Derechos de las poblaciones indígenas amazónicas ... - CARE Perú

distintas leyes nacionales. El problema identificado
está en el ejercicio de estos derechos por el desconocimiento
de los alcances de las normas, la falta
de voluntad política de las autoridades y ciertas
fracciones en la parte organizativa del movimiento
indígena que incide en que se vea debilitada su
participación.
La participación está garantizada en cada una de
las Constituciones y leyes en el sentido más amplio,
tanto para los pueblos indígenas como para otras
personas.
En el caso del Ecuador es importante rescatar que
como Quinto Poder se ha establecido al Consejo de
Participación Ciudadana.
En las entrevistas de los tres países se coincide en
que las autoridades confunden lo que es participación
con lo que es la consulta. La participación
va más allá pues es “ser parte” de una decisión,
involucrarse y empoderarse de la misma; no así la
consulta que tiene que ver con uno más de los mecanismos
de participación.
Muchas veces la concepción de la participación
como un “derecho” no existe, y consecuentemente
la responsabilidad de las autoridades de “garantizar
la vigencia de este derecho” tampoco. Es así que el
respeto se ve afectado por cuestiones irrelevantes
como: la entrega de una invitación, el presupuesto
de un taller, entre otros aspectos que cada día
están limitando el verdadero ejercicio de la misma.
desde los pueblos indígenas los obstáculos para
participar son de distinta índole, la han mencionado
los entrevistados-as: “los procesos de participación,
reuniones y talleres están lejos; no estamos
informados de cuestiones técnicas para ir a discutir;
no nos invitan o llegan tarde las invitaciones;
ir y participar implica un gasto económico, etc”.
Por lo tanto no se necesita más leyes de participación,
si no más aplicación de las mismas.
La consulta nos lleva a analizar algunas características
comunes y confrontaciones jurídicas que se
han evidenciado en los tres países:
• La consulta previa es obligatoria en los tres
países y puede causar nulidad de lo actuado
ante su inobservancia.
• En estricto derecho la consulta debe realizar-
se para todas las decisiones estatales. Una
decisión estatal puede ser la promulgación
de una política, de otras medidas legislativas
que los afecten, entre otras.
• En la normativa secundaria y en la práctica
en los tres países la consulta se la relaciona
con las obras de infraestructura, estudios
de impacto ambiental, emisión de licencias
ambientales. Esto es importante pero
la visión sesgada, de solo actuar en este
sector y no en políticas nacionales, es una
limitante.
• En Perú y Bolivia las normas buscan lograr el
consentimiento, por lo menos le dan apertura
a la autoridad para buscar el mismo. Mientras
que, en el Ecuador, de manera explícita
la Constitución no le da cabida al consentimiento,
lo que estaría contradiciendo al
Convenio 169 de la OIT y con el Convenio
de diversidad Biológica que si lo establecen
como tal.
• El Art. 398 de la Constitución ecuatoriana,
manifiesta que en el caso de que la comunidad
se oponga al proyecto, es la autoridad
administrativa la que tomará la decisión.
• En Bolivia tenemos que la Ley de Medio Ambiente
explica que el consentimiento libre
previo e informado es un proceso administrativo
que brinda la oportunidad para que
tanto los pueblos indígenas afectados como
el o los proponente (s) del proyecto, puedan
plantear sus preocupaciones e identificar las
soluciones a los problemas antes de que los
pueblos indígenas afectados decidan si otorgar
o no su consentimiento.
En el caso de Perú la consulta sigue siendo válida si
existe oposición de la comunidad y el Estado está facultado
para avanzar en el proyecto. La Constitución
es amplia en el sentido de garantizar la participación
pero no se habla de consentimiento (Art. 2, numeral
17 y Art. 31 ). En setiembre del presente año (2011)
se aprobó la Ley de derecho a la Consulta Previa a
los Pueblos Indígenas u Originarios Reconocido en el
Convenio 169 de La Organización Internacional del
Trabajo. Anteriormente, el 19 de mayo, el Congreso
de la República había aprobado la Ley de Consulta
Previa pero fue observada por el Poder Ejecutivo
pero esta versión estaba limitando este derecho por
debajo de lo reconocido tanto en el convenio 169
Análisis desde la Perspectiva Comparada acerca de la Vigencia de los derechos de los Pueblos Indígenas / 37