Fuero militar - Corte Suprema de Justicia

Revisión No. 28477Luis Ferney Bonilla RincónJosé Agustín Mena Sernalos veredictos unánimes de absolución en favor de lossuboficiales José Agustín Mena Serna y Luis FerneyBonilla Rincón, a quienes absolvió del delito dehomicidio del que se hizo víctima a Roison Mora Rubiano.HECHOSEn la actuación se resumen señalando que,“… el 22 de junio de 1993, en Santafé de Bogotá, HarolAlberto Garcés, Jimmy Roberto Mora Rubiano y RoisonMora Rubiano, jugaban a tirarse piedras en el caminode regreso de su trabajo. Cuando pasaban por el puentede la Avenida Boyacá con Avenida El Tunal, una de laspiedras golpeó el techo de un autobús que circulaba pordebajo del puente. El vehículo transportaba personaldel Comando del Ejército Nacional.11. El sargento Mayor Luis Ferney Bonilla Rincón y elSargento Segundo, José Mena Serna bajaron delvehículo y emprendieron la persecución de los jóvenes.Cuando los tuvieron aproximadamente a 200 metros dedistancia dispararon sobre ellos. Como consecuencia delos disparos, Roison Mora Rubiano fue herido de2

Revisión No. 28477Luis Ferney Bonilla RincónJosé Agustín Mena Sernarelación con el servicio, siendo competente la justicia penalmilitar…” 2En respuesta a esa comunicación el Fiscal solicitó al Juezde Instrucción Penal Militar, la remisión de la actuaciónque adelantaba, por considerar que la justicia ordinariaera la competente para conocer del caso, 3 Sin embargo,el funcionario castrense respondió,“… me abstengo de enviarle las diligencias que el suscritoadelanta por estos mismos hechos por un personal militaren servicio activo perteneciente al Ejército Nacional puestoque considero que la competencia radica en la JusticiaPenal Militar y para ello fui comisionado por el SeñorAyudante General del Comando General de las FuerzasMilitares… Así mismo de acuerdo a lo establecido en elCódigo Penal Militar Artículo (sic) 14 y 291, lo mismo queen la Constitución Nacional entre los Artículos 261 al 223en los cuales se dispone que los delitos cometidos porpersonal militar en actividades relacionadas con el servicioy cometidos en esas circunstancias conocen las cortesmarciales… En el presente evento le puedo manifestar conseguridad que los sindicados el día de los hechos seencontraban desarrollando actividades relacionadas con elservicio, y está probado en las pruebas (sic) que he logradorecaudar hasta la presente.” 42 Fol. 146 c 1 de la actuación materia de revisión3 Fol. 149 Ib.4 Fol. 1504

Revisión No. 28477Luis Ferney Bonilla RincónJosé Agustín Mena SernaCONTRARIO A LA EVIDENCIA de los hechos, el veredicto emitidopor los Vocales, en relación al CUESTIONARIO No. 1 propuesto asu consideración… contestando por unanimidad „NORESPONSABLE‟ al procesado SM. EJC. LUIS FERNEY BONILLARINCÓN del delito de HOMICIDIO por el cual fue llamado ajuicio”; y “Mantener en suspenso la veridicción de ABSOLUCIÓNunánime emitido (sic) por los Vocales, respecto del Procesado SS.EJC. JOSÉ AGUSTÍN MENA SERNA, al contestar el cuestionarioNo. 2 propuesto a su consideración, para que una vez definido(sic) por el Tribunal Superior Militar la responsabilidad penal delprocesado SM. LUIS FERNEY BONILLA RINCÓN, se proceda alpronunciamiento de la sentencia de Primera Instancia.”La determinación anterior fue confirmada por el TribunalSuperior Militar, con providencia del 25 de febrero de1994.Se convocó a un segundo consejo verbal de guerra en elcual los vocales nuevamente emitieron veredictoabsolutorio, el cual acogió el sentenciador confundamento en el artículo 680 del Código Penal Militar 7de la época, mediante sentencia del 17 de junio de 1994,confirmada por la que emitió el Tribunal Superior Militarel 12 de septiembre siguiente.7 Esta norma establecía que el veredicto del segundo consejo era definitivo6

Revisión No. 28477Luis Ferney Bonilla RincónJosé Agustín Mena Serna3. Copias de los fallos de primera y segunda instancia,en los que se absolvió a los señores Luis FerneyBonilla Rincón y José Agustín Mena Serna.4. Copia de la constancia de ejecutoria de la sentenciareferida, expedida por la secretaria del TribunalSuperior Militar.5. En el auto admisorio de la demanda se dispusoallegar el expediente tramitado en el proceso queculminó con la sentencia objeto de revisión.6. Dentro del período probatorio de la actuación, asolicitud de la Procuraduría Delegada se allegó copiaauténtica del informe 45/99, de la ComisiónInteramericana de Derechos Humanos.ALEGATOS DE CONCLUISIÓN1. En su condición de demandante el Procurador JudicialII, luego de referir los hechos que originaron el procesoobjeto de revisión, de resumir la actuación adelantada10

