Revista EST número 67

ISSN 1405-8421 

vol. XXI, núm. 67, septiembre-diciembre de 2021 

María del Rosario Fátima Robles-Robles, María de los Ángeles Romero-Espinoza 

y Natalia Guadalupe Romero Vivar 

Efectos económicos y operativos preliminares del COVID-19 en las Mipymes 

de Sonora, México 

Preliminary economic and operational effects of COVID-19 on MSMEs in Sonora, Mexico 

Alberto Daniel Vazquez 

Expansión geográfica del capital y transformaciones territoriales en la meseta 

chubutense (Patagonia argentina, 1990-2020) 

Geographical expansion of capital and territorial transformations in the Chubut Plateau 

(Argentine Patagonia, 1990-2020) 

David Castro Lugo, Reyna Elizabeth Rodríguez Pérez y Raul Ramos Lobo 

¿Existe convergencia regional en la brecha salarial por género en México? 

Is there regional convergence in the gender wage gap in Mexico? 

Genaro Aguilar Gutiérrez 

Desigualdad y sacrificio equitativo en la tributación por deciles 

de hogares en México 

Inequality and equitable sacrifice in taxation by households deciles in Mexico 

José Alberto Lara Pulido, Alejandro Guevara Sanginés, Vanessa Pérez Cirera, 

Camilo Arias Martelo y Carmina Isabel Jiménez Quiroga 

Economic spillover from Natural Protected Areas to conventional 

tourist destinations 

Derrama económica de las Áreas Naturales Protegidas en destinos turísticos convencionales

El Colegio Mexiquense: 

Contenido 

Comité editorial 

de El Colegio Mexiquense: 

Economía, Sociedad 

y Territorio 

Director: 

Editor: 

Consejo editorial: 

Consejo asesor 

internacional: 

César Camacho Quiroz Presidente 

José Antonio Álvarez Lobato Secretario General 

Raymundo C. Martínez García Coordinador de Investigación 

Raymundo C. Martínez García 

Sebastián Nelson Rivera Mir 

Arlette Covarrubias Feregrino 

Emma Liliana Navarrete López 

Luis Alberto Martínez López 

Mario González Ruiz 

José Antonio Álvarez Lobato 

Tania Lilia Chávez Soto 

Carlos Félix Garrocho Rangel 

Gustavo Abel Guerrero Rodríguez 

Correos-e: est@cmq.edu.mx; gguerrero@cmq.edu.mx 

Francisco Alba El Colegio de México, México 

José Blanco Universidad Nacional Autónoma de México, México 

Daniel Hiernaux-Nicolas Universidad Autónoma Metropolitana, México 

Soledad Loaeza El Colegio de México, México 

Martha Schteingart El Colegio de México, México 

Kurt Unger Centro de Investigación y Docencia Económicas, México 

Rosario Rogel Salazar Universidad Autónoma del Estado de México, México 

Pablo Ciccolella Universidad de Buenos Aires, Argentina 

Juan Luis Klein Université de Quebéc en Montréal, Canadá 

David Phillips Lingnan University, Hong Kong 

Harry W. Richardson University of Southern California, Los Ángeles, EE. UU. 

Joseph L. Scarpaci Center for the Study of Cuban Culture + Economy. 

David M. Smith University of London, Londres, Inglaterra 

Peter Ward University of Texas at Austin, Texas, EE. UU. 

José Luis Coraggio Universidad Nacional de General Sarmiento, Argentina 

1 

Comité editorial: Carlos Félix Garrocho Rangel, Gloria Jovita Guadarrama Sánchez, 

Daniel Gutiérrez Martínez, Boris Graizbord y Gustavo Abel Guerrero Rodríguez. 

Equipo editorial: Gustavo Abel Guerrero Rodríguez, Blanca Estela Arzate González 

y Sayra Gutiérrez Valdespino. 

Corrección de estilo: Zujey García Gasca, Alejandra García, Marilene Marques de Oliveira, 

Adso Eduardo Gutiérrez Espinoza, Juan Carlos Vásquez y Gustavo Abel Guerrero Rodríguez. 

Diseño de interiores y portada: Luis Alberto Martínez López. 

Formación y composición tipográfica: Luis Alberto Martínez López. 

La revista no asume ninguna responsabilidad por las opiniones expresadas en los textos 

firmados. 

Economía, Sociedad y Territorio pertenece a la categoría Competencia Internacional del 

Sistema de Clasificación de Revistas Mexicanas de Ciencia y Tecnología (scrmcyt) del 

Conacyt; Emerging Sources Citation Index (esci), base de datos de Clarivate Analytics; scielo 

Citation Index-Clarivate Analytics; ProQuest; ebsco; Sociological Abstracts (sa); Hispanic 

American Publish Index (hapi); Handbook of Latin American Studies (hlas); International 

Consortium for the Advancement of Academic Publication (icaap); Ulrich’s Periodicals 

Directory; catálogo Latindex (clase y Periódica); Red de Revistas Científicas de América 

Latina y el Caribe (Redalyc); Scientific Electronic Library Online (scielo); Directory of 

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Economía, Sociedad y Territorio es una publicación cuatrimestral de El Colegio Mexiquense, a. c. 

Suscripción anual (por tres números): México, 240 pesos. En Estados Unidos, Canadá, Centro y 

Sudamérica, 50 usd. Resto del mundo, 60 usd. Estos costos incluyen el envío por correo postal 

ordinario, si el suscriptor desea otro tipo de envío, correrá por su cuenta. 

Redacción y administración: El Colegio Mexiquense, A. C. 

D.R. © El Colegio Mexiquense, a.c. 

ECONOMÍA, SOCIEDAD Y TERRITORIO, vol. xxi, núm. 67, septiembre-diciembre de 2021, es 

una publicación cuatrimestral. Editor responsable: Gustavo Abel Guerrero Rodríguez. Exhacienda 

Santa Cruz de los Patos, s/n, col. Cerro del Murciélago, Zinacantepec, C.P. 51350, México, tel. 72 

22 79 99 08 ext. 183, . Reservas de derechos al uso exclusivo núm. 04-2009- 

100712390600-102, ISSN 1405-8421. Licitud de título núm. 10509; Licitud de contenido núm. 7418, 

ambos otorgados por la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas de la Secretaría 

de Gobernación. Impresa en los talleres de Solar, Servicios Editoriales, S.A. de C.V., Calle 2, núm. 21, 

Col. San Pedro de los Pinos, Alcaldía Benito Juárez, 03800 Ciudad de México, México, se terminó 

de imprimir el 30 de agosto de 2021. Impresa y hecha en México / printed and made in Mexico.

2 Contenido 

Revista Economía, Sociedad y Territorio 

Editada por 

El Colegio Mexiquense, a.c. 

La revista Economía, Sociedad y Territorio publica cuatrimestralmente artículos científicos 

derivados de investigaciones originales en ciencias sociales, que profundizan la comprensión 

de fenómenos sociales en las dimensiones urbana, metropolitana y regional. 

EST prioriza propuestas interdisciplinarias que integran conceptos espaciales (e.g. 

localización absoluta y relativa, distancia, relaciones espaciales, lugar, proximidad, espacialidad). 

Por tanto, EST se orienta a las “Ciencias Sociales Espacialmente Integradas” 

(CSEI). Esto es: reconoce el papel clave que juega el espacio (y el tiempo) en la sociedad 

humana y su importancia para entender mejor múltiples procesos sociales. 

Por lo anterior, EST se dirige a investigadores, profesores y estudiantes de todos los 

campos de las ciencias sociales, que entienden: i. Al espacio y al tiempo como componentes 

estratégicos para comprender mejor múltiples procesos sociales: y, ii. Las ventajas de hacer 

investigación en ciencias sociales con un enfoque interdisciplinario, aplicando métodos 

cuantitativos de corte espacial (e.g. estadística y econometría espacial) y utilizando alta 

tecnología (e.g. Sistemas de Información Geográfica, aplicaciones informáticas ad-hoc). Por 

lo anterior, el campo científico que aborda EST se traslapa con diversas áreas de las ciencias 

exactas (e.g. informática) y de la salud (e.g. salud pública, epidemiología). 

EST se enfoca, principalmente, a países y comunidades científicas iberoamericanas. Sin 

embargo, su alcance geográfico es global, ya que es una revista de acceso abierto y su contenido 

puede reproducirse libremente, siempre y cuando se dé crédito a los autores y a la Revista. 

Todos los artículos son evaluados por dos dictaminadores anónimos, expertos nacionales 

o internacionales en el tema del artículo y externos a la institución de origen del 

autor. Se reciben postulaciones en español, inglés o portugués. No existe cobro alguno 

para los autores en ninguna de las etapas que conforman el proceso de postulación, dictaminación 

y publicación. El formato de publicación es electrónico, mediante su edición 

en PDF y próximamente en XML, y en versión impresa. Las instrucciones para los autores 

se pueden consultar en la página de internet de EST: 



Exhacienda Santa Cruz de los Patos, 

Zinacantepec, México 

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Vía correo electrónico: est@cmq.edu.mx 

Teléfonos: +52 72 22 18 01 00, 72 22 79 99 08 ext. 183.

Contenido 

3 

Journal Economía, Sociedad y Territorio 

Edited by 


The journal Economía, Sociedad y Territorio is published on a quarterly basis and features 

scientific papers derived from original research results in social sciences, which enhance 

the understanding of social phenomena in urban, metropolitan, and regional dimensions. 

EST prioritize interdisciplinary proposals integrating spatial concepts (i.e. absolute and 

relative location, distance, spatial relationships, place, proximity, spatiality). Therefore, 

EST is oriented towards the Spatially Integrated Social Sciences (SISS). That is to say: it 

recognizes the key role space (and time) plays in society and its importance to better 

understand multiple social processes. 

Consequently, EST is aimed at researchers, professors, and students of all the areas in 

social sciences that understand: i. Space and time as strategic elements to provide better 

insight into multiple social processes: and, ii. The advantages of researching social sciences 

with an interdisciplinary approach, applying quantitative and spatial methods (i.e. 

spatial statistics and econometrics) and using cutting-edge technology (i.e. Geographic 

Information Systems, and ad hoc informatic applications. Therefore, EST scientific field 

combines diverse areas of the exact sciences (i.e. informatics) and of health (i.e. public 

health, epidemiology). 

EST focuses mainly on Iberoamerican countries and scientific communities. However, 

its geographic scope is global because it is an open access journal and its content can 

be freely reproduced, provided the authors and Journal are given credit. 

All articles are reviewed by anonymous, national or international expert peers on the 

topic of the article and outside the author’s institution. Applications in Spanish, English, 

or Portuguese are considered. There is not a charge for authors in any of the stages of the 

application, evaluation and publishing processes. Publishing format is distributed in 

digital versions (PDF and soon, XML), as well as in print version. Guidelines for authors 

can be accessed through EST website: . 



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4 Contenido 

Vol. xxi, núm. 67, septiembre-diciembre de 2021 

CONTENIDO 

Artículos de investigación 

María del Rosario Fátima Robles-Robles, María de 

los Ángeles Romero-Espinoza y Natalia Guadalupe Romero Vivar 

Efectos económicos y operativos preliminares 

del COVID-19 en las Mipymes de Sonora, México 631 


Expansión geográfica del capital y transformaciones 

territoriales en la meseta chubutense (Patagonia argentina, 

1990-2020) 657 

David Castro Lugo, Reyna Elizabeth Rodríguez Pérez 

y Raul Ramos Lobo 

¿Existe convergencia regional en la brecha salarial 

por género en México? 685 


Desigualdad y sacrificio equitativo en la tributación 

por deciles de hogares en México 719

Contenido 

5 

José Alberto Lara Pulido, Alejandro Guevara Sanginés, 

Vanessa Pérez Cirera, Camilo Arias Martelo y Carmina 

Isabel Jiménez Quiroga 

Economic spillover from Natural Protected Areas 

to conventional tourist destinations 745 

Fernando Antonio Rosete Vergés, Claudia Escalera-Matamoros, 

Bárbara Ayala-Orozco, Eduardo García-Frapolli 

y Carla Galán-Guevara 

Transversalidad en políticas mexicanas de conservación 

de la biodiversidad: Coinbio y Corredor Biológico 

Mesoamericano 775 

Juan Manuel Núñez 

Análisis espacial de las áreas verdes urbanas 

de la Ciudad de México 803 

Karla Rojas y Adrián Guillermo Aguilar 

Probabilidad de atención médica para los pobres en 

la Zona Metropolitana de Cuernavaca, Morelos, en 2018 835 

Vanesa Crissi Aloranti 

Un modelo conceptual para el abordaje del ordenamiento 

territorial 865 

Edel Cadena-Vargas 

La vulnerabilidad social en México: distribución espacial por 

sección electoral 893

6 Contenido 

Vol. xxi, nr. 67, September-December 2021 

TABLE OF CONTENTS 

Research articles 

María del Rosario Fátima Robles-Robles, María de 

los Ángeles Romero-Espinoza and Natalia Guadalupe 

Romero Vivar 

Preliminary economic and operational effects of COVID-19 

on MSMEs in Sonora, Mexico 631 


Geographical expansion of capital and territorial 

transformations in the Chubut Plateau (Argentine 

Patagonia, 1990-2020) 657 

David Castro Lugo, Reyna Elizabeth Rodríguez Pérez 

and Raul Ramos Lobo 

Is there regional convergence in the gender wage gap 

in Mexico? 685

Contenido 

7 


Inequality and equitable sacrifice in taxation by 

households deciles in Mexico 719 

José Alberto Lara Pulido, Alejandro Guevara Sanginés, 

Vanessa Pérez Cirera, Camilo Arias Martelo and Carmina 

Isabel Jiménez Quiroga 

Derrama económica de las Áreas Naturales Protegidas 

en destinos turísticos convencionales 745 


Bárbara Ayala-Orozco, Eduardo García-Frapolli 

and Carla Galán-Guevara 

Transversality in mexican biodiversity conservation 

public policies: COINBIO and Mesoamerican 

Biological Corridor 775 


Spatial analysis of urban green spaces in Mexico City 803 

Karla Rojas and Adrián Guillermo Aguilar 

Probability of health access for poor people in 

the Metropolitan Area of Cuernavaca, Morelos in 2018 835 


A conceptual model for the approach to territorial 

planning 865 


Social vulnerability in Mexico: spatial distribution 

by electoral section 893

Economía, Sociedad y Territorio, vol. xxi, núm. 67, 2021, 631-655. 

Economía, Sociedad y Territorio, vol. xxi, núm. 67, 2021, 631-655 

DOI: http://dx.doi.org/10.22136/est20211716 

Efectos económicos y operativos 

preliminares del COVID-19 en las 

Mipymes de Sonora, México 

631 

Preliminary economic and operational effects 

of COVID-19 on MSMEs in Sonora, Mexico 

María del Rosario Fátima Robles-Robles* 

María de los Ángeles Romero-Espinoza* 

Natalia Guadalupe Romero Vivar* 

Abstract 

According to CEPAL, COVID-19, will have serious effects in the short and long 

term, the intensity and depth of which will depend on the conditions of each economy, 

world trade and the closure of micro, small and medium enterprises. Under this 

framework, the objective of this study was to describe the preliminary economic and 

operational effects of the COVID-19 pandemic in MSMEs in Sonora, Mexico. It 

was found that the additional cost of facing the pandemic is explained by 21% from 

the percentage of reduction in sales and the number of people employed by the companies 

surveyed. 

Keyword: MSMEs, COVID-19, effects, costs. 

Resumen 

De acuerdo con CEPAL, el COVID-19 tendrá efectos graves en el corto y largo 

plazos, cuya intensidad y profundidad dependerán de las condiciones de cada 

economía, el comercio mundial y el cierre de las micro, pequeñas y medianas 

empresas (mipymes). Bajo este marco, el objetivo de este estudio fue describir 

los efectos económicos y operativos preliminares de la pandemia del COVID-19 

en las mipymes de Sonora, México. Se encontró que el costo adicional de enfrentar 

la pandemia se explica en un 21% a partir del porcentaje de reducción de las 

ventas y de la cantidad de personas empleadas de las empresas encuestadas. 

Palabras clave: Mipymes, COVID-19, efectos, costos. 

* Universidad Estatal de Sonora, correos electrónicos: rosario.robles@ues.mx, marielos.romero@ 

ues.mx y natalia.romero@ues.mx

632 M. del R. F. Robles Robles et al.: Efectos económicos y operativos preliminares del… 

Introducción 

En diciembre del 2019 en Wuhan, China, surgen los primeros casos de 

coronavirus COVID-19, que emigró rápidamente a los países de Europa. 

En marzo del 2020, se presentaron los primeros casos en México. La facilidad 

de contagio, riesgo de mortalidad, la falta de una vacuna para prevenir 

la enfermedad y los daños a la salud de las personas obligaron a 

gobiernos a nivel mundial a paralizar las actividades económicas no esenciales 

para prevenir su propagación, y poder evitar un mayor número de 

contagios y fallecimientos, además del colapso de los sistemas de salud. 

Sin embargo, la pandemia por el COVID-19 no sólo está cobrando 

vidas, sino impactó sobre las actividades económicas, debido al confinamiento 

y el cierre temporal de las empresas no esenciales. Estas medidas 

provocó un quebranto aún no cuantificado y poco estudiado en la vida 

económica, que afectó a empresas y trabajadores. Consideramos que el 

impacto provocado por el confinamiento y la separación de la actividad 

económica en “esencial y no esencial”, en la que mediante un decreto se 

determinó el cierre temporal de las actividades no esenciales, será mayor 

para las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), dadas sus 

características y vulnerabilidad. 

Identificar el impacto de la pandemia en la actividad económica de 

las mipymes en Sonora es relevante, ya que éstas son piezas claves en la 

actividad económica y en la generación de empleos. Además, la extensión 

del confinamiento, la reactivación escalonada, el costo del trabajo en casa 

y las medidas de sana distancia y desinfección que se requieren implementar 

han colocado a las mipymes en una grave situación económica y 

en la incertidumbre de si podrán continuar operando. Lo anterior nos 

lleva a plantear el objetivo en la investigación: describir los efectos de la 

contingencia del COVID-19 en las mipymes sonorenses y las estrategias 

utilizadas para permanecer en el mercado, con el fin de definir aspectos 

que pueden influir para que sobrevivan a esta etapa de crisis económica. 

La metodología de nuestra investigación es de carácter exploratorio 

relacional y de corte transversal. Los informantes son empresarios de 

mipymes del sector formal de nueve municipios del estado de Sonora. 

Se identificaron las actividades productivas que desarrollan. De acuerdo 

con su perfil, el 56% de ellas cerró al considerarse como no esencial. Se 

analizaron los apoyos que implementaron tanto el estado como el 

gobierno federal. 

El confinamiento decretado conlleva costos y retos adicionales para el 

sector empresarial, que no han sido debidamente estimados, lo que ha 

incrementado la fragilidad de este tipo de empresas y pone en riesgo su 

permanencia.


633 

1. Problema de investigación 

De acuerdo con el Inegi (2019a), antes de la pandemia del COVID-19 

las empresas enfrentaban problemas estructurales que dificultaban su 

operación y rentabilidad, que se han agravado en los últimos años. Se 

destacan los siguientes problemas: inseguridad (36.6%), altos gastos en 

servicio (36.1%), altos costos de materias primas e insumos (19.8%), baja 

demanda (16.3%) y altos impuestos (14.6%), exceso de trámites y gastos 

de trámites gubernamentales (7%) y (6.2%) (2019a). Además, hubo un 

bajo crecimiento económico del 2019 (de sólo 1.2%), aunado a que 

muchas de ellas se encuentran en sectores vulnerables, lo que dificulta su 

operación. Por estas razones, el confinamiento y cierre temporal de operaciones 

agravaron su ya débil situación y su reapertura en los próximos 

días será difícil. Consideramos que no todas podrán hacerlo y algunas de 

ellas se enfrentarán a una situación más precaria (gráfica 1). 

Gráfica 1 

Problemas que enfrentaban antes de la pandemia las mipymes 

en Sonora 

Fuente: elaboración propia con base en datos obtenidos de Inegi (2019a). 

Inegi a la fecha ha realizado dos estudios sobre el impacto económico 

del COVID-19. La primera de ellas (abril de 2020) muestra que 86% de 

las empresas encuestadas fueron afectadas por la pandemia del COVID-19, 

que se expresó en la disminución de sus ingresos en 79%, la demanda 

54% y la escasez de insumos 22.8%. Las empresas menos afectadas en esa 

primera aplicación fueron las grandes con 11.9%, mientras que las pymes


y microempresas continuaban con porcentajes altos de disminución de 

ingresos, 73.7% y 80% respectivamente (2020b). 

Para la segunda aplicación de la encuesta Inegi (2020c), el 95.9% de las 

microempresas y el 98.9% de las grandes empresas habían implementado 

las medidas sanitarias para enfrentar la crisis. El 53.9% de las micro, el 

77.5% de las pymes y el 92.8% de las grandes empresas continuaron implementando 

acciones y medidas sanitarias, tales como el uso de la tecnología 

y campañas de información, continuaron empleándose en las empresas. 

Hasta la segunda aplicación de la encuesta, destacamos que 94.1% del 

total de empresas no recibió apoyos para enfrentar la crisis sanitaria. El 

5.9% indicó haber recibido apoyo, en su mayoría por parte del gobierno 

(5.4%) y las cámaras empresariales (0.3%). El estudio señala tres escenarios, 

con respecto a ingresos: 48.5% mencionó que disminuirían (escenario 

pesimista); 40.1% indicó que permanecerían iguales (escenario 

regular); y 52.3% señaló que aumentarían (escenario optimista). 

La estructura de las mipymes guarda similitud en su distribución por 

tamaño con la de América Latina, en donde las grandes empresas conforman 

solamente 0.5% del total del tejido empresarial. En México, 99.5% 

corresponde a las mipymes. Por otro lado, las mipymes en Sonora ocupan 

99.6% del total, las cuales generan 65.4% del empleo estatal. La estructura 

empresarial sonorense está conformada por: 91.60% empresas con menos 

de 10 empleados; 6.70% tienen entre 11 y 50 empleados; 1.30% tienen 

entre 51 y 250 empleados; y 0.40% tienen más de 250 empleados. Con 

lo anterior, inferimos que la estructura del empleo se genera principalmente 

por las microempresas (gráfica 2). 

Gráfica 2 

Estructura del empleo en Sonora de acuerdo con el tamaño 

de la empresa 

Fuente: elaboración propia con base en datos obtenidos de Inegi (2019a).


635 

Bajo este contexto nacional y estatal, se aprecia que las mipymes están 

en desventaja para enfrentar las consecuencias de esta crisis mundial en lo 

económico y en la salud, por lo que importa reconocer el impacto en los 

primeros meses de la pandemia en las micro y pequeñas empresas. Por 

tanto, la pregunta central de nuestro estudio es: ¿cuáles son los efectos 

económicos y operativos de la pandemia del COVID-19 en las Mipymes 

de Sonora? 

2. Marco teórico 

De acuerdo con Puyana (2018), tres grandes eventos marcaron el fin de 

las tres etapas del pensamiento económico, revelando además la mutuabilidad 

de los paradigmas: el primero fue la Gran Depresión de los años 

treinta, que significó el fin de una etapa de acelerado crecimiento del 

producto; el segundo fue la estanflación de mediados de los años setenta 

del siglo pasado, que puso fin a la edad de oro del capitalismo; y el tercero 

el choque de los mercados de valores del 2008, a raíz de la Gran Depresión. 

A partir de la pandemia por COVID-19, que inició a finales del 2019, 

observamos que en breve tiempo se presenta un cuarto evento, que marca 

el fin de la etapa del pensamiento económico predominante, y plantea 

nuevos paradigmas a la teoría económica. 

Cifuentes-Faura (2020) afirma que el problema de las características de 

esta crisis no se encuentra en los mercados financieros sino en la economía 

real, compuesta por empresas, especialmente las pymes, y no tiene precedentes. 

Por tanto, es difícil compararla con crisis económicas previas. 

De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe (CEPAL) (2020a), el COVID-19 tendrá efectos graves a corto y 

largo plazo, cuya intensidad y profundidad dependerán de las condiciones 

internas de cada economía, el comercio mundial, la duración de la epidemia 

y las medidas sociales y económicas para prevenir el contagio. 

Dentro de los efectos observados a corto plazo, se encuentran el incremento 

en el desempleo, el cierre de mipymes y el aumento de la pobreza y pobreza 

extrema. Entre los efectos más graves a largo son la quiebra de empresas, 

la reducción de la inversión privada y el deterioro de las cadenas productivas 

y del capital humano. 

La CEPAL (2020a) advierte de un deterioro en los ingresos y pronostica 

que éste podría ser 5%. Esto ocasionaría un incremento de la pobreza 

y pobreza extrema en América Latina de 22% —al pasar de 67,487,000 

a 82,606,000 del 2019 al 2020—, con lo que la población en extrema 

pobreza en América Latina pasaría del 11.0 en el 2019 al 13.3 en 2020.


El cierre temporal y las medidas de restricción de movilidad decretados 

por la pandemia del COVID-19 tendrán un impacto significativo para 

las empresas y sus empleados, debido a la reducción significativa de ingresos, 

que afectará el pago de salarios, pago de deuda, impuestos y las 

contribuciones de seguridad social. Lo anterior podría desencadenar un 

impacto económico y social que aún no ha sido cuantificado. 

Las mipymes son un componente fundamental del tejido empresarial 

en América Latina, de acuerdo con Correa et al. (2019) representan 99.5% 

de las empresas en la región y se encuentran en todos los sectores de la 

económica, por su parte las micro empresas representan 88.4%, los autores 

señalan que es en el comercio donde se concentra el mayor porcentaje 

de estas empresas y la razón de su surgimiento, obedece en muchos casos 

al autoempleo. 

Con respecto a la generación de empleos, son responsables del 54% 

de los trabajos formales en América Latina y en México 67%. Su vulnerabilidad 

se refleja en su baja inserción en la estructura productiva, el 

reducido tamaño que producen bienes personalizados en serie y de alta 

calidad, su baja participación en redes de empresas y como proveedoras 

y contratistas de la gran empresa. La gran mayoría, de acuerdo con Correa 

et al. (2019), se encuentra compitiendo entre ellas en mercados masivos 

y existe poca cooperación. Lo anterior afecta su desempeño y las hace 

muy vulnerables a las crisis, sobre todo a las condiciones tan inéditas de 

la situación actual. 

El panorama para estas empresas en México a inicios del 2020 presentaba 

serios desafíos, debido al débil crecimiento de la economía (1.2%), 

el reducido acceso al financiamiento (76% no tiene acceso a financiamiento) 

(Great Place to Work, 2020), la escasa vinculación con la gran 

empresa o las cadenas productivas (95.4 % de ellas no se vinculan), un 

gran número de ellas no monitorea sus indicadores del desempeño (66.5%) 

y solamente 25% de ellas monitorea y da seguimiento a los problemas en 

el proceso productivo. Todo ello ocasiona la baja productividad y reducida 

vinculación (Inegi, 2019b). 

2.1. Políticas Públicas ante la crisis y las mipymes 

La profundidad de la crisis económica en el mundo, consecuencia de la 

paralización de la economía por el COVID-19, no tiene un referente 

cercano. De acuerdo con el Inegi (2020a), el Producto Interno Bryto 

(PIB) en el segundo trimestre del 2020 tuvo una variación de -18.9% 

respecto al mismo trimestre del año anterior. La gravedad y profundidad 

de la crisis es una situación inédita, que se requiere analizar las acciones


637 

que como política pública ha llevado a cabo el Estado mexicano, con el 

fin de mitigar los efectos de la crisis. 

La CEPAL ha creado el Observatorio para América Latina y el Caribe, 

en el que se detallan y miden las acciones realizadas por los gobiernos de 

estos países, clasificándolas en: desplazamientos, salud, economía, empleo, 

protección social, educación y género. 

La CEPAL ha clasificado las medidas y acciones hechas en los países 

de América Latina y el Caribe, contabilizando 694 acciones llevadas a 

cabo por 33 países y clasificándolas en: Política fiscal (166), Política monetaria 

(103), Política empresarial (187), Restricciones de la actividad económica 

(55), Controles de precio y cantidad (33), Estímulos económicos 

(40), Regulación del mercado de higiene personal y limpieza (29), Alivio 

de la deuda y suspensión de pagos (26), Otras políticas (55) (tabla 1). 

Tabla 1 

Medidas y Acciones implementadas por países miembros 

de la CEPAL 

Observatorio COVID-2019 para América Latina y el Caribe 

Medidas y acciones que han 

implementado países miembros de la 

CEPAL 

Medidas y acciones que ha implementado el 

gobierno de Mexico 

1. Política fiscal 

Estabilizadores automáticos — 

Inversiones públicas — 

Créditos fiscales — 

Diferimiento de impuestos — 

Reducciones de impuestos — 

Financiamiento 

Creación de un fondo emergente de hasta 

180,733 millones de pesos 

Otras políticas fiscales — 

Políticas fiscales generales — 

2. Política monetaria 

Tasa de interés 

Reducción de la tasa de interés en 50 puntos 

básicos a 5.5%. 

Requisitos de reserva — 

Requisitos de liquidez, incluidas 

compras de activos por parte de 

bancos centrales 

El Banco de México anunció 10 medidas para 

promover la operación ordenada de los mercados 

financieros, fortalecer los canales de otorgamiento 

de crédito y proporcionar liquidez


Tabla 1 (continuación) 

Observatorio COVID-2019 para América Latina y el Caribe 

Medidas y acciones que han 

implementado países miembros de la 

CEPAL 

Medidas y acciones que ha implementado el 

gobierno de Mexico 

Gestión de reservas internacionales — 

Otras políticas monetarias — 

Políticas monetarias generales — 

3. Política empresarial — 

Crédito fiscal sectores clave-actividades-regiones, 

impuestos sobre la 

nómina, cotizaciones sociales 

Subvenciones — 

Crédito Concesión de un millón de créditos de 25,000 

para microempresas, pequeñas tiendas y negocios 

familiares, registradas en el IMSS 

Política de tipo de cambio — 

Políticas de apoyo a las pyme — 

Otra política comercial — 

Políticas comerciales generales — 

4. Restricción de la actividad económica 

(incluidas tiendas y centros 

comerciales) 

— 

Separar actividades en esenciales y no esenciales 

5. Controles de precio y cantidad — 

6. Estímulo económico (incluye valor 

agregado de medidas fiscales y garantías 

de crédito) 

7. Regulación del mercado de higiene 

personal y productos de limpieza 

8. Alivio de la deuda y suspensión de 

pagos de crédito (individuos, microempresarios) 

Nueva política económica en tiempos de 

COVID-19- Inversión de 25 000 millones para 

drenaje en municipios marginados, con lo que 

se crearán 200 000 empleos directos 

Fuente: elaboración propia con base en datos obtenidos de CEPAL (2020b). 

— 

—


639 

En esta pandemia, entre la política de austeridad o gasto público, 

México ha optado por la austeridad. El 23 de abril del 2020 se decretó 

una serie de medidas de austeridad, entre las más significativas es la reducción 

del 75% de gastos en materiales generales y suministro, además de 

la cancelación de 10 secretarías (DOF, 2020). 

En cuanto al sector empresarial, destaca la ausencia de una política 

fiscal, como créditos fiscales, diferimientos de impuestos, reducción de la 

tasa de interés o de multas y recargos que cobran instituciones como el 

Instituto Mexicano de Seguridad Social (IMSS) o el Instituto del Fondo 

Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT). Para las 

mipymes, los apoyos económicos han sido reducidos, no exceden los 

25,000 pesos y se encuentran condicionados a que el empresario no haya 

despedido a un trabajador en el transcurso de 2020, además del cobro de 

una tasa de interés del 6.5% y el plazo de 33 meses (IMSS, 2020). En 

cuanto a las políticas comerciales, otros países latinoamericanos han 

implementado 187 acciones orientadas a apoyar a empresas y empresarios 

en aspectos como: créditos fiscales, impuestos sobre nómina, subsidios, 

tipo de cambio, políticas de apoyos a mipymes. México sólo ha llevado a 

cabo una acción de créditos a estas empresas en dos etapas (tabla 2). 

Tabla 2 

Acciones de política comercial de países miembros de la CEPAL 

Acciones de política comercial Países Acciones México 

Créditos fiscales sectores clave-actividades-regiones, 

impuestos sobre la nómina, cotizaciones sociales 

14 28 0 

Subsidios 13 20 0 

Créditos 19 53 2 

Políticas de tipo de cambio 7 10 0 

Políticas de apoyo a las mipymes 16 35 0 

Otras Políticas Comerciales 7 7 0 

Políticas Comerciales Generales 15 34 0 

Total de acciones 187 2 

Fuente: elaboración propia con base en datos obtenidos de CEPAL (2020b). 

México ha seguido una política de austeridad en las acciones de política 

fiscal y comercial. La CEPAL-OPS (2020: 6) recomienda un mayor 

gasto público, destinado a apoyar a las microempresas afectadas, ayudas 

económicas a trabajadores independientes por al menos seis meses y 

créditos blandos para las medianas empresas y los apoyos a las grandes


empresas, pero condicionados para que estos últimos mantengan los 

contratos de trabajo, no se inviertan en paraísos fiscales y nos se repartan 

las utilidades entre los socios. 

3. Metodología 

La presente investigación es de carácter exploratorio-relacional y de corte 

transversal. La muestra se constituyó por 107 empresas de nueve municipios 

de Sonora, predominando en proporción las de Hermosillo y, en 

segundo lugar, las de Guaymas, como se aprecia en la tabla 3. 

Tabla 3 

Empresas participantes por municipio 

Municipio Frecuencia Porcentaje 

Aconchi 1 0.9 

Agua Prieta 1 0.9 

Caborca 1 0.9 

Cajeme 3 2.8 

Guaymas 8 7.5 

Hermosillo 90 84.1 

Nácori Chico 1 0.9 

Navojoa 1 0.9 

Nogales 1 0.9 

Total 107 100.0 

Fuente: elaboración propia con base en la encuesta que se realizó en las mipymes en 2020. Los 

datos fueron analizados usando IBM SPSS Statistics (2016). 

El giro de las empresas principalmente se centró en: manufactura o 

fabricación; servicios profesionales, legales y de consultoría; comercio 

minorista; así como en restaurantes, bares y cafetería (tabla 4). 

Tabla 4 

Giro de la empresa 

Frecuencia 

Porcentaje 

Restaurantes, bares, cafetería 10 9.3 

Servicios de ingeniería y tecnología 4 3.7


641 


Frecuencia 

Porcentaje 

Servicios profesionales, legales y de consultoría 12 11.2 

Otros (especifique) 19 17.8 

Servicios de educación y capacitación 3 2.8 

Arte y entretenimiento 3 2.8 

Comercio minorista 11 10.3 

Servicios médicos y relacionados 2 1.9 

Servicios de arrendamiento 1 0.9 

Comercio mayorista 5 4.7 

Servicios de entretenimiento 2 1.9 

Servicios de belleza, salud y otros 5 4.7 

Construcción 7 6.5 

Agricultura / agroindustria 5 4.7 

Servicios de comedor para empresas 1 0.9 

Manufactura / fabricación 12 11.2 

Servicios financieros y contables 1 0.9 

Tecnología de la información 1 0.9 

Hotelería y otros servicios de hospedaje 3 2.8 

Total 107 100.0 



Con respecto a los informantes, 60% fueron hombres y la mayor parte 

de los participantes cuenta con 40 años o más (73%), 17.8% más de 30 

y menos de 40 años y 9.2% con menos de 30 años. 

Las técnicas que utilizamos son: encuesta a empresarios del estado de 

Sonora, de diferentes sectores económicos y entrevista no estructurada a 

los principales dirigentes de los sectores empresariales. El procedimiento 

que se realizó fue: se llevaron a cabo primero las entrevistas no estructuradas 

a partir de las cuales se diseñó el instrumento de la encuesta; y posteriormente 

se realizó una prueba piloto con la participación de 32 empresarios 

y con base en los resultados se realizaron los ajustes respectivos al instrumento. 

Se contó con el apoyo de la Secretaría de Economía del Estado 

de Sonora, Cámaras y Asociaciones empresariales, con los que fue posible 

aplicar la encuesta a 107 empresarios de Sonora durante los meses de abril 

y mayo de 2020, mediante Google Forms. Previo al procesamiento de la


información, se limpió la base de datos y se realizó con el programa SPSS 

versión 25 el análisis descriptivo y la correlación de Pearson, considerando 

las variables que mostraron normalidad y posteriormente una regresión 

lineal para indagar cuáles aspectos tenían mayor contribución a una 

posible explicación del fenómeno. 

4. Resultados 

Casi la mitad de las empresas que formaron parte de este estudio tienen 

cinco o menos empleados (48.65%), mientras que 31% cuenta entre 6 y 

20 trabajadores (tabla 5). En el marco de esta contingencia, se destaca 

que 56% de estas empresas fue considerada como no esenciales. Algunas 

de las empresas no esenciales para continuar operando y solventar tanto 

los servicios como los gastos que continúan generándose tuvieron que 

reinventarse, algunas de ellas con atención personalizada, mediante citas, 

atención a domicilio, Internet y otras estrategias —al decir de una empresaria, 

operar como “ladrones” o en la “clandestinidad” era una forma de 

trabajo, al menos para cubrir los costos fijos y poder abrir cuando se levante 

la contingencia. 

Tabla 5 

Rango de empleos de las empresas 

Frecuencia 

Porcentaje 

De 1 a 5 52 48.6 

De 6 a 10 17 15.9 

De 10 a 20 16 15.0 

De 21 a 50 13 12.1 

Más de 50 9 8.4 

Total 107 100.0 



La mayoría de las empresas son de capital propio, mientras que un 

10% cuenta con socios nacionales (tabla 6). Un 33.6% obtiene ingresos 

menores a $50,000 mensuales y 11% sus ingresos se encuentran entre los 

$250,000 y $500,000 mensuales (tabla 7). 

A partir del 16 de marzo del 2020 en Sonora se decreta la contingencia 

y cierre temporal de operaciones, clasificando las actividades económicas 

en esenciales y no esenciales, por lo que estas últimas tuvieron que


643 

Tabla 6 

Tipo de capital de la empresa 

Frecuencia 

Porcentaje 

Propio 73 68.2 

De su cónyuge 1 0.9 

Familiar 22 20.6 

Socios Nacionales 11 10.3 

Total 107 100.0 



Tabla 7 

Rango de ingresos mensuales 

Frecuencia 

Porcentaje 

Menos de 50,000 36 33.6 

Entre 50,000 y 100,000 40 37.4 

Entre 100,001 y 250,000 20 18.7 

Entre 250,001 y 500,000 11 10.3 

Total 107 100.0 



suspender sus actividades y pagar al menos un mes de sueldo a salario 

mínimo, según lo establece la Ley Federal del Trabajo en los artículos 42 

Bis y 429 fracción IV. Sin embargo, pagar los sueldos de los trabajadores 

y la disminución de la demanda no han sido los únicos problemas que 

han tenido que enfrentar. Existen otras situaciones que las empresas consideradas 

esenciales y no esenciales enfrentan que han sido poco visibilizadas 

y discutidas, las cuales dificultan aún más la operación durante la 

contingencia. Dentro de los más recurrentes se encuentran: proveedor 

cerrado, incremento de precios y escasez de insumos, pago de renta. 

El 96% manifiesta que sus ventas no se han incrementado durante la 

contingencia y 64.5% señala que se han reducido más de 50% (tablas 8 

y 9).


Tabla 8 

Incremento de las ventas por la situación de contingencia 

COVID-19 

Frecuencia 

Porcentaje 

No se han incrementado 96 89.7 

Se han incrementado en un 10% 7 6.5 

Se han incrementado en un 25% 3 2.8 

Se han incrementado un 50% 1 0.9 

Total 107 100.0 


datos fueron analizados usando IBM SPSS Statistics (Versión 2016). 

Tabla 9 

Porcentaje de reducción de las ventas por la contingencia 

COVID-19 

Frecuencia 

Porcentaje 

No se han reducido 8 7.5 

Menos del 10% 8 7.5 

Más del 10% y menos de 25% 10 9.3 

Más del 25% y menos de 50% 12 11.2 

Más del 50% y menos del 75% 18 16.8 

Más del 75% 51 47.7 

Total 107 100.0 


datos fueron analizados usando IBM SPSS Statistics (Versión 2016). 

4.1. Apoyos gubernamentales y costos del trabajo en casa 

Con el fin de apoyar a las mipymes, se estableció a nivel federal y estatal 

una serie de apoyos económicos. El Gobierno del Estado de Sonora a 

través de la Financiera para el Desarrollo Económico de Sonora (FIDE- 

SON) y el Gobierno Federal mediante el IMSS. El gobierno estatal otorgó 

créditos a una tasa del 0% de interés y un plazo de 36 meses y seis meses 

de gracia. Los montos oscilaron entre los $10,000 a $50,000 dependiendo 

del número de trabajadores registrados: autoempleo $10,000, de 1 a 10 

trabajadores $25,000 y entre 11 a 50 trabajadores $50,000 (DOF, 2020). 

