, que se conozcan y

hayan trabajado juntos en la organización

y que estén unidos por lazos

culturales.

Si el grupo de beneficiarios interesados

tiene dudas sobre cómo llenar la papelería,

puede solicitar una plática al Fondo de

Tierras, donde se aclarará la información

acerca de las normas y documentos necesarios

para ser beneficiario.

El Fondo de Tierras brinda asistencia

sobre cómo llenar la documentación y

ayuda al grupo a implementar su organización

formal y su posterior fortalecimiento

empresarial, para lograr el éxito

de los proyectos.

Según su propia ley constitutiva,

el Fondo de Tierras debe dar prioridad,

para la selección de grupos beneficiados

durante los primeros 10 años desde la

creación de la Institución, a los grupos de

campesinos comprendidos en el Acuerdo

para el Resarcimiento de las Poblaciones

Desarraigadas por el Enfrentamiento

Armado, dando especial atención a las

familias encabezadas por madres solteras

y viudas.

5.8 Entrega de tierras durante el período

1998-2004

Durante el período comprendido

entre 1998 y 2004 el Fondo de Tierras

–63–


Revista de derechos humanos

entregó 81,221.12 hectáreas, divididas

de la siguiente forma:

Cuadro 1

Total de hectáreas entregadas

Fondo de Tierras

1998-2004

Año

Hectáreas

1998 4,202

1999 8,245

2000 17,276

2001 26,655

2002 8,483.4

2003 8,991.85

2004 7,367.83

Total 81,221.12

Fuente: Fondo de Tierras, Unidad de Planificación, Memorias

de Labores del año 2001, 2002, 2003 y 2004.

6. El mercado de tierras

en Guatemala

6.1 Concepto general de mercado

Según el Diccionario de la Real

Academia Española, se puede definir

el mercado como el “conjunto de operaciones

comerciales que afectan a un

determinado sector de bienes”. 17 Según

los economistas Samuelson y Nordhaus,

“un mercado es un mecanismo

por medio del cual los compradores y

los vendedores de un bien o servicio determinan

conjuntamente su precio y su

calidad”, 18 con base en dicha definición,

se puede establecer con toda lógica que

existen tantos mercados como bienes y

servicios puedan ser intercambiados.

Siendo la tierra un factor de producción

al igual que el trabajo y el

capital, el mercado de tierras –como

otros mercados–, carece de individuos

u organizaciones responsables de la

producción, el consumo, la distribución

y la fijación de los precios, pues estos

elementos son coordinados mediante

las decisiones tomadas conjuntamente

por los compradores y los vendedores

de tierras, de tal cuenta que este mercado

se puede entender por la asignación

de este factor de la producción, que se

intercambia mediante reglas acordadas

conjuntamente por los participantes de

las transacciones.

En general, el mercado de tierras se

interpreta como “la asignación de este

recurso por la interacción de individuos

en competencia, de modo que las

decisiones se guían por el precio, y el

proceso en su conjunto se desarrolla en

un marco de reglas acordadas y acep-

17 Real Academia Española. Diccionario de la Lengua Española, Vigésima Primera Edición, 1992.

18 Samuelson, Paul A. y William, D. Nordhaus. Economía. Madrid: Editorial Mc Graw Hill / Interamericana de

España; 16 a. ed.1999.

–64–


La repercusión de la tenencia de la tierra en el respeto a los derechos humanos sociales…

tadas por los participantes”. 19 Es decir,

que este mercado posibilita el acceso al

recurso a quien crea conveniente pagar

un determinado precio por el bien; por

lo tanto, se entiende que al igual que

otros mercados, se ve conformado por

tres aspectos relevantes: la demanda, la

oferta y el precio.

Además de los aspectos indicados,

en el mercado de tierras se observan

otros principios que influyen en el mismo,

tales como la propiedad privada

y la libertad para contratar dentro de

un marco jurídico que cuente con el

respaldo institucional para garantizar

el cumplimiento y el respeto de los

resultados del proceso, invistiéndolo de

seguridad jurídica.

6.2 De la existencia de un mercado de

tierras en Guatemala

En Guatemala actualmente no existen

las condiciones necesarias para poder

definir un mercado de tierras de sólido

funcionamiento, pues, en general, de

los mercados de tierra agrícola también

depende grandemente el funcionamiento

de los mercados para otros factores de

producción, como lo son el capital, el

trabajo, la tecnología, los seguros, entre

otros; de manera que para los hogares en

los diferentes niveles de riqueza, su capacidad

para competir en el mercado de

tierra agrícola es un reflejo de su acceso

a estos otros factores de producción. En

este sentido, la competitividad en el mercado

de tierra agrícola resume el efecto

neto de las imperfecciones en estos otros

mercados de factores de producción.

En términos generales, los mercados

de tierras rurales son directamente vinculados

al medio institucional en el que

se desarrollan, puesto que estos medios

determinan su legitimidad social como

mecanismo eficiente y equitativo para

la asignación del recurso “tierra”; así

como los costos adicionales en que debe

incurrir un comprador de tierras, como

lo son los niveles de regulación a los

que estará sujeto y los costos de transacción

que deberán cubrir los agentes

económicos que deseen utilizarlo dentro

del ordenamiento jurídico vigente en un

país.

En Guatemala actualmente no

existen las condiciones necesarias para

poder definir un mercado de tierras

sólido, pues las condiciones en que se

desenvuelve son adversas; y aunque

se reconocen constitucionalmente los

derechos a la propiedad privada y a

la libre contratación, existen algunas

19 Carrera, Jaime Arturo. “El estudio de mercado de tierras”. Red de Desarrollo Agropecuario. Naciones Unidas.

CEPAL. Santiago de Chile, 1999. Pág. 14.

–65–


Revista de derechos humanos

limitaciones institucionales relacionadas

con la seguridad jurídica, entre las que

se podrían mencionar las deficiencias e

irregularidades que existen en el Registro

General de la Propiedad, y la falta real

de un catastro formal, no obstante que

recientemente se emitió la ley marco

para su creación y funcionamiento.

Estas deficiencias institucionales no son

sólo las causas de la falta de eficacia del

mercado de tierras guatemalteco, pues a

ellas debe agregarse la falta de políticas

económicas y fiscales continuas que den

certeza a los procesos de mercado a corto,

mediano y largo plazos, dado que, por

su propia naturaleza, la tierra enmarca

otros problemas relacionados con la

tierra y la agricultura que son muchos,

pero a efecto de referencia se mencionan

algunos, como la reforma agraria, la

administración de la tierra, el acceso al

crédito, la degradación ambiental, las

in novaciones tecnológicas, la propiedad

intelectual, la capacidad administrativa

del Estado, la substitución de las cosechas,

las condiciones climáticas apropiadas

para los cultivos, el funcionamiento

efectivo de los mercados de tierra, los

desastres naturales, la calidad en el

registro de la tierra, el desacomodo de

las comunidades tradicionales, el sistema

tributario, las pre ferencias culturales, la

liberación comer cial, la inestabilidad

social y política que genera violencia civil

en las áreas rurales.

De la lista de problemas anteriormente

enumerada puede deducirse fácilmente

que todos forman parte de la realidad

guatemalteca, destacando, a manera de

ejemplo, el caso de la invasión y desalojo

violento que se produjo el 31 de agosto

del año 2004 en la Finca “María Linda”

ubicada en el departamento de Retalhuleu,

en donde un grupo de campesinos

en busca de la posibilidad de obtener

tierra para trabajar, invadió el referido

inmueble; a través de una orden judicial

se ordenó el desalojo de la misma, cuya

diligencia fue efectuada con lujo de

fuerza, por lo que ocho campesinos y tres

policías resultaron muertos. 20

De acuerdo con el Informe sobre la

pobreza rural de 2001, “Latinoamérica

registra la mayor desigualdad [en la distribución]

de tierra cultivable del mundo

y por consiguiente mucha mayor pobreza

de lo que podría pronosticarse del

ingreso por persona”. 21 De manera particular,

demuestra que la desigualdad de la

tierra y la educación están relacionadas

negativamente con el crecimiento de los

ingresos de la población más pobre.

20 Reportaje Prensa Libre, Guatemala 1/9/2004.

21 IFAD. Informe sobre pobreza rural 2001. Italia, ONU, 2001. Pág. 77.

–66–


La repercusión de la tenencia de la tierra en el respeto a los derechos humanos sociales…

En Guatemala se alcanza uno de los

valores más altos de concentración de

la tierra en América Latina, reflejado en

el coeficiente de Gini. Este índice mide

grados de desigualdad en la distribución

de la tierra, basándose en el tamaño y extensión

de las fincas: una alta magnitud

revela elevada concentración, y a medida

que se aproxima a cero, la distribución

es equitativa. Según lo establecido en

el IV Censo Nacional Agropecuario,

el Índice de Gini en Guatemala es de

0.84, lo que demuestra la curva de concentración

desigual en la distribución

de la tierra. 22

En algunos trabajos sobre mercado

de tierras rurales en América Latina 23

se señala la necesidad de enfatizar la

institucionalidad y de subrayar el papel

crucial de la aplicación de la ley de

manera equitativa para encaminar los

procesos hacia una mayor transparencia

de las operaciones, pues aunque no es

un mecanismo perfecto, un adecuado

mercado de tierras constituye una

oportunidad para impulsar soluciones

al acceso a las tierras, proveyéndolas a

las personas o grupos que las requieran

como recurso productivo que mejore

su nivel y calidad de vida, o bien como

elemento cultural, porque existen grupos

y comunidades que mantienen una relación

estrecha con la tierra y ello sustenta

su propia identidad, tal y como se hizo

referencia anteriormente al caso de Guatemala

y lo determinado al respecto en

el Convenio 169 sobre Derechos de los

Pueblos Indígenas y Tribales en Países

Independientes.

6.3 Clases de mercado de

tierras existentes en

Guatemala

En Guatemala, al igual que en el

resto de Latinoamérica, tal y como se

determinó en un informe de la Organización

de las Naciones Unidas para la

Agricultura y la Alimentación (FAO) y

el Banco Mundial (1998), existen dos

clases de mercados de tierras, uno formal

y otro informal.

El mercado de tierras formal se

puede definir como el mercado en el

cual las transacciones se ajustan a los

requerimientos y formalidades regulados

por el ordenamiento legal vigente en el

país, y tanto la oferta como la demanda

son del conocimiento público mediante

la utilización de los canales ordinarios

de información, lo que garantiza que los

precios sean fijados por el mercado.

22 IV Censo Nacional Agropecuario, Instituto Nacional de Estadística (INE). Guatemala, 2003.

23 Vogesgesang, Frank. “Los derechos de propiedad y el mercado de tierras en América Latina”, en Revista de la

CEPAL, No. 58. ONU, abril, 1996.

–67–


Revista de derechos humanos

El mercado de tierras informal

se puede definir como aquél en el que

las transacciones no se ajustan a los

requisitos del marco legal vigente, sino

que se rigen por las reglas de confianza

y aceptación comunitaria y familiar; y la

información se expande en circuitos familiares

y comunitarios, y los precios no

se rigen exclusivamente por el mercado,

sino que en su fijación intervienen directamente

factores culturales y sociales.

6.4 Críticas al mercado como

el encargado de regular

el acceso a la tierra

Según lo manifestado por expertos

internacionales como El-ghonemy, el

regular el acceso a la tierra mediante el

mercado impone un modelo de reforma

agraria asistida por el mercado, lo cual

no es más que un medio para justificar

malos resultados en las políticas de acceso

a la tierra, pues la misma únicamente

puede ser utilizada por campesinos que

poseen experiencia previa en el manejo

y trabajo de la tierra, y no ofrece soluciones

a mediano y largo plazos, pues

no tiene ningún medio de coerción; es

decir, se debe buscar primero la voluntad

de todas las partes, por lo que se necesita

de la inversión de muchos recursos. Para

los medios económicos, el mercado de

tierras elimina el valor subjetivo y cultural

que significa para algunos pueblos

la tierra, y la trata como cualquier otro

factor de producción.

Dicha reforma asistida por el mercado

ha tenido resultados negativos como:

la sobrevalorización de la tierra; la prioridad

de beneficiarios es el acceso a la

tierra, no su precio; la falta de poder real

de negociación por parte de los beneficiarios;

la falta de participación real de

los beneficiarios; la falta de oferta de la

tierra; el programa dirigido a la eficiencia,

no a la equidad, y la burocracia de

las agencias de la reforma agraria.

7. Análisis actual del Fondo de

Tierras y de la visita realizada a

diferentes fincas otorgadas con

créditos del Fondo de Tierras y

su realidad actual

Como resultado de las visitas a las

instalaciones del Fondo de Tierras,

pudo determinarse que en la actualidad

el mismo se encuentra en un proceso

de transición ocasionado por las fuertes

denuncias de corrupción que se

hicieron en contra de dicha Institución,

que salieron publicadas en varios medios

de comunicación social escritos,

especialmente en el Diario La Hora

y en elPeriódico, a finales del mes de

diciembre de dos mil cinco y en los

primeros días del año dos mil seis.

Dentro de los señalamientos de

corrupción denunciados por la prensa

escrita destaca la corrupción en la con-

–68–


La repercusión de la tenencia de la tierra en el respeto a los derechos humanos sociales…

tratación de técnicos y profesionales

del Fondo de Tierras, y a efecto de

ejemplo mencionaremos el incidente

sucedido con la contratación de un

estudio de Proyecto Productivo para la

Finca El Arenal, en donde se contrató

a un ingeniero para la realización de

dicho documento, cuyo costo aproximadamente

oscila entre cinco mil y

diez mil quetzales, según lo manifestado

por personal de la Subgerencia

de Acceso a la Tierra, pero que en

este caso en concreto se contrató a

dicho profesional por la cantidad de

ciento veinticinco mil quetzales exactos,

elevando el costo del proceso de

adjudicación y demostrando un mal

manejo público, hecho que sumado

a otros incidentes y señalamientos de

corrupción, provocó cambios tanto a

nivel de dirección del Fondo de Tierras

como a nivel operativo, en donde gran

parte del personal interno fue despedido

a finales del año dos mil cinco,

iniciando el año dos mil seis con la

contratación de nuevo personal y un

cambio en las políticas internas del

Fondo de Tierras.

Gracias a la política de puertas

abiertas que es practicada por el Subgerente

de Acceso a la Tierra, pudimos

darnos cuenta personalmente de hechos

como el anteriormente descrito,

y de la solución que se les dio para

no atrasar el trámite del expediente

respectivo, pues en ese caso, se sugirió

al presidente de la comunidad que

presentara una solicitud para que se

elaborara otro Proyecto Productivo, en

tanto se solucionaban las diferencias

legales que pudieran haber surgido

entre el Fondo de Tierras y el profesional

que fue contratado por un precio

tan elevado.

El referido acto de corrupción

permite establecer que las denuncias

realizadas en el estudio denominado

FONTIERRAS, el modelo de mercado

y el acceso a la tierra en Guatemala,

balances y perspectivas realizado por la

Coordinación de ONG y Cooperativas

–CONGCOOP– y la Coordinadora

Nacional de Organizaciones

Campesinas –CNOC– en el año

2002, siguen siendo una realidad.

En FONTIERRAS dichas denuncias

eran textualmente: “Durante la

investigación realizada hubo varios

señalamientos de corrupción por parte

de los entrevistados. La existencia de

empresas de asistencia técnica, en la

cual (sic) trabajan o son propiedad de

funcionarios y trabajadores del Fondo

de Tierras, y las cuales son impuestas a

grupos de beneficiarios. –Redes entre

organizaciones acompañantes, dueños

de fincas, funcionarios de CONTIERRA

y el FONTIERRAS para beneficiar la

compra de fincas.– Anomalías en la

realización de los avalúos y la existencia

–69–


Revista de derechos humanos

de intermediarios en la compra de

fincas, los cuales cobran comisión y

tienen relación con funcionarios del

Fondo de Tierras”. 24

Como se ha indicado anteriormente,

uno de los objetivos del presente estudio

es enfatizar el hecho que el tema de

la tenencia de la tierra en Guatemala

siempre ha sido objeto de discusión,

y los gobiernos de turno han creado

instituciones a las que han encargado la

repartición de tierras entre los campesinos

necesitados de ella. Esta pretendida

solución no es nueva, pues inclusive

Severo Martínez Peláez, en su libro

“La Patria del Criollo”, ya mencionaba

que una de las soluciones dadas por

la Corona Española para solucionar y

persuadir los problemas de rebeliones

que se sucedían en el Reino de Guatemala,

era el permitirle a los indígenas

contar con tierras que les permitieran

satisfacer sus necesidades básicas, para

lo cual se repartían entre ellos las tierras

comunales. Tal y como ya se indicó,

no obstante haberse visualizado y tratado

de poner en práctica la política de

reparto de tierras para transformar la

sociedad guatemalteca, resulta ser un

hecho mundialmente irrefutable que las

economías desarrolladas sobre la base

de un esquema minifundista agrícola no

permiten fácilmente pasar de un estado

de pobreza a un estado de riqueza, tal

y como lo visualiza la Ley del Fondo

de Tierras. Aunque mucho se ha dicho

y se ha tratado de hacer, aún no se

cuenta con un contexto institucional

que permita implementar una solución

efectiva en el tema de la tenencia de

la tierra, el cual nunca ha dejado de

ser un problema en Guatemala, y si

bien dichos inconvenientes ya han

sido detectados a través del tiempo,

según lo indicado por la CEPAL en un

estudio sobre el tema que se realizó

a nivel centroamericano, el progreso

de los programas de reforma agraria

y colonización se considera que ha

sido lento y de impacto relativamente

limitado en términos generales; aparte

de las dificultades presentadas en el

ámbito técnico y de la ejecución de los

proyectos, se han observado problemas

de carácter legislativo, administrativo,

de planificación y financiero, resulta

que en Guatemala dichos comentarios

e indicaciones no tienen validez. Lo

anterior porque aunque el Fondo de

Tierras se percata de los problemas y

malos resultados de sus políticas, no

24 Fondo de Tierras. Fontierras, el modelo de mercado y el acceso a la tierra en Guatemala, balances y perspectivas

realizado por la Coordinación de ONG y Cooperativas –CONGCOOP– y la Coordinadora Nacional de Organizaciones

Campesinas –CNOC–. IDRC Canadá, 2002, Pág. 54.

–70–


La repercusión de la tenencia de la tierra en el respeto a los derechos humanos sociales…

se permite autoevaluarse, pues en su

ámbito interno no existen informes

reales de los resultados de los múltiples

proyectos que se han realizado; ni

existe un estudio sobre lo que ha sucedido

con las personas y las parcelas que

han sido entregadas en forma legal a los

campesinos, ya que únicamente se les da

seguimiento durante los tres años que la

ley permite contar con asistencia técnica

asistida por el Fondo de Tierras; por ello

se considera que sin un correcto sistema

de evaluación, no se puede seguir adelante,

pues no se sabe si se forma parte

de una estrategia de nación para salir del

subdesarrollo, en la cual hombres y mujeres,

ladinos e indígenas, campesinos y

terratenientes, gobernantes y gobernados,

tengan las mismas oportunidades y

cuenten con los recursos mínimos para

tener una vida digna, que asegure a las

futuras generaciones una mejor realidad

social, con mejores oportunidades de

empleo, y en la cual el positivismo y

práctica de los derechos humanos sea

una realidad palpable.

Tomando en cuenta lo anteriormente

manifestado, resulta de imperiosa necesidad

social recomendar al Fondo de Tierras

que anualmente practique estudios

que midan el impacto socioeconómico

que la tenencia de la tierra tiene en la realidad

social, y además que evalúe qué ha

sucedido con las parcelas ya entregadas

en forma legal a las comunidades campesinas

e indígenas del país, así como si

la capacitación y técnicas de producción

para hacer más rentable la actividad

agrícola, son realmente efectivas, o si

por el contrario lo que se necesita es

transformar esa realidad agrícola en

una actividad industrial para hacer más

productiva la cantidad de tierra que se

les entrega.

Según lo manifestado por Sandoval, 25

la falta de apoyo técnico y de crédito

por parte del Estado –integrada en su

política de desarrollo agrícola– condena

a los productores minifundistas y de

fincas a la frustración socioeconómica.

Dicho comentario fue emitido en el año

de 1968 y pareciera ser que el autor tenía

una bola de cristal, pues actualmente

la condena se hizo efectiva, debido a

que gran parte del sector agrícola del

país vive este síndrome de frustración

socioeconómica, no obstante ya haber

sido beneficiada por el Fondo de

Tierras, pues según lo informado por

el Departamento de Cartera de dicho

Fondo, alrededor de un treinta a un

cuarenta por ciento de créditos otorgados

para la compra de fincas no son pagados

por los beneficiarios, pues no tienen los

25 Sandoval, Leopoldo y Fernando Cruz. Cambios en la estructura agraria de Guatemala y metas. Guatemala,

1968.

–71–


Revista de derechos humanos

rendimientos económicos esperados.

Los beneficiarios respondieron que

tienen problemas para pagar los créditos

otorgados porque las calidades de las

fincas no son aptas para desarrollar

actividades agrícolas.

Además del evidente fracaso en casi

la mitad de los préstamos otorgados, los

otros beneficiarios que sí realizan sus

pagos manifestaron que eran pobres y

siguen siendo pobres, pero ahora tienen

una deuda que no saben cómo pagar.

Dentro de los créditos que ha otorgado

FONTIERRAS, han sido muy

pocos los casos en que los beneficiarios

han podido transformar su realidad

económica.

Existe poca visión en la planificación

de los proyectos productivos, pues

los mismos se limitan al área agrícola o

agropecuaria, sin pensar en transformar

a las comunidades productoras en industriales,

es decir, transformar la materia

prima obtenida del campo en negocios

más rentables que les permitan salir de

la pobreza en que viven.

Vale la pena apuntar que dentro de los

aspectos positivos se encuentra el hecho

que todos los beneficiarios entrevistados

coincidieron en afirmar que con la adquisición

de sus parcelas, mejoró el acceso a la

educación de sus hijos, pues en las nuevas

localidades tienen escuela primaria.

De tales circunstancias se hace

evidente la necesidad de dar a conocer

los resultados obtenidos en las fincas

visitadas, las cuales fueron elegidas

en forma aleatoria en diferentes regiones

del país, para poder entender

mejor las conclusiones del presente

estudio.

7.1 Finca Nuevo Santiago Cabricán

La Finca Nuevo Santiago Cabricán

está ubicada a 10 kilómetros de San

José el Ídolo, del departamento de

Suchitepéquez, localidad ubicada a

135 kilómetros de la ciudad de Guatemala.

Tiene el clima cálido propio de

la costa sur, región del país que se dedica

principalmente al cultivo masivo

de caña de azúcar, mediante ingenios

latifundistas de la región.

Dicha finca fue entregada a la

Em presa Campesina Asociativa

–ECA– Nuevo Santiago Cabricán, la

cual está formada por familias despla

zadas originarias de Cabricán y

de Güitán, localidades ubicadas en

Quetzaltenango, que se caracteriza por

tener un clima templado/frío, así como

por vecinos de San José el Ídolo y de

Santo Domingo Suchitepéquez. Hablan

español, mam, kaqchikel y quiché; no

obstante, manifiestan que el Fondo de

Tierras nunca los atendió en sus lenguas

vernáculas.

–72–


La repercusión de la tenencia de la tierra en el respeto a los derechos humanos sociales…

Algunos tienen casas de block, y otros

viven en chozas de madera; son viviendas

humildes, pero que cuentan con sus

servicios básicos de luz y agua potable.

De las 81 familias beneficiadas

originariamente con esta finca, sólo 12

tenían como jefe de familia a mujeres

viudas, y los demás eran hombres; a cada

familia se le dio una extensión de tres

manzanas de terreno, más dos cuerdas

para hacer sus casas. Además del inmueble,

el Fondo de Tierras les proporcionó,

durante el tiempo que determina la ley, la

asistencia técnica necesaria para realizar

los proyectos productivos, en los cuales

invirtieron parte del subsidio que se les

dio para comprar diez cabezas de ganado

lechero, un tractor y una desgranadora;

asimismo, FONTIERRAS les introdujo

agua potable, y posteriormente los beneficiarios

se organizaron para obtener

la introducción de luz eléctrica, la construcción

de una escuela primaria, un

instituto de estudios básicos, un templo

católico, una iglesia evangélica y están

en los trámites para obtener drenajes.

El proyecto productivo sugerido por

los técnicos del Fondo de Tierras fue

la explotación de ganado lechero; sin

embargo, el mismo fracasó debido a que

las vacas compradas murieron.

Como consecuencia de ello, los

beneficiarios optaron por dedicarse a

la explotación del ganado de engorde,

a la siembra de maíz y ajonjolí, y a la

piscicultura.

Es una comunidad muy bien organizada,

pero que enfrenta grandes problemas

en la práctica, pues por la región

del país en la que se encuentra ubicada,

fue seriamente afectada en sus proyectos

productivos por el paso de la tormenta

Stan que azotó fuertemente el país en el

año 2005, misma que les produjo pérdidas

cuantiosas en las cosechas de maíz y

ajonjolí, así como la muerte del ganado

que poseían. Es decir, todos sus proyectos

productivos fracasaron a causa de las

condiciones climáticas adversas.

Por tal motivo, en la actualidad la

comunidad tiene problemas para realizar

los pagos del préstamo a los que sus miembros

están obligados, y los dirigentes han

emprendido una búsqueda de apoyo internacional

y/o nacional, para poder poner

en práctica un nuevo proyecto productivo

que les permita cubrir el crédito que les

fue otorgado para la compra de la finca.

En la actualidad, 40 familias de las

originalmente beneficiadas han abandonado

la finca, y según lo manifestado

por los entrevistados, existe gran diversidad

de motivos que obligaron a los

beneficiados a abandonarla, aunque la

principal causa de deserción es la calidad

de tierra de la finca, pues la misma no

llenó las expectativas que tenían, por

no ser apta para fines agrícolas, ya que

–73–


Revista de derechos humanos

casi el cincuenta por ciento de la finca

no es terreno fértil por la condición

quebrada del terreno y por la cantidad

de piedra que hay en el lugar. El reparto

fue mediante sorteo, y algunos terrenos

resultaron infértiles.

7.2 Finca El Mirador

La Finca El Mirador está ubicada

a 20 kilómetros de Patzún, del departamento

de Chimaltenango, localidad

ubicada a 89 kilómetros de la ciudad de

Guatemala. Tiene un clima templado y

es una región eminentemente agrícola,

dedicada a la explotación de hortalizas

en pequeñas parcelas.

Dicha finca fue entregada a la Empresa

Campesina Asociativa –ECA–

Xeatzán Alto, la cual está formada por

27 familias originarias de Chapetón,

Patzicía, Xeatzán Alto y Xeatzán Bajo.

Todos hablan kaqchikel, y manifiestan

que el supervisor del Fondo de Tierras

los atiende en su lengua vernácula, no

así el ingeniero agrónomo que les presta

la asesoría técnica para el desarrollo

de su Proyecto Productivo.

De las 27 familias beneficiadas,

ninguna tenía como jefe de familia a mujeres

viudas; a cada familia se le dio una

extensión de una manzana de terreno,

conformada por tres cuerdas productivas

y tres cuerdas de bosque (cada cuerda

tiene cuarenta metros cuadrados).

Algunos miembros de la comunidad

están en plena cosecha de tomates,

los cuales tienen muy buena calidad

comercial y un alto grado de producción,

por lo que están muy esperanzados

en tener muy buenos resultados;

otros beneficiarios tienen sembrada

arveja, cosecha que están próximos

a levantar, y manifiestan que aunque

sufrieron pérdidas con la tormenta

Stan, la tierra guardó mucha humedad,

lo que les permitió un desarrollo favorable

de sus cultivos.

La comunidad está animada por el

desarrollo de sus cosechas, pero aún no

se han enfrentado a la necesidad de tener

que pagar el préstamo que les fue concedido,

ya que tienen dos años de estar

explotando la finca, y aún se encuentran

en el período de gracia concedido por la

entidad financiera (Banrural).

Ninguna familia de las originariamente

beneficiadas ha abandonado la

finca, pero antes de salir beneficiadas sí

se retiraron dos familias desesperadas

por el tiempo de la gestión: manifiestan

que fueron alrededor de cinco años lo

que se tardó el trámite en el Fondo de

Tierras.

Los ingresos obtenidos permiten

que los hijos de los beneficiados asistan

a la escuela ubicada en la Aldea

Xeatzán, y al puesto de salud de la

localidad.

–74–


La repercusión de la tenencia de la tierra en el respeto a los derechos humanos sociales…

7.3 Finca Buenos Aires

La Finca Buenos Aires está ubicada

a 20 kilómetros de la Aldea Las Delicias

el Job de Taxisco, del departamento de

Santa Rosa, localidad ubicada a 105

kilómetros de la ciudad de Guatemala.

Tiene un clima cálido propio de la costa

de Guatemala, región del país que se

dedica principalmente a la crianza de

ganado de engorde y de leche, así como

al cultivo de maíz, frijol y café.

Dicha finca fue entregada a la Empresa

Campesina Asociativa –ECA–

Ocho de Febrero, la cual está formada

por familias desplazadas originarias de

varias regiones del altiplano del país y

por vecinos de Santa Rosa.

