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10El cuadro anterior expresa una realidad en la que la concentración de la explotación de latierra es evidente. La población en un nivel de infrasubsistencia, es decir, que no alcanza aproducir sus alimentos y debe vender su fuerza de trabajo, llega a cerca de 2.500.000 habitantes(más de 400.000 familias). En un nivel de subsistencia, hay aproximadamente 4 millones depersonas (más de 650.000 familias). Sumando ambos niveles, resalta que más de un millón defamilias, la mayoría indígenas, cultivan apenas una quinta parte de la tierra agrícola del país,mientras que al otro extremo, poco más de 10.000 personas (2.000 familias) cultivan el 70% de latierra agrícola.La mayor parte de las familias ubicadas en los sectores de infrasubsistencia ysubsistencia se ubican en terrenos cuya capacidad productiva es limitada y han sidosobreutilizados, con lo que sus rendimientos son bajos y los niveles de degradación del mediose acentúan cada ciclo de cultivo. Estos pobladores en casi su totalidad se encuentran bajo lalínea de pobreza y son indígenas. En consecuencia, las áreas rurales guatemaltecas sonexpulsoras de población y la migración alcanza niveles altos. En las áreas rurales, loscampesinos que reivindican tierras para cultivar han ocupado distintos tipos de propiedades(municipales, nacionales, privadas, comunales) y en las ciudades, los migrantes sin viviendaocupan terrenos para construir asentamientos. Esta situación se complica aún más debido a laacumulación de problemas registrales y catastrales existente en el país. ( Camacho 2000)Pero existe otro problema de relevancia especial para los pueblos indígenas: la indefiniciónlegal de las tierras comunales. La Constitución Política de Guatemala de 1985 dedica cincoartículos (del 66 al 70) a las Comunidades Indígenas, mencionando la obligación del estado deproteger a las comunidades indígenas, a sus tierras y sus costumbres. “Las comunidadesindígenas y otras que tengan tierras que históricamente les pertenecen y que tradicionalmente hanadministrado en forma especial, mantendrán ese sistema” ( Art. 67). La misma constitución agregaen el Art. 70, de que una ley específica regulará esta materia. Pero las normas para sureglamentación nunca fueron establecidas. La posesión de las tierras comunales por ocupaciónhistórica, o de hecho, no es reconocida por la legislación actual y el proceso de despojo de lastierras sigue.“ El enfoque de bien común reconocido en el preámbulo de la Constitución, carece deexpresión concreta en la rama agraria “(AVANCSO et alii 2001:15), y la caracterización globaldel tratamiento dado por la legislación guatemalteca a la población indígena en materia detierras, según el análisis de Roque Roldán (BM 1994:7pp), “...ignora a las comunidades ypoblaciones indígenas....y no contempla ni su capacidad para formar personas jurídicasdistintas con posibilidad para actuar en derecho, ejerciendo derechos y contrayendoobligaciones.....lo que genera condiciones de extrema inseguridad”.Las comunidades indígenas carecen de una personalidad jurídica propia, las tierrascomunales no son reconocidas como un bien común y su legalización se da por medio de otrasconstrucciones jurídicas del derecho civil. No están exentas de los impuestos territoriales, noson inembargables e imprescriptibles , como en casi todos los países latinoamericanos, y semantiene una posición oficial de convertirlas en “propiedad privada”. 22 Las dinámicas agrarias en Guatemala son el tema de una série de investigaciones coordinadas por CarlosCamacho Nasser y publicadas recientemente en una co-edición de FLACSO, MINUGUA y CONTIERRA(Palma/Taracena/Aylwin 2002, Milián/Grünberg/Cho 2002, Durocher 2002, Tiu/García 2002,Camacho/Durocher/Fernández/Letona 2003, Grünberg 2003 y Camacho 2003). Representan una documentaciónexhaustiva sobre el drama del despojo de las tierras indígenas en Guatemala.