El Gobierno Federal otorgó un monto de $25,000 a una tasa del 6.5% 

anual, condicionando dicho apoyo a las empresas que no hayan despedido


645 

Tabla 10 

Monto del crédito solicitado a alguna institución gubernamental 

Frecuencia 

Porcentaje 

No he solicitado crédito 58 54.2 

10,000 8 7.5 

25,000 22 20.6 

50,000 11 10.3 

100,000 1 0.9 

Más de 100,000 7 6.5 

Total 107 100.0 



Tabla 11 

El monto anterior como capital de trabajo para: 

Frecuencia 

Porcentaje 

No Aplica 49 45.8 

Menos de 15 días 26 24.3 

Un mes 22 20.6 

Dos meses 5 4.7 

Más de dos meses 5 4.7 

Total 107 100.0 



trabajadores en el 2020 y que estuvieran registrados en dicho instituto y 

el plazo para pagar fue de tres años (IMSS, 2020). La mayoría de encuestados 

señalan que los créditos son insuficientes para hacer frente a las 

obligaciones y pago de pasivos, 24% refiere que el monto de los créditos 

otorgados alcanzará menos de 15 días, 20.6% para un mes y el resto más 

de un mes y 45.8% no había solicitado crédito al momento de la encuesta 

(tablas 10 y 11). 

El confinamiento se ha prolongado por más de tres meses y la sociedad 

en su conjunto enfrenta una difícil situación, que al momento de 

realizar la entrevista solamente era un esbozo de la crisis económica que 

se ha agudizado con el paso del tiempo. Sin embargo, pese a que al 

momento de realizar la encuesta apenas iniciaba el confinamiento,


solamente el 5.6% de ellas refiere que la contingencia no afectaba sus operaciones, 

un 50.5% de ellas señaló que la pandemia afectaba sus operaciones 

al 100% y un 19.6% calculaban que en ese momento (abril y mayo 

del 2020) sus operaciones estaban siendo afectadas en un 75% (tabla 12). 

Tabla 12 

Porcentaje de problemas que las empresas enfrentan 

por el COVID-19 

Frecuencia 

Porcentaje 

No ha afectado las operaciones 6 5.6 

Hasta un 15% 9 8.4 

30% 7 6.5 

50% 10 9.3 

75% 21 19.6 

100% 54 50.5 

Total 107 100.0 



Las empresas que siguieron operando durante la contingencia y las 

que migraron a otras formas de prestar el servicio y vender sus productos 

tuvieron que realizar diferentes acciones dentro de la empresa, entre las 

cuales se encuentran: cambiar áreas de trabajo para ampliar espacios, 

otorgar equipo de protección, rotar turnos, el trabajo en casa y hasta 

cambiar el embalaje para enviar productos a domicilio. 

Implementar estas y otras medidas tiene un costo adicional, que las 

empresas no tenían considerado en su capital de trabajo. De hecho, en 

muchos casos es superior al apoyo prestado por instituciones de gobierno, 

esto sin considerar los costos adicionales de los protocolos para el reingreso 

escalonado establecidos por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, 

situación que agrava la frágil situación económica de estas empresas. Un 

36.4% refiere que las medidas para prevenir contagios son menores a los 

$5,000. Sin embargo, para el resto de encuestados, las medidas adoptadas 

van de los $10,000 a más de $100,000. Lo que indica que no solamente 

recibieron poco apoyo en créditos, sino que la mayoría de las veces, el 

crédito recibido es menor a los costos de implementar las medidas de 

desinfección o prevención en la empresa (tablas 13 y 14).


647 

Tabla 13 

Costo adicional por la contingencia COVID-19 

Frecuencia 

Porcentaje 

No 31 29.0 

Si 76 71.0 

Total 107 100.0 



Tabla 14 

Rangos del costo adicional por la contingencia del COVID-19 

Frecuencia 

4.2. Despido de trabajadores y costos del confinamiento 

Porcentaje 

No Aplica 32 29.9 

Menos de 5,000 pesos 39 36.4 

10,001 y 20,000 16 15.0 

20,001 y 40,000 10 9.3 

60,001 y 100,000 4 3.7 

Más de 100,000 6 5.6 

Total 107 100.0 


datos fueron analizados usando IBM SPSS Statistics (2016) 

El confinamiento decretado por la pandemia del COVID-19 ha durado en 

México más de 120 días. En los primeros meses de la pandemia cuando se 

aplicó la encuesta, 23.4% afirma haber tenido que despedir trabajadores. 

Un 1.9% despidió entre 11 y 15 trabajadores y 1.9% entre 16 y 25, esta 

información se aprecia las tablas 15 y 16. 

Tabla 15 

Despido de trabajadores por la contingencia del COVID-19 

Frecuencia 

Porcentaje 

No 82 76.6 

Si 25 23.4 

Total 107 100.0 


datos fueron analizados usando IBM SPSS Statistics (2016).


Tabla 16 

Cantidad de trabajadores despedidos a causa de la contingencia 

COVID-19 

Frecuencia 

Porcentaje 

0 82 76.6 

1 12 11.2 

Entre 2 y 3 3 2.8 

5 3 2.8 

Entre 6 y 10 3 2.8 

Entre 11 y 15 2 1.9 

Entre 16 y 25 2 1.9 

Total 107 100.0 



Entre los resultados más destacados se encontró que existe una alta 

correlación, de 0.77, entre el porcentaje de reducción de las ventas de 

las empresas y el porcentaje de problemas que enfrentan las mismas por 

consecuencia de la contingencia del COVID-19. Asimismo, se encontró 

una muy baja correlación (-0.004) entre el costo adicional generado 

con la contingencia y el monto del crédito solicitado a una institución 

gubernamental. 

Como podría esperarse, el resultado estadístico arrojó una correlación 

moderada y negativa entre el incremento de las ventas con relación al 

porcentaje de problemas que se están enfrentando en estas empresas por 

el COVID-19 y con el porcentaje de reducción de ventas en las empresas 

estudiadas (tabla 17). 

El modelo estadístico obtenido por regresión lineal nos muestra que 

el 21% del costo adicional que están asumiendo las empresas por la contingencia 

del COVID-19 se explica por el porcentaje de reducción de sus 

ventas y por la cantidad de empleos de dichas empresas, resultando esta 

última variable la que más aporta a la explicación de este fenómeno, como 

se muestra en la tabla 18, donde esta variable resultó con un valor beta 

de 0.37 (tabla 19). 

Entre los hallazgos más relevantes, se identifica que el confinamiento 

y el cierre temporal se ha sumado a problemas estructurales previos que 

enfrentaban las mipymes como la inseguridad (36.6%), altos gastos de 

los servicios públicos y arrendamiento (36.15%) y altos costos en las 

materias primas e insumos (19.8%) y la baja demanda de sus productos 

o servicios (16.3%), que requieren un análisis aparte. Esta situación y 

los efectos de la contingencia decretada han colocado a estas empresas


649 

Tabla 17 

Correlación entre posibles causas y consecuencias 

de la contingencia por COVID19 

8. ¿En qué porcentaje 

se han reducido 

las ventas en su 

empresa? 

15. Si ha solicitado 

crédito a alguna 

institución gubernamental, 

el monto del 

crédito fue 

17. ¿En qué 

porcentaje considera 

usted que los 

problemas que 

enfrenta la empresa 

en este momento son 

consecuencia de la 

contingencia por el 

COVID-19 

23. Si la respuesta 

anterior fue 

afirmativa, ¿a cuánto 

asciende este costo 

adicional? 

7. ¿Por la 

situación de 

contingencia 

COVID- 

19, las 

ventas en su 

empresa se 

han 

incrementado? 

-.388** 

8. ¿En qué 

porcentaje 

se han 

reducido las 

ventas en su 

empresa? 

.095 -.004 

15. Si ha 

solicitado 

crédito a 

alguna 

institución 

gubernamental, 

el 

monto del 

crédito fue 

-.302** .775** .033 

17. ¿En qué 

porcentaje 

considera usted 

que los 

problemas que 

enfrenta la 

empresa en este 

momento son 

consecuencia de 

la contingencia 

por el COVID- 

19 

.039 .270** .254** .239* 

**La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

* La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 


datos fueron analizados usando IBM SPSS Statistics (2016).


Tabla 18 

El costo adicional por el COVID-19 

Resumen del modelo b 

R R cuadrado R cuadrado ajustado Error estándar 

de la estimación 

.463 a .215 .199 1.808 

a. Predictores: (Constante), 2. Empleos, 8. ¿En qué porcentaje se han reducido las 

ventas en su empresa? 

b. Variable dependiente: 23. Si la respuesta anterior fue afirmativa, ¿a cuánto asciende 

este costo adicional? 



Tabla 19 

Coeficientes 

Coeficientes 

no estandarizados 

(Constante) -.513 .497 

8. ¿En qué porcentaje 

se han reducido las 

ventas en su empresa? 

Coeficientes 

estandarizados 

B Desv. Error Beta t Sig. 

.305 .106 .250 2.871 .005 

2. Empleos generados .557 .129 .377 4.330 .000 

Variable dependiente: ¿a cuánto asciende este costo adicional? 



en la incertidumbre su operación y sobrevivencia. Es precisamente la incertidumbre 

el sentimiento más expresado por empresarios de este sector. 

Las medidas implementadas para prevenir contagios tienen costos 

elevados que van de los $5,000 a más de $100,000 y constituyen una 

dificultad adicional en la operación de las empresas. En este sentido, se 

encontró una alta correlación del 0.77 entre la reducción de ventas y los 

problemas que enfrentan como consecuencia de la contingencia. 

El costo adicional de enfrentar la pandemia se explica en 21% a partir 

del porcentaje de reducción de las ventas y de la cantidad de empleos de 

las empresas encuestadas, lo cual es relevante debido a que la permanencia 

de las mipymes en el mercado o la necesidad de liquidar empleados 

no es una cuestión de voluntad, sino una estrategia para permanecer.


651 

Entre los indicios más favorables se encuentran: el incremento en el uso 

intensivo de herramientas digitales para realizar compras, implementar el 

teletrabajo, ventas en línea y entrega de pedidos; la rapidez de reacción para 

implementar cambios tanto en el proceso sino además dar un giro a su 

actividad al introducir nuevos productos o servicios; la optimización en el 

uso de activos y de operación de la empresa; el apoyo familiar. 

Por la crisis se han visto obligadas a aprender y tomar acciones rápidamente, 

tales como modificar la plantilla laboral y espacios de trabajo; proporcionar 

equipo para evitar contagios; cambiar el embalaje; proporcionar 

un servicio personalizado, entre otras. Se observa un sector empresarial que 

busca no detenerse y continuar operando. Por ello, se ha capacitado, unido 

y apoyado entre las distintas empresas que componen el sector. Un aspecto 

relevante y que abre nuevas líneas de investigación es el viraje hacía la tecnología 

en las diferentes partes del proceso, desde la compra hasta la entrega, 

que como una medida de sobrevivencia han implementado. 

5. Discusión y conclusiones 

El confinamiento decretado conlleva costos y retos adicionales para el 

sector empresarial, que no han sido debidamente estimados, lo que ha 

incrementado la fragilidad de este tipo de empresas y pone en riesgo su 

permanencia en el mercado. Asimismo, han hecho frente a situaciones 

inesperadas, aunado a la disminución de la demanda, el cierre parcial o 

total de operaciones, entre los mencionados se encuentran: el incremento 

de precios, proveedores cerrados, escasez de insumos y demora en entrega. 

Las mipymes han tenido que asumir costos derivados de la llamada 

nueva normalidad, consistentes en: rediseñar áreas de trabajo, cambiar 

modalidades de venta, protocolos de desinfección, cambiar aforos de cliente, 

incrementar el uso de la tecnología y otros. Lo anterior ha incrementado 

sus costos de acuerdo al modelo en 21%, el cual es un alto porcentaje que 

se suma a la baja demanda y el incremento de precios, lo que aumenta su 

vulnerabilidad y las coloca en riesgo de desaparecer, al no poder superar 

los obstáculos producto de la contingencia, aunado a problemas estructurales 

previos. 

Ya que el gobierno mexicano ha seguido una política de austeridad, 

los apoyos económicos recibidos mediante un crédito han sido insuficientes 

debido a que 45% señala que esta cantidad es capital de trabajo para 

menos de un mes. Al momento de realizar la encuesta, un amplio sector 

no había solicitado crédito. Sin embargo, quienes sí habían solicitado, el 

monto de crédito otorgado ha sido insuficiente, un amplio porcentaje 

señala que su importe es capital de trabajo para menos de un mes.


La duración del confinamiento se ha prolongado y las empresas no 

han recibido ningún otro apoyo como el diferimiento de pagos fiscales, 

subsidios, créditos fiscales, reducción de tasas de interés, entre otros. 

Por la crisis la mipymes se han visto obligadas a aprender y tomar 

acciones rápidamente., reflejo de ello son: el incremento en el uso intensivo 

de herramientas digitales para realizar compras, implementar el teletrabajo, 

ventas en línea y entrega de pedidos; la rapidez de reacción para 

implementar cambios tanto en el proceso como en dar un giro a su 

actividad al introducir nuevos productos o servicios; la optimización en 

el uso de activos y de operación de la empresa. 

A partir de la pandemia por COVID-19, observamos que en breve 

tiempo se podría presentar un cuarto evento que marcaría el fin de la 

etapa del pensamiento económico predominante y plantearia un nuevo 

paradigma económico. 

La globalizacion tiene influencia directa en los países en desarrollo 

como Mexico, ya que lo que suceda en el mercado internacional tiene un 

impacto directo al interior de la economia, provocando asi que los factores 

exógenos repercutan internamente. Sin embargo, esta crisis de salud a 

nivel mundial con sus correspondientes efectos económicos no tiene 

precedentes, como bien apunta Cifuentes-Faura (2020), por lo que resulta 

díficil compararla con crisis económicas previas. 

Una de las lecciones que quedan para la operación de las mipymes es 

que la tecnología debe ser una herramienta para eficientar su operación, 

en tanto se observa un cambio en la conducta de consumidores al realizar 

más compras en línea. 

Entre las amenazas que se visualizan se encuentran la falta de liquidez, 

que provoca endeudamiento; el incremento generalizado de precios y la 

contracción de la demanda interna. 

Fuentes consultadas 

CEPAL (Comsión Económica para América Latina y el Caribe) (2020a), 

América Latina y el Caribe ante la pandemia del COVID-19. 

Efectos económicos y sociales, Santiago, CEPAL, , de agosto de 2020. 

CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) (2020b), 

Observatorio COVID-19 en América Latina y el Caribe. Impacto 

económico y social, Santiago, CEPAL, , 2 

de agosto de 2020.


653 

CEPAL-OPS (Comisión Económica para América Latina y el Caribe- 

Organización Panamericana de la Salud) (2020), “Salud y economía: 

una convergencia necesaria para enfrentar el COVID-19 

y retomar la senda hacia el desarrollo sostenible en América Latina 

y el Caribe”, Santiago, CEPAL, , 5 de 

agosto del 2020. 

Cifuentes-Faura, Javier (2020), “Crisis del coronavirus: impacto y medidas 

económicas en Europa y en el mundo”, Espaço e Economía, 9 

(18), Río de Janeiro, Universidade Estadual do Río de Janeiro, 

pp. 1-8. 

Correa, Felipe; Leiva, Valentina y Stumpo, Giovanni (2019), “Mipymes y 

Heterogeneidad estructural en América Latina”, en Marco Dini y 

Giovanni Stumpo, Las Mipymes en América Latina. Un frágil desempeño 

y nuevos desafíos, Santiago, Naciones Unidas, pp. 9-32. 

DOF (Diario Oficial de la Federación) (2020), “Decreto por el que se 

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Decreto que autoriza la Constitución de un Fideicomiso Público 

denominado ‘Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora’ ”, 26 de 

marzo, Hermosillo, Organo de Difusión del Gobierno del Estado 

de Sonora, , 1 de agosto del 2020. 

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de México, Flacso, pp. 351-378. 

Recibido: 7 de agosto de 2020. 

Reenviado: 16 de febrero de 2021. 

Aceptado: 16 de marzo de 2021. 

María del Rosario Fátima Robles-Robles. Doctora en Ciencias Sociales 

por El Colegio de Sonora. Actualmente, es Profesora de Tiempo Completo 

en la Universidad Estatal de Sonora, Integrante del Sistema Nacional de 

Investigadores, nivel candidata. Sus líneas de investigación son: desarrollo 

económico, empresarios en el desarrollo regional e internacional, actores 

y minería. Entre sus más recientes publicaciones como coautor destacan: 

“Limitaciones de la política tributaria minera en México”, en Liz Ileana 

Rodríguez Gámez y Blanca Esthela Lara Enríquez (eds.), Minería y sociedad 

en el río Sonora. Diálogos sobre desarrollo, sostenibilidad e inclusión, 

Hermosillo, El Colegio de Sonora (2021); “Mujeres empresarias: El 

emprendimiento femenino entre la ausencia de estudios y el incremento 

de su participación económica en Hermosillo, Sonora”, Revista Relayn 

(Red de Estudios Latinoamericanos en Administración y Negocios), 4 (1), 

Santa Rosa Jauregui, Querétaro, Invepy y Asociados S.C, pp. 39-50 

(2020); y “Characteristics and main effects of contract agriculture in La


655 

Costa de Hermosillo”, Expert Journal of Economics, 7 (2), Sibiu, Sprint 

Investify, pp. 66-74 (2019). 

María de los Ángeles Romero-Espinoza. Doctora en Desarrollo Regional 

por el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo (CIAD), 

Profesora de Tiempo Completo de la Universidad Estatal de Sonora, 

miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel candidato. Sus 

líneas de investigación son: Calidad de vida, Bienestar subjetivo, Desarrollo 

Sostenible y Educación Superior. Entre sus más recientes publicaciones 

como primer autor destacan: “Estrés, salud y enfrentamiento a los 

problemas en académicos de Educación Pública Superior”, en Rolando 

Díaz-Loving, Lucina-Isabel Reyes-Lagunes y Fuensanta López (eds.), 

Aportaciones actuales a la Psicología Social, vol. IV, Ciudad de México, 

AMEPSO, pp. 1939-1958, (2018); “La habilitación de los docentes en 

las instituciones de educación superior (IES) y su relación con la evaluación 

y desempeño”, en Priscila María Monge Urquijo, Claudia Navarro- 

Corona y Marcela Cecilia García Medina (coords.), Aportaciones de la 

investigación educativa a la formación de profesorado, Hermosillo, CRF- 

DIES, pp. 58-74 (2017); “Calidad de vida en docentes de educación 

pública superior”, Educación y Humanismo, 18(31), Universidad Simón 

Bolívar, Barranquilla, pp. 205-224 (2016). 

Natalia Guadalupe Romero Vivar. Maestra en Mercadotecnia y Comercio 

Internacional y Profesora Investigadora de Tiempo Completo de la 

Universidad Estatal de Sonora. Sus líneas de investigación son: globalización, 

desarrollo y calidad de vida, empresarios y empresarias en el 

desarrollo regional e internacional. Entre sus más recientes publicaciones 

como coautora se encuentran: “Mujeres empresarias: El emprendimiento 

femenino entre la ausencia de estudios y el incremento de su participación 

económica en Hermosillo, Sonora”, Revista Relayn, 4 (1), Santa Rosa 

Jauregui, Querétaro, Invepy y Asociados S.C, pp. 39-50 (2020); “Perfil 

emprendedor estudiantes del área económico-administrativa, de la Universidad 

Estatal de Sonora: una perspectiva analítica”, Memorias del 

Congreso Internacional de Investigación Academia Journals Hidalgo, 11 (8), 

tomo XV, Hidalgo, Academia Journals, pp.2475-2482 (2019); y “El 

consumo por nostalgia: Un negocio creciente en Estados Unidos”, BIO- 

LEX, (18), Hermosillo, Universidad de Sonora, pp. 45-65 (2018).




657 

Expansión geográfica del capital y 

transformaciones territoriales en la 

meseta chubutense (Patagonia 

argentina, 1990-2020) 

Geographical expansion of capital and 

territorial transformations in the Chubut 

Plateau (Argentine Patagonia, 1990-2020) 

Alberto Daniel Vazquez* 

Abstract 

Since the 1990s, the Central Plateau of Chubut has absorbed an increasing amount 

of financial surplus from other places. The objective of this article is to analyze the 

impact of these investments on the territories and their development processes. The 

work focuses on the Middle Valley of the Chubut River, a historically livestock territory 

that has been revalued for its aptitudes for agricultural production, tourism and 

recreation. Based on the case analysis, the article examines the impact of investments 

on the processes of change and productive reactivation of the valley, on rural establishments, 

small towns and their inhabitants. 

Keywords: rural spaces, land deals, territorial transformations, territorial development. 

Resumen 

Desde la década de 1990, la meseta central de Chubut ha absorbido una cantidad 

creciente de excedentes financieros provenientes de otros lugares. El objetivo del 

artículo es analizar el impacto de esas inversiones sobre el territorio y sus procesos 

de desarrollo. El trabajo se focaliza en el valle medio del río Chubut, territorio 

ganadero que ha sido revalorizado para la producción agrícola, el turismo y el 

esparcimiento. A partir del análisis de casos, se explora el impacto de las inversiones 

sobre los procesos de cambio y reactivación productiva del valle y sobre los 

establecimientos rurales, las pequeñas localidades y sus habitantes. 

Palabras clave: espacios rurales, tratos de tierras, transformaciones territoriales, 

desarrollo territorial. 

* Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, correo-e: albertogeo85@gmail.com

658 A. D. Vazquez: Expansión geográfica del capital y transformaciones territoriales… 

Introducción 

A partir de las últimas décadas del siglo XX se ha producido una creciente 

expansión geográfica del capital desde los espacios centrales hacia las 

periferias, como respuesta a la sobreacumulación de excedentes productivos 

y financieros (Harvey, 2005); una expansión que se ha vuelto crónica 

porque los espacios de la periferia que adquirieron dinamismo también 

absorbieron excedentes a través de la expansión geográfica (Harvey, 2005). 

En ese esquema internacional, la Argentina ha recibido excedentes y sus 

empresas han invertido en otros países de la región, con los consabidos 

casos de expansión del capital pampeano para la producción de commodities 

agrícolas en países limítrofes. 

Los procesos que Harvey (2005) analiza a escala internacional también 

se han replicado hacia el interior de la Argentina, entre sus regiones y al 

interior de las mismas. Tan es así que los espacios periféricos y semiperiféricos 

de la Argentina han recibido excedentes financieros provenientes 

de las regiones y las ciudades más dinámicas del país. 

En ese contexto, la Patagonia rural ha profundizado su integración 

subordinada a circuitos globales de acumulación (Schweitzer, 2016), pero 

también ha absorbido excedentes de origen nacional, de fuera de la región 

y de las principales ciudades patagónicas. 

Las inversiones han sido realizadas en beneficio de la rentabilidad de los 

sectores minero, energético, agrario y turístico y de la valorización de las tierras 

rurales, en la búsqueda de espacios para los momentos de ocio y recreación, 

y para aplazar el capital en el tiempo utilizando a la tierra rural como un 

medio para el ahorro, entre otras finalidades. 

La expansión del capital sobre la Patagonia ha sido territorialmente 

selectiva; las inversiones se han concentrado en zonas valoradas por sus 

paisajes, por la disponibilidad de recursos hidrocarburíferos y minerales 

factibles de ser explotados desde el punto de vista técnico-económico y 

jurídico y por sus aptitudes agropecuarias. Un claro indicador de esas 

preferencias territoriales es la distribución de las tierras en propiedad de 

personas físicas y jurídicas extranjeras, pues la superficie de tierras en 

dominio de extranjeros es notablemente superior en espacios cordilleranos 

valorados por sus paisajes y en zonas de interés minero del Macizo 

del Deseado, donde además se encuentran establecimientos y latifundios 

ganaderos en propiedad de extranjeros (Vazquez y Sili, 2017). 

Más allá de la expansión selectiva del capital, los habitantes urbanos 

(empresarios, comerciantes, profesionales y otros actores) también han 

adquirido tierras rurales de zonas que son marginales desde el punto de 

vista agropecuario y no forman parte de los circuitos extractivos o de las 

principales redes de consumo de lugares y paisajes; tierras de la meseta


659 

patagónica que han alcanzado valores de mercado comparativamente bajos 

a causa de la crisis ganadera y el crecimiento exponencial de la oferta de 

establecimientos rurales (Vazquez, 2015). 

El principal objetivo del artículo es analizar el impacto de la expansión 

geográfica del capital financiero sobre los territorios rurales de la meseta 

chubutense y sus procesos de desarrollo. 

Para el análisis, se considera al territorio como un contenedor y, al mismo 

tiempo, como el resultado de un proceso de construcción de contenido 

(Pecqueur, 2005). Con ese sentido del concepto de territorio, se define al 

desarrollo territorial como un proceso de transformación institucional y 

productiva, que en el medio rural estimula y propicia la interacción y concertación 

de los actores, ademas de que mejora la competitividad de todo 

el sistema territorial, con el propósito de reducir la pobreza y mejorar la 

calidad de vida de los habitantes rurales (Schejtman y Berdegué, 2004). 

La metodología empleada es el estudio de casos y los resultados surgen 

de datos obtenidos de fuentes secundarias, de la revisión de antecedentes 

bibliográficos y del trabajo de campo realizado en 2015. El trabajo de 

campo consistió en la realización y observación de entrevistas semiestructuradas 

con productores agropecuarios, presidentes de compañías mineras 

dedicadas a la explotación de pórfido, emprendedores del sector turístico, 

trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria y de la 

Corporación de Fomento de Chubut, presidentes de cooperativas y asociaciones, 

entre otros actores de la meseta. 

Seguidamente, y a fin de contextualizar el análisis, se describen las 

características estructurales de la meseta chubutense; posteriormente, se 

presentan los resultados y las discusiones, que se organizan en dos apartados: 

en el primero se presentan las finalidades de las inversiones identificadas en 

la meseta y su expresión en las funciones de los espacios rurales; en el 

segundo, se analiza el impacto de los tratos de tierras y otras inversiones 

sobre los procesos de desarrollo territorial de una de las zonas más valoradas 

por los actores que han colocado excedentes financieros en la meseta: 

el valle medio del río Chubut. 

1. El escenario de investigación: la meseta chubutense 

La meseta es un espacio periférico de la provincia de Chubut, que tiene 

una extensa superficie de más de 100,000 km 2 y una densidad poblacional 

de aproximadamente 1 habitante cada 10 km 2 . 

Con fines analíticos, se hace coincidir a la meseta con una de las 

representaciones cartográficas de la Comarca de la Meseta Central de 

Chubut (mapa 1), entidad jurídica creada por la provincia en 2010, como


subregión del territorio provincial para la planificación de procesos de 

integración y desarrollo. De esa manera, el borde de la meseta se ajusta 

mayormente a límites de departamentos administrativos y es posible 

utilizar datos oficiales publicados a esa escala. 1 

Mapa 1 

La Comarca de la Meseta Central de Chubut 

Fuente: elaboración propia con el software Qgis versión 2.18 (OSGeo, 2016). 

Este espacio tiene dos grandes tipos de ambientes biofísicos que se 

deben diferenciar para explicar los procesos económicos y territoriales 

bajo análisis: por un lado, el ambiente de sierras y mesetas (fotografía 1) 

y, por otro, el ambiente de valle (fotografía 2). 

El sector de sierras y mesetas se corresponde en su mayor extensión 

con la zona agroecológica denominada Sierras y Mesetas Centrales (SMC), 

hacia el nordeste con el Monte Austral (MA) y al oeste con las Sierras y 

1 

Los análisis cuantitativos de la información obtenida de fuentes secundarias se realizan sobre 

la base de los datos de los cuatro departamentos enteramente incluidos en la Comarca de la Meseta 

Central (Gastre, Telsen, Paso de Indios y Mártires), porque las características de la meseta y las singularidades 

de sus procesos se diluyen al incluir datos de departamentos que también contienen 

sectores de otras comarcas.


661 

Fotografía 1 

Paisaje del ambiente de sierras y mesetas de Chubut 

Fuente: fotografía del autor, enero de 2015. 

Fotografía 2 

Paisaje del valle medio del río Chubut 

Fuente: fotografía del autor, enero de 2015. 

Mesetas Occidentales (SMO). En la mayor parte del área, las precipitaciones 

anuales no superan los 200 mm y la cobertura vegetal de los suelos 

oscila entre 30 y 50 por ciento. Las SMO registran precipitaciones más 

abundantes, entre 200 y 300 mm anuales, coberturas vegetales de 50% 

con predominio de gramíneas y una presencia más extendida de bajos 

húmedos. En ese sentido, hay diferencias a favor de las SMO, que se 

traducen en una mayor receptividad de ganado y una presencia más significativa 

de ganado bovino (Schorr y Segui, 2008). 

El ambiente de valle se encuentra estructurado por el río Chubut en 

su tramo medio y en parte de su tramo superior, pero también por algunos 

de sus afluentes y por el arroyo Telsen. El río Chubut se alimenta de 

lluvias y deshielos, tiene un régimen irregular y comportamiento torrencial. 

Se trata de un río que atraviesa la meseta con un caudal medio anual de


unos 46 m³/s (estación hidrométrica Los Altares, 1943-2000) (Valladares, 

2004). El arroyo Telsen nace en las sierras Apas y Talagapa (meseta de 

Somuncurá), se alimenta del aporte de cañadones que colectan agua en 

épocas de lluvia e irriga un pequeño valle en el nordeste de la meseta 

(Colombani et al., 2017: 56). Los valles presentan condiciones agroecológicas 

diferentes a las de los ambientes de sierras y mesetas; en el fondo 

del valle, los suelos están cubiertos de una vegetación herbácea, capaz de 

alimentar a un mayor número de animales, y pueden ser aptos para el 

desarrollo de la agricultura bajo riego (Llanos et al., 2016). Por otra parte, 

el clima permite un desarrollo aceptable de algunos cultivos (De Fina et 

al., 1968). 

No obstante esas diferencias agroecológicas entre la zona de sierras 

y mesetas y los valles, el área fue valorizada para la ganadería extensiva y 

organizada con una estructura fundiaria, en la que predominan los minifundios 

ganaderos y las pequeñas estancias. 2 Algunas excepciones menores 

se encuentran en el valle del arroyo Telsen, donde los inmigrantes introdujeron 

la producción de alfalfa, cereales, frutales y hortalizas y ya para 

1920 comercializaban excedentes (Pérez, 2012). 

Los minifundios y las estancias fueron ocupadas por pobladores de 

diversos orígenes étnicos y geográficos, poblaciones indígenas reubicadas 

tras las campañas militares que produjeron el desplazamiento o la aniquilación 

de poblaciones originarias en la Patagonia argentina (1879-1884), 

europeos –mayormente españoles e italianos–, hijos de inmigrantes ya 

establecidos en el país y pobladores de origen chileno (Pérez, 2012; Troncoso 

y Flores Torres, 2012). 

Desde comienzos del siglo XX la provisión de bienes y servicios para 

esos pobladores del campo dio lugar a la instalación de comercios de doble 

o triple función –almacén de ramos generales, posada y acopio de lanas 

y cueros–, de escuelas rurales, juzgados de paz y destacamentos policiales y, 

en consecuencia, al surgimiento de pequeñas localidades. La mayoría de 

las localidades de la meseta son parajes y pueblos de menos de 500 habitantes 

y, desde el punto de vista político-administrativo, funcionan como 

comunas rurales. Las excepciones son Paso de Indios y Gualjaina, que 

superan los 1000 habitantes y poseen una estructura político-administrativa 

de municipio. Estas localidades de la meseta forman parte del área 

de influencia de Trelew, Rawson, Esquel, Puerto Madryn, Ingeniero 

Jacobacci y otras ciudades de mayor jerarquía en los sistemas urbanos de 

las provincias de Chubut y Río Negro. 

2 

Se considera la clasificación que realiza Coronato (2010: 85-6) con base en los aportes de 

otros autores: minifundios (hasta 3000 ha), estancia pequeña (entre 3000 y 10,000 ha), estancia 

mediana (entre 10,001 y 50,000 ha), estancia grande (entre 50,001 y 75,000 ha), latifundio (más 

de 75,000 ha).


663 

2. El declive de la ganadería extensiva 

Los espacios de la meseta no han quedado al margen de los cambios 

económicos y productivos que en los últimos cuarenta años han afrontado 

los espacios rurales de la Patagonia. 

El decaimiento de la ganadería ovina se intensificó notablemente a partir 

de los años ochenta, porque a los problemas estructurales se sumaron cambios 

en las condiciones de rentabilidad de la actividad y eventos naturales que 

impactaron negativamente sobre el stock de ganado. 

Los datos del Consejo Provincial de Planeamiento y Acción para el 

Desarrollo indican que, en la década de 1980, 94% de las explotaciones 

de Chubut obtenía rentabilidad negativa y sólo 6% rentabilidad positiva 

(Coplade, 1986; recuperado de Baeza y Borquez, 2006), situación que se 

vio agravada en la década siguiente por la profunda caída en el precio internacional 

de la lana y el cambio en el costo de producción generado por la 

paridad cambiaria entre el peso argentino y el dólar. En ese contexto, se 

modificó la escala de producción necesaria para alcanzar umbrales de rentabilidad 

y cientos de establecimientos ganaderos dejaron de ser sostenibles 

desde el punto de vista económico. 3 

No obstante el impacto de los cambios en la renta de la actividad, el 

declive ganadero se precipitó a principios del siglo XXI, en el marco de 

sequías prolongadas y erupciones volcánicas –Chaitén en 2008 y Puyehue- 

Cordón Caulle en 2011–. Estos fenómenos naturales impactaron gravemente 

sobre el stock de ganado menor de la provincia de Chubut y, en 

especial, sobre el de la meseta, donde provocaron una disminución de 

más de 45% del ganado. 

La situación del sector generó diferentes reacciones entre los productores: 

el sostenimiento de producciones deprimidas, la reorientación de 

explotaciones hacia otros tipos de ganado o hacia la producción bajo riego 

y una ganadería más intensiva, el cese de la producción y el cierre o abandono 

de los establecimientos. 

Tan es así que los resultados de la Encuesta Ganadera Anual de Chubut 

indican una disminución de entre 5 y 10% en la cantidad de productores 

de cada uno de los departamentos de la meseta para el período 2005-2014 

(Cárcamo et al., 2016). Por otro lado, los datos de los Censos Nacionales 

también dan cuenta del éxodo de productores, trabajadores y otros 

habitantes del campo, pues los datos del censo de 2010 indican pérdidas 

por departamento de entre 15 y 50% de la población que en 2001 habitaba 

3 

Laveglia (2004), sobre la base de los informes de CORFO Chubut, afirma que la cantidad de 

ovinos necesaria para alcanzar umbrales de sostenibilidad económica en los años noventa llegó a ser 

de 4000 ovinos en los pastizales subandinos, 6000 en la costa y 10,000 en la meseta.


de forma dispersa en los establecimientos rurales (INDEC, 2001; INDEC, 

2010). 4 

El estado de las explotaciones ganaderas de la meseta se observa en los 

datos publicados por Cárcamo et al. (2016). Los datos muestran que sobre 

un total de 819 establecimientos relevados, aquellos en producción representan 

47.62%; los subocupados, 26.25%; y los desocupados, 26.13%. 

Esos porcentajes indican que los establecimientos activos representan tres 

cuartas partes del total, pero aquellos con una carga animal superior a 

50% de su capacidad equivalen a poco menos de la mitad del total. 

En ese contexto, se ha producido la expansión de excedentes de capital 

financieros sobre algunas zonas de la meseta y, con ella, el avance de 

nuevas funciones de los espacios rurales. 

3. Expansión geográfica del capital y refuncionalización de los 

espacios rurales de la meseta 

Los excedentes financieros han arribado a la meseta con diferentes intencionalidades 

y, con ello, también son distintos los resultados territoriales. 

Mientras algunas inversiones apenas generaron algunas modificaciones 

en los establecimientos rurales, otras sí introdujeron cambios en los sistemas 

agropecuarios o son responsables del avance de nuevas funciones. 

3.1. Cambios en el sector agropecuario 

Las inversiones dirigidas específicamente al sector agropecuario contribuyeron 

con el desarrollo de dos tendencias fortalecidas a partir de la crisis 

de la ganadería extensiva de ganado menor: la reorientación de explotaciones 

ganaderas hacia la ganadería bovina y el avance de la agricultura 

bajo riego asociada a la ganadería intensiva. Los datos de los últimos tres 

censos nacionales agropecuarios mostraron que, junto al decrecimiento 

en los stocks de ovinos y caprinos del período 1988-2008, se produjo un 

incremento de 37% en el stock de bovinos (3771 cabezas en 1988 y 5148 

en 2008) y de más de 90% en la superficie implantada en la meseta (367.6 

ha en 1988 y 710 ha en 2008). 5 Por otro lado, los registros de expedientes 

del Instituto Provincial del Agua de Chubut del período 2006-2020 

indican que la superficie implantada es mayor a 1200 ha; superficie que 

4 

Cabe aclarar que el despoblamiento del medio rural disperso de la Patagonia lleva décadas de 

evolución y en la meseta de Chubut ha sido una tendencia constante desde 1960 (Hermosilla, 2013). 

5 

Es presciso señalar que, según datos de los censos nacionales agropecuarios, el stock de bovinos 

de la meseta alcanzó 6398 cabezas en el año 2002 y decreció en el período intercensal 2002-2008 (la 

excepción fue el departamento de Paso de Indios, con un crecimiento sostenido entre 1988 y 2008).


665 

es extremadamente exigua si consideramos la inmensidad de la meseta o 

la superficie implantada en los oasis agrícolas de la provincia, pero muestra 

un avance paulatino de la actividad agrícola en el área. En el cuadro 1 se 

presenta la información de los registros desagregada por departamento, 

considerando a la cantidad de permisos de uso de aguas públicas con fines 

agrarios y la superficie en hectáreas como indicadores del avance de la 

actividad agrícola. 

Cuadro 1 

Permisos de uso de aguas públicas por departamentos 

de la meseta chubutense en la actualidad 

Departamento Permisos otorgados Permisos 

en trámite 

Mártires 

Paso de Indios 

Telsen 

Gastre 

2 permisos 

460 ha 

9 permisos 

703 ha 

1 permiso (consorcio 

de 26 productores) 

111.5 ha 

4 permisos 

Más de 16 ha 

1 permiso 

s/d 

1 permiso 

s/d 

El crecimiento de la superficie implantada del valle medio del río Mayo 

ha sido significativo, pues para 1975 no había concesiones de riego registradas 

(Grondona, 1975) y en 2017 la superficie implantada registrada 

alcanzaba las 800 hectáreas (Subsecretaría de Planificación Territorial de 

la Inversión Pública, 2017). La expansión de la agricultura de irrigación 

y las prácticas ganaderas intensivas sobre los establecimientos del valle 

medio se profundizó a partir de la segunda mitad de los años noventa, 

debido a la iniciativa de un grupo de productores extensivos, los estímulos 

de organismos estatales del sector agropecuario y las inversiones de 

nuevos actores. 

3.2. Avance de otras funciones de los espacios 

Expedientes archivados 

Paralelamente a las inversiones dirigidas al sector agropecuario, nuevos 

actores han valorado recursos de la meseta para el desarrollo de la minería, 

el turismo, el esparcimiento, el resguardo de excedentes de capital y otras 

funciones económicas de los espacios. 

— 

1 expediente 

17 ha 

— — 

— 2 permisos 

133 ha 

Fuente: elaboración propia con base en información del Instituto Provincial del Agua de Chubut 

(2020). Nota: algunos registros del departamento Gastre no informan la cantidad de hectáreas.


3.2.1. Extracción de minerales y rocas ornamentales 

El avance del capital transnacional para el desarrollo de la minería metalífera 

en la meseta se produjo en la segunda mitad de los años setenta, cuando se 

intensificaron procesos exploratorios, y en 1978 comenzó la extracción de 

metales en mina Ángela, a 50 km del pueblo de Gastre (Claps, 2010). 

Sin embargo, el cierre de la mina, en 1992, significó el fin de la extracción 

de metales en la meseta (Claps, 2010). A pesar del cambio normativo 

nacional de los años noventa y el renovado interés de las empresas transnacionales 

del sector minero por incorporar al macizo Norpatagónico en 

la dinámica extractiva, los movimientos socioambientales y la ley provincial 

5001, sancionada en el contexto de las protestas, frenaron hasta hoy 

el inicio de un nuevo ciclo de extracción de metales (Torunzcyk Schein, 

2015). Cabe aclarar que el freno a la extracción no produjo el cese de la 

exploración, pues Chubut ha integrado el grupo de las provincias con 

más metros perforados en tareas exploratorias y cuenta con proyectos en 

estados avanzados de desarrollo (Jerez et al., 2019). Tan es así que la 

empresa Minera Argenta S.A. (subsidiaria de la canadiense Pan American 

Silver Corp.) aguarda un cambio en la normativa que regula el sector en 

la provincia para comenzar con la extracción de plata, plomo y otros 

metales en el yacimiento Navidad, ubicado a uno 35 km de Gastre. Con 

relación a esta contradicción, Torunzcyk Schein (2015) señala: 

El gobierno provincial no logra desactivar la protesta socioambiental en la provincia. 

La única garantía que puede ofrecerle a la soberanía global de las empresas 

mineras transnacionales es que continúen con la exploración minera, con la sola 

promesa que un futuro derogará la ley que impide la explotación minera en la 

provincia. Pero desde entonces la promesa se hace más difícil de cumplir (Torunzcyk 

Schein, 2015: 271). 

Las inversiones para la explotación de minerales no metalíferos y rocas 

ornamentales crecieron de forma notable en la última década del siglo 

pasado. Tan es así que la explotación de pórfido (piedra laja) alcanzó 

escala de producción industrial. La extracción artesanal de pórfido data 

de principios del siglo XX, pero el avance de la extracción a escala industrial 

comenzó a principios de los años 90 sobre campos de la zona de 

Sierra Chata, a unos 100 km al oeste de Puerto Madryn. En esos yacimientos 

se realiza la extracción y la clasificación de las rocas, y en las 

plantas de corte ubicadas en los parques industriales de Puerto Madryn 

se completa el proceso productivo con la fabricación de baldosas, adoquines 

y otros productos. 