De las 200 familias beneficiadas

originariamente con esta finca, sólo 7

tenían como jefe de familia a mujeres

viudas, quienes manifestaron no tener

conocimiento de la existencia de una

unidad de apoyo a la mujer campesina.

A cada familia se le dio una extensión de

seis manzanas de terreno; además, el inmueble

contaba con servicios de tubería

de agua, pero que no es potable y con una

bomba generadora de electricidad, pero

que no tiene mucha potencia, ni sirve a

todas las familias, pues únicamente 20

cuentan con este servicio; además, tiene

una galera que fue improvisada como

escuela en donde reciben clases los hijos

de los beneficiados.

Es una comunidad que se ha dedicado

a trabajar el proyecto productivo

señalado por el Fondo de Tierras, que

en su caso consiste en la explotación

de ganado de engorde. Iniciaron con 70

cabezas de ganado y actualmente tienen

402, lo cual les ha permitido ahorrar

dinero para realizar abonos al préstamo

otorgado para la compra del inmueble,

lo cual han hecho, aunque se encuentran

en período de gracia.

No obstante lo anterior, resulta importante

destacar que en esta comunidad,

tanto hombres, como mujeres y niños

no realizan los tres tiempos de comida,

ya que los cultivos de maíz y frijol que

tenían para su consumo se perdieron con

la tormenta Stan, lo que les ha traído

problemas de hambruna.

En las propias palabras de uno de

los entrevistados: “somos ricos en tierra,

pero seguimos aguantando tanta hambre

ahora, como antes de tener la tierra”.

Dicha comunidad está gestionando

actualmente ante el Fondo de Tierras la

autorización del tercer desembolso del

subsidio.

A la fecha 59 familias de las originalmente

beneficiadas han abandonado

la finca, quedando 141 familias, y según

lo manifestado por los entrevistados,

alguno de los beneficiados han abandonado

la finca por falta de recursos financieros

para trabajar, mientras que otros

–75–


Revista de derechos humanos

sólo querían el subsidio y después de que

lo recibieron se fueron de la finca.

Según los entrevistados, las tres

cuartas partes de esta finca es apta para

los fines agrícolas para las que la compraron,

y la parte que no es apropiada no

se la repartieron, de cuenta que a todas

las familias beneficiadas les tocó un área

productiva de la finca.

Además de las anteriores entrevistas,

se realizaron otras a personas que están

próximas a recibir o entrar en posesión

de sus fincas.

Don León Muj, quien es actualmente

presidente de la Asociación Campesina

Asociativa Cipresalon Yadinse, habla

kaqchikel, tiene setenta años de edad

y va a ser beneficiado por la Finca Las

Mercedes - Pocón Grande ubicada a 4

kilómetros de Patzún, del departamento

de Chimaltenango, localidad ubicada a

89 kilómetros de la Ciudad de Guatemala.

Nos manifestó la felicidad que siente

al pensar que a sus 70 años va a ser

propietario de una parcela, pues dice que

hace aproximadamente 12 años inició las

gestiones ante distintas autoridades para

hacer realidad su sueño de “ser propietario

de una parcela”; nos mostró el inmueble

y con ojos llenos de lágrimas nos contó

que está pendiente aún que el antiguo

arrendante saque su cosecha para así poder

hacer su primera siembra en un terreno

de su propiedad, ya que expresa que

toda su vida ha arrendado para cosechar

principalmente frijol, maíz y arveja.

Él considera que mediante la obtención

de la parcela que le será otorgada,

podrá cambiar su realidad económica

y obtener la tranquilidad que ahora no

tiene, al saberse dueño de un inmueble,

el cual podrá trabajar en beneficio personal

y que en un futuro podrá heredar

a sus hijos.

Por aparte, mencionaremos a los

beneficiarios de la Finca Amapa, la

cual queda en el municipio de Oratorio

del departamento de Santa Rosa;

será entregada a principios del mes de

febrero a 160 familias desarraigadas y

desplazadas de los departamentos de

Huehuetenango, San Marcos, Quiché y

Quetzaltenango.

Hablan mam, kaqchikel y quiché;

también están muy ilusionados con la

finca, en la cual según dicen hay sembrado

café y posee un clima templado

parecido al clima de los lugares de donde

son originarios. La gran mayoría de

miembros de esta comunidad son víctimas

del conflicto armado interno del

país, que los obligó a emigrar al sur de

México; 46 familias tienen como jefe de

familia a una mujer viuda, cuya lídersa

manifestó que no tiene conocimiento de

que exista una oficina que atienda las

necesidades de la mujer campesina.

–76–


La repercusión de la tenencia de la tierra en el respeto a los derechos humanos sociales…

Su trámite en el Fondo de Tierras

duró alrededor de 7 años, y tiene la esperanza

de que su condición económica

mejore con la entrega y trabajo de la

finca; considera que las calidades del

terreno están apropiadas para los fines

agrícolas que persigue la comunidad.

Conclusiones

1. El nivel de vida de las personas que

han adquirido tierra a través de los créditos

otorgados por FONTIERRAS,

no ha sido transformado; al contrario,

siguen desarrollándose dentro

de una economía de subsistencia, en

la cual todos sus ingresos dependen

de situaciones que no están bajo su

control, como el clima, los precios del

mercado, etc., lo que no les permite un

desarrollo sostenible y determinante.

2. Los proyectos productivos desarrollados

por las familias de FON-

TIERRAS en muchos casos no son

acordes a la realidad de los terrenos

en los que se desarrollan, y no han

contado con la dirección técnica adecuada,

ya que la misma no se presta

en forma continua, lo cual ha provocado

que no se produzca el efecto

multiplicador de empleos esperado.

3. Existe una deserción masiva de las

familias beneficiadas por el Fondo

de Tierras, que obedece a muchos

factores externos, pero el que fue

más determinante para llegar a una

conclusión, fue la mala calidad de

las tierras entregadas por el Fondo

de Tierras, lo cual evidencia que

los estudios de capacidad de uso de

la tierra –ECUT–, no han sido bien

desarrollados ni analizados, hecho

que genera graves problemas a los

beneficiarios, que van a trabajar fincas

de baja productividad agrícola y

que además no cuentan con la infraestructura

necesaria para poder desarrollarse

económica y socialmente.

4. La condiciones de los créditos otorgados

para la compra de los inmuebles

por parte del Fondo de Tierras,

son favorables para los campesinos;

no obstante lo anterior, se establece

la necesidad de analizar ciertas circunstancias

especiales que afectan

a los beneficiarios del Fondo de

Tierras para poder realizar los pagos

de los mismos, en especial después

de la tormenta Stan, que produjo

pérdidas en la producción agrícola

y pecuaria del país, por lo que se

considera necesario recomendar

a las autoridades legales y financieras

relacionadas con FONTIE-

RRAS, que lleven a cabo medidas

de urgencia para reestructurar las

deudas y no perjudicar a los campesinos

beneficiarios del Fondo, que

continúan en la lucha de la explotación

agrícola de sus terrenos.

–77–


Revista de derechos humanos

5. En cuanto al apoyo técnico que se les

brinda a los beneficiarios del Fondo

de Tierras, es importante señalar que

éste no es del todo eficiente, pues

actualmente se contrata a un profesional

o a un empresa para que preste

su servicio a varias fincas, las cuales

visita periódicamente algunos días

a la semana o algunas veces al mes,

según el caso, ubicación y acceso

de la finca. Además, es importante

destacar que los proyectos productivos

fracasan en gran número y

lo peor es que este apoyo técnico

lamentablemente ha sido fuente de

corrupción, tanto para las personas

que lo prestan, como para los beneficiarios

y para el Fondo de Tie rras

encargado de la contratación.

6. Es indispensable que los beneficiarios

del Fondo cuenten con asesoría

técnica permanente, la cual debe

ser evaluada periódicamente por las

autoridades del Fondo de Tierras,

conforme a los resultados en la ejecución

de los Proyectos Productivos

establecidos para cada comunidad,

los cuales deben ser minuciosamente

analizados antes de involucrar a los

campesinos en proyectos improvisados,

mal planificados y sin visión

ni objetivos a corto, mediano y largo

plazo.

7. Los proyectos productivos deben

contar con opciones prácticas, viables

y más creativas que permitan

a los beneficiarios del Fondo de

Tierras poder cambiar de actividades

agrícolas a actividades industriales

y de ecoturismo o de alguna otra

índole, que les permita transformar

su realidad económica.

8. FONTIERRAS no cuenta con una

unidad de atención especializada

para indígenas, ni con un sistema de

traducción para dichas comunidades;

no obstante, en algunos casos

los perfiles del personal ha ser contratado

determinan que el candidato

preferiblemente debe contar con el

dominio de las lenguas vernáculas

que se hablan en las regiones en

donde prestarán sus servicios. Por

otra parte, según lo manifestado por

las mujeres beneficiadas por el Fondo

de Tierras, la Unidad de Apoyo

a la Mujer Campesina no ha tenido

un papel significativo en el apoyo

a las mujeres beneficiadas por el

Fondo de Tierras, pues ellas en su

mayoría desconocen la existencia

de dicha unidad.

9. Para la elaboración de los Proyectos

Productivos sugeridos por FON-

TIERRAS se necesita el respaldo

de la comunidad beneficiada; no

obstante, dentro de los requisitos de

su elaboración no está la figura de

la cosmovisión maya, en especial

porque los profesionales contratados

–78–


La repercusión de la tenencia de la tierra en el respeto a los derechos humanos sociales…

para el efecto no tienen el apoyo de

un área especializada en asuntos y

traducciones indígenas.

10. Se concluye que tanto la Ley del

Fondo de Tierras, Decreto 24-99

del Congreso de la República como

sus Reglamentos, cumplen con sus

objetivos y sobre todo respetan los

derechos consuetudinarios de las

familias y comunidades beneficiadas

según se encuentran establecidos

en el Acuerdo sobre Aspectos

Socioeconómicos y Situación

Agraria.

11. El acceso a la tierra trae beneficios

conexos, como lo es el facilitar el

acceso a la educación a los hijos de

los beneficiados, lo cual es un buen

inicio para la consolidación de un

mejor futuro para los guatemaltecos.

12. El trámite para obtener un crédito

para la compra de fincas excede en

todos los casos los 85 días señalados

por la ley.

Conclusión general

La tenencia de tierras por sí sola no

es un factor determinante que permita

transformar la realidad económica de

los guatemaltecos, pues dicho factor

debe estar contextualizado dentro de

una política general, que permita contar

con las condiciones institucionales,

legales, comerciales y sociales apropiadas,

a fin de poder desarrollar proyectos

productivos, mismos que deben contar

con una asistencia técnica y financiera

eficaz que se adapte a las condiciones

especiales y particulares de cada grupo.

Todo ello, enmarcado dentro de una

visión general que permita transformar

una realidad agrícola en una sociedad

más industrializada, en donde los

productos puedan ser transformados y

explotados de forma eficiente, estable

y segura.

Recomendaciones

1. Se recomienda que tanto los beneficiarios

del Fondo de Tierras como

los funcionarios del mismo tomen

todas las medidas necesarias para

asegurar la idoneidad tanto de las

personas que realicen los estudios

de capacidad de uso de la tierra

–ECUT–, como de los resultados del

mismo, a efecto de no comprar tierra

que resulte inútil para los fines agrícolas

o pecuarios a los que se pretenda

destinarlos, como ha sucedido en

el pasado, lo cual ha generado que el

programa desarrollado por el Fondo

de Tierras, pierda credibilidad, así

como sus funcionarios.

2. Se recomienda que el Fondo de Tierras

se autoevalúe periódicamente

–79–


Revista de derechos humanos

realizando un FODA (análisis de

las fortalezas, debilidades, oportunidades

y amenazas) tanto de la

institución como de los programas

y sus resultados.

3. El combate a la corrupción debería

ser la principal característica del

Fondo de Tierras, pues si se logra

erradicar este mal, se podrán superar

las críticas por la compra de fincas

inútiles, la falta de programas de

productividad reales, prácticos y

eficientes. Esto cual fortalecería en

general a Guatemala, al ser dicho

Fondo un generador de cambio en

la población pobre de Guatemala.

4. Se debe contar con flexibilidad

financiera, que permita adecuar

las condiciones del préstamo a las

circunstancias particulares de los

beneficiarios, tal y como sucede

en la actualidad, ya que a causa de

un fenómeno climático destructivo

a nivel nacional (tormenta tropical

Stan), deben reestructurarse

los créditos para no afectar a las

familias beneficiarias que tienen

problemas con sus pagos.

5. Es indispensable que además de contar

con la dirección técnica adecuada,

se implementen programas de educación

general para los campesinos

beneficiarios del Fondo de Tierras,

promoviendo así su educación tanto

a nivel técnico como administrativo,

para lo cual debería contarse con una

oficina especializada.

6. Se recomienda que el Fondo de

Tierras cuente con una unidad especializada

en el tema indígena, para

coordinar la traducción lingüística y

para actuar como especialista en su

cosmovisión.

7. Se recomienda que la Unidad de la

Mujer Campesina cumpla con los

fines de su creación.

8. Se considera que con el fortalecimiento

de un mercado de tierras

formal, obtenido mediante la puesta

en práctica del Registro de Información

Catastral (próximo a funcionar

en el país), con un Registro General

de la Propiedad efectivo, y con el

apoyo de políticas fiscales y agrarias

estables, se podrá facilitar el acceso

a la tierra a los guatemaltecos, por

lo que se recomienda además buscar

mecanismos que permitan la estabilidad

de la política económica del

país.

9. Se sugiere que el Fondo de Tierras

emita manuales operativos que fijen

plazos acordes a sus necesidades y a

la realidad práctica para la ejecución

de las diferentes etapas del expediente

administrativo, a efecto de

poder optimizar el procedimiento y

–80–


La repercusión de la tenencia de la tierra en el respeto a los derechos humanos sociales…

reducir el tiempo de los expedientes,

y de una manera finalizarlos dentro

del plazo señalado por la ley para el

efecto.

Referencias

A. Bibliográficas

1. Aballi Mota, Luis Estuardo. Aspectos

jurídicos y sociales de la

tenencia de la tierra en Guatemala.

Guatemala: 1992.

2. AID (Agencia Internacional de los

Estados Unidos para el Desarrollo)

y Development Associates. Tierra y

trabajo en Guatemala: Una evaluación.

Guatemala: 1982.

3. Alvarez Aragón, V. La tenencia de la

tierra y su incidencia en la cobertura

escolar. Guatemala: 1990.

4. Anzueto, Carlos Alfonso. Análisis

comparativo de los programas de

compra venta de tierras en Guatemala,

Informe de Consultoría para

el Fondo de Tierras –MAGA–, Guatemala:

1996.

5. Berge, S. Political and agrarian

development in Guatemala. Boulder,

Colorado, Estados Unidos: Westview

Press. 1992.

6. Besa García, José. Tenencia de la

tierra y reforma agraria. Bibliografía.

Guatemala: 1989.

7. BID (Banco Interamericano de

Desarrollo). Perspectivas sobre

mercados de tierras rurales en

América Latina. Departamento de

Desarrollo Sostenible, División

de Medio Ambiente, Washington

D.C.: 1998.

8. Cabrera, Claudio. Estudio sobre tenencia

y uso de los recursos naturales

en la FTN y Petén. Componente

de ejidos municipales y áreas protegidas,

Informe final de consultoría

para el Banco Mundial, Guatemala:

1995.

9. Cámara de Diputados, Servicio de

Investigación. Tenencia de la tierra.

México: 8/8/2005.

10. Carrera, Jaime Arturo. El estudio de

mercado de tierras en Guatemala.

CEPAL–SERIE Desarrollo productivo

Nº 73. Santiago de Chile: julio

de 2000.

11. Castellanos Pinelo, C. Análisis

financiero y comercialización de

un aprovechamiento mejorado

a pequeña escala. Guatemala:

1995.

–81–


Revista de derechos humanos

12. CEPAL, FAO, OIT, SIECA, OCT

y OEA. Tenencia de la tierra y

desarrollo rural en Centroamérica.

Tercera Edición. Costa Rica:

1980.

13. Conferencia Episcopal de Guatemala.

Carta Pastoral El clamor por la

tierra. Guatemala: 1988.

14. Deere, Carmen Diana y Magdalena

León. La brecha de propiedad entre

los géneros: la tierra en Latinoamérica.

Ponencia preliminar Hidalgo.

México: 2003.

15. FAO. Estudio realizado por la FAO.

Tenencia de la tierra y desarrollo

socioeconómico del sector agrícola

en Guatemala. 1980.

16. –––––––. Estudio realizado por la

FAO. Tenencia de la tierra y desarrollo

socioeconómico del sector

agrícola en Argentina. 1980.

17. _______. Estudio realizado por la

FAO. Tenencia de la tierra y desarrollo

socioeconómico del sector

agrícola en Perú. 1980.

18. –––––––. Estudio realizado por la

FAO. Tenencia de la tierra y desarrollo

socioeconómico del sector

agrícola en Ecuador. 1980.

19. –––––––. Mejoramiento del acceso

de los pobres y las mujeres a la tierra.

Docrep 8/8/2005.

20. FONTIERRAS. El modelo de

mercado y el acceso a la tierra en

Guatemala. Balance y perspectivas.

Editorial Magna Terra Editores S.A.

Guatemala: 2002.

21. –––––––. Memoria de labores del

Fondo de Tierras de los años 1998,

1999, 2000, 2001, 2002, 2003 y

2004. Guatemala.

22. IFAD. Informe sobre pobreza rural

2001. Italia: 2001.

23. Información recopilada por el Alto

Comisionado de las Naciones Unidas

para los Refugiados (ACNUR),

sobre la base de informes provenientes

de los programas citados.

Los datos varían dependiendo del

período de tiempo considerado.

CEPAL–SERIE Desarrollo productivo

Nº.73. Chile: 2000.

24. Instituto Nacional de Estadística

INE. IV Censo Nacional Agropecuario.

Guatemala: 2003.

25. –––––––. XI Censo de Población

y VI de Habitación. Guatemala.

2003.

–82–


La repercusión de la tenencia de la tierra en el respeto a los derechos humanos sociales…

26. Martinez Peláez, Severo. La patria

del criollo. Ensayo de la interpretación

de la realidad colonial guatemalteca,

Editorial de la Universidad

Autónoma de Puebla. Séptima edición.

México: 1982.

27. MINUGUA. La situación de los

compromisos relativos a la tierra

en los Acuerdos de Paz Informe de

Verifi cación. Guatemala: 2000.

28. Nuñez, O. Lo agrario, teoría y método.

Editorial Universitaria C.A.

Primera edición. Guatemala: 1990.

29. Orellana Alarcón, Hector Raúl. La

tenencia de la tierra y el régimen

agrario de la comunidad de Santa

María Xalapán. Guatemala: 1994.

30. Palma Murga, G. El Estado y los

campesinos en Guatemala durante

el período de 1944 a 1954. Educa.

Guatemala: 1988.

31. Paz C., Guillermo. Guatemala, reforma

agraria. Editorial Ludovico

S.A. Guatemala: 1986.

32. PNUD. Informe sobre desarrollo

humano de 1997.

33. Programa de consolidación INTA.

Uso y tenencia de la tierra en los

parcelamientos existentes. Folleto

del Instituto Nacional de Transformación

Agraria. Guatemala: 1973

34. Roldán Flores, Gustavo R. Positividad

de la norma que prohibe la

tenencia de tierra del Estado sin

previa adjudicación. Artículo 133 de

la Ley de Transformación Agraria.

Tesis de Graduación USAC. Guatemala:

1990.

35. Sáenz P., Carlos. Tenencia de la

tierra titulación y desarrollo agrícola

en Costa Rica. San José Costa

Rica: 1994.

36. Sandoval L. y Cruz. F. Cambios en

la estructura agraria de Guatemala

y metas. Guatemala: 1968.

37. Unión Mundial para la Naturaleza,

Oficina Regional para Sur América.

La tenencia de la tierra en

América Latina. El estado del arte

de la discusión en la región. Chile:

8/8/2005.

38. Van Der Sluis, Arjen y C. Plath. Uso

potencial de la tierra en Guatemala.

FAO Roma: 1980.

39. II Encuentro Taller sobre Cultura

y Espiritualidad Maya. Tierra y

espiritualidad maya. Guatemala:

2000.

–83–


Revista de derechos humanos

B. Normativas

40. Asamblea Nacional Constituyente.

Constitución Política de la República

de Guatemala. 1985.

41. Decreto 900 del 9 de junio de

1952.

42. Gobierno de la República de Guatemala

y Unidad Revolucionaria

Nacional Guatemalteca. Acuerdos

de Paz. Instituto de Investigaciones

Económicas, Universidad Rafael

Landívar. Tercera edición. Guatemala:

1998.

43. Reglamento de Administración

del Fideicomiso Fondo de Tierras

Acuerdos de Paz. Fondo de Tierras

44. Reglamento de Arrendamiento con

o sin Opción de Compra. Fondo de

Tierras

45. Reglamento de Benefi ciarios y Benefi

ciarias de Acceso a la Tierra.

Fondo de Tierras.

46. Reglamento General de Crédito.

Fondo de Tierras.

47. Reglamento General de Créditos del

Fondo de Tierras. Aprobado por el

Consejo Directivo en el punto resolutivo

29-2003.

C. Varias

48. Datos estadísticos proporcionados

por el Fondo de Tierras.

49. Prensa Libre, Artículo Desalojo

Finca María Linda,Guatemala 1

septiembre 2004.

–84–


El sexismo lingüístico en el Código

Penal guatemalteco como un elemento

discriminador contra las mujeres


SOLEDAD ESPADA CHÁVEZ

Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales egresada de la Universidad de San

Carlos de Guatemala, con pénsum cerrado en la Maestría en Derechos Humanos de

la Universidad Rafael Landívar, –URL–. Además, es egresada del Seminario Permanente

de Investigación en Derechos Humanos organizado por el Instituto de Derechos

Humanos de la Universidad San Carlos de Guatemala –IDHUSAC– y por el Instituto

de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Rafael Landívar –IIJ/URL–.

Ha participado como coordinadora de proyectos de 1997 a 1999 y como asistente

de investigación en las siguientes investigaciones:

• “Mayanización y vida cotidiana: la ideología y el discurso multicultural en la

sociedad guatemalteca”; patrocinada por OXFAM GB y CIRMA, Investigador:

Dr. Roddy Brett. 2005

• “La igualdad y la universalidad de los DDHH, en las mujeres guatemaltecas”,

Proyecto Regional de Apoyo a la Educación, Capacitación e Investigación en

Derechos Humanos en Centroamérica, financiado por el Gobierno de Finlandia,

PNUD, ASIES, URL y USAC, Investigadora: Licenciada Claudia Agreda.

2005

• “La hambruna en Camotán y Jocotán, Chiquimula”; patrocinada por

FLACSO-Argentina y FLACSO-Guatemala, aún sin editar. Investigadora:

Licenciada Ana Gabriela Contreras. 2005.

• “Estudio exploratorio sobre el régimen disciplinario en la administración pública

de Guatemala”; Fundación Myrna Mack. Investigadora: Licenciada Ana Gabriela

Contreras, 2004.

Actualmente es integrante fundadora de la organización feminista “Alzando Voces”,

delegada ante la Red de la No Violencia contra las Mujeres y la Asamblea General de

la Coordinadora Nacional para la Prevención de la Violencia Intrafamiliar y contra las

Mujeres CONAPREVI.

–86–


RESUMEN EJECUTIVO

Las palabras tienen un poder casi mágico: en realidad son capaces de aparecer y

desaparecer los objetos” 1

La frase anterior se explica por sí misma; sin embargo, agregaría yo “mutila

identidades”. El lenguaje es el reflejo de la sociedad edificada desde un punto de

vista, el masculino, como paradigma de la humanidad. Por lo tanto, el presente trabajo

pretende analizar el lenguaje utilizado en el Código Penal guatemalteco y en algunas

de sus reformas, para determinar cómo puede discriminar a las mujeres.

El actual corpus legal contiene un sexismo lingüístico en algunos de sus artículos,

tanto en su redacción morfológica como sintáctica. Esto ocurre a lo largo

de su desarrollo e incide en su aplicabilidad, misma que redunda en una acción

discriminatoria contra el género femenino.

El lenguaje sexista contribuye a reforzar la violencia contra las mujeres en la

aplicación de justicia, ya que quienes la aplican pueden estar están investidos de

prejuicios, tabúes y esquemas mentales.

La interpretación que se hace de la normativa penal está cargada de emotividad y

de subjetividades muy particulares de cada juzgador o juzgadora, que como humanos

se mueven por emocionalidades, responden a intereses y defienden ideologías.

El sexismo lingüístico perpetúa la visión y cosmovisión que se tiene de las

mujeres como seres inferiores, objetos sexuales, agentes reproductoras, incapaci-

1 Calvo, Yadira. Las líneas torcidas del derecho, Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención

del Delito, ILANUD, San José, Costa Rica, 1996, Pág. 52.

–87–


Revista de derechos humanos

tadas para tomar decisiones, débiles, tontas, etc, ya que la lengua forma parte de la

cultura y crea una identidad, aunado a que la misma es la expresión de sus pueblos.

Cuanto más represivo sea un pueblo, su lengua participará de esa misma visión y

cosmovisión de la vida. El Estado guatemalteco responde a un sistema patriarcal

y androcéntrico que invisibiliza y discrimina a más de la mitad de su población,

conformada por mujeres.

El Código Penal guatemalteco está construido con palabras ambiguas, vagas

y con una carga emotiva en su mayoría negativa, que incide en la interpretación

que se hace del mismo por quienes tienen la facultad legal de aplicarlo a un caso

concreto.

–88–


ABSTRACT

“The words have an almost magical power: they are really capable of appearing and to

disappearing the objects”. **

The previous phrase is explained by itself, would add “mutilates identities”. The language is

the reflection of a society and built from a point of view, the male as a paradigm of the humanity.

Analyzing the language used in the Guatemalan Penal Code and some of its reforms and how

this can discriminate women.

The current legal corpus contains linguistic sexism in some of its articles not only in its

morphological writing but in its syntax affects its applicability, which causes a discriminative

action against the feminine gender.

The sexist language contributes to reinforce the violence against women in the application

of justice, for who apply the law full of prejudices, taboos and mental schemes.

The interpretation that is done to the penal law is loaded with very particular and emotional

subjectivities from each judge, who as all human beings are moved by emotions, and respond

to different interests and defend ideologies.

The linguistic sexism perpetuates the vision and cosmo-vision that people have about

women as inferior human beings, sexual objects, reproductive agents, not capable of making

decisions, weak, foolish, etc. Since the language is part of the culture and creates an identity,

and it is also the expression of a country, the more repressive a country is the more is the more

is represented by that same vision and cosmo vision of life, the State of Guatemala responds to

a patriarchy system which is masculine-centered that discriminates and conceal more than half

of women’s population.

The Guatemalan Penal Code, is built with vague, ambiguous words and with a negative

emotional load, that impacts in the interpretation that is given of it, by the ones who have the

legal faculty to apply it to a concrete case since are a humanity with visions and cosmo vision

of life of a very peculiar way.

** Yadira Calvo. Las líneas torcidas del derecho. Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención

del Delito –ILANUD–. San José, Costa Rica: 1996. Pág. 52

–89–


ÍNDICE

Introducción ........................................................................................................93

1. El sexismo lingüístico en el Código Penal, Decreto 17-73

del Congreso de la República de Guatemala y sus reformas. ........................94

Conclusiones ......................................................................................................107

Recomendaciones ..............................................................................................108

Referencias .........................................................................................................109

–91–


El sexismo lingüístico en el Código

Penal guatemalteco como un elemento

discriminador contra las mujeres 2

Soledad Espada Chávez

Introducción

Cuando inicié el proceso de investigar

sobre el sexismo lingüístico,

no lo visualicé ni lo interioricé hacia

uno de los sistemas normativos con

que cuenta Guatemala; el comienzo fue

otro: el enfoque era el sexismo social

y lingüístico a través de los mensajes,

comerciales, películas, carteles, rótulos,

piropos, chistes, refranes, etcétera.

Ello comenzó como una aventura investigativa,

pero en realidad no dimensioné

el trabajo. Era una necesidad personal

el visibilizar este problema, que afecta a

miles de mujeres en las sociedades y que

se agudiza como un corolario que influye

en la violencia contra las mujeres.

Por azares del destino, terminé por

analizar el Código Penal, y fue así

como me inserté en esta aventura, que

ha sido una experiencia inimaginable

de crecimiento personal y académico,

dado que a través de este trabajo se

logró fusionar toda una ciencia como

la sociolingüística, con los derechos

humanos y el derecho penal, formando

toda una amalgama que espero llene las

expectativas del lector.

Partimos del hecho que el lenguaje

es el reflejo de una sociedad, misma que

puede estar edificada desde un solo punto

de vista, el masculino (androcentrismo 3 )

como paradigma de la humanidad.

Por ello, analizar cómo el lenguaje

en el que está redactado el Código Penal

2 Este artículo es producto de la investigación realizada por la autora, con el auspicio del “Proyecto Regional de

Apoyo a la Educación, Capacitación e Investigación en Derechos Humanos en Centroamérica” a través del

Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de San Carlos de Guatemala –IDHUSAC– y del Instituto de

Investigaciones Jurídicas de la Universidad Rafael Landívar –IIJ/URL–.

