Rec_2017_001

agravio de V1, previstos en los artículos 1°, párrafos primero, segundo y tercero,
19, último párrafo, y 20, apartado B, fracción I, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos vigente; 3 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar
la Tortura; 5 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; I y XXV de la
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 7, 9.1 y 10.1 del
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1.1, 5.1, 5.2 y 7.1 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, 2.1, 6.1, 6.2 y 13, de la
Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles Inhumanos o
Degradantes; 1, 2, 3, incisos a y b, 6, 7 y 8 de la Convención Interamericana para
Prevenir y Sancionar la Tortura; 1, 2 y 3 de la Declaración sobre la Protección de
Todas las Personas contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos
o Degradantes; que en términos generales señalan que nadie debe ser sometido a
torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes; además de que
toda persona privada de la libertad debe ser tratada con el respeto debido a la
dignidad inherente al ser humano.
139. Asimismo, en el principio 6 del Conjunto de Principios para la Protección de
Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión; los
artículos 1, 2, 3 y 5 del Código de Conducta para los Funcionarios Encargados de
Hacer Cumplir la Ley; 4 de los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y
de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, y
los artículos 22 de la Ley de Disciplina para el Personal de la Armada de México; 2
y 10 del Código de conducta de la Secretaría de Marina y 1, 2, 3, 10 y 14 del
Código de Conducta al que debe sujetarse el personal naval para no incurrir en
violación de derechos humanos, contenido en el Manual de derechos humanos
para el personal de la Armada de México, que en esencia determinan que el uso
de la fuerza sólo debe ejercerse cuando sea estrictamente necesario; de que el
personal de la Armada sólo intervendrá en caso de flagrancia en el delito,
deteniendo al infractor de la ley, poniéndolo de inmediato y sin demora a
disposición de la autoridad competente y respetando los derechos humanos de las
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