Revisión No. 28477Luis Ferney Bonilla RincónJosé Agustín Mena Sernaante la jurisdicción penal militar, y de aludir a la casualque invoca; solicita a la Corte declararla fundada y dejarsin valor la sentencia absolutoria emitida en favor delSargento Mayor Luis Ferney Bonilla y del Sargento JoséMena Serna, en apoyo de lo cual cita la jurisprudenciaconstitucional relativa a la procedencia de la acción derevisión en estos casos, así no exista un hecho o unaprueba nueva, si la decisión de una instanciainternacional de supervisión y control de derechoshumanos, en la cual se constate el incumplimientoprotuberante de las obligaciones del Estado colombiano,de investigar en forma seria e imparcial las violaciones alos derechos humanos o la graves infracciones al derechointernacional humanitario.2. En el mismo sentido presentó sus alegatos laProcuradora Tercera Delegada para la Casación Penal,teniendo en cuenta la procedencia de la causal invocadapor el demandante y los parámetros de constitucionalidadque la enmarcan, en la medida en que el origen de lademanda deviene de una recomendación de una instanciainternacional de supervisión y control de derechoshumanos, a través de la cual se señala el incumplimientode las obligaciones del país de investigar seria e11

Revisión No. 28477Luis Ferney Bonilla RincónJosé Agustín Mena SernaPor otra parte alude a las recomendaciones de laComisión Interamericana de Derechos Humanos, yprecisa que si bien carecen de la misma fuerza vinculantede las sentencias que profiere dicho Organismo, “….comportan el impulso suficiente y necesario para que la CorteSuprema, en sede de recurso (sic) extraordinario, verifiqueobjetivamente las incidencias procesales y, de percatarse que seviolaron derechos humanos, el principio de juez natural, o que nohubo una investigación seria e imparcial, tome los correctivospertinentes para que, en este caso, la cesación de procedimiento(sic) aparentemente injusta no permanezca incólume en el tiempo,en detrimento de los principios que informan el derecho penal yprocesal penal.”Según considera, la presente actuación tiene origen enhechos que constituyen una violación a los derechoshumanos, frente a los cuales el Estado colombiano haincumplido la obligación de investigarlos en forma seria eimparcial, conforme lo revela el Informe No. 45 del 9 demarzo de 1999 de la Comisión Interamericana deDerechos Humanos en el Caso No. 11525. “… estos hechos– precisa – violan la Constitución Política al desconocerse laConvención Americana de Derechos Humanos, que hace parte delBloque de constitucionalidad, en la vulneración al derecho de lasvíctimas, a conocer la verdad de lo ocurrido por cuanto lasdecisiones adoptadas en el proceso penal no responde (sic) a la13

Revisión No. 28477Luis Ferney Bonilla RincónJosé Agustín Mena Sernaprueba de cargo que apuntaba a endilgar responsabilidad penal,pero que terminaron por adoptar fallos absolutorios…”Por otra parte, sostiene que como no existe relaciónfuncional entre la conducta punible y la actividad quedesempeñaban los miembros del Ejército Nacional, lasdecisiones absolutorias cuya revisión se demanda, seencuentran afectadas de nulidad por falta de competenciade los funcionarios que las profirieron, pues a la justiciapenal militar no le correspondía conocer de los hechos.Por todo lo anterior, solicita a la Corte declarar fundada lacausal invocada por el demandante.En sentido contrario se manifestó el apoderado de LuisFerney Bonilla Rincón, porque, según señaló, la víctimay sus acompañantes en forma imprudente “propiciaron unareacción militar por el impacto que hicieran al bus… al arrojarle,con intención o sin ella, una piedra, por lo cual los militarescreyendo que se trataba de un ataque subversivo, o de cualquiergrupo armado al margen de la ley, simplemente respondieroncomo es, no solamente, la costumbre (sic), sino la necesidad y underecho de preservación de la vida, en estos casos. Y no podíaimponérsele a los militares otra actitud, ya que la situación fuetan sorpresiva, que, tal como afirma uno de ellos, no había tiempopara preguntar de quién se trataba, ni tampoco para medir14

Revisión No. 28477Luis Ferney Bonilla RincónJosé Agustín Mena Sernaconsecuencias que todavía no se habían producido. El supuesto oaparente ataque fue sorpresivo, y estaba ahí presente, y debíadársele una respuesta inmediata, para preservar sus vidas… Sibien ya en el curso de la investigación, se establece que losjóvenes no ocasionaron daño al rodante con armas de fuego, nopor ello se puede descartar el temor que pudieron haber sentidolos militares en aquel momento, razón por la cual reaccionaroncomo lo hicieron.”Por estos motivos, solicita a la Corte confirmar el falloabsolutorio.En igual sentido alegó la apoderada del señor JoséAgustín Mena Serna, porque en su criterio, dentro de laactuación no se indica cuál es la razón que motiva másallá del Informe de la Comisión Interamericana deDerechos Humanos “… la aplicación de la revisión deconformidad con la causal contemplada en el artículo 220numeral 3. Si bien, existe un compromiso avalado por unainstancia internacional frente al estudio de la viabilidad de iniciarla respectiva acción de revisión, este simple hecho no constituyeuna razón válida para considerar que en efecto existen lospresupuestos necesarios para dar aplicación a una figura jurídicade consecuencias tan radicales sobre la „cosa juzgada‟ como lo esla revisión.”15