3 El hombre como medida de todas las cosas. Enfoque de un estudio, análisis o investigación desde la perspectiva

masculina únicamente, y utilización posterior de los resultados como válidos para la generalidad de los individuos,

hombres y mujeres. El enfoque androcéntrico es distorsionador de la realidad. Diccionario ideológico feminista,

Sau Victoria, Volumen I, Barcelona, España, abril 2000, Editorial Icaria La Mirada Esférica, Pág. 45.

–93–


Revista de derechos humanos

guatemalteco, contenido en el Decreto

17-73 del Congreso de la República de

Guatemala y algunas de sus reformas,

puede discriminar a las mujeres guatemaltecas,

se ha constituido en el punto

central del presente análisis, así como la

forma en que la lengua escrita puede discriminar

y desvalorizar a las mujeres.

1. El sexismo lingüístico en el

Código Penal, Decreto 17-73

del Congreso de la República

de Guatemala y sus reformas

¿Por qué surge la necesidad de

identificar el sexismo lingüístico

Buena pregunta. La respuesta prevista

por la investigadora es elemental y

fundamental: contribuir de cierta forma

a cambiar la situación, posición y

condición que las mujeres guatemaltecas

han tenido a lo largo de la historia,

quienes han sido identificadas y vistas

no como sujetas de derecho, con oportunidades

y capacidades propias, sino

como objetos adscritos a un dueño por

socialización impuesta o por mandato

patriarcal.

Por ello se hace necesario identificar

el sexismo no sólo en el marco jurídico,

sino en muchas otras problemáticas;

sin embargo, en esta oportunidad será

necesario indagar, documentar, apelar,

deconstruir, reconstruir, plantearse y

replantearse nuevas ideas para el derecho,

pero sobre todo para el campo del

derecho penal, que de por sí es violento

y deshumanizante.

El derecho penal es un derecho punitivo

y represivo per se, ya que el Estado

es el delegado para desarrollarlo,

aplicarlo y sancionarlo en sus diversos

niveles, pero no es sólo una cuestión de

proponer, discutir, negociar, cabildear,

aprobar y poner en vigencia cuerpos

legales cada día más represivos para

las sociedades, si quienes los aprueban,

delegados por poder popular, ignoran

lo que significa desarrollar una norma

utilizando la técnica jurídica sociológica

con perspectiva de género. Las leyes

son escritos legalistas para aplicarlos a

humanos y humanas a criterio, discreción

e interpretación de quienes tienen

el poder de hacerlo, sin ahondar más

allá de las personas a las cuales juzgan

y mucho menos, interpretar más allá

de lo que la normativa quiere decir o

pretende decir.

El Código Penal vigente responde

a las ideologías de los legisladores y

legisladoras y a sus intereses de grupos

políticos, económicos y sectoriales,

investidos casi siempre de prejuicios y

de estereotipos sexistas, machistas y en

algunos casos agresores, abusadores y

genocidas, donde el lenguaje lleva una

carga ideológica del grupo dominante.

–94–


El sexismo lingüístico en el código penal guatemalteco como un elemento discriminador…

A nuestro criterio el cuerpo legal en sí

mismo es violento y no tiende a resocializar

a las personas que delinquen. En

el caso de las mujeres, la carga ideológica

se hace más fuerte y violenta por

las mismas construcciones históricas y

relaciones de poder desiguales en que

han vivido la mayoría de las mujeres a

través de la historia.

A lo anterior hay que sumarle todo

lo que implica un caso concreto, donde

se inserta en el consciente y subconsciente

de quien tiene la potestad de

juzgar y de llevar un proceso, el bagaje

de sus propios estereotipos, prejuicios,

juicios de valor, esquemas sociales,

religiosos, tabúes y complejos, mismos

que provacan que al momento

de emitir una resolución o sentencia,

consciente o inconscientemente ésta

lleve implícita una resolución o fallo

emitidos con esa carga ideológica y

emotiva. La pragmática ha denominado

“el signo del enunciado” al contexto

en que se está empleando la oración

que se emite y que consecuentemente

lleva una implicación social y en este

caso, jurídica.

Se hace necesario reconocer que el

movimiento feminista y el de mujeres,

está presente desde hace décadas en una

lucha incansable por mejorar la situación

jurídica, social, política, económica, etc.,

de las mujeres en su conjunto. Dentro de

ese contexto, la existencia de su agenda

histórica ha sido contribuir a legislar

con una mirada feminista, que no daña

a nadie. Las mujeres han tenido la capacidad

durante milenios, de ver más allá

de ellas mismas para ver la integralidad,

reconociendo la diversidad en cada ser

humano y humana.

Las sociedades evolucionan, y de igual

forma lo deben hacer sus instituciones y

sus marcos jurídicos. Todo cambia, y a

nivel nacional se han asumido compromisos

internacionales al firmar el Estado un

marco jurídico internacional en materia

de derechos de las mujeres, mismo que se

constituye en la base para crear, proponer

y reformar una legislación más acorde a la

realidad, que incorpore aquéllo que nos permita

ser una sociedad mucho más humana.

La sociedad guatemalteca requiere

cambios profundos en su legislación;

la génesis de la misma debe ir más a la

realidad y sobre todo ser un marco de

respeto a los derechos fundamentales de

la humanidad, aun en las circunstancias

más adversas de su vida.

Para ello, el lenguaje se hace vital,

y pueda ser visualizado y visibilizado

como incluyente en una realidad social

donde dicho lenguaje normativo

sea parte los cambios requeridos. El

lenguaje escrito que se utiliza para la

elaboración de leyes debe responder

–95–


Revista de derechos humanos

y tener coherencia con los principios

de las comunidades democráticas,

empáticas, solidarias y que respondan

a los valores ideológicos de la construcción

de una sociedad que tenga

como primacía constitucional 4 al humano

y humana, así como su libertad

y la igualdad, entendiéndolos como

“iguales con diferencias”, que otorgan

valor y riqueza a una nación.

Como lo afirma el título de este capítulo,

se hace imperiosa la necesidad

de identificar el sexismo lingüístico

en el corpus penal vigente, porque el

mismo ha traspasado las barreras del

tiempo y de los cambios sociales que

se han producido, o como lo cita el

programa Mujer, Justicia y Género de

la Comisión Interamericana de la Mujer:

“El lenguaje que se relaciona con la

sociedad refleja y perpetúa normas de

pensamiento; el mismo no es estático, se

modifica con los cambios sociales y a la

vez, los cambios en el lenguaje pueden

producir cambios de percepción de los

fenómenos sociales. El uso del masculino

como genérico es producto de la

jerarquización entre los sexos; para eso

se hace necesario cuestionar su validez

para las necesidades de representación

de la sociedad actual y sobre todo para

las necesidades de expresión de las mujeres.

El ambiguo uso de genéricos en

los textos legales ha producido y mantenido

históricamente discriminaciones

contra las mujeres. Puesto que el texto

legal debe ser lo más claro y lo menos

ambiguo posible, es necesario que en su

redacción se incluyan formas alternas al

uso masculino/genérico, que permitan

visualizar lo femenino”. 5

Todo lo anterior sustenta la necesidad

de identificar el lenguaje sexista

contenido en el actual Decreto 17-73

del Congreso de la República de Guatemala,

conocido como Código Penal

guatemalteco.

Porque las leyes deben en su mayoría

responder a las necesidades de las personas

a las cuales pretenden regir, las leyes

demasiado ambiguas o vagas tienden por

sí mismas a ser discriminatorias para la

parte más débil en un caso concreto.

4 Artículo 1: Protección a la persona. El Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia;

su fin supremo es la realización del bien común.

Artículo 46: Preeminencia del Derecho Internacional. Se establece el principio general de que en materia de

derechos humanos, los tratados y convenciones aceptados y ratificados por Guatemala, tienen preeminencia sobre

el derecho interno. Ambos son artículos de la Constitución Política de la República de Guatemala de 1985.

5 Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas para la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente

(ILANUD), Sexismo lingüístico y lenguaje jurídico, San José, Costa Rica, Pág. 18.

–96–


El sexismo lingüístico en el código penal guatemalteco como un elemento discriminador…

La interpretación 6 que de una normativa

se puede hacer queda a criterio de

quien en su momento tiene la potestad

de interpretación, y consecuentemente,

quien tiene el poder de juzgar es quien es

responsable por dicha interpretación.

Por otro lado, cuanto más claras sean

las normas a aplicar, más accesible se

hará la interpretación, y consecuentemente

el criterio de discrecionalidad de

un juzgador o juzgadora se verá compelido

a una interpretación basada en un

lenguaje claro y sencillo.

Las normas responden a los intereses,

valores e ideologías de sus legisladores

y legisladoras, y tienen una carga

ideológica de represión y de valoración

de las personas bastante cuestionables,

en este caso, por su naturaleza de índole

penal. Consecuentemente, la normativa

es represiva en sí misma y al ser aplicada,

hay métodos para hacerlo como el

histórico o el sociológico. Si el juez o

jueza hicieran uso del método histórico

le darán más peso a lo que establece la

normativa creada por un legislador o

legisladora de línea dura, mientras que si

6 A este respecto, se argumenta la existencia de 3 tipos de teorías para la interpretación, como lo son la cognoscitiva,

que aduce que interpretar es acertar el significado objetivo del texto normativo y/o la intención subjetiva de su autor,

o sea el legislador; si la misma consiste en descubrir el verdadero sentido de la palabras, cada texto admitirá una

sola forma de interpretación que será la verdadera si es que quien interpreta acierta con su significado intrínseco.

La labor de éste consiste en descubrir el sentido objetivo de las normas y no habrá lugar para la discrecionalidad

judicial; si el lenguaje y la realidad son convencionales, la actividad de interpretación consistirá no en descubrir

el significado de las palabras sino en adscribírselo, aunado a que el aplicador del derecho asigne un significado

a un texto legal conforme a elementos valorativos e ideológicos. La interpretación no se puede concebir como

algo puramente cognoscitivo. La segunda teoría de la interpretación afirma que se trata de una actividad que

implica valoración, elección y decisión, y por lo tanto la discrecionalidad juega un papel importante. Aduce que

las palabras tienen diversos significados que dependerán, de cómo el juzgador interprete y valore el mismo. Éste

no es ni objetivo ni neutro y en él está implícito el papel creador del juez; por lo tanto, el sistema jurídico no es

completo ni coherente. La tercera teoría afirma que es una actividad tanto cognoscitiva como volitiva y por lo

tanto discrecional; argumenta que en los textos normativos se distingue un área de significado central y una zona

marginal o de penumbra. Los autores que la defienden asumen que la relación entre el lenguaje y la realidad es a

veces natural y a veces convencional; en unos casos se descubrirá el significado y en otros se le adjudicará dicho

significado, pero si el lenguaje es un sistema de símbolos cuya relación con la realidad es convencional, es decir,

establecida por los individuos, puede también ser modificada por ellos.

Los métodos de interpretación se utilizan para atribuir un significado a las normas legales y están el método

literal, el sistemático, el histórico, el de la ratio legis, el sociológico, etc. Su empleo queda al arbitrio del juez

o jueza y consecuentemente, puede dar resultados distintos y aun contradictorios. Villanueva Flores, Rocío,

Interpretación jurídica, lectura de apoyo, curso de justicia y género de la Escuela de Estudios Judiciales.

Guatemala, 2003, Págs. 244 y 245.

–97–


Revista de derechos humanos

aplican la interpretación bajo el método

sociológico, tendrían que mirar la realidad

social de quien está siendo juzgado

y de la víctima.

Un ejemplo de ello se tiene en el

siguiente artículo del Código Penal:

“Estado peligroso ARTÍCULO 87.-

Se consideran índices de peligrosidad:

1º. La declaración de inimputabilidad.

2º. La interrupción de la ejecución de la

pena por enfermedad mental del condenado.

3º. La declaración del delincuente

habitual. 4º. El caso de tentativa imposible

de delito, prevista en el artículo 15

de este Código. 5º. La vagancia habitual.

Se entiende por vago el que teniendo

aptitud para ejecutar un trabajo remunerable

se mantiene habitualmente en

holganza, viviendo a costa del trabajo

de otros, o de mendicidad, o sin medios

de subsistencia conocidos. 6º. La embriaguez

habitual. 7º. Cuando el sujeto

fuere toxicómano. 8º. La mala conducta

observada durante el cumplimiento de la

condena. 9º. La explotación o el ejercicio

de la prostitución.

Si un juez o jueza tuviera que medir

la peligrosidad conforme al inciso

que define la vagancia, resultaría que

en Guatemala, en general, un buen

número de la población resultaría ser

vaga, porque los índices de desempleo

y mendicidad de la población es inmensa;

basta con salir a las calles y ver

en las esquinas de 1 a 6 personas mendigando;

estas personas aparentemente

están en buenas condiciones físicas,

ya que se les puede ver caminando

y con sus extremidades inferiores y

superiores en buenas condiciones,

como lo refleja el informe de desarrollo

humano del año 2005 elaborado

por el Programa de Naciones Unidas

para el Desarrollo cuando resalta que

la población económicamente activa

es de 4,990,230, y esta conformada

por personas entre 7 y 17 años, ello

llevaría en un principio a pensar que el

resto son vagos y vagas; si se hiciera

la interpretación de acuerdo al método

histórico ese sería el resultado. Por

ende resultaría que la mayoría de la

población guatemalteca se encuentra

en “estado peligroso”.

Ahora bien profundizando el análisis

del artículo: “5º. La vagancia habitual.

Se entiende por vago el que teniendo

aptitud para ejecutar un trabajo remunerable

se mantiene habitualmente en

holganza, viviendo a costa del trabajo

de otros”. Esta parte resulta interesante

para este trabajo, porque si se lee literalmente

como está redactado, una

mujer sería vaga, si se toma en cuenta

que la mayoría de las mujeres dependen

económicamente del trabajo del esposo

o conviviente y más aún las mujeres

indígenas, ya que aparentemente viven

–98–


El sexismo lingüístico en el código penal guatemalteco como un elemento discriminador…

a costa de otros, pero porque la mayoría

ha tenido menos oportunidades en todos

los sentidos. Al convertirse en madres,

dejan de ser atractivas para el trabajo

remunerado, se convierten en una carga

patronal y causan “problemas”.

Por otra parte, el trabajo que la mujer

realiza dentro del hogar en este país no

se visibiliza; es un trabajo reproductivo

pero no productivo, ya que no genera

ingresos.

Por tales razones, la interpretación

tiene una importancia vital en la aplicación

de la normativa, y al momento

de hacerse, sea cual sea el método de

interpretación que se utilice, el juzgador

debe de ir más allá del mero texto de la

normativa y de su lenguaje para ver la

realidad de cada situación que se presenta

en un caso concreto.

Identificar el sexismo en el citado

cuerpo legal es necesario y fundamental,

a fin de que la interpretación y la

discrecionalidad del juzgador no se ven

tan cargadas de estereotipos, prejuicios

etc., y pueda hacer una aplicación integral

del derecho incluyendo las normas

constitucionales y los derechos humanos

de los que es titular la mujer.

En la presente investigación se

abordaron tres fases: La primera fase

esta constituida por el análisis que se

hizo de cada uno de los artículos del

Código Penal, para detectar el sexismo

contenido en el mismo, estableciéndose

que en sus diferentes palabras, frases u

oraciones se encontraron léxicos sexistas

dentro del campo sintáctico, que van

ligados a su estructura, al orden de concordancia

de las palabras por su forma

de construcción o bien al régimen de

los modos verbales que caracterizan al

idioma. Este sexismo suele ser peligroso,

ya que es más profundo y muchas

veces pasa inadvertido y es practicado

inconscientemente por los y las hablantes,

por lo que resulta más difícil de

combatir. 7

Asimismo, dicho sexismo se identificó

también en su morfología, que se

relaciona con la estructura interna de las

palabras para poder delimitarlas, definirlas

y clasificarlas a fin de darles su uso

adecuado. Finalmente, el citado cuerpo

de ley contiene oraciones y palabras

ambiguas, vagas y emotivas que poseen

una implicación, ya que la interpretación

que se haga de las mismas llevará una

connotación y una denotación en determinado

momento.

7 Lo léxico puede ser, a veces, cuestión de gustos; lo sintáctico es siempre cuestión de mentalidad. Citado por García

Meseguer, Álvaro, ¿Es sexista la lengua española. España. Editorial Paidós, Papeles de comunicación 4, 1994.

Pág. 55.

–99–


Revista de derechos humanos

En el presente trabajo se presenta

solamente la primera fase.

La segunda fase la constituye el

análisis efectuado sobre las sentencias

emitidas por tribunales de Guatemala,

al juzgar delitos cometidos por mujeres

(agresoras) y contra mujeres (víctimas),

a fin de determinar el contenido

de las mismas y evaluar las implicaciones

de las sentencias emitidas y cómo

todo el proceso de testigos, expertos y

pruebas hace referencia a las mujeres y

la forma en que se emplea el lenguaje

hacia las mismas, para concluir si éste

tiene una connotación en la misma

sentencia emitida.

La tercera fase fue la entrevista a

profesionales de tres disciplinas a fin de

indagar sus percepciones del lenguaje

y de la lengua usada en Guatemala; si

ésta es sexista y si puede contribuir a

discriminar a las mujeres. En ese sentido,

se empleó el lenguaje escrito de los

diversos registros de la lengua, como lo

son el culto, el estándar, el coloquial y

el malsonante propios de Guatemala, y

que varían en cada región.

Volviendo al análisis del Código

Penal, en la lectura de cada uno de sus

artículos se pueden percibir con cla ridad

palabras, frases u oraciones que son

ambiguas, vagas y que conllevan una

carga emotiva que tiene una implicación,

que puede ser positiva o negativa,

dependiendo de quién y cómo se interpreten,

lo que consecuentemente puede

incidir resultados tales como una acción

o actitud discriminatoria hacia uno de

los géneros, las mujeres, por la misma

construcción que se tiene de ellas en el

imaginario nacional, ante lo cual nadie

es ajeno.

Se logró evidenciar que existe una

mayor incidencia en la morfología, es

decir, en la formación del femenino

(prefijos, sufijos, en los compuestos formados

por un verbo y un sustantivo en

plural, o por un sustantivo 8 y un adjetivo 9

o bien por un adjetivo y un sustantivo,

artículos). 10

8 Los sustantivos de género masculino terminan en –o,-e o en consonante, mientras los femeninos lo hacen en a-o en

consonante; masculinos: abogado, hermano, maestro, femenino: abogada, hermana, maestra) y en algunos casos

son de diferente raíz los que se oponen en pareja (caballo-yegua, padre-madre, yerno-nuera). Algunos sustantivos

terminan en isa-esa-ina (alcalde-alcaldesa, sacerdote-sacerdotisa, héroe-heroína). Los sustantivos de doble forma

aluden al mundo animado (hermano-hermana, gato-gata) y los sustantivos de forma única designan colectivos

(ejercito, comité, clero y no marcan sexo). Ibídem, Págs. 28 y 31.

9 El adjetivo es un hecho puramente sintáctico; depende de que esté relacionado con un sustantivo de género masculino

o femenino y debe de concordar obligatoriamente. Existen los de doble forma (traidor-traidora, rico-rica),

y los de forma única para ambos géneros (feliz, agradable, amable audaz). Ibídem, Pág. 36.

10 Según la lengua española, el artículo debe adoptar el género del nombre al que acompaña (el niño- la niña, el

empleado- la empleada) Ibídem Pág. 39.

–100–


El sexismo lingüístico en el código penal guatemalteco como un elemento discriminador…

En el Código Penal se hace visible

el sexismo lingüístico en las siguientes

palabras, frases u oraciones, a saber:

“reo, funcionario, guatemalteco,

presidente, absuelto o condenado,

padre, hijos, adoptados, jefes, agentes,

encargados, directores, gerentes,

ejecutivos, administradores, obligado,

vago, agraviado, subversivos,

sancionado, empleador, propietario,

tutor, tutores, protutores, maestros,

guardadores, soltero, hermano,

consumidor, auditor, perito contador,

experto, director, liquidador,

empleado, deudor, capitán, piloto,

mecánico, autorizado, elector, subalterno,

árbitros, traductor, notario,

abogado, mandatario judicial, expendedores,

dueño, ebrio, toxicómanos,

juez de ejecución, médico, químico,

biólogo, farmacéutico, odontólogo,

laboratorista, enfermero, obstetra,

encargado de la educación, los ministros

de culto”.

Estas palabras propias del Código

Penal actual son eminentemente masculinas;

en ninguna de ellas se utiliza

la femenina, existiendo en el registro

del Diccionario de la Real Academia

Española, y habiéndose ya elaborado

muchos estudios e investigaciones

sobre la necesidad de visibilizar en el

consciente y en el subconsciente de la

población una realidad: la sociedad se

forma de mujeres y hombres y como

tal, el lenguaje debe ser inclusivo de

esa realidad social.

Pero, ¿qué palabras se pueden emplear

para que sea inclusivo rea, funcionaria,

guatemalteca, presidenta, absuelta,

condenada, madre, hijas, adoptadas,

jefas, encargadas, directoras, personal de

la gerencia, ejecutivas, administradoras,

obligada, vaga, agraviada, subversivas,

sancionada, empleadora, propietaria, tutora,

tutoras, protutoras, maestras, guardadoras,

soltera, hermana, consumidora,

auditora, perita contadora, experta, directora,

liquidadora, empleada, deudora,

capitana, pilota, mecánica, autorizada,

electora, subalterna, árbitras, traductora,

notaria, abogada, mandataria judicial,

expendedoras, dueña, autorizada, medica,

química, bióloga, farmacéutica,

encargada, las ministras de cultos”.

Aunque estas palabras tienen su

femenino, se les suele encontrar el

obstáculo de que repetitivo colocar por

ejemplo jueces y juezas, reo y rea, directora

y director; sin embargo, existen

otras palabras por las cuales se les puede

sustituir sin que sea repetitivo, como lo

son: las personas con minoría de edad,

las personas adoptadas, la soltería, las

personas recluidas, las personas que

cumplen una pena, personal docente, las

personas profesionales de la abogacía

y del notariado, quienes ejercen la administración,

la gerencia, supervisión,

tutoría, protutorías, las personas autori-

–101–


Revista de derechos humanos

zadas, juez y jueza de ejecución, o las

judicaturas de ejecución, las personas

profesionales de la medicina, biología,

farmacia, etcétera.

Existen maneras de ir construyendo

paulatinamente en el consciente y en el

subconsciente de la población así como

en el imaginario colectivo, la idea de que

las mujeres existen y que contribuyen

con este país desde sus espacios, tanto

públicos como privados.

La lengua tiene una función fundamental

en las personas, ya que les va dando

una identidad que les pertenece e identifica

como algo o alguien; y en el caso de las

mujeres, una identidad que les ha sido por

mucho tiempo mutilada y asignada, hecho

que ya resulta tan natural, que ellas mismas

replican toda esa identidad asignada

a través de la lengua y la van socializando

a otras personas a través de sus acciones,

actitudes, emisión de palabras, oraciones,

escritos, etc. Eso sólo contribuye a continuar

manteniendo una posición de inferioridad

o de relegación en la sociedad.

Existen, en el mismo Código Penal,

palabras formadas por un artículo y un

sustantivo, o bien un sustantivo con un adjetivo,

entre las que resaltan las siguientes:

“el imputado, los jueces, el autor, el menor

de edad, el delincuente, del procesado,

del ofendido, del ofensor, los autores,

los cómplices, los partícipes, los responsables,

los reclusos, el encausado, los

reincidentes, el juzgador, el beneficiado,

al favorecido, los declarados delincuentes

habituales, se someterá el sujeto, los enfermos,

el sujeto peligroso, personalidad del

conductor, los herederos, el agraviado, el

médico, un niño, los jefes de Estado, los

representantes diplomáticos, los ascendientes,

del secuestrado, los cómplices, los

encubridores, el particular, del morador,

del penado, sus hijos, el dueño de una

cosa, el responsable, el auditor, el consorte

viudo, su difunto cónyuge, el conductor,

cuando el autor del delito, el facultativo, el

comerciante, al quebrado, el concursado,

el contribuyente, los meros ejecutores, los

instigadores, un elector, los presidentes de

los organismos del Estado, el jefe o agente

de la policía, un subalterno, los miembros

de las policías, los abogados, el testigo,

el intérprete, el traductor, los cabecillas o

dirigente, los banqueros, los encargados

de la guarda o custodia, el dueño, el traficante,

el subordinado”.

Veamos un ejemplo de como se

leería el artículo 26, utilizando un lenguaje

incluyente: 11 - Son circunstancias

atenuantes: Inferioridad síquica 1º. Las

condiciones determinadas por circuns-

11 En el presente ejemplo se ha omitido la redacción actual del artículo y se ha elaborado con el lenguaje inclusivo

a propuesta de la investigadora.

–102–


El sexismo lingüístico en el código penal guatemalteco como un elemento discriminador…

tancias orgánicas o patológicas que disminuyan,

sin excluirla, la capacidad de

comprender o de querer de la persona.

Exceso de las causas de justificación. 2º.

El exceso de los límites establecidos en

las causas de justificación. Estado emotivo

3º. Obrar la persona delincuente por

estímulos tan poderosos que, naturalmente,

hayan producido arrebato u obcecación.

Arrepentimiento eficaz 4º. Si

quien delinque ha procurado, con celo,

reparar el daño causado o impedir sus

ulteriores perniciosas consecuencias.

Reparación del perjuicio 5º. Si la persona

delincuente, a criterio del tribunal,

ha reparado, restituido o indemnizado

adecuada y satisfactoriamente el daño

causado antes de dictarse sentencia.

Preterintencionalidad 6º. No haber tenido

intención de causar un daño de tanta

gravedad, como el que se produjo. Presentación

a la autoridad 7º. Si, pudiendo

la persona imputada eludir la acción de

la justicia por fuga u otro medio idóneo,

se ha presentado voluntariamente a la

autoridad. Confesión espontánea 8º. La

confesión del procesado y la procesada,

si la hubiere prestado en su primera

declaración. Ignorancia 9º. La falta de

ilustración, dada la naturaleza del delito,

en cuanto haya influido en su ejecución.

Dificultad de prever 10. En los delitos

culposos, causar el resultado dañoso

en circunstancias que lo hacían muy

improbable o difícil de prever. Provocación

o amenaza 11. Haber precedido

inmediatamente, de parte de la persona

ofendida, provocación o amenaza en

proporción al delito. Vindicación de

ofensas 12. Haber ejecutado el hecho

en vindicación próxima de una ofensa

grave, causada al autor y autora del

delito, su cónyuge, su concubinario, o

concubinaria, sus parientes dentro de los

grados de ley, las personas adoptantes o

bien las personas adoptadas. Se entiende

por vindicación próxima la que se ejerce

consecutivamente a la ofensa, o cuando

no ha habido el tiempo necesario para

la reflexión. Inculpabilidad incompleta

13. Las expresadas en el artículo 25

cuando no concurran los requisitos necesarios

para excluir de responsabilidad

en los respectivos casos. Atenuantes por

analogía 14. Cualquiera otra circunstancia

de igual entidad y análoga a las

anteriores”.

En esta parte también se pueden citar

palabras que sean inclusivas de lo femenino

sin que se pierda el sentido gramatical;

se pueden emplear aquí según la investigadora:

“las personas imputadas, los

jueces y las juezas, la autoría, la minoría

de edad, la persona delincuente, el procesado

y la procesada, la persona ofendida,

el ofensor y la ofensora, la autoría, las

personas cómplices o la complicidad, los

y las partícipes, los y las responsables, las

personas reclusas o bien reclusos y reclusas,

la persona encausada, las personas

reincidentes o la reincidencia”.

–103–


Revista de derechos humanos

Otras inclusiones sugeridas para

el cuerpo legal objeto de análisis: “el

juzgador y la juzgadora, el beneficiado

y la beneficiada, la persona favorecida,

las personas declaradas delincuentes

habituales, se someterá a la persona, las

personas enfermas, la persona peligrosa,

la persona que conduce, las personas

herederas, el personal médico o de la

medicina, un niño o una niña o bien la

niñez, los jefes y jefas de Estado, las

personas representantes diplomáticas,

los representantes diplomáticos y diplomáticas,

los y las ascendientes, el secuestrado

y la secuestrada o la personas

secuestrada, la complicidad, las personas

encubridoras, la persona particular,

el morador y la moradora”.

“El penado y la penada, sus hijos

e hijas, la persona dueña de una cosa,

la persona responsable, el auditor y la

auditora, el cónyuge viudo o la cónyuge

viuda, su difunto o difunta cónyuge, la

persona conductora, cuando la autoría

del delito, la persona facultativa, la

persona comerciante, al quebrado y la

quebrada, la persona concursada, el y la

contribuyente, las personas ejecutoras,

las personas que instigan o instigadoras,

un elector y una electora, los presidentes

y las presidentas de los organismos del

Estado, el jefe o jefa, de la policía o

personas que forman parte de las fuerzas

policiales,“un subalterno y una subalterna,

las personas que ejercen la abogacía,

el testigo y la testigo, el y la intérprete,

el traductor y la traductora, las personas

cabecillas o la dirigencia, las personas

de las empresas bancarias, los encargados

y las encargadas de la guarda o

custodia, la persona propietaria o dueña,

el y la traficante, el subordinado y la

subordinada”.

El yo de los términos existentes

tanto en masculino como en femenino

contribuye a visibilizar la existencia de

las mujeres, lo que puede incidir en el

imaginario colectivo y en el subconsciente

de las personas.

