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OPINIÓN
“cuando se lía en Almería, se lía de verdad”. Hemos tenido
juicios como los de Jonathan Moya, Dosanu Pinzariu y tantos
otros en los que la expectación social era absoluta.
No se trata de alimentar el morbo por el morbo, no. Se
trata de poder recoger la declaración en vídeo o dejar constancia
en instantáneas de algunos momentos de la vista
oral que son negados a los lectores y televidentes porque
no existe una uniformidad de criterios en todo el país. Por
mucho protocolo del CGPJ que haya.
Ojo, que esto es general en toda la Audiencia pero se
puede extrapolar perfectamente e incluso llevarlo un poco
más allá en el caso de la Ciudad de la Justicia. He tenido
el dudoso honor de sufrir en mis carnes cómo un juez ha
determinado que un juicio se celebraría con el tradicional
“audiencia pública” que anuncia que cualquier interesado
puede entrar a seguirlo… excepto los periodistas.
Sí, aunque parezca ilógico, en los penales se ha llegado a
este extremo. Que alguien impida entrar a la sala de vistas
a todo un colectivo porque sí. Si por interés de las partes se
enjuicia a puerta cerrada, los plumillas lo hemos entendido
y por mucho que nos pueda fastidiar hemos comprendido
que existen casos en los que por la relevancia del procesado,
la edad de la víctima o el tipo de delito y la privacidad del
afectado, es lógico que tenga lugar esta salvaguarda. Pero
que de ese punto se pase a que seamos el único público vetado…
Me parece que hay una distancia muy significativa y
poco deseable.
MÁS PROBLEMAS EN LA CIUDAD DE LA JUSTICIA
Por su actualidad, comenzaré con lo acontecido recientemente
en el Juzgado de Instrucción número 6 de Almería.
Supongo que sabrán que un agente de la Policía Local adscrito
al Área de Urbanismo del Ayuntamiento de Almería
fue detenido recientemente por supuestos “chanchullos”
con un arquitecto. Algo normal, estandarizado y común es
que tras la puesta a disposición judicial del investigado de
turno, los periodistas consultemos al TSJA qué ha ordenado
el juez correspondiente. Por primera vez en mucho tiempo,
y a través de un mensaje recibido por decenas de compañeros,
el TSJA aseguró que era imposible decir si había ingresado
en prisión, quedado en libertad con cargos o cualquier
otra medida adoptada por “falta de colaboración” del juzgado.
Un precedente que, de extenderse, sería muy peligroso
para el devenir de mi profesión pero también para poder
garantizar el tan traído y manido derecho a la información.
Para concluir, quisiera retomar el asunto de las sentencias
públicas y su incidencia en esta sede. Aclaro de forma
previa que en mi caso la jurisdicción que centra míactividad
es la penal, con algunos “coqueteos” con otras diferentes,
por lo que cuando hablo es exclusiva de los cinco juzgados
que en la capital se encargan de la misma.
Hasta no hace mucho, gracias a un trabajo e insistencia
de años, no existía ningún problema a la hora de hacerse
con cualquier fallo de interés público en ninguno de estos
órganos unipersonales. Algo que cambió no ha demasiado
en el Penal 4 y, menos tiempo aún, en el Penal 2.
Primero uno y después el otro, han limitado el acceso
a las sentencias. El 4 de una forma más general y el 2 con
cortapisas de otro tipo, pero que a la postre obtienen el mismo
resultado. Sí, la baza del TSJA siempre estará ahí con las
pegas que ya he mencionado previamente… Pero es que a
veces ni por esas. Y cada vez la situación va a peor, verbigracia
de una LOPD, a míparecer, mal entendida.
Y es que los redactores que tenemos en los tribunales
uno de nuestros puntos de trabajo habituales, siempre hemos
respetado el anonimato del condenado cuando no se
trata de una figura pública. Tanto cuando los propios miembros
del juzgado han censurado previamente el fallo, como
cuando no lo ha hecho, nos hemos limitado a incluir las iniciales
de esta persona. Más aún, si los hechos enjuiciados
han ocurrido en pueblos pequeños donde con estas iniciales
puede ser identificado con relativa facilidad, hemos omitido
dicho lugar y dejado por escrito la comarca o zona… Y
si se trata de asuntos que afectan a menores o a delitos que
pudieran suponer un estigma para la víctima, ni eso.
Porque aquí, por desgracia, de lo que se está dudando
es de una profesionalidad que muchos compañeros han demostrado
a lo largo de años y años. n
Diciembre 2018 Ilustre Colegio Provincial de Abogados de Almería · Sala de Togas
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