Alternativa Caribe

tiempo y con la mayor claridad posible. No nos simpatizan
las expectativas de los nuevos parques eólicos
de La Guajira por muchas razones que tienen que ver
con los diferentes asuntos relativos a la paz duradera
y estable que anhelamos todos los colombianos, con
el despelote que obviamente se generaría en un territorio
vuelto trizas por el trazado ilegal e irracional del
próximo desarrollo transicional energético. Tampoco
nos simpatiza la irresponsabilidad de los planificadores
de este despojo o invasión del territorio wayuu por
otra razón muy elemental que hay que expresarla con
total claridad: no somos partidarios de que el gobierno
colombiano, cualquiera que haya sido o sea, atraiga
con engañifas y sin la menor transparencia al capital
extranjero o nacional, de manera tan irresponsable,
metiéndolos en el ojo del huracán, prácticamente a
la fuerza, contra los dueños ancestrales del territorio
pretendido. El ejemplo de las confrontaciones que los
inversionistas y empresas sufrieron en el caso de Tehuantepec
debe servirles de escarmiento. Aún hay
tiempo para recapacitar. Sabemos que todo marcha
a la mayor velocidad y que para el 2023 estarían listos
nueve parques eólicos y que el resto se tomaría
aproximadamente unos siete años, contando con que
no se hallen tropiezos, que irían desde la respetable
protesta pacífica y el empleo de las herramientas jurídicas
del sistema nacional, hasta el cuestionamiento
de la jurisdicción internacional en los sistemas judiciales
regionales competentes. Sin olvidarnos de las
probabilidades de que La Guajira, se convierta en un
escenario de controversias no tan pacíficas como quisiéramos.
¿Cuál es el
verdadero problema?
En primer término, afirmemos que no hay camas
para tanta gente, es decir, no es posible amontonar
en cualquier sitio de la Alta Guajira, por ejemplo, dos
mil torres de aerogeneradores en un solo lugar de la
geografía del pueblo indígena, cosa que no ha ocurrido,
pero tampoco es posible que sea posible que
sean repartidas a gusto de las multinacionales extrajeras,
que es lo que ha venido sucediendo. En orden
de llegada y a todos los que fuero levantando el
dedo, el gobierno le obsequió los derechos privados
y colectivos del pueblo wayuu. El gobierno nacional
repartió licencias a diestra y siniestra sin advertirles
a los inversionistas la sensibilidad que tienen en el
Derecho Internacional de los Derechos Humanos los
componentes territoriales de un pueblo indígena muy
importante, tal vez el más numeroso, poblacionalmente
hablando. Al contrario, el gobierno nacional ha colocado
al servicio de las empresas extranjeras que son
la mayoría, tres son colombianas, todo el andamiaje
institucional para disfrazar de Consulta Previa lo que
no es menos que los primeros pasos de una invasión
de bastas proporciones y que obviamente funcionará
como un doloroso detonante en el trasegar de los caminos
de la paz.
Según información que sabemos que posee el Ministerio
del Interior, y que fue suministrada a Indepaz para
su investigación, el gobierno nacional es consciente que
65 parques eólicos que ya están avanzados o en trámite,
impactan e impactarán directamente a 288 comunidades
Wayuu del Resguardo de la Alta y Media
Guajira. A lo anterior se suman las comunidades que
se afectarán con las líneas de trasmisión de energía
para comunicar los parques proyectados con las subestaciones
que les recibirán su energía. Por último,
que se sepa que este no sólo es un problema de los
habitantes de la Alta y Media Guajira, también ataca
la estructura del universo turístico de La Guajira, lo
mismo que la funcionalidad de los puertos y fronteras
indígenas que repercuten en la vida del comercio de
Maicao. Por supuesto, tal vez, lo más importante ahora,
una medida de esta naturaleza romperá con las
posibilidades de establecer la paz en La Guajira. Por
esa razón debatiremos el problema hasta donde sea
viable y posible.
No será fácil recortar el número de parques eólicos
terrestres aprobados, al menos que se revoquen por
ilegales las autorizaciones expedidas de algunos de
ellos. Comprendemos que eso será muy complicado,
lo mismo que examinar una de las opciones que debió
ser considerada por el gobierno nacional, tal vez
la más adecuada, que sería la de los parques eólicos
marinos, o sea, explorar la posibilidad de instalarlos a
35 o 40 kilómetros de la orilla del mar, de ninguna manera
encima de los derechos de la gente. Estos parques
eólicos marinos o parques eólicos offshore tienen
muchas ventajas frente a los parques terrestres,
porque la fuerza cinética de sus aerogeneradores es
más poderosa, y no mayor contaminación visual ni
auditiva. Lo que no podrá suceder, por toda clase de
razones, es que el gobierno nacional estimule y patrocine
la destrucción del tejido social y económico de un
pueblo indígena, a lo mejor, intencionalmente. Recordemos
que la Corte Constitucional ha destacado en
sentencia 302 de 2017, que gran parte de la población
wayuu, ubicada alrededor del territorio impactado o
impactable por estos 57 proyectos eólicos, pertenecen
al ámbito de lo que se ha calificado como un estado
de cosas inconstitucional. En vez del gobierno
colocarse del lado de sus obligaciones, por lo menos
las emanadas de las órdenes de la Corte, lo que hace
es montarse en una perversa y peligrosa aventura de
la industria mundial de la generación de energía.
Parque Eólico Hornsea One
Fotografía tomada de www.xataka.com
Ecología Humana
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