Asimismo, en el cuerpo legal existen

mensajes que son ambiguos y vagos,

y que consecuentemente tienen una

carga emotiva que conlleva una implicación

de acuerdo al contexto donde se

utilizan.

Se extrajeron del actual Código

Penal unas oraciones para analizar

cómo la ambigüedad, la vaguedad y

la emotividad tienen una connotación

y una denotación en el campo de la

lingüística y de la pragmática, ya que

en el contexto existe una visión y una

conceptualización de las mujeres. 12

12 No se transcribirán los artículos en todo su contenido, sino sólo la oración analizada.

–104–


El sexismo lingüístico en el código penal guatemalteco como un elemento discriminador…

“El juez a su prudente arbitrio. Tiempo

indeterminado. Vagancia habitual. Si lo

estimaren peligroso o bien peligrosidad.

Costumbres disolutas. Maliciosamente.

Deshonra, descrédito y menosprecio.

Decoro del ofendido ante la sociedad.

Usando de violencia suficiente para

conseguir su propósito. Aprovechando

las circunstancias, provocadas o no por

el agente, de encontrarse la mujer privada

de razón o de sentido o incapacitada para

resistir. Acceso carnal con mujer honesta

y aprovechando su inexperiencia u

obteniendo su confianza. Mujer honesta.

Deshonesta.

Actos sexuales distintos al acceso

carnal. Actos sexuales perversos prematuros

o excesivos. Actos obscenos. Pudor.

La viuda que contrajere matrimonio

antes de transcurrido el plazo señalado

en el Código Civil para que pueda contraer

nuevas nupcias. La mujer cuyo

matrimonio hubiere sido disuelto por

divorcio o declarado nulo, si contrajere

nuevas nupcias antes de que haya transcurrido

el plazo señalado por el Código

Civil. Ideología comunista. Quien, en

cualquier forma, ofendiere a mujeres

con requerimientos o proposiciones

indebidas, incorrectas, irrespetuosas u

obscenas o las siguiere o molestare con

cualquier propósito indebido”.

Todas las oraciones o frases que se

transcribieron del corpus legal tienen la

característica de ser palabras empleadas

en el sociolecto jurídico, que está

en manos de un grupo privilegiado

de personas que cuentan con una

preparación muy especializada. Esas

frases en sí están sobreelaboradas, ya

que son ambiguas y es de entender que

la ambigüedad tiene que ver con varios

significados de las palabras; y en ese

sentido, lo que para una persona puede

tener un significado para otra tendrá

otro, y lo que es bueno y positivo para

uno y una será negativo para otras;

por ejemplo, la vagancia habitual,

astucia, fraude y disfraz, honestidad,

deshonestidad, decoro, pudor, actos

sexuales excesivos, etcétera. Las

mencionadas son palabras subjetivas

que no pueden “medirse”, porque cada

persona les dará la interpretación que se

ajuste a sus esquemas mentales, sociales

y culturales.

Por otro lado, están impregnadas

de vaguedad; para alguien, una mujer

honesta es aquélla que nunca ha tenido

relaciones sexuales, mientras que para

otra, una mujer trabajadora del sexo

no deja de ser una mujer honesta por

el hecho de ganarse la vida con dicho

oficio. Una mujer pudorosa puede ser

alguien que cuida su cuerpo y lleva una

vida en completa abstinencia de todo lo

mundano, pero para alguien, una mujer

así podría ser sólo una monja o santa.

La interpretación es relativa; depende de

quién lo haga, cuándo y en qué contexto.

–105–


Revista de derechos humanos

En el caso de Guatemala, que tiene las

características de una sociedad eminentemente

machista, las mujeres han sido

vistas como la propiedad de alguien por

un lado, y también como seres extraordinarias,

o bien malvadas que no deben

cometer actos fuera de lo que se concibe

como la mujer ideal.

Por el otro lado, todas las palabras

llevan implícita una emotividad, que no

es más que la implicatura, 13 que puede

ser negativa o positiva dependiendo de

quién interprete y juzgue, aunado a otras

circunstancias como el estado anímico,

el momento en que se está dando la interpretación.

En todo acto del habla, sea

ésta expresada o analizada a lo interno

de una persona, va existir una intencionalidad,

y en ese proceso existe toda

una carga negativa o positiva, ya que al

final de cuentas las personas son seres

de carne y hueso y como tales, están investidas

y revestidas de juicios de valor,

prejuicios, tabúes, esquemas mentales,

frustraciones, traumas, etc., que afloran

en cada proceso de sus vidas.

Lo que las personas dicen en un

momento dado tiene una implicación;

la oración en sí lleva una denotación

y quien emite (hablante), le da una

connotación; por ejemplo: “Estupro

mediante inexperiencia o confianza, artículo

176.- El acceso carnal con mujer

honesta, mayor de doce años y menor de

catorce, aprovechando su inexperiencia

u obteniendo su confianza, se sancionará

con prisión de uno a dos años. Si la edad

de la víctima estuviere comprendida

entre los catorce y los diez y ocho años,

la pena a imponerse será de seis meses

a un año”.

Oración que se emite por el hablante:

El acceso carnal con mujer honesta,

mayor de doce años y menor de catorce,

aprovechando su inexperiencia

u obteniendo su confianza. Ésta tiene

una denotación que va en la siguiente

línea:

La honestidad es un valor subjetivo

que no se puede medir; es intangible.

La honestidad está relacionada con la

sexualidad de una persona del sexo femenino.

Una niña debe tener madurez

de sus actos (psicológicamente se sabe

que no hay plena madurez a esa edad).

Una persona con experiencia es una

persona vivida y conocedora del mundo.

La confianza es una actitud que se da

13 Las palabras que usamos constituyen casi siempre un esbozo, un dibujo aproximado, una guía imprecisa y cambiante

según la ocasión; guía que tiene la virtud, sin embargo, de suscitar ciertas imágenes mentales en nuestros

interlocutores. Si esas imágenes coinciden aproximadamente con las que queríamos provocar, consideramos que

nos hemos comunicado. La pragmática estudia los principios regulares que guían los procesos de interpretación

lingüística. Reyes, Graciela, “El abecé de la pragmática”, Madrid: Editorial Ibérica, 2000. Pág. 9.

–106–


El sexismo lingüístico en el código penal guatemalteco como un elemento discriminador…

por la interrelación entre personas, eso

incluye a niñas y a niños, y es ganada

con el trato, los afectos, las relaciones

constantes, etcétera.

Cuál es la connotación que le podría

dar el hablante:

Una mujer que disfruta su sexualidad,

no es honesta.

La honestidad para las mujeres está

relacionada con su cuerpo y el uso que

hacen de él, por lo tanto las trabajadoras

sexuales no son honestas.

Una niña antes que ser niña debe ser

madura.

Si la niña es madura no tendría porqué

ser inexperta.

Las relaciones de confianza pueden

ser con un tío, abuelo, primo, hermano,

vecino, maestro, amigo, etc.

Sin embargo, al momento de imponer

una sanción, sí hay una lectura

muy clara: se pide honestidad, madurez,

desconfianza, pero si no se tiene ese

panorama, se castiga con poca prisión

al sujeto que comete un acto de esta naturaleza

con una menor; en ese caso ya

no se protege el hecho de abusar de su

sexualidad, aunque sea utilizando medios

como obtener confianza y afectos.

Y si es mayor de edad, el castigo es

aún menor; en ese caso, la sexualidad y

el cuerpo de la menor quedan a un lado

para el castigo. Cuanta razón tiene Tamar

Pitch, quien afirma que el derecho penal

tiene sexo.

Conclusiones

1. Existe un lenguaje sexista contenido

en el Código Penal guatemalteco,

que contribuye a reforzar la

violencia contra las mujeres en la

aplicación de justicia. Quienes aplican

la ley pueden estár investidos

de prejuicios, tabúes y esquemas

mentales.

2. La interpretación que se hace de la

normativa penal puede estar cargada

de emotividad y subjetividades

muy particulares de cada juzgador o

juzgadora, quienes como humanos

se mueven por emocionalidades,

responden a intereses y defienden

ideologías.

3. El sexismo lingüístico perpetúa la

visión y la cosmovisión que se tiene

de las mujeres como seres inferiores,

objetos sexuales, agentes reproductoras,

incapacitadas para tomar decisiones,

débiles, tontas, etc., ya que

la lengua forma parte de la cultura y

crea una identidad. Dado que el lenguaje

es la expresión de un pueblo,

cuanto más represivo sea un pueblo

–107–


Revista de derechos humanos

o región su lengua formará parte de

esa misma visión y cosmovisión de

vida.

4. El Código Penal guatemalteco

muestra un marcado sexismo en el

uso abusivo del género masculino

como término neutro, lo que implica

que existe un sexismo sintáctico

y morfológico en su redacción, y

consecuentemente, la interpretación

jurídica que se hace del mismo

debido a como está estructurado

el Estado–, responde a un sistema

patriarcal y androcéntrico que invisibiliza

y discrimina a más de la

mitad de la población conformada

por mujeres.

5. El Código Penal guatemalteco, está

construido con palabras ambiguas

y vagas y con una carga emotiva

que en su mayoría es negativa, lo

que incide en la interpretación que

se hace de del mismo por quienes

tienen la facultad legal de aplicarlo

a un caso concreto.

Recomendaciones

1. Que los encargados de elaborar,

proponer y redactar leyes, posean

una preparación en el tema de la

lingüística y la implicatura que el

idioma tiene en la cosmovisión y

visión de la sociedad o que reciban

una adecuada asesoría al respecto,

a fin de mejorar la redacción de

los cuerpos legales. De esa manera

podrán emitir cuerpos legales en términos

claros, sencillos y coherentes

con la realidad guatemalteca.

2. El Estado se ha comprometido a modificar

todas las normas de la legislación

que tiendan a discriminar a las

mujeres; en ese sentido, el Código

Penal constituye una normativa que

debe ser revisada en su totalidad y

reformada, o bien debe crearse una

nueva normativa penal acorde con

la realidad social, jurídica y política,

con inclusión de género y en un

lenguaje inclusivo de dicha realidad

social.

3. Se hace necesario capacitar al

per sonal operativo del sistema de

justicia para que introyecte que la

sociedad está formada por mujeres y

hombres; que el idioma y en especial

el sociolecto jurídico no es neutro,

y que la interpretación de la ley

cargada de subjetividad incide en la

discriminación contra las mujeres.

4. Se recomienda retomar el cuerpo

legal existente y analizarlo con detenimiento,

a fin de poder abordarlo

desde una perspectiva de género y

con un lenguaje que visibilice la

existencia de lo femenino en el empleo,

redacción y utilización de adjetivos,

artículos, sustantivos, pro-

–108–


El sexismo lingüístico en el código penal guatemalteco como un elemento discriminador…

nombres, profesiones y oficios, etc.

Ello contribuirá en cierta medida a

ir concientizando y sensibilizando

el consciente y subconsciente de los

y las sociolectas jurídicas sobre la

existencia de lo femenino.

5. En la redacción de leyes claras, debe

usarse un lenguaje sencillo, sin tanta

ambigüedad, ni vaguedad y sin carga

emotiva, para que la interpretación

pueda abordarse desde la perspectiva

de género, empleando el método

sociológico, que dé como resultado

una aplicación de la ley que sea

objetiva y apegada a la justicia y

equidad.

Referencias 14

A. Bibliográficas

1. Almeida, Manuel. Sociolingüística.

Universidad de La Laguna, Servicios

de publicaciones, 2da. edición,

Tenerife, España: 2003.

2. Badilla, Ana Elena. La discriminación

de género en la legislación

penal, laboral y familiar en Centroamérica.

Instituto Interamericano de

Derechos Humanos, IIDH, Costa

Rica: 1994.

3. ––––––––––––. Análisis de la discriminación

de género en la legislación

centroamericana. Instituto Interamericano

de Derechos Humanos,

IIDH, Costa Rica: 1992.

4. Calero Fernández, Maria Ángeles.

Sexismo lingüístico, análisis y

propuestas ante la discriminación

sexual del lenguaje. España: Editorial

Narcea, 1999.

5. Calvo, Yadira. Las líneas torcidas

del derecho. Instituto Latinoamericano

de Naciones Unidas para la

Prevención del Delito, –ILANUD–,

(Programa mujer, justicia y género),

Costa Rica: 1996.

6. –––––––. A la mujer por la palabra.

Instituto Latinoamericano de

Naciones Unidas para la Prevención

del Delito, –ILANUD–, (Programa

mujer, justicia y género), Costa Rica:

1990.

7. Collado, Jesús Antonio. Fundamentos

de lingüística, general. Editorial

Gredos, Madrid, España: 1986.

8. De la Torre Madueño, Maria Dolores;

Medina Guerra, Antonia María y

Taillefer de la Haya, Lidia. El sexismo

en el lenguaje. Volumen I y II,

14 Las referecnias fueron las utilizadas para el informe de investigación que sirvió de fundamento al presente

artículo.

–109–


Revista de derechos humanos

Centro de ediciones de la diputación

de Málaga, España: 1999.

9. Díez Ripolles, José Luis. El derecho

penal ante el sexo. Editorial Bosch,

Barcelona, España: 1981.

10. Equipo Maíz. ABC de género. Editorial

Algier, El Salvador: 2001.

11. Facio Montejo, Alda. Cuando el

género suena cambios trae, (metodología

para el análisis del género

del fenómeno legal). –ILANUD–,

Costa Rica: 1992.

12. . Engendrando nuestras

perspectivas, Otras miradas. Volumen

II, –ILANUD–, Costa Rica:

diciembre del 2002.

13. García Meseguer, Álvaro. ¿Es sexista

la lengua española (una investigación

sobre el género gramatical).

España: Editorial Paidos, 1994.

14. Grijelmo, Álex. Defensa apasionada

del idioma español. Grupo Santillana,

España: 2001.

15. . El genio del idioma.

Editorial Taurus, Grupo Santillana,

España: 2005.

16. Haensch, Gunther et al. La lexicografía.

Editorial Gredos, Madrid:

1982.

17. Hernández Campo, Juan Manuel

y Almeida, Manuel. Metodología

de la investigación sociolingüística.

Editorial Comares, Málaga:

2005.

18. Herrera, Gioconda; Facio, Alda

y Freis, Lorena. Las fi suras del

patriarcado, reflexiones sobre

feminismo y derecho. Ecuador:

Consejo Nacional de la Mujer

–CONAMU–, 2002.

19. Instituto Nacional de la Mujer.

Juzgar con perspectiva de género.

México: 2005.

20. Instituto Interamericano de Derechos

Humanos. Sexismo Jurídico

y lenguaje jurídico. Costa Rica:

2001.

21. Lagarde, Marcela. Género y feminismo.

Editorial Horas, México:

1996.

22. Lamas, Marta; Salles, Vania;

Tuiran, Rodolfo y Flores,

Fernando. Cómo entender el

concepto de género. Ecuador:

Ediciones Abya-Yala. 1998.

23. López Valero, Armando; Madrid

Izquierdo, Juana María. Lenguaje,

sexismo, ideología y educación.

España: Editorial KR, 1998.

–110–


El sexismo lingüístico en el código penal guatemalteco como un elemento discriminador…

24. López García, Angel; Morant, Ricardo.

Gramática femenina. España:

Editorial Cátedra, 1991.

25. López Morales, Humberto. Sociolingüística.

Madrid, España: 2003.

26. Medina Guerra, Antonia. Manual de

lenguaje administrativo no sexista.

Asociacion Estudios Históricos de

la Mujer, Diputación de Málaga,

España: 2002.

27. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales,

Instituto de la Mujer. Lo femenino

y lo masculino en el dic cionario

de la lengua de la Real Academia

Española. España: 1998.

28. Moreno Fernández, Francisco.

Principios de sociolingüística

y sociología del lenguaje. Ariel

lingüística, España: 2da. edición,

2005.

29. Tamar, Pitch. Un derecho para dos,

la construcción jurídica de género,

sexo y sexualidad. Editorial Trotta,

Madrid: 2003.

30. Pérez Duarte, Alicia. Legislar con

perspectiva de género. Colección

Jurídica, género e infancia, editado

por el Instituto Nacional de las

Mujeres, México: 2002.

31. Reyes, Graciela. El abecé de la

pragmática. Ibérica Gráfica, Madrid

España: 4ta. edición, 2000.

32. Sau, Victoria, Diccionario ideológico

feminista. Volumen I y II, España:

Editorial Icaria, 2000.

33. UNICEF, UNIFEM, FNUAP. Metodología

para eliminar estereotipos

sexuales en los materiales educativos.

1989.

34. Morales Pellecer, Sergio. Diccionario

de guatemaltequismos. Artemis

y Edinter, 4ta. edición, 2006.

35. Morales Trujillo, Hilda. Derechos

humanos de las mujeres en la legislación

guatemalteca. Guatemala:

2004.

36. Morales Trujillo, Hilda; Valenzuela,

Angélica y Velásquez, María del

Rosario. Delitos contra las mujeres,

una nueva visión, propuesta para

modifi car el Código Penal. Guatemala:

2002.

37. UNICEF, UNIFEM, Oficina para

Centroamérica. Manual de recomendaciones

para la eliminación de los

estereotipos en los textos escolares

y en los materiales educativos en

general. 1996.

–111–


Revista de derechos humanos

38. UNICEF, UNIFEM. Análisis de

roles y estereotipos sexuales en los

textos escolares en Guatemala. Diciembre

de 1989.

B. Normativas

39. Convención sobre la Eliminación de

Todas las Formas de Discriminación

contra la Mujer y su Protocolo –CE-

DAW–, por sus siglas en inglés.

40. Convención Interamericana para

Prevenir, Sancionar y Erradicar la

Violencia contra la Mujer.

41. Constitución Política de la República

de Guatemala y sus reformas.

1985.

42. Constitución Política de Guatemala,

1965. Versión Electrónica. Digesto

Constitucional, Corte de Constitucionalidad,

2001.

43. Constitución de Bayona, 1881, Versión

Electrónica. Digesto Constitucional,

Corte de Constitucionalidad,

2001.

44. Código Penal, Decreto 17-73 del

Congreso de la República y sus

reformas.

C. Electrónicas

45. Encarta 2006. Enciclopedia electrónica

Microsoft Corporation. CD,

número 2.

46. Osorio, Manuel. Diccionario jurídico

electrónico. CD. 1, 2006.

47. Real Academia Española. Diccionario

electrónico. Espasa Calpe,

CD, 2001.

48. García, Diana. Muertes de mujeres

en Guatemala. www.revistapueblos.

org, marzo del 2006.

49. Historia del idioma español. www.

elcastellano.org, enero del 2005.

50. Gramática. www.wikipedia.org,

13 de junio del 2006.

51. Yánez, Adelso. Teoría de la enunciación.

www itcr.ac.cr.revistacomunicación,

30 de junio del 2006.

C. Varias

Periódicos:

52. Aqueche, Em. La Urbe, periódico

de la Universidad de San Carlos

de Guatemala: julio del 2005.

–112–


El sexismo lingüístico en el código penal guatemalteco como un elemento discriminador…

53. Pérez D., Sonia. Prensa Libre. Leyes

contrarias al sexo femenino. Guatemala:

julio del 2006.

54. El Periódico, Bitácora Policíaca,

Guatemala: julio del 2006.

Informes:

55. Grupo Guatemalteco de Mujeres.

Boletín número 1, año, 2, marzo

2006.

56. Instituto de Estudios Comparados en

Ciencias Penales de Guatemla, Cifras

de impunidad del crimen policial

contra mujeres. Guatemala: 2005.

57. Programa de Naciones Unidas para

el desarrollo –PNUD–, Informe de

desarrollo humano, Guatemala:

2005.

Tesis de Graduación:

58. Espada Chávez, Ana Miriam Soledad.

Tesis de Graduación de la

Licenciatura en Ciencias Jurídicas

y Sociales, Facultad de Ciencias

Jurídicas y Sociales, Universidad de

San Carlos de Guatemala, 2002.

–113–


INVESTIGACIÓN


El impacto que tienen los principios

de igualdad y universalidad de los

derechos humanos en las mujeres

que viven en la cabecera del

departamento de Guatemala


CLAUDIA VERÓNICA ÁGREDA AJQUÍ

Magíster en Derechos Humanos por la Universidad Rafael Landívar; es Licenciada

en Ciencia Política egresada de la Universidad de San Carlos de Guatemala asimismo

egresada del Seminario Permanente de Investigación en Derechos Humanos organizado

por el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de San Carlos de Guatemala

–IDHUSAC–, y por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Rafael

Landívar –IIJ/URL–. Además de Licenciada en Teología por la Universidad Mariano

Gálvez.

Se ha desempeñado como investigadora social de la Oficina de Derechos Humanos

de Guatemala; realizó y publicó dos investigaciones sobre la situación de la niñez en

Guatemala, en los años 2003 y 2004. Además de investigadora, durante el año 2006

fue apoyada por el “Proyecto Regional de Apoyo a la Educación, Capacitación e Investigación

en Derechos Humanos en Centroamérica” a través del Instituto de Derechos

Humanos de la Universidad de San Carlos de Guatemala –IDHUSAC– y del Instituto

de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Rafael Landívar –IIJ/URL–.

También ha trabajado como docente en la Escuela de Ciencia Política de la Universidad

de San Carlos de Guatemala y es miembra fundadora y actual secretaria de la

Asociación de Mujeres “Alzando Voces”.

–118–


RESUMEN EJECUTIVO

En la presente investigación se desarrollan los siguientes temas:

a) Una breve reseña sobre la evolución histórica de los “principios de igualdad y

universalidad de los derechos humanos”, desde el surgimiento de la República

hasta finales del siglo XX.

b) Una discusión filosófica sobre la concepción que se tiene sobre la “igualdad”

y la “universalidad” de los derechos humanos, a la luz de conceptos como:

“homogeneización”, “valoración de la diferencia”, “relativismos culturales”,

“discriminación” y “equidad”, así como a la luz de convenciones y tratados

internacionales en materia de derechos humanos y derechos de las mujeres.

c) Un análisis legisgráfico sobre la evolución y aplicación del “principio de igualdad

de los derechos humanos” a la ciudadanía guatemalteca en los textos constitucionales

con los que ha contado el país hasta la fecha. Asimismo, se analizan y

evidencian algunos artículos de los Códigos Penal y Procesal Penal del país, a

través de los cuales se violan flagrantemente algunos derechos de las mujeres

que pertenecen al núcleo “duro” de los derechos humanos.

d) Se presenta cuál es la situación del goce de los derechos humanos de las guatemaltecas,

usando como variables los siguientes derechos: la participación

política, el trabajo, la educación, la tenencia de la tierra y/o propiedad, la salud

reproductiva, y el acceso a la justicia.

e) Se presenta la percepción conceptual que tienen los hombres y las mujeres en relación

con los principios de “igualdad y universalidad de los derechos humanos”,

a la luz de su cotidianeidad. En este mismo apartado se presenta la metodología

–119–


Revista de derechos humanos

usada, la descripción de la aplicación de las herramientas metodológicas y la

identificación de los y las sujetas de análisis.

f) La última parte trata sobre las principales conclusiones a las que la investigadora

arribó y sus respectivas recomendaciones.

–120–


ABSTRACT

In this section, its included the final report related to the research carried out by

the author, with support of the Regional project of support to the education, training

and investigation in human rights in central America through the Institute of

Humans Rights of the University of San Carlos of Guatemala -IDHUSAC- and of

the Institute of Legal Investigations of Legal Investigations of the University Rafael

Landívar -IIJ/URL-.

This investigation reviews the historical evolution of the “principles of equality

and universality of the human rights” arose from the settlement of the Republic at the

end of the last century. Also it presents a philosophical discussion on the conception

of “equality” and the “universality” of the human rights, with clear concepts as:

“homogenize”, “appraisal of the difference”, “cultural relativisms” “discrimination”

and “equity”. For this discussion, the conventions and treaties regarding human

rights and rights for women were taken into account.

Afterwards, it is presented a legislative analysis about the evolution and application

of the “principle of equality of the human rights” for the Guatemalan citizens

in the constitutional texts which have been the ones that the country has counted

on until now. Also, some articles are analyzed, not only about the Penal Code, but

also the Prosecution Penalty which is the mean to flagrantly violate some women’s

rights.

In the report of this investigation it is described, besides, the situation of the

enjoyment of the human rights of Guatemalans, using as variable the following

rights: the political participation, work, education, the property and possession of

the land, reproductive health, access to the justice.

–121–


Revista de derechos humanos

Finally, it is presented the perception that men have regarding the principles of

“equality and universality of the human rights”, conceptually and clearly stated according

to its habitual status. In this same section the methodology used is presented,

the description of the application of the methodological tools and identification of

the analyzed subjects.

–122–


CONTENIDO

Introducción ............................................................................................................. 127

1. Los principios de igualdad y universalidad de los derechos humanos ............ 129

1.1 Antecedentes del principio de igualdad ................................................... 130

1.1.1 La igualdad en las primeras declaraciones

liberales de derechos humanos ...................................................130

1.1.2 Negación del principio de igualdad a las mujeres .....................132

1.2 La igualdad y la universalidad de los derechos humanos

en la Declaración Universal de Derechos Humanos ................................ 137

1.3 La igualdad y la universalidad de los derechos humanos en la

“Convención Americana sobre Derechos Humanos”

(Pacto de San José) .................................................................................. 140

1.4 La igualdad y la universalidad de los derechos humanos en la

Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de

Discriminación Contra La Mujer (CEDAW) ........................................... 142

1.5 La igualdad y la universalidad de los derechos humanos en la

Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la

Violencia Contra La Mujer (Convención de Belem Do Pará) ................. 144

1.6 Discusión sobre la igualdad y la universalidad de los derechos humanos

y la especificidad de los derechos humanos de las mujeres ..................... 146

1.7 Los aportes del feminismo: la igualdad y la equidad ............................... 149

1.7.1 Los principios de igualdad y no discriminación ........................... 149

1.7.2 El principio de equidad ................................................................ 152

2. La posición y ubicación de las mujeres respecto de los hombres en

el imaginario social y el sistema jurídico guatemalteco ................................... 155

2.1 Las mujeres en el imaginario social guatemalteco .................................. 155

2.2 Las mujeres en el constitucionalismo guatemalteco ................................ 158

–123–


Revista de derechos humanos

2.2.1 Antecedentes del principio de igualdad en las constituciones

de la República de Guatemala y su aplicación a las mujeres ....... 158

2.2.2 Las mujeres en la Constitución Política de la

República de 1985 ........................................................................ 163

2.3 Las mujeres y los Acuerdos de Paz ......................................................... 167

2.4 Las mujeres y la Ley para Prevenir,

Sancionar y Erradicar la Violencia Intrafamiliar ..................................... 171

3. Análisis de género del goce de los siguientes derechos:

participación política, trabajo, educación, propiedad y tierra,

derechos sexuales y reproductivos; y acceso a la justicia ................................. 175

3.1 La participación política de las mujeres ................................................... 175

3.1.1 Mujeres en cargos públicos ........................................................... 177

3.1.2 El trayecto para el ejercicio del sufragio femenino ...................... 189

3.1.3 La participación política de las mujeres y las dificultades

que afrontan para ejercerla ........................................................... 191

3.2 Derecho al trabajo .................................................................................... 196

3.2.1 Condiciones laborales de las mujeres ........................................... 200

3.2.2 El impacto de la discriminación laboral en

los hogares monoparentales femeninos ........................................ 207

3.2.3 El principio de igualdad desde la normativa laboral ..................... 209

3.3 Derecho a la educación ............................................................................ 210

3.4 Derecho a la propiedad y a la tierra ......................................................... 215

3.5 Los derechos sexuales y reproductivos .................................................... 218

3.5.1 Fecundidad y maternidad adolescente .......................................... 219

3.5.2 Mortalidad materna ...................................................................... 222

3.5.3 Mujeres: principales víctimas de la violencia sexual ................... 225

3.6 Las guatemaltecas y el acceso a la justicia .............................................. 228

4. Análisis de los resultados obtenidos en el trabajo de campo ............................ 236

4.1 Herramientas metodológicas aplicadas a personas

sujetas de análisis ..................................................................................... 237

4.1.1 Entrevistas .................................................................................... 237

4.1.2 Cuestionarios ................................................................................ 237

–124–


El impacto que tienen los principios de igualdad y universidad de los derechos humanos…

4.1.3 Observaciones generales sobre la aplicación

de las herramientas metodológicas ............................................... 238

4.2 Análisis de los resultados obtenidos a través de las entrevistas

y los cuestionarios .................................................................................... 239

4.2.1 Percepción sobre la igualdad entre hombres y mujeres ............... 240

4.2.2 Los puestos directivos ¿quiénes los ocupan¿por qué .............. 242

4.2.3 Las mujeres sujetas de investigación ¿están en posibilidades

de tomar decisiones o emitir opiniones Cuando lo hacen,

¿las mismas son valoradas igual que las de los hombres ........... 253

4.2.4 ¿Cuáles funciones asumen los hombres y

las mujeres en la práctica ............................................................ 254

4.2.5 ¿Cuáles son las condiciones en las que las mujeres

desarrollan su trabajo productivo y/o reproductivo .................... 255

4.2.6 Identificación de los roles de las mujeres y sus

aportes a la sociedad guatemalteca ............................................... 258

Conclusiones ........................................................................................................... 261

Recomendaciones ................................................................................................... 266

Referencias .............................................................................................................. 268

Anexos ..................................................................................................................... 275

–125–


El impacto que tienen los principios de

igualdad y universalidad de los derechos humanos

en las mujeres que viven en la cabecera del

departamento de Guatemala 1

Claudia Verónica Ágreda Ajquí

Introducción

El presente trabajo es resultado

de un proceso de formación de

profesionales para la investigación

social en derechos humanos y de otro

proceso que apoyó la ejecución de la

respectiva investigación, con el soporte

del Instituto de Investigaciones Jurídicas

(IIJ) de la Universidad Rafael Landívar

y el Instituto de Derechos Humanos

de la Universidad de San Carlos de

Guatemala (IDHUSAC), auspiciado

por el Gobierno de Finlandia a través

de los proyectos: “Apoyo a la Reforma

Educativa en Derechos Humanos en

Guatemala” y “Apoyo a la Educación,

Capacitación e Investigación en Derechos

Humanos en Centroamérica” (“Proyecto

Finlandia”).

