Sentencia INC 2005 Art. 258 CPP - Escuela de CapacitaciÃ³n Fiscal ...

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"la exclusividad del Órgano Jurisdiccional para juzgar y hacer ejecutar lo juzgado,contemplada en el art. 172 inc. 1° Cn., excluye o impide la posibilidad de usurpaciónde las atribuciones judiciales (...); esta exclusividad garantiza la independencia de losórganos jurisdiccionales frente a los otros detentadores del poder". Además, en estamisma perspectiva, el art. 172 inc. 2° Cn, establece una reserva de ley para laregulación de la organización y funcionamiento del Órgano Judicial, con laconsecuente prohibición de que los otros órganos o entes investidos de potestadesnormativas intervengan en la regulación de tales aspectos.Dentro de esta manifestación de la independencia se señala la sumisión al Derechoprescrita en el art. 172 inc. 3° Cn., que en el Estado de Derecho es el criterio esencialpara la legitimación de la jurisdicción: los funcionarios judiciales son independientes,pero en el ejercicio de la actividad jurisdiccional se encuentran sometidos a laConstitución y a las leyes –en ese orden de preferencia, y entendiendo por "leyes" nocualesquiera disposiciones infraconstitucionales, sino sólo aquellas que resultenconformes con la Constitución, como consecuencia del examen de constitucionalidad alque sean sometidos por los Jueces y Magistrados, según el art. 185 Cn.–La independencia del juez de cualquier otro poder es una adquisición del modernoEstado de Derecho conectada con la afirmación del principio de estricta legalidad y dela naturaleza cognoscitiva de la jurisdicción, por una parte, y de los derechosfundamentales de la persona, por otra. Si la legitimidad del juicio se funda en la verdadprocesal, cuya decisión depende de la interpretación de las leyes y por tanto de losvínculos exclusivamente legales de la jurisdicción, es claro que esta requiere laindependencia del juez no menos que su condición de tercero, para garantizar suimparcialidad y, en consecuencia, la igualdad de los ciudadanos.Por otro lado, si el juicio ha de estar dirigido a impedir arbitrariedades y abusospotestativos sobre las libertades individuales por parte de los poderes de Gobierno, laindependencia de los jueces es garantía de una justicia no subordinada a las razones deestado o a intereses políticos contingentes. Los fundamentos externos o políticos de laindependencia son en definitiva los mismos –verdad y libertad– que legitiman lajurisdicción; y exigen que la independencia de la función judicial esté asegurada tantopara la magistratura como orden, frente a los poderes externos a ella, como almagistrado en calidad de individuo, frente a los poderes o jerarquías internas de lapropia organización. C. En cuanto al principio de imparcialidad, si bien en materiapenal la doctrina lo enfoca principalmente hacia la separación entre juez y acusación,también supone un alejamiento del juez respecto de los intereses del imputado. De ahíque la configuración del proceso se base en una relación triangular entre tres sujetos,dos de los cuales están como partes en la causa, y el tercero super partes: el acusador, eldefensor y el juez. La imparcialidad del juez respecto de los fines perseguidos por laspartes –la tutela frente a los delitos, representada por la acusación, y la tutela frente alos castigos arbitrarios, representada por la defensa– debe ser tanto personal comoinstitucional.22
IX. En el presente caso, se ha solicitado que sea declarada inconstitucional la frase finaldel inc. 1º del art. 258 del C. Pr. Pn., la cual prescribe: "Si éste es ratificado, el juezresolverá en el sentido solicitado por la Fiscalía General de la República".1. De las consideraciones efectuadas sobre los ords. 3° y 4 ° del art. 193 Cn., sedesprende la intención constitucional de depositar el ejercicio de la persecución penal ypromoción de la acción penal pública ante los tribunales en manos de la FGR. Esteplanteamiento, supone una configuración del proceso penal salvadoreño como unarelación triangular entre el acusador, el defensor y el juez. Es por tanto, una estructuratriádica propia de los modelos de enjuiciamiento acusatorio o próximos a dichomodelo, donde el juez se encuentra rígidamente separado de las partes y su decisiónsujeta a un contradictorio oral y público.Tal consideración, asumida de forma muy clara por el constituyente, establece unanítida separación entre las funciones institucionales de perseguir y acusar, y las dejuzgar y punir; poniendo cada una de ellas a cargo de distintos órganos diferenciadosentre sí. De forma consecuente con tal planteamiento, el legislador secundarioestableció tal separación en el vigente C. Pr. Pn., evitando la concentración de poderesen un solo órgano como acontecía con el anterior Juez de Primera Instancia del C. Pr.Pn. de 1973.En efecto, la finalidad del principio de separación del juez de la acusación, a través dela desconcentración de los diversos roles procesales en distintos sujetos, es evitar unjuez comprometido con la investigación y que ello pueda poner en duda suimparcialidad en la resolución del caso.Al respecto, sostiene Luigi Ferrajoli que la garantía de imparcialidad no sólocomprende la ajenidad del juez a los intereses de las partes en la causa –interés privadoo personal– , sino que es preciso que éste ni siquiera tenga un interés público oinstitucional. Es decir, que "es necesario que no tenga un interés acusatorio, y que poresto no ejercite simultáneamente las funciones de acusación, como, por el contrarioocurre en el proceso inquisitivo y, aunque sea de manera ambigua, también en el mixto.Sólo así puede el proceso conservar un carácter «cognoscitivo» o, como dice Beccaria,«informativo» y no degenerar en «proceso ofensivo», donde «el juez se hace enemigodel reo»".En contraposición, el Ministerio Publico-Fiscal ostenta el monopolio exclusivo de laacusación pública con todas sus consecuencias, y aún cuenta con la potestad de decidiracerca de la conveniencia de ejercerla ante los tribunales en aquellos casos que el C. Pr.Pn. lo permite. Así, puede prescindir de efectuar la instrucción formal y solicitar elsobreseimiento o la aplicación de un mecanismo de simplificación como puede ser ladesestimación, la aplicación del criterio de oportunidad, el procedimiento abreviado ola conciliación (arts. 20, 22, 32, 248, 249, 250, 251, 313 y 379 C.Pr.Pn.).Este margen de discrecionalidad –reglada– inherente a la función acusadora de la FGR,23
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