LEY DEL NOTARIADO PARA EL ESTADO DE BAJA ... - Tijuana

Congreso del Estado de B.C
Ley del Notariado para el Estado de B.C.
IV.- Por no llevar índices o sin causa justificada no entregar al Archivo General
de Notarías los elementos del protocolo dentro del término que señala esta Ley o por no
tenerlos encuadernados.
ARTÍCULO 193.- Se aplicará multa de 50 a 500 días de salario mínimo, a
juicio del Ejecutivo del Estado, en los siguientes casos:
Por aceptar en depósito, dinero y valores, en contravención a lo que establece
esta ley.
II.- Por negarse sin causa justificada al ejercicio de sus funciones cuando hubiera
sido requerido para ello, o por no prestar el servicio en los términos convenidos por el
Colegio a través del Consejo de Notarios cuando se trate de actuaciones de interés
social.
III.- Por omitir el aviso de cambio de domicilio de la Notaría.
IV.- Por realizar cualquier actividad que sea incompatible con el desempeño de
sus funciones de acuerdo con la ley.
V.- Cuando fuere reincidente indistintamente por cualquiera de las causas que
ameriten amonestación por escrito.
VI.- Por el cobro de honorarios superiores a los señalados en el arancel del
notariado.
VII.- Cuando se niegue el Titular de una Notaría, sin causa justificada a permitir
que se realice la práctica Notarial a que se refiere esta ley.
VIII.- Por no dar al Ejecutivo del Estado los avisos de ausencias temporales
dentro de los términos a que se refiere esta Ley.
y
IX.- Por no tener vigente el convenio de suplencia a que se refiere el artículo 67;
X.- Por no tener a disposición del público el listado de los honorarios que han de
cubrirse por los distintos servicios.
ARTÍCULO 194.- Serán causas de suspensión del ejercicio notarial de un mes a
un año:
I.- Por negarse el notario, sin causa justificada a prestar el auxilio a las
autoridades electorales durante los procesos de elección popular.
II.- Por negarse el Notario sin causa justificada, a juicio del Ejecutivo, a formar
parte de los jurados en los concursos de oposición o a ser visitador en las visitas que
ordene el Ejecutivo del Estado o el Consejo de Notarios.
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