TA Navarra exhibir la credencial profesional sin ... - Policía Canaria

RESOLUCIÓN número 02960/13, 13 de mayo de 2013
Visto por la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Navarra, integrada por
los Vocales que al margen se expresan, el expediente del recurso de alzada número 13-
00921, interpuesto por DOÑA ............ contra resolución del Jefe de la Policía Municipal
del AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA de fecha 16 de enero de 2013, sobre sanción
de cuatro días de suspensión de empleo y sueldo.
Ha sido Ponente doña María-Jesús Moreno Garrido.
ANTECEDENTES DE HECHO
1º.- Se interpone el presente recurso de alzada contra resolución del Jefe de la Policía
Municipal del Ayuntamiento de Pamplona, de fecha 16 de enero de 2013, por la que se
impone a la recurrente, Agente de la Policía Municipal, sanción de suspensión de
empleo y sueldo de cuatro días por la comisión de una infracción leve tipificada en el
artículo 59.11 de la Ley Foral 8/2007, de 23 de marzo, de Policías de Navarra,
consistente en exhibir sin causa justificada las credenciales profesionales, el día 2 de
julio de 2012 en el local "Casino Eslava".
La interesada alega los motivos y fundamentos que entiende aplicables y solicita que se
declare la invalidez del acto impugnado.
2º.- El Ayuntamiento de Pamplona remitió el expediente con los antecedentes
acreditativos de sus actuaciones, aportando un informe en su defensa. Solicita la
desestimación del recurso de alzada.
3º.- No se propone por la recurrente la práctica de diligencias de prueba en apoyo de sus
pretensiones.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Por resolución del Jefe de la Policía Municipal del Ayuntamiento de
Pamplona, de fecha 21 de septiembre de 2012, se incoa expediente disciplinario contra
la recurrente, Agente de la Policía Municipal número 657, por una falta leve consistente
en exhibir sin causa justificada las credenciales profesionales. Previamente, el Grupo de
Control y Auditorías del Área de Seguridad Ciudadana había realizado, a petición del
Jefe de la Policía Municipal, determinadas actuaciones internas de investigación entre
las que se encontraban: el análisis de la denuncia presentada contra la agente sancionada
y documentación aportada, informe realizado por los agentes que acudieron al lugar de
los hechos, análisis del estadillo de incidencias de CECOP, toma de declaración del
Agente número 576, quien se personó en el lugar de los hechos junto con otros agentes
tras la llamada a la Policía Municipal para que acudiera, toma de declaración del Agente
número 553, quién acompañaba a la sancionada, y declaración de esta última, Agente
número 657, así como análisis de las imágenes del sistema de grabación del local donde
ocurrieron los hechos.
Estas actuaciones y las valoraciones correspondientes se encuentran recogidas en el
informe de ese órgano de fecha 21 de septiembre de 2012, que señala como conclusión
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que la falta leve fue cometida el día 2 de julio de 2012 por la Agente 657 al exhibir su
placa profesional sin causa justificada en un asunto privado, añadiendo que la Agente
faltó a la verdad en su declaración ante el Grupo de Control y Auditorías del Área de
Seguridad Ciudadana el 10 de septiembre de 2012.
Notificada la incoación del expediente disciplinario, la denunciada solicitó copia de la
documentación obrante y presentó escrito de alegaciones en el que básicamente
manifiesta que los hechos no se responden a la realidad, que son inexactos e
incompletos, y que no se ha practicado prueba que desvirtúe su presunción de inocencia.
Por resolución del Jefe de la Policía Municipal del Ayuntamiento de Pamplona, de
fecha 16 de enero de 2013, se impone a la recurrente una sanción de suspensión de
empleo y sueldo de cuatro días por la comisión de una infracción leve tipificada en el
artículo 59.11 de la Ley Foral 8/2007, de 23 de marzo, de Policías de Navarra,
consistente en exhibir sin causa justificada las credenciales profesionales.
SEGUNDO.- Sostiene la recurrente en el presente recurso que el Ayuntamiento ha
infringido los principios básicos del derecho administrativo sancionador, y,
especialmente el del derecho a la defensa en la tramitación del procedimiento
disciplinario. Señala que el órgano competente para la incoación de los trámites
seguidos en el periodo de información previa era la Alcaldía, según el artículo 64 de la
Ley Foral de Policía de Navarra, y no el Jefe de la Policía Municipal, además de que
dicho expediente de información sólo está previsto para las infracciones graves y muy
graves, no para las leves; que no se le comunicó la apertura de estas actuaciones
provocándole indefensión; y que la tramitación del expediente de información ha
superado el mes de plazo previsto en la citada Ley Foral, por lo que el mismo había
caducado a la fecha en que se dictó el informe correspondiente, no pudiéndose
incorporar al posterior expediente disciplinario, y que esas actuaciones no constituyen la
incoación del procedimiento sancionador. Postula que el instructor no puede dar por
válidas esas actuaciones informativas previas sin realizar trámite alguno como tal
instructor que ha sido nombrado al efecto, pues no consta ratificación de las diligencias
probatorias en el expediente disciplinario, a cuyo efecto cita la jurisprudencia que
entiende aplicable.
