PROGRAMA

Para atender esta seria problemática, proponemos un nuevo modelo para la compra
de bienes y servicios por parte del gobierno, enmarcado dentro de los principios de
transparencia, uniformidad y sana competencia. Reformaremos el proceso de compras
de bienes y servicio del gobierno y lo convertiremos en una herramienta de desarrollo
económico. Propondremos legislación para uniformar el marco jurídico del proceso de
compras, subastas formales, revisión judicial y resolución de querellas. Simplificaremos
la estructura reglamentaria de manera que estimule la participación de nuevos licitadores
y permita fiscalizar efectivamente el proceso de compras en todas sus vertientes.
Utilizaremos los avances tecnológicos para crear un innovador y nuevo sistema que
enlace el proceso de compras gubernamental con el presupuesto. La nueva plataforma
tecnológica utilizará las mejores prácticas administrativas con el objetivo de lograr
economía procesal, controlar el gasto público y obtener mejores ofertas. Estableceremos
un programa centralizado de administración de datos, reportes y estadísticas relacionadas
con compras, subastas y contrataciones de las agencias. Implementaremos un programa
de capacitación especializado en adquisiciones gubernamentales para servidores
públicos con funciones relacionadas a la adquisición de bienes y servicios. Implantaremos
un sistema de controles internos y fiscalización centralizada mediante tecnología que
velará por el cumplimiento de las garantías mínimas procesales que habrán de aplicar
en todo el Gobierno. En la medida que se adopten normas administrativas uniformes con
un conjunto de mejores prácticas de compras y contratación, acompañadas de garantías
procesales de participación que les sirvan a los licitadores con operaciones sustanciales
en Puerto Rico activar reclamaciones en foros especializados, se devuelve la confianza en
el sector público, a la vez que aportamos a la meta de una sana administración pública.
Respondabilidad. El nuevo sistema tendrá mecanismos de respondabilidad para todos
los funcionarios a cargo de los procesos de compra en caso de incumplimiento u omisión,
y la identificación de posibles situaciones de conflicto automática, con un protocolo de
pesos y contrapesos estricto que dificulte la manipulación de los procesos.