BoletÃn NÂº2 - Municipalidad de MorÃ³n

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MUNICIPALIDAD DE MORÓN – DEPARTAMENTO BOLETIN Y DIGESTO MUNICIPALBOLETÍN MUNICIPALQue, siendo así, el área legal estaría facultada aopinar al respecto a sí deviene procedente- desde lonormativo, doctrinario y jurisprudencial- efectuar o noel pago de una suma de dinero a favor de quien larequiere, y el área contable será aquella quedeterminará la cuantía de lo reclamado, más allá dela aptitud para el efectivo control de la suma quedebe liquidarse, pues inmiscuirse en el estudio ycalculo del quantum a saldar, es tarea del áreacontable actuarial, pues la realización de cálculosmatemáticos y el empleo de fórmulas algebraicasexcede, sin dudas, la competencia y la atribución delservicio de asesoramiento jurídico.Que por ello la opinión del área legal del Municipio,admitiendo el quantum del cálculo efectuado por larecurrente, resulta improcedente, debido a que talactuación importa intromisión en competencias deotras dependencias y, consecuentemente, significaque se opinó en materias que no resultaban afines nicomprendidas dentro de las atribucionespertenecientes a ese órgano y además su opinión noresulta vinculante.Que debe ponderarse en éste estado, que aún en laúltima instancia administrativa que insta elrecurrente, tampoco a acompañado la pruebadocumental que acredite su inscripción en régimendel convenio multilateral.Que las dependencias contables, son las áreastécnicas investidas de la atribución pertinente quelas faculta a determinar si se efectuaron pagos porun rubro determinado, o si sé previsionaron sumasde dinero o si la suma de dinero liquidada por untercero es la que corresponde a su acreencia, poraplicación de las disposiciones de la Ley Orgánicade las Municipalidades, que expresamente reglan lasfunciones de los auxiliares del Intendente y con ello,el principio de responsabilidad funcional de cadaintegrante del D.E.Que, es evidente que el área legal actuó por fuera desus competencias al señalar, en el dictamen a fs.72/73, que correspondía hacer lugar al pago, por lasuma liquidada por esta, máxime cuando debetenerse, a todo evento, presente que, la ContaduríaMunicipal y otras dependencias, se habíanmanifestado contrarias, debiendo darse relevancia ala opinión efectuada por el órgano técnicocompetente, con conocimiento de la materia a tratar,pues a raíz de ello, esa dependencia es titular deprecisas y determinadas competencias.Que es trascendente remarcar que el dictamen legalademás de finalizar con una sugerencia queresultaría ajena a su competencia, omite aportarmaterial de análisis, convirtiéndose su opinión en unmera declamación, que no encuentra sustento en losdebidos estudios técnicos, o cálculos matemáticos,no realizados por la administración a lo largo de todoel actuado.Que en consecuencia, de lo precedentemente dichoemerge que la sugerencia que emana del dictamenlegal, respecto a que hay que proceder al pago de lasuma reclamada por la recurrente, debe serobservada por haber sido emitida por un órganocarente de la atribución técnica para manifestarse ental sentido y sin que ello se retrate en el respectivodictamen.Que lo hasta aquí expuesto, permite arribar a laconclusión que la causa que fundó al Decreto Nº22/1996, se encontraba viciada, pues el órgano queemitió la sugerencia en el sentido que habría deproceder al pago por el total del quantum liquidadopor la recurrente, carecía de la competencia materialpara ello, no teniendo además el conocimientotécnico específico y tampoco se efectuaron lasdiligencias técnicas previas necesarias, ello comoconsecuencia que, no se procedió al análisiscientífico- técnico- matemático, destinado acorroborar si los métodos empleados por larecurrente y el cálculo resultante de los mismos,eran ajustados a derecho.Que es inexorable colegir, que, el informe que fundóel Decreto 232/1996, no ha sido emitido por elBOLETÍN MUNICIPAL – PAG. 8órgano físico( funcionario) ni jurídico (dependenciaadministrativa) investido de la totalidad de lasatribuciones, competencias, facultades yconocimientos suficientes y necesarios para resolverla situación planteada, como consecuencia de ladivergencia emergente entre el cálculo efectuado porel Municipio y el realizado por la Empresa, y losostenido en el dictamen no ha merecidocorroboración, motivo por el cual parecía asimilarsea un postulado universal de certeza que no necesitaverificación.Que, dicha corroboración debió realizarse desde lojurídico, es decir respecto a la procedencia legal delo requerido y al estudio respecto a la existencia delcrédito; y desde lo contable - actuarial, es decir conrelación a la correspondencia de la suma pedida conla que resulta ajustada al pago.Que innegable es, entonces, que el acto citado sebasó en competencias materiales incompletas einexactas, lo que condujo a su revocación.Que la base causal tomada por el