Introducción - UNICEF Colombia

EL DOLOR OCULTO DE LA INFANCIAEDITORUNICEF - COLOMBIA ©Santa fé de Bogotá, ColombiaMayo de 1999AUTORCésar GrajalesOFICINA DE PROYECTOS DE PAZ YDERECHOSNidya QuirozCOORDINACIÓN EDITORIALClara Marcela Barona de AyerbeDISEÑO Y DIAGRAMACIÓNOmar Murcia Diseño Gráfico

IntroducciónProbablemente en los países que viven la guerra susgentes han olvidado la infancia. Tal vez este olvido dela infancia, unido a un extravío del sentido de la vida yde la dignidad humana, explica nuestra incapacidadpara sentir vergüenza y dolor frente a las niñas y niñosgolpeados brutalmente por los conflictos armados.Los niños y niñas sufren de manera diversa losefectos del conflicto. Un número de ellos hace partede los grupos armados, participando en accionescombate y en otras tareas no menos peligrosas comola instalación de minas, servicios de correo comoestafetas o mensajeros, delación, espionaje, comprasde provisiones, carga de pertrechos. Aún tareas delogística, como preparación de alimentos, sonpeligrosas y constituyen una forma de trabajo infantililegal. Los menores de edad que hacen parte de lasFuerzas Armadas están bajo riesgo constante en lamedida en que están uniformados, viven enguarniciones militares y están ubicados en zonas dealta confrontación, aunque sus superiores afirmen queno son puestos en línea de fuego.El reclutamiento les ha sido impuesto de forma violentaen la mayoría de los casos. El reclutamiento voluntariode menores de edad oculta fuertes presionesgeneradas por la situación de pobreza, motivacionesde venganza o el temor de recibir agresiones por partede las organizaciones armadas. Un importante avanceen la erradicación de los niños soldados fue dado porel Ejército colombiano cuando anunció en el mes dejulio de 1999 su decisión de desvincular a los soldadosbachilleres menores de edad y no vincular enadelante, en los nuevos contingentes, a menores deedad. Esta decisión se concretó en una ceremoniaen la cual fueron desvinculados 980 soldadosmenores de edad de las filas del Ejército, el 20 dediciembre del mismo año. 1En general todas las niñas y niños involucrados demanera directa o indirecta en la confrontación recibenel impacto aterrador de la guerra. Han visto asesinar,secuestrar, torturar o destruir cuerpos en crímenesatroces. Han visto a sus comandantes determinarcon frialdad quién vive, quién debe irse de la región,quién debe pagar por su vida y su libertad. No sóloson testigos del horror, también han participado entodos estos episodios de sangre, en ocasiones bajola amenaza de castigos que pueden incluir la muertesi rehusan cumplir las órdenes. Las niñas en lasorganizaciones armadas soportan situaciones dediscriminación y explotación sexual. Su participaciónen la guerra constituye una experiencia de profundadestrucción humana. En esta perspectiva al serincorporados a las filas de los grupos armados,voluntaria o forzosamente, son considerados en estedocumento como víctimas de la guerra interna deColombia.Los niñas y niñas desvinculados de la guerrarepresentan otro grave desafío para el reconocimientoeficaz de los derechos de la infancia. Los niños yniñas desvinculados de la guerra -sea por deserción,captura o entrega de la organización armada a lasautoridades- tienen traumatismos por la experienciade violencia, la pérdida de lazos familiares y por elmiedo permanente a ser objeto de retaliaciones oajusticiamiento de los grupos armados a los quepertenecían. La atención del Estado y del Ejecutivodistan mucho del cumplimiento de acuerdosinterinstitucionales y de las disposiciones de laConstitución Política, las leyes y los tratadosinternacionales que favorecen a los niños y niñas ensituaciones de conflicto armado.Entre las víctimas de la guerra está la infancia quevive en territorios de alta confrontación armada. Lamayoría de los desplazados dentro de las fronterasdel país o de quienes cruzan las fronteras sin status1Tres días después el Congreso de la República decretó la ley 548 por la cual fueprorrogada, por tres años más, la vigencia de la ley 418 del 26 de diciembre de 1997 (“Porla cual se consagran unos instrumentos para la búsqueda de la convivencia, la eficacia dela justicia y se dictan otras medidas”), conocida como ley de orden público. La ley 418, ensu artículo 13 permitía la vinculación de soldados bachilleres menores de edad, cuandoestos se presentaban a filas como voluntarios y con el permiso escrito de sus padres. Lanueva ley, hoy vigente, prohibió taxativamente la vinculación de los menores de edad enel servicio militar obligatorio. Con esta ley el Estado colombiano honra su compromiso deestablecer como edad mínima los 18 años, para la incorporación en sus fuerzas armadas.Queda el compromiso para el Ejecutivo y el Legislativo de incorporar claramente estanorma sin que se vea amenazada por la temporalidad de la vigencia de la ley 548.

de refugiados, son niñas, niños, y mujeres cabezade familia. En muchos casos las familias se hanseparado en medio del éxodo. Los niños y niñasdesplazados por la guerra deben enfrentar, ademásde la extrema pobreza en los campamentosprovisionales o en los barrios marginales de lasciudades, el riesgo de nuevas agresiones por abusosen situación de vulnerabilidad y por ataques de losgrupos armados y el reclutamiento forzoso. Debenenfrentar también los duelos por la pérdida de suspadres o de otros familiares y, sobre todo, eldesarraigo y la ruptura de su mundo simbólico ycultural.En muchas zonas de alta confrontación armada losmédicos y otros trabajadores de la salud, al igual quelos educadores, han tenido que abandonar la región.Las escuelas y otros centros de atención a la infanciahan sido utilizados como escudos protectores porlas partes de la guerra que acampan al lado de susinstalaciones o establecen guarniciones junto a éstas.Los controles de alimentos establecidos por losarmados en retenes ubicados en las vías de accesoa las poblaciones, ponen en riesgo la seguridadalimentaria, particularmente de las niñas y niños.Menores de edad han muerto o han quedado congraves limitaciones físicas tras el estallido de minasantipersonales y de otros materiales bélicos.No es extraño entonces que la guerra interna deColombia sea un escenario donde niños y niñasmueren y matan, que sea un lugar del mundo dondese aprende a vivir bajo el yugo de las armas y bajo laseducción de su poder para dirimir los conflictos. Eneste sentido la inserción de la infancia en el conflictoarmado representa un desafío ético, cultural y socialde gran envergadura. La paz para Colombia no seráposible mientras diversas instancias del Estado y elGobierno Nacional en particular, la sociedad y todaslas partes del conflicto armado, no desvinculen a lainfancia de las acciones y de los efectos másinmediatos de la guerra.Para abordar la problemática de las niñas y niñosafectados por el conflicto armado interno de Colombiael presente documento se estructura en cuatro partes.La primera fija su atención en el conflicto armado ylas perspectivas de solución política negociada; lasegunda se ocupa de la situación de los niños y niñasdentro del contexto del conflicto armado; la terceraparte pretende hacer una crítica al conflicto armadodesde la dignidad de la vida de los niños y niñas; yfinalmente, la última parte presenta recomendacionesy propuestas para detener los efectos de la guerrasobre la infancia colombiana.SITUACIÓN DE LA INFANCIA ENCOLOMBIASegún la proyección del DANE hoy la poblacióncolombiana llega a 40.214.723 habitantes. De ellosel 41.5%, es decir, 16.722.708 son menores de 181años.6.500.000 viven en pobreza, equivalentes al38.9%.Entre los pobres el 17.5%, es decir, 1.137.500niños y niñas viven en situación de miseria.1.700.000 niños y niñas entre 12 y 17 año, y800.000 entre 6 y 11 años, son trabajadores.6.000 niños y niñas hacen parte de las filas decombatientes del conflicto armado.Entre 1995 y 1999 fueron desplazadosforzosamente 650.000 menores de edad.2 Los datos fueron tomados de: Defensoría del pueblo, Estadode los Derechos de la infancia Colombiana, 1998, y Consultoríapara los Derechos Humanos y el Desplazamiento CODHES, BoletínNo. 20, Mayo de 1999

El conflicto armado colombiano ylos procesos diálogo.El conflicto armado colombiano tiene 35 años dehistoria, aunque hunde sus raíces en procesosanteriores de violencia. En 1966 se crearon lasFuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia(FARC) como guerrillas comunistas con claraintención de acceder al poder. A comienzos de 1965surgió en el oriente del país el Ejército de LiberaciónNacional (ELN).Otras organizaciones guerrilleras fueron creadas enlos años siguientes. Durante los primeros años delucha armada estas organizaciones no lograron unaexpansión significativa, contaban con pocoscombatientes y frentes, y sus finanzas eran precarias.En 1973 el ELN estuvo a punto de desaparecer trasuna derrota militar en Anorí (Departamento deAntioquia).a pagar para desarrollar sus actividades. El ELNtambién se incrustó en otras economías mineras quegeneran importantes recursos (zonas auríferas delsur del Departamento de Bolívar y del oriente deAntioquia). Las dos organizaciones obtuvierongrandes recursos del secuestro, práctica que aún semantiene.El descubrimiento de las fuentes de financiación y desu importancia para la guerra fue sin duda el aspectoque explica, por lo menos en buena medida, elcrecimiento desbordado del conflicto armado desdemediados de la década anterior. En este contextotambién surgieron, e los primeros años de la décadade los ochenta, las organizaciones paramilitares ogrupos de autodefensa, las cuales tienen una historiaque se remonta a finales de los sesenta. Elnarcotráfico jugó un papel de especial importanciaen la financiación y estructuración de estasorganizaciones contrainsurgentes.El Estado colombiano y los sucesivos gobiernos noconcibieron como prioritario establecer mecanismosde diálogo y negociación con la insurgencia. Eltratamiento dado al conflicto fue esencialmente military represivo. El Ejecutivo dejó en manos de lasFuerzas Armadas, bajo el amparo del Estado de Sitio,el control del orden público y el combate a lasguerrilleras. En la década de los ochenta lasorganizaciones guerrilleras experimentaron unnotable crecimiento debido en buena medida a suinserción en enclaves económicos. Una parteimportante de los frentes guerrilleros, particularmentelas FARC, encontraron en los cultivos ilegales unmedio de financiación. Las FARC Penetraron tambiénzonas de cultivos de agroexportación (banano), zonasganaderas y de latifundio, imponiendo cuotas a lasempresas y propietarios. El ELN halló también unmecanismo para financiar la confrontación: golpearla infraestructura petrolera, obligando a las empresasEntre 1978 y 1995 los frentes de la guerrillade las FARC pasaron de 8 a 65, distribuidosen 7 bloques y los frentes del ELN pasaronde 3 a 35, aglutinados en 5 Frentes de Guerra.A los anteriores se suman 2 frentesde la disidencia del EPL.En el mismo lapso de tiempo, en conjunto,las tres organizaciones pasaron3de 15 frentes guerrilleros a 1023 Cfr. Camilo Echandía. Expansión Territorial de las Guerrillas Colombianas: Geografía,economía y violencia en: Reconocer la guerra para construir la paz, Malcom Deas yMaría Victoria Llorente (compiladores) Cerec, ediciones Uniandes, Grupo Editorial Norma,Bogotá, Febrero de 1999, pp99-149. Los datos aquí presentados son de este autor.Durante el gobierno del presidente Belisario Betancurel país vislumbró por primera vez la posibilidad de unproceso de negociación. Durante su administraciónel Ejecutivo y varias de las organizaciones guerrilleras(FARC, EPL y M19) pactaron un cese al fuego,

