Los Depósitos de Detenidos

Por Real Decreto 596/1999, de 16 de abril, se aprueba el reglamento de desarrollo y ejecuciónde la Ley Orgánica 4/1997, de 4 de agosto, que regula la utilización de videocámaras por laFuerzas y Cuerpos de Seguridad en lugares públicos. En dicho texto legal se exceptúa de suámbito de aplicación las instalaciones fijas de videocámaras que realicen las Fuerzas Armadas ylas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en sus inmuebles, siempre que se dediquenexclusivamente a garantizar la seguridad y protección interior o exterior de los mismos, lo quese encuadra para el caso que nos ocupa de videovigilancia interior en los términos establecidosen los principios básicos de actuación definidos en el art. 5.3.b) de la Ley Orgánica 2/1986respecto de los detenidos bajo custodia policial.La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personalestablece como ámbito de aplicación aquellos datos de carácter personal registrados ensoporte físico que los haga susceptibles de tratamiento y a toda modalidad de uso posterior deestos datos por los sectores públicos y privado. Entre estos no cabe ninguna dudad de que seencuentran todos aquellos que se registren en una dependencia policial, tanto en soportepapel como informático, y sobremanera, los de aquellas personas vinculadas a una acciónpolicial como es la detención.En la Memoria 2008 de la Agencia Española de Protección de Datos (4) se refleja en su página20 que entre las principales infracciones declaradas en materia de protección de datos seencuentra la falta de inscripción de fichero por Ayuntamientos. Y entre las principalesactuaciones abiertas por el Director de la misma se encuentran los ficheros de Policía Local.Pues bien, resulta imprescindible que los ficheros policiales de los Cuerpos de la Policía Localestén registrados en la Agencia Española de Protección de Datos, incluidos los relacionadoscon el Depósito Municipal de Detenidos, no solo en materia del régimen de uso de talesinstalaciones, sino también aquellos que registren y conserven imágenes de las propiascámaras de seguridad.IV. CONCLUSIÓNPor un lado, coincidiendo con lo reflejado en el Informe Especial del Defensor del Pueblo deAndalucía de noviembre de 2008, se debe decir que el contenido de la delegacióncompetencial efectuada por la Ley de Bases de Régimen Local, se respete en su integridadpor la Administración delegante, de modo que en el aspecto de su financiación se cubrantotalmente los costes reales de este Servicio, por todos los conceptos, liberando así a losAyuntamientos de las enormes cargas que en recursos económicos, materiales y humanos lesupone asumir por imperativo legal una competencia estatal delegada, sin despreciar loprevisto en el art. 27 de la Ley 7/1985 sobre transferencia de personal.Y por otro, el ejercicio efectivo de esta competencia, exige de una regulación normativa desuficiente rango y específica por la enorme y singular importancia de la materia, sin quequeden lagunas en cuanto a su interpretación que sean resueltas por los diversos órganoscolegiados que las puedan conocer, o lo que es peor, a dispersa y diversa resolución deórganos unipersonales (5) .(1)Ver art. 25 de RD 1201/1981, de 8 de mayo., y art. 15 de RD 190/1996, de 9 defebrero.(2)Ver TextoVer art. 21.1.i) de Ley de Bases de Régimen Local, Ley 7/1985, de 2 de abril.