En el año 2002, al fi nalizar los

estudios del “Seminario Permanente de

Investigación en Derechos Humanos”,

la investigadora propuso trabajar el tema

“El impacto que tienen la igualdad y la

universalidad de los derechos humanos

en las mujeres guate maltecas”. En

el año 2005, las instituciones antes mencionadas

seleccionaron esta propuesta

investigativa para ser ejecutada.

Gracias a esta propuesta, la autora

logró materializar una investigación que

ha resultado sumamente enriquecedora

en dos niveles: a) personalmente, puesto

que el aprendizaje obtenido a lo largo de

este proceso en lo referente a los derechos

de las mujeres y la teoría de género

ha sido invaluable; y b) profesionalmente,

puesto que se tuvo la oportunidad

de aportar un documento en el que se

analiza cualitativa y cuantitativamente

con enfoque de género, la realidad de

las féminas de Guatemala. Este trabajo

permite desmitificar que los logros que

1 Este es el informe final correspondiente a la investigación realizada por la autora, con el auspicio del “Proyecto

Regional de Apoyo a la Educación, Capacitación e Investigación en Derechos Humanos en Centroamérica” a

través del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de San Carlos de Guatemala –IDHUSAC– y del

Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Rafael Landívar –IIJ/URL–.

–127–


Revista de derechos humanos

las guatemaltecas han obtenido son una

dádiva; más bien se evidencia que éstos

son el producto de luchas de años y años

de miles de mujeres que buscan el pleno

goce de sus derechos.

El método de investigación usado

fue cualitativo-cuantitativo y descriptivo;

el mismo implicó el análisis de

género, así como el documental y legisgráfico

a través de matrices de vaciado

que se presentan en los distintos capítulos

del informe final. No obstante que

se trabajó con alguna jurisprudencia en

materia de derechos humanos, es importante

resaltar que el enfoque es desde las

ciencias sociales, porque los derechos

humanos son justiciables no sólo desde

el derecho sino desde otras disciplinas,

por ejemplo: las construcciones con una

visión de “accesibilidad”; una economía

con “enfoque social”, etc.

Las sujetas y sujetos de análisis

fueron mujeres guatemaltecas activistas,

con puestos directivos al interior

de sus organizaciones reivindicadoras

de demandas sociales; mujeres profesionales,

miembras de juntas directivas

de sus colegios profesionales; mujeres

que desarrollan trabajos técnicos, tradicionalmente

ejercidos por hombres;

campesinas, lideresas de movimientos

pro-tierra; operarias, miembras de juntas

directivas de sindicatos; mujeres en

máximos puestos jerárquicos permitidos

en sus iglesias; directores y directoras de

organizaciones de defensa y promoción

de los derechos humanos; funcionarios

de Gobierno; autoridades académicas;

autoridades eclesiales en puestos jerárquicos

de las iglesias. Del total de

la muestra estipulada, se logró obtener

información de un 89%, mientras que

no se tuvo acceso a un 11%, constituída

especialmente por lideresas y líderes

religiosos.

Debido a que el Proyecto Finlandia

presentó un presupuesto y un tiempo

máximo para la realización de esta investigación,

el trabajo fue delimitado (específicamente

el capítulo III y la selección

de la muestra de los sujetos y sujetas de

investigación) geográficamente a la cabecera

del departamento de Guatemala;

sin embargo, la investigadora presentó,

cuando fue posible, datos cuantitativos

de la ciudad de Guatemala así como de

toda la República, a manera de aportar

más elementos de análisis, tanto comparativos

como globales, sobre la situación

de las féminas del país. Lamentablemente,

el aporte cualitativo se limitó al ámbito

definido, que es donde se concentra

la mayor parte de recursos y servicios,

lo cual lo hace disímil del resto del

país, que es multicultural, multilingüe y

multiétnico; con distintas economías y

niveles de desarrollo humano, etc.

–128–


El impacto que tienen los principios de igualdad y universidad de los derechos humanos…

El contenido de la presente investigación

se presenta de manera deductiva.

En el primer capítulo se presenta

una discusión acerca de los principios

de igualdad y de universalidad de los

derechos humanos: su evolución a

partir del surgimiento de la República

hasta la presente fecha; quiénes han

sido sus titulares; su significado; la

equidad y el aporte del feminismo. En

el segundo capítulo se presenta cuál ha

sido la evolución de estos principios

en los distintos textos constitucionales

guatemaltecos, particularmente el de

1985; en los Acuerdos de Paz y en la Ley

para Prevenir, Sancionar y Erradicar la

Violencia Intrafamiliar, mientras que en

el tercer capítulo se hace un análisis de

cuál es la situación de las guatemaltecas,

tomando como variables de análisis los

siguientes derechos humanos: la participación

política, el trabajo, la educación,

el derecho a la propiedad y a la tierra,

los derechos sexuales y reproductivos y

el acceso a la justicia.

Por último, se presentan los resultados

y el respectivo análisis de la

investigación de campo, señalándose

los problemas que se tuvieron para la

realización de la misma, así como un

listado de conclusiones y recomendaciones

que se hacen, especialmente a las

universidades del país, que son las que

están formando a los futuros funcionarios

y funcionarias de Estado.

Esta investigación busca ser una

herramienta de apoyo al trabajo de la

academia y, particularmente, del movimiento

de mujeres, que permita evidenciar

las condiciones de desventaja

en que viven las guatemaltecas respecto

a los hombres y motivar la implementación

de medidas que las equiparen, a

la luz de los principios de universalidad

e igualdad de los derechos humanos

que se basan en la justicia sustantiva

y no en la justicia isónomo, que sólo

es homogeneizadora, asimilacionista y

androcéntrica.

1. Los principios de igualdad y

universalidad de los derechos

humanos

Introducción

En el presente capítulo se aborda la

evolución de la concepción de los principios

de igualdad y universalidad de los

derechos humanos, así como de quiénes

eran y son las personas tutelares de éstos.

Se parte de las ideas y pensamiento

de famosos teóricos, especialmente los

de la Ilustración, quienes influenciaron

la creación del Estado liberal y los

contenidos de las Declaraciones de Independencia

de los Estados Unidos de

América (4 de julio de 1776) y de los

Derechos del Hombre y del Ciudadano

(26 de agosto de 1789), producto de la

–129–


Revista de derechos humanos

Revolución Francesa, ya que las mismas

sustentan a la Declaración Universal de

Derechos Humanos del 10 de diciembre

de 1948.

Las definiciones de “igualdad” y

“universalidad” concebidas en esas

épocas han sufrido un desarrollo y una

evolución; su tutelaridad fue ampliada a

grupos históricamente excluídos y discriminados

como: las mujeres, los niños

y las niñas, las personas con deficiencias

físicas, mentales y/o sensoriales, los grupos

étnicos, etc., especialmente a partir

del 10 de diciembre de 1948, cuando se

emite la Declaración Universal de los

Derechos Humanos.

Esta evolución, abordada de manera

muy sintética en este capítulo, ha sido

producto del debate generado en el concierto

internacional gracias a la lucha de

distintos grupos, entre los que se destaca

el de las mujeres. Se cuestiona el “principio

de igualdad formal” basado en un

modelo “asimilacionista y androcéntrico”

y se le ha contrapuesto “el principio

de igualdad sustantiva”, basado en la

valoración de la diferencia en todos sus

ámbitos, dando lugar al surgimiento del

principio de “equidad”, que es el último

que se desarrolla en este apartado.

1.1 Antecedentes del principio de

igualdad

1.1.1 La igualdad en las primeras declaraciones

liberales de derechos

humanos

El Estado liberal se originó en el

último tercio del siglo XVIII, en contraposición

a los Estados absolutistas

que imperaron hasta ese entonces. El

mismo fue producto de la experiencia

histórico-política inglesa de los siglos

XVII y XVIII, así como de la filosofía

de las luces y del racionalismo, especialmente

en Francia. 2

El Estado liberal se fundamenta,

principalmente, en los aportes teóricos

de pensadores, entre los que mencionaremos

a:

a) Jean Jacques Rousseau, quien racionaliza

que el origen de la sociedad

política es producto de un contrato

celebrado por los hombres para preservar

sus derechos naturales.

b) Montesquieu, cuyo aporte radica en

la “teoría de la separación de poderes”,

que constituye un mecanismo

garante de la libertad que evita la

2 http://usuarios.lycos.es/políticasnet/apuntes/ccpol.htm “Introducción a la Ciencia Política” España. Consultado

en enero del 2005.

–130–


El impacto que tienen los principios de igualdad y universidad de los derechos humanos…

concentración y el abuso del poder

por parte de quien lo detenta.

c) John Locke: su aporte consiste en

su teoría de “División de Poderes”,

además que hace hincapié en los

conceptos de:

• Libertad, que es fundamental;

no hay más límite que la ley

natural.

• Propiedad de los recursos, que,

según Locke, fueron entregados

por Dios a los hombres

para que dispusieran de ellos a

su conveniencia.

En este Estado se establece una

nueva forma de poder, contrapuesta a

aquella en la que se producía la administración

discrecional y absoluta del

poder por parte del gobernante. En el

nuevo escenario se establecieron límites

para ejercerlo, a través de “la separación

de poderes” y el “Estado de derecho”,

mecanismos que garantizarían la libertad

individual.

A partir de este momento, se establece

que el poder soberano radicaría en el

pueblo, el cual lo delegaría a quien considerare

conveniente, a través del voto.

También se postula un individualismo

genérico, común a todos los hombres

por el mero hecho de ser “humanos”; de

esto se derivaría la afirmación contenida

en la Declaración de Independencia de

los Estados Unidos de América del 4 de

julio de 1776, asi como el artículo primero

de la “Declaración de los Derechos

del Hombre y del Ciudadano”, adoptada

el 26 de agosto de 1789.

“Sostenemos como evidentes estas

verdades: que todos los hombres son

creados iguales; que son dotados

por su Creador de ciertos derechos

inalienables...”

(Declaración de Independencia

de los Estados Unidos de América,

4 de julio de 1776).

“Los hombres nacen y viven libres

e iguales en derechos. Las distinciones

sociales sólo pueden fundarse en

la utilidad común.”

(Declaración de

los Derechos del Hombre y

del Ciudadano adoptada el 26

de agosto de 1789).

Analizando los enunciados anteriores,

se puede establecer que los mismos

son parciales, porque son incapaces de

nombrar y visibilizar al sexo femenino

en los textos; por lo tanto, esta acción es

asumida por las mujeres.

“...dos años después de Lafayette,

Olympe de Gouges escribió y difundió

su Declaración de los Derechos

de la Mujer y la Ciudadana. Artículo

por artículo de la declaración del

–131–


Revista de derechos humanos

hombre, fue contestando con su

visión de mujer francesa ilustrada.

En muchos casos fue agregando

conceptos y en otros, sumó las palabras

mujer o ciudadana a hombre

o ciudadano, o sustituyó hombre por

mujer. Por ejemplo, en el artículo 1

decía ‘La mujer nace libre y es igual

al hombre en derechos...’”

1.1.2 Negación del principio de

igualdad a las mujeres

Esta invisibilización de la mujer en

el lenguaje, niega que los sexos masculino

y femenino sean “igualmente

y naturalmente diferentes” entre sí y

“…no por la diferencia de la mujer con

respecto al hombre.” 3 Sin embargo, a lo

largo de la historia, esta visión parcial,

dogmatizada y homogeneizadora es la

que se institucionaliza, además de que

legitima el que se tome como modelo o

parámetro de lo “humano” al hombre,

respecto al cual las mujeres se convierten

en “el otro”; esto es conocido como

“androcentrismo”.

Amelia Valcárcel analiza a una

serie de filósofos que crean lo que el

feminismo identifica como: la “misoginia

romántica”, a través de la cual se

argumentó la exclusión de las mujeres

como titulares de los derechos humanos

aduciendo que no eran iguales a los

hombres.

“...esa desigualdad era ,

frente a los que con anterioridad

habían sostenido qué era ética y

política. Todavía más: se afirmó

que tal desigualdad era esencial y

constitutiva. Brevemente: los románticos,

a la vez que construyeron

la ficción de la mujer ideal, dejaron

a las mujeres reales sin derechos, sin

jerarquía, sin canales para ejercer su

autonomía, sin libertad...” 4

Entre los filósofos que analiza

Valcárcel, destacan los siguientes: 5

a) Hegel, indica Valcárcel, ve como

punto de partida que no se puede

pensar en la humanidad como un

todo y desde ahí hablar de sus

características o sus derechos. En

el seno de la humanidad hay dos

leyes, la del día –masculina y estatal–

y la de las sombras –femenina

y familiar–, cuya continuidad y

colisiones forman la trama misma

del existir de lo humano. Los seres

humanos no son abstractos, son

3 Facio Montejo, Alda. “Cuando el género suena, cambios trae: metodología para el análisis de género del fenómeno

jurídico”. San José, Costa Rica. ILANUD, 1992. Pág. 19.

4 Valcárcel, Amelia. “La política de las mujeres”. España. Ediciones Cátedra, 1997. Pág. 25.

5 Ibídem. Págs. 39-69.

–132–


El impacto que tienen los principios de igualdad y universidad de los derechos humanos…

hombres o mujeres por determinación

de la naturaleza. Las mujeres,

por ser su ámbito la familia,

quedan fuera de la ciudadanía y de

los intereses universales, ya que

para considerárseles ciudadanas

debían de haber tenido atributos,

capacidades y condiciones que,

para ese momento, se asumía que

carecían; mientras que los hombres

vivían para el Estado. Por lo tanto,

Hegel refuerza la división sexual

del trabajo: los hombres se desenvuelven

en el ámbito público y las

mujeres en el privado. De ahí se

deriva la supeditación de las unas

a los otros.

Es importante hacer notar que el

pensamiento de Hegel tuvo mucha

influencia en Gran Bretaña y en

Estados Unidos en la segunda mitad

del siglo XIX, cuando los principios

de la Declaración de los Derechos

del Hombre y del Ciudadano eran

el modelo a alcanzar, lo cual no implicaba

necesariamente que fueran

extensibles a las féminas.

b) Schopenhauer: para él, la esencialidad

de las mujeres, según el

análisis que hace Valcárcel, está en

trascenderse a sí mismas en otro; en

ellas no existe el principio de individuación,

por lo tanto, no pueden ser

ciudadanas. “Todas las mujeres son

. Todas son idénticas. Lo

femenino es el sexo idéntico”. 6

Según Schopenhauer, las féminas

son “... la trampa que la naturaleza

pone al varón para perpetuar esa

cadena de sufrimientos que se llama

”. 7 Incluso, en su análisis

acerca del ser femenino, llega a decir

que ellas no saben qué son; que

tienen inteligencia para lo inmediato,

por lo tanto, no interpretan, no

calculan fines. Las ve como seres

carentes de inteligencia, equidad o

virtud; en ellas no se encuentran las

virtudes de lo humano.

“Las mujeres no deben tener derechos

y deben ser educadas en la sumisión.

Una mujer libre y educada,

una mujer que exige derechos es una

vergüenza para la razón”. 8

A través de este análisis se puede

evidenciar que las argumentaciones

de Schopenhauer se basan en la

premisa de que la mujer es inferior

al hombre por naturaleza.

6 Ibídem. Pág. 34.

7 Ibídem. Pág. 33.

8 Ibídem. Pág. 35.

–133–


Revista de derechos humanos

c) Kierkegaard: fue un hombre galante;

según Valcárcel: “...en su filosofía

se articula la concepción romántica

del amor cortés”. 9 Describe poéticamente

a la mujer, pero basado

en sus ideaciones o construcciones

mentales. “, , son sueños

del varón que espiga de aquí y

allá rasgos apenas bocetados en las

mujeres reales”. 10

Para Kierkegaard, según Valcárcel,

la finalidad de una mujer está en otro

ser, porque ella no tiene vida propia.

No es tanto que la mujer sea como

la naturaleza, sino que la naturaleza

misma es femenina.

“ que busca una existencia

individual frente al varón para

el cual ha sido creada se vuelve

repugnante y digna de mofa, lo que

evidencia que el verdadero fin de la

mujer es existir para otros”. 11

d) Nietzsche: se basa en la división

que hace entre “fuertes” y “débiles”,

pero esta ontología dual no siempre

coincide con la frontera masculinofemenino.

Según Valcárcel, Nietzche

retoma de Schopenhauer que “ es una continuidad de la

naturaleza; sin embargo, lo hembra

es natural, mientras que lo femenino

es el resultado de una ideación, una

ideación seguramente masculina”. 12

Lo femenino, según la interpretación

de Valcárcel sobre Nietzche, es un mecanismo

de defensa de la mujer, quien

exagera su debilidad para no seguir

siendo violentada.

“Las mujeres se dejan ficcionar y se

ficcionan ellas mismas por instinto

de supervivencia [...] Renunciaron

a la individuación-fuerza porque

no podrían haber cumplido con sus

arcaicas y terribles exigencias: el

duelo a muerte. Y puesto que no

pertenecían por habilidad natural

al mundo de la espada se sentaron

a los telares”. 13

Para Nietzsche, la posición de la

mujer en el mundo está condicionada por

su maternidad. El ser de la mujer se explica

por el papel que está acostumbrada

a ejercer: servir.

9 Ibídem. Pág. 41

10 Loc. cit.

11 Ibídem. Págs. 44-45.

12 Ibídem. Pág. 46

13 Loc. cit.

–134–


El impacto que tienen los principios de igualdad y universidad de los derechos humanos…

e) Rousseau, según Valcárcel, en

la versión del contrato social del

Manuscrito de Ginebra, justificaba

la negación de la ciudadanía a las

mujeres basado en “...la jerarquía

de la familia, natural y deseable”, 14

cosa que no sería posible si ellas

tenían reconocida cualquier especie

de igualdad en el ámbito público

y ésta era exclusivamente para los

hombres. La igualdad moderna los

hacía iguales solamente a ellos.

Valcárcel resalta y analiza las conceptualizaciones

hechas por Rousseau.

“Político es aquéllo que surge del

pacto social; la desigualdad entre

los sexos no tiene ese origen; es,

por el contrario, natural [...] Al igual

que las sociedades animales permanecen

en el orden de la naturaleza,

en la esfera de los seres humanos

hay rasgos y comportamientos que

pertenecen al orden de la naturaleza,

luego no deben ser tocados ni

cambiados. Son prepolíticos. Lo

más relevante en las sociedades

humanas que pertenece sin embargo

al orden natural es la distinción entre

varones y mujeres. No es una mera

distinción física ni biológica. Marca

lo que deben hacer unos y otras y en

qué sentido sus esferas del mundo

están separadas”. 15

Rousseau tiene una sustentación de

tipo naturalista para mantener en condiciones

de subordinación al 50% de la

humanidad, constituida por las mujeres,

y una de tipo racional para sustentar la

jerarquía de los hombres respecto a las

féminas.

Como ya se señaló, los pensadores

más influyentes del pensamiento ilustrado

lograron institucionalizar al hombre

como el parámetro y modelo de qué es

la humanidad, dejando a las mujeres en

una situación de subordinación; respecto

a éste, ellas pasaron a constituir “el

otro”. En función de este paradigma se

justificó la exclusión de las féminas de

la vida pública (política), dejándoles

como único y exclusivo ámbito de desarrollo

e interacción el ámbito privado

(la familia).

Esta situación da como resultado

que el “patriarcado” 16 adquiera una

14 Amorós, Celia. Ibídem. Pág. 51.

15 Ibídem. Pág. 58.

16 “Consiste en el poder de los padres: un sistema familiar y social, ideológico y político con el que los hombres –a través de la

fuerza, la presión directa, los rituales, la tradición, la ley o el lenguaje, las costumbres, la etiqueta, la educación y la división

del trabajo– determinan cuál es o no es el papel que las mujeres deben interpretar con el fin de estar en toda circunstancia

sometidas al varón”. Según definición de Adrianne Rich. “Nacida de mujer”. Citada por Hilda Morales en su libro “Traduciendo

en acciones la CEDAW en Guatemala: el caso de María Eugenia Morales de Sierra”. Guatemala, 2002. Pág. 9.

–135–


Revista de derechos humanos

dimensión política, reflejada en los

diversos poderes del Estado. Se constituye

en todo un sistema de opresión

de las mujeres que se reproduce en el

orden social a través del conjunto de

instituciones de la sociedad política

y civil, algunas de las cuales son: la

maternidad forzada, la educación androcéntrica,

17 las religiones misóginas,

la historia robada, el trabajo sexuado,

la ciencia ginope, etc. 18

Parafraseando a Poulain de la Barre,

a partir de ese momento, en el Estado

contemporáneo, por el sexo se conde

al 50% de la humanidad a una minoría

de edad eterna.

No obstante que se proclamó la

igualdad entre hombres, esto fue desde

un punto de vista isónomo, es decir, que

todos eran iguales ante la ley y todos

tenían “igualdad” de derechos, pero

esto no significó que la subordinación

económica, política y social de todos

aquéllos que eran considerados

ciudadanos, desapareciera; la misma se

mantenía.

“La doctrina liberal sólo pide la

igualdad de todos en alguna cosa, es

decir, en la libertad. La única forma

en que la igualdad no es incompatible

con la libertad de la doctrina

liberal es entenderla como igualdad

en la libertad, en la cual se inspiran

los dos principios fundamentales

del Estado liberal: la igualdad

ante la ley [...] y la igualdad de

derechos”. 19

Sin embargo, analizado el pensamiento

ilustrado, especialmente el de

los referidos exponentes de esa época, se

evidencia que cuando se habla de igualdad,

este principio sólo se vindica para

los hombres, mas no para las mujeres,

porque, como afirma Amelia Valcárcel,

la voluntad que se ponía en juego era

masculina y excluyente. 20 Por lo tanto,

el principio de “igualdad” enunciado

por los revolucionarios liberalistas no

era extensible a las mujeres; sólo era

aplicable a los hombres.

17 El androcentrismo es definido por Alda Facio como “…ver el mundo desde lo masculino tomando al varón de la

especie como parámetro o modelo de lo humano.” Op. cit., Pág. 25.

18 Facio, Alda. Op. cit., Pág. 28.

19 Yturbe, Corina. “Igualdad”. Ensayo contenido en El léxico de la política. México. Fondo de Cultura Económica,

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Fundación Heinrich

Böll. 2000, Pág. 336.

20 Valcárcel, Amelia. Op. cit., Pág. 22.

–136–


El impacto que tienen los principios de igualdad y universidad de los derechos humanos…

1.2 La igualdad y la universalidad de

los derechos humanos en la Declaración

Universal de Derechos

Humanos

“La propia Declaración establece

que la misma constituye un ideal

común por el que todos los pueblos

y naciones deben esforzarse a fin de

que se asegure el respeto a los derechos

y libertades fundamentales”. 21

Entre la adopción de la “Declaración

de los Derechos del Hombre y del

Ciudadano” escrita por Lafayette y la

creación de la “Declaración Universal

de Derechos Humanos”, pasaron más de

150 años. La primera había “...mostrado

su insuficiencia y fueron reformulados

con el nombre de derechos humanos por

Eleanor Roosevelt, quien los llamó humanos

y no del hombre, para evidenciar que

el concepto anterior sólo se refería a los

hombres, a los varones, y para incorporar

a las mujeres de una manera explícita:

humanos, en plural y en neutro es abarcador

de los dos géneros, las mujeres y

los hombres”. 22 Es en ese sentido que

se redactan los contenidos de la misma:

“Todos los seres humanos nacen

libres e iguales en dignidad y derechos

y, dotados como están de razón

y conciencia, deben comportarse fraternalmente

los unos con los otros.”

Artículo 1 de la Declaración Universal

de Derechos Humanos de 1948.

Para evitar que se busque seguir

restringiendo la igualdad a un grupo específico

humano, se redacta el artículo 2

de la Declaración Universal de Derechos

Humanos:

1. Toda persona tiene todos los

derechos y libertades proclamados

en esta Declaración, sin

distinción alguna de raza, color,

sexo, idioma, religión, opinión

política o de cualquier otra índole,

origen nacional o social,

posición económica, nacimiento

o cualquier otra condición.

2. Además, no se hará distinción

alguna fundada en la condición

política, jurídica o internacional

del país o territorio de cuya jurisdicción

dependa una persona,

tanto si se trata de un país independiente,

como de un territorio

bajo administración fiduciaria, no

autónomo o sometido a cualquier

otra limitación de soberanía.

21 S/d. “Internacionalización de los Derechos Humanos” (Mimeo).

22 Lagarde, Marcela. Identidad de género y derechos humanos. La construcción de las humanas. Publicado en la

serie “Estudios de Derechos Humanos” Tomo IV. San José, Costa Rica. Instituto Interamericano de Derechos

Humanos, 1998, Pág. 87.

–137–


Revista de derechos humanos

El concepto de universalidad de los

derechos humanos, al igual que el de

“igualdad”, alcanza su plenitud con el

pensamiento de la Ilustración que sustenta

al Estado liberal. Sin embargo, la

“universalidad de los derechos humanos”

era sólo aplicable a los hombres,

por razones ya abordadas de manera

amplia anteriormente.

Con el devenir de los años y la evolución

de los derechos humanos, se ha

hecho una reconceptualización de este

principio:

Declaración de los Derechos

del Hombre y del Ciudadano (1789)

Los representantes del pueblo francés,

constituidos en Asamblea Nacional,

considerando que la ignorancia, el

olvido o el desprecio de los derechos

del hombre son las únicas causas de los

males públicos y de la corrupción de

los gobiernos, han resuelto exponer, en

una Declaración solemne, los derechos

naturales, inalienables y sagrados del

hombre, a fin de que esta Declaración,

teniéndola siempre presente todos

los miembros del cuerpo social, les

recuerde constantemente sus derechos

y deberes... 23

Declaración Universal de

Derechos Humanos (1948)

La Asamblea General proclama la presente

Declaración Universal de Derechos Humanos

como ideal común por el que todos

los pueblos y naciones deben esforzarse,

a fin de que tanto los individuos como las

instituciones, inspirándose constantemente

en ella, promuevan, mediante la enseñanza

y la educación, el respeto a estos de rechos

y libertades, y aseguren, por medidas

progresivas de carácter nacional e

internacional, su reconocimiento y aplicación

universales y efectivos, tanto entre

los pueblos de los Estados miembros como

entre los de los territorios colocados bajo

su jurisdicción. 24

23 Preámbulo. Lo resaltado es responsabilidad de la autora.

24 Ibídem.

–138–


El impacto que tienen los principios de igualdad y universidad de los derechos humanos…

En el cuadro anterior se puede hacer

una comparación de los preámbulos

de las Declaraciones de los derechos

fundamentales. En la de 1789 se puede

observar que los mismos fueron establecidos

para los hombres, quienes

eran parte del cuerpo social, como se ha

demostrado en los contenidos expuestos

en el presente capítulo. Mientras tanto,

en la Declaración de 1948 ya se habla

claramente de que estos derechos son de

reconocimiento y aplicación universal,

es decir, se hace referencia a “una tutelaridad

de los derechos que se adscriben

a todos los seres humanos”. 25 Es decir,

que los derechos humanos son propios

de todas y cada una de las personas, por

el simple hecho de pertenecer a la raza

humana; por esto mismo, “...se puede

exigir por ello su cumplimiento en todos”. 26 Esto se reconfirma

con un pequeño texto de la Carta de las

Naciones Unidas, que establece:

“Nosotros los pueblos de las Naciones

Unidas resueltos [a reafirmar la

fe en los derechos fundamentales

del hombre, en la dignidad y el

valor de la persona humana, en la

igualdad de derechos de hombres y

mujeres y de las naciones grandes y

pequeñas...]”

Es importante remarcar que la Carta

de las Naciones Unidas es anterior a la

Declaración Universal de los Derechos

Humanos; esta última desarrolla el tema

de los derechos fundamentales pero partiendo

de las premisas estipuladas por la

primera, porque había una conciencia,

por parte de todos los Estados miembros

de este sistema, acerca de que los derechos

humanos eran un asunto que competía

a la comunidad internacional.

“...no podemos hablar de derechos

humanos sólo para un tiempo y un

espacio determinados ni tampoco

para una clase de sujetos, sino son

derechos de todo ser humano, que

involucra a todo hombre, toda persona.