establecieron campamentos de paz e iniciarondiálogos. El Gobierno expidió una ley de indulto quepermitió a miembros de estas organizacionesdesmovilizarse y reincorporarse a la vida civil.Como parte del proceso de paz fue creado un partidopolítico, la Unión Patriótica, compuesto por laconvergencia de antiguos militantes del partidocomunista, independientes, miembros de los partidostradicionales e indultados de las FARC.El proceso de paz se rompió en 1985 y el gobiernodel presidente Betancur concluyó con episodios comola toma del Palacio de Justicia por un comando delM19 y la reconquista del mismo, a sangre y fuego,por parte de las Fuerzas Armadas.Cuando estaba a punto de culminar el gobierno delpresidente Virgilio Barco Vargas (1986-1990), elGobierno Nacional logró (1990) un acuerdo de pazcon el M19. 4 El proceso de paz con esta organizaciónotorgó a los desmovilizados condiciones defavorabilidad política para acceder a la AsambleaNacional Constituyente, cuyas sesiones concluyeronen julio de 1991 con la promulgación de una nuevaConstitución Política.Desde entonces y hasta ahora el conflicto armadose ha caracterizado por la descomposición de laspartes, desdibujándolas como actores políticos porlos crímenes contra la población civil. No obstantedurante el gobierno del presidente Gaviria fueronsuscritos acuerdos de paz con la Corriente deRenovación Socialista - CRS (abril de 1994) y condos organizaciones de milicias populares de la ciudadde Medellín (mayo de 1994).En los años del gobierno del presidente SamperPizano (1994-1998) el proceso de paz no llegó a laetapa de diálogo sobre agenda y procedimientos parala negociación. La grave crisis política de suadministración y la necesidad de conseguir apoyo delestamento militar, hicieron que su gobierno cerraralas puertas a la negociación.Por otra parte las organizaciones guerrillerasdescartaron la posibilidad de negociar con unpresidente al que consideraban afectado en sulegitimidad y débil para conducir una negociación. Lasacciones de guerra emprendidas por la guerrillacerraron aún más la posibilidad de reanudar lasconversaciones y alcanzaron una magnitud noconocida hasta entonces.Durante el gobierno del presidente Gaviria Trujillo(1990-1994) el proceso de diálogo y negociación conlas FARC, la ELN y la disidencia del EPL, no prosperó.La decisión de recurrir a la vía militar ante la negativade las organizaciones guerrilleras de acogerse almodelo de negociación precedente (desmovilizacióny desarme a cambio de beneficios legales, socialesy políticos) profundizó y agudizó el conflicto armado.El último día del mes de agosto y durante la primerasemana de septiembre de 1996 se produjo una delas acciones de guerra más contundentes. Porprimera vez una organización guerrillera tomó porasalto y destruyó una base militar (base militar deLas Delicias, Departamento de Putumayo). En laacción murieron 50 militares y 60 uniformados fuerontomados como prisioneros. Esta toma estuvoacompañada de una oleada de acciones militares dela guerrilla, sincronizadas en todo el país.4En 1991 el gobierno suscribió acuerdos de paz con el Ejército Popularde Liberación (EPL), el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT)y el Movimiento Indigenista Manuel Quintín Lame (MQL).Con ello esta organización demostró su capacidadmilitar, refrendada en 1997 cuando las FARC atacaron

una estación de comunicaciones del Ejército, dandomuerte a 10 soldados y tomando como prisioneros aotros 18. Con todo, la acción más significativa seprodujo en marzo de 1998 cuando la mismaorganización emboscó en las selvas del Caquetá aun batallón compuesto por soldados profesionalesespecializados en el combate contra las guerrillas.En el episodio murieron 58 militares, otros 26 fuerontomados como prisioneros y 29 más fueronreportados como desaparecidos. Los soldadostomados como prisioneros permanecen en poder delas FARC.Desde entonces el conflicto armado colombiano tienelas características de una guerra de posiciones en laque intervienen la guerrilla, los paramilitares y lasfuerzas estatales. La guerrilla ha mostrado capacidadmilitar para sostener posiciones, hostigar y tomarpuestos y bases militares en el sur del país, y hamostrado igualmente capacidad por la vía del controlarmado y por el recurso al terror, para inmovilizarbuena parte del país y las actividades normales delos colombianos.Los grupos paramilitares o de autodefensaempeñados en la lucha contrainsurgente hanconsolidado una organización unificada aunquemantienen autonomía de los mandos locales.En 1994 realizaron la primera cumbre de lasAutodefensas de Colombia. A comienzos de 1997aparecieron comunicados de las AutodefensasUnidas de Colombia (AUC), intentando presentarargumentos ideológicos para su lucha, un mandounificado (estado mayor), control territorial yreivindicaciones políticas, algunas de ellassemejantes a las que hace la guerrilla.Con toda esta estrategia han buscado reconocimientocomo actores políticos del conflicto y su inclusiónformal en la mesa de negociación, asunto que ha sidoduramente rechazado por las organizacionesguerrilleras y que no cuenta por ahora con el respaldodel Ejecutivo y de otras entidades del Estado.Datos del conflicto armado entre 1985 y1996Total de acciones armadas11.613, discriminadas así: 4.325 contactos entreFuerzas Armadas y Guerrilla, 1.261 emboscadas,2.974 actos de sabotaje, 452 asaltos apoblaciones, 472 ataques a instalaciones, 497asaltos a entidades, 506 actos de pirateríaterrestre, 1.126 hostigamiento.Total de muertes en el conflicto armado16.625, discriminados así: 7.673 guerrilleros,4.400 miembros de las Fuerzas Armadas, 4.552civiles asesinados; 4.853 civiles fueronsecuestrados. 615 atentados terroristas: 486 alsector petrolero, 107 al sector eléctrico, 10 a lainfraestructura vial, 12 a la infraestructura aérea.Costos brutos del conflicto armado(medidos según el valor del peso en 1995)$ 6.1 billones equivalentes al 9% del PIB, con unpromedio anual de 1.5% del PIB ($3.7 billones).Dentro del costo total del conflicto armado elexceso de gasto militar representa el 61%. Elgasto económicos por pérdidas de vidasrepresentan $296 mil millones.Ingresos de la guerrilla, en pesos de 1995$ 3.6 billones, equivalentes al 5.3% del PIB. El 45%de los ingresos provienen del narcotráfico, el 27%por robos y extorsión, el 22% por secuestros, el7.2% por desvío de recursos, rendimientos deinversiones y otros. Datos tomados de: Departamento Nacionalde Planeación, Los Costos Económicos de la Criminalidad y la Violenciaen Colombia, 1991-1996.

El poder local parece ser un nervio central de la formacomo hoy se estructura el conflicto armado. Desde1986 cuando los ciudadanos pudieron por primeravez elegir a los alcaldes (la Constitución Política de1991 incluyó en el sufragio universal a losgobernadores), tanto las FARC como el ELNcomenzaron a vetar candidatos e imponer a los queconsideraban convenientes. De esta manera hanllegado a ejercer control sobre muchasadministraciones locales, determinando inversiones,contratos, revisando y fiscalizando a alcaldes ymiembros de los ayuntamientos.La importancia del poder local no es por tantoexclusivamente política (una manera de obtenerlegitimidad por las exigencias de eficiencia ytransparencia de los manejos de recursos del Estado),es también un mecanismo clientelar con el cual laguerrilla busca adhesión popular. Un camino similarhan adoptado los grupos paramilitares, imponiendocon las armas sus candidatos a elecciones popularesde las administraciones locales y vetando a otros.Otro aspecto esencial del poder local está ligado alos enclaves económicos. Las organizacionesguerrilleras, los grupos paramilitares y las fuerzasestatales se concentran justamente en las zonas demayor generación de riqueza.Los aspectos de procedimiento han ocupado muchomás tiempo y energías. El primer escollo fue laprolongación de la zona de distensión, decretada porel gobierno en el mes de mayo de 1999. El punto delconflicto fue el reclamo de las Fuerzas Armadassobre los continuos abusos de las FARC en la zonade despeje y la airada protesta del ministro deDefensa por la posibilidad de establecer un despejeindefinido. 6La segunda dificultad del proceso de paz fue la de laverificación de la zona de distensión. Según elGobierno Nacional el acuerdo de Caquetaniaestipulaba la creación de una comisión internacionalde verificación.Según las FARC esta comisión no tenía facultadespara vigilar con autoridad el comportamiento de laspartes. El trasfondo del conflicto era la necesidad delGobierno Nacional de mostrar capacidad de controljurídico y político sobre el territorio desmilitarizado paracontrarrestar la fuerte presión de sectores de ladirigencia política, de los gremios y de la cúpula militar.Del lato de las FARC lo fundamental era evitar todocontrol que disminuyera su pretensión de ser gobiernolocal, una de las bases para alcanzar en algúnmomento del conflicto el status de beligerante.Perspectivas de paz en Colombia:Transcurrido un año después de la suscripción delacuerdo de Caquetania (mayo 6 de 1999), por el cuallas FARC y el Gobierno Nacional fijaron los 12 temas 5de la negociación política, el avance substancial dela negociación es pobre.5Los temas de las agenda son : 1. Solución política negociada; 2. Protección delos derechos humanos como responsabilidad del Estado; 3. Política agraria integral;4. Explotación y conservación de los recursos naturales; 5. Estructura económicay social; 6. Reforma da la justicia, lucha contra la corrupción y el narcotráfico; 7.Reforma política para la ampliación de la democracia; 8. Reforma del Estado; 9.Acuerdos sobre Derecho Internacional Humanitario; 10. Fuerzas Militares; 11.Relaciones internacionales; 12. Formalización de los acuerdos. De especialimportancia para nuestro objeto de análisis son los dos primeros puntos del tema9 : “Desvinculación de los niños del conflicto armado” y “Minas antipersonales”.Este conflicto sobre la comisión de verificaciónsupuso el atraso del comienzo de la etapa denegociación, que inicialmente estaba previsto para el13 de Julio de 1999. Cabe destacar que, en la lógicade negociar dentro de la guerra, las FARC arreciaronlos combates y acciones armadas contrapoblaciones, con devastadores efectos en 13municipios, durante el mes de junio, con la pretensiónde mostrar fortaleza antes de la negociación.6Tras la renuncia del ministro de Defensa, Rodrigo Lloreda Caicedo, la últimasemana de mayo de 1999, un importante grupo de altos oficiales de las FuerzasArmadas, entre ellos generales de la República, presentaron su renuncia. La crisismilitar fue conjurada cuando el presidente se comprometió a escuchar y considerarmejor las posiciones de los militares.

El gobierno se vio forzado a dejar a un lado el temade la comisión de verificación.En diciembre las FARC, después de una intensaactividad armada, comunicaron a la opinión públicasu decisión de decretar una tregua unilateral enNavidad y año nuevo. El gobierno había propuesto latregua, meses antes, pero las FARC respondieronque la tregua sólo se podría hacer realidad con elcumplimiento de las reformas sociales, económicasy políticas. La respuesta de las FARC no sólo no fuegenerosa con la población civil, duramente golpeadapor sus incursiones armadas con cilindros bombas 7 ,sino que utilizó la tregua - precedida por intensasacciones armadas - para ganar respaldo popular.En los cuatro primeros meses del año 2.000 elgobierno y las FARC le dieron un nuevo aire al procesode paz al anunciar la reanudación formal de la etapade negociación, la cual incluye un espacio deexpresión de la ciudadanía mediante las AudienciasPúblicas coordinadas por el Comité Temático. Laspartes lograron llegar a un acuerdo sobre cuál seríael primer punto de la negociación. 8 Hasta mayo de2000, no se ha logrado avances substanciales en lanegociación ni en este tema propuesto para seismeses ni en otros.7Los cilindros bombas son armas no convencionales, de fabricación artesanal,con un amplio margen de error cuando son disparados y causan efectosdestructivos indiscriminados contra las personas y sus bienes. El primer “pipetazo”fue utilizado por las FARC en El Retorno (Guaviare) el 17 de noviembre de 1998.Desde entonces y hasta diciembre de 1999 utilizaron cilindros bombas en ataquescontra 15 poblaciones en los cuales murieron 250 personas, entre civiles y militares.Los niños y niñas han sufrido también por la utilización de esta arma brutal deguerra. El 30 de julio de 1999 las FARC atacaron con cilindros bombas el municipiode Nariño (Antioquia), el cual quedo semidestruido. Dos niños murieron cuando uncilindro explotó sobre una casa. Una niña de 13 años murió mientras dormía, bajoel fuego de un helicóptero militar, a dos kilómetros de los enfrentamientos. Cfr.Comisión Colombiana de Juristas, Panorama de los derechos humanos y delderecho humanitario en Colombia: 1999, Informe de Avance, Bogotá, septiembrede 1999, p. 25.8El tema escogido de la agenda fue el 5. “Estructura económica y social”, uno delos más difíciles como quiera que abordará la redistribución de la riqueza y delingreso. Un punto importante en este tema es el del empleo. De común acuerdodelegados del gobierno, presididos por Víctor G. Ricardo, y delegados de laguerrilla de las FARC, realizaron en febrero de 2000 un viaje por varios países deEuropa para conocer experiencias de desarrollo social y económico.En el mes de abril del año 2.000 las FARC hicieronpronunciamientos contradictorios. En primer lugaranunciaron que estaban dispuestas a estudiar, decomún cuerdo con el Gobierno Nacional, el tema delcese al fuego. Se trataba de pasar de la negociaciónen medio de la guerra a la negociación en nuevascondiciones de distensión del conflicto. Por otra parteuno de sus comandantes afirmó que las FARCestaban dispuestas a erradicar el reclutamiento demenores de edad en sus filas Estos dos anunciosllenaron de optimismo a los colombianos ycolombianas sobre su voluntad de alcanzar la paznegociada. Sin embargo la última semana de abrildieron a conocer un decreto promulgado desde lazona de distensión, según el cual los colombianoscon patrimonio superior a 1 millón de dólares deberánpagar un impuesto a esta organización, so pena deser secuestrados si no lo hacen. 9Esta medida de coerción de las FARC ha golpeadode nuevo la credibilidad en el proceso de paz. Vocesde los empresarios, del estamento militar, de losmedios de prensa, de diversos sectores socialesincluyendo a la Iglesia Católica, han condenadoenérgicamente esta acción de extorsión y amenaza.Fuera del país esta declaración de las FARC provocóel rechazo de los atentos observadores del procesode paz. La tarea del nuevo alto comisionado de paz,Camilo González, que relevó en mayo del 2000 aVíctor G. Ricardo, comienza con la pérdida derespaldo social a la negociación que supuso estadeclaración agresiva de las FARC.9La fuerte presión alcista del precio del dólar, en la primera y segunda semana demayo de 2000, ha sido interpretada por las analistas económicos como el reflejodel nerviosismo de los agentes económicos ante las amenazas de las FARC. Lapresión contra el peso se explica también por la inestabilidad política del país trasla crisis suscitada por la propuesta de referéndum hecha por el presidente Pastranay por el fallo de inconstitucionalidad del Plan de Desarrollo.