La explotación de pórfido a escala industrial se originó por el arribo 

de capitales y trabajadores del norte de Italia con experiencia en el sector


667 

y se intensificó a partir de la difusión de las prácticas y las tecnologías 

italianas empleadas para el corte de las rocas. Las inversiones se realizaron 

con el fin de obtener productos de exportación para satisfacer la demanda 

europea. Los volúmenes exportados fueron en aumento hasta 2005 y 

desde entonces disminuyeron de modo progresivo hasta alcanzar las cero 

toneladas en 2018 y 2019 (gráfica 1). 

Gráfica 1 

Producción y exportación de pórfidos en la provincia de Chubut 

(1988-2018) 

Fuente: elaboración propia con datos de la Dirección General de Minas y Geología (s.f.) y de 

la Administración Portuaria de Puerto Madryn (s.f.). 

El presidente de una de las compañías dedicadas a la explotación de 

pórfido se refirió a las causas de la caída de la exportación, en una entrevista 

de 2015: 

Estas firmas nacieron para exportar al mercado europeo, porque en toda obra 

pública de los centros históricos de las ciudades se usan estas piedras, pero con la 

crisis europea, en 2007 o 2008, dejaron de comprar. Hoy tampoco podemos 

exportar porque el costo de producción y transporte es muy alto, entonces llegamos 

fuera de mercado con el precio. Entonces, lo que era un producto para la 

exportación se transformó en un producto para el mercado interno que se usa 

como material de uso normal en obras particulares (Anónimo, entrevista personal, 

2015). 

Tal como surge del testimonio del entrevistado, el desarrollo del mercado 

interno y el crecimiento de la demanda local de pórfido amortiguaron 

el impacto de la caída de las exportaciones. Sin embargo, en los 

últimos años, la caída de la demanda interna profundizó el declive de la


actividad. La situación que atraviesa el sector se observa en la disminución 

de los volúmenes producidos (gráfica 1), en la reducción de la cantidad de 

empleos y en el cierre y la fusión de las empresas. 

3.2.2. Turismo, recreación y funciones económicas difusas 

El capital también ha avanzado sobre la meseta produciendo espacios para 

los momentos de ocio y recreación. La búsqueda de espacios rurales con 

esas finalidades es una tendencia que ha cobrado fuerza en el mundo y, más 

aún, en las regiones que forman parte de redes globales de consumo de 

lugares y paisajes, como sucede en la Patagonia. En la meseta, el avance 

del consumo de lo rural y de lo que representa para sociedades posproductivistas 

(Wilson y Rigg, 2003) –esto es, lo natural, lo puro, lo auténtico, 

lo personal y lo tradicional– se observa en el paulatino avance del 

turismo y el esparcimiento. 

En la producción de espacios para el ocio y la recreación ha sido clave 

el rol de la administración provincial a través de la creación de Áreas 

Naturales Protegidas (ANP) y otras acciones que han buscado activar 

algunos de los atractivos para el desarrollo de turismo de naturaleza, 

ecoturismo, turismo aventura y agroturismo (Sánchez et al., 2015). Tan es 

así que en los últimos años se crearon dos ANP bajo la categoría “Paisaje 

terrestre y marino protegido” del Sistema de Áreas Naturales Protegidas 

de Chubut, una categoría que introduce un manejo que no impacta en 

el desarrollo de las actividades tradicionales y busca valorizar los espacios 

para el desarrollo del turismo y el esparcimiento. Una de las áreas protegidas 

es Piedra Parada, creada en 2006, que involucra 132 hectáreas del 

cañadón Las Buitreras y del valle medio del río Chubut. La otra es el ANP 

Los Altares, creada en 2014 para valorizar más de un tercio del valle medio 

y los bordes de meseta adyacentes a ambos lados del mismo. 

Las inversiones privadas dirigidas al sector turístico han sido escasas y 

en el medio rural disperso materializaron en dos hosterías, sitios de acampe 

y proyectos agroturísticos que se distribuyen a modo de puntos aislados 

en el área de influencia del ANP Piedra Parada, destino de turistas nacionales 

y extranjeros, que llegan al lugar para contemplar un paisaje de gran 

belleza escénica o realizar escalada y otras actividades deportivas en ese 

escenario, o en torno a atractivos capaces de movilizar a pobladores de la 

misma región o a turistas que toman al lugar como visita complementaria 

de otros destinos. 

Ha tenido un mayor desarrollo la compra de tierras rurales por parte 

de habitantes urbanos de la región o, también, en algún caso, de actores 

extrarregionales, para residencias de fin de semana y usos recreativos ocasionales. 

La existencia de un loteo en tierras privadas cerca de Los Altares


669 

y dentro del ANP Valle de Los Altares es una de las expresiones territoriales 

más claras del avance del esparcimiento y la recreación sobre los espacios 

rurales de la meseta. El loteo se compone de 20 lotes de entre 9 y 17 

hectáreas, que son promocionados en el sitio web del proyecto como 

espacios destinados al ocio, la recreación, la actividad vitivinícola y el 

turismo (Materia Comunicación 360°, s.f.). 

Por otro lado, se ha producido un importante desarrollo de funciones 

económicas que no necesariamente se traducen en uso concreto de las 

tierras. Entre esas funciones se encuentra el resguardo o aplazamiento 

temporal de excedentes de capital, el respaldo de operaciones financieras 

y la valorización de las tierras para negocios a mediano o largo plazo. Esas 

funciones económicas estarían detrás de compras de tierras de dominio 

privado que no se explican desde una lógica productiva y desconciertan 

a las sociedades locales. 

4. Expansión geográfica del capital y procesos de desarrollo 

en el valle medio del río Chubut 

El valle medio es un escenario propicio para profundizar en las características 

de las inversiones y en las implicancias de las mismas sobre los procesos 

de desarrollo territorial. Por un lado, porque la expansión del capital 

hacia el interior de la meseta ha sido territorialmente selectiva y el valle 

medio ha sido una de las zonas más valoradas para la colocación de excedentes 

financieros, debido a las aptitudes agrícolas de los suelos de la 

planicie aluvial baja y la disponibilidad de recursos hídricos para la irrigación, 

y por sus atractivos naturales para el turismo y el esparcimiento, entre 

otros motivos. Por otro lado, porque en las últimas décadas ha afrontado 

procesos de cambio y desarrollo territorial. 

A continuación, nos referiremos a los procesos de desarrollo del valle 

medio, con énfasis en el proceso de reactivación productiva y desarrollo 

endógeno, para, posteriormente, analizar las implicancias territoriales de 

las inversiones que han arribado al valle y sus consecuencias sobre esos 

procesos de desarrollo. 

4.1. Procesos de desarrollo territorial en el valle medio 

del río Chubut 

En las últimas décadas, organismos del sector agropecuario (el Instituto 

Nacional de Tecnologías Agropecuarias y la Corporación de Fomento del 

Chubut) y gobiernos locales han sido claves en la territorialización de políticas 

públicas nacionales, provinciales y locales, en la búsqueda de mejorar

670 A. D. Vazquez: Expansión geográfica del capital y transformaciones territoriales… 

la situación productiva de las pequeñas y medianas explotaciones y la 

calidad de vida en las poblaciones rurales. 

En la segunda mitad de los años noventa, y en el marco del Programa 

Federal de Reconversión Productiva para la Pequeña y Mediana Empresa 

Agropecuaria (Cambio Rural, INTA), se constituyó un grupo de productores 

para la producción de alfalfa en el valle medio. Para ello, contó con 

el asesoramiento técnico y las herramientas de financiación del Programa. 

Posteriormente, en 2004, el municipio de Paso de Indios inició un 

trabajo articulado con dependencias nacionales y provinciales para promover 

la reinserción de familias rurales en el campo, mejorar la situación 

productiva de las pequeñas explotaciones ganaderas y la calidad de vida 

de los minifundistas de la zona (Galer et al., s.f.), 6 trabajo articulado que 

llevó a la creación de una cooperativa de pequeños productores de lana y 

pelo mohair, que reúne a unos 57 productores. 

Con la formación del grupo de productores de alfalfa se inició un 

proceso de chacarerización del valle medio, es decir, un proceso de desarrollo 

de la producción agrícola bajo riego y la ganadería intensiva a 

pequeña escala. Aunque algunos establecimientos del valle habían incorporado 

estas prácticas con anterioridad, las mismas se extendieron sobre 

un número significativo de explotaciones y comenzaron a tener un rol 

protagónico en el funcionamiento productivo de las mismas. En la expansión 

de estas prácticas fueron importantes las decisiones y acciones de 

productores extensivos del valle, pero también de productores de la zona 

de sierras y mesetas y de habitantes de los pueblos que compraron tierras 

sobre el valle. 

Las explotaciones se orientaron, principalmente, hacia la producción 

de alfalfa y pasturas combinadas, y a una ganadería ovina con manejos 

más intensivos. Sin embargo, algunos productores introdujeron otras 

especies forrajeras (maíz y centeno) y ganado bovino. Además, instalaron 

viñas y otros frutales, sumaron producciones de huerta y gallinero, 

forestaron o introdujeron la apicultura para autoconsumo o un comercio 

apenas incipiente. 

El avance de la agricultura bajo riego y las prácticas ganaderas intensivas 

ha generado cambios en el funcionamiento y la organización de las 

explotaciones agropecuarias. Los establecimientos tienen entre 500 y 

40,000 hectáreas y cuentan con tierras sobre el valle y tierras sobre la 

meseta o las sierras. Históricamente, las explotaciones se abocaron a la 

cría extensiva de ganado y tanto las tierras sobre el valle como las tierras 

sobre la meseta o las sierras se utilizaron para el pastoreo extensivo. Con 

6 

Las dependencias involucradas en el proceso son múltiples: el Ministerio de Desarrollo Social 

de la Nación, el INTA, el Ministerio de Industria, Agricultura y Ganadería de Chubut, CorFo 

Chubut, entre otras.


671 

el giro hacia la agricultura bajo riego y la ganadería más intensiva, se 

produjo una concentración de las actividades en la chacra emplazada en 

el fondo del valle. Tan es así que algunos productores utilizan únicamente 

las superficies sobre el valle, destinando entre 1 y 30 hectáreas a la producción 

bajo riego y la superficie restante al pastoreo del ganado. 

La figura 1 muestra la topografía básica y la distribución de los usos 

del suelo en el establecimiento de un productor que introdujo las nuevas 

prácticas. 

Figura 1 

Topografía y usos del suelo en un establecimiento del valle medio 


Fuente: elaboración propia con el software Global Mapper versión v11.00 (Global Mapper LLC, 

2009) y el software Qgis versión 2.18 (OSGeo, 2016). 

Más allá de los cambios en las explotaciones agropecuarias, las nuevas 

orientaciones tienen consecuencias que trascienden los límites de los 

establecimientos e impactan sobre los procesos de desarrollo de la meseta. 

Los cambios productivos han generado nuevos entramados comerciales 

a escala local. Los chacareros del valle venden fardos de alfalfa o los 

intercambian por ovejas de refugo –ovejas viejas– con ganaderos y crianceros 

de la zona de sierras y mesetas, replicando una práctica comercial 

típica entre los valles irrigados y las áreas de secano de la Patagonia. Así, 

productores extensivos que históricamente colocaron las ovejas de refugo 

y adquirieron pasto para los caballos fuera de la meseta, en el valle inferior 

del río Chubut, actualmente lo hacen en el valle medio del mismo río. 

Las ovejas de refugo son engordadas en el valle en meses de otoño e 

invierno, cuando disminuye la oferta forrajera del pastizal natural en la 

estepa patagónica y el ganado sin suplementación pierde peso corporal,


para la obtención de corderos o para proveer de carne de oveja a los 

comercios de los pueblos. 

Por otra parte, con la disminución del tamaño de los rebaños de ovinos 

en las explotaciones del valle medio creció el mercado de los contratistas 

de esquila de poblaciones del propio ámbito –de Gan y Gastre– que 

tienen máquinas de esquila para pequeños volúmenes de producción. 

En ese sentido, la nueva división territorial del trabajo ha generado 

encadenamientos hacia el interior de la meseta y la endogeneización de otras 

fases del circuito de producción de carne de oveja; un circuito marginal en 

una ganadería principalmente orientada a la producción de lana para el 

mercado internacional. De esa manera, se evita la rápida deslocalización 

de una parte de la renta generada en la meseta, se construye capital social 

y se produce una mayor competitividad de todo el sistema territorial. 

No obstante la existencia del proceso de chacarerización, el riego no 

fue incorporado por todos los productores con tierras sobre el valle y la 

superficie implantada es aún reducida. El riego ha sido incorporado por 

productores con una capacidad productiva que les permitió acumular 

capital o productores que disponen de ingresos económicos extraprediales. 

Tan es así que el riego no es aún una tendencia entre los minifundistas. 

Los condicionantes de la expansión de la superficie implantada sobre 

los establecimientos de pequeños y medianos productores son tanto propios 

de la naturaleza zonal, como técnicos, financieros y culturales. 

La técnica necesaria en las diferentes fases del proceso productivo ha 

obstaculizado la adopción de las nuevas prácticas agrarias o la extensión 

de la superficie irrigada en aquellas explotaciones de pequeños productores 

sin capacidad de acumular capital o de acceder a herramientas de financiación. 

El sistema de riego utilizado es por inundación y la captación de 

agua del río se realiza, principalmente, a través de bombas individuales, 

pues el valle medio se ubica aguas arriba del dique de embalse Florentino 

Ameghino y no cuenta con un sistema de canales fácilmente regulables, 

como en el valle inferior. Con esa técnica, la implementación del sistema 

es costosa y el riego genera gastos adicionales, debido al combustible 

necesario para el funcionamiento de las bombas. Por otra parte, la imposibilidad 

económica de incorporar o cambiar objetos técnicos necesarios 

en otras fases del proceso productivo, como tractores y enfardadoras, 

también son obstáculos para la expansión de la superficie implantada. 

A las dificultades técnico-económicas, se suma la escasez de fuerza de 

trabajo. El número de pobladores que habitan en el campo ha disminuido 

drásticamente en los últimos períodos intercensales y los habitantes de los 

pueblos generalmente prefieren empleos que no requieran residir en el campo. 

Además, las prácticas extensivas se encuentran arraigadas al territorio y el



número de pobladores rurales idóneos en las nuevas prácticas intensivas 

es limitado. 

Más allá de esos condicionantes, existen factores que contribuyen con el 

proceso de chacarerización. Uno de los principales activos para el desarrollo 

de la producción bajo riego y las prácticas ganaderas intensivas entre los 

pequeños y medianos productores es la existencia de vínculos institucionalizados 

en la Asociación de Productores Agropecuarios del Valle Medio del 

Río Chubut (Vamerch) y la cooperativa De Vuelta al Campo (mapa 2). 

Como señala Carricart (2012), para el caso de las cooperativas de la pampa 

argentina, estas organizaciones generan redes entre actores y constituyen 

subsistemas capaces de transformar los espacios rurales. Las organizaciones 

no sólo han generado y fortalecido los vínculos entre productores, sino 

que también han sido el nexo con las administraciones estatales, mediando 

entre las necesidades de los productores y los programas nacionales y 

provinciales, y han dado muestra de trabajos colaborativos entre ellas y 

con otras organizaciones de la meseta. 

Mapa 2 

Explotaciones de productores asociados en el área de influencia de 

Paso de Indios 

Fuente: elaboración propia con el software Qgis versión 2.18 (OSGeo, 2016) y con base en 

registros de la cooperativa De Vuelta al Campo (2012) y la asociación Vamerch (2015).


En lo que respecta a la expansión de las nuevas prácticas productivas, 

las organizaciones han cumplido roles diferentes. La asociación Vamerch 

es el resultado de la evolución del grupo de productores de alfalfa que se 

conformó en los años noventa y cuenta con asesoramiento técnico y 

equipamiento de nivelación del suelo, que permite a sus asociados incrementar 

la superficie irrigada con un costo inferior al producido por los 

valores de mercado. La cooperativa De Vuelta al Campo cumple funciones 

más integrales en la búsqueda de mejorar los resultados productivos y la 

calidad de vida de los productores minifundistas del área de influencia de 

Paso de Indios, pero también promueve una ganadería más intensiva, con 

prácticas como la suplementación alimenticia y el engorde de ovinos, y ha 

organizado capacitaciones en materia de producción de forraje e irrigación 

destinadas a minifundistas que tienen tierras sobre el valle. 7 

4.2. Tratos de tierras, inversiones y ¿desarrollo? en el valle medio 


La lista de actores sociales que en los últimos 30 años han adquirido establecimientos 

con tierras sobre el valle medio incluye profesionales, comerciantes, 

productores y empresas con diversos orígenes geográficos: 

profesionales y comerciantes de las principales ciudades de la provincia 

(Trelew, Puerto Madryn y Comodoro Rivadavia), productores de la 

Comarca Andina del Paralelo 42 y del valle inferior del río Chubut, empresas 

de la provincia de Buenos Aires e inversores extranjeros, entre otros. 8 

Los nuevos actores han comprado establecimientos rurales completos 

o una fracción de los mismos. La expansión de prácticas agrarias más 

intensivas y usos recreativos sobre tierras que fueron subdivididas 

empleando una lógica de producción ganadera extensiva produjo que un 

grupo minoritario de productores, herederos e inversores soliciten la 

subdivisión de sus tierras y vendan una parte o la totalidad de las parcelas 

resultantes de la subdivisión. El Instituto Autárquico de Colonización y 

Fomento Rural de Chubut (IAC) aprobó esos fraccionamientos por 

7 

La cooperativa generó un aumento de escala que permite la comercialización directa con el 

polo textil de Trelew, donde se localizan las fases de agregación de valor y las empresas exportadoras, 

logrando un mejor posicionamiento en el mercado de fibras. Más allá de la comercialización, también 

ha buscado mejorar la competitividad del producto con la clasificación de las fibras, la promoción 

de métodos de esquila prolija y la organización de ferias de reproductores, además de promover 

cambios en las prácticas de manejo, la diversificación productiva y mejorar la calidad de vida de los 

pobladores rurales. 

8 

Los tratos de tierras que involucran a personas físicas o jurídicas extranjeras son excepcionales 

en esta zona de la Patagonia. Los extranjeros han sido atraídos por los paisajes naturales de la cordillera 

y la costa atlántica y por las potencialidades agropecuarias, mineras y turísticas de los territorios; 

en ese sentido, han comprado tierras principalmente en espacios andinos y costeros, en las áreas 

agroecológicas con mayores potencialidades y en zonas de interés minero del Macizo del Deseado 

(Vazquez y Sili, 2017).



considerar que las parcelas resultantes de la subdivisión eran unidades 

económicas o, como sucedió en uno de los casos, porque el proyecto se 

encuadró en la categoría de loteos agrestes. 9 

El análisis del impacto de estos tratos de tierras sobre los procesos de 

desarrollo de la meseta gira alrededor de las siguientes preguntas: ¿han 

contribuido con el proceso de reactivación productiva?, ¿cómo han impactado 

sobre las otras explotaciones de la zona y sobre las pequeñas localidades?, 

¿el territorio obtiene beneficios?, ¿la renta obtenida en la explotación 

es reinvertida en el territorio o deslocalizada? 

La búsqueda de respuestas a esas preguntas lleva a considerar el funcionamiento 

de los establecimientos rurales y sus vínculos en materia de consumo, 

contratación de trabajadores, etc., pero también las formas de habitar 

de los nuevos propietarios. Éstas se consideran porque los productores 

presentes suelen producir efectos positivos en el territorio: a) producen un 

mayor derrame de beneficios económicos y un efecto multiplicador de 

oportunidades laborales a través del consumo local y; b) aportan al desarrollo 

de relaciones sociales de vecindad y cooperación, de proyectos compartidos 

entre productores y acciones conjuntas que pueden beneficiar a todo 

el sistema territorial. 

En ese sentido, para analizar el impacto territorial de estas inversiones, 

se ha clasificado a los nuevos actores considerando sus formas de habitar 

y las funciones de sus establecimientos en: 

- productores presentes en explotaciones agropecuarias en actividad; 

- habitantes urbanos con explotaciones agropecuarias en actividad; 

- habitantes urbanos con establecimientos agropecuarios desocupados. 

Las inversiones de los nuevos productores presentes han sido oportunidades 

externas de desarrollo que han impactado positivamente sobre 

los procesos de desarrollo territorial. Los productores fueron protagonistas 

del proceso de expansión de la producción forrajera y la ganadería más 

intensiva sobre el fondo del valle e introdujeron la vitivinicultura, el 

agroturismo y otras actividades que diversificaron las fuentes de ingreso 

de sus explotaciones y lentamente se expandieron sobre otras explotaciones. 

Por otro lado, a través de la reinversión en la explotación y su forma 

9 

La legislación de Chubut habilita el fraccionamiento de tierras rurales siempre que el predio 

resultante pueda generar “una renta suficiente para cubrir las principales necesidades alimentarias 

de un grupo familiar tipo, tener capacidad de ahorro que permita acumular un capital mínimo que 

posibilite mejorar sus condiciones socio-culturales y económicas y la técnica de la explotación” 

(Boletín Oficial de Chubut, 1994). Por otro lado, habilita el fraccionamiento en lotes no menores a 

una hectárea siempre que se preserve “el valor paisajístico” y “los elementos significativos del ambiente” 

y se introduzca equipamiento de uso común para el desarrollo de actividades en contacto con la 

naturaleza (Boletín Oficial de Chubut, 2006).


de habitar, produjeron el anclaje local de parte de la renta obtenida, han 

construido relaciones de cooperación y aportado a la construcción de 

capital social comunitario (Durston, 2000). 

Un ejemplo de estas inversiones son las realizadas por una Sociedad 

de Responsabilidad Limitada en la zona de Paso del Sapo. Uno de los 

socios, con experiencias agropecuarias en la Comarca Andina del Paralelo 

42, se asentó en el valle medio para el desarrollo del proyecto productivo. 

La explotación se orientó hacia los cultivos forrajeros, la ganadería bovina, la 

producción artesanal de vinos y la prestación de un servicio de hostería rural 

en las instalaciones de un antiguo almacén de ramos generales. Por otro 

lado, el nuevo productor presente se ha integrado a la dinámica de la 

localidad de Paso del Sapo, forma parte de la asociación Vamerch y de un 

grupo en formación de productores de vid del valle medio. 

No obstante, los nuevos actores radicados en el valle son un grupo 

minoritario. La mayor parte de las inversiones externas al área han sido 

de habitantes urbanos que no se han asentado de forma permanente en 

el campo, es decir, de actores sociales que gracias a las mejoras en las 

condiciones de transporte y las nuevas tecnologías de la comunicación, 

experimentan o controlan sus establecimientos rurales a través de la movilidad 

o desde otros lugares, incluso desde provincias y países lejanos. 

Las inversiones de estos actores han tenido un impacto favorable en 

el crecimiento de la superficie cultivada y de los volúmenes producidos 

en el valle. Pero su impacto en el territorio ha sido heterogéneo: algunas 

generaron empleos que han sido ocupados por trabajadores locales y han 

reinvertido buena parte de la renta en la explotación, produciendo anclaje 

local de la renta obtenida en producciones agropecuarias a pequeña escala, 

pero otras han deslocalizado buena parte de la renta obtenida a través del 

uso de bienes naturales del valle en explotaciones a gran escala. 

En solicitudes de uso de aguas públicas se ha requerido autorización 

para el riego de hasta 300 hectáreas, una superficie que equivale a la superficie 

implantada por más de una docena de chacareros del valle y a aproximadamente 

40% de la superficie irrigada en 2017; es decir, se trata de 

un territorio donde los recursos hídricos pueden ser limitados, pues, según 

las estimaciones del IPA publicadas en el Plan Estratégico de Infraestructura 

de Chubut, la superficie cultivada en 2017 ya consumía 65% de la disponibilidad 

hídrica para riego del valle medio. 10 

Un claro ejemplo de estos proyectos agropecuarios a gran escala es la 

explotación de una empresa agropecuaria de Azul (provincia de Buenos 

Aires), que fue autorizada a utilizar 1,370,000 m 3 anuales de agua del río 

10 

La disponibilidad hídrica fue estimada por el Instituto Provincial del Agua en función de 

registros de un período con una merma en el derrame de las cuencas del Chubut de no menos de 20% 

(Subsecretaría de Planificación Territorial de la Inversión Pública, 2017: 129).



Chubut por un período de cinco años para 100 hectáreas de alfalfa y 200 

de maíz (Boletín Oficial de Chubut, 2013). 

Los tratos de tierras también se han producido con fines recreativos 

o con intencionalidades económicas que no se tradujeron en un uso 

concreto de las tierras. Los establecimientos rurales se encuentran desocupados 

o con un trabajador al cuidado de las instalaciones y son utilizados 

por sus propietarios en estadías ocasionales o de fin de semana. En 

ese sentido, no han contribuido con la transformación productiva del 

valle, con el desarrollo del turismo o la generación de economías residenciales, 

como las existentes en espacios receptores de migrantes por 

amenidad o estilo de vida. 

Por otro lado, algunos de esos establecimientos inactivos estaban 

ocupados o subocupados al momento de los tratos de tierras y los nuevos 

propietarios decidieron el cese de las actividades. En ese sentido, 

estos tratos no sólo no han contribuido con los procesos de desarrollo 

territorial, sino que incluso han impactado de forma negativa en el territorio 

y han profundizado las dificultades que enfrentan los productores 

del sector ganadero por la presencia de depredadores (zorros y pumas). 

Son ilustrativas las inversiones de un empresario de la provincia de Buenos 

Aires que compró grandes extensiones de tierras para la cría de ganado 

ovino y a pocos años decidió abandonar la actividad. El empresario adquirió 

estancias en producción sobre la meseta y un establecimiento con tierras 

sobre el valle, en un proceso de acaparamiento de tierras que involucró más 

de 75,000 hectáreas y le permitió comenzar la actividad con un stock aproximado 

de 17,000 ovinos. Según los entrevistados, la progresiva reducción 

del stock de ganado habría sido el motivo del abandono de la producción en 

la explotación, la venta del ganado y el despido de trabajadores. 

En síntesis, las inversiones son diversas en su origen geográfico y en 

sus intencionalidades e impacto sobre los procesos de desarrollo territorial 

tampoco ha sido uniforme. Mientras que algunas inversiones han contribuido 

con la reactivación productiva del valle e incluso con el proceso de 

chacarerización presentado en el apartado anterior, otras han impactado 

de forma negativa o, en el mejor de los casos, no han aportado a su desarrollo. 

Por otro lado, algunas de estas inversiones han derramado beneficios 

sobre el territorio a través del consumo en las pequeñas localidades 

y la contratación de trabajadores y han reinvertido buena parte de la renta 

en sus explotaciones, pero otras no han derramado beneficios económicos 

y han deslocalizado la renta obtenida. Por último, así como un grupo 

minoritario de nuevos actores se ha integrado a la asociación Vamerch o ha 

construido relaciones sociales y nuevas redes de productores en el territorio, 

un grupo mayoritario de actores urbanos no construye relaciones sociales


y culturales con el territorio y acrecienta los niveles de fragmentación socioterritorial 

(Sili, 1999). 

Conclusiones y reflexiones finales 

En los últimos 30 años, los espacios rurales de la Patagonia han absorbido 

una cantidad creciente de excedentes financieros llegados a la región en 

búsqueda de la rentabilidad de las actividades mineras, energéticas, agrarias 

y turísticas y de la valorización de las tierras rurales, así como de espacios 

para momentos de ocio y recreación, o, también, de resguardar el capital 

utilizando a la tierra como un medio para el ahorro. Y si bien la meseta de 

Chubut no se encuentra entre los espacios patagónicos más impactados por 

estos procesos, ha absorbido excedentes financieros a través de tratos de 

tierras e inversiones que muestran nuevas tendencias territoriales: 

- la extracción de pórfido avanzó sobre el sector nordeste; 

- las transnacionales del sector metalífero no han detenido las tareas 

de exploración en el sector norte, mientras presionan junto a políticos 

provinciales y locales para producir un cambio normativo que 

habilite un nuevo ciclo extractivo en el marco de la crisis provincial; 

- la producción agrícola bajo riego ha tenido avances significativos 

en espacios con buenas aptitudes, en especial sobre el valle medio 

del río Chubut; 

- los proyectos turísticos son incipientes y han avanzado junto a 

nuevas prácticas agrarias en torno a Piedra Parada y otros atractivos 

naturales del valle medio; 

- los usos recreativos y las funciones difusas que no se tradujeron en 

un uso concreto de las tierras son visibles en diversos sectores de 

la meseta. 

Más allá del análisis de contexto, este artículo procura mostrar el 

impacto de las inversiones sobre el valle medio del río Chubut y los 

procesos de desarrollo iniciados en el contexto del declive de la ganadería 

extensiva y de la profundización de los procesos de éxodo poblacional 

del campo. 

Salvo las inversiones que han aportado al proceso de chacarerización 

del valle e inversiones dirigidas a proyectos en desarrollo, cuyo impacto 

territorial aún es incierto, los excedentes financieros provenientes de fuera 

de la meseta no se manifestaron como beneficios económicos y sociales 

para el territorio.



A partir de los tratos de tierras y las inversiones de actores externos a 

la meseta, se han introducido modalidades agropecuarias que deslocalizan 

los beneficios económicos obtenidos a partir del uso de los recursos del 

valle e introducen escalas de producción que podrían comprometer las 

disponibilidades hídricas necesarias para el desarrollo del proceso de 

chacarerización. 

Por otro lado, se han realizado inversiones en tierras que no han contribuido 

con la reactivación productiva del valle y tampoco con el desarrollo 

del turismo o las economías residenciales. 

En ese sentido, los resultados mostraron que el valle medio del río 

Chubut es un territorio en transformación, cuyos cambios son aún incipientes 

pero tienden a ser progresivos y, por lo tanto, un territorio de 

complejidad creciente necesitado de instancias de planificación territorial. 

Con este artículo se procura visibilizar la importancia de los procesos 

de desarrollo endógeno con anclaje territorial y de una administración 

de las disponibilidades hídricas del río Chubut, que priorice el 

proceso de chacarerización y la diversificación productiva de las explotaciones 

de los productores asentados en la meseta. 


Administración Portuaria de Puerto Madryn (s.f.), “Estadística de 

movimiento de mercaderías, contenedores y buques”, Puerto 

Madryn, APPM, , 6 

de abril de 2020. 

Asociación Vamerch (2015), “Registro de productores miembros de la 

Asociación Vamerch”, Paso de Indios, asociación Vamerch. 

Baeza, Brígida y Borquez, Daniel (2006), “La Ganadería ovina en el 

Chubut 1885-1985”, Observatorio de la Economía Latinoamericana, 

(67), Málaga, Grupo de Investigación Eumed.net, , 3 de febrero de 2019. 

Boletín Oficial de Chubut (2013), “Edictos del Instituto Provincial del 

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Recibido: 25 de mayo de 2020. 

Reenviado: 4 de marzo de 2021. 


Alberto Daniel Vazquez. Doctor en Geografía por la Universidad Nacional 

del Sur (Bahía Blanca, Argentina). Investigador y consejero del Instituto 

de Investigaciones Geográficas de la Patagonia (IGEOPAT) y del 

Grupo de Investigación Geografía, Acción y Territorio (GIGAT). Profesor 

adjunto de la cátedra Geografía Regional Argentina y jefe de Trabajos 

Prácticos de las cátedras Metodología de la Investigación Geográfica y 

Geografía Económica Argentina de la Universidad Nacional de la Patagonia 

San Juan Bosco (Comodoro Rivadavia, Argentina). Líneas de 

investigación: análisis de transformaciones y problemáticas socioterritoriales 

de los espacios rurales de la Patagonia argentina y de las relaciones 

entre el campo y la ciudad y entre lo rural y lo urbano. Sus más recientes 

publicaciones son, como coautor: “O tratamento teórico do tempo na 

Geografia: possibilidades metodológicas”, Geoingá: Revista do Programa 

de Pós-Graduação em Geografia, 11 (2), Maringá, Universidade Estadual 

de Maringá, pp. 100-116 (2019); Micropueblos en la Patagonia central y 

perspectivas territoriales. Los casos de Buen Pasto, Aldea Apeleg y Facundo, 

Comodoro Rivadavia, Edupa / Editorial Universitaria de la Patagonia 

(2018) y “Dinámica espacial del proceso de extranjerización de la tierra 

en la Patagonia”, Journal of Latin American Geography, 16 (2), Baltimore, 

University of Texas Press, pp. 117-137 (2017).




¿Existe convergencia regional en la 

brecha salarial por género en México? 1 

Is there regional convergence in the gender 

wage gap in Mexico? 

685 

David Castro Lugo* 

Reyna Elizabeth Rodríguez Pérez* 

Raúl Ramos Lobo** 

Abstract 

The objective of the paper is to analyze the behavior of the gender wage gap, disaggregating 

formal and informal workers, and to contrast the existence of regional 

convergence, for the period 2005-2017 in Mexico. Applying the Oaxaca-Blinder 

methodology, wage gap measurements adjusted for composition effects are obtained 

and the existence of σ and β convergence among Mexican states is analyzed. The 

results provide evidence of σ, β and β-conditional convergence. It is identified that 

the explained component plays a more relevant role in formal workers, while the 

unexplained part plays a more relevant role in informal workers. 

Keywords: gender, wage gap, convergence, econometrics, Mexico. 

Resumen 

El objetivo del documento es analizar el comportamiento de la brecha salarial 

por género, desagregando trabajadores formales e informales, y contrastar la 

existencia de convergencia regional, para el periodo 2005-2017 en México. 

Aplicando la metodología Oaxaca-Blinder, se obtienen mediciones de brecha 

salarial ajustada a los efectos composición y se analiza la existencia de σ y β 

convergencia entre los estados mexicanos. Los resultados aportan evidencia de 

convergencia σ, β y β-condicionada. Se identifica que el componente explicado 

juega un papel más relevante en los trabajadores formales, mientras que la parte 

no explicada lo hace en trabajadores informales. 

Palabras clave: género, brecha salarial, convergencia, econometría, México. 

* Universidad Autónoma de Coahuila, correos-e: david.castro@uadec.edu.mx y reynarodriguez@ 

uadec.edu.mx 

** Universitat de Barcelona, correo-e: rramos@ub.edu 

1 

Los autores agradecen los comentarios y las sugerencias de dictaminadores anónimos.

686 D. Castro Lugo et al.: ¿Existe convergencia regional en la brecha salarial por género… 

Introducción 

El estudio de la brecha salarial por género es un tema que ha sido abordado 

en diferentes países y bajo distintos enfoques metodológicos; México no es 

la excepción. Estudios como Alarcón y MacKinley (1994) y Brown et al. 

(1999), quienes analizaron el tema desde la segunda mitad de los ochenta 

hasta mediados de los noventa del siglo pasado, encontraron que la diferencia 

salarial por género superaba 20 por ciento. Años después, Popli 

(2013), Rodríguez y Castro (2014a), Arceo-Gómez y Campos-Vázquez 

(2014) y Rodríguez, Ramos et al. (2017), entre otros, encuentran que las 

diferencias disminuyeron, pero la brecha continúa siendo relevante y a 

favor de los hombres. 

Por otra parte, Rodríguez y Castro (2014a) señalan que las brechas 

salariales a nivel regional, considerando siete regiones, fluctúan entre 13 

y 26% durante el primer lustro de este siglo, mostrando que, no obstante 

la reducción nacional, a nivel subnacional las brechas son grandes y dispares 

espacialmente. 

A pesar del volumen de trabajos sobre las diferencias salariales por 

género en México, no se han realizado estudios que analicen la evolución 

temporal entre los estados e identifiquen si las diferencias existentes entre 

ellos se han reducido, es decir, si se ha producido un proceso de convergencia 

regional en la brecha salarial por género; no obstante que los primeros 

estudios sobre brecha salarial por género (Alarcón y MacKinley, 

1994) y convergencia regional (Esquivel, 1999) del ingreso en México datan 

del siglo pasado, y la metodología de convergencia es utilizada de manera 

habitual para analizar la evolución temporal de distintos fenómenos. 

Por otra parte, las investigaciones que consideran una desagregación 

por tipos de empleo –formales e informales– encuentran diferencias 

significativas entre las brechas por género entre estos grupos de trabajadores 

(Popli, 2013; Rodríguez, Ramos et al. 2017). 

A partir de las consideraciones anteriores, el presente documento tiene 

por objetivo analizar el comportamiento de la brecha salarial por género 

regional 2 y discutir la existencia de un proceso de convergencia, considerando 

trabajadores formales e informales. 

Los mecanismos que podrían explicar dicha reducción son diversos: 

i) la mayoría de las políticas de igualdad de género tienen cobertura 

nacional; ii) se han producido cambios culturales y sociales que podrían 

mejorar la situación relativa de las mujeres en el mercado de trabajo, 

2 

En el presente documento cada entidad federativa o estado es considerado como 

región y se utiliza de manera indistinta.


687 

impactando más en las entidades con mayores desigualdades al principio 

del periodo, así como en empleos con brecha de género más marcadas. 

El estudio cubre el periodo 2005-2017 y utiliza información trimestral 

de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE). A nivel 

metodológico, en primer lugar se aplica la técnica Oaxaca-Blinder para 

obtener mediciones de la brecha salarial ajustada por efectos composición. 

En segundo lugar, se analiza la existencia de y convergencia entre los 

estados mexicanos para las distintas mediciones obtenidas. 

La contribución principal del documento es que, a partir de la implementación 

de la metodología de convergencia, es posible identificar el 

comportamiento de la brecha salarial por género en los estados de México 

para los últimos lustros, considerando trabajadores formales e informales, 

así como los elementos que inciden sobre su desempeño, estudio que no 

se había realizado en México. 

La desagregación por tipo de trabajadores ha permitido identificar, 

por una parte, que ambos grupos de trabajadores ayudaron a la reducción 

de las diferencias espaciales en la brecha de género; por la otra, exponen 

que la contribución de estos grupos provino de dinámicas distintas. En 

los trabajadores formales, la fuente principal se relaciona con la parte 

explicada de la brecha salarial, mientras que, en el segmento de trabajadores 

informales, las reducciones se asocian con el componente no explicado. 

Por otra parte, se identificó la presencia del fenómeno que llamamos 

“democratización de la brecha salarial” en contra de las mujeres. 

El documento se compone de cuatro apartados: en el primero se hace 

una revisión sobre la brecha salarial y su evolución; posteriormente, se 

presentan los datos y la metodología utilizada; en el apartado tres se aborda 

la brecha salarial por género a nivel nacional, por estados, por tipo de 

trabajadores y la convergencia; por último, se presentan las conclusiones. 

1. La brecha salarial y su evolución 

1.1. Brecha salarial: una breve revisión de la literatura 

internacional 

La brecha salarial, entendida como la diferencia en las remuneraciones que 

perciben hombres y mujeres, es objeto de análisis desde hace varias décadas. 

Los estudios sobre la evolución de la brecha salarial por género y la dispersión 

entre países o regiones indican que se ha reducido en el tiempo. 

Moral-Arce et al. (2012) encuentran una reducción de la brecha salarial 

en España para el periodo 1995-2002; por su parte, Enamorado et al. (2009) 

realizan un estudio en países centromericanos, cubriendo desde mediados


de los noventa hasta el primer lustro del siglo XXI; sus resultados indican 

disminución en la brecha salarial hasta principios del siglo, que posteriormente 

se incrementa. 

Weichselbaumer y Winter-Ebmer (2005) realizan un ejercicio de 

metanálisis sobre la brecha salarial considerando estudios desde 1970 en 

diferentes países y concluyen que la magnitud de las diferencias salariales 

por género disminuyó. Kunze (2017) registra el mismo comportamiento 

en países desarrollados, de 1970 a 2015; mientras que Kassenböhmer y 

Sinning (2014) y Blau y Kahn (2017) hacen lo propio en Estados Unidos 

durante el periodo que cubre desde las últimas décadas del siglo pasado 

hasta la primera del presente y documentan una reducción sistemática. 

Ahmed y Maitra (2015) encuentran evidencia de reducción de la brecha 

salarial en Bangladesh durante la primera década del siglo; Mosomi (2018), 

por su parte, registra una reducción entre 1993 y 2015 en Sudáfrica. 

Redmond y McGuinness (2019) documentan una reducción de la brecha 

salarial entre hombres y mujeres en 28 países europeos; sin embargo, 

señalan que la convergencia no es un fenómeno universal y la convergencia 

de género parece ser más prominente en los países de Europa del Este. 

Francis-Devine y Pyper (2020) reportan que en los últimos 20 años la 

brecha salarial por género se redujo en el Reino Unido; por su parte, Murillo 

et al. (2017), en su estudio para España durante los años 2002-2010, encuentran 

una notable heterogeneidad en las brechas salariales regionales. 

A partir de los estudios señalados anteriormente, se puede afirmar que, 

aún cuando no se tiene un consenso, parece existir una reducción de la 

brecha salarial a través del tiempo entre regiones o países, aunque no 

necesariamente en la misma magnitud. 

1.2. La brecha salarial en México: revisión de la situación 

¿Cuál ha sido la evolución de la brecha salarial por género en México? 

En las últimas décadas se ha realizado un avance significativo en la medición 

y comprensión de la brecha salarial y sus componentes (Rodríguez, 

Ramos et al., 2017; Arceo-Gómez y Campos-Vázquez, 2014), aunque 

los estudios que analizan este comportamiento durante un periodo relativamente 

largo son escasos; no obstante, es posible identificar algunos 

patrones de comportamiento. 