Decreto Nº232/1996, ha sido insuficiente, parcial, incompetentedesde lo material, motivo por el cual ese acto ha sidodictado mediando vicio grave, pues confirió underecho en forma sorpresiva y sin que medie elmínimo respaldo técnico necesario, lo que lleva aentender que, ese accionar intempestivo y nobasado en elementos o estudios sólidos, generainevitablemente un acto administrativo viciado.Que lo contenido ahí nos conduce a entender que elacto citado no se ajustó enteramente a las pautas dederecho y de hecho que necesariamente debieronhaber concurrido con el fin de solucionar ladiscrepancia producida (entre esta comuna y larecurrente) en el marco de quantum dinerario quecorrespondía reconocer a favor de la reclamante.Que adhiriendo en principio y en líneas generales alo manifestado por Comadira en el sentido que laAdministración goza de la facultad de anular o mejordicho revocar de oficio los actos irregulares que haemitido, es claro que la irregularidad debe ser de talentidad que nos conduzca a la flagrante nulidad delacto.Que en este sentido cabe señalar que concuerdacierto sector de la jurisprudencia y de la doctrina enafirmar que cuando la irregularidad que agravia lalegalidad y/o la legitimidad del acto administrativoafectado por la citada irregularidad, debeconsiderarse NULO DE NULIDAD ABOSLUTA, locual debe declararse en principio en sedeadministrativa, procediéndose in limine a laeliminación del acto del mundo jurídico.Que tal postura tiene por norte esencial custodiar elimperio de la legalidad, de la legitimidad de la buenafe, de la armonía y de la colaboración que debegobernar todo vínculo jurídico administrativo queimporte ligazón entre la Administración y tercerapersonas.Que la posición destinada a considerar la viabilidad,la procedencia, de revocar en sede administrativaaquellos actos administrativos firmes y consentidos,viciados de manifiesta, flagrante y concretailegitimidad, tiene por exclusivo norte:1. Custodiar la legitimidad en elaccionar estatal.2. Evitar actuaciones irregularesque tengan por fin afectar elpatrimonio público, ello pues podríamediar connivencia entre unfuncionario estatal y particular, razónpor la cual el órgano físico (es decir elfuncionario) podrá emitir actosviciados de arbitrariedad y dedesviación de poder, esto con elobjeto de generar incausadosbeneficios a favor del administrado.3. Eliminar toda posibilidad que seagravie el trato igualitarioadministrativo que debe serpropugnado por la Administración atodos los administrados, esto como
MUNICIPALIDAD DE MORÓN – DEPARTAMENTO BOLETIN Y DIGESTO MUNICIPALBOLETÍN MUNICIPALconsecuencia que conferiríabeneficios incausados, importaotorgar réditos en forma individual, loque agravia el derecho de lacomunidad en su conjunto y de cadauno de los restantes individuos enparticular.4. Posibilitar que se concluya lavigencia de un Acto Jurídico (actoadministrativo) que agravia en formaconcreta y manifiesta al interéspúblico, general y al orden público.Que la causa que motivó el dictado del actocuestionado se ha visto afectada pues en ella no sellegó a través del modo usual y correcto que en elmarco de la situación planteada hubiesecorrespondido emplear. Sino que contrariamente lacausa que sustentó el dictado del Decreto Nº232/996 es un informe jurídico que nada dice sobremateriales actuariales que hubieran sido denecesaria dilucidación, a los fines de establecer si elquantum liquidado por la recurrente resultabacorrecto.Que es evidente que el Decreto Nº 232/996 y susactos antecedentes incurren en vicios graves ycontundentes que desvirtúan la certeza de su causay la finalidad que se ha querido desentrañar.Que en el caso sub examine la decisión plasmada através del Decreto Nº 232/996 padece de viciosustancial, pues se basó en una causa parcial(informe del área legal) esto como consecuencia queno se corroboró matemáticamente el quantumreclamado, ni se dio intervención a las demásdependencias competentes y vinculantes a fin quese manifiesten sobre la procedencia o no, de laliquidación efectuada por el reclamante. Y por endese encuentra viciado en cuanto a su causa y en loatinente a los procedimientos previos que llevaron asu emisión.Que en efecto , la causa del acto del Decreto Nº232/1996 estaría viciada, como consecuencia que:no responde a hechos o sucesos corroborados; sesustenta en hipótesis no probadas; sigue un informeemanado de autoridad incompetente paraexpresarse sobre material actuarial/contable; omitecontar con la opinión previa del órgano contable;prescinde totalmente de afectaciones y estimacionesconcretas efectuadas por el órgano facultado pararealizarlas como ser la dependencia contablemunicipal; emana arbitrariedad esto comoconsecuencia que imprevista y súbitamente se estáa una pretensión no probada ni acreditada en cuantoa su cuantificación monetaria; emergería desviaciónde poder, esto pues sin sujetarse a medios usualesni