aceptada - Procuraduría de la Defensa del Contribuyente

Dicho lo anterior, debe partirse de que la capacidad contributiva, entendida por esta, la“…posibilidad del pago de contribuciones que debe representar para los contribuyentes elmínimo sacrificio posible…” 3 , consiste medularmente en que exista una congruencia entre elsujeto pasivo de la relación tributaria y dicha capacidad.Si bien es cierto el concepto de capacidad contributiva se refiere, en términos generales, alhecho imponible, es un derecho que no puede limitarse únicamente a la determinación delgravamen, por consiguiente tal derecho debe de respetarse en lo que respecta al cobro deuna obligación fiscal.La carga tributaria, en cualquier caso, no puede ser tal que se vuelva violatoria de otrosderechos fundamentales consagrados en la Constitución, tales como la prohibición de penasinusitadas y trascendentes, como la confiscación, según lo establece el artículo 22 denuestra Carta Magna.Por mayoría de razón cabe citar la siguiente tesis emitida por la Segunda Sala de nuestroMáximo Tribunal“IMPUESTOS, EQUIDAD Y PROPORCIONALIDAD DE LOS. Cuando se alegue que unimpuesto es contrario al artículo 31, fracción IV, de la Constitución General de laRepública, y la pretendida falta de equidad o proporcionalidad aparezca como dudosa oleve, no cabe hacer en el juicio de garantías la crítica de la ley respectiva; pero, encambio, la justicia federal puede y debe otorgar la protección solicitada, cuando seacredite plenamente que hay notoria desproporción de la carga fiscal, de suerteque el impuesto resulte exorbitante, ruinoso o prácticamente confiscatorio.Amparo administrativo en revisión 3027/47. Compañía Minera de Magurichic, S. A. 14 dejulio de 1947. Unanimidad de cinco votos. Relator: Agustín Téllez López.” 4Énfasis añadidoEs decir, el primer mandato o elemento que exige el respeto a la capacidad contributiva es lano confiscatoriedad; si bien existe la posibilidad que un contribuyente pierda todo supatrimonio presente en virtud de un adeudo fiscal, lo que repugna al mandatoconstitucional y a los derechos fundamentales es que sea la morosidad de laautoridad ejecutora la que lo someta a un procedimiento de ejecución de 18 años deduración.Luego entonces, derivado de la actuación negligente de la autoridad, el crédito fiscalaumentó de manera tal, que resulta imposible su finiquito, incluso a través de todos losbienes que se le han embargado al contribuyente, pues a pesar de que el PAE practicado ennoviembre de 1994 pudo concluirse con la a adjudicación oportuna de los bienesembargados, no fue sino una década después que se publicó la convocatoria de remate.Esta Procuraduría encuentra que resulta sumamente preocupante para el Ombudsman queel contribuyente haya sido sometido durante un lapso de más de 18 años al cobro de un3 Carrasco Iriarte, Hugo, Diccionario de Derecho Fiscal, Oxford, México, 1ª Edición, 1998, p614 Semanario Judicial de la Federación XCIII, Segunda Sala, Quinta Época , Página 611 Registro: 320857Página 14 de 20