El gobierno del presidente Pastrana también hapropiciado los escollos del proceso de paz. En primerlugar el gobierno, en su afán de conseguir que lasFARC se sentaran a la mesa del diálogo aceptó ladesmilitarización sin establecer de maneraconcertada con esta organización, normas o reglaspara que funcionaran las instituciones del Estado,distintas de la Fuerzas Armadas. De esta manerapermitió que las FARC pusieran controles a losorganismos judiciales y a las autoridades civiles.El poder de control de las FARC ha llegado inclusohasta la censura y expulsión de sacerdotes y otroslíderes religiosos. Una vez aceptada ladesmilitarización sin reglas de juego todo intento decontrol sobre la región representa el peligro delcolapso del a negociación. Una segunda equivocaciónen la conducción de proceso de paz es el aislamientodel gobierno.La política de paz no ha logrado plasmarse comopolítica de negociación interna del establecimiento. Yfinalmente, la transformación del Plan Colombia deprograma para consolidar las condiciones querequiere la paz a plan antinarcóticos, bajo lasupervisión o aprobación del gobierno y el Congresode los Estados Unidos, plan que tiene un fuertecomponente de inversión militar para combatir a laguerrilla por su vinculación al negocio de los cultivosilícitos.Esta conducción internacional del conflicto armado,mediante el Plan Colombia, resulta desacertada entanto acentúa la confrontación y muestra lasintenciones del gobierno y del establecimiento parabuscar, al mismo tiempo de la negociación, la salidadel conflicto mediante la amenaza de la fuerza o porel ejercicio de la vía militar, potenciada con losrecursos y la tecnología militar de los Estados Unidos.En síntesis puede decirse que estas equivocacionesdel Ejecutivo, sumados a la prepotencia de las FARC,a su recurrente uso del secuestro y de las escaladasde violencia para anunciar sus signos de paz, conataques devastadores a poblaciones en las quemueren sus habitantes, están conduciendo el procesode paz hacia la fractura sin que se vea hasta ahoraavances en temas sustantivos de la agenda de pazni en acuerdos humanitarios que eventualmentepodrían ayudar a mejorar las condiciones en lascuales se desarrolla la confrontación.El proceso de paz con el ELN es apenas incipiente.Esta organización guerrillera ha utilizado lossecuestros masivos, incluyendo el de los pasajerosde un avión civil y el de los feligreses de una parroquiade Cali, como instrumentos para presionar el diálogocon el gobierno nacional y la realización de laConvención Nacional. El ELN había estimado comofundamental para este proceso de diálogo con lasociedad civil y con el gobierno nacional ladesmilitarización del sur del Departamento de Bolívar.Al concluir 1999 y durante los primeros tres mesesdel 2.000 golpearon de manera sistemática la red deintercomunicación eléctrica, derribando más de 300torres y ocasionando pérdidas al país por más de $20.000 millones. Simultáneamente bloquearon lacarretera Bogotá – Medellín.En el mes de abril durante la semana santa,anunciaron su decisión de no realizar “pescasmilagrosas” y entregaron a un grupo de secuestradosdel avión de Avianca. Tras estos hechos, que fueroninterpretados como signos de buena voluntad, elGobierno Nacional decidió desmilitarizar 3 municipiosde la rivera izquierda del Magdalena Medio: San Pabloy Cantagallo en el Departamento de Bolívar y Yondóen el Departamento de Antioquia.Una fuerte presión de autoridades locales y de

pobladores de esta región en los meses de abril ymayo del 2000, región que hoy controlan grupos deautodefensas, pone en riesgo la realización de lasconversaciones de paz entre el gobierno y el ELN.Lo cierto es que el Estado sigue siendo responsabledel desbordado crecimiento de sus acciones, comoquiera que a él le compete garantizar el monopoliode la fuerza y la vigencia del orden constitucional.El proceso de paz con las FARC y el ELN dependetambién de las acciones de otra de las partes de laconfrontación, los grupos paramilitares. Aunque nohan entrado a sangre y fuego en la zona de distensióndel sur del país, tal como habían amenazado, lascontinuas masacres y acciones violentas de estosgrupos 10 , que ha incluido el secuestro de unasenadora de la República, las amenazas contrapoblaciones enteras que han desencadenadodesplazamientos masivos, la penetración en ámbitosuniversitarios, entre otros hechos graves, muestrasu capacidad de destrucción y pone en riesgo laestabilidad del proceso de paz.Los grupos paramilitares o de autodefensas continúanexigiendo su inclusión en las mesas de negociación,asunto que difícilmente puede ser aceptado por elEstado, por cuanto estas organizaciones rompen lapretensión del Estado de monopolizar el uso de lasarmas y amenazan su legitimidad en la medida enque se erigen como formas privadas de defensa. Supresencia en la mesa de negociaciones esfuertemente rechazada por las organizacionesguerrilleras que los asimilan a una parte de la guerracontrainsurgente del Estado.10“Respecto de las violaciones a los derechos humanos y al derecho humanitario enlas cuales se conoce al presunto autor [1.362 víctimas], el 2.39% se atribuyó a lafuerza pública, lo cual corresponde a 26 ejecuciones extrajudiciales. A losparamilitares se les atribuyó el 77.97% de las violaciones, con 846 víctimas. A lasguerrillas se les atribuyó el 19.63%, con 213 víctimas. La participación de losdiferentes actores armados en las violaciones a los derechos humanos y al derechointernacional humanitario observó la misma tendencia de períodos anteriores : ladisminución de los casos atribuidos a la fuerza pública (de 15.68% en 1995 bajó a3.72% en 1988) ; el aumento dramático de los actos ejecutados por los paramilitares(del 40.03% en 1995 al 78.69% en 1998), y la disminución del porcentaje de víctimasatribuidas a la guerrilla (del 38.29% al 17.59%)”. Comisión Colombiana de Juristas,Panorama de los derechos humanos y del derecho humanitario en Colombia : 1999,Informe de avance, Santafé de Bogotá, Septiembre de 1999, pp. 7-8.Por otra parte un examen cuidadoso de la situaciónnacional y de la magnitud del conflicto armado nosharía pensar en la necesidad de buscar fórmulaspolíticas para que las organizaciones paramilitaresse involucren en el proceso de la paz negociada.Las dificultades no vienen solamente por la crudezade los enfrentamientos o los crímenes de las partescontra la población civil, ni de los lentos avances enlos procedimientos o de la inexistencia de acuerdossobre los temas de la agenda. La dificultad mayor delproceso de paz tiene que ver con la naturaleza mismade la negociación. Se trata, en el actual proceso depaz, de una refundación del Estado y de la sociedad.Se busca ahora construir la paz sobre la base detransformaciones sociales, económicas y políticas,que redistribuyan el poder, el acceso y control de losbienes, y modifiquen las formas en las que se ejercela actividad política.Una negociación de estas características encuentraserias oposiciones en sectores de la clase política,de los gremios y grupos económicos y en todos losque consideren que su participación en el poder seráalterada por la negociación. El proceso de paz exigepor tanto un alto nivel de negociación interna delEstado y de la sociedad, un consenso político y unadirección y liderazgo claro del jefe del Estado, asuntosque aún no se perciben con claridad.Del lado de los actores armados el proceso de pazsupone también transformaciones que no son fáciles.En primer lugar, mientras se consigue un negociaciónexitosa los armados deben aceptar que la guerra tienelímites y que se puede ser criminal en una

confrontación armada. Además el proceso de pazexigirá a los combatientes la renuncia al uso de lasarmas como factor de decisión en la vida de lasociedad.La paz debe convertir a los guerreros en ciudadanosy esta transformación pasa por la modificación delos imaginarios proclives a la fuerza. Además la pazexigirá a los actores armados la creatividad paragestar nuevas formas de vida socialmenteproductivas, asunto que está ligado a lareconstrucción de sus vidas en el campo educativo,laboral, psicológico, entre otros aspectos.La negociación afectará también posiciones y cuotasde poder de los grupos armados (si no es así no habrápaz negociada) y es entonces previsible que dentrode las organizaciones armadas haya sectores quese oponen férreamente frente a la salida política delconflicto.Pese a todas las adversidades el actual proceso depaz representa uno de los avances más grandes enlos últimos 15 años y en él están puestos los ojos yesperanzas de los colombianos y colombianas. Elproceso de paz que tenemos no es el mejor, no tienela dinámica social y política que quisiéramos para quela paz sea el resultado de una agenda democrática.Pero es una puerta abierta para que la guerra quedeatrás. Nos corresponde a todos, ciudadanos, Estado,actores armados, poner todas las condicionesposibles para la paz, aunque las condicionesestructurales de la sociedad, del sistema económica,del Estado y las formas de hacer política, nosofrezcan un panorama desalentador.

Situación de lainfancia dentro delconflicto armado deColombia.Niñas y niños combatientes:La primera forma de victimización de la infancia en laguerra es su participación como combatientes. Nohay cifras precisas sobre cuántos niños y niñas hacenparte de la guerrilla y de los grupos paramilitares, entreotras razones porque la presión ejercida en los últimosaños para que los menores de edad no seanincorporados a la guerra ha hecho que sean muchomenos visibles.Se les asigna tareas que según los voceros de lasorganizaciones armadas no son de alto riesgo, lascuales en realidad los expone en ocasiones muchomás que si estuvieran en la línea de fuego. Lainvestigación de la Defensoría del Pueblo en 1996mostró cifras relativas, todas ellas muy altas. Segúnlos testimonios recogidos de niños y niñasdesvinculados, el número de menores de edadllegaba al 80% mientras en otros apenas alcanzabael 5%. Sobre un estimativo general del número totalde miembros de la guerrilla (que oscila entre 10.483y 25.000 combatientes) el estudio revela que entre el7 y el 10% son niños y niñas.prestaban el servicio militar obligatorio en el Ejército,durante 1996, el 22.4% (4.756 soldados) eranmenores de edad. De éstos menores de edad el 5.3%tenía 16 años. 11Tareas en las filas de combatientes: Algunos sonutilizados para la fabricación artesanal de minasantipersonales, para instalarlas o para detectarlas,también son usados como, guías, mensajeros,encargados de hacer compras, vigilantes, cocineros,etc., actividades todas de alto riesgo. Otros sondestinados a labores de “inteligencia”, de señalar areales o posibles colaboradores del enemigo.A algunos se les ordena ejecutar acciones criminalespor fuera de los combates, como asesinatos a civilesdesarmados, infringir torturas, participar ensecuestros o vigilar a los secuestrados. Y porsupuesto hay niños y niñas que participandirectamente en las hostilidades, con lo cual sedesvirtúa las afirmaciones de las partes del conflictosegún la cual los menores de edad son dejados fuerade la línea de fuego. 12La cifra de niños y niñas en las filas de los gruposparamilitares no es fácilmente determinable y tienematices regionales. En todo caso va entre el 15% yel 50% en el Magdalena Medio. Según informaciónde fuentes del Ejército del total de jóvenes que11Cfr. Defensoría del Pueblo, La Niñez y sus Derechos, Boletín No. 2, mayo de1996, pp. 3-4. 11. 14.12“...el 91.66% (varios de ellos menores de 15 años) expresó haber participado enal menos un combate durante su permanencia en la guerrilla. De ellos un 27.77%dijo haber sido herido”. Defensoría del Pueblo, La Niñez y sus Derechos, BoletínNo. 2, p. 4.

