en América Latina y el Caribe

Envejecimiento e institucionalidad pública en América Latina y el Caribe
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embargo, desestimó su aplicación porque muchos de ellos estaban pensados
de manera uniforme, no respondían a la demanda de la población y eran
subutilizados por falta de recursos o por una administración poco adecuada.
En materia legal, concluyó que “para la población en la tercera edad se observa
una fuerte y completa protección jurídica en varias áreas de la vida social en
las que incursiona esta población” (Alianza en favor de la tercera edad en el
Distrito Federal, 1996).
Como parte de sus recomendaciones, la Alianza propuso una llamativa fórmula
institucional: un ente coordinador superior que regulara la calidad de los servicios
tanto públicos como privados. Esta entidad debía ser neutral, con sustento
científico, con un consejo formado por geriatras reconocidos, funcionarios
públicos y privados y académicos, y su sede debía ser una institución neutral
comprometida con la sociedad civil, como la Comisión de Derechos Humanos del
Distrito Federal o alguna institución académica (Alianza en favor de la tercera edad
en el Distrito Federal, 1996).
A la luz de los avances posteriores del Gobierno de la Ciudad de México, no
están claras las razones por las que la Alianza propuso la creación de una
institucionalidad de tales características, con un marcado acento academicista
y excluyente de la participación de las personas mayores, inclusive en la
metodología de trabajo que proponía para que ese centro coordinador llevara
a cabo su tarea. Años más tarde, el trabajo de la Alianza fue criticado por estar
circunscrito a una política social basada en el paradigma de la asistencia y la
atención de la indigencia.
A partir de 1997, con una nueva administración democrática del Distrito Federal,
se impulsó la transición de las instituciones, del marco jurídico y los hábitos
culturales, para que se correspondieran con el perfil de una sociedad con una
composición de población distinta (Caro, 2003). En la práctica, esto se tradujo
en la reorganización de la administración del Distrito Federal a fines de ese año,
dividiendo la antigua Secretaría de Educación, Salud y Desarrollo Social en tres
secretarías independientes y con políticas propias (Montes de Oca, 2005).
Se creó así la Secretaría de Desarrollo Social, a cargo de Clara Jusidman, y dentro
de ella la Dirección General de Equidad y Desarrollo Social, de la cual dependía la
Dirección de atención a personas con discapacidad, adultos mayores, indígenas
y minorías, los que constituyeron los grupos prioritarios de la política social de la
nueva administración. En consonancia con la propuesta de las Naciones Unidas
de construcción de una sociedad para todas las edades, las acciones a favor
de las personas mayores en el Distrito Federal se enmarcaron en el Programa
denominado “Una ciudad para todas las edades (1997-2000)”.
En junio de 1998, el Gobierno de Distrito Federal realizó un diagnóstico sobre
la población adulta mayor que puso de manifiesto, entre otros problemas, la