aceptada - Procuraduría de la Defensa del Contribuyente

Definido entonces que la facultad económico coactiva no es una facultad discrecional sinoreglada, se concluye que no existía sustento o base legal alguna para que la autoridadmultiplicara, como se ha visto, los procedimientos de ejecución y los embargos, antes deconcluir los previos.Ahora bien, de las documentales exhibidas por la autoridad como prueba de su dicho, éstaProcuraduría conoció que desde el mes de septiembre de 1999, la Administración Local deRecaudación de Zacatecas se encontró facultada para proceder a la convocatoria de remate,enajenación y, en su caso, adjudicación de los bienes afectados en el primer embargorealizado al contribuyente en el mes de noviembre de 1994, sin que la autoridad hubieraconcluido con oportunidad ese procedimiento en perjuicio del hoy quejoso.Efectivamente la autoridad practicó hasta cinco (5) PAES en el caso que nos ocupa. Aunadoa dicha actuación irregular, esta Procuraduría advierte que de los documentos exhibidos porparte de la autoridad responsable como prueba, se conoció que mediante diligencias deembargo practicadas el 7 de noviembre de 1994, 29 de abril y 14 de septiembre, estosúltimos de 1998, embargó hasta tres veces un mismo bien consistente en:“Bien Raíz ubicado en ************ No. ************ Inscrito en el Reg. Pub. De la Prop. Vol. **Folio *** Num *** Serie ***.”De igual modo, con fecha 9 de octubre de 1997, 29 de abril y 14 de septiembre, ambas delaño 1998, embargó igualmente hasta por tres veces el inmueble localizado en:“Calle ************ número ************, inscrito en el Reg. Pub. de la Prop. en Vol. ** Folio No.**Serie ***.”De igual manera, por lo que se refiere a las diligencias practicadas el 29 de abril y 14 deseptiembre del año citado, embargó dos veces el bien localizado en:“Bien Raíz ubicado en ************ y ************ inscrito en el Reg. Pub. de la Prop. en Vol. **Folio *** Núm.*** Serie ****.”Lo que hace evidente que la autoridad al proceder a nuevos embargos sobre los mismosbienes no agotó previamente, como era su obligación legal, el primer procedimientoadministrativo de ejecución hasta llevarlo a su conclusión, es decir, al remate y en su caso,adjudicación como lo mandata la ley.Traduciéndose lo anterior, en una actuación francamente irregular y atípica de la autoridad,ya que si bien, se encontraba ante un crédito fiscal legalmente exigible, el Z-026745, que lafacultaba en consecuencia para embargar bienes y hacerlo efectivo, la ilegalidad de susactos estriba en que llevó a cabo diversos procedimientos administrativos de ejecución enlos que embargó sucesiva y repetidamente distintos bienes inmuebles, sin haber agotado enprimer lugar el primer procedimiento iniciado el 7 de noviembre de 1994; lo que trajo gravesperjuicios jurídicos y económicos al contribuyente, tema en que se abundará.Página 12 de 20