Revisión No. 28477Luis Ferney Bonilla RincónJosé Agustín Mena SernaSegún afirma, la demanda no refiere los hechos concretossobre los cuales deba predicarse que el procesoadelantado contra el señor Mena Serna por la JusticiaPenal Militar “… presenta visos de violación a los derechoshumanos, que llegasen a justificar la concesión de la revisiónsolicitada.”En ese proceso, agrega, se siguieron los lineamientosestablecidos en la ley (D. 2550/88) para que lajurisdicción especializada juzgara a los suboficiales delEjército, procesados por la muerte del joven Roison MoraRubiano, ocurrida en ejercicio de sus funciones comoescoltas del vehículo militar que fue impactado con unapiedra por la víctima y sus acompañantes.En consecuencia, solicita que se confirme el fallo dictadopor el Tribunal Superior Militar, por no encontrarseprobada la causal de revisión invocada.CONSIDERACIONES DE LA CORTEEl principio de cosa juzgada (junto con la prohibición del non bis in ídem delcual se deriva) 8 tiene rango constitucional 9 y hace parte8 “… pensar en la noción de cosa juzgada sin hacerlo a la vez en el non bis in idem, es prácticamente un sinsentido; por lo tanto, cuando el artículo 29 de la Constitución prohíbe al Estado juzgar a una persona dos vecespor el mismo hecho, está haciendo referencia a ambas.” T-652-9616

Revisión No. 28477Luis Ferney Bonilla RincónJosé Agustín Mena Sernaintegral del derecho fundamental al debido proceso.Implica que a quien se le haya definido su situaciónjurídica por sentencia ejecutoriada o providencia con lamisma fuerza vinculante, no se le puede someternuevamente a juicio por la misma conducta, aún cuandose le de una denominación jurídica diferente.Como ya ha tenido oportunidad de señalarlo la Corte, laacción de revisión excepciona por voluntad del legisladorel principio de cosa juzgada, con el fin de enmendaryerros judiciales dentro de las taxativas circunstanciasenunciadas en la ley, porque no fueron conocidas opasaron desapercibidas por los funcionarios judiciales enel curso de las instancias, dando lugar a decisiones que apesar de estar ejecutoriadas, deben ser removidas paraconseguir la justicia en el caso particular.En vista del objetivo asignado a la acción de revisión(afectar la certeza brindada por la cosa juzgada), su naturaleza esextraordinaria y procede únicamente por las causalestaxativamente señaladas en la ley, cuya aplicación einterpretación, por tanto, debe hacerse en formarestringida.9 Art. 29 constitucional17

Revisión No. 28477Luis Ferney Bonilla RincónJosé Agustín Mena SernaEn el presente asunto el actor acude a la causal tercerade revisión, inicialmente confeccionada por el legisladorbajo el siguiente tenor literal:“Art. 220.- La acción de revisión procede contra lassentencias ejecutoriadas en los siguientes casos:…3. Cuando después de la sentencia condenatoria aparezcanhechos nuevos o surjan pruebas, no conocidas al tiempo delos debates, que establezcan la inocencia del condenado osu inimputabilidad.”En principio, según se advierte, la causal operaúnicamente en beneficio del condenado, en pos deestablecer su inimputabilidad o su inocencia. A través deella el legislador “… decidió proteger preferentemente losderechos del procesado, y por ello no abrió el camino a laprocedencia de la revisión por esta causal para sentenciasabsolutorias, o para agravar la situación del condenado. Y esadecisión legislativa puede ser considerada un desarrollo deldebido proceso (CP art. 29). En efecto, es razonable argumentarque permitir que la revisión de una sentencia ejecutoriada por elsurgimiento de pruebas o hechos nuevos opere también paraagravar la situación de quien fue absuelto por sentenciaejecutoriada, o para agravar la situación de quien fue condenado,equivale a permitir que una persona sea procesada dos veces porel mismo hecho, en contravía del principio de non bis in ídem…”18

Revisión No. 28477Luis Ferney Bonilla RincónJosé Agustín Mena SernaSin embargo, en el examen de constitucionalidad de sutexto la Corte Constitucional en la sentencia C-004 de2003, precisó que el principio aludido también es relativo,es decir, no envuelve un derecho absoluto y puede serlimitado “… puesto que la efectividad y los valores superiores dela justicia material y de la seguridad jurídica hacen necesaria laexistencia de excepciones a la cosa juzgada.” 10En concreto - señaló la Corte Constitucional en la sentencia citada – “… losderechos de las víctimas de los hechos punibles y el debercorrelativo del Estado de investigar y sancionar los delitos a fin derealizar la justicia y lograr un orden justo (CP Preámbulo y arts 2ºy 229) son obviamente los valores constitucionales que puedenclaramente colisionar con el non bis in ídem, y que puedenentonces autorizar, o incluso, exigir una limitación de esagarantía constitucional del procesado. En efecto, en aquelloscasos en que una persona es absuelta por un delito, peroaparecen hechos o pruebas posteriores que sugieren que ellapuede ser culpable, se desarrolla una clara tensión normativaentre, de un lado, la garantía del procesado a no ser nuevamenteenjuiciado y, de otro lado, los derechos de las víctimas y el deberdel Estado de investigar los delitos y sancionar a los responsablesa fin de lograr un orden justo. Así, la fuerza normativa del non bisin ídem indica que la persona absuelta no debería volver a serjuzgada, a pesar de esas pruebas y hechos nuevos; sin embargo,10 C-554-01 citada en el fallo referido19

