Chile

aún no se coloca su primera piedra, por una falta de
asignación presupuestaria. También es preciso que revisemos
la ley de tratamientos de alto costo, conocida
como “ley Ricarte Soto”, a fin de inyectarle más recursos
porque muchas enfermedades caras o infrecuentes
quedaron fuera por falta de financiamiento.
En materia de Isapres es imperativo realizar correcciones.
Estas implican terminar con las preexistencias
y establecer la territorialidad de las prestaciones médicas,
obligando a las Isapres a contar con acuerdos de
prestación de servicios en recintos asistenciales localizados
en las ciudades donde se ofrecieron los planes
de salud. Además se debe estudiar la situación que
propietarios de Isapres sean, a la vez, bajo una personalidad
jurídica distinta, propietarios de una o más
clínicas y laboratorios. A su vez se deben transparentar
los costos y regular las alzas de los contratos. Son miles
los usuarios que recurren anualmente a los tribunales
por vía de acción de protección consiguiendo revertir
el alza o adecuación por sobre el IPC. No es posible
que esta injusticia sea corregida solo para aquellos
que llevan su reclamo hasta tribunales, quedando gran
parte de los usuarios desprotegidos.
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