Como dice el autor se trata

ya de derechos del hombre; pero de

un hombre considerado no tan sólo

en su individualidad específica,

sino como portador de los caracteres

de toda la especie humana

(...) esa atribución de los derechos

a toda la humanidad exigirá, a

efectos prácticos, un desglose de

la Declaración en otras, adaptadas

a las diferentes categorías de personas

y subsiguientes derechos: del

niño, de la mujer, del emigrado, del

refugiado, etc”. 27

25 Peces-Barba Martínez, Gregorio. “La universalidad de los derechos humanos”. Publicado en la Revista DOXA

15-16. Pág. 614. 1994. (Mimeo)

26 Etxeberría Mauleon, Xabier. “El debate sobre la universalidad de los derechos humanos”. S/d (Mimeo).

27 S/d. “Internacionalización de los Derechos Humanos”. (Mimeo)

–139–


Revista de derechos humanos

Los derechos humanos son exigibles

ante las autoridades de los distintos Estados

del mundo, especialmente desde el

momento en que firman y ratifican convenios,

tratados y protocolos referentes

a éstos, porque establecen un parámetro

de conducta.

1.3 La igualdad y la universalidad de

los derechos humanos en la Convención

Americana de Derechos

Humanos (Pacto de San José) 28

“Reconociendo que los derechos

esenciales del hombre no nacen

del hecho de ser nacional de determinado

Estado, sino que tienen

como fundamento los atributos de la

persona humana, razón por la cual

justifican una protección internacional,

de naturaleza convencional

coadyuvante o complementaria de

la que ofrece el derecho interno de

los Estados americanos...”

(Extracto del Preámbulo del

Pacto de San José).

En el anterior texto se reafirma la

universalidad de los derechos humanos;

son inherentes a la persona por el hecho

de ser “humana”, lo cual significa que la

tutelaridad de éstos se reconoce a cada

hombre y mujer sin excepción alguna, tal

como lo expresa el artículo 1 del Pacto

de San José.

1. Los Estados Partes en esta

Convención se comprometen a

respetar los derechos y libertades

reconocidos en ella y a garantizar

su libre y pleno ejercicio

a toda persona que esté sujeta

a su jurisdicción, sin discriminación

alguna por motivos

de raza, color, sexo, idioma,

religión, opiniones políticas o

de cualquier otra índole, origen

nacional o social, posición económica,

nacimiento o cualquier

otra condición social.

2. Para los efectos de esta Convención,

persona es todo ser

humano.

Analizando el texto anterior, se

evidencia el carácter vinculante de esta

Convención para los Estados que la suscriben

y ratifican, porque en la misma,

la Organización de los Estados Americanos

(OEA), deja claramente manifiesta

la responsabilidad de los Estados

de proteger, promover y respetar las

libertades y derechos fundamentales,

28 Aprobada en la Conferencia de la Organización de los Estados Americanos de San José de Costa Rica el 22

de noviembre de 1963. Guatemala la aprobó en marzo de 1978, a través del Decreto 6-78 del Congreso de la

República.

–140–


El impacto que tienen los principios de igualdad y universidad de los derechos humanos…

mientras que el texto del sistema universal,

por ser una declaración, expresa

un ideal de vida para la humanidad en

su conjunto y a nivel individual.

El artículo 24 del Pacto de San José

expresa el principio de igualdad desde el

término griego “isonomía”, que significa

“...igualdad entre los ciudadanos, esta

vez respecto de las leyes”. 29

Todas las personas son iguales ante

la ley. En consecuencia, tienen

derecho, sin discriminación, a igual

protección de la ley.

Sin embargo, el principio de “igualdad”

no es sinónimo de “homogeneidad”;

es decir, no se pueden aplicar

reglas uniformes para grupos sociales

y realidades diversas, con necesidades

específicas. Este principio tiene como

fin equiparar a todas las personas, pero

tomando en cuenta sus particularidades,

no negándolas. Es así como para evitar

cualquier acción interpretativa que sesgue

el espíritu del Pacto de San José,

los Estados incluyeron el artículo 29,

que establece:

“Ninguna disposición de la presente

Convención puede ser interpretada

en el sentido de:

a) permitir a alguno de los Estados

Partes, grupo o persona, suprimir

el goce y ejercicio de los derechos

y libertades reconocidos en la

Convención o limitarlos en mayor

medida que la prevista en ella;

b) limitar el goce y ejercicio de

cualquier derecho o libertad que

pueda estar reconocido de acuerdo

con las leyes de cualquiera de

los Estados Partes o de acuerdo

con otra convención en que sea

parte uno de dichos Estados;

c) excluir otros derechos y garantías

que son inherentes al ser

humano o que se derivan de la

forma democrática representativa

de gobierno, y

d) excluir o limitar el efecto que

puedan producir la Declaración

Americana de Derechos y Deberes

del Hombre y otros actos

internacionales de la misma

naturaleza.”

29 Valcárcel, Amelia. “El concepto de igualdad”. Madrid, España. Editorial Pablo Iglesias, 1994. Pág. 2.

–141–


Revista de derechos humanos

1.4 La igualdad y la universalidad

de los derechos humanos en

la Convención sobre la Eliminación

de Todas las Formas de

Discriminación Contra la Mujer

(CEDAW 30 ) 31

La elaboración, discusión, redacción

y sometimiento a suscripción y ratificación,

por parte de los Estados que

forman el Sistema de Naciones Unidas,

de una Convención para luchar en contra

de la discriminación de las mujeres en

razón de su sexo, en 1979, evidencia

que a pesar de existir un sinnúmero de

instrumentos en materia de derechos humanos,

los mismos no eran de aplicación

“universal”. No hay una relación directa

entre la enunciación teórica de éstos y la

realidad desventajosa, desigual, que han

vivido y viven las féminas respecto a los

hombres. Tal situación se pone de manifiesto

en el Preámbulo de la CEDAW,

del cual se presentan algunos extractos

a continuación:

“Recordando que la discriminación

contra la mujer viola los principios

de la igualdad de derechos y del

respeto de la dignidad humana, que

dificulta la participación de la mujer

en las mismas condiciones que el

hombre en la vida política, social,

económica y cultural de su país,

que constituye un obstáculo para el

aumento del bienestar de la sociedad

y de la familia y que entorpece el

pleno desarrollo de las posibilidades

de la mujer para prestar servicio a

su país y a la humanidad.

Preocupados por el hecho de que

en situaciones de pobreza la mujer

tiene un acceso mínimo a la alimentación,

la salud, la enseñanza, la

capacitación y las oportunidades de

empleo, así como a la satisfacción

de otras necesidades.

Convencidos de que el establecimiento

del nuevo orden económico

internacional basado en la equidad y

la justicia contribuirá significativamente

a la promoción de la igualdad

entre el hombre y la mujer.”

La CEDAW fue redactada partiendo

de la base de que los principios de igualdad

y universalidad de los derechos humanos

no eran gozados por las mujeres

en la misma medida que los hombres, y

esto repercutía negativamente en el goce

de sus derechos humanos, que les eran

30 Por sus siglas en inglés: (Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women)

31 Adoptada y abierta a la firma y ratificación o adhesión, por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su

resolución 34/180 del 18 de diciembre de 1979. Entró en vigor el 3 de septiembre de 1981, de conformidad con

el artículo 27 de esta Convención. El Estado de Guatemala la aprobó el 29 de junio de 1982, a través del Decreto

49-82 del Congreso de la República.

–142–


El impacto que tienen los principios de igualdad y universidad de los derechos humanos…

y son inherentes por el simple hecho de

ser “humanas”. Por lo tanto, lo primero

que se define en la Convención es qué

debe entenderse por “discriminación

contra la mujer”:

“…denotará toda distinción, exclusión

o restricción basada en el sexo

que tenga por objeto o por resultado

menoscabar o anular el reconocimiento,

goce o ejercicio por la mujer,

independientemente de su estado

civil, sobre la base de la igualdad

del hombre y la mujer, de los derechos

humanos y las libertades fundamentales

en las esferas política,

económica, social, cultural y civil,

o en cualquier otra esfera”. 32

Asimismo, la CEDAW establece

una serie de acciones que deben ser

emprendidas por los Estados ratificantes

de la misma, a fin de superar las distintas

formas de discriminación a las que

son sometidas las mujeres, para evitar

que se siga conculcando su derecho a

la igualdad, pero no la relativa a la de

isonomía, sino la que se manifiesta en

la vida cotidiana, por ejemplo:

a) Consagrar el principio de igualdad

entre hombres y mujeres en los textos

constitucionales.

b) Modificar aquel cuerpo jurídico que

discrimine a las mujeres por condición

de su sexo.

c) Tipificar y sancionar esta discriminación,

en todas sus formas.

d) Adoptar protección jurídica efectiva

que evite la discriminación en función

del sexo, tanto por el Estado

mismo como por particulares.

Adicionalmente, la CEDAW estipula

que los Estados deben realizar todo

lo que esté dentro de sus posibilidades

para “…asegurar el pleno desarrollo y

adelanto de la mujer, con el objeto de

garantizarle el ejercicio y el goce de los

derechos humanos y las libertades fundamentales

en igualdad de condiciones

con el hombre”. 33 Es por ello que se

contemplan las medidas afirmativas en

esta Convención.

1. “La adopción por los Estados

Partes de medidas especiales de

carácter temporal encaminadas

a acelerar la igualdad de facto

entre el hombre y la mujer no se

considerará discriminación en

la forma definida en la presente

Convención, pero de ningún

32 “Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer” (CEDAW).

33 CEDAW. Artículo 3.

–143–


Revista de derechos humanos

modo entrañará, como consecuencia,

el mantenimiento de

normas desiguales o separadas;

estas medidas cesarán cuando se

hayan alcanzado los objetivos

de igualdad de oportunidad y

trato.

2. La adopción por los Estados

Partes de medidas especiales,

incluso las contenidas en la presente

Convención, encaminadas

a proteger la maternidad, no se

considerará discriminatoria.”

CEDAW, artículo 4.

Los contenidos de esta Convención

son similares a los de otras convenciones

en materia de derechos humanos, con la

particularidad de que toma en cuenta que

éstos no son de igual aplicación para las

mujeres, quienes están en situación de

desventaja social, política, económica

y cultural respecto de los hombres. Por

lo tanto, es una Convención en que se

aplica el enfoque de género.

1.5 La igualdad y la universalidad

de los derechos humanos en

la Convención Interamericana

para Prevenir, Sancionar y Erradicar

la Violencia Contra la

Mujer (Convención de Belem do

Pará) 34

La Convención de Belem do Pará es

un instrumento legal de gran importancia,

porque es el primero a nivel mundial

que reconoce: 35

• El derecho de las mujeres a vivir una

vida sin violencia.

• La violencia contra las mujeres

como una violación a los derechos

humanos.

“Afirmando que la violencia contra

la mujer constituye una violación

de los derechos humanos y las

libertades fundamentales y limita

total o parcialmente a la mujer el

reconocimiento, goce y ejercicio de

tales derechos y libertades”.

Preámbulo de la Convención

Belem do Pará.

34 Aprobada por la Organización de los Estados Americanos el 6 de septiembre de 1994. El Estado de Guatemala la

aprobó el 15 de diciembre de 1994, a través del Decreto 69-94 del Congreso de la República.

35 Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH). “Acercándonos a los instrumentos internacionales de

protección de los derechos humanos de las mujeres”. San José, Costa Rica, 2003. Pág. 71.

–144–


El impacto que tienen los principios de igualdad y universidad de los derechos humanos…

En este instrumento se reconoce

que la violencia contra la mujer limita

el ejercicio de sus derechos fundamentales;

por lo tanto, para lograr el

goce pleno de éstos por parte de las

féminas, es necesario eliminar este

tipo de violencia.

“Convencidos de que la eliminación

de la violencia contra la mujer es

condición indispensable para su

desarrollo individual y social y su

plena e igualitaria participación

en todas las esferas de vida…” 36

Preámbulo de la Convención

Belem do Pará.

El resumen del “Informe mundial

sobre la violencia y la salud”, indica

que diariamente se dan casos de malos

tratos físicos, sexuales y psicológicos

que, además de incidir negativamente en

la salud y bienestar de millones de personas

(discapacidades, pérdida de la vida,

embarazos no deseados, enfermedades

de transmisión sexual, depresiones, miedo,

etc.), cuestan a los Estados grandes

sumas de dinero en atención sanitaria,

costas judiciales, absentismo y pérdida

de productividad. 37

Por lo anteriormente expuesto, se

puede comprender la importancia que

tiene esta Convención, ya que visibiliza

a la “violencia contra las mujeres” como

uno de los factores que impiden a las

mujeres el goce igualitario de los derechos

humanos respecto de los hombres.

Ellas son, generalmente, las principales

víctimas de la violencia intrafamiliar.

La Convención de Belem do Pará

claramente define el concepto de “violencia

contra la mujer” y no la circunscribe

únicamente a la que se da dentro

del ámbito doméstico.

“Para los efectos de esta Convención,

debe entenderse por violencia

contra la mujer cualquier acción o

conducta, basada en su género, que

cause muerte, daño o sufrimiento

físico, sexual o psicológico a la

mujer, tanto en el ámbito público

como en el privado.

Convención Belem do Pará.

Artículo 1.

Por lo tanto, se reconoce que la violencia

contra la mujer puede ser ejercida

tanto por personas particulares, así como

36 Lo resaltado es responsabilidad de la autora.

37 Organización Panamericana de la Salud (OPS). “Informe mundial sobre la violencia y la salud: resumen”. Washington,

D.C. 2002. Págs. 8-9.

–145–


Revista de derechos humanos

por agentes del Estado; o bien, ser tolerada

explícita o implícitamente por el Estado.

El artículo 4 de la Convención

Belem do Pará reafirma los derechos

humanos de las mujeres, particularmente

los individuales, civiles y políticos,

que son base fundamental para que se

desarrollen digna e integralmente como

“humanas”. Es importante señalar que,

dentro de este artículo, la demanda de

“protección” se hace extensiva a las

familias que, independientemente de los

motivos, están adscritas a las féminas,

y que cualquier agresión en su contra

constituye otra forma de vulneración y

violencia en contra de las mujeres.

Asimismo, la Convención Belem do

Pará estipula una serie de mecanismos

y procedimientos, que deben ser implementados

(una vez haya sido ratificada

por el Estado) a manera de prevenir, sancionar

y erradicar la violencia contra las

mujeres y todas sus manifestaciones.

En resumen, la Convención Belem

do Pará es un instrumento internacional

que tiene como población beneficiaria a

las féminas y busca erradicar la violencia

en contra de ellas, por su condición de

mujeres. Es desde esta particularidad

que reivindica la “igualdad y la universalidad”

de los derechos humanos, a

través del combate de la discriminación

materializada en violencia de género.

1.6 Discusión sobre la igualdad y la universalidad

de los derechos humanos

y la especificidad de los derechos

humanos de las mujeres

La universalidad de los derechos

humanos es histórica; es decir, éstos

han sido, son y seguirán siendo válidos

en cualquier época; asimismo, ésta

tiene una aplicación espacial vinculada

al aspecto territorial, que trasciende

fronteras; en cualquier lugar donde se

encuentre una persona, ahí los derechos

fundamentales estarán vigentes.

“..., ,

por lo que ,

que deben .

Surge así una tensión dialéctica entre

adecuación necesaria, en la que

se realiza fácticamente la universalidad,

y esencia irrenunciable en la

que se fundamenta e inspira”. 38

38 Etxeberría Mauleon, Xabier. Op. cit. s/p.

–146–


El impacto que tienen los principios de igualdad y universidad de los derechos humanos…

La universalidad de los derechos

humanos implica que la protección

y violación de los derechos humanos

no constituyen ámbitos reservados a

la soberanía de los Estados, sino que

son problemas que afectan a toda la

humanidad. 39 Esto se ha positivizado

en el ordenamiento jurídico de los

Estados desde que voluntariamente

suscribieron (y, por ende, aceptaron)

declaraciones, convenciones y protocolos

en materia de derechos humanos,

que les implica asumir responsabilidades

y compromisos concretos,

tanto en el ámbito nacional como en

el internacional.

La universalidad de los derechos

humanos se empieza a positivizar cuando

deja de ser un principio válido sólo

para ciertos grupos hegemónicos y se

reconocen como titulares de derechos

a colectividades de personas con necesidades

concretas y particularidades

específicas, históricamente invisibilizadas

y excluidas, por ejemplo: la niñez

y juventud, las mujeres, las personas

de la tercera edad, las personas con

discapacidades, etc.

Sin embargo, existe un gran debate

en torno al concepto de la universalidad

de los derechos humanos, por el riesgo

que se corre de que las grandes naciones

y/o grupos sociales intervengan e

impongan su cultura, en nombre de esta

“universalidad”, sobre las sociedades o

grupos humanos más pequeños y/o sin

poder, ignorando sus particularidades.

“...La universalidad de los derechos

humanos siempre debe tener en

cuenta las especificidades. Así ”. 40

De igual manera, puede darse una

situación a la inversa y existir una

actitud de ignorar la universalidad de

los derechos humanos, argumentando

relativismos culturales y nacionalismos

recalcitrantes, con lo que se legitima

la comisión de crímenes contra los

derechos humanos, por ejemplo: la

mutilación genital femenina, la muerte

por lapidación a mujeres condenadas

por adulterio, los casamientos forzados

de niñas menores de edad, etc. Muchas

veces estos actos se dan con la anuencia

tácita de la comunidad internacional,

que se abstiene de intervenir fundamentándose

en el respeto al “relativismo

39 Pérez Luño, Antonio Enrique. “La universalidad de la Declaración de las Naciones Unidas.” S/d. (Mimeo).

40 Etxeberría Mauleon, Xabier. Op. cit. S/p.

–147–


Revista de derechos humanos

cultural”, que más bien se traduce en el

derecho a la indiferencia”. 41

“...una práctica cultural sólo debe

ser reconocida como diversidad

cultural en tanto afecte de la misma

manera a mujeres y hombres. En

caso contrario, ella debe ser denunciada

como discriminación”. 42

La universalidad de los derechos

humanos no es estática; se enriquece

constantemente con los aportes de los

distintos grupos sociales, con dinámicas

y pertenencias comunitarias y culturales

diversas. Esto implica un consenso

universal alrededor de los derechos

fundamentales, que se reconocen como

principios válidos, comunes y/o similares

para sociedades diversas; el mismo

se realiza desde los ámbitos individual,

comunitario, nacional, hasta llegar al

internacional. Como señala Etxeberría

Mauleon: “un modo de universalidad

que se construye no por la negación de

la particularidad sino por mediación de

la misma, a través de complejos procesos

de inspiración hacia el exterior y de

inculturación hacia el interior, que nos

permitan referentes si no a-culturales, sí

al menos trans-culturales”. 43

La Declaración Universal de Derechos

Humanos contiene la visión

mundial sobre los derechos humanos,

que es muy amplia; realza los derechos

individuales, civiles y políticos que

aparecen, en un primer momento, como

“...limitaciones al poder de la autoridad

pública y se traducen, por lo mismo, en

el compromiso de ésta de no interferir

en ciertos ámbitos de la vida y actividad

de sus ciudadanos”. 44

Esta reivindicación de los derechos

individuales, civiles y políticos, especialmente

en el ámbito público, relegó a

un segundo plano los derechos humanos

de grupos específicos, entre ellos el de

las mujeres, cuyo accionar fue circunscrito

a la esfera privada.

“Hay que recordar que el espacio

privado quedaba fuera de la protección

tradicional o clásica de

los derechos humanos, siendo en

el mismo donde se producen un

ingente número de violaciones de

41 Pérez Luño, Antonio Enrique. Op. cit. S/p

42 Bunster, Ximena; Cynthia Enloe, Regina Rodríguez. “La mujer ausente: derechos humanos en el mundo”. Ediciones

de las Mujeres No. 15. Barcelona, España. Isis internacional. Octubre, 1996. Pág. 15.

43 Etxeberría Mauleon, Xabier. Op. cit. s/p.

44 Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH) y Comisión Económica para América Latina y el Caribe

(CEPAL). “La igualdad de los modernos”. San José, Costa Rica, 1997. Pág. 13.

–148–


El impacto que tienen los principios de igualdad y universidad de los derechos humanos…

los derechos de las mujeres ante la

pasividad estatal”. 45

Sin embargo, el proceso evolutivo

de los derechos humanos dio lugar al

reconocimiento de los derechos económicos,

sociales y culturales (DESC), que

consisten en “...demandas o exigencias

a las que se debe someter la autoridad en

la orientación y el contenido de las decisiones

de gobierno. Son derechos que

responden a los valores de la igualdad y

la solidaridad. También aquí asume gran

importancia el principio de no discriminación”.

46 El goce pleno de los DESC

es de vital importancia para las mujeres,

porque los mismos pueden coadyuvar a

solucionar parte de los problemas que

ellas afrontan.

La universalidad de los derechos

humanos también implica que éstos son

indivisibles; así lo planteó la Proclamación

de Teherán de 1968:

“como los derechos humanos y

las libertades fundamentales son

individuales, la realización de los

derechos civiles y políticos sin el

goce de los derechos económicos,

sociales y culturales resulta imposible”.

47

La universalidad de los derechos

humanos empieza a positivizarse cuando

grupos históricamente excluidos

y marginados son visibilizados como

sujetos tutelares de derechos, lo cual

se logra a través de declaraciones, convenciones

o protocolos que reivindican

el goce y ejercicio de sus derechos

fundamentales, así como sus derechos

específicos; entre ellos: las mujeres.

1.7 Los aportes del feminismo: la

igualdad y la equidad

1.7.1 Los principios de igualdad y no

discriminación

Los principios de igualdad y no discriminación

son piedras angulares de los

derechos humanos y ambos tienen una

relación interdependiente. “La igualdad

y la no discriminación representan la

declaración positiva y negativa de un

mismo principio”. 48

45 IIDH y Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) . “Los derechos humanos de las mujeres: fortaleciendo

su promoción y protección internacional”. Pág. 88. San José, Costa Rica. 2004.

46 IIDH y CEPAL. Op. cit., Pág. 14.

47 Naciones Unidas. “Las Naciones Unidas y los derechos humanos 1945-1995”. Serie de Libros Azules de las

Naciones Unidas. Volumen VII. Nueva York, s/a. Pág. 77 (Mimeo).

48 Beysfsky, Anne F. “El principio de igualdad o no discriminación en el derecho internacional. Publicado en Human

Rights Law Journal, Vol 11, No. 1-2. Traducido al castellano por el Centro de Derechos Humanos. Chile. Facultad

de Derecho, Universidad de Chile. 1990. Versión electrónica, consultado en septiembre del 2005.

–149–


Revista de derechos humanos

La palabra discriminación se origina

de la palabra latina discriminatio, que

significa: distinción y separación. Las

conductas discriminatorias se basan en

valoraciones subjetivas negativas hechas

por un grupo que está en una posición de

“ventaja” respecto a otro al que mira y

trata como “inferior”. La discriminación

tiene un impacto directo en la posibilidad

de acceder a oportunidades, desarrollar

capacidades, gozar y ejercer derechos

en el grupo o grupos sobre los que ésta

se da. 49

La discriminación que sufren las

mujeres, así como otros grupos sociales,

es histórica y se justifica en argumentos

como el esgrimido por Juan Jacobo

Rousseau:

“Los rangos de los ciudadanos

deben, pues, estar clasificados, no

de acuerdo con el mérito personal,

que daría a los magistrados el medio

de aplicar casi arbitrariamente la

ley, sino según los servicios reales

que rinden al Estado, y que son

susceptibles de una estimación más

exacta”. 50

En este discurso se habla de la necesidad

de clasificar los ciudadanos para

ser distinguidos y favorecidos por el Estado,

según sus servicios. Pero quienes

evalúan a los ciudadanos y los servicios

son los hombres, y son ellos quienes han

demeritado históricamente a la mujer, así

como invisibilizado su aporte a la sociedad,

como ya se expuso en la primera

parte del presente capítulo.

Es importante hacer notar que no

toda diferenciación constituye discriminación

para ello es necesario considerar

el resultado de esta acción.

“Afirmar que es discriminatorio

todo trato que tenga por resultado

la desigualdad, supone aceptar

que cuando a una mujer se le trata

igual que al hombre, y este trato la

interioriza, éste es discriminatorio

aun cuando el propósito haya sido

la igualdad”. 51

Las declaraciones y convenciones en

materia de derechos humanos reivindican

el “derecho a la igualdad” y además

esbozan una realidad que aspirara que

49 IIDH y CEJIL. Op. cit. Pág. 85.

50 Rousseau, Juan Jacobo. Discurso sobre el origen de la desigualdad. Versión electrónica, consultado en agosto

del 2005.

51 IIDH. Estudios básicos de Derechos Humanos IV. Serie de Estudios de Derechos Humanos, Tomo IV. San José,

Costa Rica. 1998. Pág. 25.

–150–


El impacto que tienen los principios de igualdad y universidad de los derechos humanos…

sea alcanzada por los Estados que las

ratifican; sin embargo, gracias a la lucha

sostenida por el movimiento mundial de

mujeres, en los instrumentos jurídicos

internacionales que abordan específicamente

los derechos de las féminas, especialmente

la CEDAW y la Convención

de Belem do Pará, se parte de la realidad

cotidiana que viven las mujeres, y a

partir de ésta se estipulan compromisos

concretos que deben ser asumidos por

los Estados para superar los déficit a

los que la cultura e imaginario social

patriarcal, androcéntrico y machista somete

a las féminas en todos los ámbitos,

incluyendo su propio cuerpo.

El principio de igualdad no se define

por un criterio de semejanza y homogeneización

entre las personas, sino por uno

de “justicia” que se basa en la valoración

de la “diferencia”; se da un mismo valor

a todos y cada uno de los seres humanos,

independientemente del sexo, edad, raza,

color, idioma, religión, etc.; implica que

se reconozca al otro u otra como igual.

Por lo tanto, cuando se habla de la igualdad

entre hombres y mujeres, ésta no

debe seguirse interpretando como una

homologación de las féminas respecto a

los hombres, porque sería continuar consolidando

el modelo androcéntrico.

La igualdad que reclaman las mujeres

es de tipo sustantivo 52 , que implica el tener

las mismas oportunidades, ser reconocidas

y tratadas como iguales respecto de

los hombres, gozar de las libertades que

conlleva dicha igualdad; por el simple hecho

de ser miembras del género humano,

demandan igualdad no sólo en la forma

(ante la ley), sino en la realidad concreta

y cotidiana. Sin embargo, históricamente

se han construido (social, política, económica

y culturalmente, etc.) relaciones

desiguales, injustas y de subordinación en

base a la diferencia sexual, privilegiando

al sexo masculino sobre el femenino.

“Las desigualdades que afectan a las

mujeres no se pueden resolver pensando

que se trata de un problema

de acceso a la participación social en

términos de igualdad o en términos

de derechos especiales, sino que

es una cuestión de subordinación

social, de inadecuada distribución

del poder social”. 53

52 Es decir, que se basa en el reconocimiento y valoración de las diferencias. Así lo indica Encarna Boledón en

La igualdad y el movimiento de mujeres: propuestas y metodología para el estudio de género. Working Paper n.

148. s/p. Universidad Autónoma de Barcelona. Barcelona, 1998. Versión electrónica consultada en septiembre

de 2005.

53 Boledón, Encarna. Op. cit.

–151–


Revista de derechos humanos

El principio de igualdad no puede

verse satisfecho sólo con que se legisle

en contra de la discriminación, o con

leyes en las que se trate imparcialmente

a hombres y mujeres; requiere de la

modificación y derogación de todo el

cuerpo jurídico que legitima y legaliza

las relaciones de subordinación de las

féminas respecto de los hombres, en

todos los ámbitos, así como la creación

de nuevas normas que garanticen el

pleno y efectivo goce de los derechos

humanos que pertenecen a cada persona

del planeta, así como sus derechos

específicos, por ejemplo: los sexuales

y reproductivos.

El principio de igualdad debe dejar

de basarse en el modelo parcial, que

es eminentemente masculino, que predomina

en la actualidad; y debe partir

de un modelo que contemple que tanto

hombres como mujeres son natural e

igualmente diferentes entre sí.

“…existe un modelo masculino

en el derecho, puesto que el ideal

de igualdad que se persigue surge

de la comparación entre hombres

y mujeres. Para mantener una reivindicación

la mujer debe mostrar

que ha sido tratada “peor que un

hombre”. Esto significa que el

modelo antidiscriminatorio opera

en base a un modelo masculino

asimilacionista”. 54

1.7.2 El principio de equidad

“… nos remite a la diversidad y al

reconocimiento de las desigualdades,

de la inequidad en las posibilidades

de los seres humanos de

acceder a las oportunidades para

mejorar sus vidas. El principio

de equidad parte de identificar las

diferentes formas de participar en

el ámbito social, evidenciando las

desigualdades”. 55

Tanto a nivel nacional como internacional,

se reconoce la “igualdad formal”

o isónoma, pero aún falta mucho porque

se positivice la “igualdad sustantiva”,

es decir, en la cotidianeidad, porque

las mujeres siguen siendo víctimas de

discriminación (basada en estructuras y

relaciones políticas, económicas, sociales

y culturales de tipo androcéntrico,

patriarcal y machista, en las que ellas no

cuentan con ningún poder), lo cual les

limita las posibilidades de gozar plenamente

de sus derechos humanos y, por lo

tanto, de tener una participación óptima

en todos los ámbitos de la vida. 56

54 Boledón, Encarna. Ibídem.

55 IIDH y CEJIL. Op. cit., Pág. 86.

56 Este punto se ahondará en el capítulo 3 de la presente investigación.

–152–


El impacto que tienen los principios de igualdad y universidad de los derechos humanos…

El principio de igualdad formal puede

llegar a constituirse en “discriminatorio”

cuando se aplica de manera asimilacionista,

es decir, cuando se trata o quiere

tratar de una misma manera a hombres

y mujeres que no están en iguales condiciones

y, por lo tanto, los efectos son

negativos para las féminas, por ejemplo.

