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DERECHO LOCAL
EDE 2012/61135
Instalación de videocámaras en la vía pública por parte de un vecino
Fecha de la consulta: 24/4/2012
Planteamiento
Se ha recibido una queja en relación a la instalación de videocámaras en la vía pública por
parte de un vecino de esta localidad. Al parecer, dos cámaras se encuentran orientadas hacia
el interior de un solar (vallado con malla metálica) y la tercera hacia una calle de la localidad.
¿Cuál debe ser la forma de actuar por parte de la Policía Local ante esta situación
¿Se necesita algún tipo de autorización de la Delegación del Gobierno, como las oficiales
En caso afirmativo, ¿cuál sería el órgano competente para remitir las actuaciones
Respuesta
En la consulta planteada se nos pone de manifiesto que un tercero, un ciudadano, ha
procedido a la instalación en la vía pública de una serie de videocámaras, ya sea enfocando
hacia una parcela privada o incluso hacia la propia calle.
En relación a dicho enfoque, partimos de que consideramos que no es ajustado a Derecho
dicho proceder, por cuanto un ciudadano no puede obtener un beneficio directo del dominio
público sin la tramitación del correspondiente expediente administrativo, ya sea mediante la
oportuna autorización de uso del dominio público (art. 92 de la Ley 33/2003, de 3 noviembre,
de Patrimonio de las Administraciones Públicas -LPAP-) o, en su caso, mediante una concesión
demanial, que no es el caso (art. 93 LPAP).
Partiendo de dicha premisa, la Policía Local, como agente de la autoridad, debería proceder a
levantar acta de lo ocurrido y remitir el conjunto de las actuaciones para el correspondiente
procedimiento sancionador.
En relación a la instalación de videocámaras en la vía pública por parte de ciudadanos, les
remitimos a la lectura de la consulta titulada "Instalación de sistema de videovigilancia por
particulares en la vía pública".
En dicha consulta, concluíamos que la instalación de cámaras de videovigilancia en las vías
públicas por parte de las Administraciones Públicas es un medio admisible en Derecho,
siempre y cuando se adopten las convenientes medidas de garantía de protección de los
derechos de los ciudadanos y su empleo esté claramente justificado y responda como una
medida proporcional para garantizar la seguridad y la salud pública.

A modo de ejemplo, recordamos la Sentencia del TSJ Galicia de 9 de julio de 2009, en la que el
TSJ desestima el recurso de apelación interpuesto por el ayuntamiento demandado frente al
auto dictado en ejecución que acordó la retirada de cámaras de video vigilancia, ya que señala
la Sala que la finalidad de la regulación aplicada en la sentencia no es sólo la de puesta a
disposición de las fuerzas y cuerpos de seguridad del empleo de las cámaras para la prevención
de actos delictivos, la protección de las personas y la custodia de bienes en espacios públicos,
sino que su finalidad primordial consiste en establecer las garantías necesarias para que dicha
utilización sea estrictamente respetuosa con los derechos y libertades de los ciudadanos.
Ahora bien, el caso expuesto en el que un vecino procede por su cuenta y riesgo a instalar
cámaras de videovigilancia sin la debida autorización, grabando imágenes de la vía pública, en
nuestra opinión no resulta ajustado a Derecho.
Asimismo, recordamos el contenido del Informe 569/2009 , de la Agencia Española de
Protección de datos, relativo a "Empresas de seguridad privada contratadas por
ayuntamientos", en el que se concluye que:
"La consulta plantea cual es la regulación normativa que debe de aplicarse para instalar
cámaras de videovigilancia en la vía pública y en lugares públicos siendo el cliente un
Ayuntamiento.
En la Guía de Videovigilancia que publicó la Agencia Española de Protección de Datos
disponible en la página web www.aepd.es se aborda el tema de las cámaras con acceso a la vía
pública, recogiendo así mismo el criterio que se fijó en la Instrucción 1/ 2006, de 8 e noviembre,
de la Agencia Española de Protección de Datos, sobre el tratamiento de datos personales con
fines de vigilancia a través de sistemas de cámaras o videocámaras, indicando que:
"La legitimación para el uso de instalaciones de videovigilancia se ciñe a la protección de
entornos privados. La prevención del delito y la garantía de la seguridad en las vías públicas
corresponden en exclusiva a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Por tanto la regla general es la prohibición de captar imágenes de la calle desde instalaciones
privadas.
No obstante, en algunas ocasiones la protección de los espacios privados sólo es posible si las
cámaras se ubican en espacios como las fachadas. A veces también resulta necesario captar los
accesos, puertas o entradas, de modo que aunque la cámara se encuentre en el interior del
edificio, resulta imposible no registrar parte de lo que sucede en la porción de vía pública que
inevitablemente se capta. Por todo ello el artículo 4.3 de la Instrucción 1/2006 dispone:
3. Las cámaras y videocámaras instaladas en espacios privados no podrán obtener imágenes
de espacios públicos salvo que resulte imprescindible para la finalidad de vigilancia que se
pretende, o resulte imposible evitarlo por razón de la ubicación de aquéllas. En todo caso
deberá evitarse cualquier tratamiento de datos innecesario para la finalidad perseguida.

