Circular 4 /2005, de la Fiscalia General del Estado ... - Matrix666

Este supuesto es el único de los tres regulados en el art. 49 bis LEC en
que se prevé la inhibición del Juez Civil de oficio, ya que en los dos siguientes es
preciso que sea requerido al efecto por el Juez de Violencia sobre la Mujer.
Los términos en que se articula dicho precepto “Que exista un proceso
penal iniciado o se haya dictada orden de protección” suscita un conjunto de
comentarios, que abarca las siguientes cuestiones:
1.- En cuanto al tipo de procedimiento incoado bastará cualquiera de los
previstos en la legislación procesal penal: jurado, sumario, diligencias previas de
procedimiento abreviado, diligencias urgentes de juicio rápido o juicio de faltas.
Así lo evidencia el apartado 3d) del nuevo art. 87 ter al exigir, para esa atribución
de competencias civiles “que se haya iniciado ante el Juzgado de Violencia sobre
la Mujer un proceso penal por delito o falta a consecuencia de un acto de
violencia sobre la mujer...”
2.- En cuanto a la fase procesal de la causa penal, sólo exige la “iniciación”,
lo que presupone que se haya dictado el oportuno auto de incoación, admitiendo
a trámite la denuncia o la querella, pero, a diferencia de lo que ocurre con el
proceso civil respecto del que se establece como límite para la pérdida de
competencia del Juez civil que no se haya iniciado la fase del juicio oral, para el
proceso penal que atrae la competencia de aquél no se prevé ninguna limitación
equivalente en su íter procesal.
Ello, planteará en la práctica, algunas cuestiones relacionadas con la fase
del procedimiento penal que atrae la competencia del procedimiento civil:
.- Si el procedimiento penal se encuentra en tramitación, el Juez de Violencia
sobre la Mujer conocerá simultánea y paralelamente de la cuestión penal y la civil,
José Carlos Vilorio de la Fuente
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