1. Participación política partidaria. Los partidos políticos están formados mayoritariamente

por hombres; esto se debe a que la participación de las mujeres se ve

limitada, entre otras causas, por: su precaria situación económica, dobles y triples

roles que ocupan la mayor parte del tiempo, falta de educación, la cultura patriarcal

y machista que impera en el país, etc. 57 Sin embargo, mientras el Congreso de la

República de Guatemala (conformado mayoritariamente por hombres) discutía acerca

de las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, el movimiento de mujeres

pidió un 30% en cuotas de poder dentro de los partidos políticos. La respuesta que

se obtuvo fue negativa; el argumento dado fue que las cuotas atentaban contra el

principio constitucional de igualdad. Esto evidencia que en el país se valora más la

igualdad formal que la igualdad sustantiva.

También se ha argumentado que las mujeres deben ganarse los espacios; sin embargo,

a pesar de que hay muchas mujeres preparadas, con títulos profesionales y amplia

experiencia, no son consideradas como primeras opciones para competir por cargos

electorales.

2. Trabajo. Para optar a muchos puestos laborales remunerados, se pide un determinado

nivel de educación y esto excluye automáticamente a muchas mujeres como candidatas

a los mismos, porque no han podido contar con ningún estudio, ya que no fueron

enviadas a la escuela en base al paradigma de que ellas “serán mantenidas” por el

marido y “sólo” deben dedicarse a los quehaceres del hogar.

Esta situación sólo provoca que la mujer y su familia se perpetúen en el subdesarrollo y

la pobreza. Del 100% de los hogares monoparentales femeninos en toda la República

de Guatemala, el 62.04% de las jefas de familia son analfabetas. 58

57 Para profundizar sobre este tema específico, puede consultarse el apartado 3.1.3 del Capítulo 3 en esta misma

investigación.

58 Este tema se desarrolla más ampliamente en el capítulo 3, ítem 3.3.

–153–


Revista de derechos humanos

Debido a estas exclusiones estructurales

que sufren las mujeres, basadas en

un modelo económico, social, político

y cultural androcéntrico y patriarcal,

la CEDAW 59 incorporó a su texto el

artículo 4.

1. La adopción por los Estados

Partes de medidas especiales de

carácter temporal encaminadas

a acelerar la igualdad de facto

entre el hombre y la mujer no se

considerará discriminación en

la forma definida en la presente

Convención, pero de ningún

modo entrañará, como consecuencia,

el mantenimiento de

normas desiguales o separadas;

estas medidas cesarán cuando se

hayan alcanzado los objetivos

de igualdad de oportunidad y

trato.

2. La adopción por los Estados

Partes de medidas especiales,

incluso las contenidas en la presente

Convención, encaminadas

a proteger la maternidad, no se

considerará discriminatoria.

Las medidas afirmativas, por lo

tanto, son el mecanismo que permite viabilizar,

entre muchas otras formas, la positivización

del principio de “equidad”;

es decir, dar un tratamiento diferente a

las mujeres, quienes se encuentran en

situación de desventaja respecto de los

hombres, a manera de equiparlas para

que gocen de la igualdad tanto formal

como sustantiva.

El objetivo de las medidas afirmativas

es corregir discriminaciones que

perviven en detrimento de las mujeres,

a manera de que ellas tengan las mismas

oportunidades (reales) de acceder

al bienestar material, físico, familiar

y humano; así como que participen

en la toma de decisiones en el espacio

público a través de un ejercicio pleno y

efectivo de su ciudadanía. Mientras las

féminas estén en desventaja respecto de

los hombres, la implementación de este

tipo de medidas no será considerada

como discriminatoria.

“Una distinción no discriminatoria

debe: (a) tener una justificación

objetiva y razonable; esto es, debe

perseguir una finalidad legítima; y

(b) debe existir una relación razonable

de proporcionalidad entre la

finalidad y el medio empleado para

lograrla”. 60

59 De observancia obligatoria para Guatemala.

60 Beysfsky, Anne F. Op. cit., s/p.

–154–


El impacto que tienen los principios de igualdad y universidad de los derechos humanos…

Con base en lo anterior, se puede

y debe interpretar el artículo 4 61 de la

Constitución Política de la República

de Guatemala a la luz de un criterio de

“igualdad sustantiva”, trascendiendo la

“igualdad isónoma”; su análisis puede

ser complementado con los artículos 44

y 46 62 del mismo texto.

2. La posición y ubicación de las

mujeres respecto de los hombres

en el imaginario social y el

sistema jurídico guatemalteco

2.1 Las mujeres en el imaginario

social guatemalteco

“Los imaginarios sociales son

representaciones colectivas que

rigen los sistemas de identificación

y de integración social y que hacen

visible la invisibilidad social”

(Pintos, 1995). Los imaginarios

tienen una función principal que se

podría definir como la elaboración

de instrumentos de percepción de

la realidad (Pintos, 1995). Significa

que éstos son el medio para explicarse

el entorno social y natural en

que se vive”. 63

En el imaginario social guatemalteco,

las mujeres no son vistas como

actoras y protagonistas; más bien se les

sigue reforzando y asignando nuevos

roles domésticos y trabajo reproductivo,

que implican la crianza de las y los hijos,

el cuidado del hogar y del esposo. Se

les adjudican cualidades de intuitivas

intelectualmente, agudas de ingenio,

virtuosas, sumisas, obedientes, abnegadas.

Estas últimas son las que les hacen

capaces de dedicarse al cuidado de los

hijos e hijas, a la atención del esposo y

a las tareas del hogar.

“¿En qué momento se forman estos

imaginarios Dentro de la cultura

indígena, las relaciones de género

están asentadas en jerarquías de

las cuales las mujeres están excluidas

de la toma de decisiones,

más bien se las visualiza como

personas sumisas y obedientes,

mientras que el varón toma las

decisiones, da las órdenes y tiene

la autoridad. La cultura ladina,

con relación al orden de géneros,

61 Que regula la “libertad e igualdad”.

62 Referentes a los “derechos inherentes a la persona humana” y a la “preeminencia del derecho internacional”.

63 Tribunal Supremo Electoral (TSE). Estudio etnográfi co sobre la participación de las mujeres: prácticas e imaginarios

con relación a su participación política. Guatemala. Septiembre del 2003. Pág. 1.

–155–


Revista de derechos humanos

se basa en el modelo cristiano,

en el que se espera la mujer sea

madre, buena esposa (obediente

a su marido), y permanezca en su

casa haciendo las labores “propias

de su sexo”. 64

Según el imaginario social imperante,

el accionar de las mujeres se circunscribe

social, política y económicamente

a la esfera doméstica, y es por ello que

ellas ven limitadas sus oportunidades

para acceder a la educación, propiedad,

empleo remunerado, participación social

y política, así como a tomar decisiones

sobre su sexualidad y capacidad reproductiva.

Mientras que los hombres

gozan de estos derechos, inclusive el de

decidir sobre los derechos sexuales y

reproductivos de las féminas.

“…para el niño varón, el ámbito

doméstico es sólo un nido transitorio

mientras, en el caso de la

niña, se define como un espacio

perpetuo”. 65

En las entrevistas realizadas a hombres

para la presente investigación, se

pidió que identificaran responsabilidades

asignadas a hombres y mujeres; los

resultados son los siguientes:

Responsabilidades

masculinas

Liderazgo público

Protección

% de

respuestas

Responsabilidades

femeninas

30.43% Cuidado del hogar y

la familia

26.09% Trabajos secretariales y

de índole pasiva

% de respuestas

50%

16.67%

21.74% Generadora de la vida

Proveedor

8.33%

material y espiritual

Guía de la familia 13.04% Ser moral y fiel 8.33%

Prepararse y ser profesional 8.70% Objeto comercial y/o sexual 8.33%

Estudiar 8.33%

Total 100% Total 100%

Fuente: Elaboración propia. Datos tabulados de entrevistas realizadas a hombres.

64 Tribunal Supremo Electoral –TSE–. Las percepciones de las mujeres guatemaltecas sobre su participación política.

Guatemala, 2002. Pág. 44.

65 Guerra, Lucía, La mujer fragmentada: historias de un signo. Chile. Editorial Cuarto Propio. Noviembre de 1995.

Pág. 17.

–156–


El impacto que tienen los principios de igualdad y universidad de los derechos humanos…

Los hombres identifican como su

responsabilidad primaria el ejercicio del

poder en el ámbito público, que implica

la toma de decisiones, la planificación y

el gobernar. Le siguen a ésta, roles que

los ubican en una relación de superioridad

respecto de las mujeres, porque

se identifican como los protectores,

proveedores y guías de familia; llama

la atención que sólo un 8.70% de las

respuestas hace referencia a que los

hombres deben ser profesionales.

En lo que respecta a la identificación

de roles asignados a las mujeres desde

un imaginario eminentemente masculino,

el principal es el “cuidado del

hogar y la familia”; le sigue el ser generadora

de la vida. Se le reconoce que

puede desarrollar algunas actividades

no relacionadas con el ámbito privado,

pero de índole pasiva, por ejemplo:

secretariales o ser objetos comerciales

y/o sexuales.

Además, llama la atención que a las

féminas se les exigen responsabilidades

de tipo subjetivo, como el tener conductas

morales, de fidelidad y ser generadoras

de la vida espiritual, cosa que no se hace

con los hombres. Por lo tanto, ellas son

concebidas en función de las y los demás,

no en función de sí mismas.

“Fogón doméstico y ámbito celestial

son, entonces, los ejes territoriales

de dos modos de existencia que

separan, de manera radical, al hombre

y a la mujer. Ejes sustentados,

a nivel infra-estructura económica,

por la relegación de la mujer a la

actividad natural, y no económica,

de la reproducción biológica y el

cuidado de los hijos”. 66

Es en base a este imaginario patriarcal

y androcéntrico imperante en

Guatemala, que a las mujeres se les

niega el goce de derechos fundamentales

tales como el de respeto a su integridad;

a participar políticamente, acceder a la

educación, a un trabajo remunerado, a

gozar de la propiedad de una vivienda o

de tierra; a acceder a servicios de salud, a

tener el control sobre su sexualidad y su

capacidad reproductiva, etc., 67 aspectos

que violan principios como la dignidad,

la integridad, la libertad sexual y las coloca

en una posición de control sexual y

de subordinación.

“En el siglo XVI, sólo había una

escuela para niñas no indígenas,

una para niñas indígenas y un “asilo

para doncellas pobres”, la educación

superior fue muy limitada,

tuvieron acceso a ella únicamente

unas cuantas mujeres, hijas de

66 Guerra, Lucía. Loc. cit.

67 Estos temas se abordarán con mayor profundidad en el capítulo 3.3. de la presente investigación.

–157–


Revista de derechos humanos

funcionarios españoles y criollos

(Urquizú, 1996), estas pocas escuelas

estaban además en manos

de órdenes religiosas.

En general no existía una tendencia

a favor de educar a la mujer, situación

que se prolongó hasta el siglo

XIX, por otro lado el contenido

conservador que se les impartía

estaba también impregnado por la

visión patriarcal; se les enseñaba

lectura, escritura, las cuatro reglas

básicas de la aritmética y los oficios

mujeriles”. “Después de la independencia,

la exclusión de las mujeres

de la educación no mejoró significativamente,

principalmente para las

mujeres indígenas, cuya situación

siempre ha estado agravada por su

condición étnica y de pobreza (…)

Hasta principios del siglo XIX, con

las ideas de la Ilustración, se inició

cierta apertura para que las mujeres

accedieran a la educación; a finales

del mencionado siglo se abren

escuelas secundarias para mujeres

en Guatemala, Quetzaltenango y

Chiquimula”. 68

2.2 Las mujeres en el constitucionalismo

guatemalteco

2.2.1 Antecedentes del principio de

igualdad en las constituciones de

la República de Guatemala y su

aplicación a las mujeres

Constituciones y

sus reformas

Principio de igualdad Ciudadanía Análisis

Constitución de Bayona.

Artículo 2º.

No aparece en el texto

“La Corona de las Españas y

de las Indias será he reditaria en

nuestra des cendencia directa,

natural y legítima a varón

por orden de primogenitura y

con exclusión perpetua de las

hembras”.

En el citado artículo de manera

clara se excluye a las mujeres

del ejercicio del poder; por lo

tanto, no estaban en posición

de igualdad. Inclusive la alusión

hacia ellas es de “hembras”.

Constitución Política de

la Monarquía Española,

promulgada en Cádiz el 19 de

marzo de 1812.

No aparece en el texto

“El Reino de las Españas es

indivisible, y sólo se sucede

en el Trono perpetuamente

desde la promulgación de

la Constitución por el orden

regular de la primogenitura

y representación entre los

descendientes legítimos varones

y hembras…”

Esta constitución es monárquica;

por lo tanto, no se aplica el

principio de “igualdad” entre la

ciudadanía, porque los estamentos

y privilegios permanecen;

sin embargo, aquí sí se reconoce

el derecho de sucesión en el

poder a las mujeres, a pesar de

que cuando se habla de ellas,

nuevamente se usa el término

“hembras”.

68 Tribunal Supremo Electoral. Op. cit. Pág. 45.

–158–


El impacto que tienen los principios de igualdad y universidad de los derechos humanos…

Constituciones y

sus reformas

Bases Constitucionales de

1823 de las Provincias Unidas

de Centroamérica.

Principio de igualdad Ciudadanía Análisis

“La constitución se dirige a

asegurar la felicidad del pueblo,

sosteniéndole en el mayor

goce posible de sus facultades;

establece la independencia y

soberanía nacional; determina

con exactitud la división de

los tres poderes; y afianza los

derechos del hombre y del

ciudadano, sobre los principios

eternos de libertad, igualdad,

seguridad y propiedad.”

Por haberse declarado la

independencia de la República

de Guatemala, e influenciada

por el pensamiento liberal de la

Declaración de Independencia

de los Estados Unidos de

América y de la Revolución

Francesa, se establecen los

principios de igualdad, libertad,

seguridad y propiedad en el

artículo primero de este texto.

Primera Constitución del

Estado de Guatemala de

1825.

Acta Constitutiva de la

República de Guatemala de

1851.

Ley Constitutiva de la

Re pública de Guatemala

decretada por la Asamblea

Nacional Constituyente de

1879.

Artículo 20

“Los derechos del hombre

en sociedad son, la libertad,

la igualdad, la seguridad y la

propiedad”.

Artículo 46.

“Son ciudadanos: 1º. Todos

los habitantes del Estado

naturales o naturalizados

en cualquiera de los otros

Estados de la federación que

fuesen casados o mayores de

diez y ocho años, siempre que

ejerzan alguna profesión útil,

o tengan medios conocidos de

subsistencia...”

No aparece en el texto. Extracto del Artículo 1º.

“Son ciudadanos los guatemaltecos

que tengan una

profesión, oficio o propiedad

que les proporcione medios de

subsistir con independencia.”

No aparece en el texto.

“Son ciudadanos:

1º. Los guatemaltecos mayores

de 21 años que tengan renta,

oficio, industria o profesión

que le proporcione medios

de subsistencia.

2o. Todos los que pertenecen

al ejército siendo mayores

de 18 años.”

En el artículo 20 se enuncia

específicamente al hombre

como sujeto de derechos;

mientras que en el 46, persiste

la negación de la ciudadanía a

la mujer.

En esta Constitución se establece

que la ciudadanía se adquiere en

función de la riqueza con la que

se cuenta, misma que da libertad

de acción. Esto nuevamente

limitaba a las mujeres en el

ejercicio de su ciudadanía.

–159–


Revista de derechos humanos

Constituciones y

sus reformas

Reformas a la Ley Constitutiva

de la República de

Guatemala, realizadas en

1885.

Reformas a la Constitución de

la República de Guatemala,

hechas en 1887.

Principio de igualdad Ciudadanía Análisis

No aparece en el texto.

Artículo 8.

“Son ciudadanos los guatemaltecos

mayores de veintiún

años que sepan leer y escribir;

o que tengan renta, industria,

oficio o profesión que les

pro porcione medios de

subsistencia”.

No aparece en el texto. Artículo 8.

“Son ciudadanos:

1º. Los guatemaltecos mayores

de veintiún años que

sepan leer y escribir o que

tengan renta, industria,

oficio o profesión que les

proporcione medios de

subsistencia;

2º. Todos los que per tenecen

al Ejército, siendo

ma yo res de diez y

ocho años;

3º. Los mayores de diez y

ocho años que tengan

un grado o título litera

rio, obtenido en los

establecimientos nacionales.

Reformas a la Constitución de

la República de Guatemala,

hechas en 1921.

Reformas a la Constitución de

la República de Guatemala,

hechas en 1935.

No aparece en el texto. Artículo 8.

“Son ciudadanos los guatemaltecos

varones mayores de

diez y ocho años:

1º. Que sepan leer y escribir.

2º. Que desempeñen o hu bieren

desempeñado cargos

concejiles”.

No aparece en el texto. Artículo 8.

“Son ciudadanos los guatemaltecos

varones mayores de

diez y ocho años que sepan

leer y escribir o tengan renta,

industria, oficio o profesión

que les proporcione medios

de subsistencia.”

De las distintas reformas que

tuvo la Constitución de la

Re pública de Guatemala, la

presente de forma expresa niega

la ciudadanía a las mujeres,

al reconocer ésta sólo para los

varones mayores de edad.

–160–


El impacto que tienen los principios de igualdad y universidad de los derechos humanos…

Constituciones y

sus reformas

Principio de igualdad Ciudadanía Análisis

Reformas a la Constitución de

la República de Guatemala,

hechas en 1935.

Artículo 16.

“Las autoridades de la Re pública

están instituidas para

mantener a los habitantes en

el goce de sus derechos que

son: la libertad, la igualdad y

la seguridad de la persona, de la

honra y de los bienes”.

No aparece en el texto. En esta Constitución se

reconoce la responsabilidad

de las autoridades del Estado

de preservar y promover

los principios liberales de:

libertad, igualdad, seguridad y

propiedad.

Constitución de la República

de Guatemala de 1945.

Artículo 21

“Toda persona goza de las

garantías que establece esta

Constitución, sin más restricciones

que las que ella misma

expresa. Con igual salvedad

se declara ilegal y punible

cual quier discriminación por

motivo de filiación, sexo, raza,

color, clase, creencias religiosas

o ideas políticas.

Artículo 9

“Son ciudadanos:

1º. Los guatemaltecos va rones

mayores de dieciocho años;

2º. Las mujeres guatemaltecas

mayores de dieciocho años

que sepan leer y escribir.

Son derechos y deberes inherentes

a la ciudadanía: elegir,

ser electo y optar a cargos

públicos.

El sufragio es obligatorio y

secreto para los ciudadanos

que sepan leer y escribir;

op tativo y secreto para las

mujeres ciudadanas; optativo

y público para los ciudadanos

analfabetos.

Tienen obligación de inscribirse

en el Registro Cívico, dentro

del año en que obtengan la

ciudadanía, todos los varones

de diez y ocho años que se pan

leer y escribir. Para las mujeres

y los analfabetos, tal inscripción

es un derecho. Los analfabetos

podrán ejer cer el sufragio…”

Este nuevo texto constitucional

positiviza la igualdad a partir de

garantizar la no discriminación.

Asímismo, es el primer texto

donde se reconoce la ciuda

danía, como un derecho

“optativo” a las mujeres y a las

personas analfabetas.

–161–


Revista de derechos humanos

Constituciones y

sus reformas

Constitución de la República

de Guatemala de 1956.

Principio de igualdad Ciudadanía Análisis

Artículo 40

“En Guatemala todos los seres

humanos son libres e iguales en

dignidad y derechos.

Nadie será sometido a ser vidumbre

ni a otra condición que

menoscabe su personalidad.

El Estado protege la vida, la

integridad corporal y la se guridad

de la persona humana.

Dará protección especial a las

personas que por sus condiciones

físicas o mentales se encuentren

en posición de notoria

desventaja.

El Estado estimulará la iniciativa

privada para todos los fines de

asistencia y mejoramiento so -

ciales y otorgará las más amplias

facilidades para su desarrollo.

Artículo 16.

Son ciudadanos:

1º. Los guatemaltecos va rones

mayores de die ciocho

años.

2º. Las mujeres guatemaltecas

mayores de dieciocho

años que sepan leer y

escribir.

Extracto del artículo 23.

“Queda prohibida la organización

o funcionamiento

de todas aquellas entidades

que propugnen la ideología

comunista o cualquier otro

sistema totalitario.”

A pesar de que en esta

Constitución se reconoce que

todos los guatemaltecos son

libres e iguales, la ciudadanía

plena se reconoce a todos los

hombres mayores de edad,

mientras que la misma se

reconoce sólo a las mujeres

alfabetas.

Asimismo, se estableció una

limitación a la participación política

de quienes simpatizaban

ideológicamente con el “co munismo”,

atentándose así con tra

el principio de “libertad” re conocido

por el liberalismo.

Constitución de la República

de Guatemala de 1965.

Artículo 43.

En Guatemala todos los seres

humanos son libres e iguales en

dignidad y derechos.

El Estado garantiza como derechos

inherentes a la persona

humana: la vida, la seguridad

corporal, la dignidad, la seguridad

personal y la de sus

bienes.

Ninguna persona puede ser

sometida a servidumbre ni a

otra condición que menoscabe

su dignidad y decoro.

Se prohíbe cualquier discri minación

por motivo de raza, color,

sexo, religión, nacimiento,

po si ción económica o social u

opiniones políticas.

Artículo 13.

Son ciudadanos: todos los

gua temaltecos, hombres y mujeres,

mayores de die ciocho

años.

Esta Constitución reconoce

la igualdad entre las personas

y lo reafirma al expresar manifiestamente

el principio de no

discriminación.

Asimismo, ésta equipara a

las mujeres y los hombres respecto

al goce del derecho de

ciudadanía.

Fuente: Elaboración propia. Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. Digesto Constitucional. Revista números

4,5,6,7. Guatemala. Períodos: Julio-Diciembre 1976, Enero-Junio 1977, Julio-Diciembre 1977, Enero-Junio 1978.

–162–


El impacto que tienen los principios de igualdad y universidad de los derechos humanos…

En el anterior cuadro se evidencia

que el principio de “igualdad” se

vindica desde la primera Constitución

del Estado de Guatemala; sin embargo,

esto no significa que a las mujeres se

les considerara titulares del mismo,

porque la ciudadanía no les fue reconocida

como derecho sino hasta

la Constitución de 1945, aunque de

manera parcial. Fue hasta 1965 que

se reconoció la ciudadanía a todas las

mujeres guatemaltecas.

2.2.2 Las mujeres en la Constitución

Política de la República de 1985

En Guatemala todos los seres humanos

son libres e iguales en dignidad

y derechos. El hombre y la mujer,

cualquiera que sea su estado civil,

tienen iguales oportunidades y responsabilidades.

Ninguna persona

puede ser sometida a servidumbre

ni a otra condición que menoscabe

su dignidad. Los seres humanos

deben guardar conducta fraternal

entre sí.

Artículo 4º. de la

Constitución Política

de la República de Guatemala

En 1992, la Oficina Nacional de la

Mujer (ONAM) impulsó un proyecto

para la modificación del Código Civil, 69

basada en los preceptos contenidos en

la Convención sobre la Eliminación de

Todas las Formas de Discriminación

Contra la Mujer (CEDAW), así como en:

“…los artículos 4 y 46 de la Constitución

Política de la República de Guatemala,

referentes respectivamente al principio

de igualdad entre hombres y mujeres,

sin importar su estado civil, y la prevalencia

de las convenciones y tratados

de derechos humanos sobre el derecho

interno, así como el contenido de la Convención

sobre la Eliminación de Todas

las Formas de Discriminación Contra la

Mujer ”. 70 El mismo fue presentado al

Congreso de la República de Guatemala;

sin embargo, fue ignorado por completo.

Paralelamente al accionar de la

ONAM, se planteó una acción de inconstitucionalidad

parcial, de fecha 6

de marzo de 1992, impulsada por la que

ocupaba en ese entonces el cargo de

Procuradora Adjunta de los Derechos

Humanos, Licda. María Eugenia Morales

de Sierra. La interponente argumentó que:

“…el Código Civil, Decreto Ley 106, en

69 Decreto Ley 106, emitido en 1963.

70 Morales Trujillo, Hilda. Traduciendo en acciones la CEDAW en Guatemala: el caso de María Eugenia Morales

de Sierra. Guatemala, Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM). 2002. Pág. 55.

–163–


Revista de derechos humanos

los artículos: 109 “Representación conyugal”;

110 “Protección a la mujer”; 113

“Mujer empleada fuera del hogar”; 114,

que se refiere a la posibilidad del esposo a

oponerse a que la mujer trabaje fuera del

hogar; 115 “Representación de la mujer”;

131 “Administración”, 133 “Administración

de la mujer”; 255 “La representación

de un hijo o hija con discapacidad

y administración de los bienes la tiene

el padre”; y 317 “Excusa”, violaban los

artículos 4, 5, 47, 63, 101, 102 y 136 de

la Constitución Política de la República

de Guatemala, que protegen el derecho de

IGUALDAD, LIBERTAD, DERECHO

A LA EXPRESIÓN CREADORA, AL

TRABAJO, A LA LIBRE ELECCIÓN

DE TRABAJO, A OPTAR A CAR-

GOS PÚBLICOS Y A PARTICIPAR

EN ACTIVIDADES POLÍTICAS”. 71

La normativa internacional con la

que respaldó su acción y su alegato ante

la Corte de Constitucionalidad fue la

siguiente.

a) La consagración del principio de

igualdad contenido en la Declaración

Universal de Derechos Humanos.

b) La Convención sobre la Eliminación

de Todas las Formas de Discriminación

Contra la Mujer (CEDAW).

c) La Convención Americana sobre

Derechos Humanos.

d) La Carta de la Organización de

los Estados Americanos, y sus

protocolos.

e) La Convención Interamericana sobre

la Concesión de Derechos Civiles a

la Mujer.

f) La Convención sobre la Nacionalidad

de la Mujer.

g) La Convención sobre la Esclavitud.

h) La Convención Relativa a la Lucha

contra las Discriminaciones en la

Esfera de la Enseñanza.

i) El Convenio de la Organización

Internacional del Trabajo sobre la

Eliminación de la Discriminación

en Materia del Empleo y la

Ocupación.

La licenciada María Eugenia Morales

de Sierra remarcó que las disposiciones

de tales instrumentos eran de

observancia obligatoria para el Estado

de Guatemala desde el momento en que

éste los ratificó, y que la misma Constitución

Política de la República, en su

71 Morales Trujillo, Hilda. Ibídem., Pág. 58.

–164–


El impacto que tienen los principios de igualdad y universidad de los derechos humanos…

artículo 44 establece que: “Serán nulas

ipso jure las leyes y las disposiciones gubernativas

o de cualquier otro orden que

disminuyan, restrinjan o tergiversen los

derechos que la Constitución garantiza”.

El 24 de junio de 1994, la Corte de

Constitucionalidad declaró esta acción

sin lugar, basándose en la preeminencia

de la Constitución, las costumbres y la

tradición de la familia guatemalteca:

las distinciones eran constitucionales,

pues, entre otras cosas, ofrecían certeza

jurídica en la asignación de las funciones

dentro del matrimonio, protegían al

hogar así como a los hijos e hijas dentro

de los valores tradicionales; además,

permitían la protección de la mujer como

madre y esposa. 72

La decisión de la Corte de Constitucionalidad

(conformada solamente por

magistrados hombres) respecto a este

caso contradecía los artículos: 4 73 , 44 y

46 de la Constitución Política de la República,

tomando en consideración que

el Estado de Guatemala había ratificado

ya la Convención sobre la Eliminación

de Todas las Formas de Discriminación

contra la Mujer (CEDAW); así como el

preámbulo de la misma.

Nosotros, los representantes del

pueblo de Guatemala, electos libre

y democráticamente, reunidos en

Asamblea Nacional Constituyente,

con el fin de organizar jurídica y

políticamente al Estado; afirmando

la primacía de la persona humana

como sujeto y fin del orden social;

reconociendo a la familia como

génesis primario y fundamental de

los valores espirituales y morales

de la sociedad y, al Estado, como

responsable de la promoción del

bien común, de la consolidación

del régimen de legalidad, seguridad,

justicia, igualdad, libertad y paz;

inspirados en los ideales de nuestros

antepasados y recogiendo nuestras

tradiciones y herencia cultural; decididos

a impulsar la plena vigencia

de los derechos humanos dentro

de un orden institucional estable,

permanente y popular, donde gobernados

y gobernantes procedan con

absoluto apego al Derecho.

Esta contradicción se refleja en el

texto del preámbulo, que afirma la “supremacía

de la persona humana como

sujeto y fin del orden social”. Si bien

se reconoce a la familia como génesis

primario de los valores espirituales y

morales de la sociedad, ésta no podría

72 Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). “Informe No. 4/01, caso 11,625 María Eugenia Morales

de Sierra. Guatemala.” 19 de enero de 2001. www.cidh.oras.org/annualrep/2000sp/Capitulo III/Fondo/Guatemala11.625

htm. Consultada en septiembre de 2005.