En primer lugar, los estudios que analizan el periodo de la década de 

los ochenta y primera mitad de los noventa, con independencia de la fuente 

de información utilizada, encuentran que, en general, la brecha salarial por 

género en contra de las mujeres aumentó (Alarcón y McKinley, 1994; Brown 

et al., 1999); sin embargo, cuando el análisis se centra en sectores asociados 

con la apertura comercial, la diferencia salarial se reduce (Artecona y


689 

Cunnigham, 2002; Hazarika y Otero, 2004), hecho que parece indicar que 

la apertura comercial, iniciada a mediados de los ochenta, tiene un efecto 

favorable en la reducción de la brecha salarial, tal como se esperaría bajo un 

esquema de mayor competencia, lo que se consolida a partir del siglo XXI 

en diferentes sectores y segmentos de población objetivo (Popli, 2013; 

Arceo-Gómez y Campos-Vázquez, 2014; Rodríguez, Ramos et al. 2017; 

Rodríguez y Castro, 2017; Rodríguez, 2018). Por su parte, Mendoza (2020) 

registra un comportamiento relativamente estable en la brecha salarial en 

la parte media de la distribución entre 2005 y 2020, y Orraca et al. (2016) 

encuentran que la brecha salarial se incrementó durante la primera década 

de este siglo. 

Si bien los resultados anteriores muestran comportamientos a nivel 

nacional, la dinámica puede ser diferente entre regiones. Rodríguez y 

Castro (2014a) hacen un análisis nacional y por regiones, considerando 

el periodo 2000-2004, y encuentran que, aún cuando la brecha salarial 

por género se reduce en el periodo de estudio, la diferencia entre regiones 

es amplia. Rodríguez, Ramos et al. (2017) estudian la brecha salarial en 

México para trabajadores de los segmentos público y privado; dentro de 

este último, analizan los sectores formal e informal (2005-2015) y obtienen 

una reducción de la misma en los diferentes grupos; sin embargo, en el 

estado de Coahuila el comportamiento de la brecha salarial va en dirección 

contraria para los mismos segmentos (Rodríguez, Castro et al., 2017). 

Por su parte, Rodríguez y Castro (2014b) muestran que la brecha 

salarial entre Saltillo y Hermosillo, 3 en el periodo 2005-2011, tiene comportamientos 

dispares, indicando que no todas las regiones siguen una 

misma tendencia. 

Los componentes de la brecha salarial que caracterizan su evolución 

es otro elemento de análisis; Rodríguez, Ramos et al. (2017) encuentran 

que la fuente de la reducción corresponde a la parte no explicada de la 

brecha salarial, resultado que es compartido por Arceo-Gómez y Campos- 

Vázquez (2014) y Rodríguez (2018). 

Por su parte, Rodríguez et al. (2019) analizan la desigualdad salarial a 

través de la descomposición del índice de Theil, en los años 2005, 2009 

y 2016, entre trabajadores formales e informales en regiones de México, 

de acuerdo con el grado de exposición a la apertura comercial. Sus resultados 

indican que: a) la desigualdad salarial es mayor entre los trabajadores 

formales en relación con los informales; b) la región de alta exposición 

presenta la menor desigualdad en ambos grupos; c) la desigualdad salarial 

muestra una reducción en todas las regiones y por sexo, con excepción 

del año 2009, y en el grupo de formales en la región de baja exposición; 

3 

Áreas urbanas ubicadas en el norte del país, las cuales comparten la presencia de actividades 

económicas relevantes.


y d) cuando se analiza la desigualdad intragrupos por género se encuentran 

pocas diferencias salariales entre mujeres y hombres. 

A partir de lo anterior, es posible establecer algunos elementos relevantes 

sobre la brecha salarial por género en México, como el hecho de 

que, a partir del siglo XXI, a nivel nacional, la diferencia salarial por género 

se reduce al considerar diferentes segmentos (trabajadores públicos y 

privados, formales e informales), así como que la fuente de tal reducción 

corresponde al factor no explicado. Sin embargo, los resultados tienen 

menos consenso cuando se cuestiona si el comportamiento anterior se 

presenta para todas las entidades federativas. Un elemento adicional a 

señalar es la inexistencia de estudios que exploren la presencia de convergencia 

regional en la brecha salarial, así como en los factores de características 

y retornos, si bien es cierto que desde finales del siglo pasado se han 

realizado distintos estudios que analizan la convergencia regional del 

ingreso entre los estados mexicanos (por ejemplo, Esquivel, 1999). 

Según lo dicho, se justifica la realización de un estudio que busque 

responder las siguientes interrogantes: ¿Existe convergencia regional en 

la brecha salarial por género en México en las primeras dos décadas del 

siglo XXl? En caso de que así sea, ¿qué tipo de convergencia se presenta?, 

¿qué factores (características o retornos) son más relevantes en el proceso 

de convergencia? 

2. Datos y metodología 

2.1. Datos 

La fuente de información utilizada es la ENOE, que publica información 

trimestral con representatividad a nivel de entidad federativa y contiene 

registros individuales de las características sociodemográficas y laborales 

de la población ocupada. 

Para este estudio, la población objetivo son los trabajadores de ambos 

sexos, de todos los sectores económicos, de 16 a 65 años, con ingresos 

positivos no mayores a 100,000 pesos mensuales 4 y jornada laboral entre 

15 y 70 horas semanales. La consideración del grupo de edad entre 16 y 

65 años es habitual en los estudios sobre brecha de género salarial, dado 

que incluye al segmento con mayor tasa de actividad laboral y facilita la 

comparación de los resultados a nivel internacional. La clasificación de 

trabajadores formales e informales se hizo sobre el criterio de acceso a 

prestaciones sociales en el trabajo. La información de ingreso fue deflactada 

a la segunda quincena de julio de 2017 y expresada en salario por 

4 

Aproximadamente 5000 dólares mensuales.


691 

hora, con el propósito de estandarizar el ingreso y que no se vea afectado 

por las diferencias en la jornada laboral entre hombres y mujeres, que en 

los últimos años ha tendido a incrementarse, superando las siete horas 

semanales, en promedio, a favor de los hombres. La base de datos también 

facilita el estado de residencia, por lo que el análisis incluye a los 32 estados 

mexicanos. 

2.2. Medición de la brecha de género a nivel regional e 

identificación de sus determinantes 

A partir de los registros individuales se conforma un panel de datos integrado 

por 32 observaciones transversales (estados) y 51 trimestres como 

observaciones longitudinales (2005-2017), con información de la brecha 

salarial por género y sus componentes, utilizando la metodología de 

Oaxaca-Blinder. 

La brecha salarial por género indica la diferencia salarial promedio 5 

entre mujeres y hombres, la cual es descompuesta mediante la metodología 

Oaxaca (1973) y Blinder (1973) (OB). 

La descomposición de la brecha salarial consiste, primeramente, en 

estimar ecuaciones salariales para hombres y mujeres: 

(1) 

Donde W i 

es el salario por hora del trabajador i expresado en logaritmo; 

X i 

son las características individuales del trabajador y del lugar de trabajo 

asociadas al salario, en este caso corresponde a años de estudio, experiencia 

potencial y su cuadrado, jornada laboral de tiempo completo y parcial, 

estado civil y sector económico; β son los parámetros asociados a las 

características y ε es el término de error aleatorio con esperanza igual a 0 

y variancia constante entre las observaciones. 

La ecuación 1 se estima por mínimos cuadrados ordinarios (MCO) 

robustos a la presencia de heterocedasticidad. 

A partir de las estimaciones salariales, y definiendo los valores medios 

de las distintas características consideradas para mujeres y hombres 

, es posible realizar una descomposición de la brecha salarial por género, 

reflejada en la ecuación 2, que aporta información relevante para entender 

el comportamiento de la brecha salarial total y se expresa en los términos 

siguientes: 

(2) 

5 

La brecha salarial puede determinarse para cualquier punto de la distribución salarial, aunque 

tradicionalmente se determina para su valor medio.


Considerando la estructura salarial de referencia o no discriminatoria 

de los hombres, el primer componente de la brecha salarial captura las 

diferencias asociadas a las características (componente explicado) de los 

grupos, mientras que la segunda parte registra las diferencias en los rendimientos 

a las características (componente no explicado). 

2.3. Convergencia regional en la brecha de género 

Para medir la presencia de convergencia regional se utilizan los conceptos 

de -convergencia, -convergencia y -convergencia condicional. Si bien 

estos conceptos se originaron en el contexto de la literatura sobre crecimiento 

económico (Sala i Marti, 1996), actualmente se utilizan de manera 

habitual para analizar la evolución temporal de distintos fenómenos 

donde resulta relevante tener en cuenta la posición relativa de las distintas 

unidades territoriales consideradas. Por ejemplo, Chen et al. (2008) 

analizan la convergencia en niveles de precios; Ivanova (2018), en salarios 

reales y Janssen et al. (2016), en las tasas de mortalidad, por poner algunos 

ejemplos. 

De manera similar a la literatura citada, en nuestro trabajo analizamos 

si existe una aproximación en los niveles observados en la brecha de género 

entre los 32 estados mexicanos, es decir, si las diferencias en la brecha de 

género observadas entre estados se han reducido con el paso del tiempo. 

Los mecanismos que podrían explicar dicha reducción son diversos: por 

un lado, la gran mayoría de las políticas de igualdad de género se han 

adoptado a nivel nacional, pero en muchos casos son los estados los 

encargados de ponerlas en práctica. Por otro lado, se han producido 

cambios culturales y sociales que también podrían haber ayudado a que 

la situación relativa de las mujeres, respecto de los hombres, en el mercado 

de trabajo haya mejorado más en aquellos estados con mayores desigualdades 

al principio del periodo. Se trata, por tanto, de analizar si existe una 

tendencia sistemática a que las diferencias regionales en la brecha de género 

se reduzcan y, además, de comprobar si en aquellas regiones con mayores 

desigualdades de género se observa una reducción más intensa de la brecha 

salarial durante el periodo analizado. 

El primer aspecto está relacionado con el concepto de -convergencia, 

que se refiere a la reducción, a lo largo del tiempo, de la dispersión en la 

variable analizada entre el grupo de regiones, estados o países analizados. 

Esta dispersión suele medirse a través de la desviación típica de la variable 

de interés. Por tanto, una primera medida que nos permitirá comprobar 

las diferencias en la brecha de género entre los estados es la evolución de la 

desviación típica de dicha variable.


693 

El segundo aspecto, en cambio, se refiere a la -convergencia. Dicho 

concepto se refiere a la existencia de una relación inversa entre la variación 

de la variable de interés durante el período analizado y su nivel inicial. Es 

decir, que los estados que parten de una brecha de género más elevada 

son los que deberían tener una mayor reducción. Ambos tipos de convergencia 

están relacionados entre sí. En concreto, la -convergencia es una 

condición necesaria, aunque no suficiente, para que exista la -convergencia. 

La hipótesis de -convergencia, tal y como se acaba de formular, se 

corresponde con el concepto de convergencia absoluta: se considera que 

los estados deben aproximarse hacia un mismo nivel de la brecha de género 

(el equivalente en la literatura del crecimiento sería el estado estacionario, 

es decir, el nivel de la brecha que se observaría a largo plazo y que podríamos 

suponer que debería tender a cero). Sin embargo, pueden existir 

diferencias estructurales entre los estados (por ejemplo, relacionados con 

su estructura social, su estructura productiva, sus instituciones o, incluso, 

sus preferencias), que podrían llevarlos a un punto final que fuese distinto 

para cada uno de ellos (es decir, que tuviesen estados estacionarios distintos). 

Este concepto se conoce como convergencia condicionada. La 

hipótesis de convergencia condicionada supone, por tanto y en nuestro 

caso, que los estados podrían converger, cada uno, hacia un determinado 

nivel de la brecha de género, pero que la reducción de la brecha sería 

mayor cuanto más alejados estén de ese punto, que sería distinto para 

cada uno de ellos. 

A nivel empírico, la hipótesis de convergencia absoluta en un contexto 

donde se utilizan datos de panel se contrastaría a partir de la estimación 

de la ecuación 3: 

Donde se regresa la variación de la brecha de género entre el instante t-i y 

t observado para cada estado (r) con su nivel inicial en t-i. En la ecuación, 

u rt 

denota un término de perturbación esférico. El coeficiente β indica la 

velocidad de convergencia estimada y, si se cumple la hipótesis de convergencia 

absoluta, debería tener un signo negativo y estadísticamente distinto 

de cero. 

En la ecuación 4 se incluyen efectos fijos a nivel regional (γ r 

), lo que 

permite obtener una medición de la velocidad de convergencia condicionada: 

(4) 

(3)


De manera similar a la ecuación 3, el coeficiente β’ indica ahora la 

velocidad de convergencia condicional estimada y, si se cumple la hipótesis 

de convergencia condicional, debería tener un signo negativo y estadísticamente 

distinto de cero. Por último, v rt 

denota un término de perturbación 

esférico. 

3. Convergencia regional de la brecha salarial por género en México 

3.1. Brecha salarial nacional 

Para dar respuesta a las interrogantes del documento, se inicia estableciendo 

el comportamiento de la brecha salarial promedio por género a nivel 

nacional, como se muestra en la gráfica 1, en la que un valor de 0 indica 

ausencia de brecha; valores inferiores, una remuneración relativa favorable 

a los hombres; y valores superiores, una ventaja salarial para las mujeres. 

A partir de la información proporcionada por la gráfica 1, es posible 

destacar dos elementos relevantes: i) la diferencia salarial promedio por 

género es favorable a los hombres, con valores que fluctúan entre -0.10 

y -0.02 puntos logarítmicos; y ii) la brecha tiende a reducirse a lo largo 

del tiempo. 

El comportamiento observado está en correspondencia con los resultados 

registrados en otros países y con los estudios realizados en México 

desde principios de este siglo, como se señaló previamente. 

Las diferencias relativamente pequeñas en la brecha salarial promedio 

por género no implican ausencia de disparidad en las remuneraciones; lo 

que indican es que los salarios por hora promedio por sexo son similares, 

aunque las jornadas laborales pueden ser distintas, así como la dotación 

de capital humano y los rendimientos a las características observables. Las 

partes explicada y no explicada aportan información relevante para entender 

el comportamiento de la brecha salarial total. 

La parte explicada, componente asociado a la dotación de capacidades, 

indica que las mujeres, en promedio, disponen de mayor capital humano 

que los hombres y, tomando como referencia el rendimiento salarial a las 

características de los hombres, las mujeres deberían recibir remuneraciones 

superiores a ellos, motivo por el cual el valor es positivo, del orden de 

0.05 puntos logarítmicos; además, es importante destacar la estabilidad 

del componente durante todo el periodo, como se observa en la línea 

superior de la gráfica 1. 

El componente no explicado corresponde a factores no asociados a la 

dotación de capital humano, variables o factores no incluidos en el modelo, 

como pueden ser la discriminación o características no observables, e


695 

indica, en primer término, que si las mujeres tuvieran la misma dotación 

de capacidades que los hombres, la desventaja salarial por género sería mayor. 

En segundo término, las diferencias asociadas al componente no explicado 

se han reducido en el tiempo, lo que puede ser interpretado como una señal 

de menor discriminación salarial por género en el mercado laboral mexicano. 

Gráfica 1 

México: brecha salarial trimestral promedio por género, total y 

descomposición, 2005-2017 

Nota: brecha salarial es (LnMujeres-LnHombres). 

Fuente: elaboración propia a partir de microdatos trimestrales de la ENOE (Inegi, 2005-2017). 

Si bien la brecha salarial general presenta un diferencial a favor de los 

hombres, que durante el periodo de análisis tiende a reducirse, Rodríguez, 

Ramos et al. (2017) señalan que este comportamiento es distinto entre 

trabajadores formales e informales, aspecto de suma relevancia en una 

economía donde el empleo informal contribuye con más de 50 por ciento. 

La gráfica 2 presenta la evolución de la brecha salarial para trabajadores 

formales e informales, y en ella se pueden destacar algunos elementos: i) en 

ambos grupos de trabajadores, y para todo el lapso de análisis, el salario 

promedio favorece a los hombres; ii) al inicio del periodo, la brecha salarial 

de los informales era más desfavorable para las mujeres; iii) existe una tendencia 

hacia la convergencia entre los dos grupos de trabajadores, explicada 

fundamentalmente por una reducción en la brecha salarial de los informales; 

y iv) la desagregación de la diferencia salarial por tipo de empleo parece 

indicar que la reducción de la brecha salarial total se explica fundamentalmente 

por el comportamiento observado en los trabajadores informales. 

La descomposición de la brecha salarial para los trabajadores formales 

indica que, si las características de las mujeres fueran remuneradas de acuerdo 

con lo que reciben los hombres (parte explicada), la brecha salarial sería a


Gráfica 2 

México: trabajadores formales e informales. Brecha salarial 

por género, 2005-2017 



favor de las mujeres (gráfica 3, línea superior). Si consideramos igualdad de 

características y diferentes remuneraciones (parte no explicada), la brecha 

salarial sería aún más favorable para los hombres (gráfica 3, línea inferior). 

Por otra parte, el desempeño a lo largo del periodo muestra que no se 

presentaron cambios significativos en los componentes, por lo cual la 

brecha salarial por género en los empleos formales se mantiene estable. 

Gráfica 3 

México: trabajadores formales. Brecha salarial por género y 



Fuente: elaboración propia a partir de microdatos trimestrales de la ENOE (Inegi, 2005-2017).


697 

A partir de la información proporcionada en la gráfica 3, es posible 

afirmar que durante el lapso 2005-2017 la brecha salarial del empleo 

formal y sus componentes no contribuyeron a la modificación de las 

diferencias salariales totales; por tanto, las variaciones en la brecha salarial 

general se explican fundamentalmente por lo que sucedió en los trabajadores 

informales, como se señaló anteriormente; pero ¿cuál es la contribución 

de la parte explicada y no explicada de los empleos informales en 

la brecha salarial total? 

La evolución de la brecha salarial por género en empleos informales 

indica que la reducción encuentra sustento principalmente por la parte 

no explicada (gráfica 4); por tanto, éste es el componente fundamental 

que incide sobre la reducción de la brecha salarial total. 

Gráfica 4 

México: trabajadores informales. Brecha salarial por género y 




Los resultados anteriores pueden tener una lectura positiva desde dos 

puntos de vista: i) la reducción de la brecha se presenta en el segmento 

de trabajadores donde la magnitud es mayor: los trabajadores informales; 

y ii) el componente que más contribuye a disminuir la diferencia es la 

parte no explicada, elemento vinculado a la discriminación salarial.


3.2. Brecha salarial por estados 

3.2.1. Brecha salarial total por estados 

En la sección anterior se presentó la evolución de la brecha salarial nacional 

y su descomposición, además de considerar empleos formales e informales; 

no obstante, dada la heterogeneidad espacial, es pertinente 

identificar la magnitud de las brechas salariales por estados y las diferencias 

existentes entre ellos, así como su comportamiento en el lapso estudiado, 

aspecto que es abordado a continuación. 

La gráfica 5 muestra la brecha salarial total por estados para los años 

2005 y 2017, donde se pueden destacar algunos elementos relevantes. En 

primer término, la dispersión de la brecha entre estados es amplia (desde 

-0.280 a 0.160 en 2005 y -0.178 a 0.255 en 2017); en segundo lugar, no 

obstante que la brecha salarial, en la mayoría de los estados, es favorable 

a los hombres, en algunas entidades federativas el salario promedio femenino 

es mayor (Chiapas, Tabasco y San Luis Potosí, por mencionar los 

más relevantes). Un tercer elemento es que, en general, en 2017 los estados 

presentan menor brecha salarial respecto de 2005, aunque el comportamiento 

de los estados es heterogéneo y en algunos casos aumenta la 

brecha en favor de los hombres (Chihuahua, Baja California, Tlaxcala y 

Morelos, los más destacados); finalmente, un aspecto adicional es que la 

brecha salarial a simple vista no muestra un patrón espacial; es decir, en 

Gráfica 5 

México: brecha salarial por género y estados, 2005 y 2017 

Nota: brecha salarial es (LnMujeres-LnHombres); M: mujeres, H: hombres. 



699 

las distintas macroregiones del país (norte, centro y sur) existen estados 

con altas y bajas diferencias salariales y su comportamiento en el tiempo 

no muestra un patrón definido. 

Una vez presentado el comportamiento de la brecha por estados, es 

pertinente explorar el papel que juegan los componentes explicado y no 

explicado sobre dicho desempeño. 

La información referente a la parte explicada se presenta en la gráfica 

6. Para el año 2005, en la mayoría de las entidades, con excepción de 

Oaxaca, Guerrero y Yucatán, el salario promedio por hora es favorable a 

las mujeres, indicando que las mujeres, en promedio, tienen mayor dotación 

de capital humano que los hombres, lo cual se aprecia desde el año 

inicial de referencia y se reafirma en 2017; no obstante, es pertinente 

puntualizar dos aspectos: i) existen diferencias relevantes en las brechas 

salariales explicadas por entidades y ii) la dinámica temporal y espacial 

no es homogénea. 

Gráfica 6 

México: componente explicado de la brecha salarial por género y 

estados, 2005 y 2017 

M: Mujeres, H: Hombres. 

Fuente: elaboración propia a partir de la descomposición de la brecha salarial mediante la 

metodología Oaxaca-Blinder. 

La gráfica 7 presenta el componente no explicado de la brecha salarial. 

A diferencia de lo observado en la gráfica 6, para 2005, en casi la totalidad 

de los estados (con excepción de Chiapas, San Luis Potosí y Tabasco), este 

componente favorece a los hombres, lo que indica que existen elementos 

no considerados en las ecuaciones salariales que están impactando sobre 

la brecha salarial por género, dentro de los cuales podemos mencionar


Gráfica 7 

México: componente no explicado de la brecha salarial por género 

y estados, 2005 y 2017 

M: mujeres, H: hombres 



factores asociados a distintas preferencias por género para tomar riesgos, 

actitud de competencia, negociación, etc. (Azmat y Petrongolo, 2014); por 

su parte, Jacobsen (2004), Llorca (2007), Sánchez y Lavié (2011), Silva 

(2004) y De Barbieri (2004) plantean que hombres y mujeres enfrentan 

distintos niveles de poder en sus relaciones, donde la subordinación en el 

ambiente laboral tiende a traducirse en la división sexual del trabajo, así 

como en discriminación salarial. 

Al igual que en la brecha total y el componente explicado, la magnitud 

de esta diferencia es amplia entre estados, mientras que el comparativo 

temporal parece indicar que, en general, las disparidades en la brecha 

asociadas a la parte no explicada se redujo, aún cuando se mantiene la 

ventaja en favor de los hombres. 

3.2.2. Brecha salarial por estados y tipo de trabajadores 

Anteriormente se presentó el comportamiento de la brecha salarial entre 

estados y entre sus componentes, considerando a todos los trabajadores; 

no obstante, Popli (2013), Rodríguez, Ramos et al. (2017) y Rodríguez 

(2019) han señalado que los trabajadores formales e informales presentan 

magnitudes y comportamientos distintos, lo cual hace necesario diferenciar 

entre estos dos tipos de trabajadores e identificar su desempeño. 

En la brecha salarial de trabajadores formales (gráfica 8) se observa 

que en la mayoría de los estados la brecha favorece a los hombres, aunque, 

en general, las diferencias se reducen en 2017.


701 

Gráfica 8 

México: trabajadores formales. Brecha salarial por género y estados, 

2005 y 2017 



Dos hechos se pueden señalar: por un lado, se reduce la brecha en 

contra de las mujeres en los estados que presentaban las mayores magnitudes; 

por otro, aumenta la magnitud de la brecha en 15 de los 32 estados; 

así, durante el periodo de análisis parece existir una “democratización” de 

la brecha salarial en contra de las mujeres a lo largo del territorio nacional. 

A partir de lo anterior, es pertinente preguntar sobre la fuente principal 

del comportamiento de la brecha salarial de los trabajadores formales 

en los estados. 

La descomposición (explicada y no explicada) de la brecha de los 

trabajadores formales 6 indica que, en la parte explicada, la diferencia 

salarial por género favorece a las mujeres en todas las entidades, con 

excepción de Guerrero y Oaxaca, en 2005; para 2017, la brecha explicada 

se mantiene a favor del sexo femenino, aunque la magnitud se reduce, 

especialmente donde es mayor, lo que permite establecer que al final del 

periodo se presenta menor dispersión de la brecha explicada por sexo en 

los trabajadores formales y contribuye a reducir la disparidad salarial total 

por sexo entre este grupo de asalariados. 

En el componente no explicado, la brecha favorece a los hombres en 

casi la totalidad de los estados y, debido a su magnitud, constituye el 

elemento dominante en la diferenciación total por sexo dentro de los 

6 

Debido a limitaciones de espacio, las gráficas de la descomposición de brecha salarial de los 

trabajadores formales e informales no se presentan en el documento, pero están disponibles para 

quien las solicite.


trabajadores formales. Para 2005, la brecha por sexo no asociada a características 

observables presenta un amplio rango de dispersión entre estados, 

pero en 2017 las entidades con mayor brecha reducen su magnitud con 

relación al año de referencia; por otra parte, en casi la mitad de los estados 

aumenta el tamaño de la brecha a favor de los hombres. Este hecho, 

aunado al comportamiento de la parte explicada, termina incidiendo sobre 

la evolución de la brecha total de los trabajadores formales, por lo que, a 

partir de lo anterior, se puede afirmar que el componente responsable de 

la “democratización” de las diferencias salariales en el territorio nacional 

corresponde al elemento no explicado, es decir, a factores no observables 

de los trabajadores, dentro de los cuales puede estar la discriminación. 

El comportamiento de la brecha salarial por sexo de trabajadores 

informales por estados se presenta en la gráfica 9, donde se destacan 

algunos elementos. En primer término, la brecha es a favor de los hombres, 

lo cual no es distinto a lo observado en asalariados formales; sin embargo, 

la magnitud de la brecha para algunos estados es mayor; es decir, la brecha 

por género en el mercado informal es mayor que en el formal, elemento 

ya señalado por Rodríguez, Ramos et al. (2017) y Rodríguez (2019); en 

segundo lugar, durante el periodo de observación, las diferencias se reducen, 

especialmente en entidades con mayores brechas, lo que lleva a menor 

dispersión espacial de las disparidades salariales por sexo. 

Gráfica 9 

México: trabajadores informales. Brecha salarial por género y 

estados, 2005 y 2017 



A partir de la descomposición de la brecha salarial de los trabajadores 

informales se puede establecer que la reducción de las diferencias en las


703 

remuneraciones por sexo durante el periodo observado se explica fundamentalmente 

por el componente no explicado de la brecha en este grupo 

de trabajadores, no obstante, para algunos estados, el factor asociado a las 

características observables (componente explicado) se incrementó a favor 

de las mujeres. Este resultado confirma el comportamiento señalado por 

Rodríguez, Ramos et al. (2017) y Rodríguez (2019) a nivel nacional, pero 

aquí se muestra que este fenómeno tiene impacto a nivel estatal. 

3.3. Convergencia estatal de la brecha salarial 

Como se señaló previamente, para determinar la presencia de convergencia 

se utilizan distintos conceptos, uno de ellos es la convergencia , la cual 

observa si la dispersión de la brecha salarial entre estados tiende a reducirse 

en el tiempo. La gráfica 10 presenta la desviación típica de la brecha salarial 

por estados, general y por componentes, a lo largo del periodo analizado. 

Un mayor valor indica mayores disparidades en la brecha de género entre 

los estados. En general, se aprecia un comportamiento descendente, indicando 

que las disparidades de brecha entre estados se reduce en el tiempo, 

lo cual permite afirmar que, independientemente de las diferencias en las 

estructuras económicas regionales durante los primeros años de este siglo, 

se observa un proceso de convergencia en la brecha salarial regional por 

género, resultado que es compartido por estudios que analizan convergencia 

de ingreso por entidad, como Germán-Soto et al. (2020), pero difiere 

con otros, como Kido-Cruz y Kido-Cruz (2017). 

Gráfica 10 

México: desviación típica (DS) de la brecha salarial entre estados, 

2005-2017 


metodología Oaxaca-Blinder con microdatos trimestrales de la ENOE (Inegi, 2005-2017).


La evolución temporal de la dispersión salarial de los componentes de 

la brecha indican, en primer término, que ambas partes tienden a reducirse 

y, por tanto, contribuyen a la convergencia total; en segundo lugar, la 

parte explicada tiene menor dispersión y su desempeño es más estable con 

relación al componente no explicado y, finalmente, el comportamiento 

de la disparidad total está determinada por lo que sucede en los componentes 

no observados. 

En adición, es relevante destacar el nivel de dispersión y evolución de 

las brechas salariales entre estados por tipo de trabajadores. 

Previamente se señaló que la brecha salarial por sexo, al interior de 

las entidades, es mayor en los empleos informales; pero, por otra parte, 

la dispersión entre estados es menor a la que registran los trabajadores 

formales. La gráfica 11 presenta la evolución de la desviación típica de la 

brecha salarial entre estados de ambos segmentos de trabajadores; en ésta 

se aprecia que, para ambos grupos, ha habido una tendencia decreciente 

en la dispersión entre estados, implicando que ambos segmentos contribuyeron 

a la reducción general de la brecha por sexo; sin embargo, para 

los trabajadores informales se observa una mayor reducción, con lo cual 

es posible afirmar que la situación de este grupo contribuyó en mayor 

medida a la reducción de las diferencias regionales. 

Gráfica 11 

México: desviación estándar de la brecha salarial entre estados por 

tipo de trabajadores, 2005-2017 



705 

A partir de la reducción en las disparidades en la brecha salarial por sexo 

entre entidades en ambos grupos de trabajadores, se puede afirmar que 

durante el periodo de estudio se presentó un proceso de convergencia s. 

La descomposición de las brechas salariales permite establecer, en 

primer término, que en todos los casos el componente no explicado 

constituye el elemento más relevante de la dispersión regional de la 

brecha por sexo. Anteriormente se señaló que, en el caso de la disparidad 

general, tanto los componentes explicados como aquellos no relacionados 

con las características observables, contribuyeron a reducir las diferencias 

en las brechas regionales; sin embargo, por segmentos de trabajadores no 

se presenta el mismo comportamiento; en los formales, es el componente 

explicado el que presenta la reducción más relevante y determina el derrotero 

que sigue la dispersión regional en este grupo; mientras que en los 

informales, este componente se mantiene sin cambios a lo largo del periodo, 

y la desviación típica de las características no observables condicionó el 

desempeño de este grupo de trabajadores. 7 

Como se comentó previamente, con frecuencia, en los estudios sobre 

convergencia, la presencia de ésta no sólo implica que la brecha salarial 8 

presente una menor dispersión en el tiempo (convergencia ) sino, además, 

que las entidades con mayor brecha salarial por género decrezcan a una tasa 

mayor que los estados que presentan menor diferencia (convergencia ). 

Los resultados de las estimaciones (ecuaciones 3 y 4) se presentan en 

la tabla 1, donde se incluyen tres especificaciones diferentes. En la primera 

columna, únicamente se considera como variable explicativa la brecha 

Tabla 1 

México: resultados de las estimaciones de convergencia-β regional 

Variable dependiente: variación de la brecha salarial por género 

Variable 

(1) Todos 

trabajadores 

(2) Todos 

trabajadores 

(3) Todos 

trabajadores 

Constante 0.00415*** -0.00401*** -0.00928*** 

BSG- 1 

-0.07065*** -0.06908*** -0.06939*** 

Tasa de desempleo 0.16151*** 

Control temporal No Sí Sí 

Observaciones 1632 1632 1632 

*** P


salarial del periodo anterior. Los resultados indican, en primer término, 

que los estados con mayor brecha salarial reducen en mayor magnitud su 

disparidad y, en segundo lugar, que lo hacen a una tasa próxima a 7.0%, 

lo que indicaría la presencia de convergencia absoluta, y a una tasa más 

elevada que la registrada en estudios sobre convergencia en ingresos 

(Esquivel, 1999; Rodríguez-Benavides et al., 2016; Kido-Cruz y Kido- 

Cruz, 2017 y Germán-Soto et al., 2020, por mencionar algunos); no 

obstante, no es esperable un comportamiento similar, dado que los indicadores 

pueden tener dinámicas distintas y, si bien una reducción de la brecha 

salarial por género de las entidades con las mayores diferencias podría 

impulsar el crecimiento económico, esto no necesariamente se cumple. 

Con la finalidad de contrastar la consistencia de los resultados, los 

modelos 2 y 3 incluyen controles temporales y, en este último, además, la 

tasa de desempleo. A partir de los resultados obtenidos de estas estimaciones, 

es posible sostener que el efecto de la brecha salarial sobre la reducción 

de la misma se mantiene sin cambios significativos, aún considerando las 

posibles diferencias espaciales y que la tasa de desempleo aumenta la brecha 

salarial por género, hecho que puede ser interpretado como indicativo de 

que la tasa de desocupación no afecta de igual forma al salario de los trabajadores 

por género y que son más perjudicadas las mujeres. 

Los resultados anteriores corresponden a estimaciones que incluyen a 

todos los trabajadores; no obstante, es pertinente preguntar si el mismo 

comportamiento se presenta para trabajadores formales e informales; dado 

que en estudios que analizan la brecha salarial por género, considerando esta 

clasificación, se observan distintas dinámicas (Popli, 2013; Rodríguez, Ramos 

et al. 2017; Rodríguez, 2019). 

Los resultados de las estimaciones, atendiendo esta clasificación de 

trabajadores, se presentan en la tabla 2, a partir de la que se pueden señalar 

algunos elementos. En el caso del empleo formal (columnas 1-3), en 

primer término destaca la estabilidad del efecto de la brecha sobre la 

reducción de la misma, independientemente de las especificaciones del 

modelo; en segundo lugar, la magnitud del coeficiente no dista significativamente 

del observado cuando se incluye a todos los trabajadores; por 

último, es relevante señalar que el efecto positivo de la tasa de desempleo 

sobre el comportamiento de la brecha salarial es mayor para los trabajadores 

formales. 

Las columnas 4-6 de la misma tabla presentan los resultados de las 

estimaciones para trabajadores informales, donde se destaca que el efecto 

de la brecha salarial de los trabajadores informales es menos estable, con 

relación a los formales, pero en todos los casos se presenta un proceso de 

convergencia regional; además, la relevancia de la tasa de desempleo en 

estos trabajadores es menor que en los formales, es decir, el desempleo


707 

Tabla 2 

México: estimaciones de convergencia- regional, por tipo de empleo 

Variable dependiente: variación de la brecha salarial por género 

Variable (1) 

Formales 

(2) 

Formales 

(3) 

Formales 

(4) 

Informales 

(5) 

Informales 

(6) 

Informales 

Constante 0.00038*** -0.00264 -0.00897*** -0.00633*** -0.00746*** -0.01115*** 

BSG- 1 

-0.06738*** -0.06707*** -0.06791*** -0.06088*** -0.07762*** -0.07843*** 

Tasa de desempleo 0.19293*** 0.10874*** 

Control temporal No Sí Sí No Sí Sí 

Observaciones 1632 1632 1632 1632 1632 1632 

*** P


en el sector formal tiene un aumento de la brecha salarial relativamente 

mayor que en los trabajadores informales. 

Los resultados obtenidos en el análisis descriptivo también encuentran 

respaldo en los modelos econométricos, destacando la convergencia 

regional en la brecha salarial por género, a la cual contribuyen tanto los 

trabajadores formales como informales, especialmente estos últimos. Por 

otro lado, los coeficientes de los modelos muestran que los resultados 

son consistentes con diferentes especificaciones; así, parecen indicar que 

durante el periodo de análisis se presenta un proceso de convergencia, 

no obstante las diferencias estructurales existentes entre regiones, lo cual 

no parece presentarse en estudios sobre convergencia de ingreso. 

Conclusiones 

El objetivo del documento es analizar el comportamiento de la brecha 

salarial por género regional y discutir la existencia de un proceso de 

convergencia, considerando trabajadores formales e informales. Utilizando 

información de la ENOE del periodo 2005-2017, se aplica la metodología 

Oaxaca-Blinder para obtener mediciones de la brecha salarial 

ajustada por efectos composición. Posteriormente, se analiza la existencia 

de y convergencia entre los estados mexicanos para las distintas mediciones 

obtenidas. 

Los resultados permiten afirmar que, durante el periodo de estudio, se 

presenta una reducción de la brecha salarial por género a nivel nacional, la 

cual es determinada fundamentalmente por el segmento de los trabajadores 

informales y, dentro de éstos, por la reducción del componente no 

explicado. 

El análisis de las brechas por estados permitió establecer la existencia 

de elevadas diferencias regionales, las cuales, durante el periodo de estudio, 

mostraron una reducción. 

La desagregación por tipo de trabajadores posibilitó identificar, por una 

parte, que ambos grupos de trabajadores ayudaron a la reducción de las 

diferencias espaciales y, por la otra, exponer que la contribución de estos 

grupos provino de dinámicas distintas en los trabajadores formales la fuente 

principal se relaciona con la parte explicada de la brecha salarial, la cual se 

redujo en las entidades con mayores magnitudes, acompañada de un 

incremento en la mayoría del resto de los estados, fenómeno al que llamamos 

“democratización de la brecha salarial” en contra de las mujeres. 

En el segmento de trabajadores informales, las reducciones se asociaron 

con el componente no explicado.


709 

Es importante señalar que, aún cuando, en general, durante el periodo 

de análisis, las brechas salariales por género en los estados se redujeron, 

el desempeño no fue homogéneo entre las entidades y tampoco mostraron 

un comportamiento espacial entre regiones. 

El indicador de convergencia indica que, durante el periodo de estudio, 

la dispersión de la brecha salarial por regiones mostró una reducción, 

hecho observado tanto para trabajadores formales como informales. Por 

su parte, la estimación de convergencia indica que las regiones con mayor 

brecha salarial por sexo, durante el periodo de estudio, presentaron una 

mayor reducción; en promedio, la velocidad de convergencia absoluta es 

de 7.0% en términos anuales, un valor que no presenta cambios significativos 

si se consideran diferentes especificaciones en la estimación, como 

pueden ser la inclusión de efectos temporales y la tasa de desempleo 

(convergencia condicionada); no obstante, esta última variable tiene un 

efecto positivo sobre el comportamiento de la brecha salarial, es decir, la 

tasa de desocupación aumenta la divergencia de la brecha salarial regional. 

Las estimaciones, considerando la clasificación de trabajadores por 

condición laboral (formal e informal), no modifican significativamente la 

magnitud de la convergencia; el efecto más relevante está en el caso de los 

trabajadores formales, donde la tasa de desempleo tiene un efecto mayor 

sobre la disparidad de la brecha salarial que los trabajadores informales. 

Los resultados obtenidos en este documento están en correspondencia 

con estudios previos para otros países o grupos de países, presentados 

previamente, y proporcionan elementos para sostener que, no obstante las 

diferencias regionales persistentes en México, la brecha salarial por género 

entre regiones se ha reducido en los primeros años del siglo XXI, lo cual 

pudiera ser indicativo de la efectividad de las políticas de equidad de género; 

sin embargo, no podemos soslayar que existen elementos adicionales que 

pudieran apoyar tal comportamiento, como la caída de los salarios reales 

de los trabajadores, especialmente masculinos, la creciente participación 

laboral de la mujer, en particular en sectores tecnológicos y dinámicos de 

la economía, y la mayor dotación de capital humano, entre otros; aspectos 

que deberán ser objeto de estudio en futuras investigaciones. 

Finalmente, los resultados permiten establecer la necesidad de implementar 

o fortalecer políticas públicas tendientes a reducir en mayor 

magnitud la brecha salarial por género, especialmente en el segmento de 

trabajadores formales y con una orientación regional.



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org/10.1111/j.0950-0804.2005.00256.x 

Recibido: 14 de abril de 2020. 

Reenviado: 19 de enero de 2021. 


David Castro Lugo. Doctor en Economía Aplicada por la Universidad 

Autónoma de Barcelona. Maestro en Economía Aplicada por El Colegio 

de la Frontera Norte y economista por la Universidad Autónoma de Sinaloa. 

Actualmente es catedrático-investigador del Centro de Investigaciones 

Socioeconómicas (CISE), Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) 

y subdirector de Investigación de la UAdeC; integrante del Sistema Nacional 

de Investigadores, nivel I. Sus líneas de investigación son mercado 

laboral y economía regional. Entre sus más recientes publicaciones en


717 

coautoría destacan: “Búsqueda de empleo, capital social y salarios en 

México”, Revista de Economía del Rosario, 24 (2), Bogotá, Universidad de 

Rosario, pp. 1-24 (2021); “Desigualdad salarial y trabajo informal en 

regiones de México”, Región y Sociedad, 31, Hermosillo, Sonora, El Colegio 

de Sonora, e1062 (2019); “Efectos del capital social en el empleo en 

México”, Revista de Economía Institucional, 20 (38), Bogotá, Universidad 

Externado de Colombia, pp. 263-283 (2018). 

Reyna Elizabeth Rodríguez Pérez. Doctorada en Ciencias por el Centro 

de Investigación en Alimentación y Desarrollo (CIAD), maestría en Desarrollo 

Regional y licenciatura en Economía por la Universidad de Sonora. 

