A la Inversa Septiembre 2018

Por Darwin Franco Migues
La realidad es demoledora. En más de 11 años de guerra contra el
narcotráfico, el país ha sido devastado por la violencia, la cual ha
arrebatado la vida de más 267 mil 606 personas, ha desaparecido a
36 mil 265 y ha desplazado de su lugar de origen a 310 mil 527.
Habitamos la barbarie y nos hemos acostumbrado a ella.
Sin embargo, en toda guerra siempre crece la valentía y la dignidad.
En estos 11 años, la avanzada ética ha sido y siguen siendo las
familias de cada una de estas víctimas. Éstas, pese a todo el dolor e
indiferencia institucional, se han organizado no sólo para protestar
sino para incidir en la problemática que padecen.
Estas familias se han convertido en abogados, defensoras de
derechos humanos, criminólogas, peritos forenses, investigadores
privados e, incluso, en comunicadores porque la lucha que han
emprendido la han hecho al margen de la institucionalidad del
Estado, ya que por acción, colusión, omisión e inacción éste ha sido
desbordado por la propia violencia que emprendió en diciembre de
2006 cuando el ex presidente, Felipe Calderón, sacó al ejército a las
calles para combatir al crimen organizado.
La guerra, porque es verdaderamente una guerra, ha sido
nombrada de múltiples maneras: “estrategia de seguridad”,
“afronta contra el narcotráfico”, “plan de seguridad”; sin embargo,
sus consecuencias se engloban en un par de palabras: IMPUNIDAD y
DOLOR.
Estas palabras han sido enarboladas y resignificadas por las familias
de las víctimas porque éstas se han agrupado en torno a ellas para
conjuntar luchas pero también esperanzas. Su primera visibilización
en el espacio público fue alrededor de la Caravana por la Paz con
Justicia y Dignidad que encabezara el poeta, Javier Sicilia, tras el
asesinato de su hijo Juan Francisco a manos de la delincuencia
organizada, el 26 de abril de 2011.
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