Contralínea 452

ARTÍCULO
OPINIÓN
ciones de investigación extraen la vasta mayoría
de los recursos biodiversos del mundo, queden
eximidos de sus responsabilidades respecto de
compartir de forma igualitaria las recompensas y
los beneficios derivados de esos recursos.
Las naciones en desarrollo estaban furiosas,
pues la mayoría de la extracción ocurre en sus
territorios, en especial, de sus semillas, plantas,
bosques y tierras en las que habitan la mayoría
de los pueblos indígenas del mundo.
El grupo negociador conformado por 134
países había reiterado que los objetivos globales
no serían sometidos a más negociaciones de último
minuto.
El hecho de que se haya violado de forma flagrante
esa firme posición con la fórmula de “tómalo
o déjalo” inundó la conferencia de la ONU
con una desconfianza y tensión palpable. La gente
entraba y salía de las salas enojada y susurrándose
cosas al oído, al tiempo que trabajaban día y noche
para lograr un consenso a como diera lugar.
Asimismo se socavó la redacción en materia
de deuda, al parecer esta vez a instancias de la
Unión Europea.
Hasta la mañana del domingo 2, el documento
decía: “Reconocemos la necesidad de asistir a
las naciones en desarrollo [...] mediante el financiamiento
de la deuda, el alivio a la deuda, una
sólida gestión y reestructuración de la deuda, según
proceda”.
El texto reconocía los sólidos argumentos económicos
en materia de desarrollo planteados por
numerosos economistas y países en desarrollo
respecto de la necesidad urgente de atender la
deuda externa si se quiere lograr cualquiera de
los objetivos de desarrollo.
Pero al final de la tarde, se introdujo: “manteniendo
los niveles sostenibles de deuda es la responsabilidad
de los países prestatarios”.
Es un claro retroceso respecto de la nación
de responsabilidad compartida entre acreedores
y prestatarios en anteriores documentos de
la ONU, como Monterrey, México, en 2002, y
Doha, Catar, en 2008.
Aparte del cortafuegos Norte-Sur, los países
africanos y árabes pidieron que se borrara un párrafo
crítico que reconoce los derechos humanos
como uno de los principales fines del desarrollo
sostenible y un compromiso con la no discriminación
de todos.
El párrafo se salvó, pero el término esencial
“discriminación” se eliminó y la palabra “cumplir”
se degradó a “promover”.
Los diplomáticos africanos y árabes se opusieron
al reconocimiento de los derechos de la
comunidad LGBT (lelsbianas, gay, bisexuales y
transexuales) y objetaron la inclusión de “todos
los grupos sociales y económicos”.
Por su parte, los países latinoamericanos, la
Unión Europea y Estados Unidos se opusieron
firmemente a la ofensa de los derechos civiles y
humanos.
El viraje de última hora, desde la apertura hasta
la opacidad, refleja la crisis del multilateralismo
en su principal locus, la ONU.
Después de todo, se supone que el foro mundial
es la institución más democrática y universal
que existe hasta la fecha, donde cada nación tiene
voto, a diferencia del Fondo Monetario Internacional
y del Banco Mundial, dominados por los
países más ricos.
Las consultas bilaterales privadas del fin de
semana del 1 y 2 de agosto, según muchos observadores
independientes, representa una crisis
manufacturada que abrió la puerta a un texto que
pone en peligro el derecho y el desarrollo global.
El problema es que los acuerdos tras bambalinas
y las campañas de presión tienen consecuencias
inquietantes para la legitimidad y la equidad de
las negociaciones internacionales, por no mencionar
la voluntad política de los gobiernos de
tomarse en serio los objetivos de desarrollo sostenible.
La nueva agenda de desarrollo global tiene un
fuerte potencial de lograr una mella ambiciosa y
universal en el progreso, que se necesita con urgencia
en nuestras economías, sociedades y ambientes.
Al mismo tiempo, el proceso también es importante.
Lo ocurrido el primer fin de semana de
agosto requiere un momento de reflexión sobre
la realidad de los intereses creados y del poder
profundamente desigual entre los gobiernos que
negocian. (Traducción de Verónica Firme)
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