Revista CIPU Noviembre 2018

Jurídica
El art. 2 establece que las personas con
discapacidad empleadas de acuerdo a la ley, gozan
de todos los derechos y obligaciones previstos en
la normativa laboral.
Cada empleador deberá generar las condiciones
adecuadas en el puesto de trabajo sobre
accesibilidad según las normas vigentes en
esa materia, a cuyos efectos deberá ejecutar
las adaptaciones necesarias para el adecuado
desempeño de las funciones del trabajador (art. 7).
En caso de producirse el despido de una persona
con discapacidad, el mismo debe obedecer a una
causa razonable, relacionada con la conducta
del trabajador o basada en las necesidades de la
empresa, establecimiento o servicio, u otra de
entidad suficiente para justificar el despido. Si no
lo hace, deberá abonar un importe equivalente a 6
meses de salario más la indemnización legal que
corresponda.
En todos los casos, el empleador deberá contratar
a otra persona con discapacidad en sustitución
del empleado cesado, en un término de tres meses
a contar de dicho despido.
Los trabajadores comprendidos en la presente
ley, tendrán derecho a una licencia extraordinaria
sin goce de sueldo por un período de hasta tres
meses continuos o discontinuos al año, adicional
a la licencia anual y a la licencia por enfermedad
que correspondiere, siempre que el motivo de
la licencia esté directamente relacionado con su
discapacidad.
El trabajador tiene que comunicarlo a su
empleador 48 hs antes del inicio de dicha
licencia extraordinaria, acompañando siempre
el certificado médico expedido por la oficina de
Peritaje Médico dentro del Sector Evaluación de
Incapacidad del B.P.S.
Las empresas que contraten trabajadores con
discapacidad de acuerdo a lo establecido por
la ley, obtendrán beneficios por realización
de obras de accesibilidad o adaptación de los
lugares de trabajo con la finalidad de posibilitar
el desempeño del personal contratado, y estarán
comprendidos en los beneficios de la ley de
Inversiones y Promoción Industrial (ley 16.906).
Los aportes jubilatorios patronales
correspondientes a las personas con
discapacidades que ingresaran a trabajar, a partir
de la vigencia de la ley, se realizarán en forma
gradual conforme a la siguiente escala:
a) durante el primer año, el 25 % del aporte;
b) durante el segundo año, el 50 % del aporte;
c) durante el tercer año, el 75 % del aporte;
d) una vez cumplido los tres años de trabajo,
el 100 % del aporte.
La ley establece que las personas con discapacidad
que deseen acogerse a los beneficios de la misma,
deberán inscribirse en el Registro Nacional de
Personas con Discapacidad que funciona en la
órbita de la Comisión Nacional Honoraria de
Discapacitados.
A su vez, se prevé que la Comisión Nacional
de Personas con Discapacidad (integrado con
representantes de diferentes organismos públicos
así como organizaciones como el PIT- CNT y
cámaras empresariales y de la sociedad civil del
área de personas con discapacidad), realizará un
seguimiento de la ley.
Estaremos pendientes a la reglamentación de la
ley, ya que, el Poder Ejecutivo dispondrá de un
plazo de 90 días para hacerlo.
Dr. Alfredo Arce
• Dr. en Derecho y Ciencias Sociales
• Postgrado especialista en Derecho del Trabajo,
• UdelaR
• Abogado consultor del CIPU
• Integrante del anuario de jurisprudencia laboral desde
1987
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