Armando Centro

MARZO 2016 RD
GENTE DE RIVAS
que puso sus pies en el Madrid de la
posguerra. “Le acusaban de bandolera,
y la primera condena fue de 12 años
y un día. Nosotros no teníamos piso,
vivíamos a salto de mata y aun así decían
que en nuestra casa recibíamos a
bandoleros, anarquista y comunistas”.
Así, Elena pasó cuatro años en la cárcel
de mujeres de Ventas, donde
Manuel la visitaba cada 24 de septiembre,
día de la Merced, único momento
del año en que los niños y niñas menores
de 14 años podían entrar a prisión
a ver a sus madres. “Recuerdo unos
pasillos larguísimos y todo lleno de
mujeres y niños llorando. Era horrible”,
rememora.
Mientras Elena permanecía presa,
Manuel y su hermano saltaban de
familia en familia, trabajando durante
su infancia para poder salir adelante.
“Antes de cumplir los 12 años había
vivido en unas 12 o 13 casas. Y siempre
separados, porque no podían acoger a
dos niños; todos eran muy pobres”,
revela.
Sobre su padre, Manuel conserva un
recuerdo demoledor. “Estuvo preso en
un campo de concentración, y le liberaron
cuando estaba a punto de morir.
Recuerdo que un día llegó a casa y
alguien me dijo, ‘Mira Manolito, es tu
padre’. Yo debía tener 5 años. Al día
siguiente murió”, deplora. “No le fusilaron,
y no sé si hubiese sido mejor eso
que morir de hambre y enfermo”,
lamenta. El delito de Mariano Blanco
Cano fue poseer un camión con el que
trabajaba de transportista. Al inicio de
la guerra, le fue requisado, y cuando
las tropas de Franco entraron en
Madrid y se hicieron con el camión del
padre de Manuel, vieron que ese vehículo
había servido a la República
durante la contienda. “Le mandaron a
un campo de concentración; mi madre
recordaba que se llamaba Gibraltar,
pero no sabemos mucho más”, titubea
Manuel. De su abuelo, en cambio, sí
sabe el lugar donde perdió la vida: un
campo de concentración en Alicante.
“Le detuvieron porque se llamaba igual
que mi tío, Eugenio Mesón, y pensaban
que era él”, suspira.
Con todo, hoy Manuel ha sumado su
testimonio, a través del Ayuntamiento
ripense, a la conocida como querella
argentina, el proceso penal abierto
contra el franquismo en un juzgado de
Buenos Aires en 2010. El Consistorio
aprobó en el último pleno una moción
para unirse a esta demanda y lograr el
reconocimiento de las víctimas, la única
meta que persigue Manuel. “Me
gustaría que un tribunal obligase a
estos que gobiernan a reconocer que el
franquismo era una dictadura horrible
y asesina, con eso me conformo”.
ROBO SISTEMÁTICO DE BEBÉS
Cristina Serrano (Madrid, 1961) es otra
de las vecinas del municipio, víctima
del franquismo, que ha incorporado su
testimonio a la querella argentina. Ella
suma su denuncia a la de las miles de
víctimas de la trama del robo de bebés.
Su madre falleció sin conocer la verdad;
su padre, de 94 años, no puede
creer que se dieran estos casos, y Cristina
augura una lucha de años antes de
desenmascarar a los responsables y
hallar a los bebés robados.
Su caso es el de otras tantas familias:
su madre acudió a dar a la luz a la clínica
Santa Cristina en 1956, centro
donde trabajó la monja María Valbuena,
imputada en el caso de los bebés
robados y fallecida antes de ser juzgada.
El padre de Cristina recuerda que
dejaron a su mujer en una habitación,
sola, y a él le empujaron a marcharse a
su casa y regresar al día siguiente.
Cuando volvió, le comunicaron que su
hija había fallecido, que había nacido
“demasiado grande” y se había muerto.
“Mi padre no entiende que hubiera
tráfico de niños, dice que eso no puede
ser, que es algo muy inhumano. Y piensa
que la niña murió por abandono
porque si mi madre estaba sola en una
habitación cómo se iban a dar cuenta
que iba a parir; eso cree”, relata Cristina.
Mientras, su madre, que había perdido
el conocimiento en el parto, se
despertó sin saber nada. “Después
insistieron mucho en verla y les enseñaron
a una niña desnuda en una mesa
de acero. Mi padre siempre dice que
esa niña había nacido criada, que al
menos tenía siete kilos y el pelo rizado
y rubio”, aporta Cristina.
Tras un periplo de reclamaciones y
denuncias, el caso de su hermana llegó
a un juzgado, que lo archivó por “falta
provisional de pruebas”. La familia
pudo al menos descubrir el certificado
del cementerio que, hasta entonces, la
institución funeraria se negaba a facilitar.
“Según dijeron, fue una muerte
intrauterina”, asegura Cristina, un dato
que contrasta con el que figura en el
certificado de defunción que logró de la
propia clínica, donde se afirma que
“nace viva” y que “muere a los diez
minutos por asfixia”.
Por todo, esta vecina de Rivas pide que
se investigue de forma global, reconociendo
la trama que supuso el robo de
bebés, una práctica que, según recuerda,
comenzó con el rapto de hijos a las
presas republicanas y luego continuó
convertido en un “negocio rentable”,
hacia los años 60.
“Nos quieren canalizar de manera individual,
decir que son casos familiares
pero no, es un problema generalizado,
hay muchas personas ahora mismo
que tienen una identidad cambiada y
no se investiga a ese nivel”, lamenta
Cristina.
Contacto de la asociación:
Todos los niños robados son también
mis niños. Tlf.: 618774916.
www.2015bebesrobados.com
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