Actualmente es profesora-investigadora de la Facultad de Economía de la 

Universidad Autónoma de Coahuila. Es perfil deseable PRODEP e integrante 

del Sistema Nacional de Investigadores, nivel I. Su línea de investigación 

es sobre economía laboral, desigualdad y discriminación salarial 

por género, informalidad, impactos del cambio tecnológico, apertura 

comercial y ciclos económicos en el mercado laboral, entre otros. Entre 

sus más recientes publicaciones como coautora se encuentran: “Desigualdad 

salarial por género y ciclo económico en las manufacturas mexicanas”, 

Revista Economía, Teoría y Práctica, 29 (54), Ciudad de México, Universidad 

Autónoma Metropolitana, pp. 61-88 (2021); “Participación laboral 

de hombres y mujeres en México: análisis desde el enfoque de género”, 

Revista Estudios de Economía Aplicada, 39 (3), Almería, Universidad de 

Almería, España, pp. 1-24 (2021); “Exposición a la globalización y convergencia 

regional en México”, Revista Estudios Económicos, 35 (2), Ciudad 

de México, El Colegio de México, pp. 267-295 (2020). 

Raúl Ramos Lobo. Doctor en Economía por la Universidad Autónoma 

de Barcelona. Investigador del Grupo de Análisis Cuantitativo Regional, 

Universitat de Barcelona. Líneas de investigación: mercado laboral, crecimiento 

regional, migración y capital humano. Entre sus más recientes 

publicaciones destacan, en coautoría: “Intangible Assets and Labor Productivity 

Growth”, Economies, 9 (2), 82, Basilea, MDPI (2021); “Introduction 

to the Special Issue on ‘Territorial Resilience: Mitigation and 

Firms’ Adaptation”, International Regional Science Review, 44 (1), Thousand 

Oaks, SAGE publishing, pp. 3-9 (2020); “Working hour mismatch, 

job quality, and mental well-being across the EU28: a multilevel 

approach”, International Archives of Occupational and Environmental 

Health, 93 (6), Berlín, Springer, pp. 733-745 (2020).




Desigualdad y sacrificio equitativo en 

la tributación por deciles de hogares 

en México 

Inequality and equitable sacrifice in taxation 

by households deciles in Mexico 

719 

Genaro Aguilar Gutiérrez* 

Abstract 

Tax functions are calculated with equitable sacrifice for aggregate federal taxes and 

for income tax to the added value and special on production and services separately 

using micro data from the National Survey of Household Income and Expenditure 

for 2018. Although there are differences in magnitude between the inequality aversion 

coefficient for IT, VAT and STPS taxes in Mexico; the Mexican tax system does 

not currently follow the principle of equitable sacrifice. The results demonstrate that 

the coefficient of aversion to inequality is very high in Mexico, and this should be 

interpreted as the desire of society towards fairer taxation. 

Keywords: tax equity, inequality aversion, taxes in Mexico. 

Resumen 

Se calculan funciones de tributación con sacrificio equitativo para los impuestos 

federales agregados y para Impuesto Sobre la Renta (ISR), Impuesto al 

Valor Agregado (IVA) e Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) 

por separado, utilizando microdatos de la Encuesta Nacional de Ingresos y 

Gastos de los Hogares 2018. Con resultados de diferentes coeficientes de 

aversión a la desigualdad para ISR, IVA y IEPS; el sistema tributario mexicano 

tiene una alta desigualdad por deciles, no sigue el principio de sacrificio equitativo 

y el alto valor del coeficiente debe ser interpretado como el deseo de la 

sociedad hacia una tributación más justa. 

Palabras clave: equidad tributaria, aversión a la desigualdad, impuestos en 

México. 

* Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional, correo-e: genaroaguilargtz@gmail.com

720 G. Aguilar Gutiérrez: Desigualdad y sacrificio equitativo en la tributación… 

Introducción 

La teoría económica ha estado reconociendo que la desigualdad puede 

afectar negativamente el crecimiento económico (Shekhar y Ebeke, 2019; 

Stiglitz, 2016; Piketty y Zucman, 2015). Este artículo emplea un modelo 

para medir y comprobar si en México los impuestos federales respetan el 

principio de equidad. Esto es, nos propusimos investigar si el sistema 

tributario nacional de México contribuye o no al aumento de la desigualdad 

en la distribución del ingreso, al respetar o no el principio de sacrificio 

equitativo. Para ello, nos preguntamos: ¿existe una distribución 

equitativa de la carga tributaria entre los diferentes deciles de la población 

en México?, ¿cómo se puede definir una regla impositiva igualitaria?, ¿qué 

propiedades caracterizarían a esa regla impositiva igualitaria? y ¿cómo sería 

un esquema tributario con una distribución equitativa de la carga fiscal? 

La noción principal de la teoría del sacrificio equitativo 1 indica que las 

personas con mayor poder económico y financiero pueden pagar más en 

impuestos que las personas pobres, puesto que una pérdida monetaria 

provoca perjuicios en menor grado para los primeros. Entonces, medir si 

un sistema tributario sigue el principio de sacrificio equitativo puede ayudar 

a mostrar si la institucionalidad tributaria actúa o no en favor de la equidad. 

Este artículo analiza al sistema tributario mexicano con base en los 

supuestos de la teoría del sacrificio equitativo. La estimación periódica de 

la función de tributación con sacrificio equitativo es importante para 

observar cómo el sistema tributario se configura y cuál es la tendencia del 

coeficiente de aversión a la desigualdad tributaria. A pesar de no ser un 

tema nuevo en la literatura especializada, en México no se ha estimado 

hasta hoy la función de sacrificio equitativo en la tributación a partir de 

datos observados de los impuestos pagados por deciles de hogares —ésta 

es la principal contribución de este artículo. Diversos estudios realizados sobre 

la estructura tributaria en México analizan los temas de evasión y elusión 

fiscal (CEFP, 2019) o bien los relativos al pacto fiscal nacional y a la 

insuficiencia fiscal de estados y municipios (Díaz, 2015; Mendoza Velázquez, 

2011; Aguilar Gutiérrez, 2010). Sin embargo, no hay estudios en 

México sobre el sacrificio equitativo y la función tributaria aplicando 

dicho principio, con el fin de dilucidar la inequidad tributaria por deciles 

vigente en el país. 

Siguiendo los estudios clásicos de distribución de competencias fiscales 

entre niveles de gobierno, Young (1990) fue el primer autor que 

desarrolló una forma de analizar empíricamente el concepto de sacrificio 

1 

En la literatura especializada se considera literalmente que “The Equal Sacrifice principle says 

that all taxpayers should bear the same sacrifice (in terms of reduced well-being) from paying taxes” 

(Weinzierl, 2012).


721 

equitativo. Para que el principio sea útil en el análisis de los sistemas de 

tributación, es indispensable considerar la función de utilidad de un miembro 

“representativo” de la sociedad (Young, 1990). La función de utilidad 

adoptada, que se admite que sea la misma para todas las personas, no 

representa necesariamente una función “promedio” para toda la población. 

Es más apropiado considerarla como una función de utilidad subyacente 

al proceso de formulación de la ley, que estableció el impuesto correspondiente. 

Sería una función de utilidad que el legislador atribuyó a los 

ciudadanos, admitiendo que está aplicando el principio de sacrificio 

equitativo. 

Para proponer una metodología de análisis del sacrificio equitativo, 

Young (1990) partió de la teoría de las decisiones en condiciones de riesgo 

y en su análisis se refirió al coeficiente de aversión al sacrificio. Sin 

embargo, al analizar el bienestar de la sociedad, es más adecuado considerar 

el grado de aversión a la desigualdad (que la aversión al sacrificio). 

Este coeficiente, desarrollado por Atkinson (1973) antes que Young, se 

emplea para referirse al grado en que la sociedad rechaza la existencia de 

inequidad en la distribución del ingreso. 

Los estudios que analizan el sacrificio equitativo parten de una función 

de utilidad y sus resultados, por implicar cardinalidad, no están exentos de 

críticas. Sin embargo, es difícil rechazar el análisis de la teoría del sacrificio 

equitativo, ya que cualquier teoría normativa de la tributación tendrá que 

contar con un conjunto de supuestos o con juicios de valor implícitos. 

Así, cualquier estudio que tome como base el principio de sacrificio 

equitativo debe prestar mayor atención a la dirección de los cambios 

indicados por el modelo que al valor exacto (cuantitativo) de la alteración. 

Por ello, aun con sus limitaciones, el análisis tiene su validez, ya que sirve 

como un parámetro para orientar la dirección de una posible alteración 

en el sistema tributario. 

Este artículo realiza el análisis del sacrificio equitativo para la carga 

tributaria directa e indirecta y total en función del ingreso. También es 

estimada la función de tributación, suponiendo sacrificio equitativo para 

algunos impuestos por separado: Impuesto Sobre la Renta (ISR), Impuesto 

al Valor Agregado (IVA) e Impuesto Especial sobre Producción y Servicios 

(IEPS), considerando la carga tributaria como función del ingreso total 

per cápita de los hogares mexicanos en el año 2018. 

Además de esta introducción, el artículo contiene cinco secciones más. 

Con una revisión de la literatura internacional de vanguardia, la segunda 

sección deriva matemáticamente la función de tributación igualitaria, que 

es la metodología empleada en el análisis empírico de los datos de México 

y muestra los resultados de algunos estudios para países específicos, de 

1990 a la fecha. La tercera contiene los resultados del análisis del sacrificio


equitativo en la tributación mexicana a partir del procesamiento de datos 

de impuestos federales pagados por deciles provenientes de la Encuesta 

Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares del año 2018. Uno de los 

hallazgos principales es que, como un todo, los impuestos en México no 

están distribuidos igualitariamente. Por ello, el legislador debería realizar 

una reforma fiscal buscando que los deciles más ricos de la población 

paguen lo que deberían de pagar, siguiendo el principio de sacrificio 

equitativo para toda la población. En la cuarta sección se estima la función 

de tributación y se calculan los coeficientes de aversión a la desigualdad 

para cada uno de los tributos. Los resultados específicos para tres impuestos 

federales permiten concluir que el ISR es más progresivo que el IVA 

y el IEPS. También se encuentra que sumados los tres impuestos federales, 

el último decil de la población termina pagando alrededor de 30% 

menos de lo que debería de impuestos federales en una situación de 

sacrificio equitativo. Mientras que otros deciles, en medio de la distribución, 

pagan más de lo que deberían, situación que lleva a concluir que la 

clase media en México lleva una carga tributaria más pesada de lo que 

debería en una situación de sacrificio igualitario para toda la sociedad. La 

quinta sección revisa la estructura tributaria en México, comparada con 

la de varios países desarrollados del mundo, pertenecientes a la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Finalmente, 

se presentan las conclusiones de la investigación. 

1. Función de Tributación con Sacrificio equitativo 

En las últimas dos décadas, diversos autores, desde Young (1990) hasta 

Weinzierl (2014), han propuesto una función de tributación, la cual 

permita que la política fiscal asigne de manera equitativa el peso de la 

carga tributaria para todos los contribuyentes. Pagar $1,000 no representa 

el mismo esfuerzo para un contribuyente que gana $7,000 que pagar 

$100,000 para un contribuyente que percibe $700,000. 

El estudio clásico de Young (1990) desarrolló una metodología para 

observar si un determinado impuesto sigue el principio de sacrificio equitativo 

—es decir, si el pago del impuesto represente el mismo impacto 

económico para todos los contribuyentes—, partiendo de que la función 

de utilidad tiene una elasticidad constante. Aplicó esa metodología para 

analizar el sistema de impuestos en Estados Unidos, Alemania occidental, 

Italia, Japón y Reino Unido. 2 Sin embargo, Young aplicó un índice de 

2 

El principio de capacidad económica como elemento del derecho tributario ha sido ampliamente 

incluido en las Constituciones de varias naciones. Tal principio supone que la contribución de todos 

al gasto público se debe dar en función de la capacidad económica de cada contribuyente como base


723 

aversión al sacrificio, cuando lo mejor sería desarrollar un índice tributario 

de aversión a la desigualdad (Hoffmann, et al., 2006). En efecto, es mucho 

mejor hablar de aversión a la desigualdad —es decir, qué tanto la sociedad 

rechaza la desigualdad en la tributación— que de aversión al “sacrificio”, 

en virtud de que cualquier impuesto no debería representar ningún sacrificio 

para nadie. Es decir, lo que la sociedad en su conjunto rechaza no es 

el “sacrificio” que representa pagar un impuesto, sino la desigualdad con 

que ese sacrificio se distribuye (Weinzierl, 2014). 

Para modificar la metodología de Young, proponemos recuperar un 

concepto de la teoría clásica de la distribución formulado por Atkinson 

(1973) para sustituir el principio de “aversión al sacrificio” por el de 

“aversión a la desigualdad” y lo aplicamos al análisis de la desigualdad en 

la tributación mexicana, por deciles de hogares. 

Para ello, proponemos el siguiente procedimiento metodológico: 

Sea t(y) ≤ 0 el impuesto pagado al sistema tributario. Dada la función 

de utilidad U(y), se tiene sacrificio equitativo sí: 

(1) 

Si aplicamos primera derivada, obtenemos: 

O 

(2) 

La ecuación (3) muestra que, si hay impacto equitativo, el impuesto 

t(y) es una función creciente del ingreso (y) si, y solamente sí, la utilidad 

marginal es una función decreciente del ingreso (y). 

De (2) se obtiene que: 

3) 

de la equidad tributaria. Dicho principio se concreta a través de criterios como el de progresividad 

tributaria, ya que modula la presión fiscal en concordancia con el nivel de capacidad económica de 

cada contribuyente. Aunque todas las personas se encuentran sujetas al deber de contribuir, la afectación 

por pagar impuestos no es proporcional para todos, de ahí el principio de solidaridad tributaria 

que precede al de equidad. De acuerdo con Masbernat (2013), en España el Código Tributario 

explícitamente reconoce el principio de capacidad económica como base de la equidad del sistema 

tributario español. Para el caso de Alemania, Bönke y Eichfelder (2010) encontraron que en la práctica 

dicho sistema beneficia a las personas más ricas, a pesar de ser explícito el principio de capacidad 

económica en el sistema tributario y en la normativa fiscal alemana.


Si multiplicamos los dos miembros de la ecuación por y obtenemos: 

(4) 

Un determinado impuesto será progresivo si su tasa crece con el nivel 

de ingreso y, es decir, si: 

O también: 

(5) 

O incluso: 

(6) 

Un determinado impuesto se considera progresivo si su valor marginal 

es mayor que la tasa promedio t(y)/y, lo que significa que el segundo 

miembro de la ecuación (4) siempre será menor que 1. Por otro lado, el 

primer miembro de (4) sólo es menor que 1 si la elasticidad de U'(y) es 

menor a menos 1. De ahí se concluye, entonces, que con sacrificio equitativo, 

el impuesto es progresivo sólo si la elasticidad de la función de 

utilidad marginal del ingreso es menor que -1. 

La teoría neoclásica supone siempre que la utilidad marginal es decreciente 

—por ello, la concavidad de la función de utilidad. Por lo que, de 

acuerdo con (3), el impuesto con impacto equitativo para todos los 

deciales de la sociedad siempre deberá ser una función creciente del ingreso. 

Sin embargo, en funciones de utilidad marginal con elasticidad entre 0 y -1 

el impuesto será regresivo. Es decir, se le cobrará menos en proporcion a su 

ingreso, a quien perciba más. 

Por ello, un concepto más general de concavidad para analizar los 

efectos de un impuesto equitativo dada a una distribución del ingreso 

fue propuesto por Moyes (2003) y extendido por (Weinzierl, 2014). Así, 

una función de utilidad U'(y) será cóncava en relación 1n sí es una 

función decreciente del ingreso y. Las variaciones en la utilidad marginal 

U(y) provocadas por oscilaciones del ingreso (d1ny = dy/y) disminuirán 

cuando y aumenta. Podemos comprobar que la condición de que U(y) 

sea cóncava en relación a U(y) equivale a la condición de que la elasticidad 

de la utilidad marginal sea menor que menos 1. 

Una función de utilidad marginal con elasticidad constante e igual a 

−ε puede ser representada como: 

(7)


725 

Donde A representa el incremento de la utilidad ante una modificación 

en el ingreso. Muchas décadas antes que Young, Atkinson (1973) mostró 

que es una medida de “aversión a la desigualdad”. Para que la utilidad 

marginal sea decreciente (la función de utilidad sea cóncava), se debe tener 

que ε > 0. 

De (7), integrando, se obtiene que: 

O 

(8) 

(9) 

En este contexto ε puede ser interpretado como un coeficiente de 

aversión a la desigualdad proporcional definido como −yU''(y) /U'(y) en 

donde U''(y) es la segunda derivada de la función de utilidad. Se puede 

demostrar que ese coeficiente es la elasticidad de la función de utilidad, 

con signo contrario. 

La representación gráfica de la ecuación (9) puede ser vista en las 

figuras 1 y 2. Esta ecuación fue sugerida por Atkinson (1973) y cumple 

Figura 1 

Forma de la función de utilidad considerada por Atkinson (1973) 

con coeficiencia de aversión a la desigualdad igual a 0.5 

Fuente: elaboración propia con base en Atkinson (1973).


Figura 2 

Forma de la función de utilidad considerada por Atkinson (1973) 

con coeficiencia de aversión a la desigualdad igual a 1.5 

Fuente: elaboración propia con base en Atkinson (1973). 

las propiedades de concavidad de la función de utilidad sin necesidad de 

imponer restricciones. 

Se puede observar que, aunque (8) y (9) sean funciones cóncavas, sólo 

ε > 1 cuando la función U(y) tiene una asíntota horizontal (con ordenada K) 

limitando su crecimiento. La función (8) no es cóncava en relación a ln y 

pues = A, es constante, y la función (9) sólo es cóncava en relación a 

ln y si ε > 1. 

Cálculo del parámetro ε, suponiendo impacto equitativo (para todos 

los deciles) en el sistema de impuestos 

Sustituyendo (9) en (1) obtenemos: 

O: 

Con: 

(10) 

En el procedimiento empleado por Young (1990), después de estimar 

por medio de la regresión lineal simple, el parámetro , de acuerdo con la 

ecuación (10), es calculado como el promedio simple de los valores de 

(y− t) 1 − ε − y 1 − ε .


De (10), haciendo β = 1 − ε, tenemos: 

727 

(11) 

Podemos ver que los parámetros α y β tendrán siempre signos opuestos. 

Se pueden calcular los parámetros α y β considerando la ecuación (11) 

como un modelo de regresión no lineal de t contra y. Pero recordemos 

que, al ajustar ecuaciones de ingreso con datos individuales, es usual 

suponer un error aditivo homocedástico en el logaritmo del ingreso. Por 

lo tanto, podemos usar el logaritmo de t para obtener un modelo de 

regresión no lineal, incluyendo un error u, con las propiedades usuales: 

(12) 

Los estimadores de los parámetros obtenidos con el método de Young 

(1990) pueden ser utilizados como estimadores preliminares en el proceso 

interactivo de ajuste del modelo no lineal (12). 

Aquí el modelo (12) fue ajustado con base en valores promedio de y 

y t por deciles de ingreso, a partir de microdatos de la Encuesta Nacional 

de Ingresos y Gastos de los Hogares 2018. Entonces, la estimación de los 

parámetros fue realizada con el método de mínimos cuadrados ponderados 

proporcional al número de personas en cada decil. El uso de los 

valores promedio por deciles de ingreso evita en gran medida la inconsistencia 

que sería causada por el error de medida en la variable y, en caso 

de que fueran usados datos individuales. 

Como el modelo (12) no tiene un término constante para Y, la suma 

de los cuadrados totales debe ser definida como ΣY i 

2 

π i , donde π i son 

los factores de ponderación. Pero nada impide el cálculo de la suma de los 

cuadrados totales corregido Σ(Y i − ) 2 π i , donde es el promedio ponderado 

de los Y i . Para evaluar la calidad de ajuste del modelo (12) en 

cada caso, serán siempre presentados los valores de la suma de los cuadrados 

(ponderados) de los residuos y de las dos definiciones de la suma 

de los cuadrados totales. 

2. ¿Existe sacrificio equitativo en la tributación directa en México? 

El cuadro 1 muestra la carga tributaria observada con base en microdatos 

de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2018. 3 

3 

La carga tributaria por deciles está contenida en el documento oficial de SHCP (2019). Sin 

embargo, para corroborar esta información construimos los deciles directamente de microdatos de 

la ENIGH 2018, encontrando coincidencia en todos excepto en uno de los deciles para el ISR (4º


De los impuestos presentados en el cuadro 1, el único que evoluciona 

“progresivamente” es el Impuesto Sobre la Renta. Llama la atención el 

Impuesto Especial sobre Producción y Servicios que se supone debería 

impactar más en los sectores más ricos de la población y no es monotónicamente 

creciente. 

Decil 

Cuadro 1 

Carga tributaria sobre el ingreso per capita 

de los hogares en México 

Ingreso promedio per capita 

mensual por hogar 

(pesos corrientes) 

Impuestos directos analizados 

ISR IVA IEPS Carga 

tributaria 

total (%) 

I 843.7 1.0 5.4 1.2 7.6 

II 1469.6 2.9 5.5 1.1 9.5 

III 1926.4 3.3 6.1 1.3 10.7 

IV 2358.7 5.3 6.5 1.3 13.1 

V 2825.1 4.7 6.7 1.3 12.7 

VI 3382.6 7.2 7.2 1.4 15.8 

VII 4102.3 12.9 7.0 1.3 21.2 

VIII 5161.5 11.6 7.2 1.4 20.2 

IX 7138.9 13.0 7.6 1.2 21.8 

X 16722.8 19.7 6.8 1.0 27.5 

Fuente: elaboración propia con microdatos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los 

Hogares (ENIGH) (Inegi, 2018). 

El cuadro 2 muestra los resultados del cálculo del modelo para ISR, IVA 

e IEPS. Los cálculos fueron realizados a partir de microdatos de la Encuesta 

Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2018. El cálculo 

del parámetro de aversión a la desigualdad para estos impuestos en su 

conjunto, es de 1.2319; recordando que ε = 1− β. 

Al excluir el último decil de ingresos, el coeficiente de aversión a la 

desigualdad aumenta hacia 1.55. En la gráfica 1, se observa que los últimos 

deciles de ingreso pagan menos impuestos de lo que deberían en una 

situación de sistema tributario equitativo. La curva muestra los valores 

calculados por el modelo, que siguen el principio de sacrificio equitativo. 

Los círculos muestran la carga tributaria observada. 

decil) y en 2 deciles para IEPS (5º y 6º deciles) sin que esas diferencias sean mayores al 2% de la 

carga tributaria nacional.


729 

Cuadro 2 

Cálculo del modelo no lineal de tributación con sacrificio 

equitativo para los impuestos directos (ISR, IVA e IEPS) 

Estadístico 

α 0.00174 

(0.000156) 

Cálculos (y desviación estándar) 

con base en 

Diez deciles Nueve deciles (1 al 9) 

0.00165 

(0.000126) 

β -0.4619 (0.0284) -0.4822 (0.0239) 

Suma de los Cuadrados Residuos 0.100183 0.057965 

Suma de los Cuadrados Totales corregidos 29.3289 26.7174 

Suma de los Cuadrados Totales 

no corregidos 

Fuente: cálculos propios con microdatos de la ENIGH (Inegi, 2018). 

110.424 103.7950 

Gráfica 1 

Relación entre impuestos directos per capita e ingreso per capita 

de los hogares en México, 2018 

Fuente: elaboración propia con microdatos de la ENIGH (Inegi, 2018). 

En la gráfica se aprecia que los deciles más ricos se benefician por el 

sistema tributario vigente. Este resultado es más evidente en la gráfica 2. 

Teniendo como base el patrón obtenido suponiendo sacrificio equitativo 

y coeficiente de aversión a la desigualdad constante, podemos observar 

que los tres últimos deciles de ingreso pagan menos impuestos de lo que


deberían, de acuerdo con el principio de sacrificio equitativo. El último 

decil de ingresos paga 9.51% menos en impuestos directos y los deciles 

9 y 8 pagan 8.7% y 5.2% menos de lo que deberían; mientras que los 

deciles 4 al 6 pagan 0.5%, 0.9% y 0.1% más de lo que deberían pagar. 

En este punto es bueno recordar que se debe dar mayor atención a la 

dirección del cambio indicada por el modelo más que al valor exacto del 

resultado. 

Gráfica 2 

Valores observados y estimados de los impuestos directos siguiendo 

el principio de sacrificio equitativo, por nivel de ingresos per capita 

de los hogares 


Realizamos una prueba basada en el uso de tres variables dummy (una 

con valor de 1 sólo para el estrato 8, otra con valor de 1 sólo para el estrato 

9 y la última con valor de 1 para el estrato 10). El resultado indicó que 

sólo el estrato 10 es discrepante, al nivel de significancia de 5%. Esto 

quiere decir que el legislador hipotético que se guíe por este modelo 

tendría que aumentar la carga incidente únicamente sobre el decil más 

rico de la población en caso de que quiera seguir el patrón indicado por 

un modelo con ε = 1.23. Este resultado es más evidente al desagregar el 

análisis por tipo de impuesto. 

3. Aversión a la desigualdad por tipo de impuesto 

En virtud de los anteriores resultados, decidimos realizar un análisis más 

detallado de los tributos, estimando un modelo para cada uno de los prin-


731 

cipales impuestos: ISR, IVA e IEPS. Estos impuestos tienen un importante 

papel en la progresividad o no de la carga tributaria total, ya que inciden 

sobre los mejores indicadores de la capacidad de pago de la población: ingreso 

y consumo. 

El modelo inicial fue derivado para el total de los tributos y el análisis 

de esta sección está fundamentado en la idea de que la carga tributaria 

total en México no es percibida homogéneamente por todos los contribuyentes. 

Es decir, el objetivo de la sección es estimar el coeficiente de 

aversión a la desigualdad con base en tributos que son más directamente 

percibidos por la población —asumimos que otros tributos, como el 

impuesto sobre nóminas, es poco percibido por la población. 

Para el ISR, nuestro modelo arroja un coeficiente de aversión a la 

desigualdad de 1.41, que es el más alto de todos los impuestos. La interpretación 

directa es que cuanto mayor sea este parámetro, mayor será la 

progresividad de la carga tributaria encontrada por el modelo. Los resultados 

de la progresividad o no del ISR en México en el año 2018, con 

la hipótesis de sacrificio equitativo, son mostrados en la gráfica. La línea 

son todos los puntos estimados y sobre ella se ubican las combinaciones 

de ingreso e impuesto que cada decil debería pagar, si en México hubiera 

sacrificio equitativo. Los pequeños círculos por encima de la línea indican 

aquellos deciles que están pagando más de lo que deberían y los 

círculos por debajo indican deciles de hogares que pagan menos de lo 

que deberían. 

Se observa que la progresividad es superior a la observada en la gráfica 2, 

pero el decil 7 está pagando mucho más de lo que debería mientras que el 

último decil, el de los hogares muy ricos paga menos de lo que debería. Si 

bien el 19.7% del ingreso de las familias más ricas está comprometido para 

el pago del ISR, la función de sacrificio equitativo indica que deberían 

pagar 24.30%. Es decir, hay una gran diferencia entre lo que paga el decil 

más rico de la población y lo que debería pagar, de acuerdo con el principio 

de sacrificio equitativo. 

Además, este impuesto no capta algunas peculiaridades del sistema 

tributario mexicano y al menos deja fuera tres componentes relevantes: 

i) ingresos por ganancias, ii) ingresos por aplicaciones de capital, excluidos 

los ahorros e iii) intereses sobre capital propio. En la Ley del ISR el primer 

componente está exento ya que se considera que la persona jurídica ya 

pagó el Impuesto Sobre la Renta en sus operaciones cotidianas. Este ingreso 

representa el 7.92% del ingreso de los hogares mexicanos, de acuerdo con 

datos de la ENIGH 2018. Sin embargo, para el decil 8 de la población 

esos ingresos representan 8.88% de sus ingresos, y para el décimo decil 

representan 5.95% de sus ingresos. El segundo caso es tributado en la


fuente y representa 0.61% del ingreso de los hogares mexicanos pero es 

5.12% para los hogares del decil más rico de la población. 

En este caso, hay claramente una subestimación del ISR, dado que no 

es declarado en la ENIGH el valor del impuesto pagado en este tipo de 

aplicaciones financieras. La gráfica 3 muestra que el último estrato de la 

población (los más ricos) claramente pagan menos del ISR de lo que 

deberían pagar. Otro elemento a considerar es que los intereses sobre 

capital propio inciden en la fuente, pero en la ENIGH no se puede saber 

lo que es ganado por intereses sobre capital propio y lo que son ganancias 

vía intereses obtenidos por tener un negocio. Las percepciones financieras 

y de capital, de acuerdo con la ENIGH 2018, representan 4.3% del total 

de los ingresos de los hogares mexicanos y para el decil más rico de la 

población esa forma de ingreso representa 6.86% del total de sus ingresos. 

Admitiendo que en todos los tipos de ingresos citados en este párrafo 

incidiese el ISR y que este no fuese captado de forma alguna por la 

ENIGH, eso representaría una cantidad de alrededor de 2.5% de subestimación 

del ISR para los hogares del decil más rico. Es importante notar 

que este impuesto, dadas esas fuentes de ingresos, también es subestimado 

para los hogares de los otros deciles de ingresos, pero en menor grado por 

la falta de bancarización de esos sectores de ingresos. 

Gráfica 3 

Impuesto Sobre la Renta (ISR) e ingreso per capita de los hogares 

en México, 2018 

Fuente: elaboración propia con microdatos de la ENIGH (Inegi, 2018).


733 

Para el caso del IVA, el cálculo del coeficiente de aversión a la desigualdad 

es de ε = 1.16. La gráfica 4 muestra los resultados de lo pagado y la 

estimación de lo que cada decil debería de estar pagando por IVA. Nuevamente, 

sobre la línea están las combinaciones que muestran lo que deberían 

pagar con sacrificio equitativo todos los deciles. El círculo por debajo de la 

línea, a la derecha superior del gráfico muestra que el último decil está 

pagando menos de lo que debería de IVA, mientras que varios deciles (5 al 

9) pagan ligeramente de más. Es decir, dada la estructura de consumo de 

los hogares en México, el legislador debería de instrumentar diferentes tasas, 

dependiendo del consumo de cada decil, de tal forma que los bienes y 

servicios clásicamente consumidos por el decil más rico (quizás vuelos aéreos 

internacionales, compra de autos de lujo y adquisición de joyas, etc.), 

deberían estar gravados con un IVA superior a la tasa actual. 

Gráfica 4 

Impuesto al Valor Agregado (IVA) pagado e ingreso per capita de 

los hogares en México, 2018 


Asumiendo que lo poco que queda de la clase media en México está 

ubicada entre los deciles 7 a 9 (Aguilar Gutiérrez, 2013), la gráfica muestra 

que el impuesto sobre consumo (IVA) está fuertemente concentrado 

en estratos pobres y de clase media y lo que esos estratos de la sociedad


aportan al fisco es superior a que deberían pagar en un modelo tributario 

con sacrificio equitativo (los puntos correspondientes a esos deciles están 

por encima de la línea estimada de impuestos equitativos). 

En el caso del Impuesto Especial sobre Productos y Servicios el coeficiente 

de aversión a la desigualdad de Atkinson, resultado de nuestro modelo es 

de 1.21 (recordemos que un menor coeficiente de aversión a la desigualdad 

significa una menor progresividad en el sistema tributario). La gráfica 5 

muestra claramente que, aunque en diferente grado, varios deciles de la 

población están pagando más de lo que deberían de este impuesto (deciles 

4 al 8) y que, nuevamente, el último decil paga menos de lo que debería de 

pagar en una situación de equidad en el sacrificio tributario. 

Gráfica 5 

Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) e ingreso 

per capita de los hogares en México, 2018 


En el pago de este tributo es más evidente la desigualdad, mostrando 

que deciles que se encuentran en medio de la distribución (deciles 6 y 

8) pagan sustancialmente más de lo que deberían (recordando que la 

escala de ambos ejes es logarítmica y por tanto, una “pequeña distancia” 

que se aprecie visualmente entre lo que pagan y lo que deberían de pagar, 

puede representar una brecha muy superior). En el caso del último decil, 

que visualmente parece estar “ligeramente debajo” de lo que debería de 

pagar, el impuesto pagado por ese estrato de la población es en realidad


735 

19.8% menor a que lo correspondería en una situación de sacrificio 

equitativo. 

Así, los hallazgos muestran que el sistema tributario mexicano en su 

conjunto es muy inequitativo (coeficiente de aversión a la desigualdad 

ε = 1.23); ya que un coeficiente muy cercano a uno es muy inequitativo 

y uno sustancialmente superior a uno, es más equitativo. A pesar de que 

el ISR es el más progresivo (ε = 1.41), la distribución inequitativa de IVA 

(con ε = 1.16) y del IEPS (con ε = 1.21) hacen de México uno de los 

países con mayor desigualdad en sus impuestos. Estudios que calcularon 

funciones de tributación con sacrificio equitativo en otros países obtuvieron 

coeficientes de aversión a la desigualdad muy superiores a uno. Young 

(1990) calculó un coeficiente de 1.37 para los datos de los impuestos 

federales de los Estados Unidos en 1987. Posteriormente, Imedio-Olmedo 

et al. (1999) obtuvieron valores entre 1.47 y 1.77 para el Impuesto Sobre 

la Renta en España. Pellegrino (2006) cuantificó un coeficiente de aversión 

a la desigualdad de 1.58 para el ISR en Italia en el año 2000 y 1.96 para 

el año 2005 y, más recientemente, Jarczok-Guzy (2017) encontró un 

coeficiente de aversión a la desigualdad de 2.7 para Polonia. 

De los tres tributos analizados el menos inequitativo es el ISR. Sin 

embargo, la acumulación de inequidad en la distribución en los diversos 

impuestos hace que el último decil de la población termine pagando impuestos 

globales 31% inferiores a lo que debería en una situación de sacrificio 

equitativo. Como era de esperarse, el IVA incide más sobre la población más 

pobre y el IEPS afecta proporcionalmente más a la clase media. 

4. Estructura fiscal de México y los países de la OCDE 

La estructura fiscal del mundo podría dar una idea de qué dirección tomar 

en caso de una reforma fiscal. México es uno de los países con menor 

carga tributaria efectiva en el mundo. La gráfica 6 muestra que, de 36 

países que componían la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE) en 2018, México tenía la menor recaudación 

como proporción del Producto Interno Bruto (PIB) de apenas 16.1% y 

países como Francia (con 46.1%), Suecia (43.9%) o Bélgica (44.8%) 

recaudan mucho más. 

El derecho tributario internacional comparado muestra que en varios 

países de Europa los impuestos basados en la capacidad económica de los 

contribuyentes, como instrumento de la progresividad de las finanzas 

públicas, tienen como resultado una mayor equidad social. Por ejemplo, 

observemos lo que sucede con el índice de Gini antes y después de impuestos 

en naciones emblemáticas de Europa. Las tasas de ISR hacen que el


índice de Gini de la desigualdad en la distribución del ingreso caiga de 0.36 

a 0.31 en el Reino Unido; de 0.30 a 0.26 en Suecia; de 0.30 a 0.24 en 

Dinamarca; de 0.33 a 0.27 en Alemania; de 0.35 a 0.31 en Italia; de 0.31 

a 0.26 en Holanda y de 0.33 a 0.29 en España (Verbist y Figari, 2013), 

mostrando la progresividad del sistema tributario en aquellas naciones. 

Gráfica 6 

Impuestos recaudados como proporción del PIB, países 2018 

Fuente: elaborado con datos de Revenue Statistics, (OCDE, 2019). 

Históricamente, la nación mexicana ha presentado niveles muy bajos 

de carga tributaria total y por niveles de gobierno (Guillermo Peón y 

Vargas Casmiro, 2017; Esquivel y Peralta, 2013; Aguilar Gutiérrez, 2010), 

lo que afecta severamente la capacidad de elaboración de programas 

públicos de largo alcance. Como muestran los datos de la gráfica 7, la 

composición de la carga tributaria contribuye para que el índice de aversión 

a la desigualdad sea en México muy cercano a uno ε = 1.23), lo que 

implica un sistema tributario muy inequitativo. 

Como vimos en líneas arriba, otros países tienen sistemas fiscales más 

equitativos (Jarczok-Guzy, 2017; Weinzierl, 2014 y 2012; Pellegrino 2006 

y Moyes, 2003). Ahora bien, en una gran parte de los países desarrollados 

la participación del ISR sobre la estructura fiscal total es muy importante 

(ver gráfica 7). Los impuestos indirectos tienen una fuerte participación 

en los ingresos únicamente en los países económicamente más atrasados, 

mientras que los países más desarrollados han apoyado sus finanzas en 

sistemas de tributos directos a la riqueza y al ingreso (Alves y Afonso,


737 

Gráfica 7 

Estructura de impuestos en 21 países de la OCDE, 2018 

Fuente: elaborado con datos de Revenue Statistics, (OCDE, 2019). 

2019). De lo anterior, deducimos que la gran diferencia entre lo recaudado 

vía ISR e IVA es una de las principales causas de la regresividad de la carga 

tributaria en México, lo que influye directamente en el coeficiente medido 

de aversión a la desigualdad. 

En América Latina, Mangas (2019) ha documentado ampliamente 

que como resultado del paradigma político y económico implantado 

después de 1980 —favoreciendo a los estratos más ricos de la sociedad y 

al modelo de apertura comercial—, la distribución de la carga tributaria 

está anclada en los impuestos indirectos al consumo, como el IVA, pero 

con efectos altamente regresivos, caracterizándose por tasas crecientes y 

llegando al límite de la presión fiscal. El mismo autor muestra que el IVA 

que se estableció primero en Brasil en 1967 con una tasa de 15%; gradualmente 

fue implantado en otros países de América Latina hasta alcanzar 

una tasa de 22% en Uruguay en el año 2012 promediando, ese mismo 

año, 15.1% para toda América Latina (Mangas, 2019). Es decir, a diferencia 

de los países desarrollados de Europa en los cuales la base del sistema 

tributario son los impuestos directos —en los países latinoamericanos la 

carga tributaria se basa sobre todo en los impuestos indirectos. 

Otro problema aquí es la inexistencia de impuestos a la riqueza: a 

diferencia de lo que ocurre en Austria, Bélgica, Finlandia, Francia, Italia, 

Portugal y Suecia entre otros países europeos. En México, las grandes


transacciones financieras y de capital y los activos financieros prácticamente 

están exentos de pagos de impuestos. Por ello, se debe avanzar al menos al 

fortalecimiento del impuesto directo y progresivo sobre la renta a las personas 

físicas, dado que la capacidad de obtención de recursos fiscales será 

severamente limitada en las próximas décadas, en virtud de que actualmente 

predomina, como en América Latina, una baja tributación de Impuesto 

Sobre la Renta y una alta evasión fiscal (Mangas, 2019). 

Algunos otros problemas del sistema tributario mexicano tienen que 

ver con la demostrada incapacidad de los otros niveles de gobierno (estatal 

y municipal) para recaudar impuestos, o debido a que esas jurisdicciones 

tienen notable incapacidad técnica de incrementar sus capacidades 

tributarias (Aguilar Gutiérrez, 2010). 

Sin embargo, el más notable problema en México es la incapacidad 

del sistema tributario federal para lograr que los impuestos recaudados 

aumenten sistemáticamente y a largo plazo (Esquivel y Peralta, 2013). 

Recientemente, en 2019 y 2020, el Servicio de Administración Tributaria 

en México revirtió esta situación mostrando un notable esfuerzo para 

incidir en la capacidad recaudatoria del gobierno mexicano, a partir del 

cobro de impuestos a los grandes contribuyentes. No obstante, es muy 

importante que el sistema tributario mexicano, como el de América Latina, 

se soporte más, como lo hacen la mayor parte de los países de la Unión 

Europa, en impuestos directos sobre la renta y la riqueza y no en impuestos 

indirectos al consumo, que son demostradamente más regresivos. 

Conclusiones 

En el artículo pionero de Young (1990), los impuestos analizados son 

progresivos en Estados Unidos y las estimaciones del parámetro de aversión 

a la desigualdad (o coeficiente de aversión al riesgo proporcional) son 

casi siempre superiores al 1.55. Los estudios posteriores muestran siempre 

índices de aversión a la desigualdad en los sistemas tributarios de varios 

países, superiores al 1.7. Es decir, son más equilibrados o equitativos de 

lo que ocurre en el México de hoy. 

En nuestro modelo, el cálculo del coeficiente de aversión a la desigualdad 

muestra que en México el sistema tributario no es equitativo y los 

resultados indican que los deciles más ricos de la población están pagando 

menos de lo que deberían en una situación de sacrificio equitativo. Por 

impuestos, el Impuesto Sobre la Renta (ISR) es más progresivo, mientras 

que el Impuesto al Valor Agregado (IVA) es el que presenta la mayor regresividad 

tributaria. Esta investigación evidencia que existe una importante 

brecha entre lo que se recauda y lo que se podría recaudar, sobre todo en


739 

los deciles más altos de la población, vía Impuesto Sobre la Renta. Al 

distribuirse más progresivamente este tributo, es crucial abatir la evasión 

y elusión del mismo para lograr que el sistema tributario mexicano tenga 

como resultado una mayor equidad social, a lo cual también puede contribuir 

(aunque en menor medida) la adecuada recaudación del Impuesto 

Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) que actualmente está fuertemente 

cargado sobre los deciles que componen la clase media y no sobre 

los deciles con ingresos más altos. Así, el abatimiento de esta brecha 

recaudatoria en ambos impuestos es crucial, especialmente para aumentar 

la capacidad fiscal del Estado mexicano. 