Para que esta excepción resulte aplicable, no deberá existir una posibilidad de instalación
alternativa."
Y, en ese sentido, dicho Informe refuerza las restricciones para instalar videocámaras para
vigilancia en espacios públicos al señalar que:
"La captación de imágenes en la vía pública está reserva a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad
del Estado, y resultará aplicable la Ley Orgánica 4/1997 de 4 de agosto, por la que se regula la
utilización de videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en lugares
públicos.
Si un Ayuntamiento contrata la seguridad de su edificio con una empresa de seguridad privada,
ésta deberá informarle de los extremos en los que podrá llevar a cabo su actividad, esto es,
deberá informarle que la seguridad de la vía pública no la podrá llevar a cabo, tan sólo podrá
captar algo de la vía pública en los términos que refleja la guía que volvemos a reiterar: "No
obstante, en algunas ocasiones la protección de los espacios privados sólo es posible si las
cámaras se ubican en espacios como las fachadas. A veces también resulta necesario captar los
accesos, puertas o entradas, de modo que aunque la cámara se encuentre en el interior del
edificio, resulta imposible no registrar parte de lo que sucede en la porción de vía pública que
inevitablemente se capta. Por todo ello el artículo 4.3 de la Instrucción 1/2006 dispone:
3. Las cámaras y videocámaras instaladas en espacios privados no podrán obtener imágenes
de espacios públicos salvo que resulte imprescindible para la finalidad de vigilancia que se
pretende, o resulte imposible evitarlo por razón de la ubicación de aquéllas. En todo caso
deberá evitarse cualquier tratamiento de datos innecesario para la finalidad perseguida".
En consecuencia la normativa que debe de aplicar una empresa de seguridad privada cuando
es contratada por un Ayuntamiento o cualquier organismo público es la Ley 23/1992 de 30 de
julio de Seguridad Privada."
De la regulación que nuestro ordenamiento jurídico lleva a cabo sobre el tema, especialmente
en la Ley Orgánica 4/1997, de 4 de agosto, por la que se regula la utilización de videocámaras
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en lugares públicos, podemos extraer las
siguientes notas sobre la instalación de videocámaras:
1º.- Dicho uso debe realizarse en base al principio de proporcionalidad y mínima injerencia en
la esfera de los derechos fundamentales de los ciudadanos, de tal modo que su uso sea, en
todo momento, adecuado y justificado para el fin que se persigue.
2º.- La intervención mínima que se busca con su utilización exige una ponderación entre la
finalidad que se pretende con la medida y las posibles lesiones al honor, a la propia imagen y a
la intimidad de las personas, sin que su uso pueda implicar riesgo para la seguridad del
ciudadano o un peligro para el mismo.
3º.- Prohibición de utilizar las videocámaras para tomar imágenes o sonidos del interior de las
viviendas, ni de sus vestíbulos, salvo previo consentimiento del titular o previa autorización

judicial, ni en los lugares permitidos por ley si se afecta de forma grave y directa a la intimidad
de las personas, ni conversaciones de índole privada, previéndose la necesidad de llevar a cabo
la destrucción inmediata de las imágenes y sonidos obtenidos accidentalmente de este tipo de
casos por la persona responsable.
Por su parte, el art. 3 de la LO 4/1997 prevé que para la instalación de videocámaras fijas se
requiere una autorización que se otorgará previo informe de un órgano colegiado (presidido
por un Magistrado) de tal modo que en los casos en que sean las Entidades Locales las
interesadas, deberá ser objeto de autorización por medio del Delegado del gobierno de la
Comunidad Autónoma en cuestión, previo informe de una Comisión, autorización que será
objeto de resolución motivada y referida al lugar público concreto que será objeto de
observación mediante videocámaras, incluyendo las limitaciones y condiciones de uso
necesarias.
A tal efecto, el Subdelegado del Gobierno en la provincia donde no radique la sede de la
Delegación del gobierno podrá solicitar autorización, previéndose la posibilidad de iniciar de
oficio el expediente por medio del Jefe de la Comisaría Provincial de Policía y Jefe de la
Comandancia de la Guardia Civil; en las provincias donde aquéllos no existan o formen parte
de la Comisión, serán sus inmediatos inferiores; el Alcalde, o el concejal competente en
materia de seguridad ciudadana en municipios y en relación con la Policía Local (art. 3.1 del
Real Decreto 596/1999, de 16 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo y
ejecución de la LO 4/1997).