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Administración Pública (Gaceta Oficial N° 5.890 Extraordinaria del 31 de julio de
2008)
La Ley del Estatuto de la Función Pública establece toda una estructura de
selección, ingreso, ascenso y clasificación de los funcionarios públicos, y crea
además un Registro Nacional de Funcionarios Públicos, a cargo del Ministerio de
Planificación, y elimina la Oficina Central de Personal, figura contemplada en la
Ley de Carrera Administrativa. También establece procedimientos sancionatorios
para los funcionarios públicos, a través del régimen disciplinario contemplado en el
derecho administrativo (De Pedro, 2005)
En este modelo de administración se ha realizado una flexibilización laboral del
sector pública encubierta, a través de la creación de una administración paralela
que atiende los mismos problemas que los órganos tradicionales establecidos en
la legislación, en parte porque el gobierno actual tiene una visión negativa de la
burocracia, porque implica procesos más largos para hacer efectivas las
decisiones tomadas, pero implica también el cumplimiento de un conjunto de
normas de auditoría interna o de contraloría que permiten identificar de una mejor
manera el manejo indebido de recursos, cuando fuere el caso. En algunas de
estas instituciones, los empleados son contratados o no están amparados bajo el
régimen de la administración pública (caso de la Madres Procesadoras de
Alimentos)
Todo este esquema de una administración paralela es posible soportarlo
financieramente por el incremento de la renta petrolera producto del alza de los
precios del petróleo en los mercados internacionales. Es así como se observa el
surgimiento de planes asistenciales (como el Plan Bolívar 2000 o las Misiones
Sociales) que se ejecutaban a través de fundaciones (como la Fundación
Propatria) o la creación de fondos (como el Fondo Miranda) que tienen bajo su
responsabilidad programas de asistencia sanitaria, de viviendas o alimentación,
pero sin estar adscritas a los respectivos ministerios. Del mismo modo, Petróleos
de Venezuela (PDVSA), la industria petrolera estatal, tiene bajo su responsabilidad
programas de alimentación y vivienda, y los maneja mediante la creación de
empresas filiales, como PDVAL (Productora y Distribuidora Venezolana de
Alimentos). Buena parte de estas fundaciones, fondos y empresas filiales, están a
cargo de profesionales del mundo militar, bien bajo la condición de militares en
situación de retiro, o militares activos en excedencia o comisión de servicio.
En este sentido, las Fuerzas Armadas venezolanas constituyen el gran partido del
presidente Chávez. Su consolidación en el poder a partir del año 2006, le ha
permitido aplicar programas que no estaban contemplados en su propuesta inicial,
como el socialismo del siglo XXI, que entre otras particularidades tiene el rechazo
a los sindicatos y la no discusión de contratos colectivos.
Muchos de los cargos públicos que antes ocupaban los políticos ahora los ocupan
militares, puesto que la nueva Constitución de 1999, aunque mantiene la posición
no beligerante de las Fuerzas Armadas que existía en la Constitución de 1961, le