SX-JRC-0079-2015

SX-JRC-79/2015
La citada Corte, refiere que a esta demanda obedeció la
incorporación de dicha obligación a nivel constitucional, lo que
conlleva la necesidad de implementar acciones y diseñar fórmulas
que generen condiciones que permitan el igual disfrute y ejercicio
de los derechos político-electorales de las mujeres, con los que se
hagan efectivos los principios de igualdad previstos en el artículo 1º
y 4º constitucionales.
Fue en atención a un problema de discriminación estructural y
generalizada de la mujer en el ámbito político-electoral, que el
órgano revisor de la Constitución concretizó el principio de igualdad
e introdujo en el referido artículo 41 constitucional el principio de
paridad de género, con el fin de garantizar la igual participación
política de la mujer mediante candidaturas efectivas para la
integración de los órganos de representación popular.
De esta forma, concluye la Corte que el Estado está obligado a
hacer efectiva la representación como una dimensión política de la
justicia que hace posible la participación, en condiciones de
igualdad, en la deliberación pública mediante la cual se define el
marco de referencia de la justicia, y la forma en que los derechos
serán garantizados y protegidos 28 .
Entonces, con base en el marco constitucional y convencional
invocado, y considerando que el párrafo segundo del artículo 1° y
133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
establece que las normas relativas a derechos humanos se
28 Cfr. “Protocolo para Juzgar con perspectiva de género. Haciendo realidad el derecho a la
igualdad”. Suprema Corte de Justicia de la Nación. México, 2013. Página 37. El protocolo cita
en concreto la obra “Scales of Justice. Reimagining Political Space in a Globalizing World” de
Nancy Fraser, editada por el Columbia Univerity Press, enero de 2009.
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