El informe municipal explica que no se ha abierto ningún expediente de información
previa que deba autorizar la Alcaldía, sino que las actuaciones desplegadas por el Grupo
de Control y Auditorías del Área de Seguridad Ciudadana se incardinan en las tareas
organizativas y de gestión del Cuerpo de Policía Municipal, que le encomienda el
artículo 16 del Reglamento de Organización de la Policía Municipal de Pamplona. Aun
así, entiende que no era preceptiva la participación de la recurrente en estos trámites de
investigación previos, citando jurisprudencia de la que deduce que no era obligada la
presencia de la persona investigada, pues la finalidad de la información previa es
encontrar indicios que luego puedan ponerse a disposición de las autoridades para la
instrucción de expedientes sancionadores, nada más, por lo que los derechos
fundamentales de los implicados no pueden quedar afectados, pues pueden defenderse
perfectamente en el procedimiento sancionador. Precisamente la naturaleza reservada de
estas informaciones fundamenta la no necesidad de intervención de personas ajenas a la
investigación, aunque sea el implicado. Respecto a la necesidad de ratificación ante el
instructor de diligencias probatorias previas sostiene que nos encontramos ante una falta
leve, con un procedimiento abreviado para la imposición de sanciones, previsto en el
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artículo 66.2 de la citada Ley Foral, y en el que no se contempla la figura del instructor
ni que tenga que hacer unos actos de instrucción concretos.
TERCERO.- Expuestas las posiciones de las partes procede la desestimación el
recurso de alzada por lo que se expone a continuación.
Sobre la invalidez jurídica del trámite de información previa a que se refiere la
recurrente, nuestro pronunciamiento coincide con el defendido por el Ayuntamiento: no
estamos ante ese supuesto sino ante actuaciones internas de un órgano creado en la
organización del Cuerpo de Policía del Ayuntamiento para la gestión y tratamiento del
personal u otras actuaciones encomendadas por el Ayuntamiento al dictar el reglamento
que regula este órgano. Sus actuaciones, realizadas a petición del órgano competente
para incoar el expediente disciplinario, serían de la misma naturaleza que pueden tener
cualesquiera responsables de personal de la Administración dirigidas a aclarar
situaciones que pudieran exigir la incoación de expedientes disciplinarios, pues hacer
indagaciones sobre hechos y buscar pruebas y argumentos para valorar el alcance de una
posible infracción es perfectamente legítimo y propio de la mera gestión de personal.
Pero, además, esas actuaciones no constituyen sino actos de trámite sin validez jurídica
autónoma que puedan atacarse, sino que habrá que esperarse a la terminación del
procedimiento sancionador para comprobar si esas actuaciones previas están viciadas
tan gravemente como para ser motivos de anulación de la resolución final del
procedimiento, cuando, además, el interesado se ha podido defender perfectamente en el
procedimiento sancionador posteriormente tramitado. A nuestro juicio, no vemos que la
recurrente tuviera que ser llamada a participar en las investigaciones y toma de
declaraciones que se hicieron por el Grupo de Control y Auditorías del Área de
Seguridad Ciudadana, debido al carácter reservado que se explicita de sus actuaciones
antes de formular la denuncia contra la Agente. El precepto que cita en su defensa, el
artículo 65 de la Ley Foral 8/2007, de 23 de marzo, de las Policías de Navarra, no indica
que sea preceptiva la presencia del afectado con su abogado, sino potestativa, además de
que al tratarse de una falta leve, no se tramitó el expediente previsto en dicho artículo,
sino que, como hemos referido más arriba, nos encontramos ante actuaciones internas de
un órgano creado en la organización del Cuerpo de Policía del Ayuntamiento para la
gestión y tratamiento del personal u otras actuaciones encomendadas por el
Ayuntamiento al dictar el reglamento que regula este órgano, actuaciones, realizadas a
petición del órgano competente para incoar el expediente disciplinario.
CUARTO.- Entrando a enjuiciar el procedimiento disciplinario y sus alegaciones
sobre que no se ha practicado prueba que desvirtúe su presunción de inocencia y que el
instructor no puede dar por válidas esas actuaciones informativas previas sin realizar
trámite alguno como tal instructor que ha sido nombrado al efecto, pues no consta
ratificación de las diligencias probatorias en el expediente disciplinario, debemos
rechazar las mismas, por cuanto, tal como ha puntualizado el Ayuntamiento, nos
encontramos ante una falta leve, con un procedimiento abreviado para la imposición de
sanciones, previsto en el artículo 66.2 de la citada Ley Foral. Dicho precepto dispone:
"Para la imposición de sanciones por faltas leves se estará al siguiente procedimiento
abreviado:
El órgano competente notificará un pliego de cargos al presunto responsable de la
falta en el que consten los hechos imputados y la propuesta de sanción, con indicación
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del precepto legal en que se contempla la falta.