Revisión No. 28477Luis Ferney Bonilla RincónJosé Agustín Mena Sernael deber del Estado de investigar los delitos y amparar losderechos de las víctimas a fin de lograr un orden justo pareceimplicar que la persona debe ser enjuiciada nuevamente, sobretodo si se trata de delitos que configuren lesiones a los derechoshumanos.”Sin embargo, esta posibilidad implica distinguir entre loshechos punibles generales, por un lado, y las violaciones alos derechos humanos y las infracciones graves al derechointernacional humanitario, pues, agrega esa Corporación,los derechos de las víctimas “… adquieren una importanciadirectamente proporcional a la gravedad del hecho punible. Entremás daño social ocasione un delito, mayor consideración merecenlos derechos de quienes fueron víctimas o perjudicados por esecomportamiento. Igualmente, la obligación estatal de investigarlos hechos punibles es también directamente proporcional a lamanera como el hecho punible pudo afectar bienes jurídicosfundamentales. Entre más grave sea el hecho punible, mayor debeser el compromiso del Estado por investigarlo y sancionar a losresponsables, a fin de lograr la vigencia del orden justo… Ahorabien, las violaciones de los derechos humanos y las infraccionesgraves al derecho internacional humanitario configuran aquelloscomportamientos que más intensamente desconocen la dignidadde las personas y más dolor provocan a las víctimas y a losperjudicados. Por ello, los derechos de las víctimas y perjudicadospor esos abusos ameritan la más intensa protección, y el deber20

Revisión No. 28477Luis Ferney Bonilla RincónJosé Agustín Mena Sernaseguridad jurídica y la garantía del non bis in ídem, y por ello laexistencia de una decisión absolutoria con fuerza de cosa juzgadano debe impedir una reapertura de la investigación de esoscomportamientos, si aparecen hechos o pruebas nuevas noconocidas al tiempo de los debates. Y es que la seguridad jurídicaen una sociedad democrática, fundada en la dignidad humana, nopuede estar edificada sobre la base de silenciar el dolor y losreclamos de justicia de las víctimas de los comportamientos másatroces, como son las violaciones a los derechos humanos y lasinfracciones graves al derechos internacional humanitario.”Sobre este panorama la Corte Constitucional con el fin dearmonizar los derechos de las víctimas y el deber delEstado de lograr la vigencia de un orden justo con laprotección de la seguridad jurídica y del non bis in ídem,estableció la siguiente importante conclusión acerca de laconstitucionalidad de la causal de revisión analizada, enla que distingue tres hipótesis:“- De un lado, en relación con los hechos punibles engeneral, esas expresiones 13 son constitucionales pues sonun desarrollo legítimo de la garantía del non bis in ídem.13 El demandante en la acción pública de inconstitucionalidad atacó parcialmente el texto de la causal de revisiónque nos ocupa, en concreto la parte que dice “… que establezcan la inocencia del condenado, o suinimputabilidad”. No obstante, la Corte en el fallo aclaró lo siguiente: “… esta Corporación tuvo en realidad queestudiar el numeral 3° en su integridad, por lo que, en desarrollo de la figura de la unidad normativa prevista porel artículo 6º del decreto 2067 de 1991, la presente decisión recaerá sobre todo ese numeral 3° del artículo 220de la Ley 600 de 2000.”22

Revisión No. 28477Luis Ferney Bonilla RincónJosé Agustín Mena Serna- De otro lado, en tratándose de violaciones a los derechoshumanos y de infracciones graves al derecho internacionalhumanitario, dichas restricciones se tornaninconstitucionales, y por ello debe entenderse que frente aesos comportamientos, la acción de revisión por la apariciónde un hecho nuevo o de una prueba no conocida al tiempode los debates, procede también en los casos de preclusiónde la investigación, cesación de procedimiento y sentenciaabsolutoria, con el fin de evitar la impunidad de esoscomportamientos atroces y poder esclarecer la verdaderaresponsabilidad de los procesados. Con el fin de amparar laseguridad jurídica y el non bis in ídem, debe existir unpronunciamiento judicial interno, o una decisión de unainstancia internacional de supervisión y control de derechoshumanos, aceptada formalmente por nuestro país, queconstaten la existencia de ese hecho nuevo o de esa pruebano conocida al tiempo de los debates.- Finalmente, también en los eventos de violaciones a losderechos humanos y violaciones graves a los derechoshumanos (sic), incluso si no existe un hecho nuevo o unaprueba no conocida al tiempo del proceso, la acción derevisión procede frente a la preclusión de la investigación, lacesación de procedimiento o la sentencia absolutoria,siempre y cuando una decisión judicial interna, o unadecisión de una instancia internacional de supervisión ycontrol de derechos humanos, aceptada formalmente pornuestro país, constaten un incumplimiento protuberante de23

Revisión No. 28477Luis Ferney Bonilla RincónJosé Agustín Mena Sernalas obligaciones del Estado colombiano de investigar, enforma seria e imparcial, las mencionadas violaciones. Esadecisión judicial interna o de una instancia internacional desupervisión de derechos humanos que constata la omisióndel deber estatal de impartir justicia es entonces elelemento que justifica dejar sin efecto la decisiónabsolutoria que había hecho formalmente tránsito a cosajuzgada, pues pone en evidencia que la cosa juzgada era enrealidad aparente.” 14En el contexto de esta última hipótesis ubica el actor laprocedencia de la causal de revisión en que se apoya, porlo que procede examinar si: 1) la decisión que se pretenderemover es de preclusión de la investigación, cesación deprocedimiento o sentencia absolutoria, ejecutoriada yamparada por los efectos de cosa juzgada.; 2) los hechosinvestigados tienen que ver con la violación de losderechos humanos, o infracciones graves del derechointernacional humanitario; y, 3) si media una decisiónjudicial interna o de una instancia internacional desupervisión y control de derechos humanos, aceptadaformalmente por nuestro país, que constaten unincumplimiento protuberante de las obligaciones delEstado colombiano de investigar, en forma seria eimparcial, las violaciones aludidas.14 C-004-0324