Por otro lado, en virtud de que el modelo considera la carga tributaria 

existente como informaciones de las preferencias del agente representativo, 

cuando son considerados los impuestos indirectos (IVA) el resultado del 

coeficiente de aversión a la desigualdad baja significativamente —con ISR 

el coeficiente era de 1.41, con IVA cae a 1.16— y consecuentemente, el 

sistema tributario con ese impuesto se vuelve casi totalmente regresivo 

—si el valor obtenido fuera menor que uno, sería un impuesto regresivo. 

El resultado obtenido muestra que el IVA se paga sin que el contribuyente 

“mediano” esté consciente de la tributación. Es probable que la no progresividad 

de este impuesto sea derivado de la falta de percepción de las 

familias en cuanto al porcentaje de impuestos incidentes en cada producto 

consumido. Los impuestos directos, el ISR es más perceptible para los 

ciudadanos, son más progresivos y generan un coeficiente de aversión a 

la desigualdad de 1.41. Si el consumidor no tiene información de cuánto 

paga en impuestos, entonces es de esperarse que la tasa incidente no 

represente la preferencia del consumidor. 

Un estudio reciente de Einav et al. (2014) muestra que hay diferencia 

en la elección de los consumidores cuando los impuestos son observados 

(y evidenciados) en las compras online u offline en Internet. En ese estudio, 

hecho en los EEUU, los autores pudieron observar que los consumidores 

en cuestión saben que hay impuestos en los productos, pero que no 

los toman en cuenta si no los observan directamente a la hora de pagar. 

Cuando el impuesto es indicado en el valor con y sin impuestos, hay una 

variación significativa en la demanda de cada producto. Esto confirma, 

por lo tanto, lo que dijimos anteriormente: los impuestos deben ser 

explicitados para que las familias y las personas los consideren en sus 

decisiones. La exposición del dato a pagar del IVA, medido en unidades 

monetarias, es una buena alternativa para que la información sea clara. 

Finalmente, nuestro estudio deja claro que una reforma tributaria que 

busque elevar la recaudación total y ser más eficiente, no sólo debería estar 

diseñada para lograr disminuir la evasión y la elusión fiscal, sino que 

también debería estar diseñada transfiriendo parte de la responsabilidad


fiscal que hoy asumen las familias, vía IVA, hacia el tributo directo: el ISR 

que se distribuye más progresivamente. 


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Recibido: 28 de junio de 2020. 



Genaro Aguilar Gutiérrez. Doctor en Ciencias Económicas por la Universidad 

Estatal de Campinas de São Paulo, Brasil, donde se graduó con 

Mención Honorífica. Posee un Posdoctorado en la Universidad de São 

Paulo. Actualmente, es Profesor Titular C de la Sección de Estudios de 

Posgrado e Investigación de la Escuela Superior de Economía del Instituto 

Politécnico Nacional. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores 

nivel I desde el año 2000. Recibió el Premio Maestro Jesús Silva 

Herzog en Investigación Económica de la UNAM (1998 y 2008), el 

Premio Banamex de Economía (2001), el Premio INAP (2001) y el Premio 

Nacional de Finanzas Públicas (2008). Entre sus más recientes 

publicaciones se encuentran como autor: Crisis Económica, Hambre y 

Desperdicio en México, Ciudad de México, MAPorrúa, (2021); en coautoría: 

“Animal Spirits y No-ergodicidad para COVID 19 en algunos 

estados de México”, Panorama Económico 16 (32), Ciudad de México, 

Escuela Superior de Economía, Instituto Politécnico Nacional, pp. 89-98 

(2020); y como coordinador, Seguridad Alimentaria y Pérdidas de Alimentos 

en México, Ciudad de México, MAPorrúa (2019).




Economic spillover from Natural 

Protected Areas to conventional tourist 

destinations 

Derrama económica de las Áreas Naturales 

Protegidas en destinos turísticos 

convencionales 

745 

José Alberto Lara Pulido* 

Alejandro Guevara Sanginés* 

Vanessa Pérez Cirera** 

Camilo Arias Martelo*** 

Carmina Isabel Jiménez Quiroga**** 

Abstract 

This paper examines the role of Natural Protected Areas (NPAs) as a source of economic 

spillovers for mass tourism destinations in Mexico. An econometric model was used 

to explain the number of booked rooms in tourism destinations as a function of 

proximity to NPAs, controlling for destination characteristics. A conservative estimate 

suggests that some rooms booked by foreign visitors can be explained by proximity to 

NPAs. Our results open public policy options, such as a compensating mechanism 

from conventional tourism to fund NPAs and show that they would be economically 

efficient and contribute to sustainability. 

Keywords: positive externalities, sustainable tourism, spillover benefits, Mexico. 

Resumen 

En este artículo examinamos el papel de las Áreas Naturales Protegidas (ANPs) 

como fuente de derrama económica en México atrayendo turistas que no llegarían 

en ausencia de estas. Para ello, planteamos un modelo econométrico que explica 

el número de cuartos ocupados de destinos turísticos en función de la proximidad 

a ANPs, controlado por otras características del sitio. Un estimado conservador 

indica que 17.7% de los cuartos ocupados por turistas extranjeros estarían explicados 

por la proximidad a ANPs. Estos resultados plantean posibilidades como un 

mecanismo de compensación por parte del turismo convencional, propuesta 

económicamente eficiente y que contribuye al desarrollo sostenible. 

Palabras clave: externalidades positivas, turismo sustentable, derrama económica, 

México. 

* Transdisciplinary University Center for Sustainability (Centrus) of Universidad Iberoamericana, 

e-mail: jose.alberto.lara@gmail.com and alejandro.guevara@ibero.mx 

** World Wildlife Fund, e-mail: v.perezcirera@gmail.com 

*** Data Scientist at Blackstone, e-mail: camilo.arias.martelo@gmail.com; 

**** Assistant at the Transdisciplinary University Center for Sustainability of Universidad 

Iberoamericana, e-mail: carmina.jimenez@ibero.mx

746 J. A. Lara-Pulido et al.: Economic spillover from Natural Protected Area… 

Introduction 

This paper studies the potential spillovers Natural Protected Areas (NPAs) 

generate for conventional tourism in Mexico. Conventional tourism is 

defined as the flows of domestic and inbound tourism that arrive at a set 

of destinations in Mexico, which the Ministry of Tourism officially reports. 

This set includes world famous destinations such as Cancun and Puerto 

Vallarta, major cities, and several other destinations that receive both 

national and international tourists. NPAs are argued to generate positive 

spillovers in this kind of destination by attracting a share of tourists that 

would not go there unless the former were available. 

The hypothesis is that a given tourist is more willing to visit a destination 

with nearby natural attractions simply because they have the possibility of 

visiting them (even if they opt not to). As discussed later, even though 

NPAs are severely underfunded, results show that they explain a large 

share of visitors to conventional destinations. These findings suggest that 

the compensation from conventional tourism for NPAs is economically 

efficient and contributes to sustainability. To test this hypothesis, an econometric 

model that takes the number of booked rooms in conventional 

destinations was used as a function of proximity to NPAs. Destination 

characteristics were controlled such as the availability of air transport, 

beach destinations, and marginalization levels. 

NPAs importance, goals, and obstacles 

The importance of NPAs for human development and welfare has been 

recognized at national and international levels. The Convention on Biological 

Diversity (CBD) highlights the fact that these areas are a source 

of poverty reduction, climate change mitigation, health protection, preservation 

of fishing assets, food security, clean water, protection against 

natural disasters, and cultural and spiritual development for human beings 

(Mulongoy and Babu Gidda, 2008; Secretariat of the Convention on 

Biological Diversity, 2008). Likewise, governments have increasingly 

recognized their importance. This is borne out by the commitment signed 

in 2010 by several governments to protect at least 17% of terrestrial areas 

and 10% of marine areas by 2020 at the Conference of the Parties (COP) 

16 in Cancun (CBD and UNEP, 2011). 

In this respect, the United Nations Environment Programme World 

Conservation Monitoring Centre (UNEP-WCMC) and the International 

Union for Conservation of Nature (IUCN) (UNEP and IUCN, 2016) 

indicate that the marine conservation goal has already been reached and 

that the terrestrial goal is only 2.7 percentage points above the current


747 

percentage, which corresponds to 3.1 million square kilometers. However, 

the main constraint on increasing natural protected areas is the lack of 

financing. There are insufficient resources to maintain and expand protected 

areas, particularly in developing countries (Emerton et al., 2006). 

The evaluation of the financial resources required to accomplish the 2020 

commitments by Sukhdev et al. (2012) shows that between 150 and 400 

extra billion dollars are required annually (between 0.08 and 0.25% of 

world GDP). 

The Mexican case 

The establishment of NPAs in Mexico is due to social and environmental 

reasons recognizing their importance to social development. There are 

approximately 91 million hectares of Natural Protected Areas according 

to the National Commission for Natural Protected Areas in Mexico 

(Spanish acronym CONANP) (CONANP, 2019); of which 21 million 

correspond to terrestrial areas, equivalent to 10.69% of the total terrestrial 

area; and 70 million correspond to marine areas, representing 22% of the 

total area including territorial seas and the Exclusive Economic Zone. In 

2016, four new marine NPAs were decreed, with an area of 65 million 

hectares, thereby achieving the Aichi Goal of protecting at least 10% of 

the water surface (CBD and UNEP, 2011). 

NPAs are classified as follows: Flora and Fauna Protection Areas, Natural 

Resource Protection Areas, National Monuments, National Parks, 

Biosphere Reserves, and Sanctuaries. The most extensive type of NPAs is 

the Biosphere Reserve with 78 million hectares, followed by Flora and Fauna 

Protection Areas with approximately seven million hectares, and then 

Natural Resource Protection Areas with nearly five million hectares. Table 

1 shows the area covered by each type of NPAs and its equivalence with 

the International Union for Conservation of Nature system of classification 

(Bezaury-Creel et al., 2009). 

Table 1 

Equivalence of classification and NPAs covered in Mexico 

Mexico’s 

classification 

Flora and Fauna 

Protection Areas 

IUCN Classification 

Protected area with 

sustainable management 

of natural resources 

Land 

Surface 

(thousands 

of 

hectares) 

Water 

surface 

(thousands 

of hectares) 

TOTAL 

6668.60 328.26 6996.86


Table 1 (continuation) 

Mexico’s 

classification 

Natural 

Resource 

Protection Areas 

National 

Monument 

IUCN Classification 

Protected area with 

sustainable natural 

resource management 

Land 

Surface 

(thousands 

of 

hectares) 

Water 

surface 

(thousands 

of hectares) 

TOTAL 

4503.35 0.00 4503.35 

Natural Monument 16.27 0.00 16.27 

National Park National Park 627.29 15,546.30 16,218.59 

Biosphere 

Reserve 

Buffer zone: Protected 

area with sustainable 

management of natural 

resources or Core zone: 

Strict Nature Reserve 

9514.26 53,438.49 62,952.75 

Sanctuary Strict Nature Reserve 4.63 145.56 150.19 

TOTAL 21,379.40 69,458.61 90,838.01 

Source: CONANP (2019). 

Despite having achieved the COP 16 goal, Mexico faces underfunding 

for the maintenance of Natural Protected Areas. Bezaury-Creel, et al 

(2011) estimated a 723 million peso (~36 million USD) gap in NPAs 

financing for 2012, when there were only 25 million hectares under this 

status. Given that CONANP had a nominal budget of $1,098 million 

pesos in 2017 (~55 million USD), less than in 2009 (SHCP, 2016), and 

that the size of protected areas increased from 26 million to 91 million 

hectares, the financial gap increased substantially. The situation subsequently 

further deteriorated: CONANP had a nominal budget in 2017 

of $1,132 million pesos (~56 million USD) (SHCP, 2017), 843 million 

pesos (~ 43 million USD) in 2019 (SHCP, 2018), and 864 million pesos 

(~43 million USD) in 2020 (SHCP, 2019) (see graph 1). 

Recreation service of NPAs and discrepancies 

Among the many benefits of natural areas, recreation services are a primary 

source of economic resources and people’s welfare. National and foreign 

tourists visit NPAs in Mexico, paying an admission fee, which serves to 

trigger economic activity in nearby areas. In 2007, NPAs in Mexico received 

approximately 14 million visitors, who generated nearly $8,345 million 

pesos (~417 million USD) of economic spillover (Bezaury-Creel, 2009).


749 

Graph 1 

Protected Areas and CONANP budget from 2001 to 2017 

(million hectares/million 2016 pesos) 

Source: CONANP (2016a), SHCP (2016), Bezaury-Creel (2009), and Bezaury-Creel et al. 

(2011). 

This spillover was greater than the amount required to maintain the NPAs, 

but as long as this revenue is sent to the Finance Ministry and the budget 

for the maintenance of NPAs is assigned regardless of this revenue, underfunding 

will persist. 

The economic value generated by these areas between 2009 and 2015 

can be estimated using data from the annual CONANP budget. The 

annual increase in the number of visitors as well as the average expenditure 

per person was calculated for 2015, resulting in a total of 16,550,000 

visitors, 1 multiplied by 596 pesos (~30 USD), which is the average 

expenditure per person, resulting in an estimated economic spillover of 

$9,867 million pesos (~493 million USD) in 2007 constant prices, 

equivalent to $12,604 million pesos (~630 million USD) in 2015. 

1 

During 2009, the revenue generated by the admission fee for NPAs was 53 million pesos (~2.65 

million USD) and 89 million pesos (~4.5 million USD) in 2015, representing an increase of 68%. 

The price of admission was increased from 40 pesos (2 USD) to 56 pesos (2.8 USD) per person in 

low charge capacity areas and from 20 pesos (1 USD) to 28.8 pesos (1.44 USD) in the remaining 

areas DOF (2006). Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de 

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de Áreas Naturales Protegidas, representing an average increase of 42%. Therefore, the increase 

estimated in the number of visitors from 2009 to 2015 was 18%, equivalent to an increase in the 

number of visitors from 14 million in 2009 to 16.5 million in 2015. Average expenditure per person 

was obtained by dividing the 8,345 million pesos (~417 million USD) of revenue generated in 2009 

by the 14 million visitors.


The discrepancy between the NPAs’ income and their budget is not 

exclusive to Mexico as shown by Eagles and Hillel (2008), who reviewed 

the benefits that tourist natural parks offer all over the world compared 

with their budget, and concluded that tourism has the potential to make 

a major contribution to the conservation of natural spaces. 

Additionally, Eagles and Hillel (2008) estimated that the financial 

needs of every natural area in the world represents less than 10% of the 

benefits these areas produce for tourist destinations, where they are the 

main attraction. Similar studies have been conducted by Driml and Common 

(1995) who report the case of Australia, Pabón-Zamora et al. (2008) 

who describe a similar phenomenon in protected areas in Peru, and 

Goodwin et al. (1998) who demonstrates that in natural parks in India, 

Indonesia, and Zimbabwe, there is no relation between the income parks 

generate for the tourism sector and their maintenance needs. 

Value quantification 

Two main approaches are used to quantify the economic value of the 

tourist services NPAs provide: (i) those that estimate the consumer surplus 

and (ii) those based on direct expenditure. The former seeks to estimate 

the actual economic value a visitor assigns to an NPAs while the latter 

attempts to estimate the total money flow NPAs visitors generate. 

Among those designed to calculate consumer surplus, there are two 

main methodologies: contingent valuation and travel cost. Contingent 

valuation estimates consumer preferences using surveys. For instance, 

(Rivera-Planter and Muñoz-Piña, 2005) estimated the value of the recreational 

services of coral reefs in Marine Protected Areas in Mexico. The 

travel cost methodology estimates consumer surplus by aggregating all 

costs visitors incur when traveling to a Natural Protected Area. For example 

(Martínez-Cruz, 2005) uses this methodology to estimate the value 

of the recreational service offered by Desierto de los Leones, an NPA on 

the outskirts of Mexico City. The second approach, which estimates the 

direct expenditure of consumers, (Bezaury-Creel, 2009) follows this 

method. 

The approach of this study is somewhat different to the previous 

methods. An econometric model that explains booked rooms in conventional 

tourism destinations 2 by their proximity to an NPAs with tourist 

potential for the period 2010-2018 is specified. An Ordinary Least Squares 

(OLS) model is stated using several controls related to the characteristics 

2 

By conventional tourist destinations, a list of 115 destinations regularly monitored by the 

Tourism Ministry of Mexico to generate tourism statistics in Mexico is referred to. These destinations 

are not necessarily associated with sustainable management models.


751 

of the sites, such as the availability of an airport, if it is a beach destination, 

population in a given radius, among others. In addition, the economic 

value of this effect is approximated. As far as we know, there are no similar 

studies to ours since the focus of previous studies is to estimate the 

economic spillover of nearby NPAs. 

There are only a few studies with a similar objective to this one. Specifically, 

Yang and Wong (2012) find a large, significant effect of national 

parks on tourism flows in 341 mainland cities in China. Bo et al. (2016) 

confirm that cultural and natural attractions have a strong influence on 

domestic tourists in eastern China, while Naranpanawa et al. (2019) report 

that regional parks and state forests are significant drivers of tourism 

employment in Queensland, Australia. 

Other studies give additional insights on the relationship between 

NPAs and conventional tourism. Whitelaw et al. (2014) regard tourism 

in NPAs as an ecosystemic service that must be adequately paid for by 

visitors, especially in NPAs where biodiversity levels are low and therefore 

the presence of human beings is less harmful. They propose financing 

schemes in which the use of ecosystemic services is divided among all its 

users to make them financially sustainable. Wall Reinius and Fredman 

(2007) study the features tourists evaluate when deciding which NPAs 

to visit and found that certain attributes, such as the type of area (natural 

park, biosphere reserve, etc.) and the type of activities available to tourists 

determine their decision whether to go there. Similarly, this research 

evaluates the variables affecting tourists’ decision when choosing a conventional 

tourist destination and found that proximity to an NPAs is a 

positive attribute when making the decision even if tourists do not go 

there once they have arrived in the conventional site. 

Munro-Strickland et al. (2010) propose a transdisciplinary framework 

to evaluate how local communities benefit from tourism in NPAs, which 

could be complemented by integrating the benefits touristic NPAs yield 

for nearby communities as well. They suggest that not only local communities 

may benefit from NPAs, but also nearby locations where conventional 

tourism is the main economic activity. Conversely, Nepal (1997) 

suggests that tourism in NPAs does not benefit local communities but 

rather traditional tourism companies that bring tourists from conventional 

destinations to these NPAs. This argument tallies with our results since 

evidence was found that conventional tourism benefits from the existence 

of nearby touristic NPAs. However, this does not imply that touristic 

companies are the only ones receiving positive externalities. 

Finally, Weaver (2001) explores the relationship between ecotourism 

and conventional tourism in the opposite direction. He concludes that 

ecotourism could hardly exist on its own, since the number of tourists


only visiting NPAs is minimal, and most tourists who visit this type of 

places come from conventional touristic places such as beach resorts and 

cruises meaning that one cannot exist without the other. From the results 

of our analysis, it is possible to hypothesize that this is a mutually beneficial 

relationship, since NPAs attract tourists to conventional touristic 

places, while conventional tourist destinations send tourists to NPAs. 

1. Methodology 

1.1. Hypothesis 

The number of booked rooms in various conventional touristic destinations 

increases when there is a Natural Protected Area offering recreational 

services no more than two hours away. 

1.2. Materials and methods 

First, a database to specify an econometric model was created. The observation 

units of the model are tourist destinations in Mexico. To identify 

them, SECTUR (2016) DATATUR website was consulted, a source of 

tourism information from the Mexican government. Among other items, 

it reports data on hotel occupancy for over 100 tourist destinations in 

Mexico. This data was georeferenced on Google Maps, with each geographical 

coordinate corresponding to the label Google Maps assigns to 

each destination. 

Second, the dependent variable was constructed for each destination 

by averaging the number of annual booked rooms from January 2010 to 

December 2018 according to DATATUR reports. Information on 115 

places was collected, 16 of which reported zero rooms during period, so 

they were not included in the econometric analysis. In addition, it was 

distinguished between inbound and domestic tourists to determine 

whether they behave differently. Figures 1.A and 1.B show the 115 tourist 

destinations considered and their hotel occupancy. 

Two variables of interest were then created to test the hypothesis. The 

first indicates whether there is an NPA near the destination while the second 

is an index to measure the touristic potential of NPAs. 

1. NPAs: Indicator of the existence of one or more NPAs less than a 

two-hour ride away. 

2. Tourism Index: Aggregated index for each destination regarding 

the tourism potential of the nearby NPAs.


753 

Figure 1.A 

Natural Protected Areas and its annual average hotel occupancy 

(domestic) 

Source: compiled by the authors using data from CONANP (2019), SECTUR (2019), and the 

software QGis 3.10 (2019). 

Figure 1.B 

Natural Protected Areas and their annual average hotel occupancy 

(inbound) 

Source: compiled by the authors using data from CONANP (2019), SECTUR (2019), and the 

software QGis 3.10 (2019).


The first variable was generated through the geographical location of 

the centroid of each NPA in Mexico, using the most recent list, updated 

in January 2017, which includes 181 NPAs. A time-distance matrix was 

created using Google API (Application Programming Interface), specifically 

the distance matrix function. This matrix shows the time and distance 

required to move from the tourist destination to each NPA in Mexico. 

In the case of marine NPAs, the route cannot be identified because Google 

API only enables one to calculate land routes. The traffic conditions 

considered were the average ones reported in Google’s records. After the 

matrix was processed, routes that took two hours or less were selected, 

considering that this is a reasonable time for a tourist to do a one-day trip 

to an NPA during their stay at a tourist destination. 

The index variable measures the tourist potential of NPA and was 

developed by CONANP for 90 NPAs in Mexico. This index considers 18 

criteria for each NPA grouped into four dimensions: biophysical environment, 

administrative management, cultural and socio-economic environment, 

and market context. An example of one of the criteria considered 

in the market dimension is the quality of transport infrastructure. 

CONANP rates each criterion in the index from one to four using preestablished 

parameters. For example, if there is no transport available to 

the NPAs, a one is assigned, if there is a transport network to tourist sites, 

a four is assigned. Each dimension is rated by the simple mean of their 

component criteria, and the general index is constructed by the simple 

mean of the four dimensions. Table 2 shows all the criteria and their 

respective measurement units. 

Then, for each conventional destination, the indexes of every NPAs 

requiring a trip of less than two hours were added. For example, for 

Cancun, the method identifies Tulum (with a 2.17 tourism potential 

index) and Puerto Morelos Reef (with a 2.62 index). The aggregated 

assigned index for Cancun is 4.79, resulting from the sum of indexes of 

Tulum and Puerto Morelos reef. Finally, the aggregated index was standardized 

between 0 and 1. The destination with the lowest index (Acapulco) 

is 0 and the one with the highest index (Valladolid) is 1. Accordingly, the 

final index was calculated using the operation: Index i 

= (I i 

- I m 

) / (I max 

- I min 

), 

where I refers to the sum of the indexes by CONANP of the NPAs near 

the tourist site. Graph 2 shows the indexes of the selected tourist sites. 

For example, Valladolid has a very high index because of its proximity 

to Ria Lagartos, Tulum, and Puerto Morelos Reef, three NPAs with high 

potential tourism indexes and the fact that Yucatan (the state where Valladolid 

is located) has favorable topographic characteristics that facilitate 

land transportation. Note that Playacar and Playa del Carmen rank second


755 

Table 2 

Criteria and measurement units for CONANP 

potential tourism index 

# Criteria Measurement unit 

Biophysical 

Management 

Socio-economic conditions 

1 Ramsar site, UNESCO natural 

heritage, other 

recognitions 

2 Charismatic megafauna number of species 

3 Existence of planning tools 

(acceptable visitor load, 

management plan, etc.) 

number of tools 

4 Budget sufficiency levels: insufficient budget, …, 

budget sufficiency 

5 Inter-institutional tourist 

agreements 

no agreements, …, successful 

agreements 

6 Level of land conflicts several conflicts, …, no conflicts 

7 Anthropogenic impacts on 

ecosystem services 

lot of pressure, …, sustainable 

practices 

8 Employment full employment, …, tourism is an 

employment option 

9 Safety unsafe, …, safe 

10 Cultural attractions no attractions, …, local income 

generating attractions 

11 Incorporation of rural economic 

activities into tourism 

some, …, most of the activities are 

integrated 

12 Archaeological remains Some, …, they attract tourists 

13 Transport infrastructure no infrastructure, …, less than one 

hour from destination 

14 Visitation no visits, …, constant flow of 

tourists all year round 

Market 

15 Communication services no communication, …, 

communication services are key to 

local tourist companies 

16 Marketing no marketing, …, market 

positioning 

17 Product diversification no products, …, over six tourist 

products 

18 Accommodation no accommodation options in a 

radius of less than 20 kms, …, 4-star 

hotels in a radius of less than 20 km 

Source: (CONANP, 2016b).


Graph 2 

Tourist destinations and their aggregate index 

Source: compiled by the authors with (CONANP, 2016b) and (SECTUR, 2016) data. 

and third in this aggregated index and that they are also located in the 

Yucatan Peninsula, confirming that this region presents favorable conditions 

for NPAs tourism. Figure 2 contains a graphic representation of 

each destination index. 

The tourism potential index was only calculated for 90 NPAs. NPAs 

that are not rated were excluded as well as marine areas. As it is explained 

later, this causes an underestimate of the effect of the proximity of NPAs 

to conventional tourist destinations. This potential omission suggests that 

the effect trying to be proven may be even higher. A model only considering 

destinations with a positive index (meaning they have NPAs with 

tourism potential nearby) is presented in a subsequent section, which 

confirms the argument explained above. 

Finally, the following variables were calculated to be included as controls:


757 

Figure 2 

Assigned index for tourist destinations 

Source: compiled by the authors with CONANP (2016a), SECTUR (2016) data, and the 

software QGis 3.10 (2019). 

1. Population. Number of inhabitants in a 30-km radius in every 

tourist destination according to the 2010 Population Census, by 

the National Institute of Geography and Statistics (INEGI, 2010). 

2. Beach. Dummy variable identifying whether the destination is near 

the coast. This process was conducted manually assigning 1 to 

destinations that were near the coast and 0 to destinations that 

were not. 

3. Loc50k. Indicates the number of cities with 50,000 inhabitants or 

more within a 100 km radius. Obtained through a buffer around 

the tourist destination with data from the 2010 Population Census. 

4. Airport. Determines whether the destination has an airport. This 

was manually identified in the Tourist Atlas of Mexico. 3 

5. Trend. Refers to the positioning of the destination in people’s minds. 

Using the website trends.google.com, the number of times the tourist 

site was searched in the past five years was tracked. Considering 

the fact that the results of this site are expressed in relative terms (the 

website reports the number of searches assigning the number 100 

to the day when that word was most searched), the number of 

searches for each place was compared with the searches for the word 

3 

SECTUR (2020)


“Mexico”. For example, for Cancun, the result of the comparison 

is 32 and 28 for Mexico, so Cancun is “popular”. Evidently, there 

are some destinations whose names are not necessarily linked to 

tourism (such as Ciudad Juarez, mainly related to insecurity issues). 

However, the results show that there is a positive correlation 

between the number of times the name of the place was searched 

and the number of booked rooms. 

6. Homicides. The national homicide rate per 100 thousand inhabitants 

for the period of 2010-2015 with INEGI information. This 

variable seeks to offset the negative effect the name of the destination 

could have in the positioning of the place in people’s minds. 

7. Marg: Marginality index published by the National Population 

Commission (CONAPO) at the locality level (CONAPO, 2010). 

1.3. Ordinary Least Square Model 

Two models using the Ordinary Least Square methodology were estimated. 

The difference between them is the variable of interest used. For the first 

model (model 1) a dummy variable (NPAs) was included, which indicates 

whether there is an NPA within a two-hour ride, while for the second 

model (model 2), the variable of interest is the index we explained earlier. 

In both cases, the model was estimated by dividing the dependent variable 

(booked rooms) into national and foreign tourists to incorporate into the 

model the characteristics of each group that could affect their selection 

of a tourist destination such as budget or proximity to their home city. 

The two specifications were as follows: 

Model 1: 

Model 2: 

The coefficient of each variable is explained below: 

1. NPAs: If the destination has one or more NPAs at a distance of 30 

km or less, the number of rooms occupied increases by β 1 

x 100 

percent.


759 

2. Index: For every extra unit of the index, the number of booked 

rooms increases by β 2 

x 100 percent. 

3. Ln(population): Each 1% increase in population increases the 

number of booked rooms by α 2 

percent. 

4. Beach: When the place is a beach destination, the number of booked 

rooms increases by α 3 


5. Loc50k: For each city with 50,000 inhabitants near the destination, 

the number of booked rooms increases by α 4 


6. Airport: When the destination has an international airport, the 

number of booked rooms increases by α 5 


7. Ln(trend): When the positioning of the destination increases by 

1%, the number of booked rooms increases by α 6 


Note that this variable does not have an intuitive interpretation, 

because the units are relative, but is included in the regression for 

control purposes. 

8. Ln(homicides). For each 1% increase in the homicide rate, the 

number of booked rooms occupied is reduced by α 7 

percent. 

1.4. Instrumental Variables 

In addition, a third model (model 3) was estimated. In this one, it was 

determined whether an increase in visitors to NPAs increases the number 

of visitors to conventional destinations. However, there is an endogeneity 

problem between these variables, because when visitors to conventional 

destinations increase, it is assumed that visitors to NPAs also increase. 

Accordingly, an instrumental variable model was specified, in which we 

proxied visitors to NPAs with the Tourism Potential Index described 

earlier. The specification of this model is as follows: 

Model 3: 

2. Results 

The variable of interest proved non-significant with the original model in 

both groups. In the case of national visitors, the population in the destination, 

the existence of an airport and the digital trend were significant and


had the expected sign; these last two variables showed extremely high 

coefficients. Afterwards, the same regression was run only using data from 

tourist destinations with over 5000 hotel rooms available from 2010 to 

2015, as shown in the second and fourth column of table 3. Model 3 

showed the same behavior, since it presents no statistically significant 

results for national visitors, although it does so for foreign visitors, with 

a coefficient of 0.5 for the variable of interest, as shown in table 4. 

The 83 destinations with over 5000 inbound tourists reflect the existence 

of a significant impact of the NPAs offering recreational services on 

the hotel occupation rate of nearby tourist sites, equivalent to a 55% 

increase. In this same model, the existence of a beach in the tourist destination 

is the control variable with the highest impact, increasing hotel 

occupation by 156%. However, in the case of national visitors, the existence 

of nearby NPAs shows no statistical effect on hotel occupancy. 

The second model, excluding the destinations with an aggregated index 

of zero, offers a broader vision of the NPAs impact because not only does 

it consider the proximity of the NPAs to the tourist destination, but also 

the impact due to the accessibility of the area, the quality of services 

offered there, the cultural heritage, biodiversity, financial and environmental 

sustainability of the project, employment, and conflicts. In keeping 

with the first model, the variable of interest is only significant for the 

foreign visitors’ group, while the variable with the highest coefficient is 

the online trend of the destination, increasing hotel occupancy by 328%, 

followed by beach, which increases hotel occupancy by 237 percent. 

The relevant coefficient for our study is the one from the Index variable 

(rating the tourism potential of NPAs near destination) because the 

model seeks to calculate NPAs’ impact on the traditional tourist industry. 

As mentioned before, the model only revealed the statistical significance 

of a causal relationship between these two variables in inbound tourism. 

This is an interesting finding that could be explained by several factors that 

are not reflected in the model itself, regarding the characteristics of both 

groups. For instance, domestic travelers may be less interested in NPAs 

near their destination since the investment in time and money tends to be 

lower than that of foreign visitors. Accordingly, international tourists may 

consider a wider array of benefits in the places they are visiting. 

This coefficient for foreign tourists in the second model is 2.66, meaning 

that when the aggregated index increases in one unit, the number of 

rooms occupied by international visitors is 266% larger. As explained 

before, the index comprises 18 variables related to the tourism potential 

of each NPAs and each variable is rated between 1 and 4. This implies


761 

Table 3 

Results 

Variable Model 

(1a_domestic) (1b_domestic) 

(visitors>5K) 

(2_domestic) 

(Index>0) 

(1a_inbound) (1b_inbound) 

(visitors>5K) 

(2_inbound) 

(Index>0) 

NPAs -0.25 -0.29 -0.043 0.549 ** 

(0.19) (0.19) (0.33) (0.29) 

Index -.80 2.66 *** 

0.56 (0.77) 

log(pop) 0.35 *** 0.34 *** 0.11 0.17 -0.03 -0.26 

(0.08) (0.08) (0.18) (0.14) (0.11) (0.25) 

Beach 0.37 0.39 -0.38 1.39 *** 1.56 *** 2.37 *** 

(0.25) (0.24) (0.54) (0.42) (0.35) (0.74) 

localities 0.035 0.037 * 0.05 ** 0.052 0.07 ** 0.05 

(0.02) (0.02) (0.02) (0.03) (0.02) (0.03) 

Airport 0.95 *** 0.91 *** 1.32 *** 1.96 *** 0.41 0.85 

(0.23) (0.23) (0.47) (0.40) (0.35) (0.64)


Table 3 (continuation) 

Variable Model 

(1a_domestic) (1b_domestic) 

(visitors>5K) 

(2_domestic) 

(Index>0) 

(1a_inbound) (1b_inbound) 

(visitors>5K) 

(2_inbound) 

(Index>0) 

log(trend) 1.32 ** 1.35 *** 1.74 *** 1.45 ** 1.51 ** 3.28 *** 

(0.38) (0.37) (0.60) (0.65) (0.52) (0.82) 

log(homic) -0.11 0.04 0.35 * 0.14 -0.005 -0.08 

(0.11 (0.11) (0.19) (0.18) (0.16) (0.27) 

Marg -0.23 -0.19 0.13 0.07 -0.19 -0.008 

(-0.18) (0.18) (0.25) (0.31) (0.26) (0.35) 

Cons 6.13 *** 6.55 *** 8.72 *** 5.68 *** 9.51 *** 11.15 *** 

(1.04) (1.04) (2.3) (1.78) (1.45) (3.23) 

R-squared 0.6322 0.6256 0.6619 0.5280 0.5432 0.75 

R-squared adj. 0.6028 0.5954 0.5959 0.4903 0.4938 0.70 

Observations 109 108 50 109 83 50 

* p < 0.1, ** p < 0.05, ***p


763 

NPAs 

Table 4 

Results 

Variable (3_domestic) (3 first stage_ 

domestic) 

(3_inbound) 

(3 first stage_ 

inbound) 

4.6 *** 4.6 *** 

Index (1.08) (1.08) 

-0.17 0.50 *** 

log(vis_NPAs) (0.12) (0.14) 

0.66 ** 1.10 ** -0.88 *** 1.10 ** 

log(pop) (0.28) (0.45) (0.33) (0.45) 

0.39 1.78 0.18 1.78 

beach (0.64) (1.06) (0.75) (1.07) 

-0.048 -0.89 0.01 -0.89 

localities (-0.06) (-0.11) (0.07) (0.11) 

1.32 *** -0.48 2.98 *** -0.48 

airport (0.45) (-0.85) (0.53) (-0.85) 

1.81 ** -0.63 3.32 *** -0.63 

log(trend) (0.71) (-1.29) (0.83) (-1.29) 

0.13 -0.37 0.20 -0.37 

log(homic) (0.23) (-0.42) (0.27) (-0.42) 

1.05 ** 1.51 *** -0.34 1.51 *** 

marg (0.54) (0.83) (0.59) (0.83) 

4.48 -3.29 13.49 *** -3.29 

cons (2.98) (-5.47) (3.46) (-5.47) 

R-squared 0.5363 0.5411 0.5411 

R-squared adj. 

Observations 37 37 37 37 

* p < 0.1, ** p < 0.05, ***p


that a one-unit increase in the degree of any of the variables represents a 

25% divided by 18% increase in the global index, in other words, an 

increase of 0.013 units of the index. Multiplying this by the estimated 

coefficient of 2.66 results in a 3.5% increase in the number of occupied 

rooms. For example, if an NPA is declared as natural heritage by UNE- 

SCO, the number of rooms in the tourist destinations booked by foreigners 

near that NPA will increase by 3.5%, and the same would happen 

with any other of the characteristics contained in the index developed by 

CONANP. Likewise, the third model seeks to isolate the exogenous effects 

of the index variable and offers a cleaner estimate. It was found that the 

effect increases and that, following the same logical procedure, with a 

coefficient of 5, the impact increases to 6.5 percent. 

Moreover, the effect of the proximity of NPAs to tourist sites on hotel 

occupation can be interpreted using the aggregated index. The average 

value of the index (the one that standardized between 0 and 1) in our 

database is 0.155. This is, an NPAs with potential tourism has an aggregated 

index of an average of 0.155. Multiplying the average value by the 

estimated coefficient (2.66), it was found that a conventional tourist 

destination with a potentially touristic NPA nearby, would have an average 

of 41.23% more foreign visitors that those that are close to NPAs with no 

tourism potential. Furthermore, considering there are some NPAs that 

were not rated by CONANP and that marine areas are not contemplated, 

the effect could be even higher. Using Model 3, the impact could increase 

to 77.5 percent. 

Finally, looking for a conservative estimate of the effect of the proximity 

of NPAs to touristic places (in terms of the international tourism 

attraction), the confidence interval that is between 1.1 and 4.22 in the 

base model (all 50 observations) can be considered. This interval can be 

interpreted as the range of values where the actual coefficient of the effect 

can be found. That is to say that, in an extremely pessimist analysis, the 

coefficient would be 1.1, which means that an increase of one unit in 

the tourism potential index of an NPA increases the number of occupied 

rooms in nearby tourist destinations by 110%. Following the procedure 

established in the previous paragraph, in destinations with an NPA with 

average tourism potential, the number of rooms would be at least 1.4% 

higher than the rest. Also, the rooms occupied in the destinations with a 

touristic NPA would be 17.7% lower if these areas did not exist (this 

results from multiplying 1.1 by 0.155, in other words, the minimum 

value of the coefficient times the average value of the index variable.)


765 

3. Approximation of the economic value of the contribution of a 

touristic NPA to nearby destinations 

Considering the previous analysis and the average total expenditure of 

international tourists drawn from the International Travelers Survey, 

conducted by the National Institute of Geography and Statistics (SEC- 

TUR, 2013), (which increases to 851 USD per trip per person) it can 

be inferred that without the existence of touristic NPAs, expenditure 

would be 17.7% lower, in other words, 150 USD fewer pesos per person. 

Hence, given that in 2019 the Ministry of Tourism reported a total of 

4,161,664 international tourists entering Mexico, this relationship suggests 

that without the existence of NPAs near traditional tourist destinations, 

624,249,600 USD less would have entered the country in the 

tourist sector. 

In addition, destinations with a higher influx of tourists such as Cancun 

and Playa del Carmen that are close to NPAs with a higher tourism 

potential index, may display a more intense effect. 

4. Discussion 

The main contribution of this paper is that it analyzes a specific type of 

economic positive externalities of touristic NPAs in Mexico by showing 

how they attract international visitors to conventional tourist destinations, 

thereby contributing to the economic and social development of nearby 

cities and towns through the traditional tourism industry. Even more 

important is the magnitude of this effect, which in a conservative scenario 

indicates that 1.4% of the rooms booked by foreigners in conventional 

tourist sites in Mexico can be explained by the proximity of an NPA. 

This is especially important for tourist sites where foreign visitors 

account for most clients. This is the case of the states of Quintana Roo 

and Baja California Sur, where international visitors represented 83% and 

76% respectively in 2018 (SECTUR, 2018). It is also the case of certain 

other destinations in the Mayan Riviera in the states of Yucatan and 

Campeche, and some beaches in Jalisco. At the national level, foreign 

tourists represent 30% of all the visitors engaging in tourism activities, 

which had a monetary value of 2.289 billion dollars in 2018 (SECTUR, 

2018). It is also worth mentioning that some of the most popular tourist 

destinations in Mexico grew because of their natural attractions, which 

at the time led to the creation of large projects that eventually degraded 

the natural spaces that had been the original attraction.


That said, this paper could serve as the basis for future proposals to 

create hybrid financing schemes for NPAs in Mexico in places where 

international tourists are the main source of revenue for the city. Since 

hotels, restaurants, and other tourism companies benefit from the existence 

and the maintenance of these areas, their deterioration could 

decrease the international tourist inflow. Therefore, a win-win proposal 

could be designed to expand the NPAs budget, which would translate 

into better maintained natural attractions that could even increase hotel 

occupancy in these destinations. 

As for the limitations of this paper, it would be necessary to run 

empirical testing of the results through a field study to examine the decision-making 

process of the various agents involved in the market. Specifically, 

it would be pertinent to determine whether the fact of having 

the option of going to an NPA (even if the tourist ends up not visiting 

it) acts as a key factor in the decision process of choosing between two 

tourist destinations. In other words, ceteris paribus, the aim would be to 

determine whether proximity to an NPA increases the likelihood of 

choosing one destination over another. 

Conclusions 

Maintenance and conservation of NPAs is relevant in economic terms 

at the local level because their deterioration would significantly affect 

local tourism. In other words, the economic spillover and revenue earned 

from tourist destinations could diminish if visitors are no longer attracted 

by NPAs. Specifically, our estimation indicates that the average total 

expenditure per international tourist in Mexico would be 150 USD less. 