Motivos de vinculación a las filas decombatientes:Según la Defensoría del Pueblo la razón más frecuenteque los niños y niñas expresan como motivo devinculación a la guerrilla es la decisión voluntaria(85.72%). 13 Cuando se examina lo que esta decisiónvoluntaria tiene como trasfondo se puede apreciarque han estado profundamente predeterminados paraincorporarse a la guerra:Al 33.33% de los que se enlistan en la guerrillavoluntariamente les atraía las armas y los uniformes,buscaban reconocimiento social.Al 33.33% los presionaba la pobreza y buscaron enla guerrilla la protección social y económica que sufamilia, la sociedad y el Estado no leofrecieron (conviene destacar que el 75% hizoalgunos años de escuela elemental, sólo el 25%comenzó la secundaria y ninguno la concluyó).Al 16.66% les atraía la guerrilla, y hay que decir queen muchas regiones crecieron viendo con frecuencialos guerrilleros, haciéndoles favores y escuchandosus propuestas para vincularse a la lucharevolucionaria. Hay por tanto una relación cotidianacon estas organizaciones.Las presiones de los padres está también en lasmotivaciones de ingreso, presiones que obedecen ala amenaza constante contra la integridad de lasfamilias y a condiciones de extrema pobreza en elcampo.Aún si todos los menores de edad en la guerrillaingresaran “voluntariamente” resulta preocupante queestas organizaciones los admitan en sus filas y queviolen la edad que han determinado como mínima(15 años). Tampoco son admisible las razones quedan para explicar por qué hay niños y niñasguerrilleros. 14 No parece que en las motivaciones deingreso las razones políticas sean esenciales para ladecisión de hacer parte de la guerrilla. 15 Aunque lasguerrillas niegan estar realizando reclutamientoforzado de niños y niñas hay testimonios de menoresde edad desvinculados, de familiares y pobladoresque las contradicen. La Defensoría del Pueblodeterminó en 1996 que el 14.28% de las niñas y niñoshan sido vinculados forzosamente a las filas de laguerrilla. Estudios posteriores de la misma entidadratifican que esta práctica continúa. Hay niños y niñasque no decidieron entrar a la guerrilla y tampoco fueronforzados en el sentido estricto del reclutamientoobligado. Se trata de los que nacieron dentro de laguerrilla, hijos de combatientes. Son menores de edadque no conocen otra vida que la de la guerrilla.Al 8.33% de las y los voluntarios los motivó elenamoramiento o la decepción amorosa, el miedo asufrir ataques de otros actores del conflicto osentimientos de venganza cuando su familia y susbienes han sido destruidos en ataques contrapoblación sospechosa de colaborar con la guerrilla.13Cfr. Defensoría del Pueblo, La Niñez y sus Derechos, Boletín No. 2, pp. 5-6.Los datos tomados sobre motivos de vinculación de niñas y niños a las filas decombatientes están contemplados en este boletín.14Según un testimonio obtenido por la Defensoría del Pueblo la presencia de niñasy niños en las FARC “se da principalmente en regiones donde hay muy pocosmiembros, como las zonas de cordillera, donde hay frío y se deben soportar largascaminatas. Allá cuando llega un voluntario se le recibe sin importar la edad. En losllanos y otras regiones de tierra caliente, donde a la gente no se le hace tan difícilla vida guerrillera y se incorporan con más facilidad, es difícil ver niños. Allí serespeta el reglamento, porque no se necesita luchar para conseguir gente”. Elreglamento interno de las FARC prohibe el reclutamiento forzado de todas laspersonas y estipula la edad mínima de 15 años para el reclutamiento. De hechohay niños de menor edad en esta organización. El reglamento del EPL acepta elreclutamiento desde los 14 años, una cifra inferior a la que exige la Convención deDerechos del Niño. Cfr. Defensoría del Pueblo, La Niñez y sus Derechos, BoletínNo. 4, p. 13.15Si el ingreso ha tenido frágiles o inexistentes motivaciones políticas su permanenciaen la organización no subsana la precaria formación política: “En la mayoría de elloses evidente la falta de fundamento ideológico para ser integrantes de los grupos,inician como milicianos, se van para la guerrilla o pasan a las autodefensas, abandas o milicias de Medellín y a cometer infracciones como hurtos o extorsionespara ganarse la vida. Reconocen que el tipo de formación en la guerrilla estabarepresentado en el conocimiento del arma, las estrategias de combate, aprender elreglamento, para ninguno eran interesantes las clases de política que impartía laorganización...”. Defensoría del Pueblo, La Niñez y sus Derechos, Boletín No. 5,noviembre de 1998, p. 8.

Algunos de ellos permanecen en guarderías aledañasa los campamentos como es el caso del EPL Segúnla Defensoría del Pueblo estos menores de edad “sondejados al nacer para su crianza en zonas rurales yal cabo de varios años son reclutados en laorganización a la cual pertenecen sus padres, asíellos hayan muerto”. 16 Que su vinculación a la guerrillase produzca aún si sus padres ya murieron haceevidente que estos niños y niñas pertenecen (en elsentido de propiedad) a la guerrilla.Los grupos paramilitares reclutan menores de edada la fuerza. En la región del Magdalena Mediosantandereano y antioqueño la investigación de laDefensoría del Pueblo constató la institución de unservicio militar obligatorio que estas organizacionesdenominan “bono”, con el cual obligan a las familiasa entregar a uno o más de sus hijos para incorporarsea las filas paramilitares durante dos años. En lostestimonios recogidos niños y niñas, algunos desdelos nueve años, fueron llevados a la fuerza. 17En Colombia el servicio militar es obligatorio paratodos los varones, sin embargo son los sectorespopulares especialmente campesinos y de barriosmarginales los que aportan sus hijos para las filas delas Fuerzas Armadas. En 1991 el Estado colombianoratificó -mediante la ley 12- la Convención sobre losDerechos del Niño (adoptada por la AsambleaGeneral de las Naciones Unidas el 20 de noviembrede 1989), incorporando sus normas como legislacióninterna.Formuló al mismo tiempo una reserva sobre losnumerales 2 y 3 del Artículo 38 de la Convención quepermiten a los Estados partes el reclutamiento demenores de 18 años en sus Fuerzas Armadas.Pese a la voluntad expresada en la reserva, en 1993el Congreso de la República expidió la ley 48 de 1993que reglamenta el reclutamiento, la cual en su numeral10 establece que: “Todo varón colombiano estáobligado a definir su situación militar a partir de lafecha en que cumpla su mayoría de edad, aexcepción de los estudiantes bachilleres, quienes ladefinirán cuando obtengan su título de bachiller”.Es clara la contradicción entre la norma queprevalece 18 , es decir la de la Convención de losDerechos del Niño con la reserva hecha por el EstadoColombiano, y la de una ley interna. En 1996 elgobierno del presidente Samper Pizano levantó lareserva. El hecho fue registrado por la prensa ysuscitó la oposición de las organizaciones dederechos humanos, de la Defensoría del Pueblo y deUNICEF. Sin embargo, por razones que no son clarasla reserva está vigente en el sistema de NacionesUnidas y por tanto el Estado colombiano está obligadoa no vincular menores de edad a las filas de lasFuerzas Armadas.En diciembre de 1997 el Congreso de la Repúblicaexpidió la ley 418. El capítulo 2 consagraba normaspara proteger a los menores de edad de los efectosdel conflicto armado. Concretamente en el artículo13 la ley determinaba que “los menores de edad noserán incorporados a las filas para la prestación delservicio militar”, sancionaba que los bachilleresmenores de edad podrían aplazar la incorporación afilas hasta que cumplieran la mayoría de edad, perodejaba abierta la posibilidad de que estos menoresde edad ingresaran a las filas del Ejército si sepresentaban voluntariamente y con autorizaciónescrita de sus padres.16Defensoría del Pueblo, La Niñez y sus Derechos, Boletín No. 2, p. 8.17Cfr. Defensoría del Pueblo, La Niñez y sus Derechos, Boletín No. 2, p 12.18Constitución Política de Colombia, Artículo 93: “Los tratados y conveniosinternacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanosy que prohiben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el ordeninterno. Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretarán deconformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificadospor Colombia”.

Señalaba la ley que “en este último caso, los menoresreclutados no podrán ser destinados a zonas dondese desarrollen operaciones deerra ni empleados enacciones de confrontación armada.Convención de los Derechos del Niño.Artículo 38.No. 2. Los Estados partes adoptarán todas lasmedidas posibles para asegurar que las personasque aún no hayan cumplido los 15 años de edad noparticipen directamente en las hostilidades.No. 3 Los Estados Partes se abstendrán dereclutar en las fuerzas armadas a las personas queno hayan cumplido los 15 años de edad. Si reclutanpersonas que hayan cumplido 15 años, pero quesean menores de 18, los Estados Partesprocurarán dar prioridad a los de más edad.Reserva de ColombiaEl Gobierno de Colombia de conformidad con elartículo 2, Numeral 10, literal D de la Convención deViena sobre el Derecho de los Tratados, suscrita el23 de mayo de 1969 DECLARA que para efectosde las disposiciones contenidas en los numerales 2y 3 del Artículo 38 de la CONVENCIÓN SOBRELOS DERECHOS DEL NIÑO, adoptada por laAsamblea General de las Naciones Unidas el 20 deNoviembre de 1989, se entiende que la edad a laque se refiere los numerales citados es de 18 años,en consideración a que el ordenamiento legal deColombia establece la edad mínima de 18 añospara reclutar a las Fuerzas Armadas el personalllamado a prestar servicio militar.Tal como lo hemos señalado en la nota introductoriaesta ley ha sido modificada por la ley 548 de 1999, lacual prohibe con claridad la vinculación de menoresde edad en las filas para prestar servicio militarobligatorio.Niños y niñas desvinculados de la guerra.Los niños y niñas abandonan la filas de combatientespor tres posibles causas: a) La deserción; b) Laentrega de los grupos armados a autoridades oentidades estatales; c) La captura por organismosde seguridad del Estado. Desde 1996 se utiliza eltérmino “desvinculado(a)” para referirse a los niños yniñas que salen de las filas de las partes del conflictoarmado. Con este término se hace alusión alrompimiento de una atadura. Entre mayo de 1996 ynoviembre de 1998 las autoridades habíancontabilizado un total de 203 niñas y niñosdesvinculados, los cuales tienen característicasespeciales y viven situaciones de gran complejidad:Los niños y niñas desertores de la guerrilla enfrentanla posibilidad de un juicio dentro de la organización ala que pertenecían que puede concluir con unacondena a muerte. La amenaza es mayor si el menorde edad ha dado informaciones al Ejército. 19En condiciones de persecución deben abandonar suregión de origen y romper la relación con susfamilias 20 .19“Resulta sumamente graves las irregularidades investigadas por laDefensoría del Pueblo en algunas unidades del Ejército, en donde seutiliza a menores de edad desertores para obtener información quepermita capturar guerrilleros, incautar armas, etc... ´Los tres primerosdías patrullé con la contraguerrilla...Los conduje al sitio donde estabanlos subversivos, allí se sostuvo un combate y se dio de baja a tresinsurgentes:...y se recuperaron dos fusiles Galil, un fusil G-3 y variasgranadas de fusil. Al día siguiente colaboré en desactivar 11 minasinstaladas en..., seis más que encontraban en todo el centro de lacarretera...”. Defensoría del Pueblo, La Niñez y sus Derechos, BoletínNo 2, p. 10.20“Resulta alarmante confirmar que el 13.33% de los menoresprocesados (30 en la zona visitada) por el delito de rebelión en algunosjuzgados de familia de las regiones estudiadas, sindicados de pertenecera grupos guerrilleros, fue asesinado”. Ibid. p. 9.