Revisión No. 28477Luis Ferney Bonilla RincónJosé Agustín Mena SernaPor el primer aspecto, ninguna duda existe pues se tratade la sentencia del 12 de septiembre de 1994, dictada porel Tribunal Superior Militar, que confirmó, por vía deconsulta, el fallo del Comando General de las FuerzasMilitares, Ayudantía General, del 17 de junio de 1994, porvirtud del cual absolvió a los suboficiales del EjércitoNacional Luis Ferney Bonilla Rincón y José AgustínMena Serna, convocados a juicio por el homicidio deRoison Mora Rubiano, providencia que cobró ejecutoria ehizo tránsito a cosa juzgada el 26 de septiembre de esemismo año, conforme con la constancia que al efectoexpidió la secretaria del Tribunal Superior Militar,aportada por el demandante. 15En cuanto tiene que ver con el segundo presupuesto, loshechos se circunscriben al homicidio de un menor deedad, por parte de agentes del Estado adscritos al EjércitoNacional de Colombia, circunstancia que envuelve unepisodio de violación a los derechos humanos, entendidoscomo “… un conjunto de obligaciones de respeto y garantía porparte del Estado para con las personas, de manera que solamentese consideran violados con ocasión de actuaciones realizadas poragentes estatales”. 1615 Fol. 7416 RODRIGO UPRIMNY. Derechos Humanos, democracia y desarrollo en América Latina. Bogotá 1993. Citadopor la Corte en la sentencia de revisión del 22-06-11 (Rad. 32407). Desde luego, precisa este fallo “la Corte25

Revisión No. 28477Luis Ferney Bonilla RincónJosé Agustín Mena SernaLa violación, resulta evidente, se produjo sobre el derechoa la vida, garantía fundamental en torno a la cual la CorteInteramericana de Derechos Humanos, en el caso de “LosNiños de la Calle” (Villagrán Morales y otros Vs. Guatemala. Sentenciadel 19-11-99), señaló:“El derecho a la vida es un derecho humano fundamental,cuyo goce es un prerrequisito para el disfrute de todos losdemás derechos humanos. De no ser respetado, todos losderechos carecen de sentido. En razón de tal carácterfundamental del derecho a la vida, no son admisiblesenfoques restrictivos del mismo. En esencia, el derechofundamental a la vida comprende, no sólo el derecho detodo ser humano a no ser privado de la vidaarbitrariamente, sino también el derecho a que no se leimpida el acceso a las condiciones que le garanticen unaexistencia digna. Los Estados tienen la obligación degarantizar la creación de las condiciones que se requieranpara que no se produzcan violaciones de ese derecho básicoy, en particular, el deber de impedir que sus agentesatenten contra él… Como bien ha establecido el Comité deDerechos Humanos, creado por el Pacto Internacional deDerechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas, {l}aprotección contra la privación arbitraria de la vida, que esexplícitamente exigida por el tercer párrafo del artículo 6.1Interamericana de Derechos Humanos atribuye también al Estado aquellas conductas de los particulares cuando,por acción u omisión de sus agentes, derivadas de su posición de garantes, incumple las obligacionesinternacionales de respeto y garantía de los derechos humanos.”26

Revisión No. 28477Luis Ferney Bonilla RincónJosé Agustín Mena Serna{del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos} esde suma importancia. El Comité considera que los EstadosPartes deben tomar medidas no sólo para prevenir ycastigar la privación de la vida {causada por} actoscriminales sino también para prevenir los homicidiosarbitrarios {cometidos por} sus propias fuerzas deseguridad. La privación de la vida por autoridades delEstado es una cuestión de suma gravedad…”Y, en cuanto tiene que ver con el tercer elementoindicado, en la actuación aparece acreditado que laCorporación Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”presentó a la Comisión Interamericana de DerechosHumanos, una petición relativa a la violación del derechoa la vida y la integridad personal consagrada en laConvención Americana de Derechos Humanos, enperjuicio de Roison Mora Rubiano, por parte de laRepública de Colombia.Con base en esta petición la Comisión abrió el caso 11525(17-08-95) y durante el curso de la audiencia celebrada ensu 93º período de sesiones (08-10-96), quedó a disposiciónde las partes para lograr una solución amistosa delasunto, frente a lo cual presentó una propuesta el 10 deoctubre de 1996.27

Revisión No. 28477Luis Ferney Bonilla RincónJosé Agustín Mena SernaEl 3 de marzo de 1997, durante el 95º período de sesionesde la Comisión, se suscribió un Acta de Entendimiento envirtud de la cual se acordó la creación de un comité detrabajo para la búsqueda de una solución amistosa,integrado por delegados de la Procuraduría General de laNación, del Ministerio de Relaciones Exteriores y de laConsejería Presidencial para los Derechos Humanos, enrepresentación del Estado, y miembros del Colectivo deAbogados “José Alvear Restrepo” y de la ComisiónColombiana de Juristas, a nombre de los peticionarios.El acuerdo, en efecto, se suscribió el 27 de mayo de 1998y a través de él, el Estado teniendo en cuenta laobligación adquirida conforme a la Convención Americanade Derechos Humanos, de investigar, juzgar y sancionar alos responsables, de reparar a las víctimas y a susfamiliares, y la no alegación de razones internas paraeludir el cumplimiento de sus obligacionesinternacionales; se comprometió a continuar estudiandolos mecanismos internos que conforme al ordenamientovigente, le permitan satisfacer los derechos de aquellos enmateria de derecho a la justicia (artículos 8 y 25 de laConvención). “En tal sentido, el Gobierno se compromete a informara los peticionarios y a la CIDH acerca del resultado del estudio28

