¿De la reivindicación a la cogestion?

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112de convivencia, en ningún caso como la forma de facilitar ayudas financierasa futuras comunidades de propietarios.Esta visión del cooperativismo también nos hace comprender queel problema actual de vivienda no queda ni mucho menos constreñidoa la solución cooperativa, la iniciativa pública sigue siendo básicapara que el invento funcione; entendemos entre otras cosas que sinella es imposible lograr aumentar el parque de alquileres y rebajar acotas racionales su precio; para ello debería plantearse desde medidasde subvención pública de alquileres tasados, hasta medidas de penalizaciónde vivienda vacía, tocio ello unido por supuesto a la derogacióndel Decreto Boyer, que tan nefasto ha resultado para el sector alpermitir, entre otras aberraciones, la conversión de vivienda en oficina.Sólo la iniciativa pública puede ser capaz de afrontar operacionessingulares destinadas a buscar alojamiento a sectores de escaso poderadquisitivo como la Tercera Edad, la población emigrante u otros colectivosque de acuerdo con la Constitución tienen también derechoa un alojamiento digno.A MODO DE CONCLUSIONEn las pasadas elecciones locales se anunciaba a bombo y platillopor el Partido que sustenta el Gobierno el desarrollo de un Plan deVivienda para la financiación de 400.000 viviendas en cuatro años;con posterioridad al Gobierno, por boca de su Ministro de Economía,no le quedaba otro remedio que cumplimentar ese anhelo anunciandomedidas de financiación que reducirían a un nivel cercano al7% de media los intereses de los créditos hipotecarios (situados paraeste año en un 13,25 %).Como si de un juego de malabarismo se tratara, la presentaciónde los Presupuestos Generales del Estado para 1992 nos anuncianuna «pequeña» reducción del gasto destinaclo a vivienda; sin salir delasombro, en seguida sesudos analistas económicos nos cuentan que el«nuevo Plan» necesitará presupuestarse en 1993. Mientras tanto en laComunidad Autónoma Madrileña se hacen cabalas para seguir tirandodel IVIMA ante los más de mil millones que adeuda el MOPTpor la operación de barrios remodelados, y por supuesto habrá quepelearse una vez más por las migajas que supone la existencia de un
113cupo máximo aproximado de 80.000 familias que podrán obtenerayudas y financiación durante 1992 en toda España para acceder acualquier tipo de alojamiento. Con estos mimbres desde luego es imposibleimaginar siquiera el cesto.Los movimientos sociales han aceptado el reto que les ha lanzadola Administración, han apostado por métodos de cogestión, que sonla esencia misma de su práctica habitual, han empeñado en muchoscasos su prestigio en las soluciones apuntadas y no pueden encontrarsecon una Administración sorda y muda a sus demandas. ¿De dóndevan a sacar los Sindicatos el dinero para cubrir las propuestas contenidasen su Propuesta Sindical Prioritaria?, o ¿con qué van a realizar losgrandes Planes de vivienda municipales sobre el suelo que obtendránde la aplicación de la nueva Ley? Es posible que nuestros gobernantespiensen que 1992 va a ser un año de ensoñación, lo que hace falta esque no tengamos un duro despertar.Por último quiero apuntar mi convencimiento de lo necesarioque es el entendimiento entre Sindicatos y asociacionismo ciudadanoa la hora de reclamar lo principal, un Plan Nacional de Vivienda,aunque discrepemos en lo accesorio.
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