Según los testimonios recogidos por laDefensoría del Pueblo en algunas ocasiones los niñosy niñas deben pagar un tributo de trabajo forzado parasalir de las filas de la organización. 21El marco jurídico no es claro para los niños y niñasdesvinculados.La guerra deja profundas huellas que determinan laidentidad, imaginarios y modos de comprensión dela vida de los menores de edad. Los niños y niñadesvinculados no siempre logran romper los vínculosinteriores que los unen con las prácticas de lamuerte. 23Tal como lo señala el Boletín 5 de la Defensoría delPueblo hay un vacío normativo en elCódigo del Menor que impide tratar el fenómeno deniñas y niños vinculados y desvinculados del conflictoarmado como víctimas que necesitan programasespeciales de reconstrucción de sus vidas, los cualesimplican procesos afectivos, apoyo sicológico,reanudación de relaciones familiares (con etapas debúsqueda y reencuentro de padres, hermanos yfamilia extensa), educación formal, capacitaciónlaboral, etc.Cuando los menores son capturados se lesinstitucionaliza de manera legal en centros parainfractores de la ley penal en programas dereeducación, pero el tratamiento es inadecuado,ignora su condición de víctimas y desconoce el interésprevalente de la infancia. Cuando las autoridadesreciben niños desertores o entregados por gruposarmados los institucionaliza de manera ilegal einadecuada, desconociendo también sus derechoscomo menores de edad y los derechos que la ley lesconcede por haber abandonado las filas de la guerrillade manera voluntaria. 22La Defensoría del Pueblo ha llamado en reiteradasocasiones la atención sobre la calidad de la atencióny sobre el tratamiento dado por el Gobierno Nacionaly otras entidades del Estado a la situación de estosniños y niñas. Usualmente se ha visto a los niños yniñas ex combatientes como menores de edad quedeben ser atendidos en “programas y centros parainfractores de la ley penal”.El tratamiento que se les da en la práctica contradiceel que han propuesto entidades oficiales, organismosinternacionales y ONGs nacionales, concebido comorespuesta integral para la adecuada reconstrucciónde sus vidas. En este sentido fue suscrito un Acuerdode Voluntades 1996 por diversas entidades delEstado, el cual contemplaba subsidios educativos yotros programas, los cuales dos años después tienenpocas o inexistentes realizaciones, explicables porla falta de voluntad política de los funcionariosencargados de velar por los derechos de los niños yniñas desvinculados de la guerra pero también por lafalta de preparación para abordar el fenómeno,comprendiendo la situación de estos menores deedad como víctimas y no como delincuentes. 2422 La Defensoría del Pueblo señala que los apoyos económicos establecidos enel Plan Presidencial para la Reinserción no han sido aplicados para niños y niñasdesvinculados de la guerra y explica así la razón de esta desprotección: “lo anteriorse debe entre otras causas, a que muchos Defensores de Familia y Jueces deMenores y Promiscuos de Familia, tratan a los niños desvinculados como infractoresde la ley penal imponiéndoles medidas de reeducación en centros cerrados o deprotección, situación que además de privarlos de la libertad sin proceso deinvestigación, desconoce su condición de desvinculado del conflicto armado loque les da ciertos derechos cuando el proceso de entrega es voluntario”. La ley418 de 1997 (artículo 50) contempla medidas de favorabilidad jurídica para menoresde edad que voluntariamente abandonen las filas de organizaciones armadas quehayan sido reconocidas por el estado como actores políticos del conflicto armado.Sin embargo hay que anotar que a los niños y niñas que voluntariamente abandonenlas filas de grupos paramilitares no tienen esta protección especial en virtud de lacitada ley. No obstante su condición de menores de edad no reduce sus derechosa un tratamiento como víctimas del conflicto armado. Cfr. Defensoría del Pueblo,La Niñez y sus Derechos, Boletín No. 5, pp. 5-7.23“Para los profesionales, los niños pasan de la admiración al recuerdo, se integrana las actividades académicas o a los talleres, pero en su mente sigue rondando lafantasía de la guerra, porque no hay trabajo psicológico para romper la atadura conlas armas y las acciones anteriores: el pasado no lo tocamos, no lo sabemosmanejar, ellas son muy calladas´. Y como no hay trabajo psicológico para elaborarel desprendimiento del conflicto armado y la relación que ellos tenían con el arma,en los niños persiste la ilusión de volver a pertenecer a un grupo armado: “Le voya ser muy honesto, por ejemplo si los paramilitares me buscan yo pienso trabajarcon ellos, porque es la única forma de volver a trabajar con una ley, ellos ganansueldo y mantienen en la casa. Con la guerrilla no vuelvo, en cambio con losparamilitares sí porque a mí me gusta pelear”. Ibid., p. 15.24“...El Fondo Educativo sólo fue utilizado en 1997 por un niño, lo que se debe enparte, a la negligencia de los Defensores de familia quienes en representación delos niños desvinculados, deben diligenciar con ellos el formulario de solicitud yenviarlo al ICETEX para su aprobación. Pese a esta situación, en julio de 1998nuevemente la Dirección Nacional del ICBF capacitó a los Defensores de Familiaen Medellín para que aplicaran los formularios que ellos representan”. Ibid., p. 5.

La Defensoría del Pueblo ha cuestionado losprocedimientos con los cuales las niñas y niños, enel momento de ser recibidos por autoridades, recibenun cubrimiento de prensa que los identifica(procedimiento que viola normas de salvaguarda delos menores de edad) y los somete al riesgo deajusticiamiento por parte de las organizaciones a lasque pertenecían, al señalamiento y discriminación.Ha cuestionado también la calidad de la atención delos centros de reeducación y protección que prestanestos servicios mediante convenios con el ICBF.Hay instituciones que albergan niños y niñasamenazados y no cuentan con infraestructura segurapara su protección. En la mayoría de estos centrosse les ofrece un tratamiento igual a la de los demásmenores de edad internos con la justificación de quelos funcionarios no pueden dar un trato discriminatorio,mejores posibilidades a unos niños y niñas que a losdemás. Esta igualdad de trato es justamente unadiscriminación en tanto no reconoce en estosmenores de edad a víctimas de la guerra querequieren un programa especial para lareestructuración de sus vidas. 25Niñas y niños víctimas de atentados contrala vida, la integridad y la dignidad personal.Crímenes perpetrados contra niños y niñas en elcontexto del conflicto armado.En Colombia se registran hechos de violenciaespecíficamente dirigida contra niñas y niños por susupuesta o real participación en las actividades de laguerra o por su pertenencia a regiones y gruposhumanos señalados como zonas de apoyo social aalguna de las partes del conflicto 26 . La Defensoríadel Pueblo ha registrado denuncias de torturas contraniños y niñas por haber sido miembros deorganizaciones guerrilleras o por ser familiares decombatientes, 27 lo cual constituye una grave violacióna las normas del Derecho Internacional Humanitario.Las partes del conflicto agreden a menores de edadcomo retaliación por servir real o supuestamentecomo colaboradores de sus enemigos. 28 En elconflicto armado se registran casos de niños y niñasejecutados por las partes junto a sus padres o a otrosadultos, en hechos fríamente calculados comomecanismo de intimidación y terror.25“Tanto par los funcionarios como para los directores de las instituciones resultónovedoso el término desvinculado del conflicto armado, de hecho, el Acuerdo deVoluntades es totalmente desconocido, para referirse a los niños y niñas lo hacencomo “guerrillera” o “niño paramilitar” y le dan el mismo trato que a un infractor”.Ibid., p. 12.26“Entre octubre de 1998 y septiembre de 1999, por lo menos 54 niños y niñasfueron víctimas de la violencia sociopolítica (2.63%) [ del total de las víctimas eneste periodo]; es decir, un menor murió cada cuatro días, disminuyendo en un díael promedio del periodo anterior (octubre de 1997 a septiembre de 1998). Del totalde estas víctimas, 45 murieron por ejecuciones extrajudiciales y homicidios políticos;cuatro fueron desaparecidas de manera forzada; una murió en homicidio contrapersona marginada, y cuatro murieron por causa directa del conflicto armado”.Comisión Colombiana de Juristas, Panorama de los derechos humanos y delderecho humanitario en Colombia : 1999, Informe de avance, Bogotá, septiembrede 1999, p. 8.27“...la Defensoría del Pueblo obtuvo testimonios según los cuales las hijas e hijosde guerrilleros han sido perseguidos, detenidos ilegalmente y en ocasiones torturadospor miembros de la fuerza pública –DAS, Ejército y Policía- como método depresión contra sus padres: “Una niña de 9 años fue torturada en un batallón delejército delante de su madre, hoy presa política, para que ésta confesara sumilitancia en el grupo armado; tres niños menores de 10 años fueron detenidos enla sede del DAS, en una ciudad intermedia, durante varias horas, y fueroninterrogados por las labores de sus padres, ambos pertenecientes al ELN, hoypresos en cárceles del país. Los niños vivían con sus abuelos y, pese a quecontinúan siendo hostigados, su familia no ha querido denunciar porque les vapeor”. Defensoría del Pueblo, La Niñez y sus Derechos, Boletín No. 4, Santafé deBogotá, Junio de 1998, p. 15.28“En septiembre de 1997...en Saravena (Arauca)...un embolador (lustrabotas) de14 años fue asesinado por la guerrilla, al parecer porque ésta descubrió que el niñoutilizaba su labor para obtener información y dar parte al batallón del Ejército queopera en la zona. En enero de 1998, un niño de 15 años se entregó a las autoridadesen Antioquia, indicando que la guerrilla lo obligaba a utilizar su trabajo comolustrabotas para obtener información que les fuera de utilidad”. Ibid, p. 12.

Las partes del conflicto agreden a menores de edadcomo retaliación por servir real o supuestamentecomo colaboradores de sus enemigos. 28 En elconflicto armado se registran casos de niños y niñasejecutados por las partes junto a sus padres o a otrosadultos, en hechos fríamente calculados comomecanismo de intimidación y terror.Entre un grupo de miembros de las comunidades depaz de Urabá, asesinados en el mes de abril de 1999por organizaciones paramilitares, estaba un niño decinco años. Guerrilleros del ELN han ejecutado a unalarga lista de niñas por sostener relaciones de amistado noviazgo con miembros de la policía o del Ejército. 29Otros niños y niñas han muerto en circunstancias enlas cuales no hay un acto premeditado contra losmenores pero que no son menos graves.En el atentado dinamitero al oleoducto en La Machuca(Antioquia, septiembre de 1998), niños y niñasmurieron incinerados y otros quedaron heridos,desfigurados hasta no ser reconocibles por susfamiliares.En retenes de la fuerza pública y de la guerrilla hanmuerto niños cuando los soldados o guerrillerosabrieron fuego contra vehículos que no hicieron elpare. En otras ocasiones los combates entre laspartes se han registrado teniendo en medioinstalaciones civiles: escuelas, viviendas, poblacionesenteras. Las tomas y asaltos de municipios por partede la guerrilla y de los paramilitares, han cobrado lavida de niños y niñas.En algunas ocasiones las partes del conflicto hanutilizado escuelas como lugar para acampar o instalansus bases o guarniciones al lado de éstas utilizandoa los niños y niñas como escudo protector. En algunasescuelas urbanas las Fuerzas Armadas han logradoel nombramiento de maestros soldados, hecho quepone en riesgo a los niños y niñas al permitir lapresencia de uniformados en una instalación civil yhace prever la eventual utilización de las niñas y niñospara obtención de información. 30Niñas y niños secuestrados.Según la Fundación País libre, una organización nogubernamental que lucha contra el delito delsecuestro, durante 1995, 1996 y los primeros 8 mesesde 1997, se registraron 439 casos de secuestro deniños y niñas. De esta cifra el 86% corresponde aplagios realizados por autores desconocidos o por ladelincuencia común. El porcentaje restante (14%),que corresponde a 59 casos, fue responsabilidad deorganizaciones guerrilleras, discriminado así: FARC,27; ELN, 27; Frente Jaime Bateman Cayón, 2; EPL,2; Milicias Populares, 1. 31Según reportes de la Policía Nacional conocidos enel mes de abril del año 2000, en los cuatro primerosmeses del año, 56 niños y niñas fueron secuestrados.El informe no establece el porcentaje deresponsabilidad de los grupos armados queintervienen en el conflicto en estos secuestros.28“En septiembre de 1997...en Saravena (Arauca)...un embolador (lustrabotas) de14 años fue asesinado por la guerrilla, al parecer porque ésta descubrió que el niñoutilizaba su labor para obtener información y dar parte al batallón del Ejército queopera en la zona. En enero de 1998, un niño de 15 años se entregó a las autoridadesen Antioquia, indicando que la guerrilla lo obligaba a utilizar su trabajo comolustrabotas para obtener información que les fuera de utilidad”. Ibid, p. 12.29La Comisión Colombiana de Juristas consigna en su informe de derechoshumanos de 1995 que en los municipios de Saravena y de Barrancabermeja(Departamento de Santander) se acusa a esta organización por el asesinato deonce mujeres, por ser amigas o novias de miembros de las fuerzas armadas. Entrelas víctimas había niñas entre los 14 y los 17 años. Cfr. Comisión Colombiana deJuristas, Colombia, derechos humanos y derecho internacional humanitario: 1995,p. 43. Esta práctica continúa registrándose, ahora acentuada en el municipio deSan Carlos (Departamento de Antioquia).30“Algunos efectivos de las Fuerzas Armadas han amenazado a los niños con“cortarles las orejas si no les decimos dónde está la guerrilla”. Los compran condulces, leche condensada y bombones. Los militares se acercan a las escuelaspara buscar información y, a cambio de cualquier chocolate, a los muchachosles gusta colaborar”. Defensoría del Pueblo, La Niñez y sus Derechos, BoletínNo. 2, p. 16. Los testimonios aquí corresponden a expresiones de niños ymaestros de una escuela rural.31Cfr. Fundación País Libre, Colombia secuestra su futuro, Boletín de análisisde riesgo de secuestro de menores de edad en Colombia, Santafé de Bogotá,Octubre de 1998.

