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FRANCISCO GONZÁLEZ DE LENAde las relaciones laborales en el cuarto desiglo de vigencia de la Constitución, hansupuesto un cierto retroceso de la intervenciónadministrativa y sobre todo, un cambionotable de objetivos influido por nuevos equilibriosentre exigencias económicas y sociales,que hacen objetivo prioritario el empleo.Éste se conecta a la eficiencia del sistema económicoy a la competitividad de la empresaen mercados globalizados, con un cambio enlos objetivos de la intervención administrativa,más abierta ahora a considerar el papelde la empresa y su operatividad en el mercadode trabajo. En paralelo a ello, se ha producidouna reducción relativa del papel de lalegislación a favor de la autonomía colectiva,y también de la autonomía individual y, sobretodo, un fortalecimiento de los poderesempresariales, condicionados en su ejercicioa la información y consulta o, en su caso, alacuerdo de la representación de los trabajadores,al margen de la autoridad laboral.Estos nuevos enfoques del Derecho del Trabajo,afectan a los objetivos de la Inspección,la cual, aún continuando su función primordialde control de normas, debe acompañarlade mecanismos tendentes a la promoción y ala difusión de la normativa laboral, con la funciónasesora, y con actuaciones de advertencia,recomendación y requerimiento. Junto aello, habrá que valorar, especialmente, unnuevo papel de tutela de los sectores débilesdel mercado de trabajo, incluyendo desde losproblemas de las condiciones de trabajo en laspequeñas empresas hasta los sectores conpredominio del trabajo precario, y tambiéntemas concretos como el acoso sexual y moral,la discriminación, no sólo de género, y la problemáticade la inmigración.En el segundo artículo, Rodríguez-Piñerohace referencia a que la inclusión en el Acuerdopara la mejora del crecimiento y el empleode un apartado específico dedicado a la Inspecciónde Trabajo, confirma la plena virtualidadde la Inspección. Enlazando esta preocupaciónde los interlocutores sociales con laafectación de la estructura organizativa de laInspección por las competencias de ejecuciónde la Legislación Laboral de las ComunidadesAutónomas, Rodríguez-Piñero pone derelieve los delicados equilibrios que requierela concepción única e integral del Sistema deInspección.3.2. Las nuevas orientacionesde la normativa laboralUn ejemplo muy concreto de reducción dela intervención administrativa sería la supresiónde las anteriormente preceptivas autorizacionesadministrativas para los casos demovilidad geográfica o modificación sustancialde las condiciones de trabajo. Como eslógico, al desaparecer las autorizacionesadministrativas, desaparecen los informespreceptivos, como el de la Inspección. En losprocedimientos de regulación de empleo, laautorización administrativa desaparece enlos despidos que no alcanzan el número quemarca el umbral para la consideración dedespido colectivo, o en el supuesto de lasempresas sometidas a procedimientos concursales.En estos supuestos, desaparecetambién la actuación de la Inspección, aunquela Ley Concursal prevé un informe de laAutoridad Laboral al Juez que podría, a suvez, generar una solicitud de informe a la Inspecciónpor aquélla.En los despidos colectivos se mantiene laautorización administrativa, si bien los márgenesde discrecionalidad en la resolución sereducen, por la ampliación causal que supone,los llamados «despidos preventivos», y porque la causalidad se explicita con mayor detalle,reduciendo los márgenes para considerardeterminadas situaciones no subsumibles enlas causas. Al persistir el procedimiento, persisteel informe de la Inspección, pero igualmentese reduce la discrecionalidad en suscontenidos, al subrayarse que este informe serefiere a las causas exclusivamente alegadaspor el empresario, y no a otros aspectos quepuedan valorarse en el expediente.REVISTA DEL MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN 7823