Revisión No. 28477Luis Ferney Bonilla RincónJosé Agustín Mena Sernaque sobre la viabilidad de ejercitar la acción de revisión adelantanlos organismos competentes.”La Comisión Interamericana de Derechos Humanos en susesión 1424 del 9 de marzo de 1999, resolvió aprobar lostérminos del acuerdo de solución amistosa suscrito porlas partes el 27 de mayo de 1998, y en forma expresa“instó” al Estado a tomar las medidas necesarias paracumplir los compromisos pendientes. 17Esa determinación obedece al ejercicio claro de la funciónprincipal de la Comisión de “promover la observancia y ladefensa de los derechos humanos” (art. 41 de la Convención), endesarrollo de la cual puede formular recomendaciones alos gobiernos de los Estados miembros, para que adoptenmedidas en favor de los derechos humanos dentro delmarco de sus leyes internas y sus preceptosconstitucionales, como en el presente caso en cuantoinsta al Gobierno colombiano a hacer efectivo el derechoa la justicia demandado en el caso 11525 (Roison Mora –Colombia).17 Fol. 20829

Revisión No. 28477Luis Ferney Bonilla RincónJosé Agustín Mena SernaSin embargo, conforme la Sala ha tenido ocasión deprecisar, 18 tales recomendaciones por sí solas, carecen dela fuerza vinculante atribuida a las decisiones de la CorteInteramericana de Derechos Humanos en la ConvenciónAmericana de Derechos Humanos, al disponer que susfallos serán motivados (art. 66), definitivos e inapelables (art.67), al paso que las recomendaciones de la ComisiónInteramericana de Derechos Humanos, no revisten fuerzaobligatoria.“En efecto, aunque la Comisión es un órgano de protecciónde los derechos humanos que hace parte del SistemaInteramericano de Derechos Humanos y tiene como funciónpresentar informes a los gobiernos de los Estados miembrosde la Convención Americana, con el propósito de queadopten medidas progresivas tendientes a asegurar lamaterialización de tales derechos dentro del marco de sulegislación interna y sus normas constitucionales, amén deestablecer preceptos orientados a fomentar el debidorespeto de aquellos, es claro que los informes rendidos notienen la virtud de solucionar la violación de derechoshumanos planteada por el solicitante, al punto que en casode no cumplirse los dictados de la Comisión, es necesarioque el informe sea publicado y el asunto sea entoncesconocido por la Corte Interamericana, la cual sí estáfacultada para pronunciarse de fondo al respecto.18 Sentencias del 01-11-07 Rad. (26077), 06-03-08 Rad. 26703, 14-10-09 Rad. 30849 y del 22-06-11 Rad. 32407.30

Revisión No. 28477Luis Ferney Bonilla RincónJosé Agustín Mena SernaEn apoyo de su planteamiento, la Sala se ha soportado enpronunciamientos de la misma Corte Interamericana, asícomo en decisiones de la Corte Constitucional Colombiana;respecto de la primera se tiene que en sentencia del 8 dediciembre de 1995, 19 señaló que el término„recomendaciones‟ utilizado en la Convención Americanadeber ser interpretado conforme a su sentido corriente,pues tal instrumento internacional no le asignó unsignificado especial, lo cual permite concluir que el informede la Comisión no corresponde a una decisión jurisdiccionalobligatoria cuyo incumplimiento derive responsabilidad delEstado.Con relación a la segunda, la Corte Constitucional, seobserva que, entre otras decisiones, en el fallo T-558 del 10de julio de 2003, señaló que si bien las recomendacionesconstituyen actos jurídicos unilaterales, carecen de efectovinculante y se circunscriben a proponer a susdestinatarios un determinado comportamiento, pero precisóque… debe por lo menos analizarse el caso concreto, demanera que el operador jurídico debe ponderar: (a) lanaturaleza del órgano internacional que adoptó larecomendación; (b) si se trata de una invitación dirigida alEstado para que tome medidas legislativas oadministrativas encaminadas a enfrentar situacionesgeneralizadas de violaciones de los derechos humanos o sipor el contrario se alude a un asunto específico; y (c) los19 Caso Caballero Delgado y Santana contra Colombia31

Revisión No. 28477Luis Ferney Bonilla RincónJosé Agustín Mena Sernaprincipios y las disposiciones del tratado internacional conbase en los cuales la recomendación fue adoptada.De lo expuesto se ha concluido que como lasrecomendaciones de la Comisión Interamericana carecen defuerza vinculante, no bastan por sí mismas para tener poracreditado el quebranto de garantías fundamentales,aunque sí permiten examinar el procedimiento adelantadoen el país, pero en el entendido de que corresponde única yexclusivamente a esta Colegiatura determinar si tuvo o nolugar la aducida violación de derechos.” 20Atendiendo los presupuestos referidos, en el asuntoanalizado la Corte considera que, en efecto, el homicidiode Roison Mora Rubiano corresponde a un suceso deviolación de derechos humanos, pues así surge del textodel acuerdo de solución amistosa suscrito por el Estadocolombiano, en el cual, además, expresa su „sentimientode pesar y solidaridad con las víctimas y manifiesta su vozde censura y rechazo frente a actuaciones de ese tipo‟.Advierte, de igual modo, que el Estado colombiano no hacumplido el compromiso adquirido en ese acto, con baseen la Convención Americana sobre Derechos Humanos,de investigar, juzgar y, de resultar procedente, sancionar20 Sentencia de Revisión del 22 de junio de 2011 Rad. 3240732

