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COLBÚN CONSTRUYE POLÉMICA CENTRAL SAN PEDRO EN LA REGIÓN DE LOS RÍOS
y en el diseño de políticas para reducir la brecha entre los sectores que pagan los costos de
la generación de energía y los sectores que la consumen y se benefician. El debate sobre
cómo responder a la creciente demanda energética es un debate político que involucra
muchos intereses, públicos y privados.
El conflicto en torno a proyectos hidroeléctricos a lo largo del país es muy desigual, e
incluye la convergencia de intereses explícitos del sector empresarial y del Estado frente a
los expresados por las comunidades locales, que tienen que soportar la instalación de
proyectos que degradan su desarrollo económico y calidad de vida. Reducir las brechas
entre los sectores que se benefician de los proyectos y aquellos que deben internalizar los
costos, hacen perentorio el diseño e implementación de nuevos paradigmas de participación
ciudadana. Actualmente la participación y observaciones de la comunidad local a través
del SEIA son modificadas en la esfera política, que es la que finalmente decide si un proyecto
se ejecuta o no; y por tanto quienes se benefician y quienes se perjudican.
El panorama es aún más dramático cuando las comunidades afectadas son miembros de
pueblos originarios, que poseen, como en este caso, una cosmovisión integrada del territorio
y no un enfoque fragmentado de los diversos “recursos naturales”, posibles de ser extraídos
y comercializados. Las comunidades locales y las organizaciones ciudadanas de interés
público demandan la urgencia de políticas públicas que impidan el desarrollo de proyectos
de interés exclusivamente privado y comercial en aéreas indígenas o en territorios bajo
protección oficial.
El Estado debe generar instrumentos para condicionar la localización de los proyectos
energéticos, de modo de asegurar que sean compatibles con las prioridades del desarrollo
local y regional.
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