Niñas y niños desaparecidos.Según la Comisión Intercongregacional Justicia y Paz,de los 107 niños y niñas que fueron víctimas de laviolencia por razones políticas, durante 1995, el 2%(3) fueron desaparecidos. En 1996 se registró un casode este crimen equivalente al 3% de las víctimasinfantiles. 32 En 1997 del total de desaparecidos(2.217) El 25.57%, equivalente a 567 personas, eranmenores de edad. De esta cifra sólo el 43% (248menores de edad) fueron ubicados con posterioridadal reporte como desaparecidos. 33 Entre octubre de1998 y septiembre de 1999, cuatro menores de edadfueron desaparecidos forzosamente. 34Niñas y niños desplazados por el conflictoarmado:Más de la mitad de los desplazados (64.7%) por elconflicto armado colombiano son niñas y niños. Enocasiones son huérfanos y quedan separados de todao parte de su familia en el momento de la salida. Hantenido que sufrir enormes penalidades 35 endesplazamientos masivos o individuales atravesandoregiones en guerra, territorios inhóspitos y muchasveces con riesgo permanente para sus vidas eintegridad personal en lugares transitorios de arribo.Los niños y niñas desplazados llegan a campamentosimprovisados en escuelas, coliseos, carpas, o acasas de familiares y amigos en ciudades capitalese intermedias. Las niñas y niños temen seridentificados como desplazados, sus propios padresles enseñan a no dar datos sobre su situación portemor a ser perseguidos en su nuevo lugar devivienda.32Cfr. Defensoría del Pueblo, La Niñez y sus Derechos, Boletín No.3, Santafé deBogotá, Septiembre de 1997, pp. 12-13.33Defensoría del Pueblo, La Niñez y sus Derechos, Boletín No. 4, p. 40. Esteúltimo dato de la Defensoría del Pueblo no discrimina con exactitud casos dedesaparición forzada de los reportes de menores desaparecidos.34Comisión Colombiana de Juristas, Panorama de los derechos humanos y delderecho humanitario en Colombia : 1999... p. 8.35“La población infantil desplazada presenta deshidratación, desnutrición crónicay anemia como consecuencia de largas jornadas de camino y hambre. Cuandoprovienen de regiones como Urabá, Caquetá o Putumayo, adolecen también deenfermedades virales, paludismo, dengue hemorrágico y problemas de las víasrespiratoria”. Defensoría del Pueblo, La Niñez y sus Derechos, Boletín No. p22.La magnitud del desplazamiento forzadoEntre 1985 y 1999 : 392.000 hogares, quecorresponden a una población aproximada de1.900.000 personas, de las cuales 1.100.000 eran(o son) menores de edad.Entre 1985 y 1994 el desplazamiento forzadoafectó a 450.000 niñas y niños.Entre 1995 y 1999 fueron desplazadosforzosamente 650.000 menores de edad.Desplazados de 1998 : 308.000 personas, deellas 172.480 eran niños y niñas.Desplazados de 1999 : 264.000 personas, deellas 52.000 eran niños y niñas.Datos tomados de : Consultoría para los DerechosHumanos y el Desplazamiento Forzado - CODHES, BoletínNo. 25, Desplazamiento Forzado y Derechos de la Infancia,Enero 20 de 2000.Los niños y niñas desplazados han experimentadopérdidas dolorosas, algunas difícilmente reparables.El mundo de relaciones sociales ha sido rotoabruptamente, su entorno ha quedado a la distanciay las posibilidades de crecimiento personal sonmucho más complicadas. Han interrumpido susestudios en el momento del desplazamiento y en losnuevos sitios de ubicación no hay cupos suficientesen los establecimientos educativos. La dificultad decupos se registra en zonas urbanas, en las rurales“ya no hay quien eduque ni a quien educar”. 36La deserción es alta (el 40% según CODHES) puesen muchos casos deben trabajar para ayudar a lasubsistencia de sus familias.36Ibid., p. 24.

Sus condiciones de vida en los nuevos lugares deresidencia son adversas por la extrema pobreza queimpide una alimentación adecuada, por lascondiciones de higiene en barrios subnormales sinacueducto, alcantarillado y recolección de basuras,por el señalamiento como sospechosos de hacerparte de las organizaciones armadas y por las pocasoportunidades que toda la población desplazada tieneen materia de vivienda, trabajo, educación y salud.Según la Defensoría del Pueblo los problemas desalud más frecuentes de las niñas y niños en estasituación son las enfermedades diarréicas agudas,respiratorias, de la piel y desnutrición. Sobre éstaúltima el estudio de la Defensoría muestra que de1.027 niñas y niños desplazados que presentansíntomas de desnutrición, contabilizados en un barrio,393 (38%) lo estaban en alto grado. Encontró tambiénque el 67.5% no tenían ningún tipo de afiliación alsistema de salud. 37 La salud mental también presentagrandes fisuras. La experiencia del terror, haber sidotestigos de hechos violentos especialmente atroces,la persecución a los miembros de sus familias o lasagresiones directas contra niñas y niños ocasionandisfunciones psicoafectivas.Las niñas y niños desplazados soportan el peso delestigma y la discriminación. Su condición depoblación que ha huido por las amenazas de algunade las partes del conflicto es interpretada como signode su participación en el conflicto. Funcionarios delEstado han contribuido a generar este ambiente dehostilidad frente a los desplazados cuando hancerrado sus puertas a grupos en proceso dereubicación.37Cfr. Defensoría del Pueblo, La Niñez y sus Derechos, Boletín No. 4, p. 23.“Uno sale al parque y le dicen:allá van los desplazados, los de la mismarosca, los mismos guerreros de abajo...y quién se va a pararles bolas, si eso noes cualquier cosa,por algo será que se vinieron de por allá.Pero uno se siente mal, porque uno está por acáy le provoca salirse, uno no está porquepertenezca a ninguna clase de grupos, ni nada...A los niños también les dicen:los hijos de los desplazados, más muertos de hambre,vienen aquí a pedir y viendo que no tenemosni para nosotros..” 3838 Defensoría del Pueblo, La Niñez y sus Derechos, Boletín No. 5 p25La acción estatal y del Gobierno Nacional en particularpara atender a la población desplazada, y de modoespecial a los niños y niñas que padecen estefenómeno, tiene grandes debilidades y carencias. Lasprincipales deficiencias, según el estudio de laDefensoría del Pueblo, son las siguientes 39 :a) Las respuestas de las entidades oficiales se hancentrado más en remedios de emergencia, que nollegan a toda la población desplazada, que ensoluciones estructurales y de fondo; b) No se hancreado en todos los municipios los comitésmunicipales de atención a los desplazados, lo cualimpide la coordinación interinstitucional; c) El registrode la población desplazada está a cargo del Ministeriodel Interior, este procedimiento se convierte enocasiones en el dato más importante, por encima dela realidad misma de la condición de desplazado porel conflicto armado; d) Con frecuencia la ayudahumanitaria se condiciona a la aceptación dereubicación o retorno, según la decisión de lasautoridades, lo cual viola el derecho de losdesplazados a estar protegidos contra las amenazasque suscitaron la salida forzada;39Cfr. Defensoría del Pueblo, La Niñez y sus Derechos, Boletín No. 5, pp. 27-30.

e) Las solicitudes de apoyo financiero para propuestaseconómicas son rechazadas cuando las familias laspresentan por separado, sólo se consideran laspropuestas de varias familias (propuestas colectivas),desconociéndose que buena parte deldesplazamiento se hace por unidades familiares; f)Si bien es cierto que el ICBF ha prestado ayuda deemergencia a los niños y niñas desplazados, esteapoyo alimenticio se ha hecho cuando losdesplazados están en recinto cerrado o se inscribendentro de programas tradicionales o institucionales.En situaciones de éxodos o de ubicación en recintosabiertos el apoyo no se ha dado.“...si en una base hay muchos hombres, y ellasestán solas, los hombres abusan de ellas y nadielas defiende ni nada, entonces es mejor teneruno a alguien que la cuide y todo eso (...) Losparamilitares abusaban de las muchachas, sí,mientras yo estuve vi muchos casos de sardinas[jóvenes]. Ellas dicen que no, porque yo hablabacon ellas y les decía ¿él la cogió a la fuerza ?,porque a mí eso me parece terrible, yo me iba apelear con el que fuera, y ellas me decían no, esono fue así, sino que él llegó hasta donde yoestaba...pero la verdad es que eso era violación,porque a ellas les tocaba, qué más podían hacer,quién las iba a defender”. 4141 Defensoría del Pueblo, La Niñez y sus derechos, BoletínEl ICBF ha negado apoyo alimenticio argumentandoque ésta es función de la Cruz Roja. La Defensoríadel Pueblo ha recordado a esta entidad oficial queestá obligada a prestar apoyo alimenticio deemergencia a los niños, niñas y adolescentesdesplazados. 40Violencia por discriminación de género yexplotación sexual dentro del conflicto armado:Las niñas enlistadas en las filas de combatientesreciben un tratamiento que denota discriminación yagresiones directamente ligadas a su condición degénero. Los testimonios recogidos por la Defensoríadel Pueblo permiten constatar que las niñas en lasorganizaciones paramilitares deben pagar confavores sexuales a los comandantes para evitarabusos y violaciones de los miembros de estasorganizaciones.La Defensoría del Pueblo ha consignado en susinformes signos de discriminación de género en lasorganizaciones guerrilleras. Según los testimonios deniñas desmovilizadas existen prácticas de “asignarmarido”, contrarias a la libertad personal en esteaspecto del desarrollo personal. Así mismo seatribuye a las mujeres la responsabilidad por el controlde la fertilidad y las sanciones en las relaciones depareja recaen con más fuerza sobre las mujeres encasos de infidelidad. 42Efectos generales del conflicto armado sobre lapoblación infantil en zonas de conflicto armadomEn zonas de alta confrontación los niños y niñasmuchas veces se quedan sin maestros y personalde salud, ante las amenazas que estos profesionalesreciben. 4340 “Una de las instituciones con mayor compromiso en la atención a desplazadoses el ICBF que según sus lineamientos internos enfoca la atención social, humanitariay psicoafectiva durante los momentos del desplazamiento y reasentamiento. Escompetencia de las regionales del Instituto apoyar el censo municipal dedesplazados, crear grupos de soporte, hacer seguimiento, canalizar accionesinterinstitucionales y suministrar alimentos...No sobra recordarle a los servidoresdel Instituto que por Ley 387, están en la obligación de suministrar ayuda deemergencia a las niñas, niños y adolescentes desplazados por la violencia, sinolvidar de otra parte, que se trata de acciones humanitarias”. Ibid., pp., 29.30.42Cfr. Defensoría del Pueblo, La Niñez y sus Derechos, Boletín No. 2, p. 7.43El 13 de marzo de 1996 guerrilleros de las FARC atacaron el puesto de Policía delmunicipio de Chalán, Departamento de Sucre. Once uniformados murieron en elataque. Al mes siguiente los educadores de 14 centros docentes de Chalánentraron en cese de actividades como protesta contra la violencia que habíaafectado también a los educadores. A finales de julio de 1999 el diario El Colombianoinformaba sobre el bloqueo de trabajadores de la salud en 13 municipios deAntioquia, impuesto por los grupos armados. En más de un año no habían ingresadoen Frontino, Dabeiba, Urrao, Vigía del Fuerte, Murindó, Remedios, Segovia, Ituango,Peque, Buriticá, Sabanalarga, Briceño y parte de Cañasgordas. Según la Direcciónde Salud de ese Departamento, desde 1995 habían sido asesinados 16 trabajadoresde la salud a manos de la guerrilla y grupos paramilitares. Cfr. El Colombiano, julio28 de 1999.