Revisión No. 28477Luis Ferney Bonilla RincónJosé Agustín Mena Sernaa los eventuales responsables de dicha violación, dedonde surge que la Recomendación contenida en elacuerdo avalado por la Comisión Interamericana deDerechos Humanos, además de patentizar un evento deviolación de los Derechos Humanos, imprime la fuerzarequerida de cara a la procedencia de la causal derevisión invocada por el demandante.Lo anterior, teniendo en cuenta que se constata en elacuerdo referido, en primer lugar, que se presentó porparte de agentes del Estado una violación a los derechoshumanos y, en segundo término, que la misma no ha sidoinvestigada de manera seria e imparcial.Frente a este último aspecto, además de lo dicho, cabeprecisar que la sentencia absolutoria dictada por lajusticia Penal Militar, como recuerda la ProcuradoraDelegada, estuvo antecedida del siguiente trámite:“El Ayudante General del Comando General de las FuerzasMilitares, como Juez de Primera Instancia, el 19 de agostode 1993, convocó a Consejo Verbal de Guerra para el 12 deoctubre de ese año, diligencia que culminó con veredictoabsolutorio por unanimidad de los vocales, tanto a JoséMena Serna como a Luis Fernando Bonilla Rincón.33

Revisión No. 28477Luis Ferney Bonilla RincónJosé Agustín Mena SernaEl Juez de Primera Instancia, el 17 de junio de 1994,declaró contraevidente el veredicto proferido en relación conla conducta punible realizada por el Sargento LuisFernando Bonilla Rincón, y dejó en suspenso el veredicto afavor de José Mena Serna al considerar se encontrabaajustado a derecho. Por lo primeramente resuelto laprovidencia fue remitida en apelación al Tribunal SuperiorMilitar… y confirmada en su totalidad, el 28 de febrero de1994.El Juez de primera instancia, el 26 de abril de 1994,convocó a un segundo Consejo de Guerra, el cual culmina(sic) veredicto absolutorio a favor del Sargento Mayor delEjército Nacional Bonilla Rincón.El Presidente del Consejo Verbal de Guerra, como Juez dePrimera Instancia, profiere sentencia el 17 de junio de1994, acogiendo el veredicto absolutorio emitidounánimemente por los vocales en la segunda audiencia dejuzgamiento a favor del procesado SM. Luis Ferney BonillaRincón.El Tribunal Superior Militar, en sede de grado jurisdiccionalde consulta, mediante providencia del 12 de septiembre de1994, acató el segundo veredicto absolutorio en lostérminos de lo dispuesto en el artículo 680 del Código PenalMilitar, vigente para la época de los hechos.”34

Revisión No. 28477Luis Ferney Bonilla RincónJosé Agustín Mena SernaSobre el particular, el Informe de la ComisiónInteramericana de Derechos Humanos, señala que lajusticia castrense conoció del asunto de manera irregular,ya que no era competente para tramitarlo. La Delegada dela Procuraduría con apoyo en la jurisprudencia de estaCorporación y de la Corte Constitucional, adhiere a esaconclusión y precisa que esta circunstancia indica elcomienzo del incumplimiento de la obligación del Estadode adelantar la investigación seria e imparcial que lecorresponde frente a sucesos de violación de los derechoshumanos o infracciones graves al Derecho InternacionalHumanitario.La Corte con base en la información recaudada a lo largode la acción, advierte que los hechos que confluyeron enel homicidio del joven Roison Mora Rubiano, si bienfueron realizados por personal activo del EjércitoNacional, no quedan cobijados dentro del concepto defuero militar, el cual implica la atribución excepcional dela competencia a la justicia penal militar para conocer delos delitos cometidos por los miembros de la FuerzaPública en servicio activo, y en relación con el mismoservicio, teniendo en cuenta que el vocablo servicio a quese refiere el artículo 221 de la Constitución Política, hace35

Revisión No. 28477Luis Ferney Bonilla RincónJosé Agustín Mena Sernaalusión a las actividades concretas orientadas a cumplir orealizar las finalidades propias de las fuerzas militares yde la Policía Nacional, como son, en el primer caso, ladefensa de la soberanía, la independencia, la integridaddel territorio nacional y el orden constitucional y, en elsegundo, el mantenimiento de las condiciones necesariaspara el ejercicio de los derechos y libertades públicas y laconvivencia pacífica.En tal orden de ideas, ningún esfuerzo demanda precisarcómo la actividad lúdica ejercida por Roison Mora y susacompañantes, que culminaron con el impacto de unapiedra sobre el techo del bus que transportaba alpersonal militar, en forma alguna afectó la defensa de lasoberanía, la independencia nacional, la integridad delterritorio o el orden constitucional, de manera que sejustificara desplegar una extenuante persecución en sucontra, mucho menos apuntarles y dispararles con losfusiles de dotación, generando de esa forma el resultadodel cual se lamenta el Estado colombiano en el acuerdosuscrito con los afectados, avalado por la ComisiónInteramericana de Derechos Humanos.36