someterse a verificación previa, consagra underecho significativo, trascendente desde lomonetario a favor de un sujeto.Que es sabido que la inexistencia de una causaverdadera que justifique el dictado de la medidaadministrativa conduce a la nulidad del acto. LaAdministración en honor al principio de legalidadobjetiva y verdad material debe actuar con base enuna causa jurídicamente válida y sostenedora detoda construcción legal que se efectúe.Que la opinión vertida precedentemente que seentiende correcta desde lo técnico jurídico ha sidogenéricamente dada por la CNFed. Civil y Comercial,Sala III de fecha 3 de Julio de 1997 en el marco deautos “ Maruba SCA c/ Ministerio de Economía yObras y Servicios Públicos!, publicado enSuplemento Mensual del Repertorio General de laRevista La Ley del mes de abril de 1998, parágrafo91.Que si los antecedentes del acto administrativo noreúnen los requisitos mencionados, la causa del actoadministrativo se encuentra viciada y conforme seala gravedad de las anomalías que la afectan el actopodría conceptuarse como nulo. Ello es así pues sila causa es uno de los requisitos esenciales devalidez de un acto administrativo y por lógicadeductiva debe entenderse que si los elementos queBOLETÍN MUNICIPAL – PAG. 9componen un requisito se encuentran viciadostambién lo está este último y consecuentemente loestá el instrumento jurídico (acto administrativo) quese nutre (en este caso, causa) viciado.Que lo dicho se justifica en atención a que ladecisión de la Administración comunal se hasustentado en una base jurídica incompetente encuanto a materia y que generó una arbitrariedadsorpresiva a través de los funcionarios Intervinientesquienes generaron un interés no corroborado niverificado a favor de una empresa.Que lo aludido nos conduce a estimar que losantecedentes de hecho y de derecho que conformanla causa que motivó el dictado del actoadministrativo, Decreto Nº 232/996 no han sidoverdaderos y/o no poseían el sustento necesariopara basamentar la causa. Es decir, falta decorroboración sobre el quantum económico, niactuación del órgano que resultaría competente en laespecie, Dirección de Contabilidad Municipal en elsentido dado por el dictamen legal; la falta deintervención del órgano pertinente, la ausencia decuantificación valedera sobre el quantum a abonar,distorsiona la actuación administrativa y conduceinvariablemente a su nulidad.Que si el acto administrativo no reúne lascondiciones de regularidad básica, es elocuente queresulta susceptible de ser eliminado en sedeadministrativa, máxime si afecta al interés general yal interés público, como sucede en el caso subexamine.Que por lo expuesto es inevitable decir que el actoadministrativo Decreto Nº 232/1996 al carecer decondiciones mínimas de regularidad (tal fueexpresado anteriormente, ello debido a que la causase encuentra afectada, ya que existe arbitrariedad ydesviación de poder , además de incompetencia delemisor de la sugerencia técnica), resulta susceptiblede ser eliminado en sede administrativa, por elmismo órgano que lo dictó o emitió.Que más allá de las expresiones vertidas por elMáximo Tribunal de Justicia de la Nación, debetenerse presente que el OrdenamientoProcedimental Administrativo vigente, en elMunicipio de Morón (léase Ordenanza Nº 11654),concede a favor del Departamento EjecutivoMunicipal la facultad de revocar las resoluciones aúnnotificadas a los particulares, cuando éstas no fuerenperfectas o porten o posean vicios que conduzcan asu anulabilidad.Que en este sentido y a los efectos de mejor ilustrar,resulta significativo transcribir los términos delartículo 113 de la Ordenanza citada en el párrafoanterior.Que dice la norma que “ La Administración no podrárevocar sus propias resoluciones notificadas a losinteresados y que den lugar a la acción contenciosoadministrativa cuando el acto sea formalmenteperfecto y no adolezca de vicios que lo hagananulable”.Que de una atenta lectura del artículo transcriptobrota que las decisiones notificadas a losparticulares (aún los que generen efectos subjetivos,encuéntrense o no, esto en ejecución) resultansusceptibles de ser revocadas por autoridadmunicipal competente cuando no sean perfectas,posea vicios de naturaleza formal, posea vicios queconduzcan a su anulabilidad.Que lógicamente si los vicios que conllevan a laanulabilidad del acto, facultan a la Administración adecretar la revocación del mismo, resulta evidenteque cuando los vicios son de tal magnitud que debanser reputados como portadores de nulidad absolutae insanable, la Administración estaría facultada arevocar el acto viciado.Que los actos anulables se encuentran sometidos oafectados por vicios leves, mientras que los actosnulos de nulidad absoluta e insanable por viciosgraves.Que son vicios graves que conducen a la nulidadabsoluta del acto administrativo, aquellos que por su
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