Los acontecimientos de la guerra haninterrumpido la vida cotidiana de la población,bloqueando las vías e impidiendo en muchos casosel suministro de víveres, con lo cual se pone en riesgola seguridad alimentaria de las niñas y niños.Las minas antipersonales (conocidas como minasquiebrapatas) lesionan con amputaciones, cegueray otros graves traumatismos a niños y niñas. En loscampos de Colombia muchos niños y niñas realizantrabajos agrícolas junto con sus padres, algunastareas como el cuidados de reses y recolección deleña les son especialmente encomendadas a losmenores. En estas circunstancias y con el agravantede que las minas van cambiando de lugar por laerosión y las lluvias, los niños y niñas son blancosvulnerables.Hay que anotar que en los niños y niñas el efecto dela explosión de estos artefactos es mucho más letal.Además de las minas están las municionesexplosivas abandonadas por descuido o dejadas enmedio de los combates. Por curiosidad, al parecersea una piña o a algún juguete, los niños y niñas lasmanipulan produciendo una explosión accidental.En Colombia hay vacíos de información en cuanto alnúmero de niños y niñas heridos por minasantipersonales y otras armas explosivas. LaDefensoría del Pueblo logró mediante una encuestaa 98 hospitales del país determinar 44 casos demenores de edad víctimas de algún artefactoexplosivo, 23 en 1995 y 21 durante el primer semestrede 1996. El 7% de los menores de edad (3) murieroncomo efecto de la explosión. Existen reportes de estosaccidentes, de los cuales son responsables las partesdel conflicto, en regiones como el Magdalena Medio,sur de Bolívar, Huila, Caquetá, Cundinamarca,El efecto más devastador del conflicto armado sobrela población infantil que vive en las zonas de altaconfrontación es la formación de imaginariosfavorables a la violencia. Los niños y niñas aprendencon facilidad que las armas dan la “razón”, que lafuerza convertida en violencia ofrece espacios dereconocimiento y que, en actos de atrocidad en losque el cuerpo de los enemigos se mutila, quedaestablecido que la violencia se ejerce sin límites nicontrol.“Ahora que pienso de la muerte,de haber matado,de haber intentado matar gente,sólo puedo pensar que quiero cambiarla vida, irme para otro lado,hacer otras cosas...aunque ahora no esque piensemuy mal de la guerrilla.Eso es como todo, porqueel Ejército no es tan bueno.Ellos cogieron a un chino [muchacho] cuandoestaba de civil y lopicaron a cuchillo.El muchacho tenía 15 años,le dieron permiso para ir a donde la novia,y en el momento que estaba allá lo agarraron.Lo picaron vivo, le sacaron la lengua y lo dejaronvuelto pedazos, luego encontraron pedazos dehuesos de la cabezay con un cuchillo le sacaron pedazos decarne de una pierna.A veces pienso que me gustaría participar denuevo en la guerra, pero con el Ejército,prestando servicio.Aunque también quisiera trabajar...No sé si puedavolver a matar. Depende, porque si me van a dar,yo doy primero”. 4545Defensoría del Pueblo, La Niñez y sus Derechos, Boletín No. 2, p. 23.Historia de Vida, Juan Camilo.Boyacá, Santander, Antioquia y Tolima. 4444Cfr. Defensoría del Pueblo, La Niñez y sus Derechos, Boletín No. 3,pp14-15.

Una crítica alconflicto armadodesde el corazónde la infancia.En el conflicto armado colombiano las partesreivindican legitimidad para el ejercicio de las armas,por la defensa del orden establecido o por la consignade una nueva estructuración de la sociedad y delEstado. Todas las partes del conflicto afirman suinterés por la paz, su voluntad de acoger las normasy principios del derecho internacional humanitario,aunque con las reservas y formas particulares deentender lo que ello significa. Sin embargo lalegitimidad del uso de las armas queda desdibujado,para todas las partes sin excepción, en tanto utilizana los niños y niñas para sus fines y estrategiasmilitares.La utilización es la forma más brutal deldesconocimiento de la dignidad personal de las niñasy niños. Los menores de edad no cuentan, carecende importancia aunque comandantes de lasorganizaciones guerrilleras digan que son losconsentidos de sus filas, aunque los comandantesde las bases militares del Ejército afirmen que en ellasno hay niños y permitan que sean utilizados comoguías, informantes, delatores o que unidades militaresse escuden en la presencia de los niños. Los niños yniñas no cuentan, valen poco, cuando se consideraque ellos deben detectar con su cuerpo las minasquiebrapatas o sembrarlas, cuando se justifican lasmisiones porque en el frío intenso de los montes nohay voluntarios y llegan de cualquier edad, conhambre, perseguidos, seducidos por las armas o porel poder de quienes las usan. Los niños y niñas sonobjetos que se usan y desechan, se puede dictarcondenas de muerte sin consideraciones a sucondición de menores de edad víctimas de la guerra.Las niñas pueden ser usadas para favores sexualesa cambio de protección en las bases paramilitares ose ordena desde los campamentos guerrilleros sueliminación si aman a soldados o policías.Poco importa para los guerreros que los niños y niñasse quedan sin escuela y sin salud, sin vacunas, sinregistro civil, sin alimentos por las restricciones queimponen los combates y las limitaciones para laprovisión de remesas. El conflicto armado cuestasumas exorbitantes en las que sobresale el excesode gasto militar mientras la infancia del país y ampliossectores sociales no tienen las condiciones mínimaspara llevar una vida con dignidad. Aquí la guerraexpresa también toda su crudeza y perversión.Mientras se oyen cantos de guerra las oportunidadespara crecer les son quitadas a las nuevasgeneraciones de Colombia.Llevamos ya 35 años de la guerra, conflicto potenciadocon fenómenos como el narcotráfico y la apariciónde organizaciones paramilitares. En toda esta historialos niños y niñas crecen en el imaginario de laviolencia, en el amor a las armas que a veces adoptael lenguaje de los noviazgos. Las niñas y niños deColombia se han acostumbrado a crecer con la guerray otras formas de violencia, interiorizando lasprácticas más inhumanas como parte de sucotidianidad, como respuestas normales y al alcancede la mano.Todos los niños y niñas afectados por el conflictoarmado, como agresores o agredidos, son víctimas.La responsabilidad de su situación, la responsabilidadpor la destrucción de su interioridad, por la ruptura desu espíritu, es de la sociedad adulta, de los mandosde las partes del conflicto que permiten o propician

todos los actos de agresión contra niñas y niños, yes responsabilidad del Estado colombiano con todassus instituciones y particularmente es responsabilidadpor acción, omisión o negligencia, del Ejecutivo y delos funcionarios y entidades que lo representan.Es imprescindible desnudar, hasta su más profundaentraña los cantos gloriosos de la guerra, develar todala perversión y destrucción de humanidad que seentreteje en los acontecimientos del conflicto armado,escuchar los relatos de dolor que no coinciden con elesplendor de las historias épicas. La guerra degradaa los seres humanos que participan en ella e inclusodestruye la vida, la interioridad y los valores depoblaciones numerosas que sin participar en lashostilidades deben afrontar las consecuenciasdirectas e indirectas de la confrontación. Pero si bienla guerra envilece a los adultos es mucho másmonstruosa en los ojos y el corazón de los niños yniñas.El diccionario define la palabra vergüenza como“turbación del ánimo que suele encender el color delrostro, ocasionada por alguna falta cometida, o poralguna acción deshonrosa y humillante, propia oajena...acción que por indecorosa, cuestarepugnancia ejecutar, o deja en mala opinión al quela ejecuta”.En Colombia hay normas, pese al vacío de leyes paraproteger a los niños y niñas de los efectos del conflictoarmado, hay acuerdos de las instituciones oficiales,hay estudios, denuncias, grandes esfuerzos, pero nohay un sentimiento colectivo de vergüenza que pongafin al horror de la infancia que es victimizada en laguerra. Apelar a la vergüenza como un sentimientocapaz de movilizarnos para detener el horror significaafirmar que relatos como los siguientes constituyenuna acción deshonrosa y humillante, tanto propiacomo ajena, que nos sonroja la cara.“Donde yo no matara a ese man me mataban a mí.Los mandos me dijeron que era hora de probarlesmi lealtad, que ya llevaba seis meses en laorganización, que tenía una tarea. Para esehomicidio se juntaron con gente del EPL.Era mi primer asesinato, yo había estadoentrenandodurante un mes y me parecía una chimba estarhaciendo tiros, polígonos, entrenarme paraataques antiaéreos...pero nunca le había disparadoa nadie. Yo empece a darme cuenta que el tipo erabuena gente, que se acercaba mucho y no teníamedidas de seguridad, que la gente lo llamaba y éliba. Así que yo lo llamé para un rincón alláen la cancha, en medio de una manifestación,y le dije, ...venga que le tengo una razón.El vino y mientras él venía yo pensaba:lo mato, no lo mato, lo mato, no lo mato...las manos me sudaban. Yo no podía mirarloa la cara, entonces le dije, mire ahí le mandan.Y le entregué una propaganda del ELN.Eso lo hice además porque tenía que dejaresa propaganda después de matarlo, entoncesse la entregué y cuando se puso a mirar yo ledisparé pum, pum, pum. Le pegué tres tiros ysalí corriendo. Después vino un man del EPLy lo remató. Luego me di cuenta que él tenía hijospequeños, de meses... eso es lo que me ponea pensar ahora...ahora no sé qué pienso dela muerte... es algo que algún día tiene que llegar”. 46“Me gustan los paramilitares porque eran losque más mandaban en la zona. Yo era el quecuando mataba a alguien para mí era el día másfeliz de mi vida, en esos momentos me sentía felizy cuando me decían que esta semana no puedematar, yo era aburrido, no sabía ni qué hacer”. 4746Defensoría del Pueblo, La Niñez y sus Derechos, Boletín No. 4, p. 14.Testimonio de un niño que ingresó a la guerrilla a los 14 años.47Defensoría del Pueblo, La Niñez y sus Derechos, Boletín No. 5, p.9.

