ribera news 18

COMARCA
Julio 2016
La gasolinera de la avenida Luis Suñer
provoca la primera fricción seria en el
equipo de gobierno de Alzira
Un informe de la Conselleria de Transparencia insta al cese de la directora general de Internacionalización,
Mónica Cucarella, cuya familia es propietaria de la estación de servicio
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Redacción / RiberaNews
El Grupo Socialista de Alzira
emitió el pasado lunes una nota
de prensa en la que se aseguraba
que la Conselleria de Economía,
a través de la dirección
general de Industria y Energía,
iba a hacerse cargo de la desmantelación
de la gasolinera
Petrocu, ubicada en la avenida
Luis Suñer de la capital de La
Ribera Alta.
El erario público se va a hacer
cargo de los gastos del desmantelamiento
de esta infraestructura
privada, y después
intentará repercutir el coste de
esa actuación al propietario.
Un propietario al que desde el
año 2002, desde las diferentes
administraciones se le está instando
a invertir en descontaminar
los tanques.
Además, recientemente, la empresa
que gestiona la estación
de servicio ha recibido una
sentencia de un juez que le
obliga a pagar más de 60.000
euros a un proveedor por facturas
impagadas.
La empresa de la familia de
la directora general, compañía
que no paga a proveedores
y va camino del concurso de
acreedores, será la que deberá
abonar el coste del desmantelamiento
a posteriori.
Según publica Levante-EMV,
el coste de desmontar la gasolinera,
arrancar los depósitos y
descontaminar el suelo podría
ascender a más de 300.000
euros. Un importe que la Generalitat
asumirá para después
reclamar a la empresa propietaria
de la estación de servicio.
Así también, añadía la nota
de la Concejalía de Gestión
Urbanística, la Conselleria de
Economía habría intentado localizar
al propietario para notificarle
los hechos, pero al no
localizarle, procederá a abrirle
un expediente administrativo.
Fricción política
La directora general de Internacionalización,
Mónica Cucarella,
dependiente orgánicamente
de la misma conselleria,
es la hija del propietario de la
empresa de carburantes.
El equipo de gobierno de Alzira,
formado por Compromís,
PSPV y EU está dando sus
primeros síntomas de descoordinación,
al menos entre los
dos primeros -y los que mayor
representación tienen en el
ayuntamiento-.
Gestión Urbanística, la regidoría
que está abordando la problemática
de la gasolinera, es
una delegación que corresponde
al PSPV, mientras la alcaldía
la ostenta Compromís, el
mismo partido al que pertenece
la directora general de Internacionalización,
a la sazón, y
hasta hace unas semanas, apoderada
de la empresa familiar
que explotaba -cerró sin aviso
en julio de 2015- el negocio de
surtido de carburante.
Según fuentes del consistorio,
el alcalde Diego Gómez era
conocedor del contenido de la
reunión que mantuvo el concejal
de Gestión Urbanística,
Fernando Pascual, con Industria
y Energía de la conselleria.
No obstante, y a pesar de que
Gómez, al menos a puerta cerrada,
reconoce lo inapropiado
de la actuación de Mónica
Cucarella, no parece haber
digerido bien el hecho de que
el PSPV intente transmitir a la
opinión pública que su concejalía
vaya a ser la que intente
resolver el litigio de la gasolinera
y no el Ayuntamiento de
Alzira.
Es más, Gómez ha insistido
siempre, tanto como alcalde
como líder de la formación
nacionalista, que independientemente
de quién sea el propietario
o apoderado de la empresa
que gestiona la gasolinera,
su compromiso es velar por la
seguridad de la instalación, e
incluso ha hecho pública su
apuesta por sacar la gasolinera
del centro de la ciudad.
Informe demoledor
El miércoles de esta semana,
la conselleria de Transparencia
emitía un informe al respecto
de la idoneidad en la manera
de actuar de Mónica Cucarella.
Incide el citado informe en que
es incompatible que Cucarella
ejerza de apoderada en una
empresa y ostente un cargo público.
Además, aunque el informe
El concejal socialista de Alzira, Fernando Pascual, el primero por la derecha,
en su visita a la Conselleria
pone de relieve las dudas de
Transparencia en que exista
incompatibilidad entre su participación
en la empresa La Industrial
Constructora, en tanto
en cuanto no existe relación
mercantil entre la administración
y la empresa privada de la
que formaba parte, sí que revela
que esa manera de actuar
debe conllevar responsabilidades
políticas, es decir, el cese
en el cargo de Cucarella, y eso
le corresponde ejecutarlo a su
jefe, el conseller de Economía,
.
Cucarella asegura en una entrevista
concedida a la Agencia
EFE que su propiedad
viene dada en herencia tras el
fallecimiento de su madre. A
ella le correspondió el 12,5%
de la empresa. Aún así, Cucarella
asegura que tras saltar el
escándalo en el mes de junio,
decidió traspasar esas acciones.
Transparencia recuerda que
la ley 3/2015 indica que «la
omisión deliberada de datos y
documentos que deben ser presentados
se considera una infracción
grave, mientras que el
incumplimiento de las normas
de incompatibilidades es una
infracción muy grave»
Además, lo que también dice
el informe, respecto a la manera
de actuar, ya que la directora
general ni informó al Portal de
Transparencia de su participación
en la empresa, ni aportó
los títulos de la formación que
asegura tener, es que “sus actuaciones
se somenten no sólo
a la responsabilidad legal, sino
también a la responsabilidad
política”, y “podría haber incumplido
las exigencias del
principio de veracidad”
Esta semana, sin ir más lejos,
Dolores Salas, secretaria autonómica
de Salud Pública, ha
dimitido de su cargo por las
presiones recibidas según ella,
o por nepotismo al contratar a
su hija en la Fundación para la
Investigación Sanitaria (Fisabio).
Transparencia había emitido
un informe, igualmente, al
respecto de las contrataciones
en esta Fundación.
Conflicto interno también en
Compromís.
La conselleria de Transparencia
y la de Economía están
bajo el mando de Compromís,
pero cada una está encabezada
por una facción de la coalición.
Mientras Transparencia (Manuel
Alcaraz), la que ha emitido
el informe, está dominada
por los afines a Mónica Oltra,
la de Economía -de la que depende
Cucarella- está bajo la
responsabilidad de Climent,
procedente del Bloc.
En esa lucha de poder interno,
que en cierta medida afecta al
Consell de Puig en tanto en
cuanto Compromís es uno de
los firmantes del Pacto del Botánico,
se dirime esta batalla
por mantener las cuotas de poder.