Los DepÃ³sitos de Detenidos

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La detención policial se practica de acuerdo con los arts. 492 y 520 de la LECrim., no pudiendodurar más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguacionestendentes al esclarecimiento de los hechos, y en el plazo máximo de setenta y dos horas, eldetenido deberá ser puesto en libertad o a disposición judicial. Queda por tanto establecidoque transcurrido el plazo de detención cautelar policial, nunca más allá de la setenta y doshoras, la misma finaliza con la puesta en libertad o con la puesta a disposición judicial.Así se reconoce en la Instrucción 12/2007, de la Secretaría de Estado de Seguridad sobre loscomportamientos exigidos a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado(por tanto de obligado cumplimiento para el Cuerpo Nacional de Policía y el Cuerpo de laGuardia Civil) para garantizar los derechos de las personas detenidas o bajo custodia policial.En esta Instrucción se recuerda que el plazo máximo de detención, establecido en los arts. 17.2de la Constitución y 520 de la LECrim., es de 72 horas, cuyo cómputo se inicia en el momentomismo de la detención y finaliza con la puesta en libertad o a disposición judicial. Por ello, unavez finalizadas cuantas diligencias hubiera sido preciso realizar, el detenido debe, sin másdemora, ser puesto a disposición de la Autoridad Judicial o en libertad.A la hora de determinar qué detenidos deben ingresar en los Depósitos Municipales esimprescindible determinar en qué momento justo se produce la puesta a disposición judicial,sin obviar que «el plazo de la detención policial termina en el mismo instante en que comienzala detención judicial, sin que existan periodos intermedios entre una y otra" (La Detención,Gómez Pillado, Esther; Editado por BOE, 2004, pág. 55).Para redundar en cuándo se produce de manera efectiva esa puesta a disposición, nosapoyaremos materialmente en el análisis de los derechos que le asisten antes de esemomento, entre los que se encuentra el solicitar el habeas corpus. Este procedimientopermite obtener la inmediata puesta a disposición de la Autoridad Judicial de cualquierpersona detenida ilegalmente. Dicho de otra manera. La solicitud de habeas corpus puede serformulada por quien no está a disposición judicial, por lo que si aquellos detenidos policialesque aun habiéndose terminado el atestado, no han sido presentados todavía materialmenteante la Autoridad Judicial pueden solicitar habeas corpus, quiere decir que estos detenidos noestán a disposición judicial, lo que solo se materializa cuando de acuerdo con el art. 497LECrim., se lleva a presencia judicial. Por tanto, será solo a partir de ese momento, cuandomediante auto o mandamiento, este detenido en tal calidad ingrese en los DepósitosMunicipales, hasta que la autoridad judicial eleve la detención a prisión o la deje sin efecto enel término de setenta y dos horas máximo a contar desde que el detenido le hubiese sidoentregado.Muy clarificadora es la Sentencia del Tribunal Constitucional número 147/08 de 10 denoviembre: donde se expone que la puesta a disposición judicial de un detenido no lo esdesde que se finalizan las diligencias policiales, sino desde cuando la detención policial hafinalizado, y se materializa la detención judicial.Se debe hacer mención aquí al Informe del Abogado del Estado Jefe del Servicio Jurídico delMinisterio de Justicia e Interior, de fecha 25 de enero de 1996, en el que se resolvía laobligación de los responsables de los Depósitos de Detenidos de admitir el ingreso dedetenidos que aún no hallándose a disposición judicial, fuera solicitado tal ingreso por laautoridad gubernativa o policial que hubiera ordenado la detención, y así lo informaba en basea lo estipulado en el art. 25 del Reglamento Penitenciario vigente entonces por el Real Decreto1201/1981, de 8 de mayo, hoy derogado, cuya redacción contemplaba tal posibilidad, hoydescartada por el Reglamento Penitenciario vigente, Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero. Yes que mientras aquel Reglamento Penitenciario permitía el ingreso de cualquier detenidopracticado por autoridad gubernativa con competencia para detener, el vigente Reglamentosolo lo permite cuando los detenidos se hayan a disposición judicial (1) .