73 Transcrito al inicio de este apartado.

–165–


Revista de derechos humanos

ser antepuesta al bienestar integral

del individuo. Sin embargo, la Corte

Constitucional de esa época, basada en

juicios androcéntricos y patriarcales, dio

mayor preeminencia a la “familia” y a la

“tradición” (de tipo machista), respecto a

las féminas. Tampoco observó lo estipulado

por el artículo 4º. constitucional que

afirma la igualdad de derechos y dignidad

entre hombres y mujeres; así como en

responsabilidades y oportunidades, independientemente

del estado civil. De

igual manera, ignoró los artículos 44 y 46

que permitían la incorporación de la CE-

DAW al ordenamiento jurídico interno y,

específicamente, el artículo 1 de ésta, que

define la discriminación contra la mujer.

“toda distinción, exclusión o restricción

basada en el sexo que tenga por

objeto o por resultado menoscabar

o anular el reconocimiento, goce o

ejercicio por la mujer, independientemente

de su estado civil, sobre la

base de la igualdad del hombre y la

mujer, de los derechos humanos y

las libertades fundamentales en las

esferas política, económica, social,

cultural y civil o en cualquier otra

esfera”.

Esta sentencia constitucional dejaba

a las guatemaltecas en una condición

de subordinación, “servidumbre” y

dependencia jurídica respecto a sus esposos,

a quienes se les daba la potestad

de ejercer control directo y continuado

sobre aspectos importantes de su vida,

transgrediendo así la vida privada y

familiar de las guatemaltecas.

El 8 de febrero de 1995, el caso fue

llevado ante la Comisión Interamericana

de Derechos Humanos (CIDH), donde

además de la argumentación ya expuesta,

se indicó que el Código Civil creaba distinciones

entre las mujeres casadas, las

mujeres solteras y los hombres casados,

y limitaba los derechos de las primeras,

en virtud de su sexo y de su estado civil.

Para el trámite ante la CIDH, fue

necesario acreditar la condición de

víctima de una persona en concreto;

fue por ello que se nominó en el caso a

María Eugenia Morales de Sierra, quien:

“…siendo mujer casada con hijos y con

residencia en Guatemala está sujeta a un

régimen jurídico que limita su capacidad

de ejercer sus derechos en virtud de su

sexo y estado civil por el simple hecho

de estar en vigor”. 74

La acreditación de una víctima concreta

ante la CIDH demuestra que las

mujeres no eran consideradas sujetas de

derechos colectivos; sin embargo, uno de

los grandes aportes de este caso concreto

ante esta instancia internacional fue:

74 Morales Trujillo, Hilda. Op. cit., Pág. 71.

–166–


El impacto que tienen los principios de igualdad y universidad de los derechos humanos…

“…el reconocimiento por parte de la

Comisión Interamericana de la extensión

colectiva de la privación de un derecho

individual”. 75

El resultado de estas diligencias fue

que en 1997, el Congreso de la República

de Guatemala hiciera algunas modificaciones

al Código Civil, tomando

como principal base un anteproyecto

de ley presentado por las miembras de

la ONAM desde 1992.

Aunque Guatemala cuenta con una

de las constituciones más garantista de

los derechos humanos en América Latina,

su positivización depende del criterio

interpretativo del operador u operadora

de justicia; el mismo puede ser emitido

de manera restrictiva, es decir, que limite

el goce de los derechos fundamentales,

especialmente los de las guatemaltecas,

quienes constituyen más del 51% de la

población a nivel nacional.

El caso específico presentado en

este apartado, refleja la crisis de la

hermenéutica constitucional cuando

magistrados (encargados de garantizar

los derechos establecidos en la Carta

Magna guatemalteca), resuelven desfavorablemente

en contra de las mujeres

al no tomar en cuenta los derechos

humanos específicos de las féminas, ni

las acciones afirmativas al momento de

emitir sus fallos, colocándolas así en

una situación de mayor vulnerabilidad

jurídica y social.

A esto hay que aunar que están vigentes

un gran número de leyes ordinarias que

fueron elaboradas décadas anteriores a la

existencia y vigencia de la Carta Magna

de 1985, por lo que muchos de sus artículos

la contravienen; por ejemplo, el

Código Penal y sus artículos 176, 177 y

200, que regulan lo referente al estupro,

estupro agravado y a la condonación de

la pena de algunos delitos sexuales si el

victimario se casa con la víctima, siempre

que ella sea mayor de 12 años de edad.

2.3 Las mujeres y los Acuerdos de Paz

En los Acuerdos de Paz se reconoce

la situación de discriminación y

exclusión de la que han sido víctimas

las guatemaltecas por su condición de

mujeres, dado que no tienen las mismas

oportunidades de acceso al crédito, a la

tierra, a la educación, a la salud, etc.

Con la firma de los Acuerdos de

Paz se adquirieron compromisos de

equiparar a las mujeres respecto de los

hombres, especialmente en tres de ellos,

que se describen a continuación.

75 Morales Trujillo, Hilda. Ibídem., Pág. 14.

–167–


Revista de derechos humanos

Nombre del Acuerdo

Acuerdo Socioeconómico y

Situación Agraria

Acuerdo para el Reasentamiento

de las Poblaciones

De sarraigadas por el

Enfrenta miento Armado

Acuerdo sobre Identidad

y Derechos de los Pueblos

Indígenas

Contenidos

Se reconoce la importancia de la participación de las guatemaltecas en el desarrollo social

y económico del país, así como la necesidad de que tanto mujeres como hombres tengan

las mismas responsabilidades dentro del hogar.

Se asumen los compromisos de:

• Garantizarles las mismas posibilidades que a los hombres de tener acceso a créditos, a

la propiedad, a la vivienda, a recursos tecnológicos y productivos.

• Garantizarles el acceso a la educación, salud, trabajo, organización y participación.

• Revisar la legislación nacional para eliminar y/o reformar todas aquellas normas que

las discriminan.

Se acuerda garantizar “particularmente” la protección de aquellas familias monoparentales

femeninas, así como de las viudas y menores de edad en situación de orfandad, por ser de

la población más afectada por el conflicto armado interno.

Se asumen los compromisos de:

• Eliminar cualquier forma de discriminación, de hecho o legal, contra las guatemaltecas

en cuanto a acceder a la propiedad y/o vivienda.

• Incorporar el enfoque de género a las políticas, programas y estrategias de desarrollo

del Estado de Guatemala.

Se reconoce una doble discriminación que sufren las guatemaltecas, por su condición de

mujeres y de indígenas, en todos los aspectos.

Se reconoce que por esta doble discriminación, ellas engrosan las filas de los grupos

humanos más pobres y explotados del país.

Se asume el compromiso de:

• Tipificar el “acoso sexual” como delito y que se considere como un agravante si la

víctima es una mujer indígena.

• Crear la Defensoría de la Mujer Indígena,

• Divulgar y cumplir la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de

Discriminación contra la Mujer (CEDAW)

Fuente: Elaboración propia.

Según la Misión de Verificación

de las Naciones Unidas en Guatemala

(MINUGUA), desde la firma de los

Acuerdos de Paz, los avances realizados

en materia de los Acuerdos de Paz, han

sido los siguientes: 76

Año

Acción

1999 Ley de Dignificación y Promoción Integral de la Mujer, que promueve la promoción integral de la mujer y su

dignificación en todos los ámbitos.

1999 Ley del Fondo de Tierras: estableció el derecho de copropiedad entre parejas.

1999 Creación de la Defensoría de la Mujer Indígena (DEMI), que tiene como fin atender las particulares situaciones de

vulnerabilidad, indefensión y discriminación de la mujer indígena.

76 Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Guatemala (MINUGUA). Retomando el camino: tareas pendientes

en la construcción de la paz. Situación de la mujer. Guatemala, febrero 2004. Págs. 2-4.

–168–


El impacto que tienen los principios de igualdad y universidad de los derechos humanos…

1999 Creación del Foro Nacional de la Mujer, que es un espacio de participación de las mujeres para consensuar propuestas,

desde su condición de féminas, que tengan incidencia en las políticas nacionales de desarrollo humano integral, para

contribuir a la reconciliación nacional y a la construcción de una nación multiétnica, pluricultural y multilingüe.

2000 Creación de la Secretaría Presidencial de la Mujer (SEPREM). A través de ésta se generó “La Política Nacional

de Promoción y Desarrollo de las Mujeres Guatemaltecas y el Plan de Equidad de Oportunidades 2001-2006”, que

contiene las propuestas generadas desde el Foro Nacional de la Mujer.

2002 Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural: establece la posibilidad de participación de mujeres indígenas y no

indígenas en los diferentes niveles del sistema de Consejos.

2002 El Decreto 57-2002 modificó el artículo 220 bis del Código Penal sobre discriminación.

Este artículo tipifica el delito de discriminación y sanciona con prisión y multa a quien por acción u omisión incurriere

en actos de discriminación que impidan o dificulten a una persona, grupo de personas o asociaciones, el ejercicio de un

derecho legalmente establecido, incluyendo el derecho consuetudinario o costumbre, y establece como circunstancia

agravante de tipo penal la discriminación por razón idiomática, cultural o étnica, para quien difunda, apoye o incite

ideas discriminatorias; cuando el hecho sea cometido por funcionario o empleado público en el ejercicio de su cargo,

y cuando el hecho sea cometido por un particular en la prestación de un servicio público.

2003 Creación de la Unidad de la Mujer en el Fondo de Tierras, para garantizar el acceso de las mujeres a la tierra.

Fuente: Elaboración propia.

Al observar el cuadro anterior, se

puede ver que el mayor avance que se

ha tenido en materia de “las mujeres y

los Acuerdos de Paz” es que el tema de

“género” se ha institucionalizado en el

aparato estatal. Éste, si bien es un avance,

es uno de carácter eminentemente formal,

porque hay que recordar que el concepto

“género” es: “…una construcción simbólica

y contiene el conjunto de atributos

asignados a las personas a partir del sexo.

Se trata de características biológicas, físicas,

económicas, sociales, psicológicas,

eróticas, jurídicas, políticas y culturales”. 77

Los distintos gobiernos que han tenido

la responsabilidad de ejecutar estos

Acuerdos, se han dedicado a la creación

de “instituciones” que manejan el tema

de la “mujer”, o han creado leyes que

discursivamente promueven “el desarrollo

de la mujer”, pero sin establecer

acciones claras sobre cómo hacerlo. El

“acoso sexual” aún no ha sido tipificado;

artículos y leyes que discriminan a las

féminas por su condición de mujeres, no

han sido reformados; las instituciones

creadas para la promoción y defensa

de las guatemaltecas cuentan con muy

escasos fondos asignados; la ocupación

de puestos públicos por parte de las mujeres

es aún muy poca; hay resistencia

a incorporar dentro de las reformas a la

Ley Electoral y de Partidos Políticos,

las cuotas de poder para las mujeres;

paradójicamente, se alega que esto

77 Lagarde, Marcela. Género y feminismo: desarrollo humano y democracia. México. Editorial Horas y Horas.

1996. Pág. 27.

–169–


Revista de derechos humanos

constituiría “discriminación contra los

hombres”.

Por lo expuesto anteriormente, puede

decirse que hasta la actualidad no hay

leyes o entidades que, de manera concreta,

transformen las estructuras de discriminación,

exclusión y subordinación en

las que se encuentran las guatemaltecas

respecto de los guatemaltecos.

“Los Acuerdos de Paz han generado

una mayor visibilidad del tema de

género. Sin embargo, se han dado pocos

avances sustantivos en contra de

la discriminación y la participación

ciudadana de las mujeres sigue siendo

muy limitada. Todavía hace falta

enfrentar muchos obstáculos que se

generan a raíz de una serie de problemas,

como la falta de documentación

personal, violencia intrafamiliar y

la falta de acceso a la educación”. 78

A casi 9 años de la firma de los

Acuerdos de Paz, el 3 de agosto de 2005

el Congreso de la República emitió el

Decreto 52-2005, vigente a partir del

15 de septiembre del mismo año, en el

cual se reconocen jurídicamente dichos

Acuerdos como compromisos de Estado;

esta acción obliga a cualquier gobierno

(a partir de la emisión del referido decreto)

a cumplir con los mismos, en aras

del bien común.

La Ley Marco de los Acuerdos de

Paz, en sus artículos 5 y 6 reconoce la

necesidad de readecuar y crear un cuerpo

jurídico que permita el desarrollo y

cumplimiento de los Acuerdos.

Artículo 4. Gradualidad del proceso.

El proceso para el cumplimiento de

los Acuerdos de Paz es dinámico

y gradual, por lo que corresponde

al Estado ejecutar e impulsar los

cambios normativos, institucionales

y de políticas públicas, implicados

en los Acuerdos de Paz, a través de

un proceso ordenado e integral que

a la vez promueva la más amplia

participación de la sociedad.

Artículo 5. Desarrollo y complementación.

Por su naturaleza de

Ley Marco, ésta es susceptible de

desarrollo y complementación a

través de otras leyes. 79

A través de estos dos artículos, el

Estado de Guatemala se comprometió a

modificar particularmente las leyes y a

crear un cuerpo jurídico complementario

que ayude a implementar los compromisos

adquiridos en los Acuerdos de

Paz, inclusive aquéllos relacionados

78 MINUGUA. Op. cit., Pág. 4.

79 Decreto 52-2005 del Congreso de la República, publicado el 7 de septiembre de 2005 en el Diario de Centro

América.

–170–


El impacto que tienen los principios de igualdad y universidad de los derechos humanos…

con las mujeres y que aún quedan

pendientes, entre éstos: equiparar las

responsabilidades de los guatemaltecos

y las guatemaltecas dentro del hogar;

que las mujeres accedan al crédito, a la

propiedad, a los recursos tecnológicos y

productivos; garantizarles el acceso a los

servicios básicos (educación, salud, trabajo);

asimismo, equiparar sus oportunidades

para organizarse y participar en el

ámbito público. Reformar o derogar toda

aquella legislación que las discrimina;

tipificar el delito de “acoso sexual”, entre

muchos otros puntos pendientes.

Este mismo Decreto creó una instancia

llamada “Consejo Nacional para el

Cumplimiento de los Acuerdos de Paz

(CNAP), que tendrá a su cargo promover

las reformas legales y proponer nuevas

normativas. En la misma se contempló

la participación de representantes de la

sociedad civil, entre los que se contempla

el movimiento de mujeres.

La conformación representativa del

CNAP es de vital importancia, porque así

como en la elaboración de los contenidos

de los Acuerdos de Paz, permite a los

distintos sectores hacer visibles sus particularidades

y, por ende, sus demandas

específicas de sector; obliga al Estado a

dialogar con la sociedad civil y a trabajar

de manera conjunta. Adicionalmente, la

Ley Marco contempla realizar consultas

periódicas que permitan la participación

social y una evaluación del desarrollo de

los Acuerdos de Paz.

2.4 Las mujeres y la Ley para

Prevenir, Sancionar y Erradicar

la Violencia Intrafamiliar 80

(Decreto 97-96 del Congreso

de la República de Guatemala)

La violencia contra las mujeres es:

“…la expresión de dominio y opresión

que las sociedades patriarcales ejercen

sobre las mujeres, limitando sus posibilidades

de desarrollo y el ejercicio de

sus derechos”. 81 La misma puede ser

ejercida de distintas maneras.

a) Física, que tiene por objeto causar

daño corporal, por ejemplo: golpes,

heridas, jalones de pelo, patadas,

etc.

b) Sexual, que implica el ejercicio de

la fuerza y poder (físico, emocional,

económico) para obligar a la víctima

a realizar algún acto sexual, en

contra de su voluntad.

c) Emocional o psicológica, que son

aquellas acciones que dañan la

80 Vigente desde el 28 de diciembre de 1996.

81 Coordinadora Nacional para la Prevención de la Violencia Intrafamiliar y contra las Mujeres (CONAPREVI).

Plan nacional de prevención y erradicación de la violencia intrafamiliar y contra las mujeres. Guatemala, febrero

2004. Pág. 7

–171–


Revista de derechos humanos

autoestima de la víctima; se puede

realizar a través de insultos, silencios

injustificados, desdenes, etc.

d) Patrimonial, está relacionada con el

control de los bienes. Se puede dar

de manera activa, cuando se atenta

contra la propiedad de la pareja o

de la víctima: destrucción, venta

de objetos, etc. Ésta también puede

realizarse de manera pasiva, a través

de la denegación del “gasto”, de la

pensión alimenticia, apropiación de

los ingresos de la víctima, etc.

Los casos de violencia intrafamiliar

son muchos, según los registros con que

se cuentan.

Año Institución Denuncias recibidas

2002 Fiscalía de la Mujer, Ministerio Público 12,192

2 de enero al 30 septiembre

2005

Juzgados de familia 82 3,466

Fuente: Elaboración propia.

A pesar del alto número de casos

de violencia familiar denunciados,

son muchísimos los casos que no

se conocen porque se consideran

como hechos “normales”; también

se debe a que las víctimas dependen

económicamente del perpetrador,

o temen represalias en su contra.

Debido a la lucha del movimiento de

mujeres, el Estado de Guatemala ratificó

en 1994, la “Convención Interamericana

para Prevenir, Sancionar y Erradicar

la Violencia contra la Mujer”, a través

del Decreto 69-94 del Congreso de la

República. En 1996 se logró la emisión

de la “Ley para Prevenir, Sancionar y

Erradicar la Violencia Intrafamiliar”; es

la primera norma que se crea para proteger

la vida, la integridad, la seguridad y

la dignidad de las víctimas de violencia

doméstica o intrafamiliar.

“Sin ser una ley penal sino procesal,

es un recurso legal valioso que

dicta medidas de seguridad para las

víctimas de violencia intrafamiliar

y las instituciones responsables de

recibir denuncias, brindar capacitación

a operadores de justicia sobre

su aplicación…” 83

La Ley para Prevenir, Sancionar

y Erradicar la Violencia Intrafamiliar

establece un marco que permite identi-

82 6 Juzgados del departamento de Guatemala.

83 CONAPREVI. Op. cit., Pág. 11.

–172–


El impacto que tienen los principios de igualdad y universidad de los derechos humanos…

ficar en qué consiste, así como que ésta

constituye una violación a los derechos

humanos.

“Constituye una violación a los derechos

humanos y debe entenderse

como cualquier acción u omisión

que de manera directa o indirecta

causare daño o sufrimiento físico,

sexual, psicológico o patrimonial,

tanto en el ámbito público como

privado, a persona integrante del

grupo familiar, por parte de parientes

o conviviente o ex conviviente,

cónyuge o ex cónyuge, o con quien

se haya procreado hijos e hijas”.

Artículo 1 Decreto 97-96

del Congreso de la República

Este concepto de violencia intrafamiliar

permite romper el mito de que es

algo “normal”. Lamentablemente, no

se ha tipificado ésta como delito, por

lo que muy pocos casos 84 pueden ser

perseguidos penalmente, lo cual pone

en una condición de vulnerabilidad y

riesgo a la víctima.

Es de vital importancia hacer notar

que la “violencia intrafamiliar”, a pesar

de que en su mayoría está conformada

por acciones de “violencia contra las

mujeres”, no es considerada de “impacto

social” porque no transgrede el

orden público.

El Ministerio Público con consentimiento

del agraviado, si lo hubiere,

y autorización del juez de primera

instancia o de paz que conozca del

asunto, podrá abstenerse de ejercitar

la acción penal en cualquiera de los

siguientes casos:

1) Cuando se tratare de delitos que

por su insignificancia o su poca

frecuencia no afecten gravemente

el interés público, salvo cuando

a pedido del Ministerio Público,

el máximo de la pena privativa

de libertad supere dos años de

prisión, o se hubiere cometido

por un funcionario o empleado

público en ejercicio de su cargo.

2) Cuando la culpabilidad del

sin dicado o su contribución en

la perpetración del delito sea

mínima, salvo que se tratare de

un hecho delictuoso cometido por

funcionario público o emplea do

público en el ejercicio de su cargo.

3) Cuando el inculpado haya sido

afectado directa y gravemente

por las consecuencias de un delito

culposo y la pena resulte inapropiada.

En los casos anteriores

84 Cuando se sufre un cierto tipo de lesiones y/o la víctima muere.

–173–


Revista de derechos humanos

será necesario que el imputado

hubiere reparado el daño ocasionado

o exista un acuerdo con el

agraviado en ese sentido…” 85

Artículo 25 del Código Procesal

Penal, Decreto 51-92

del Congreso de la República.

Llama la atención que la persecución

penal se suspende porque se argumenta

que los delitos son insignificantes y poco

frecuentes; sin embargo, sólo en el período

del 2 de enero al 30 de septiembre

del año 2005, los Juzgados de Familia de

la ciudad de Guatemala habían recibido

3,466 casos de violencia intrafamiliar, es

decir, diariamente (sólo en este período

y en la jurisdicción de estos juzgados)

hubo un promedio de 12.70 víctimas de

violencia intrafamiliar. Este dato no refleja

la realidad de la violencia que sufren

las guatemaltecas, dado que la mayoría

prefiere no denunciar sus casos porque

les resulta oneroso, temen al victimario,

dependen económicamente de éste, creen

que la violencia es normal, etc.

“…el hombre cree que propinarle

una paliza a su esposa, al punto de

dejarla inconsciente, es su derecho,

pues la mujer le ha sido entregada

para protegerla y corregirla. La mujer

cree que no es una buena mujer,

ya que se ha esmerado en sus obligaciones,

derivadas de la relación

tradicional de pareja, y nunca logra

comprender con exactitud qué hace

feliz a su compañero; por lo tanto,

cree que su actitud provoca la ira

de él y ella se siente culpable. El

funcionario de justicia penal cree que

éste es un asunto que no le compete,

porque si bien es cierto que el hombre

la intentó estrangular, al punto de

que ella perdió el conocimiento, esto

no constituye nada menos y nada

más que una falta, según indica el informe

médico forense: ¡Los moretones

desaparecerán en menos de diez

días! Además, ocurrió en el ámbito

familiar, que comprende el ámbito

de la vida privada, donde se cree

que el Estado no debe intervenir”. 86

Si bien el Artículo 25 del Código

Procesal Penal indica que esta abstención

de ejercer la acción penal debe ser consentida

por la persona agraviada, durante

el proceso ella no es informada por la

Fiscalía, y la decisión termina siendo unilateral

por parte del Ministerio Público.

La violencia intrafamiliar y la violencia

sexual son susceptibles de des-

85 Lo resaltado es responsabilidad de la autora.

86 Almendarez, Graciela y Antonio Alcántara. Aplicación del criterio de oportunidad a casos de violencia contra la

mujer. Guatemala. Centro de Investigación, Capacitación y Apoyo a la Mujer (CICAM). 2002. Págs. 29-30

–174–


El impacto que tienen los principios de igualdad y universidad de los derechos humanos…

judicialización y del criterio de oportunidad,

porque el bien jurídico protegido

responde a “intereses de particulares”; 87

además, se aplican estos recursos en aras

de “mantener la unidad familiar” a costa

de la integridad física, sexual, emocional

y patrimonial de la víctima. Esta situación

sólo empodera al victimario mientras

que a la víctima la vulnera y revictimiza.

Por todo lo anterior, se evidencia que

las mujeres se encuentran desprotegidas

y en una posición de desventaja ante la

ley ordinaria, por lo que de esta manera

se ven contravenidos los artículos

constitucionales: 3 Derecho a la vida;

4 Libertad e igualdad; 5 Libertad de

acción; 29 Libre acceso a tribunales y

dependencias del Estado; 44 Derechos

inherentes a la persona humana; y 46

Preeminencia del Derecho Internacional.

También los artículos 1 y 2 de la Convención

sobre la Eliminación de Todas

las Formas de Discriminación contra la

Mujer (CEDAW); y los Artículos 1, 2,

7 y 8 de la Convención Interamericana

para Prevenir, Sancionar y Erradicar la

Violencia contra la Mujer, son contravenidos.

Tanto los vacíos jurídicos como la

aplicación de medidas desjudicializadoras

en casos de violencia intrafamiliar

y/o contra la libertad y seguridad sexual,

evidencian el androcentrismo de la ley,

porque cuando la misma se elaboró no

se tomó en consideración la violencia,

exclusión y discriminación que viven las

mujeres en razón de su sexo. Inclusive, a

través de la ley, ellas son mantenidas en

una relación de subordinación respecto

de los hombres, porque son vistas como

seres inferiores e incompletos.

3. Análisis de género del goce de los

siguientes derechos: participación

política, trabajo, educación,

propiedad y tierra, derechos

sexuales y reproductivos;

y acceso a la justicia

3.1 La participación política

de las mujeres

Como se evidenció en los capítulos

anteriores, desde la lógica de un imaginario

social hegemónicamente androcéntrico,

las mujeres no eran consideradas iguales

que los hombres y por ello se les negó

su derecho a participar políticamente.

Por su condición de “madres” fueron

recluidas al ámbito doméstico y

supeditadas al dominio patriarcal. Esta

87 Morales Trujillo, Hilda, en introducción hecha a Propuesta de Ley para reformar el Código Procesal Penal,

elaborado por María del Rosario Velásquez Juárez. Guatemala. Centro de Investigación, Capacitación y Apoyo

a la Mujer (CICAM). Guatemala 2002. Pág. 11.

–175–


Revista de derechos humanos

exclusión de las féminas del ejercicio

del poder y de la toma de decisiones, ha

repercutido hasta la actualidad porque,

a pesar de que ellas constituyen el 50%

de la humanidad, su representación

en el ámbito público es mínima. En el

presente capítulo se comprobará cómo

esta afirmación es real en la sociedad

guatemalteca.

El Tribunal Supremo Electoral de

Guatemala presentó, durante el año 2002,

una investigación 88 en la que presenta, de

manera comparativa, el significado que

tiene el concepto “participación” para

dos fuentes distintas, que son:

Ciencias sociales

(Rodrigo Borja)

Participar es el acto que

convierte a todos los in dividuos

en pro tagonistas de los

diversos procesos sociales,

mediante su intervención

en actividades económicas,

políticas y culturales de la

vida del grupo.

Las mujeres

guatemaltecas

Participar significa: a) rea lizar

trabajo co munitario; b)

organizarse o agruparse; c)

adquirir conciencia de género,

empoderarse; d) asistir a reuniones;

e) capacitarse; y f)

involucrarse en actividades

políticas o con significado

político.

En la concepción que tienen las mujeres

sobre su participación, el Tribunal

Supremo Electoral en su investigación

“Las percepciones de las mujeres guatemaltecas

sobre su participación política”,

ahonda en las categorías identificadas en

el cuadro anterior:

a) Realizar trabajo comunitario: su

acción está orientada a objetivos de

desarrollo y búsqueda de soluciones

a problemas comunitarios, que afectan

su cotidianeidad.

b) Organizarse o agruparse: se asocia

con el sentido de pertenencia

y/o involucramiento en comités y

organizaciones no gubernamentales.

Apoyar a los grupos a los que

pertenecen, así como ser tomadas

en cuenta en la toma de decisiones.

También lo entiende como el “estar

en un proyecto”, ser beneficiarias de

un proyecto.

c) Adquirir conciencia de género:

se entiende como ser tomadas en

cuenta en la toma de decisiones,

hacer escuchar su voz, hacer valer

sus derechos, opinar, proponer e

influir.

d) Asistir a reuniones: estar presente

en reuniones, donar el tiempo o

tener tiempo disponible para ir a

éstas.

e) Capacitarse: se expresa como adquirir

conocimientos nuevos, recibir

orientación que les permite conocer

nuevas cosas.

88 Tribunal Supremo Electoral –TSE–. Las percepciones de las mujeres guatemaltecas sobre su participación política.

Guatemala, 2002, Págs. 24-25.

–176–


El impacto que tienen los principios de igualdad y universidad de los derechos humanos…

f) Involucrarse en actividades políticas:

Es participar en política partidista.

La participación de las mujeres

guatemaltecas se da en un sistema político

concreto, entendido como “...el

conjunto de los procesos de decisión

que conciernen a la totalidad de una

sociedad global”. 89 Implica a los grupos

hegemónicos y sus relaciones entre sí,

el ejercicio del poder, etc. Los sistemas

políticos no son buenos o malos, correctos

o incorrectos; simplemente existen,

aunque la manera como procesan las

demandas varía mucho de un sistema

a otro. 90

3.1.1 Mujeres en cargos públicos

El sistema que es reconocido como

legítimo por las Naciones Unidas y la

Organización de los Estados Americanos

es la democracia.

Arto. 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

1. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por

medio de representantes libremente escogidos.

2. Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones

públicas de su país.

3. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad se

expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente,

por sufragio universal e igual, y voto secreto u otro procedimiento equivalente que

garantice la libertad del voto.

Arto. 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Todos los ciudadanos gozarán, sin ninguna de las distinciones mencionadas en el artículo

2, y sin restricciones indebidas, de los siguientes derechos y oportunidades:

a) Participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes

libremente elegidos;

b) Votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio

universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad

de los electores.

c) Tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su

país.

89 Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH) y Centro Interamericano de Asesoría y Promoción Electoral

(CAPEL). Diccionario electoral. Costa Rica, 1989, Pág. 651.

90 Torres Mejía, David