aceptada - Procuraduría de la Defensa del Contribuyente

constitucional de antecedentes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha interpretado ypuesto énfasis en que a partir de la misma todas las autoridades, en este caso (el)(la) hoyrecomendada, están obligadas a acatar y garantizar en el ámbito de su competencia losderechos humanos, con preferencia a cualquier otra consideración.Es decir, a fin de que el acto pueda ser legalmente anulado, modificado o dejado sin efectos, elartículo 25 establece dos hipótesis que deberán de actualizarse, i) la existencia de unaRecomendación por parte de esta Procuraduría y ii) la aceptación por parte de la autoridad a laque fue dirigida. Entonces, de actualizarse estos dos supuestos, resultara complemente válidoy legal el que se anule, modifique o se deje sin efectos la resolución o acto que motivó laQueja; con fundamento en el superior mandato constitucional.Las consideraciones presentadas en este documento autorizan a concluir igualmente, que laautoridad no actuó con apego a los principios de legalidad y eficiencia en el desempeño desus funciones, que la obligan a cumplir con la máxima diligencia el servicio que tieneencomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que provoque la suspensión odeficiencia de ese servicio, ya que con su actuación, causó al contribuyente perjuicios, todavez que al efectuar múltiples procedimientos administrativos de ejecución sobre un mismocrédito fiscal, indubitablemente causo una afectación mayúscula sobre ************.Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 23, primer párrafo de la Ley Orgánica de esteorganismo, se determina que el servidor público involucrado violó los derechos delcontribuyente afectado por haber incurrido en actos y omisiones irregulares. Los derechosviolados por la autoridad son: el de legalidad, debido proceso legal, seguridad y certezajurídicas, respeto a la capacidad contributiva y el de no confiscatoriedad, tutelados comoDerechos Humanos de los gobernados tanto en los tratados internacionales de los queMéxico es parte, así como en los artículos 14, 16, 31, fracción IV y 22 de la ConstituciónPolítica de los Estados Unidos Mexicanos.Asimismo, este organismo autónomo encargado de velar por los derechos humanos de loscontribuyentes estima que en el presente caso la gravedad y número de las violacionescometidas por la autoridad fiscal, superan el texto mismo de las disposiciones legalesaplicables traduciéndose en una vulneración de derechos que implica la afectación delpropio texto Constitucional. En otras palabras, el mandato que establece el artículo 1 denuestra Carta Magna, cuando establece la obligación de todas las autoridades de promover,respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, autoriza a este Ombudsman delContribuyente a proponer como medida correctiva que emita una resolución a través de lacual deje sin efectos en términos absolutos el remanente del adeudo fiscal y, en vía deconsecuencia, los actos tendientes al cobro del mismo. Esto es así porque no podrá servalido un estado de derecho donde los gobernados, sin evadirse de la acción de la justicia ypor la pura morosidad de las autoridades ejecutoras, soporten durante un periodosignificativo de sus vidas, en este caso 18 años, desde 1994 en que el contribuyente sePágina 18 de 20