Contralínea 452

INVESTIGACIÓN
PORTADA
donde se da a conocer el rechazo de la manifestación
de impacto ambiental de la mina, queda
asentado que “el INAH concluye que la explotación
minera es incompatible con la conservación
del patrimonio arqueológico, con fundamento en
diversos artículos de su Ley Orgánica, de la Ley
Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicos,
Artísticos e Históricos y de la Ley Federal de Patrimonio
Arqueológico”.
Proyectos habitacionales
Con fecha 29 de marzo de 2007, el INAH y el
Fideicomiso Real Diamante, firmaron el convenio
de colaboración para llevar a cabo labores de prospección
arqueológica sobre un predio ubicado en
la zona Punta Diamante, Puerto de Acapulco,
en Guerrero, donde habría de edificarse el desarrollo
inmobiliario turístico Real Diamante.
La prospección, del 1 al 31 de julio, se ejecutó
considerando 11 macropredios, donde se detectaron
tres plataformas habitacionales, 91 rocas con
pozuelos, un abrigo rocoso, un petrograbado y tres
macizos rocosos conocidos como La Tortuga, La
Cabeza y La Mujer Pariendo, “importantes” para
el conocimiento del área de asentamientos detectados
en Puerto Marqués y Punta Diamante, reconocen
las partes en el escrito.
INAH/MAURICIO MARAT/CUARTOSCURO
Como resultado, se emitió un oficio con fecha
del 14 de diciembre de 2007, en el que se dictaminó
que debe ser considerada como reserva arqueológica
el macropredio 30, así como restricciones
temporales hasta su excavación en el predio 28, en
el que se localizan dos manantiales vivos de escaso
caudal, tres formaciones monolíticas reportadas
en la década de 1980 y una terraza habitacional y,
marcado con restricción temporal el macropredio
27, donde se localizaron restos de una plataforma
prehispánica de uso doméstico que requerirá ser
excavada, por lo que se considera necesario continuar
la investigación durante 4 meses más.
El 30 de septiembre de 2011, el Instituto y el
fideicomiso firmaron nuevamente un convenio, en
él se establece que se requerían 120 mil 750 pesos.
Monto que la empresa estaría obligada a entregar.
Sobre el proyecto, una nota del periódico El
Sur de Acapulco da cuenta de la existencia de una
denuncia penal en contra de la empresa. El señor
César Sabino Palma Salinas –quien reclama la
indemnización de 70 hectáreas y media en Punta
Diamante– demandó ante la Procuraduría General
de la República (PGR) al gobernador René
Juárez Cisneros, y a otros 27 funcionarios y exfuncionarios
por los delitos de daño al patrimonio
arqueológico, robo, saqueo de vestigios arqueológicos
y lo que resulte.
En la denuncia, Palma Salinas explica que las
personas señaladas siguen “saqueando, vendiendo
y destruyendo la zona arqueológica que estudios
del Instituto Nacional de Antropología e Histo-
INAH/CUARTOSCURO
30 31 de agosto de 2015