SDT78

FONDO JURÍDICO Y COLABORACIONES
Cambio de criterio de la Dirección
General de Tributos sobre los
excesos de adjudicación
y su incidencia a efectos prácticos sobre los principios
de justicia tributaria y capacidad económica
practicar otra liquidación cuya base imponible sea dicha
cantidad”.
I. INTRODUCCIÓN
Antonio Carlos Martínez Gálvez
Master en Fiscalidad y Tributación
Mediador Civil, Mercantil y Familiar
Colegiado 4631
La postura de la DGT, en este espinoso asunto, no ha
sido clara ni unánime ab initium, y no me estoy refiriendo
únicamente al cambio de criterio que representan
las V470-18, de 21 de Febrero de 2018 respecto a la
V952-18, de 11 de Abril de 2018. Ya en la V0787-07, de 17 de
Abril de 2007, la DGT en un supuesto de comunidad hereditaria
en la cual tres comuneros, titulares del pleno dominio
por partes iguales y en proindiviso de 2 inmuebles urbanos,
que disuelven dicha comunidad hereditaria adjudicando
a uno de los hermanos el pleno dominio de uno de los inmuebles
y a los otros 2, el pleno dominio en pro indiviso del
otro inmueble compensando en metálico estos últimos al
primero por el exceso de adjudicación recibido, entendió
que tal exceso está sujeto a TPO, por no concurrir ninguno
de los supuestos de excepción del Art. 7.2.B) TRLTPAJD,
al entender como no producida la disolución de la comunidad,
sino que ésta subsiste pero en distinta proporción
dado que el negocio jurídico consistió en la adjudicación a
un comunero de un inmueble y el otro inmueble se adjudicó
a los otros 2 comuneros. Por tanto, la DGT entendió como
no producida la disolución de la comunidad, dado que ésta
subsiste pero en distinta proporción. Por otra parte, y con
antelación a las mencionadas consultas, un criterio semejante
ya había sido sostenido por 2 Resoluciones del TEAR
de Valencia de 15 de Febrero de 2017 y 15 de Noviembre de
2017, que señalaron en un supuesto semejante que “El acto
inscribible no es la disolución de la comunidad en sí, aunque
ese dato conste en el Registro de la Propiedad, puesto que
lo que se inscribe son titularidades.
Así, como el reclamante ya tenía registrada
una cuota indivisa del 50%
del inmueble, lo que en realidad se
registra a su favor con la escritura de
extinción de condominio es la titularidad
del 50% restante. Y es por ese 50%
del valor del inmueble, esto es, por la
cantidad abonada al otro copropietario,
por la que el reclamante ha de
tributar, debiendo la Administración
II. CONSIDERACIÓN JURÍDICA Y TRATAMIENTO NOR-
MATIVO A EFECTOS DEL DEL CÓDIGO CIVIL
A su vez es necesario incidir en el tratamiento normativo
ofrecido respecto a la disolución de comunidades de bienes
que ofrece el Art. 61.2 RITPAJD “La disolución de comunidades
de bienes que no hayan realizado actividades empresariales,
siempre que las adjudicaciones guarden la debida
proporción con las cuotas de titularidad, sólo tributarán, en
su caso, por Actos Jurídicos Documentados”. Así, la normativa
habla no de bien, sino de bienes; por tanto, nos hallamos
no ante un acto jurídico cualquiera o que afecte a cualquier
sujeto pasivo, sino ante uno que afecta a un determinado
sujeto pasivo, una comunidad de bienes. Así como que no
opera respecto cuando únicamente existe un bien en la comunidad
sino cuando existe más de un bien. Resulta por
ello, perentorio aclarar qué hemos de entender, normativamente
hablando, por comunidad de bienes para así traspolarlo
a su disolución a efectos fiscales. Así el Art. 392 CC
declara “Hay comunidad cuando la propiedad de una cosa o
de un derecho pertenece pro indiviso a varias personas”.
Considero, por tanto, ilógico e incongruente considerar
a la situación de hecho descrita como 2 HI’s distintos
cuando solo se trata de un único HI, el de la disolución de
la comunidad o condominio que necesariamente representa
la adscripción de un bien a un comunero y de otro bien
al otro comunero. Como la valoración de ambos bienes es,
habitualmente, muy difícil o casi imposible que coincida,
obligatoriamente quien recibe un importe superior al que
le pertenece por su cuota, necesariamente ha de compensar
al otro comunero; no hacerlo supondría conculcar el
principio de prohibición del enriquecimiento injusto. Pero
de ahí a considerar existente 2 HI’s media un abismo porque
para que se produzca el segundo acto jurídico (compensación
en metálico) es necesario el acaecimiento del
anterior (disolución de la comunidad). A su vez, el Art. 1062
CC estipula: “Cuando una cosa sea indivisible o desmerezca
mucho por su división, podrá adjudicarse a uno, a calidad de
abonar a los otros el exceso en dinero”.
Por tanto, dado que el artículo exige
la adjudicación “a uno”, con la consiguiente
extinción de la comunidad,
algunos Tribunales centran el quid
de la cuestión en este punto, de modo
que la operación no estará sujeta si
se cumple esta condición de adjudicar
el bien a uno solo de los comuneros,
pero sí cuando la adjudicación
se hace a varios -con la consiguiente
Diciembre 2018 Ilustre Colegio Provincial de Abogados de Almería · Sala de Togas
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