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Envejecimiento e institucionalidad pública en América Latina y el Caribe 17 no se trata de organismos inertes; muy por el contrario, son permeables al cambio e incluso al retroceso y, como tales, experimentan transformaciones que responden a proyectos políticos de más largo aliento acerca del papel del Estado en las políticas sociales, en general, y en los asuntos de las personas mayores, en particular. La agenda internacional es un elemento coadyuvante para la instalación y el desarrollo de estas instituciones, sobre todo para el discurso que les da sustento, y un marco para su acción. Desde la CEPAL hemos sido testigos de la forma en que los derechos humanos se han convertido en una base conceptual sólida para abordar los problemas y necesidades de las personas mayores, así como para combatir su vulnerabilidad y fortalecer su capacidad de respuesta frente a la discriminación, el agravio o los malos tratos. Desde nuestra institución hemos realizado crecientes esfuerzos para que la perspectiva de los derechos humanos se nutra de información y conocimientos que consoliden la postura de los países en este sentido. Además de velar por la inclusión de las personas mayores en la Agenda 2030, las instituciones que son objeto de estudio en este libro serán actores clave en la firma, ratificación y puesta en marcha de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, aprobada en el seno de la Organización de los Estados Americanos (OEA). La creación de este instrumento jurídicamente vinculante responde a un persistente reclamo por la igualdad y por la no discriminación y se produce en un contexto que puede calificarse de paradójico, ya que, a pesar del rápido envejecimiento que experimentan nuestras sociedades, la desigualdad que afecta a las personas mayores se mantiene inalterada. Es más, se trata de una desigualdad invisibilizada y que con demasiada frecuencia queda fuera de la agenda de los responsables de la toma de decisiones. Como organismo regional de las Naciones Unidas, nos anima la voluntad de movilizar los medios necesarios para promover la implementación de la Convención sobre la base de un espíritu de mayor solidaridad. Esa aplicación deberá poner de relieve la responsabilidad de los Estados en el respeto, la protección y la promoción de los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas mayores, una responsabilidad que deben asumir con la colaboración de todas las partes interesadas y, por supuesto, la de los titulares de los derechos. Gracias a la existencia de este instrumento, hoy es más fácil que los Estados estandaricen sus legislaciones, políticas y prácticas y que, paralelamente, disminuyan las brechas de protección e implementación de los derechos humanos de este grupo social de un país a otro. Las instituciones que atienden a las personas mayores serán centrales en este proceso. Confío en que los contenidos de este libro sean útiles para identificar
18 Envejecimiento e institucionalidad pública en América Latina y el Caribe los retos que aún es preciso afrontar, para que los asuntos de las personas mayores tengan más y mejores oportunidades de alcanzar el estatus que deben en el aparato del Estado y para que sus prioridades sean escuchadas en todos los rincones de nuestro continente. Alicia Bárcena Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)
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