Propuestas paraayudar a poner fina los efectos de laguerra sobre lainfanciacolombiana.Las siguientes propuestas y recomendacionesrecogen en buena medida las presentadas durantelos últimos años por las Naciones Unidas, a travésdel Estudio (1995-1996) sobre el Repercusiones delos Conflictos Armados sobre los Niños, dirigido porla Sra. Graça Machel, experta nombrada para tal fin,y particularmente las recomendaciones expresadasa través de la Consulta Regional para América Latinay el Caribe, realizada en abril de 1996, como partedel Estudio.Este documento recoge también lasrecomendaciones y esfuerzos realizados porUNICEF – Colombia para evitar y mitigar los efectosdel conflicto armados sobre la infancia, y lasrecomendaciones de la Defensoría del Pueblo,entidad del Estado que con el apoyo técnico yfinanciero de UNICEF y la Fundación de EducaciónSuperior – FES, ha desarrollado el Sistema deSeguimiento y Vigilancia de los Derechos de la Niñez,proyecto que hasta la fecha ha entregado 5 boletinesen los cuales el tema del conflicto armado y losderechos de la infancia en el contexto de guerra hasido uno de los más importantes.Entre las propuestas y recomendaciones siguientesestán también las que suscita la realidad colombianaen su actual coyuntura de eventual negociación ypolarización del conflicto.Al gobierno Nacional y a otras entidades delestado.Aunque la ley que prorrogó la vigencia de la ley 418prohibe la vinculación de menores de edad, elGobierno Nacional debe empeñarse en laconsolidación de normas permanentes que excluyana los niños de las filas de todos los organismos deseguridad del Estado, tanto en el cumplimiento delservicio militar obligatorio como en el ingreso a lacarrera militar. Para tal efecto resulta conveniente laderogatoria del artículo 10 de la ley 48 de 1993 (leysobre reclutamiento).El gobierno de Colombia no sólo debe prohibir elreclutamiento de menores de edad como unadecisión política interna, tiene también un ineludiblecompromiso con la comunidad internacional en tantola Convención de los Derechos del Niño, con lareserva hecha por el Estado Colombiano, prohibe elreclutamiento de menores de 18 años en las FuerzasArmadas.Las autoridades del país, tanto del gobierno como dela rama judicial, tienen la obligación de llevar ante lajusticia y procesar a aquellos que promuevan,organicen, ordenen o permitan el reclutamiento deniños y niñas en las filas de grupos armados, sindistinción del motivo que argumenten los menoresde edad o las organizaciones armadas.Al Gobierno Nacional le compete hacer cumplireficazmente las disposiciones legales y políticaspúblicas adoptadas para la protección de las niñas yniños afectados por el conflicto armado.

El Acuerdo de Voluntades suscrito para la atenciónde menores de edad desvinculados de la guerra, eldocumento CONPES (Consejo Nacional de PolíticaEconómica y Social, documento No. 2804-95) queestablece mecanismos interinstitucionales para laprotección de la población desplazada, las medidasde protección de la infancia afectada por la guerra,contempladas en la ley 418, son responsabilidaddirecta del Ejecutivo.El ICBF debe atender integralmente, sin dilación niexcusas a los niños y niñas desplazados y debereconsiderar el tratamiento dado a los niños y niñasdesvinculados, entendiendo su situación comovíctimas, ofreciendo programas especiales para lareconstrucción de sus vidas por fuera de institucionesde reeducación para infractores de la ley penal.El Gobierno, el Legislativo y las autoridades judiciales,deben llenar el vacío jurídico que rodea a la infanciainvolucrada en la guerra. Para tal efecto el Códigodel Menor debe considerar la situación de los menoresvinculados y desvinculados del conflicto,considerándolos como víctimas y proponiendo unmarco jurídico para la atención del Estado conprogramas especiales para evitar su participación enla guerra y garantizar el ejercicio de sus derechosuna vez desvinculados. Se propone que el GobiernoNacional, en virtud de las facultades que le otorga laley, decrete el indulto para los menores de edad queparticipan en la guerra, durante el conflicto y una vezéste concluya. Las leyes favorables para niños y niñasdesvinculados de organizaciones armadas debeincluir a aquellos que hacen parte de grupos deautodefensa o paramilitares.edad. Esta política de mejoramiento del registro civilpermitiría proveer a las niños y niños de existenciajurídica frente a la sociedad y al Estado para que unavez desvinculados puedan gozar de beneficios jurídicosy sociales, y se facilite el reencuentro yreunificación familiar. Por otra parte se amplia lacapacidad de protección población infantil de regionesafectadas por la guerra.La Defensoría del Pueblo y la Fiscalía General de laNación deben realizar acciones especiales de controly jurisdicción sobre abuso sexual como instrumentode guerra y como violencia contra las niñasinvolucradas en la guerra. Debe ser sancionada todaforma de explotación y discriminación contra las niñasen el contexto del conflicto armado. Por otra parte serecomienda que el proyecto «Sistema de Seguimientoy Vigilancia de los Derechos de los Niños»,desarrollado con apoyo técnico y financiero deUNICEF y la FES, continué como responsabilidad deesta entidad del Estado.El Gobierno Nacional y el poder legislativo tienen laresponsabilidad de revisar cuidadosamente los patronesculturales que inducen a los niños y niñas haciala guerra y otras formas de violencia.Con este propósito recomendamos, tal como losugiere la Defensoría del Pueblo 48 que los niños yniñas no sean involucrados en programas que losidentifican con organismos de seguridad y que se abraun debate público sobre la inconveniencia, para laeducación hacia la paz, de los colegios y academiasmilitares.El Estado debe ampliar y mejorar los sistemas deregistro civil de los niños y niñas en las zonas de altaconfrontación armada, en las cuales hay másposibilidades de reclutamiento de los menores de48“...preocupa que las Fuerzas Armados desarrollen programas para niños, loscuales pese a ser actividades recreativos (pollitos, niños de acero, corabineritos,soldados por un dio, entre otros), de acercamiento de¡ Ejército y lo Policía Nacionala lo sociedad civil, buscan, entre otros cosas, familiarizarías con lo bélico, venderlesesta alternativo heroico que prepara uno conciencia predispuesto o lo cultura de losarmas. Existe un temo que no fue posible tratar en esta oportunidad. Es el que serefiere a los colegios y escuelas militares, los cuales reproducen lo vida militar enlo etapa escolar de los niños y adolescentes-. Defensoría de¡ Pueblo, Lo Niñez ysus Derechos, Boletín No. 2, p. 16.

Igualmente deben ser revisados los fuertes contenidosde violencia en la televisión colombiana asícomo la ética en el manejo de la información y el papeldel sistema escolar y de la familia en la reproducciónde esquemas de violencia, y que este examen culturalincluya a profesionales de todas las cienciassociales, educadores, padres de familia, y porsupuesto, el aporte crítico de los niños, niñas yadolescentes.de la infancia, como escuelas y jardines infantiles)por la utilización de armas devastadoras de efectosindiscriminados. El reclutamiento forzado de menoresde 18 años debe ser erradicado como práctica detodas las partes del conflicto. No son suficientes lasdeclaraciones públicas sobre la intención de acatarestas normas, solamente el cumplimiento de ellases señal de voluntad política para proteger a la infanciade la guerra.El Gobierno Nacional con el Ejecutivo y el Legislativodebe acelerar el proceso de ratificación de laConvención de Otawa, sobre Minas Antipersonales,e incluir este tema en las agendas de la negociaciónde paz con los grupos armados.El Gobierno Nacional debe priorizar e implementarlas políticas públicas y los programas para atender ala población desplazada, suscritos en el documentoCONPES No. 2924 del 28 de mayo de 1997, enespecial a la población infantil. Para ello debe disponerde un sistema de Alerta Temprana que posibilite laprevención y la atención de las posibles víctimas deeste fenómeno.A las partes del conflictoA la sociedad colombianaLa sociedad colombiana debe jugar un papelimportante en los esfuerzos por la paz. De hechosectores organizados de la sociedad civil han realizadoenormes esfuerzos para propiciar lanegociación del conflicto y humanizar la confrontaciónmientras ésta subsista. Proponemos que comocontinuidad del Mandato Ciudadano por la Paz de1997, la sociedad civil impulse en las audienciaspúblicas del proceso de negociación con las FARC yen los diálogos de la Convención Nacional propuestapor el ELN, el tema de la infancia en el conflicto armado,exigiendo que los niños y niñas no seaninvolucrados en la guerra y que se dé atención a todala infancia afectada por la confrontación.El Gobierno Nacional y los grupos armados debenestablecer en todas las agendas de negociación,como punto prioritario, el tema de la no vinculaciónde los niños y niñas en el conflicto armado.Las partes del conflicto deben cumplir sin excusaslos preceptos del Derecho Internacional Humanitarioy de la Convención de Derechos del Niño, que impidesometer a los niños y niñas a los rigores de la confrontación.En particular deben terminar lossecuestros masivos que incluyen niños y niñas y losataques en los cuáles poblaciones enteras resultandestruidas (incluyendo instalaciones civiles al servicioEl movimiento de la infancia por la paz surgido a partirdel Mandato de los Niños y Niñas por la Paz de 1996,así como otros colectivos de jóvenes que trabajanpor la convivencia pacífica, deben ser protegidos yapoyados por toda la sociedad y por el Estado. Losniños y niñas víctimas de la guerra, en todo tipo deexperiencias, a pesar de sus privaciones ysufrimientos tienen una profunda riqueza y puedencontribuir en las propuestas para alcanzar la paz. 4949‘los propios niños pueden ayudar. En un mundo lleno de diversidad y disparidades,los niños son la fuerza unificadora capaz de lograr que la gente encuentre baseséticos comunes. Los necesidades y aspiraciones de los niños van más allá detodos los ideologías y culturas. Los necesidades de todos los niños son losmismos: alimentos nutritivos, atención sanitario adecuada, una educación apropiado,el alojamiento y uno familia segura y cariñoso. Los niños son o lo vez nuestromotivo poro luchar o fin de que desaparezcan los peores aspectos de lo guerra, ynuestra mayor esperanza de tener éxito’. Nociones Unidas, Repercusiones de losConflictos Armados sobre los Niños, Estudio de la experta Graça Machel, agosto26 de 1996, No. 6.

Por todo ello recomendamos que las voces de losniños y niñas de Colombia sean escuchados en losmedios de comunicación, en eventos públicos y sobretodo, en las mesas de diálogo y negociación entrelas partes del conflicto.el Representante Especial del Secretario General delas Naciones Unidas para los Niños en ConflictosArmados, Sr. Olara Otunnu, quien visitó a Colombia(mayo 30 a junio 4 de 1999) y pudo conocer de cercael impacto del conflicto armado sobre la infancia.A las ONGsLas ONGs han desarrollado trabajos valiosos eimportantes de protección de la infancia de los efectosdel conflicto armado. Pueden seguir contribuyendoen la formación y difusión sobre las normas delDerecho Internacional Humanitario y la Convenciónde los Derechos del Niño, en proyectos de educaciónpara la paz que contribuyan que erradiquen losimaginarios de la guerra en la infancia, en trabajos depresión social para que el Estado en su conjuntoatienda adecuadamente a la niñez afectada por elconflicto y en programas de atención directa a niñosy niños víctimas de la guerra (desplazados,desvinculados, niños y niñas lisiados ... ).A entidades internacionalesLas Naciones Unidas han jugado un importante papelen la denuncia sobre la situación de los niños y niñosen los conflictos armados y ha incluido a Colombiaen sus preocupaciones. Las recomendaciones delEstudio dirigido por la Sra. Graça Machel en 1996,particularmente las expresadas para Colombia en laConsulta Regional de América Latina y el Caribe, 1deben difundirse de nuevo con amplitud.Sugerimos una amplia difusión de las recomendacionesespecíficamente relacionadas con la infancia,expresadas por el Representante del Secretario Generalde las Naciones Unidas para los DesplazadosInternos, Sr. Francis Deng, en su visita a Colombiael mes de abril de 1999. Igualmente debe darsedifusión a las recomendaciones que formuladas porUNICEF ha realizado un trabajo de educación ydifusión sobre los derechos de los niños y niñas, y demanera especial ha desarrollado programas deprotección a la infancia afectada por el conflictoarmado. Por su calidad de organismo internacionaldel sistema de Naciones Unidas, neutral en el conflictoarmado, puede jugar un papel fundamental paraimpulsar la discusión entre las partes del conflicto afin de poner por fuera de él a los niños y niñas. Lacooperación técnica y financiera de UNICEF esespecialmente importante para las acciones delEstado y de las organizaciones de la sociedad civilen todos los campos de atención a la niñez afectadapor la guerra en Colombia.Considerando que la responsabilidad de garantizarlos derechos de los niños y niñas en medio del conflictoarmado corresponde al Estado y a la sociedadcolombiana, la comunidad internacional debe manteneruna actividad vigilante sobre los compromisossuscritos por el Estado colombiano en materia deDerecho Internacional Humanitario aplicable a lainfancia y sobre el cumplimiento de la Convención delos Derechos del Niño. Los programas especialesde atención a la infancia afectada por el conflictoarmado requieren apoyo técnico y financiero, tantopara la acción del Estado como de las organizacionesde la sociedad civil. En este sentido el papel de lacomunidad internacional es de especial importancia.