Due to the close relationship between tourism development and NPAs 

conservation, as mentioned before, it is essential for this sector to become 

financially involved with the efforts to ensure the necessary resources for 

the maintenance of NPAs in Mexico to guarantee sustainable development 

and tourism activities in the long run. A first step to achieve this would 

be to redefine admission fees since, according to Witt (2019), they are 

lower than the maximum price visitors are willing to pay. The unwillingness 

to increase them should be brought up at Congress and the pertinent 

studies performed, and public policy proposals submitted to generate tax 

incomes to fund the conservation of NPAs. The aim is for the Tourism 

Ministry and the National Commission of Natural Protected Areas to 

work together on projects that will yield mutual benefits, acknowledge 

their mutual importance, and support each other financially.



It is important to point out that beyond the efforts that could be made 

by different departments, it is necessary to continue working on financial 

mechanisms, particularly their implementation. For example, the admission 

fee is inefficient since there are large numbers of people who do not 

pay this for several reasons: lack of incentives to charge a fee on the part 

of local managers; administrative negligence; flaws in the printing procedure 

or even because the tickets have to be collected in offices in Mexico 

City. This said, certain administrative improvement measures could be 

taken regardless of the legal and political restructuring of Natural Protected 

Areas in Mexico. 

Finally, any effective effort that contributes to the conservation of 

NPAs helps achieve the Sustainable Development Goals (SDG) agenda, 

to which Mexico is committed. It directly contributes to the 15 th and 16 th 

objectives, Life Below Water and Life on Land, respectively, and indirectly 

to several others, such as Climate Action (through carbon sinks), Decent 

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https://doi.org/10.1177/0047287512437855 

Received: July 8, 2020. 

Forwarded: February 23, 2021. 

Accepted: March 22, 2021. 

José Alberto Lara-Pulido. PHD and Master in Economics from Colegio 

de México and Bachelor of Administration from La Salle University. He 

is currently director of the Transdisciplinary University Center for Sustainability 

(Centrus) of Universidad Iberoamericana. He has been a fulltime 

professor-researcher at the Research Institute for Development with 

Equity (EQUIDE) of this University and the Department of Business 

Studies at the same University. He is a member of the CONACYT National 

System of Researchers Level I. He has been a consultant on public policy 

issues in social and environmental matters, as well as in economic modeling, 

for the IDB, The Nature Conservancy, the German Cooperation 

Agency in Mexico (GIZ), INECC, UNEP, CONEVAL and WWF. His 

most recent publications are: co-author “Ecosystem services valuation to 

build a matching funds scheme to finance adaptation to climate change 

in Puerto Vallarta, Mexico”, Mitigation and adaptation strategies for Global 

Change 26 (3), Ámsterdam, Springer, pp. 1-10 (2021); co-author “A 

Business Case for Marine Protected Areas: Economic Valuation of the Reef 

Attributes of Cozumel Island”, Sustainability, 13 (8), 4307, Basel, MDPI, 

pp. 1-18 (2021); and co-author “Honey-Guacamole: Assessment of pollination 

environmental service in avocado production in Michoacan, 

Mexico”, Acta Universitaria 31, Guanajuato, University of Guadalajara, 

pp. 1-16 (2021). 

Alejandro Guevara-Sanginés. PhD in Economics from the Autonomous 

University of Madrid, a Master in Public Policy from the University of 

California at Berkeley and in Economic Development from the University 

of East Anglia in Norwich and a BD in Economics from ITAM. He


773 

is a National Researcher, Level II of the CONACYT National System of 

Researchers. He is currently an academic at the Transdisciplinary University 

Center for Sustainability of the Universidad Iberoamericana Mexico 

City. His teaching and research work has been carried out at COLMEX, 

CIDE, ITAM, Berkeley and the University of Lyon. He has been a consultant 

on public policy issues in social and environmental policy for 

SEMARNAT, the Forestry and Natural Protected Areas Commissions, 

PROFEPA, INE, SEDESOL, GIZ, the World Bank, the IDB, the OECD, 

UNDP, UNEP and the Department for International Development of 

Great Britain. His most recent publications are: co-author “Honey-Guacamole: 

Assessment of pollination environmental service in avocado 

production in Michoacan, Mexico”, Acta Universitaria 31, Guanajuato, 

University of Guadalajara, pp. 1-16 (2021); “Ecosystem services valuation 

to build a matching funds scheme to finance adaptation to climate change 

in Puerto Vallarta, Mexico”, Mitigation and adaptation strategies for Global 

Change 26 (3), Ámsterdam, Springer, pp. 1-10 (2021); and “A Business 

Case for Marine Protected Areas: Economic Valuation of the Reef Attributes 

of Cozumel Island”, Sustainability, 13 (8), 4307, Basel, MDPI, pp. 

1-18 (2021). 

Vanessa Pérez-Cirera. PhD in Economics and Politics of the Environment, 

MSc in Public Policy and Development from the University of 

York in the UK, has a bachelor’s degree in economics from Universidad 

Iberoamericana in Mexico City. First served as Deputy Policy Director at 

the Mexican Ministry of Environment and Natural Resources where 

amongst her projects identified eco-efficiency indicators for the Asia-Pacific 

region. Then worked for WWF holding Senior Management positions 

in Mexico and the Global Network. Her work as Head of the Climate 

and Energy Program in WWF-Mexico included the identification of 

business contribution to meet Mexico’s climate commitments together 

with the National Business Council for Sustainable Development (CES- 

PEDES). Currently serves as Global Deputy for WWF’s Global Practice 

on Climate and Energy. Her research interests include poverty, power and 

the political economy of the environment. Her most recent publications 

are: co-author “Honey-Guacamole: Assessment of pollination environmental 

service in avocado production in Michoacan, Mexico”, Acta 

Universitaria 31, Guanajuato, University of Guadalajara, pp. 1-16 (2021); 

“NATURE HIRES: How Nature-based Solutions can power a green jobs 

recovery”, Gland, WWF-International (2020); and “Modelling carbon 

mitigation pathways by 2050: Insights from the Global Calculator”, 

Energy Strategy Reviews 29 (1), Amsterdam, Elsevier, pp. 1-11 (2020).


Camilo Arias-Martelo. Studied Economics at the Universidad Iberoamericana, 

later he worked as a research assistant for 3 years, and focused on 

the field of environmental economics. In 2018, he began a master’s degree 

in Computational Analysis and Public Policy at the University of Chicago, 

where he was recognized with the Siebel Scholar scholarship, graduated 

with honors, and did his summer internships at the Secretary of the 

Treasury. He is Data Scientist at Blackstone. 

Carmina Jiménez-Quiroga. Economist by Universidad Iberoamericana. 

She is currently a research assistant at the Transdisciplinary University Center 

for Sustainability of Universidad Iberoamericana. She has also been a 

research assistant in the Economics Department of that university and has 

assisted consultancy projects for the World Bank and the United Nations.




Transversalidad en políticas mexicanas 

de conservación de la biodiversidad: 

Coinbio y Corredor Biológico 

Mesoamericano 

Transversality in mexican biodiversity 

conservation public policies: COINBIO and 

Mesoamerican Biological Corridor 

775 

Fernando Antonio Rosete Vergés * 

Claudia Escalera-Matamoros * 

Bárbara Ayala-Orozco ** 

Eduardo García-Frapolli ** 

Carla Galán-Guevara * 

Abstract 

The goal of this investigation is to identify elements and attributes for the establishment 

of interinstitutional and intersectoral collaboration strategies based on the analysis 

of two biodiversity conservation case studies: COINBIO and the Mesoamerican 

Biological Corridor. Both cases highlight the importance of local adoption and crosscutting 

implementation. They share the participation of local communities and their 

incorporation into formal decision-making spaces, contributing proposals for solving 

environmental problems, and for the design and implementation of public policies 

related to regional community development based on collaboration. 

Keywords: environmental governance, interinstitutional coordination, rural communities, 

sustainable development, intersectoral implementation 

Resumen 

El presente trabajo busca identificar elementos y características para el establecimiento 

de estrategias de colaboración interinstitucional e intersectorial a 

partir del análisis de dos estudios de caso de conservación de la biodiversidad: 

el Coinbio y el Corredor Biológico Mesoamericano. En ambos casos, resalta la 

importancia de la adopción local y la implementación transversal, además de 

que comparten la participación de las comunidades locales y su incorporación 

* Escuela Nacional de Estudios Superiores (ENES) de la UNAM, Unidad Morelia, correos-e: 

fernando.rosetev@enesmorelia.unam.mx, cescalera@enesmorelia.unam.mx, carla_galan@enesmore 

lia.unam.mx 

** Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad (IIES) de la UNAM, Unidad 

Morelia, correos-e: bayala@cieco.unam.mx, eduardo@cieco.unam.mx

776 F. A. Rosete Vergés et al.: Transversalidad en políticas mexicanas de conservación… 

a los espacios formales de toma de decisiones, aportando propuestas para resolver 

problemas ambientales y para el diseño e implementación de políticas públicas 

relacionadas con el desarrollo regional comunitario, a partir de la colaboración. 

Palabras clave: gobernanza ambiental, coordinación interinstitucional, comunidades 

rurales, desarrollo sustentable, implementación intersectorial. 

Introducción 

Ha sido ampliamente reconocido que los problemas ambientales son 

complejos en la medida en que presentan una multiplicidad de interconexiones 

con aspectos económicos, políticos y sociales, y en que se interrelacionan 

con los procesos biofísicos, cuyas causas y efectos son difíciles 

de identificar y gestionar (Rittel y Webber, 1973; Batie, 2008). Es por 

ello que las políticas públicas que buscan resolver problemas ambientales 

requieren ser inherentemente transversales (Domínguez-Serrano, 2010), 

pues deben atender un complejo entramado de aspectos socioecológicos 

relacionados con las causas del problema, sus efectos y sus posibles soluciones 

(Sosa-Nunez, 2016). Sin embargo, las acciones de gobierno suelen 

estar fragmentadas como resultado de la estructura institucional de la 

administración pública y de la manera en la que se diseñan y evalúan las 

políticas públicas (Doremus, 2009). Como hace notar Sosa-Nunez (2016), 

aunque las políticas ambientales están ampliamente reconocidas en el 

discurso, suelen tener un vínculo muy sutil con otras políticas y, en muchos 

casos, ser periféricas a la evolución del resto de las políticas públicas. 

La política ambiental en México surge no sin enfrentar los retos ligados 

a la falta de participación social efectiva en las acciones gubernamentales 

y la desarticulación de las políticas públicas sectoriales (Carabias et al., 

2008). Sin embargo, desde sus inicios ha reconocido que, dada la complejidad 

de los problemas ambientales, es fundamental incorporar a los 

diferentes grupos de interés al proceso de toma de decisiones y establecer 

estrategias de articulación interinstitucional y de participación social, que 

permitan vincular los programas y acciones de gobierno de manera efectiva. 

De esta manera, la colaboración entre distintas escalas de gobierno, 

sectores y grupos sociales aparece como elemento clave para responder 

efectiva y equitativamente a los retos ambientales (Galán-Guevara et al., 

2013). 

Para atender la fragmentación en la administración pública, se han 

propuesto distintas estrategias para reordenar el diseño organizativo y 

operativo de las políticas públicas (Den Uyl y Russel, 2018). Entre estas 

estrategias destaca la transversalidad, que, de acuerdo con Serra (2005: 3),


777 

es, al mismo tiempo, un concepto y un instrumento organizativo cuya función es 

aportar capacidad de actuación a las organizaciones en relación con algunos temas 

para los que la organización clásica resulta inadecuada. En este sentido, responde 

tanto a necesidades de diseño de la organización como a necesidades de gestión. 

En términos de la aplicación de la política pública en México, el Programa 

Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2013-2018 

define la transversalidad como un 

método de gestión pública que permite aplicar recursos de distintas esferas a un 

mismo propósito o programa, cuando los objetivos son complejos y se traslapan 

o sobreponen las fronteras organizacionales sectorizadas […], la transversalidad 

es un proceso activo de cambio o transformación en las concepciones de un 

problema público y un método de gestión que requiere de una planeación concertada 

y coordinada entre agencias, actores y proyectos entre agencias diversas 

que comparten objetivos, metas y prioridades, además permite generar sinergias 

para responder con mayor eficacia a los problemas sociales (Semarnat, 2013: 129). 

Esto ha planteado importantes desafíos en términos de coordinación 

institucional, así como de la interrelación entre las distintas escalas de 

gobierno y de la sociedad para el desarrollo de las políticas públicas 

ambientales, pues la transversalidad requiere de formas integradas de 

acción entre distintos organismos de gobierno para garantizar que el valor 

en cuestión está siendo respetado (Aguilar, 2011). 

Desde hace por lo menos dos décadas, el Gobierno de México ha 

impulsado la transversalidad para formalizar una colaboración constante 

entre la ahora Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) 

con otras secretarías y órganos de gobierno (Guevara, 2005). A 

partir de esta interacción, se han incorporado criterios de sustentabilidad 

tanto en las políticas sociales como en las económicas; a su vez, se retomó 

el principio de la participación ciudadana como elemento de democratización 

de la gestión ambiental y se introdujo el principio de transparencia, 

no sólo en el ejercicio de la función pública, sino también como un 

derecho ciudadano para conocer las condiciones y la calidad del medio 

ambiente (Provencio, 1995; Gil, 2007). De hecho, el medio ambiente 

aparece como criterio rector del ejercicio de planeación gubernamental a 

partir del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012. En estos ejercicios de 

planeación se plantea el desarrollo sustentable como eje que guía la transversalidad 

de la política pública federal (Provencio y Mohar, 1995; Lezama, 

2010). Destaca también la puesta en práctica de instrumentos jurídicos 

que avanzaron hacia la descentralización, el federalismo y una repartición 

más equitativa y eficiente de las tareas de gestión ambiental entre los tres 

órdenes de gobierno (Lezama, 2010).


A pesar del creciente reconocimiento de la necesidad de transversalizar 

la política pública ambiental en México, aún son pocos los esfuerzos 

para fortalecer la colaboración interinstitucional, intersectorial y la 

participación pública, que son indispensables para la formulación e 

implementación de soluciones transversales que atiendan problemas 

complejos (Sosa-Nunez, 2016). Por ejemplo, muchas políticas ambientales 

se han enfocado a la atención de elementos aislados, ya sean afectaciones 

negativas sobre el agua, aire, suelos, biodiversidad, o bien sobre 

los ecosistemas, sin atenderse de manera integral (Conabio, 2006). De 

igual forma, muchas acciones de conservación y aprovechamiento en 

áreas naturales protegidas y de especies de flora y fauna silvestre en riesgo de 

extinción, como los Programas de Conservación de Especies en Riesgo 

(Procer), se encuentran desvinculados de los contextos socioecológicos 

que les dieron origen. Cabe señalar que las políticas ambientales, además 

de todas las complejidades ya mencionadas, son políticas inmersas, en 

el plano local, en un sistema de gobierno que históricamente ha sido 

corporativo y con problemas de gobernabilidad no resueltos y, en el plano 

global, en la incertidumbre que genera un mundo cada vez más globalizado, 

homogéneo e inequitativo. 

El propósito de este trabajo es conocer los elementos y las características 

del contexto que hicieron posible el establecimiento de una estrategia 

de colaboración interinstitucional e intersectorial a partir del 

análisis de dos casos relevantes en la política ambiental en México. Ambos 

casos están orientados a la conservación de la biodiversidad y fueron 

implementados en zonas de alta diversidad biológica y marginación, 

logrando resultados importantes dentro del sector ambiental. Los programas 

públicos que aquí se presentan retoman los retos de la política 

ambiental e ilustran la importancia de los esfuerzos de transversalidad, en 

particular, la coordinación interinstitucional y la participación social. De 

manera puntual, los casos destacan una serie de elementos clave para el 

diseño e implementación efectiva de las políticas públicas ambientales, 

como la colaboración intersectorial y la apropiación social. Los casos de 

estudio proporcionan elementos de aprendizaje sobre cómo la transversalidad 

puede facilitar la atención efectiva de problemas públicos de gran 

complejidad, como el deterioro ambiental y la pérdida de biodiversidad. 

En la siguiente sección se presenta la metodología seguida para desarrollar 

el artículo; posteriormente, se presenta el Programa de Conservación 

Comunitaria de la Biodiversidad (Coinbio) y el Corredor Biológico 

Mesoamericano-México (CBM-M), sus características generales e historia 

que permitieron articular intereses de distintos actores sociales, institucionales 

y organismos internacionales, así como los elementos de diseño 

e implementación mediante los cuales estos actores pudieron participar


779 

en la toma de decisiones durante la operación de los programas. Finalmente, 

se presenta un apartado de conclusiones, en el que se muestran 

las lecciones y aportaciones que estos casos han tenido para la política 

pública mexicana. 


Para identificar los elementos clave y las características del contexto que 

posibilitan el establecimiento de estrategias de colaboración interinstitucional 

e intersectorial, así como la implementación efectiva de políticas 

públicas ambientales, la presente investigación utilizó un enfoque cualitativo 

de estudio de caso (Gerring, 2007), con intención de generar 

material para la enseñanza (Coppola, 1996; Wei et al., 2015). Tradicionalmente, 

los estudios de caso en el campo de las políticas públicas o en 

el análisis y manejo de sistemas socioambientales pueden contener información 

histórica detallada, incluyendo datos estadísticos, ordenamientos 

legales o gubernamentales relevantes y los argumentos de varias dependencias 

o instituciones que fundamentan las acciones realizadas (Rosete 

et al., 2019), como se presentan en esta investigación. 

Para elegir los casos, se identificaron políticas ambientales orientadas a 

la conservación de la biodiversidad, dada la necesidad de establecer esquemas 

de coordinación y articulación entre distintos sectores y niveles de 

gobierno. Para ello, se realizó una revisión documental de diversas políticas 

diseñadas por la Semarnat de 1993 a 2015 y se seleccionaron ocho instrumentos 

de política ambiental. Posteriormente, se realizó un análisis de dichas 

políticas y se seleccionaron dos casos que cumplieran con los siguientes 

criterios: i) el caso presenta una concepción interdisciplinaria en su diseño, 

ii) su implementación tuvo un enfoque territorial y iii) hubo participación 

de actores locales y articulación entre diferentes dependencias de gobierno. 

Tras seleccionar los casos, se llevó a cabo una revisión documental de 

reportes, informes, documentos oficiales, literatura científica, entre otros. 

Finalmente, en 2015 y 2016 se realizaron diez entrevistas semiestructuradas 

con funcionarios de gobierno de dependencias federales y estatales, así 

como con los que fueron encargados de la implementación directa del 

programa. Las entrevistas duraron alrededor de 60 minutos y se trataron 

diversos temas sobre el diseño, implementación, evaluación, así como los 

retos y oportunidades para la coordinación interinstitucional, intersectorial, 

y la participación social. Las entrevistas fueron grabadas y transcritas con 

el consentimiento previo de los participantes. Posteriormente, las transcripciones 

se codificaron y se realizó un análisis temático (Flick, 2014). Lo 

anterior permitió establecer validez interna a través de la triangulación de


la información recopilada durante la revisión documental y las entrevistas 

informales. 

2. Resultados. Los dos casos analizados 

2.1. El caso del Programa de Conservación Comunitaria de la 

Biodiversidad (Coinbio) 

El Coinbio inició en México en 2001 con el objetivo de conservar áreas 

de alta biodiversidad, mediante el fortalecimiento y promoción de iniciativas 

comunitarias de conservación en ejidos y comunidades ubicados en 

zonas de alta biodiversidad de los estados de Oaxaca, Michoacán y Guerrero, 

aprovechando los valores culturales y las prácticas de manejo tradicional 

que las comunidades han desarrollado en esas zonas (Banco 

Mundial, 2000 y 2008; Velázquez et al., 2003). 

El Coinbio se definió a partir de tres planteamientos fundamentales: 

ser una alternativa al modelo de áreas naturales protegidas, constituido 

como el principal instrumento de protección de la biodiversidad en México 

(Banco Mundial, 2012) y que en muchas ocasiones no correspondía con 

la realidad social ni ambiental del país; lograr la conservación de la biodiversidad, 

a través de la satisfacción de las necesidades de las comunidades 

locales; y reconocer el valor del conocimiento local y la cogeneración de 

planes y programas de manejo comunitario (Anónimo, 2015a). 

El programa se desarrolló en dos etapas: la primera, entre 2001 y 2008, 

en la que operó con recursos del Fondo Mundial para el Medio Ambiente 

(GEF, por sus siglas en inglés), operados por el Banco Mundial (7.83 

millones de dólares), y recursos del gobierno federal y de los gobiernos 

estatales en México (5.22 millones de dólares) (Banco Mundial, 2012; 

Sosa et al., 2019) 1 ; y una segunda etapa, que se desarrolló entre 2008 y 

2014, en la que el financiamiento provino de los gobiernos estatales y del 

gobierno federal; para el primer año de operación de esta segunda etapa, 

el gobierno federal destinó 446,000 dólares y los gobiernos de Oaxaca y 

Michoacán 150,000 dólares (Banco Mundial, 2008). 

Si bien la mayor parte de los recursos con los que inicia la operación 

del Coinbio provienen de organismos internacionales, en el origen del 

programa es posible observar elementos de transversalidad al articular 

visiones e intereses del Banco Mundial, el gobierno mexicano y, de manera 

relevante, de las organizaciones comunitarias de la Sierra Norte de Oaxaca, 

1 

El costo total del proyecto fue de 24.52 millones de dólares; el resto de los recursos provino 

de otras fuentes, entre ellas el Segundo Proyecto Forestal Comunitario del Banco Mundial (The 

Second Community Forestry Project) (Banco Mundial, 2012).


781 

pues su impulso fue fundamental para concretar el proyecto a través del 

gobierno federal mexicano (Sosa et al., 2019; Anónimo, 2015a y Anónimo, 

2015b). 

En México, las experiencias de manejo forestal comunitario se han 

desarrollado a partir de las formas tradicionales de gobernanza en comunidades 

indígenas y de los distintos niveles de autogobierno que permiten 

el ejido y los sistemas de propiedad comunal, y son parte del contexto en 

el que surgieron, a partir de la década de 1970, movimientos que buscaban 

orientar las políticas gubernamentales hacia el manejo forestal comunitario 

(Barton et al., 2003). En particular, en las décadas de 1980 y 1990, 

organizaciones comunitarias de la Sierra Norte de Oaxaca desarrollaron 

iniciativas de manejo de recursos naturales junto con organizaciones no 

gubernamentales y el World Wide Fund For Nature (WWF) (Banco 

Mundial, 2000). Estas iniciativas también se desarrollaron en comunidades 

de Michoacán, Quintana Roo y Chihuahua, creando un movimiento 

cuyo objetivo era lograr la autonomía de gestión de las comunidades 

forestales (Anónimo, 2015a). En ese momento, el principal instrumento 

para la protección de la biodiversidad en México era el Sistema Nacional 

de Áreas Protegidas (Banco Mundial, 2012; Pérez, 2010). 

Por otro lado, entre los objetivos que tenía el Banco Mundial a fines 

de la década de 1990 se encontraba reforzar el trabajo de las comunidades 

indígenas en la conservación de la biodiversidad y fortalecer sus estructuras 

institucionales, con el fin de contribuir a remover los obstáculos 

para el crecimiento sustentable (Banco Mundial, 2000 y 2012). Mientras, 

entre las prioridades de conservación in situ del GEF se encontraba el uso 

sustentable de la biodiversidad y la participación local en los beneficios 

de las actividades de conservación. Sin embargo, en esos momentos, ni 

el Banco Mundial ni el GEF habían logrado realizar proyectos en los que 

las comunidades estuvieran involucradas en la conservación de la biodiversidad 

(Banco Mundial, 2012). 

México había ratificado, en 1993, su adhesión al Convenio sobre la 

Diversidad Biológica (CBD), en el que se promovía el desarrollo de 

programas de fortalecimiento de prácticas indígenas en la conservación 

y la utilización de la diversidad biológica (Banco Mundial, 2012), y en 

2000 presentó la Estrategia Nacional de Biodiversidad (ENB), en la que 

se incorporaban las premisas del CBD y se reconocía la importancia de 

las comunidades indígenas y las prácticas tradicionales de conservación 

comunitaria (Banco Mundial, 2008). 

Es así que, a través del Coinbio, fue posible articular los intereses 

de estos agentes: comunidades y ejidos, interesados en el reconocimiento 

de su experiencia y contribución a la conservación de la biodiversidad, 

a través del manejo forestal comunitario como una alternativa a la


conservación de las áreas naturales protegidas; el GEF y el Banco Mundial, 

interesados en desarrollar una primera experiencia que involucrara 

a las comunidades en la conservación de la biodiversidad; y el gobierno 

mexicano, interesado en implementar la ENB (Escalera-Matamoros y 

Garay, 2019). 

El diseño del Coinbio incluía diferentes componentes relacionados 

con productos para las comunidades y ejidos (Banco Mundial, 2012), 

por ejemplo, la construcción de capacidades locales mediante fondos de 

asistencia técnica. Otro componente era la conservación comunitaria, 

que comprendía desde la planeación espacial y el establecimiento de las 

áreas de conservación hasta la implementación de actividades de conservación 

e intercambio de aprendizajes entre comunidades, financiamiento 

para proyectos de uso sustentables de la biodiversidad y fondos de riesgo 

verde (Banco Mundial, 2012). El diseño de estos componentes incorporaba 

la experiencia de las comunidades, reconociendo el tipo de tenencia de la 

tierra, la organización existente y la experiencia y capacidad de las comunidades 

(Banco Mundial, 2012). 

La selección de las comunidades elegibles para presentar propuestas 

en el marco del programa se llevó a cabo en dos etapas. En primer lugar, 

se realizó una evaluación biológica inicial para identificar las áreas potenciales 

dentro de cada estado y, posteriormente, se llevó a cabo un proceso 

participativo de evaluación social en el que se estimaba el interés y la 

capacidad de las comunidades para la conservación, identificándose 1300 

comunidades elegibles (Banco Mundial, 2012). Los elementos de transversalidad 

también pueden observarse en la implementación del programa, 

en particular en su estructura operativa. La estructura operativa del programa 

se diseñó para operar en múltiples escalas, que permitían involucrar 

en la toma de decisiones tanto a las comunidades como a dependencias 

de distintos niveles de gobierno vinculadas con la conservación. La estructura 

estaba integrada por (Banco Mundial, 2012): 

a) El Comité Nacional de Supervisión, constituido por un representante 

de cada una de las dependencias federales vinculadas con la 

conservación –Semarnat, Comisión Nacional para el Uso de la 

Biodiversidad (Conabio), Comisión Nacional de Áreas Naturales 

Protegidas (Conanp), Consejo Nacional Forestal (Conaf), Comisión 

Nacional Forestal (Conafor)– y por tres representantes de las 

comunidades y ejidos, uno por cada estado participante en el 

programa. Sus funciones principales eran la supervisión del programa 

y la autorización de los programas de trabajo anuales y de 

los criterios para la selección de proyectos.


783 

b) Un administrador nacional, encargado de la administración y 

ejecución del proyecto, función realizada por Nacional Financiera. 

c) Un coordinador nacional, responsable del monitoreo, evaluación 

y realización de los reportes financieros y estudios especiales. 

d) Tres comités estatales, encargados de la implementación descentralizada 

del proyecto en Guerrero, Michoacán y Oaxaca, que operaban 

bajo la dirección general de la Semarnat y estaban integrados por 

tres representantes de las comunidades o ejidos participantes, un 

representante de la Semarnat estatal, un representante del gobierno 

estatal y un representante de la sociedad civil. En la mesa de los 

comités estatales había el mismo número de representantes de 

comunidades locales o ejidos que participantes institucionales y de 

la sociedad civil, esto con el fin de cumplir con el diseño del programa 

en el sentido de que las comunidades debían tener un alto 

nivel de toma de decisiones, posibilidades de modificar los criterios 

de operación del programa y una vigilancia mínima y estratégica 

para asegurar el cumplimiento del modelo (Banco Mundial, 2000). 

Dichos comités emitían las convocatorias, evaluaban las propuestas 

y determinaban la entrega de los apoyos. 

En esta primera etapa del Coinbio, que concluye en 2008, con el fin 

del proyecto del GEF y el Banco Mundial, tal y como se había planteado 

desde su diseño original (Banco Mundial, 2012), se establecieron un total 

de 78 áreas de conservación comunitaria, que cubren alrededor de 

166,776 ha, superando la meta de 150,000 ha que se había planteado 

originalmente (Banco Mundial, 2012). 

En 2008 dio inicio la segunda etapa del proyecto, financiada con 

recursos de los gobiernos estatales y del gobierno federal, sin contar con la 

estructura de coordinación nacional ni con la administración por parte de 

Nacional Financiera. En buena medida, esta continuidad del programa se 

dio por la solicitud de los gobiernos estatales al gobierno federal de buscar 

alternativas para mantenerlo (Anónimo, 2015b; Anónimo, 2016). Los 

comités estatales asumieron la coordinación administrativa y financiera, 

así como la operación y seguimiento del programa con base en la experiencia 

adquirida durante la primera etapa. En los casos de Michoacán y 

Guerrero se mantuvo la misma estructura organizacional, al menos en los 

aspectos más relevantes de la gestión del proyecto. En ese año, Conafor 

asumió la operación federal del Coinbio, sustituyendo a la Semarnat. En 

junio de 2008, Conafor aprobó seis millones de pesos para el proyecto 

durante ese año, y los gobiernos de Michoacán y Oaxaca designaron dos 

millones de pesos como contraparte (Banco Mundial, 2008).


En cuanto a la coordinación interinstitucional, se replicó la experiencia 

previa con la operación a través de un Comité Estatal, que incluía distintos 

niveles de gobierno, mantenía la participación social e incorporaba a la 

academia. En particular, en el caso de Michoacán, el Comité Estatal estaba 

integrado por el sector ambiental federal (Semarnat, Conafor, Conanp) 

y la Comisión Nacional de Pueblos Indígenas federal; el sector ambiental 

estatal (Comisión Forestal del Estado de Michoacán; Secretaría de Urbanismo 

y Medio Ambiente, SUMA) y la Secretaría de Pueblos Indígenas 

estatal; el sector académico, a través de la Universidad Michoacana de San 

Nicolás de Hidalgo, y cuatro representantes comunitarios (Sosa et al., 

2019). La dependencia que presidía el Comité Estatal del Coinbio fue 

SUMA (Sosa et al., 2019). Se siguieron entregando los apoyos bajo el 

mismo enfoque participativo, que incorporaba el conocimiento de las 

comunidades y brindaba espacios formales para hacerlas partícipes de la 

toma de decisiones (Anónimo, 2015c). 

Por otro lado, la incorporación de la academia en el Comité Estatal 

implicó una ampliación de la participación de la sociedad y permitía un 

mayor entendimiento de la complejidad existente en la conservación de 

la biodiversidad. En este sentido, se desarrolló un programa de formación 

de técnicos comunitarios en el que participaban miembros de las propias 

comunidades y de los ejidos, elegidos a través de las asambleas comunitarias, 

para que adquirieran los conocimientos y experiencia necesarios 

para gestionar apoyos de programas como el Coinbio y, con el tiempo, 

llegaran a realizar el trabajo de los prestadores de servicios. Ese programa 

se implementó a través del Centro de Investigaciones en Geografía 

Ambiental de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 

Unidad Morelia (Anónimo, 2015c). 

Pese a lo anterior, el programa comenzó a tener complicaciones en su 

operación. En primer lugar, enfrentó inestabilidad y una paulatina reducción 

del presupuesto, que implicó la disminución de recursos para movilidad, 

de la cantidad de apoyos y de la cobertura del programa. También 

se vieron afectadas la cantidad y calidad de la atención y el acompañamiento 

que las comunidades recibían, lo que afectó negativamente la generación 

de estrategias de conservación y de capacitaciones técnicas. 

Sin embargo, el mayor problema que enfrentó el programa fue la desarticulación 

de intereses, lo contrario a lo sucedido cuando surgió. La transferencia 

del programa, desde una operación nacional, vinculada al Banco 

Mundial, a los estados, requería de una dependencia federal responsable del 

programa que debía coordinarse con los estados involucrados para su operación. 

Durante las negociaciones iniciales, se buscó que la institución 

federal responsable fuera la Conanp, ya que, entre otras razones, cuenta 

con un área encargada de la certificación de iniciativas de conservación


785 

voluntaria (Anónimo, 2015a), pero finalmente fue alojado en la Conafor, 

en donde fue difícil entender la lógica del programa (Anónimo, 2015c). 

Adicionalmente, con el cambio de gobierno en Michoacán en 2012 

se perdió parte de la sensibilización al propósito del programa y a su lógica 

de operación (Anónimo, 2015c; Anónimo, 2016). En ese escenario fue 

difícil mantener una alineación de intereses, con lo que paulatinamente 

se fue reduciendo el programa hasta su desaparición en 2014. 

Ante la presión financiera y de seguridad en Michoacán, la dificultad 

de entendimiento entre los gobiernos federal y estatal sobre la esencia del 

programa, la desconfianza en un programa en el que comunidades indígenas 

tuvieran tal nivel de influencia y la tensión constante entre el esquema 

de conservación basado de áreas protegidas y esquemas alternativos basados 

en el conocimiento e intervención de las comunidades, fue imposible 

mantener la articulación interinstitucional y la alineación de intereses, 

condiciones necesarias para operar el Coinbio. 

Son varios los aspectos que habría que destacar de esta experiencia en 

términos del diseño e implementación, así como de la construcción de la 

institucionalidad del programa. En cuanto al diseño, probablemente lo 

más relevante es que se lograron conjuntar en un solo programa los intereses 

de diferentes actores, desde las comunidades locales, hasta los del Banco 

Mundial y los del gobierno mexicano. Esto se tradujo en una estrategia de 

implementación innovadora, en la que ejidos y comunidades elegían 

aquellos proyectos que deseaban desarrollar, así como los técnicos y organizaciones 

que los acompañarían en el proceso de desarrollo de los 

proyectos (Camou et al., 2013; Anónimo, 2015a; Anónimo, 2015b; 

Anónimo, 2015c; Anónimo, 2015d; Anónimo, 2016). La implementación 

del Coinbio promovió el desarrollo de estrategias participativas para la 

conservación del patrimonio natural, entre ellos, la ejecución participativa 

de inventarios de flora y fauna, los ordenamientos ecológicos comunitarios 

como estrategias para la planeación del uso de suelo, la implementación 

de proyectos productivos y el establecimiento de áreas de conservación 

comunitaria (Sosa et al., 2019). 

Desgraciadamente, retrasos y fallas en la implementación de la evaluación 

y el monitoreo resultaron en una falta de evidencia del impacto 

del programa en su objetivo principal: la conservación de la biodiversidad 

(Banco Mundial, 2012). Esto dificultó la argumentación sobre las acciones 

locales, las cuales estaban contribuyendo a asegurar la conservación en 

el largo plazo (Banco Mundial, 2012). 2 Pese a lo anterior, el Coinbio terminó 

2 

Pese a la falta de evidencia técnica del impacto del Coinbio, un elemento importante a resaltar 

es que, aun cuando en la entidad no se han abierto nuevas convocatorias, los proyectos apoyados por 

el programa siguen funcionando, como es el caso de los implementados para el manejo sustentable 

de agua en el Bajo Balsas, en los municipios de La Huacana y Churumuco (Sosa et al., 2019).


por influir en la reforma legislativa de 2007, que aprobó el artículo 59 de 

la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en 

el que se reconoció formalmente la conservación voluntaria como parte 

del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (Banco Mundial, 2008); en el 

estado de Michoacán, motivó la emisión de la Ley Ambiental y de Protección 

del Patrimonio Natural del Estado, en la que se considera la 

participación de las comunidades en el proceso de declaratoria y manejo 

(Sosa et al., 2019). 

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (FAO) lamentó el debilitamiento y desaparición del Coinbio, 

al considerar que era un programa útil y novedoso para impulsar la participación 

comunitaria en el desarrollo forestal comunitario en un contexto 

de erosión de la organización comunitaria (FAO-Conafor, s/f). 

2.2. El caso del Corredor Biológico Mesoamericano-México (CBM-M) 

A partir de la firma del Convenio sobre Diversidad Biológica, en 1992, 

la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD) ha 

tenido la tarea de coordinar y promover el cumplimiento de los compromisos 

adquiridos en materia de conservación de la biodiversidad. En ese 

contexto, se propuso la formulación de la Estrategia Regional para la 

Conservación y Uso Sostenible de la Biodiversidad en Mesoamérica (ERB), 

como un esfuerzo de coordinación de las acciones políticas e institucionales 

orientadas a la conservación, uso sostenible y distribución equitativa 

de los beneficios derivados de la biodiversidad (CCAD, 2003). México 

participó como observador en la formulación de la ERB, pero a partir de 

1996 tuvo una presencia activa en el Comité Técnico de Biodiversidad, 

lo que facilitó su integración con aportaciones específicas en la ERB 

(CCAD, 2003). 

La colaboración entre México y la CCAD propició que ese país se 

integrara a la iniciativa planteada en la ERB y, en la Cumbre de Jefes de 

Estado de la región, realizada en 1997, se respaldó públicamente la iniciativa 

del Corredor Biológico Mesoamericano (CBM) (Miller et al., 

2001), integrando a cinco estados del sureste de México: Tabasco, Campeche, 

Yucatán, Quintana Roo y Chiapas. El objetivo central de la iniciativa 

fue desarrollar un sistema de ordenamiento territorial comunitario 

que contribuyera a mejorar las condiciones de vida de la población local 

y que mantuviera la biodiversidad y los servicios prestados por los ecosistemas 

(Miller et al., 2001), disminuyendo la fragmentación de las selvas 

y mejorando la conectividad entre los ecosistemas (Álvarez-Icaza, 2013), 

a partir de una visión del territorio que incorpore tanto las características 

biofísicas como las sociales y productivas, aprovechando las relaciones


787 

existentes entre actores e implementando una intervención concertada y 

coordinada con la participación de los actores locales (Anónimo, 2015e). 

La implementación del CBM inició en 1996, con recursos del Banco 

Mundial, a través del GEF; México adoptó la iniciativa en el año 2000. 

El objetivo central del CBM-México (CBM-M) es establecer un modelo 

de conservación y desarrollo que evite el deterioro de los ecosistemas y 

sus servicios ambientales, a la par de impulsar esquemas de manejo sostenible 

de producción primaria (agropecuaria, forestal y pesquera) que 

permita a las poblaciones locales, dueñas de los territorios, obtener ingresos 

económicos y generar empleo para superar las condiciones de pobreza 

(Ramírez, 2003). 

El proyecto planteó la estrategia de fomentar un paisaje productivo 

combinando el uso de los recursos naturales con la conservación, e involucrando 

la participación activa de todos los sectores sociales, especialmente 

de las comunidades rurales (PNUD, 1997). Una de las diferencias 

importantes entre la iniciativa regional y la propuesta mexicana es que la 

construcción de la conservación de la biodiversidad se centra en el conocimiento 

biológico, tanto científico como empírico local, aplicado al uso 

sustentable de los recursos naturales (Álvarez-Icaza, 2013). 

La estrategia nacional para la implementación del proyecto se basó en 

un modelo de gestión territorial a nivel local, para atender la pérdida de la 

biodiversidad y el empobrecimiento de las comunidades rurales. Esto se 

hizo a partir de una propuesta de conservación y uso sustentable de los 

recursos naturales, promoviendo alternativas productivas amigables con el 

ambiente (Anónimo, 2015f; Anónimo, 2015g). La implementación del 

proyecto no implicó la creación de nuevos organismos operativos, sino la 

coordinación eficiente entre las instituciones responsables existentes, tanto 

internacionales y gubernamentales como de la sociedad civil que ya operaban 

en las comunidades (Anónimo, 2015h), compartiendo de manera 

transversal los objetivos de una misma estrategia: el manejo sostenible de 

la biodiversidad para mejorar las condiciones de vida de las poblaciones 

locales (Álvarez-Icaza y Anta, 2018). 

El CBM-M operó bajo el financiamiento del GEF durante el periodo 

2000-2008 (Arreola et al., 2009; Anta et al., 2013). Al inicio de la implementación, 

las acciones fueron atomizadas, pero posteriormente se logró 

centrar los esfuerzos alrededor de cuatro áreas naturales protegidas: dos 

de Chiapas (Montes Azules y El Triunfo), además de Calakmul y Sian 

ka’an (Álvarez-Icaza y Anta, 2018; Anónimo, 2015f). 

El proyecto logró su institucionalización en México al consolidarse el 

programa de desarrollo rural en corredores biológicos, que ha sido apoyado 

por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación (Sagarpa) desde 2008 (Obregón y Ramírez, 2010). Uno


de los resultados más importantes de esa coordinación interinstitucional 

ha sido el Programa de Desarrollo Rural Sustentable en Corredores 

Biológicos de Chiapas que han convenido la Sagarpa, la Secretaría del 

Campo de Chiapas y la Conabio (Álvarez-Icaza y Anta, 2018) y se refleja 

de manera operativa en las reglas de operación del programa y el fomento 

de la implementación de sistemas agroforestales y silvopastoriles, con la 

finalidad de diversificar la producción y establecer sistemas productivos 

menos agresivos con el ambiente y que promueven la conservación de la 

diversidad biológica (Anónimo, 2015f; Anónimo, 2015g). A partir de 

2009, el proyecto pasó a una segunda etapa y a ser enteramente financiado 

por el gobierno federal, a través de la Conabio (Álvarez-Icaza, 2010). 

Coincidentemente, la Conabio se convirtió en un organismo descentralizado 

de la Semarnat en 2010 y creó la Coordinación General de Uso 

y Manejo de la Biodiversidad, misma que se transforma en la Coordinación 

General de Corredores y Recursos Biológicos en 2013, y se encarga 

de gestionar el CBM-M. 