El imputado dispondrá de un plazo de tres días hábiles para alegar por escrito ante el
órgano competente lo que convenga a sus intereses.
En caso de no efectuarse alegación alguna en dicho plazo, la sanción propuesta será
definitiva.
En caso de efectuarse alegaciones, el órgano competente, a la vista de su contenido,
retirará, modificará o ratificará los cargos imputados e impondrá por escrito la sanción
que proceda."
Es decir, en dicho procedimiento no se contempla la figura del instructor ni que se
tengan que hacer unos actos de instrucción concretos.
El órgano competente para incoar y resolver el expediente disciplinario es el Jefe de la
Policía Municipal, quién a la vista de la denuncia interpuesta contra la recurrente
requirió, al órgano creado en la organización del Cuerpo de Policía del Ayuntamiento
para ello, que realizara las actuaciones oportunas para esclarecer la realidad de los
hechos. Estas actuaciones consistieron, tal como consta en el informe que emitieron al
efecto, en el análisis de la denuncia presentada contra la agente sancionada y
documentación aportada, informe realizado por los agentes que acudieron al lugar de los
hechos, análisis del estadillo de incidencias de CECOP, toma de declaración del Agente
número 576, quien se personó en el lugar de los hechos junto con otros agentes tras la
llamada a la Policía Municipal para que acudiera, toma de declaración del Agente
número 553, quién acompañaba a la sancionada, y declaración de esta última, Agente
número 657, así como análisis de las imágenes del sistema de grabación del local donde
ocurrieron los hechos.
De todas las actuaciones practicadas, y concretamente con la de análisis de las imágenes
del sistema de grabación del local, se constata por los agentes actuantes que la recurrente
exhibió su placa de Policía Municipal en un asunto absolutamente privado, (había
solicitado la hoja de reclamaciones porque se iba a cerrar el bar al poco de servirles a
ella y sus acompañantes la consumición), acto totalmente innecesario por cuanto ella
misma requirió la presencia de la policía municipal para resolver el asunto, que después
de exhibir su placa se la entregó a una de sus acompañantes para que saliera del local, y
cuando llegaron los agentes les enseñó el bolso negando que hubiera exhibido su placa y
que no la tenía, de donde se desprende claramente la intención de la recurrente. Dicho
análisis así como las declaraciones y demás actuaciones llevadas al efecto se consideran
prueba de cargo suficiente que hacen quebrar el derecho de presunción de inocencia
alegado por la recurrente. Contra dichas pruebas, la recurrente se ha limitado, tanto en
instancia municipal como en esta alzada, a negar la realidad de los hechos sin que haya
propuesto la práctica de diligencia de prueba alguna que desvirtúe la realidad de los
hechos que se consideran probados. Por ello, ante la total ausencia de prueba en
contrario, este Tribunal estima que los hechos ocurrieron tal como consta en el
expediente, lo que supone la comisión de una infracción leve tipificada en el artículo
59.11 de la Ley Foral 8/2007, de 23 de marzo, de Policías de Navarra, consistente en
exhibir sin causa justificada las credenciales profesionales.
Solo con medios probatorios aptos se puede quebrar el principio de presunción de
inocencia, recogido en el artículo 24.2 de la Constitución, que se configura como una
presunción "iuris tantum" en favor del acusado, que requiere para refutarla una
suficiente y adecuada actividad probatoria de cargo, realizada con todas las garantías del
procedimiento para deducir la culpabilidad, actividad probatoria que en el presente caso
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ha existido sin que haya sido desvirtuada por la recurrente, quien se ha limitado a negar
los hechos. Procede la desestimación del recurso de alzada.-
Por todo lo expuesto, el Tribunal
RESUELVE: Desestimar el recurso de alzada más arriba referenciado interpuesto
contra resolución del Jefe de la Policía Municipal del Ayuntamiento de Pamplona, de
fecha 16 de enero de 2013, por la que se impone a la recurrente, Agente de la Policía
Municipal, sanción de suspensión de empleo y sueldo de cuatro días por la comisión de
una infracción leve tipificada en el artículo 59.11 de la Ley Foral 8/2007, de 23 de
marzo, de Policías de Navarra, consistente en exhibir sin causa justificada las
credenciales profesionales; acto que se confirma por ser ajustado a Derecho.-
Así por esta nuestra resolución, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.- Carlos
Arroyo.- María-Jesús Moreno.- María-Jesús Balana.- Certifico.- María--Carmen
Lorente, Secretaria.-
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