energia y desarrollo sustentable en america latina y el caribe

Las decisiones contenidas en los planes eranejecutadas por las empresas públicas que constituíanuna prolongación directa del aparatopolítico-administrativo del Estado.Es claro que la eficacia de estos mecanismosestaba afectada por los problemas propiosdel funcionamiento del aparato estatal 2 y/o porsituaciones no previstas en las condiciones delentorno externo e interno (por ejemplo, cambiosen el contexto económico y energéticomundial, modificaciones en el ritmo de crecimientode la economía nacional). Por otra parte,la concepción de la planificación era un actoque concluía con la elaboración del Plan yno como un proceso continuo de revisión y actualización,que al mismo tiempo mejore lascondiciones de viabilidad. Ello también conspirócontra esa modalidad de política energética.Dentro de las nuevas condiciones, la formulacióny, especialmente, la implementaciónde las medidas de política energética tiene uncarácter mucho más complejo dado que:En primer lugar, la mayor descentralizaciónde los procesos de toma de decisiones para laasignación de los recursos en las diferentes actividadesdel sector hace que la intervencióndel Estado, tendiente a orientarlas en funciónde finalidades públicas, deba ser mucho más indirecta.De esta forma, muchas de las medidasadministrativas que eran utilizadas en la situaciónprevia para ejecutar las decisiones contenidasen los planes, ahora deban ser remplazadaspor mecanismos indirectos de incentivo oinstrumentos de política fiscal.En segundo término, la mayor participaciónde actores privados ha introducido cambiosen la racionalidad que orienta las decisiones.Los objetivos de fomento, que tenían unpeso significativo en el desarrollo de las actividadesde las empresas públicas, han sido sustituidospor los criterios vinculados a la rentabilidadempresaria. Incluso las empresas del sectorque han mantenido su carácter público, tienenen la actual situación mayor autonomía dedecisión y la racionalidad que guía su comportamientotiene un carácter más empresarial.En tercer lugar y como consecuencia de losdos aspectos mencionados previamente, aunqueel Estado tiene ahora un rol de regulacióny control, al perder el comando directo sobrelas empresas del sector, se reduce de modo considerablesu poder para imponer objetivos yorientar la dirección de las decisiones. La fuertepresencia de externalidades en el desarrollode las actividades energéticas (entre las másevidentes se encuentran las vinculadas a lasconsecuencias ambientales) constituye una importantefuente de divergencia entre la racionalidadde los actores (empresas privadas o públicasdel sector, usuarios) y los objetivos globalesde la sociedad. El conflicto de objetivos,en el marco de una situación de poder compartidoy de multiplicidad de actores, hace que laconstrucción de la viabilidad para las medidasde política energética resulte mucho más compleja.Por último, la vigencia de sistemas democráticosen los países de la Región hace que latarea de identificación de objetivos y la búsquedade consensos políticos sobre los mismos,presente una mayor complejidad. Al mismotiempo, la precariedad que aún presentan lasinstituciones democráticas y particularmentelos órganos judiciales debilita considerablementeel poder regulatorio del Estado sobre lasactividades de servicios públicos, ahora manejadosde modo descentralizado y con fuertepresencia de grupos privados nacionales otransnacionales, lo que constituye un factorque debilita la capacidad del Estado en la implementaciónde sus políticas energéticas.2 El Estado no puede ser concebido como un actor único, internamente coherente y monolítico en el proceso de elaboracióny ejecución de decisiones. En el plano estrictamente energético, ha sido frecuente que las propias empresas del sectortuvieran mayor poder de decisión que las propias autoridades encargadas de la formulación de las medidas de política. Esdecir que con frecuencia se planteaban racionalidades parciales o totalmente contradictorias en el seno del propio Estado.4