La potestad sancionadora de las entidades locales. Especial ...

La potestad s a n c i on a d o r a d e l a s e n t ida d e s locales
“Para la adecuada ordenación de las relaciones de
convivencia de interés local y del uso de sus servicios,
equipamientos, infraestructuras, instalaciones y espacios
públicos, los entes locales podrán, en defecto de
normativa sectorial específica, establecer los tipos de las
infracciones e imponer sanciones por el incumplimiento
de deberes, prohibiciones o limitaciones contenidos en
las correspondientes ordenanzas, de acuerdo con los criterios
establecidos en los artículos siguientes.
“Sin embargo, salta a la vista que la nueva regulación,
limitada a los ámbitos en que no exista normativa
sectorial específica, con mención expresa, al respecto
[artículo 140.a) LBRL], a la prevalencia del capítulo IV
de la Ley orgánica 1/1992, no incluye la posibilidad de
modificar las reglas o títulos de imputación, como materia
distinta a la configuración de tipos y sanciones.
“Así pues, debe estarse, en cuanto a la responsabilidad
de los garantes, al régimen legal derivado del
artículo 130.3.2 de la Ley 30/1992, que sigue sin autorizar,
por via de Ordenanza municipal, una imputación
genérica a aquéllos como la que es objeto de la
presente cuestión de ilegalidad, que por cuanto se ha
razonado, procede resolver como se dirá, conforme a
lo previsto en el artículo 62.2 de la Ley 30/1992, a cuyo
tenor, son nulas de pleno derecho las disposiciones administrativas
que vulneren la Constitución, las leyes u
otras disposiciones administrativas de rango superior,
“[y] las que regulen materias reservadas a la Ley…”
La citada sentencia reviste especial importancia para
examinar la adecuación a derecho o no en relación a
las normas similares, relativas a la responsabilidad solidaria
de los padres por las infracciones cometidas por
sus hijos menores de edad, contenidas en diversas ordenanzas
que sobre el civismo y la convivencia ciudadana
se han dictado en muchos municipios catalanes,
y a una parte de las cuales haré después una breve
referencia.
b) La sentencia del Tribunal Superior de Justicia
de Cataluña (Sección Quinta) 710/2006, de 7 de septiembre,
estimó parcialmente el recurso contenciosoadministrativo
interpuesto contra la Ordenanza del
Ayuntamiento de Barcelona aprobada el 11 de abril de
2003, relativa a las actividades y establecimientos de concurrencia
pública de Barcelona (publicada en el BOP de
fecha 16 de julio de 2003).
En su fundamento jurídico undécimo, por lo que
aquí importa, se razona la conformidad a derecho de
la atribución de la responsabilidad solidaria a los organizadores
de espectáculos y actividades recreativas, a
quienes explotan los establecimientos de concurrencia
pública y a los titulares de las licencias respectivas, en
cuanto a las conductas incívicas producidas en el exterior
de los establecimientos [artículos 29 y 69.m) de
la Ordenanza], y ello por considerarlos autores de una
infracción grave, de acuerdo con el artículo 24.m) de
la Ley catalana 10/1990, de 15 de junio, reguladora
de la policía de espectáculos, actividades recreativas
y espectáculos públicos, al implicar dichos comportamientos
molestos un incumplimiento de la normativa
sobre horarios, la vigilancia sobre las bebidas del local,
entre otros.
“Tampoco cabe acoger esta impugnación. Esta responsabilidad
por ‘la producció de sorolls, inclosos els
produïts pel públic en sortir de l’establiment, local o recinte,
i d’altres molèsties cuasades per l’incompliment
d’aquesta Ordenança i de la resta de l’ordenament en
matèria de policia d’espectacles, activitats recreatives
i establiments de concurrència pública’, como así se
configura la infracción grave prevista en el artículo
69.m), es razonable si se tiene en cuenta que esos actos
reprochables se producen como consecuencia del
incumplimento de prescripciones reguladas de este
sector (como pueden ser la infracción de los horarios
o la permisión de que el público y usuarios salgan del
establecimiento con bebidas, según se recoge en el
apartado 2 del citado artículo 29). Es una consecuencia
que se impone por una prolongación en el exterior
de la actividad del establecimiento. En este sentido el
artículo 24.m) de la Ley 10/1990 califica de falta grave
‘la producción de ruidos, incluid 29. En la actualidad,
existe un proyecto de ley de reforma del mismo en materia
de procedimientos sancionadores, tramitado por la Comisión
de Interior del Congreso de los Diputados desde el 2 de diciembre
de 2008, y actualmente a punto de finalizar el trámite
de enmiendas, prorrogado en varias ocasiones. os los
producidos por el público al salir del local, y de otras
molestias, cuando éstas sean causadas por el incumplimiento
de medidas reglamentarias’. El propio tenor de
este precepto, que reproduce casi literalmente la Ordenanza,
impone también el rechazo del alegato relativo
a la presunta indeterminación de la expresión ‘altres
molèsties’.”
6.4. La proporcionalidad
El artículo 131 LPAC, en relación con el mismo, dispone
que:
Fundación Democracia y Gobierno Local, pág. 23 a 52
qdl 20. Junio de 2009 I
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