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C onflictos por el Agua en Chile: Entre los derechos humanos y las reglas del mercado
92,4% de la población nacional entre Taltal (II Región) y la Isla Grande de Chiloé (X Región).
Ello, evidentemente constituye un monopolio en la generación eléctrica, el cual es posible
y esta estrechamente ligado al monopolio de los derechos de agua.
Desafiós en la gestión global del agua.
El proceso de mercantilización de las aguas en Chile ha vulnerado el acceso de las personas a un
derecho básico como es el agua, definido legalmente como un “bien nacional de uso público”, y
ha generado severos impactos sobre las comunidades y los ecosistemas a nivel nacional.
Los cinco principales problemas provocados por el proceso de privatización de las aguas,
de las empresas eléctricas y sanitarias al año 2010 han sido: la concentración y
desnacionalización del 90% de las aguas en el sector sanitario; la concentración del 90%
de los derechos no consuntivos en manos de tres empresas hidroeléctricas; el establecimiento
del sistema tarifario de agua potable más caro de America Latina 32 ; la pérdida de derechos
de la mayoría de la población sobre un bien común, definido como “bien nacional de uso
publico” y el despojo de campesinos, agricultores e indígenas; la pérdida del control público
sobre la propiedad y gestión del agua, generándose un problema estructural en la
gobernabilidad democrática del agua y con ello el incremento de conflictos locales,
regionales y nacionales por este recurso.
Para revertir esta situación y favorecer las necesidades de la población por sobre los intereses
de las empresas, se requiere una reforma sustantiva en la legislación y en la orientación de
las políticas públicas vigentes sobre aguas en Chile para La reforma al Código de Aguas
que en 2005 implemento un sistema de pago de patentes por no uso de los recursos hídricos
concedidos a los privados, para desincentivar el acaparamiento de derechos de agua, fue
completamente insuficiente.
La dispersión de las atribuciones sobre el manejo del agua en diversas reparticiones públicas,
también ha obstaculizado la aplicación de políticas integrales sobre este recurso y dificultado
la adecuada fiscalización. Chile tampoco cuenta en su política pública con espacios de
participación ciudadana que permitan su incidencia efectiva en las decisiones sobre los bienes
públicos; esta carencia, deja a las asociaciones de usuarios del agua y a la población en general
sin herramientas para defender el interés público frente a las grandes empresas del sector.
La experiencia chilena, muestra la importancia de que los países resguarden la soberanía
sobre los recursos hídricos como un recurso básico para la vida y un derecho humano
fundamental; y eviten las políticas que conducen a su privatización y mercantilización.
Incluir las concepciones y derechos de los pueblos originarios y la participación de la
sociedad civil en su conjunto son fundamentales para la re-orientación de las políticas de
agua en Chile y re-definir este recurso como un bien colectivo, fundamental para la vida
de las personas y déla naturaleza; y por lo tanto, inalienable y no mercantilizable.
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Comisión Económica para América Latina, de Naciones Unidas-CEPAL (2003).
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