Revisión No. 28477Luis Ferney Bonilla RincónJosé Agustín Mena SernaEl desconocimiento del principio del juez natural,acentuado por la circunstancia de haberse producido lasentencia absolutoria sobre veredictos contraevidentes, adiferencia de lo que opinan los apoderados de lossentenciados, deja en evidencia que en la especieanalizada se quebrantó no solo el derecho al debidoproceso, sino el de acceso efectivo a la administración dejusticia, lo cual condujo al incumplimiento del deber deadelantar la investigación seria e imparcialcorrespondiente a un evento de lesión de los derechoshumanos, obligación que debe honrar a partir de larevisión del fallo referido.De esa manera, la decisión de fondo proferida en lasanotadas condiciones, desatiende la justicia y la realidadhistórica, en consecuencia, no está llamada a cobrarejecutoria, por todo lo cual se entienden satisfechos lospresupuestos de procedencia de la causal tercera derevisión propuesta por el actor, bajo los parámetrosseñalados por la Corte Constitucional en la aludidasentencia C-004 de 2003.Por consiguiente, la Sala dejará sin valor el fallo delTribunal Superior Militar, del 12 de septiembre de 1994,37

Revisión No. 28477Luis Ferney Bonilla RincónJosé Agustín Mena Sernacon el cual confirmó la absolución dispuesta en favor delos suboficiales del Ejército Nacional, Sargento MayorLuis Ferney Bonilla Rincón y Sargento Segundo JoséAgustín Mena Serna, por el Comando General de lasFuerzas Militares Ayudantía General, en su condición dejuez de primera instancia.Y, como establece que la actuación estuvo a cargo defuncionarios diferentes a los de la jurisdicción ordinaria,en quienes recaía la competencia para adelantar lainvestigación y el juzgamiento de los hechos; 21 retrotraerála actuación, inclusive, hasta el auto del 7 de octubre de1993, con el cual se dispuso el cierre de la investigación,de manera que el competente disponga lo pertinentefrente a la investigación que ha de asumir.En consecuencia, se dispondrá la remisión del expedientea la Fiscalía General de la Nación, Unidad de DerechosHumanos, en orden a que asuma el conocimiento delasunto y continúe la investigación respectiva, no sinantes precisar que a partir de la recepción del proceso porparte del funcionario a quien se le asigne, se reanudará el21 La Corte Interamericana de Derechos Humanos en sentencia del 12 de septiembre de 2005 (Caso GutiérrezSoler Vs. Colombia) precisó: “Asimismo, es preciso que tribunales penales ordinarios competentes investiguen ysancionen a los miembros de la fuerza pública que participan en casos de violaciones a derechos humanos. Porotra parte, el Estado deberá abstenerse de recurrir a figuras como la amnistía, el indulto, la prescripción y elestablecimiento de excluyentes de responsabilidad, así como medidas que pretendan impedir la persecución penalo suprimir los efectos de una sentencia condenatoria.” – citada en sentencia de revisión del 17-09-08 Rad. 26021.38

Revisión No. 28477Luis Ferney Bonilla RincónJosé Agustín Mena Sernatérmino de prescripción de la acción penal, sin que hayalugar, en todo caso, según tiene definido la jurisprudenciade la Corte, 22 a considerar para esos efectos, el tiempotranscurrido desde la ejecutoria de la sentencia en la cualse decretó la absolución, como tampoco aquél que tomó laCorte para decidir la acción de revisión.En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justiciaen Sala de Casación Penal, administrando justicia ennombre de la República y por autoridad de la Ley,RESUELVE1. Declarar Fundada la causal de revisión invocada porla Procuraduría General de la Nación, a través delProcurador 30 Judicial Penal II.2. Declarar sin valor la sentencia del Tribunal SuperiorMilitar, del 12 de septiembre de 1994, con la cualconfirmó la absolución dispuesta en favor de lossuboficiales del Ejército Nacional, Sargento Mayor LuisFerney Bonilla Rincón y Sargento Segundo José22 Por ejemplo, sentencias del 15-06-06 Rad. 18769 y del 22-06-11 Rad. 3240739

Revisión No. 28477Luis Ferney Bonilla RincónJosé Agustín Mena SernaAgustín Mena Serna, por el Comando General de lasFuerzas Militares Ayudantía General, en su condición dejuez de primera instancia.3. Disponer el envío de la actuación a la Fiscalía Generalde la Nación, de acuerdo con lo indicado en la partemotiva de este proveído.Notifíquese y cúmplase.JAVIER ZAPATA ORTIZJOSÉ LUIS BARCELÓ CAMACHOJOSÉ LEONIDAS BUSTOS MARTÍNEZFERNANDO ALBERTO CASTRO CABALLEROPermisoSIGIFREDO ESPINOSA PÉREZALFREDO GÓMEZ QUINTEROMARÍA DEL ROSARIO GONZÁLEZ DE LEMOS40

Revisión No. 28477Luis Ferney Bonilla RincónJosé Agustín Mena SernaAUGUSTO J. IBÁÑEZ GUZMÁNJULIO ENRIQUE SOCHA SALAMANCANUBIA YOLANDO NOVA GARCÍASecretaria41