Revista CIPU Noviembre 2018

plazo no superior a 12 meses a partir del ingreso del trabajador, debiendo comunicar tal extremo a la
Inspección General del Trabajo, presentando un plan de acción en donde consten las medidas a adoptar
a fin de dar cumplimiento a las condiciones de accesibilidad.
Los aportes jubilatorios patronales al Banco de Previsión social correspondientes a las personas con
discapacidad que ingresaren a trabajar para empleadores de la actividad privada, a partir de la vigencia
de la presente ley, se realizarán en forma gradual conforme a la siguiente escala:
1) 25% del aporte durante el primer año de labor.
2) 50% del aporte durante el segundo año de labor.
3) 75% del aporte durante el tercer año de labor.
4) 100% del aporte, una vez finalizados tres años de trabajo.
Para acceder a los beneficios e incentivos que habilita la ley, los empleadores deberán estar debidamente
inscriptos en el registro que funcionará en la órbita del Ministerio de Trabajo y Seguridad social a estos
efectos, debiendo presentar un informe de la Comisión Nacional de Inclusión Laboral, respecto del
cumplimiento de la presente ley.
Las personas con discapacidad que deseen acogerse a los beneficios de la ley, deberán inscribirse en el
Registro Nacional de Personas con Discapacidad que funciona en la Comisión Nacional Honoraria de
Discapacitados.
Quienes se encuentren dentro de las condiciones establecidas y deban dar cumplimiento a la contratación
de personas con discapacidad, pueden asesorarse en las oficinas del CIPU, tanto por los aspectos referidos
en este artículo, así como en otros aspectos que regula la norma, tales como licencias especiales sin
goce de sueldo, despido de una persona con discapacidad, apoyo laboral que requieran, beneficios para
la realización de obras de accesibilidad o adaptación de los lugares de trabajo.
(*) Se considera con discapacidad a toda persona que padezca o presente una alteración funcional
permanente o prolongada, física (motriz, sensorial, orgánica, visceral) o mental (intelectual y/o psíquica)
que en relación a su edad y medio social implique desventajas considerables para su integración familiar,
social, educacional o laboral.
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