Discrepa este autor de lo reflejado en Acta de la Comisión Provincial de Coordinación de PolicíaJudicial de Sevilla, de fecha trece de diciembre de 1996, en la que partiendo de la premisaerrónea por extensiva, como ya se ha expuesto, de considerar los Depósitos de Detenidoscomo Establecimientos Penitenciarios, llega a la conclusión de que la Policía Judicial, comoautoridad competente para acordar la detención, puede, por consiguiente, ordenar el ingresode detenidos en los Centros Penitenciarios, Depósitos inclusive. Si bien es cierto, que otorga ala Autoridad de Policía Judicial que ordenó el ingreso, la competencia de entregar el detenido ala autoridad judicial.Tampoco se comparte la conclusión reflejada en el Acta de trece de noviembre de 1997, de laComisión Provincial de Coordinación de Policía Judicial de Córdoba, en la que su Punto II), aunreconociendo lo dispuesto en la Disposición Adicional Primera del vigente ReglamentoPenitenciario por el que la Administración Local debe dar cuenta a la Penitenciaria de losingresos en los Depósitos Municipales a los que se unirá copia certificada de las órdenes dedetención, prisión, traslado o libertad dictadas por las autoridades judiciales, terminaaseverando que «(...) los detenidos que deban ser custodiados en los depósitos municipales,fuera del supuesto en que sea el Juez de Instrucción quien haya acordado la detención [¿?],pueden ser aquellas personas que hayan sido detenidas directamente por la Policía Nacionalo la Guardia Civil, o bien por la Policía Local si bien en este caso deberá hacerse entrega deldetenido a la Policía Judicial para su posterior puesta a disposición judicial, dándose laparadoja absurda de que se exige un dictado judicial para una situación previa de dictado quesolo lo es policial.En conclusión, el no cumplimiento de los requisitos establecidos en el art. 15 del vigenteReglamento Penitenciario, supondrá la denegación motivada del ingreso en el Depósito deDetenidos por resolución del responsable de servicio del mismo, recurrible en alzada deacuerdo con lo previsto en el art. 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, ante laAlcaldía en su atribución de Jefatura de la Policía Local (2) .En cualquier caso, el registro de las entradas y salidas de ingresados en los Depósitos deDetenidos, debe quedar reseñado no solo a su control cronológico, sino al exhaustivo controldocumental de cuantas incidencias ocurran durante su estancia como fiel reflejo de la cadenade custodia de aquellos, lo que obliga a recomendar la conveniencia de asumir la Instrucción12/2009 del Secretario de Estado de Seguridad por la que se regula el Libro de Registro yCustodia de Detenidos como instrumento técnico homogéneo.III. EL DEPÓSITO CÓMO LUGAR DE CUMPLIMIENTO DE CONDENASRespecto a ser los Depósitos lugar de cumplimiento de condenas de corta duración convienedecir que en su redacción original, el Código Penal aprobado por la Ley Orgánica 10/1995, de23 de noviembre, establecía como lugar de cumplimiento de la pena de arresto de fin desemana pudieran ser los Depósitos Municipales (art. 37), precepto modificado sustancialmentepor la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, desapareciendo tal opción, que crea a suvez la nueva pena de localización permanente como pena privativa de libertad de carácter levey con un máximo de hasta doce días. Su cumplimiento obligaba al penado a permanecer en sudomicilio o en un lugar determinado fijado por el Juez en sentencia.La Circular 2/2004, de 22 de diciembre, sobre aplicación de la reforma del Código Penaloperada por la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre de la Fiscalía General del Estado,establecía que los Sres. Fiscales rechazarán la opción de cumplir la localización permanente enun centro Penitenciario o en un Depósito Municipal, evitando los inconvenientes del ingresopenitenciario y dando todo tipo de facilidades al reo para que la ejecución no afecte a su vidafamiliar y laboral, admitiéndose incluso la ejecución fraccionada o discontinua. Ello veníaavalado por la propia exposición de Motivos de la L.O. 15/2003 al referir que con esta nuevapena se evitan los efectos perjudiciales de la reclusión en establecimientos penitenciarios,
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