Boletín Nº2 - Municipalidad de Morón

MUNICIPALIDAD DE MORÓN – DEPARTAMENTO BOLETIN Y DIGESTO MUNICIPALBOLETÍN MUNICIPALMunicipalidad de Morón (ver fs. 172). De ello sesigue que si el Municipal de Morón, tiene aptitudpara determinar la cuantía de lo reclamado por elrecurrente, es –por paralelismo de las formas-, elúnico órgano que puede modificar, o alterar, elcontenido de sus actos administrativos decisorios-.Que, como se ha expuesto, al momento de lasanción de la Ordenanza Nº 14.457, del Decreto Nº1271/1995 y del Decreto Nº 231/1966, el Municipiode Morón resultaba competente para resolver lapretensión sometida a tratamiento y ello en punto alo establecido en el Artículo 11º de la Ley Nº 11.752“Los Municipio de San Vicente, Esteban Echeverría,San Miguel, Morón y Magdalena, tendrán a cargo lagestión de las distintas situaciones pendientes de losrespectivos Municipios preexistentes, y sus Órganosde Administración tendrán a su cargo el cierre delejercicio. La rendición de las cuentas será giradadirectamente al Honorable Tribunal de Cuentas”.Que, no puede una conjunción de otros titulares deMunicipios, dejar sin efectos lo decidido por elIntendente de Morón. –Base como ejemplo, loproveído por el Señor Contador Municipal a fs. 204vta., en el sentido de la imposibilidad de aportar unadecisión conjunta de todos los titulares de losDepartamentos Ejecutivos invocados.Que, por tal razón, es que el Decreto Nº 1684/200 alresolver la determinación de la acreencia reclamadapor la firma Tecnobra, expresamente establece ensu Artículo 4º “…Deberá darse intervención, a losMunicipios de Ituzaingó y Hurlingham, ello con elobjeto de que aporten los antecedentes quedispongan, suscriban la aceptación de la decisión dereconocer la deuda a favor de TECNOBRA S.A. –OPAVI S.A. y procedan a efectuar las imputaciones.Que, de modo tal que el Decreto cuestionado, aplicócorrectamente la disposición Nº 11/2000 de laautoridad de aplicación de la Ley Nº 11.610, desdeque al haberse tratado de una acto dereconocimiento anterior a la vigencia de la mentadadisposición, el órgano decisorio conserva lacompetencia para abocarse a su reexámen. Máximesi de considerar que la mentada disposición, no havenido acompañada de normas procedimentales,que arrojen luz sobre el procedimientoredeterminativo de las acreencias, como el caso deautos.Que, de este modo, queda precluida la posibilidad deque el Intendente Municipal de Morón, se inhiba deentender en los presentes, mediando ademásconsentimiento de la recurrente, por las diversaspresentaciones acontecidas desde la participacióndel Municipio de Morón.Que, es significativo resaltar que, la Administración,se organiza a través de las estructurasintraorgánicas, con el objeto de distribuir lasfunciones correspondientes a su atribución genérica,en dependencias técnico administrativas específicasdotadas de capacidades propias y especiales.Que resulta lógica que, por cuestiones deespecificidad y economicidad administrativas, laAdministración divida las competencias que poseepor materia, y les confiera las atribucionescorrespondientes a cada una de ellas, a órganosespecíficos que responden o constituyen,eventualmente, diferentes unidades funcionalesadministrativas, sin perjuicio de pertenecer a unamisma persona jurídica, pues la Administración, seencuentra facultada a disponer su propiaorganización interna, disponiendo cuales son losórganos sobre los que van a recaer lascompetencias pertinentes.Que, así las cosas, es evidente que es potestadexclusiva e irrenunciable, del DepartamentoEjecutivo Municipal, actuar en pos de estructurar supropia organización (Artículo 107º del Decreto LeyNº 6769/58), asignado a cada subunidades, elámbito y extensión de su competencia exclusiva.Que, en este contexto se visualiza, que no resultafactible que, un órgano o eventualmente, unBOLETÍN MUNICIPAL – PAG. 19intraórgano realice, ejecute funciones propias de otradependencia.Que, destáquese que, las facultades y competenciasde los órganos administrativos, se especifican ydetallan, concretamente, en el respectivoorganigrama funcional, en el cual se consignan lasatribuciones que van ostentar cada órgano, Y ningúnórgano, puede actuar con exceso a las facultades yatribuciones que le han sido conferidas de modolegal o reglamentario.Que, a contrario sensu de lo que acaece en elderecho privado, las personas gobernadas porimperio de normas y principios de DecretoAdministrativo, sólo pueden realizar, hacer, lo queles está expresamente, autorizado a hacer.Que, en la especie, resulta positivo remitirse a ladoctrina, a la jurisprudencia y a la normativa (porejemplo, artículo 14to. de la Ley Nacional deProcedimiento Administrativo, Nº 19.549) imperante,en cuanto considera que todo accionar mediandoincompetencia en razón de materia es nulo denulidad absoluta e insanable.Que, y, así las cosas, resulta innegable, por ejemplo,que, el área legal de un órgano administrativo,resulta competente para expresarse sobre materiaestrictamente jurídica (Vgr. se manifieste sobre si unacto administrativo se ciñe al principio de legalidadobjetiva), o que, el área contable proceda a efectuarregistros de compromiso o afectaciones preventivas,o a determinar los cálculos de las deudas o de lasacreencias del municipio.Que, estos ejemplos, resultan de aplicación directaen el caso sub examine, esto debido a que, handebido intervenir áreas técnicas específicas delMunicipio, a los fines de expedirse respecto a siresultaba procedente la aprobación de la liquidaciónpeticionada por la recurrente.Que, pero, en la órbita de este expediente, semanifiestan divergencias en el marco de laintervención del área legal y del área contable, estoen orden a que, cada uno de esos sectores, seexpresa de distinto modo sobre el quantum areconocer a favor de la recurrente.Que, en efecto, a fs. 166, el área legal se pronunciórespecto a la procedencia del reclamo efectuado porTecnobra, considerando que cabría efectuarse elpago por la totalidad de la suma requerida por esafirma. Sin embargo el área contable se manifestó encontrario (ver a fs. 7, 134 vta y 183 yconcordantes),pues estimó que se le debía abonar,una suma de dinero inferior a la pedida e inclusodeterminó el régimen de consolidación aplicable, quecon posterioridad se alteró con el dictado delDecreto revocado.Que, de modo tal que el área específica encargadade determinar la suma líquida, y su registración en lacontabilidad municipal, se manifestó en un sentido“La liquidación practicada por esta Contaduría a fs. 7de los presentes actuados, asciende a PesosSesenta y tres mil novecientos noventa y seis ($63.996.-), mientras que, el área jurídica se pronunciócon respecto a que resultaba procedente el pago porel total reclamado en la liquidación presentada por larecurrente.Que, en este punto, debe decirse que es cuestiónesencial a considerar es lo relativo a cuales son losalcances de la opinión que emite el área legal de unórgano del estado.Que, entendemos que, los denominados ServiciosJurídicos Permanentes del Estado, son órganosjurídico técnicos que están compelidos e emitirdictamen, obviamente de naturaleza legal, concarácter previo a la emisión, por parte del decisor, deun acto administrativo. Esa opinión tiene por nortedar el encuadre jurídico normativo a la situación legalque se va a generar como consecuencia del dictadodel acto administrativo, pero todo lo concerniente acuestiones de oportunidad, mérito y convenienciaqueda sujeto, sometido, al exclusivo discernimientodel órgano decidor.