EL CBM-M ha promovido la coordinación interinstitucional a nivel 

del gobierno federal y de éste con los órdenes de carácter estatal y municipal, 

además de involucrar a los representantes de las comunidades 

locales. Por ello, el CBM-M participa activamente en las diversas plataformas 

de planeación y coordinación interinstitucional y en los diversos 

espacios como comités nacionales, estatales y municipales. Una de las 

acciones estratégicas del CBM-M ha sido promover y fortalecer los espacios 

locales y regionales de gobernanza local, como los Comités de Recursos 

Naturales, los Foros Regionales de Comisariados Ejidales, las Alianzas 

Intermunicipales o los Consejos Municipales de Desarrollo Rural Sustentables 

(Álvarez-Icaza y Anta, 2018). 

La coordinación interinstitucional se ha logrado a partir de las gestiones 

realizadas por la Conabio, que impulsó un acuerdo de colaboración 

entre la Sagarpa y la Semarnat, firmado en 2008, con la finalidad de llevar 

a cabo acciones de sustentabilidad ambiental en comunidades rurales 

ubicadas en zonas prioritarias por la diversidad biológica. Posteriormente, 

en coordinación con la Conafor, se lanzó la iniciativa de acciones tempranas 

REDD+ (Sarukhán y Álvarez-Icaza, 2012). 

La coordinación de acciones sectoriales hacia objetivos productivos y de 

conservación comunes entre las instituciones comprometidas ha creado 

referentes metodológicos para lograr la transversalidad de las políticas 

públicas, con base en el reconocimiento de las especificidades locales y la 

construcción de agentes sociales, económicos y técnicos capaces de articular 

las necesidades de la población y los productores con metas nacionales 

y globales, como las dirigidas a la mitigación y adaptación al cambio 

climático (Obregón y Ramírez, 2010).


789 

Parte del modelo de intervención del CBM-M es el de la operación 

en el territorio a través de agencias de desarrollo local (ADL), que pueden 

ser organizaciones de la sociedad civil, despachos de prestadores de servicios 

técnicos o equipos técnicos de organizaciones de productores, y son 

quienes atienden a un conjunto de comunidades en el acompañamiento 

para la operación de proyectos productivos, de conservación y de desarrollo, 

lo que ha fortalecido la coordinación entre diferentes sectores 

productivos, por ejemplo, cafeticultores, apicultores y turismo ecológico 

(Álvarez-Icaza y Anta, 2018; Álvarez-Icaza, 2010). 

Las comunidades y las organizaciones de productores son parte central 

del modelo de intervención del CBM-M, y es a través de las que se operan 

los recursos públicos y privados que se gestionan, mediante los cuales 

se promueven diversos tipos de acciones, como los ordenamientos comunitarios 

participativos, la capacitación de técnicos comunitarios y la 

reconversión productiva, orientadas a la producción sostenible, al manejo 

integrado de los recursos naturales y a la conservación de los ecosistemas 

(Álvarez-Icaza y Anta, 2018). Los sectores económico y social se encuentran 

representados tanto en los consejos estatales como en los regionales 

y microrregionales, siendo estos últimos las propias organizaciones de 

productores y los núcleos agrarios quienes participan en la toma de decisiones 

(Sarukhán y Álvarez-Icaza, 2012). 

Como parte de la coordinación interinstitucional y de la búsqueda de 

alineación de políticas y programas públicos, el CBM-M ha empleado la 

figura del Agente Técnico Local (ATL), con la intención de establecer 

acuerdos y convenios con instituciones de los gobiernos federal y estatal 

en la aplicación de recursos públicos que se canalizan en territorios determinados 

(Sarukhán y Álvarez-Icaza, 2012). El CBM-M opera, a través 

de la figura de ATL, los recursos del Programa Estratégico de Seguridad 

Alimentaria (PESA) de la Sagarpa en las regiones de atención del corredor 

biológico. Mediante este programa se contratan ADL, como Capacitación, 

Asesoría, Medio Ambiente y Defensa del Derecho a la Salud A.C. 

(CAMADDS), que también forman parte de los consejos regionales y 

microrregionales. Por ejemplo, se han contratado a cinco ADL para cubrir 

el territorio de la Selva Lacandona (Álvarez-Icaza y Anta, 2018). 

De acuerdo con varias investigaciones (Sarukhán y Álvarez-Icaza, 2012; 

Álvarez-Icaza y Anta, 2018; Anta et al., 2013; Obregón y Ramírez, 2010), 

la coordinación interinstitucional lograda en la implementación del proyecto 

en esta parte de Chiapas se ha traducido en el fortalecimiento de las capacidades 

y la gobernanza local (Arreola et al., 2009); también ha repercutido 

en la coordinación de las políticas públicas para atender las necesidades de 

conservación de la biodiversidad, el uso sustentable de los recursos natura-


les y la disminución de la tendencia de pérdida de biodiversidad en la región 

(Anónimo, 2015h). 

Un actor fundamental en este esquema de trabajo del CBM-M es la 

figura del promotor comunitario, ya que se trata de campesinos elegidos por 

la comunidad para que puedan ser capacitados en la adquisición de determinadas 

habilidades que los proyectos, las comunidades o las organizaciones 

requieran. A través del promotor comunitario se transfieren y 

desarrollan las capacidades que se espera sean apropiadas por las comunidades 

y las organizaciones; además, se encargan de dar seguimiento puntual 

a las acciones y proyectos que se impulsan (Álvarez-Icaza y Anta, 2018). 

En la Selva Lacandona, el CBM-M se ha enfocado en enfrentar el 

problema de la deforestación, buscando evitarlo y disminuyendo la presión 

sobre las áreas protegidas que se han establecido en esta región. Aunque 

se sabe que la deforestación es un problema multifactorial muy complejo, 

que difícilmente se puede resolver a través de una política específica, el 

CBM-M ha logrado conjuntar los esfuerzos de la Sagarpa y la Conafor 

para promover la conservación y el manejo forestal sustentable, así como 

impulsar la producción agropecuaria sustentable en las comunidades de 

la región (León y Villalobos, 2013; Anónimo, 2015i). 

Por la estructura del programa y la consolidación de los grupos de 

trabajo técnico local, un aspecto interesante del CBM-M es que actualmente 

se le reconoce como un articulador de política pública, tanto por 

los grupos de productores y los dueños de la tierra, como por las instituciones 

gubernamentales. En buena medida, esto se ha logrado por el 

conocimiento de la problemática regional y local en los estados donde 

opera, y por la articulación participativa que ha promovido con diferentes 

instancias gubernamentales y con la población local. 

A partir de este esquema, se ha establecido un nuevo espacio de participación 

y negociación coordinada para la toma de decisiones, fundamentado 

en el papel de las comunidades dentro de los consejos 

microrregionales, regionales y estatales, fomentando la construcción de 

una nueva gobernanza ambiental que tiene como objetivo trascender los 

tiempos administrativos del gobierno. Esto se ve reflejado en la descentralización 

de los proyectos productivos de la estructura institucional 

gubernamental y la construcción e implementación de los proyectos desde 

la escala local, que se deciden mediante un proceso de planeación comunitaria 

participativa, en particular desde los ejidos y en el papel articulador 

de las ADL, entre las instituciones gubernamentales y los grupos de productores, 

partiendo de su reconocimiento y aceptación entre las partes. 

Finalmente, valdría la pena resaltar que a partir de la experiencia 

generada en el CBM-M se ha modificado el marco jurídico para poder 

tomar decisiones de forma interdisciplinaria (intersectorial) y operar los


791 

programas de manera local, a partir de un organismo (las ADL) que haga 

el trabajo de la administración pública, reconocido por las instituciones 

sociales y gubernamentales, y que sea cercano a la población. 

Conclusiones 

El análisis de estos dos casos de política pública ambiental en México, 

ambos orientados a la conservación de la biodiversidad e implementados 

en zonas de alta diversidad biológica que coinciden con zonas de alta 

marginación, permite identificar elementos en el diseño e implementación 

que integran la participación de distintos sectores y niveles de gobierno, 

así como de actores locales. Tales elementos son fundamentales para poder 

construir la transversalidad que se requiere para resolver los problemas 

relacionados con el ambiente y el desarrollo. En este sentido, podemos 

afirmar que uno de los elementos que favorecieron la transversalidad en 

estos casos fue la determinación de conjuntar diversos intereses, los del 

Banco Mundial y diversas entidades del gobierno federal, con los de 

instancias de los gobiernos estatales y los de las comunidades locales. Otro 

aspecto a resaltar acerca del diseño de estos dos programas es la búsqueda 

de alineación con las necesidades, recursos y características particulares 

de las comunidades y ejidos, reconociendo el tipo de tenencia de la tierra, 

la organización existente y la capacidad técnica y operativa de las comunidades, 

y fortaleciendo capacidades donde se considerara necesario. 

Existió asimismo una coordinación institucionalizada entre los actores 

para la atención del problema público definido. 

Como argumentan Baker y Chapin III (2018), es importante que el 

diseño y la organización para la operación de programas públicos incluyan 

espacios permanentes de diálogo y toma de decisiones en los que participen 

todos los actores involucrados. Estos espacios han sido una de las características 

distintivas de los casos analizados. En el caso del Coinbio, los 

comités nacional y estatales estaban integrados e implicaban la participación 

real de las comunidades forestales, la academia, las entidades de los 

gobiernos estatal y federal, además de los organismos internacionales; 

mientras que, en el caso del CBM-M, los consejos estatales fueron integrados 

por las delegaciones federales, las dependencias estatales, el sector 

social y el sector económico, y los consejos regionales y microrregionales 

estuvieron integrados por asociaciones regionales (donde entraron las 

organizaciones de productores y los núcleos agrarios), las agencias de 

desarrollo local y los promotores comunitarios. 

La revisión de los aprendizajes generados a partir de los dos casos 

presentados también nos hace reflexionar sobre los principales retos para


la política pública en relación con la transversalidad, la coordinación 

interinstitucional y la participación de la sociedad. En primer lugar, como 

hemos mencionado anteriormente, para atender problemas complejos, 

como los relacionados con el ambiente y el desarrollo, es necesario que las 

políticas públicas sean transversales y fomenten la coordinación interinstitucional 

y una interacción entre distintos sectores del gobierno y de la 

sociedad que permita articular sus intereses. La formulación e implementación 

de soluciones transversales tiene como requisito la colaboración 

interinstitucional y con la sociedad civil, que, además de atender problemas 

públicos complejos, propicia la construcción de nueva gobernanza. En 

segundo lugar, para asumir los compromisos y responsabilidades derivados 

de una atención transversal de los problemas públicos por cada sector 

gubernamental y de la sociedad civil involucrados, es necesario adecuar 

la ingeniería institucional a una estructura en la que participen todos los 

actores interesados y puedan organizar la implementación de forma coordinada, 

superando la rigidez de la estructura operativa que muchas veces 

hace imposible la obtención de los objetivos planteados. 

Será de interés investigar si la transversalidad del Coinbio y del CBM-M 

es reconocida, en las comunidades en las que se han implementado, por 

lograr la incorporación de su visión y prácticas, y por generar resultados 

distintos con respecto a políticas públicas diseñadas e implementadas sin 

la articulación de intereses que permite la transversalidad. 

Finalmente, nos gustaría mencionar que los resultados obtenidos por 

ambos programas han contribuido en el fortalecimiento de instrumentos 

jurídicos y de coordinación interinstitucional. Por ejemplo, la estrategia de 

desarrollo rural y conservación de la biodiversidad, a partir de la experiencia 

generada por el CBM-M, ha sido retomada como una propuesta a 

nivel nacional, y ha sido plasmada en el Programa Especial de Gestión en 

Zonas de Alta Biodiversidad publicado a finales de 2012. El Coinbio 

influyó en la reforma legislativa de 2007, que aprobó el artículo 46 de la 

Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (DOF, 

2008), en el que se reconoce formalmente la conservación voluntaria 

como parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas; así como en la 

creación de la Ley Ambiental y de Protección del Patrimonio Natural 

del Estado de Michoacán de Ocampo, en la que se considera la participación 

de las comunidades en el proceso de declaratoria y manejo de las 

Áreas Naturales Protegidas. De igual manera, la formalización de la 

coordinación intersectorial a través del convenio de colaboración entre 

Sagarpa y Semarnat ha permitido que se reconozcan y fomenten institucionalmente 

la implementación de sistemas agroforestales y silvopastoriles. 

También, éstos influenciaron el Programa de Desarrollo Rural 

Sustentable en Corredores Biológicos de Chiapas que han convenido la


793 

Sagarpa, la Secretaría del Campo de Chiapas y la Conabio, y se refleja de 

manera operativa en las reglas de operación del programa. 

Agradecimientos 

Agradecemos a la DGAPA-UNAM el financiamiento del proyecto 

PAPIME PE303115 del cual el presente artículo es uno de sus resultados. 

Igualmente, agradecemos al proyecto 2269 de Cátedras CONACyT por 

el apoyo brindado para la elaboración de este trabajo. 


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Entrevistas 

Anónimo (2015a), “Participación en el Coinbio”, entrevistado por: Claudia 

Escalera-Matamoros, [videoconferencia/semiestructurada], 

Morelia, Michoacán, 25 de junio.


799 

Anónimo (2015b), “Participación en el Coinbio”, entrevistado por: 

Claudia Escalera-Matamoros, [videoconferencia/semiestructurada], 

Morelia, Michoacán, 25 de junio. 

Anónimo (2015c), “Participación en el Coinbio”, entrevistado por: Claudia 

Escalera-Matamoros, [videoconferencia/semiestructurada], 


Anónimo (2015d), “Participación en el Coinbio”, entrevistado por: 

Claudia Escalera-Matamoros, [presencial/semiestructurada], 


Anónimo (2015e), “Participación en el CBM-M”, entrevistado por: 

Fernando Antonio Rosete Vergés, [presencial/semiestructurada], 

San Cristóbal de las Casas, Chiapas, 27 de mayo. 

Anónimo (2015f), “Participación en el CBM-M”, entrevistado por: 



Anónimo (2015g), “Participación en el CBM-M”, entrevistado por: 



Anónimo (2015h), “Participación en el CBM-M”, entrevistado por: 



Anónimo (2015i), “Participación en el CBM-M”, entrevistado por: Fernando 

Antonio Rosete Vergés, [presencial/semiestructurada], San 

Cristóbal de las Casas, Chiapas, 27 de mayo. 

Anónimo (2016), “Participación en el Coinbio”, entrevistado por: Claudia 

Escalera-Matamoros, [presencial/semiestructurada], Morelia, 

Michoacán, 22 de junio. 

Recibido: 23 de mayo de 2020. 



Fernando Antonio Rosete Vergés. Biólogo por la UAM-Xochimilco, 

maestro en Ciencias en Manejo de Recursos Naturales por la UMSNH 

y doctor en Geografía por la UNAM. Experto en Planeación Territorial.


Actualmente es profesor titular en la Escuela Nacional de Estudios 

Superiores (ENES), campus Morelia, de la UNAM y coordinador de la 

Unidad de Planeación y Manejo del Territorio (UPLAMAT). Sus líneas 

de investigación son: ordenamiento ecológico del territorio, adaptación 

al cambio climático en zonas costeras y políticas públicas en materia 

ambiental. Entre sus más recientes publicaciones se encuentran: como 

coautor, “La planeación territorial en municipios costeros y su importancia 

para la adaptación al cambio climático global”, Revista Jaina, 1 (1), 

Campeche, Universidad Autónoma de Campeche, pp. 25-40 (2019); 

“Biophysical landscapes of the Ejido Tzurumútaro, Michoacán, Mexico”, 

Journal of Maps, 15 (2), Londres, Taylor & Francis, pp. 278-282 (2019); 

como coordinador, El ciclo de políticas públicas. Casos selectos de la política 

ambiental mexicana para la enseñanza, Morelia, UNAM-ENES Unidad 

Morelia (2019). 

Claudia Escalera-Matamoros. Economista por la UNAM, maestra en 

Economía por El Colegio de México, maestra en Política Públicas por la 

Universidad de Chile y candidata a doctora en Geografía por la UNAM. 

Posee experiencia en el diseño, ejecución y evaluación de política pública 

en los gobiernos de México y Chile y en organismos internacionales, como 

la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

(FAO) y el Instituto Interamericano de Cooperación para la 

Agricultura (IICA). Actualmente es profesora titular en la Escuela Nacional 

de Estudios Superiores (ENES), Unidad Morelia, de la UNAM. 

Forma parte del Laboratorio de Estudios Sociales Aplicados; sus líneas 

de investigación son políticas públicas, economía y accesibilidad. Entre 

sus más recientes publicaciones se encuentran: como coordinadora, El 

ciclo de políticas públicas. Casos selectos de la política ambiental mexicana 

para la enseñanza, Morelia, UNAM-ENES Unidad Morelia (2019); como 

autora “Las políticas públicas”, en Fernando Antonio Rosete Vergés, 

Claudia Escalera-Matamoros, Bárbara Ayala-Orozco, Eduardo García- 

Frapolli y Carla Galán-Guevara (coords.), El ciclo de políticas públicas. 

Casos selectos de la política ambiental mexicana para la enseñanza, Morelia, 

UNAM-ENES Unidad Morelia, pp. 109-133 (2019); como coautora, 

“Políticas sobre migración, deportación y retorno”, en Leonardo Lomelí 

Vanegas (coord.), La UNAM y los desafíos de la nación, Ciudad de México, 

Secretaría General de la UNAM, pp. 387-413 (2018). 

Bárbara Ayala-Orozco. Bióloga por la Facultad de Ciencias de la UNAM, 

maestra en Ciencias y doctora en Estudios Ambientales por la Universidad 

de California, Santa Cruz. Actualmente es investigadora en el Instituto de 

Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad (IIES) de la UNAM


801 

Unidad Morelia y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, 

nivel I. Sus líneas de investigación se centran en temas de gobernanza 

ambiental, sustentabilidad, políticas públicas de conservación y movilización 

del conocimiento para la toma de decisiones con un enfoque 

socioecológico. Actualmente imparte asignaturas sobre sistemas socioecológicos, 

gobernanza ambiental y sustentabilidad. Además del sector 

académico, también ha trabajado en el sector público (Conabio, Semarnat) 

y como consultora en organizaciones de la sociedad civil (Pronatura- 

Península de Yucatán, RARE Conservation). Entre sus más recientes 

publicaciones se encuentran: “Hybrid, public and private environmental 

governance: the case of sustainable coastal zone management in Quintana 

Roo, Mexico”, International Journal of Sustainable Development and World 

Ecology, 27 (7), Londres, Taylor & Francis, pp. 625-637 (2020); “From 

local landscapes to international policy: Contributions of the biocultural 

paradigm to global sustainability”, Global Sustainability, 2, e7, Cambridge, 

Cambridge University Press, pp. 1-11 (2019); y como coordinadora, El 

ciclo de políticas públicas. Casos selectos de la política ambiental mexicana 

para la enseñanza, Morelia, UNAM-ENES Unidad Morelia (2019). 

Eduardo García-Frapolli. Licenciado en Economía por la Universidad 

Iberoamericana, con maestría en Gestión y Políticas Públicas por la Universidad 

de Chile y doctorado en Ciencias Ambientales en el área de 

Economía Ecológica por la Universidad Autónoma de Barcelona. Actualmente 

es investigador titular A, dirige el Laboratorio de Economía Ecológica 

en el Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad 

(IIES) de la UNAM Unidad Morelia y es miembro del Sistema Nacional 

de Investigadores, nivel II. Sus líneas de investigación son el análisis del 

manejo de los recursos naturales y en el análisis de las políticas públicas 

de conservación. Entre sus más recientes publicaciones se encuentran: 

como coautor, “Early detection of conflicts for the management of protected 

areas: The case of charcoal production in the Los Petenes Biosphere 

Reserve, Mexico”, Environmental Management, 64 (1), Cham, Springer, 

pp.52-63 (2019); “Who participates in conservation initiatives? Case 

studies in six rural communities of Mexico”, Journal of Environmental 

Planning and Management, 62 (6), Londres, Taylor & Francis, pp.1045- 

1064 (2019); y “Different approaches towards the understanding of 

socio-environmental conflicts in protected areas”, Sustainability 10 (7), 

2240, Basilea, MDPI, pp. 1-17 (2018). 

Carla Galán-Guevara. Economista por la Universidad Iberoamericana, 

maestra en Ciencias en Estudios de Desarrollo por la London School of 

Economics and Political Science y doctora en Ciencias y Humanidades


para el Desarrollo Interdisciplinario por la Universidad Autónoma de 

Coahuila y el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias 

y Humanidades de la UNAM. Actualmente es profesora de tiempo 

completo en la Escuela Nacional de Estudios Superiores (ENES) Unidad 

Morelia de la UNAM. Sus líneas de investigación son: medios de vida 

como sistemas socioecológicos complejos; economía, sociedad y sustentabilidad; 

economía social y solidaria; gestión de procesos socioeconómicos 

alternativos. Entre sus más recientes publicaciones se encuentran: como 

coordinadora, El ciclo de políticas públicas. Casos selectos de la política 

ambiental mexicana para la enseñanza, Morelia, UNAM-ENES Unidad 

Morelia (2019); como coautora, “La metodología de estudio de caso y su 

implementación en la enseñanza-aprendizaje”, en Fernando Antonio 

Rosete Vergés, Claudia Escalera-Matamoros, Bárbara Ayala-Orozco, 

Eduardo García-Frapolli y Carla Galán-Guevara (coords.), El ciclo de 

políticas públicas. Casos selectos de la política ambiental mexicana para la 

enseñanza, Morelia, UNAM-ENES Unidad Morelia, pp. 143-157 (2019); 

y “La Licenciatura en Estudios Sociales y Gestión Local. Conocimientos 

en diálogo y en acción”, en Diana Tamara Martínez y Pedro Sergio Urquijo 

(coordinadores), Visiones de cambio desde las Ciencias Sociales, Morelia, 

UNAM-ENES Unidad Morelia, pp. 285-294 (2017).




Análisis espacial de las áreas verdes 

urbanas de la Ciudad de México 

803 

Spatial analysis of urban green spaces in 

Mexico City 

Juan Manuel Núñez* 

Abstract 

Urban green spaces offer potential to provide ecosystem services regardless of management 

of authorities. Different data sources, definitions, time periods, and scales pose 

challenges for preparation of urban green spaces inventories that facilitate the integral 

management of cities green infrastructure. This work presents a spatial analysis approach 

to know dynamics of urban green space based on the available Urban Green Spaces 

Mexico City Inventories. Results confirm an increase in the number of green areas 

managed by the authorities but a greater loss in private and informal green spaces. 

Keywords: urban green space, spatial analysis, sustainability. 

Resumen 

Las áreas verdes urbanas tienen potencial para proporcionar servicios ecosistémicos 

independientemente de la gestión de las autoridades. A través de diferentes fuentes 

de datos, definiciones, escalas y periodos se plantean desafíos para la elaboración 

de inventarios de áreas verdes que faciliten la gestión integral de la infraestructura 

verde. Este trabajo presenta un enfoque de análisis espacial para conocer la dinámica 

del espacio verde urbano, basado en los inventarios disponibles de Áreas Verdes 

Urbanas de la Ciudad de México. Los resultados confirman un aumento en la 

cantidad de áreas verdes gestionadas por las autoridades, pero una pérdida en áreas 

verdes privadas e informales. 

Palabras clave: áreas verdes urbanas, análisis espacial, sostenibilidad. 

* Centro Transdisciplinar Universitario para la Sustentabilidad (Centrus), Universidad 

Iberoamericana, correo-e: juan.nunez@ibero.mx

804 J. M. Núñez: Análisis espacial de las áreas verdes urbanas… 

Introducción 

Una de las dinámicas territoriales 1 que inciden en la configuración de los 

espacios urbanos, en su camino hacia la sostenibilidad, son las áreas verdes. 

Su manejo adecuado debe ser una estrategia para hacer nuestras ciudades 

más habitables, inclusivas y sostenibles. El concepto de áreas verdes urbanas 

tiene su origen en el reconocimiento de que éstas pueden y deben ser 

manejadas de manera integrada y holística para visibilizar muchos otros 

beneficios sociales y ambientales, más allá del uso recreativo o estético 

(Sorensen et al., 1997). 

Entre otros beneficios, se incluyen además de mejoras en la salud de 

las personas, el control de inundaciones, la reducción de la contaminación 

del aire, la regulación del microclima, el incremento de la biodiversidad, 

la recreación y el turismo, la producción de alimentos, la reducción de la 

desigualdad, la integración social y la disminución de los niveles de inseguridad 

pública (Ko y Son, 2018; Escobedo et al., 2011; Wolch et al., 

2014; Groenewegen et al., 2006). 

Estos y otros beneficios se materializan en una amplia gama de servicios 

ecosistémicos que permiten combatir muchos males urbanos y mejorar la 

calidad de vida de los habitantes de las ciudades (Wolch et al., 2014). Múltiples 

servicios ecosistémicos son prestados por una gran variedad de áreas 

verdes urbanas diversas en tamaño, cobertura vegetal, riqueza de especies, 

calidad ambiental, instalaciones y servicios, proximidad al transporte 

público, propiedad y manejo (Fuller y Gaston, 2009; Dahmann et al., 2010; 

Núñez y Romero, 2016). 

Los espacios verdes urbanos se clasifican por tamaño, características 

espaciales, ubicaciones geográficas, usos, funciones, propósitos de servicio, 

instalaciones y propiedad (Byrne y Sipe, 2010; Ko y Son, 2018). Las áreas 

verdes públicas incluyen parques, plazas y jardines, bosques urbanos, 

campos deportivos, bordos y canales, jardines comunitarios, camellones y 

áreas naturales protegidas, así como espacios menos convencionales como 

panteones y azoteas verdes (Sudipto et al., 2012). Por otro lado, las áreas 

verdes privadas e informales incluyen patios traseros privados, áreas verdes 

en edificios de apartamentos o corporativos, campos de golf y terrenos baldíos 

generalmente no designados ni reconocidos como espacios para uso de 

los habitantes (Wolch et al., 2014; Rupprecht y Byrne, 2014). 

1 

El concepto de dinámica territorial hace referencia al proceso de cambio 

continuo en las estructuras económicas, sociales, culturales, institucionales y 

políticas de un territorio, orientándolo a una triple condición de crecimiento, 

inclusión y sostenibilidad ambiental (Berdegué et al., 2011; Schejtman y Berdegué, 

2004).


805 

Pero sin importar su tipo, dentro de las ciudades las áreas verdes no 

siempre se distribuyen equitativamente, ya que el acceso a menudo está 

altamente estratificado en función del nivel socioeconómico, edad, género, 

grupos sociales y otros ejes de diferencia (McConnachie y Shackleton, 

2010; Ferguson et al., 2018). La distribución de estos espacios dentro de 

un área determinada también es muy importante para medir sus impactos 

esperados (Alam et al., 2014; Kuo, 2011). 

Un estándar importante de la cantidad de áreas verdes que se requieren 

para sostener un ecosistema urbano puede medirse a través de su disponibilidad 

por persona o la cubierta vegetal disponible por persona. En el 

ámbito de la planeación urbana, existen diversos estándares cuantitativos 

en rangos variables que las ciudades deben cumplir en cuestión de provisión 

de superficie verde por habitante (Flores-Xolocotzi, 2017). 

En las últimas dos décadas, el Gobierno de la Ciudad de México ha 

impulsado la generación de diferentes inventarios de áreas verdes urbanas 

para identificar su ubicación espacial, dimensiones, tipos de áreas 

verdes, composición y cantidad por habitante, elaborados a partir del 

uso de imágenes de satélite y aplicación de metodologías de Percepción 

Remota implementadas en un ambiente de Sistemas de Información Geográfica 

(López-Caloca y Muñoz, 2012). Los inventarios de Áreas Verdes 

Urbanas de la Ciudad de México, publicados en 2002, 2010 y 2017, han 

permitido contar con un diagnóstico global de las áreas verdes, permitiendo 

avances en términos de diseño de políticas y de evaluación de 

uno de los principales factores de calidad ambiental para la ciudadanía 

(PAOT, 2010; CentroGeo, 2002; IG, 2017). 

En este trabajo, se implementa una metodología de análisis espacial 

que permite conocer las dinámicas territoriales del proceso de cambio de 

los tipos de vegetación, categorías de manejo y usos del suelo, empleando 

para ello los inventarios de Áreas Verdes Urbanas de la Ciudad de México, 

publicados en 2002, 2010 y 2017. Se plantean los siguientes objetivos: 

i) identificar el proceso de cambio de las áreas verdes urbanas de la Ciudad 

de México, a partir de los inventarios disponibles para la ciudad; y 

ii) analizar las principales fuerzas impulsoras de los cambios de las áreas 

verdes urbanas. Lo anterior con el propósito de conocer las posibilidades 

que las áreas verdes de la Ciudad de México tienen para desarrollar procesos 

sostenibles de desarrollo humano y su potencial para producir servicios 

ecosistémicos. 

A continuación se describen las etapas en relación con la selección de 

datos de los inventarios de áreas verdes urbanas presentados; así como 

los métodos de análisis y procedimientos empleados para identificar el 

proceso de cambio de espacios verdes urbanos en la Ciudad de México 

en los últimos años. Finalmente, se discuten las principales fuerzas


socioeconómicas impulsoras de los cambios del espacio verde urbano y 

se ofrece una discusión sobre la situación actual de las áreas verdes urbanas 

de la Ciudad de México, a partir del análisis de los resultados obtenidos. 

1. Los inventarios de Áreas Verdes Urbanas de la Ciudad de México 

Con la fundación de la Ciudad de México en 1521, la transformación 

del medio geográfico y urbano tuvo una profunda influencia en el diseño 

de las áreas verdes y en el manejo de la vegetación natural del entorno. 

En la ciudad colonial, sus plazas definieron gran parte de la aparición de 

algunos espacios verdes en la ciudad. La Alameda Central, fundada en 

1592, es un ejemplo de área destinada a la convivencia y la recreación 

(Giglia, 2013). 

Bajo la dictadura porfirista se dio un gran impulso al rebosamiento de 

parques y avenidas con un estilo europeo y muchas plazas mayores se convirtieron 

en frondosos jardines y parques. A inicios del siglo XX se considera 

que las áreas verdes ocupaban tan sólo 2% de la superficie de la capital. 

Una década después, bajo el mando del ingeniero Miguel Ángel de Quevedo, 

la Ciudad de México aumentó drásticamente su porcentaje de áreas verdes 

un 16% (Martínez González, 2008). Ya en años más recientes, la ampliación 

del bosque de Chapultepec, la inauguración del bosque de Aragón (ambos 

en 1964) y la integración del bosque de Tlalpan representan el último 

impulso de construcción de grandes áreas verdes. Tras la integración del 

Distrito Federal en 16 delegaciones durante la década de los setenta y con 

la aparición de ejes viales y grandes unidades habitacionales se impulsó 

una política de jardineras, cuyo mantenimiento principalmente recae en 

las autoridades locales (Benítez et al., 1987). El Atlas de la Ciudad de 

México de 1985 reporta una superficie de 2.3 metros cuadrados de área 

verde por habitante, considerando parques, jardines, camellones y glorietas 

del entonces Distrito Federal (Guevara Sada y Moreno Casasola, 1986). 

Sería hasta principios del siglo XXI que el Gobierno del Distrito 

Federal (GDF), a través de su Secretaría del Medio Ambiente (Sedema), 

implementó diversas estrategias para conocer, normar y desarrollar las 

áreas verdes urbanas (Moncada Maya y Meza Aguilar, 2010). La Ley 

Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal (LAPTDF), 

modificada en 2017, establece que las áreas verdes son toda superficie 

cubierta por vegetación natural o inducida que se localice en la Ciudad de 

México, así como la actualización permanente del inventario en materia 

de áreas verdes que deberá contener, por lo menos: la ubicación y superficie 

y los tipos de áreas verdes, además de las especies de flora y fauna que


807 

la conforman, las zonas en las cuales se considera establecer nuevas áreas 

verdes, entre otras. 

1.1. Primer Inventario General de Áreas Verdes del Distrito Federal 

La construcción de este inventario está basada en el diseño y elaboración 

de una solución de geomática que incluyó el procesamiento de imágenes 

satelitales IKONOS del 2000, para conformar un mapa de áreas verdes 

del suelo urbano de la Ciudad de México en dos categorías: árboles y 

pastos/arbustos (CentroGeo, 2002). 

Para la construcción de este inventario se implementaron métodos de 

fusión de datos mejorados con el objetivo de extraer de manera más eficiente 

toda la cubierta vegetal localizada en predios sujetos a cualquier 

régimen de propiedad ubicados en el suelo urbano de la Ciudad de México. 

Esto permitió la identificación de áreas de árboles, pastos y arbustos con 

una unidad mínima de mapeo 160 m 2 (López-Caloca et al., 2004). Con 

base en la información del Inventario General de Áreas Verdes del Distrito 

Federal, elaborado por el CentroGeo (2002), se obtienen las siguientes 

estadísticas sobre la distribución espacial por Delegación (cuadro 1). 

Cuadro1 

Áreas verdes en suelo urbano del Distrito Federal, México (2000) 

Delegación 

Álvaro 

Obregón 

Área 

(*) 

(km 2 ) 

Total, 

áreas 

verdes 

(km 2 ) 

Áreas 

verdes. 

Sup. 

Delega. 

(%) 

Zonas 

arboladas 

(%) 

Zonas 

de 

pastos y 

arbustos 

(%) 

Áreas 

verdes 

por 

habitante 

(m 2 ) 

Zonas 

arboladas 

por 

habitante 

(m 2 ) 

Población 

2000 

(%) 

61.12 24.59 40.2 64.5 35.5 35.8 23.1 8.1 

Azcapotzalco 33.51 4.28 12.8 54.7 45.3 9.7 5.3 5.2 

Benito Juárez 26.51 1.19 4.5 99 1 3.3 3.3 4.2 

Coyoacán 54.01 20.13 37.3 76.7 23.3 31.4 24.1 7.5 

Cuajimalpa 15.08 5.55 36.8 46.4 53.6 36.7 17 1.8 

Cuauhtémoc 32.67 1.81 5.5 74 26 3.5 2.6 6.1 

Gustavo A. 

Madero 

87.29 14.26 16.3 47.3 52.7 11.5 5.4 14.5 

Iztacalco 23.12 2.25 9.7 54.7 45.3 5.5 3 4.8 

Iztapalapa 113.37 18.32 16.2 27.1 72.9 10.3 2.8 20.8


Cuadro 1 (continuación) 

Delegación 

Magdalena 

Contreras 

Miguel 

Hidalgo 

Área 

(*) 

(km 2 ) 

Total, 

áreas 

verdes 

(km 2 ) 

Áreas 

verdes. 

Sup. 

Delega. 

(%) 

Zonas 

arboladas 

(%) 

Zonas 

de 

pastos y 

arbustos 

(%) 

Áreas 

verdes 

por 

habitante 

(m 2 ) 

Zonas 

arboladas 

por 

habitante 

(m 2 ) 

Población 

2000 

(%) 

14.08 1.82 12.9 69.2 30.8 8.3 5.7 2.6 

47.69 8.89 18.6 57.3 42.7 25.2 14.4 4.1 

Tláhuac 19.17 2.27 11.8 4.4 95.6 7.5 0.3 3.6 

Tlalpan 48.29 11.8 24.4 88.9 11.1 20.3 18 6.8 

Venustiano 

Carranza 

33.87 5.23 15.4 23.5 76.5 11.3 2.7 5.4 

Xochimilco 22.9 5.89 25.7 60.8 39.2 15.9 9.7 4.3 

Distrito 

Federal 

632.66 128.28 20.4 55.9 44.1 15.1 8.4 100 

Fuente: Inventario General de Áreas Verdes del Distrito Federal (CentroGeo, 2002). 

* En las delegaciones con Suelo de Conservación en su territorio, estas cifras de AREA no lo 

incluyen; salvo los casos de Gustavo A. Madero e Iztapalapa, cuyo porcentaje de SC es poco significativo. 

Nota: Las estadísticas se basan en la unidad mínima de 160 metros cuadrados de área verde que 

se utiliza en el Inventario, es decir, se incluyen desde pequeños camellones hasta jardines privados. 

No se incluye Milpa Alta por encontrarse dentro del Suelo de Conservación. 

De los datos más relevantes de este inventario, se observa que 20.4% 

del suelo urbano está cubierto por áreas verdes públicas y privadas, de las 

cuales 55.9% corresponden a zonas arboladas y el resto a zonas de pastos 

o arbustos. El ratio de metros cuadrados de áreas verdes por habitante 

arroja un valor promedio para el Distrito Federal de 15.1 m 2 por habitante, 

una cifra que disminuye drásticamente a 8.4 m 2 por habitante cuando se 

observan únicamente las zonas arboladas en suelo urbano. 

Adicionalmente, con la elaboración de este primer Inventario General 

de Áreas Verdes del Distrito Federal, se ubicaron mediante reuniones y 

talleres con las autoridades delegacionales, comités y autoridades centrales 

de la ciudad, las áreas verdes bajo algún programa de manejo (CentroGeo, 

2002). En este sentido, sólo 7.1% del suelo urbano está cubierto 

por áreas verdes bajo alguna categoría de manejo, lo que se expresa en un 

ratio de 5.3 m 2 por habitante, lo que corresponde a la mitad de la cifra 

recomendada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) que establece 

un estándar mínimo de nueve metros cuadrados por habitante de 

área verde en el espacio público (Habitat-ONU, 2015).


809 

1.2. Presente y futuro de las áreas verdes y del arbolado de la 

Ciudad de México 

La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT), en 

colaboración con la Universidad Autónoma Chapingo, dio a conocer en 2010 

un Inventario de Áreas Verdes para la Ciudad de México elaborado con 

base en un mosaico de imágenes satelitales QuickBird de alta resolución, 

conformado por escenas de 2007 y 2008, en las que con técnicas de 

percepción remota se identificaron las áreas verdes del Distrito Federal 

(ahora Ciudad de México) con superficies mayores a 50 m 2 . A diferencia del 

inventario anterior, éste consideró, además de las categorías de árboles y de 

pastos/arbustos, una tercera categoría denominada áreas deportivas (PAOT, 

2010). Con base en ello, este inventario presenta los siguientes resultados 

sobre la distribución espacial por Delegación (cuadro 2). 

Este estudio arrojó que la Ciudad de México contaba con 78.1 km 2 de 

arbolado correspondientes al 12.8% de la superficie total urbana y 34.8 

km 2 de pastos/arbustos y áreas deportivas que representaban 5.7% de esta 

área. A nivel general, sólo 18.5% de la superficie urbana de la ciudad estaba 

cubierta de árboles, pastos y arbustos (incluidas las áreas deportivas). El 

índice promedio resultante para la Ciudad de México fue 14.4 m 2 de área 

verde por habitante y de 10 m 2 de área arbolada por habitante.


Cuadro 2 

Áreas verdes en suelo urbano del Distrito Federal, México (2008) 

Delegación Superficie 

(Km 2 ) 

Población total 

(2005) 

habitantes 

Total de AV (Arbolado 

+ pastos y arbustos + 

áreas deportivas) (m 2 ) 

Arbolado (m 2 ) Pastos/arbustos y áreas 

deportivas (m 2 ) 

* Metros 

cuadrados de 

áreas verdes por 

habitante (m 2 / 

hab.) 

** Metros 

cuadrados de 

arbolado por 


hab.) 

A. Obregón 61.01 653,232 17,417,312 12,525,360 4,891,952 26.66 19.2 

Azcapotzalco 33.57 425,298 4,456,612 3,640,155 816,457 10.48 8.6 

B. Juárez 26.77 355,017 2,953,281 2,860,400 92,881 8.32 8.1 

Coyoacán 54.02 628,063 14,880,827 11,301,298 3,579,529 23.69 18 

Cuajimalpa 16.32 101,740 3,340,302 1,706,630 1,633,672 32.83 16.8 

Cuauhtémoc 32.49 521,348 3,662,124 3,165,789 496,335 7.02 6.1 

G. A. Madero 75.26 1,143,147 9,654,424 5,660,407 3,994,017 8.45 5 

Iztacalco 23.08 395,025 2,885,196 1,748,992 1,136,204 7.3 4.4 

Iztapalapa 101.83 1,716,898 12,236,961 5,325,832 6,911,129 7.13 3.1 

M. Contreras 13.39 177,336 2,928,436 2,439,091 489,345 16.51 13.8 

M. Hidalgo 46.99 353,534 14,673,613 12,439,308 2,234,305 41.51 35.2 

Milpa Alta 0 0 0 0 0 0 0 

Tlahuac 19.8 244,828 1,945,778 783,932 1,161,846 7.95 3.2


811 

Cuadro 2 (continuación) 

Delegación Superficie 

(Km 2 ) 

Población total 

(2005) 

habitantes 

Total de AV (Arbolado 

+ pastos y arbustos + 

áreas deportivas) (m 2 ) 

Arbolado (m 2 ) Pastos/arbustos y áreas 

deportivas (m 2 ) 

* Metros 

cuadrados de 

áreas verdes por 


hab.) 

** Metros 

cuadrados de 

arbolado por 


hab.) 

Tlalpan 48.12 472,552 11,079,734 9,038,890 2,040,844 23.45 19.1 

V. Carranza 33.89 447,459 6,044,086 2,631,040 3,413,046 13.51 5.9 

Xochimilco 22.49 201,008 4,741,031 2,790,732 1,950,299 23.59 13.9 

Totales 609.03 7,836,485 112,899,717 78,057,856 34,841,861 14.41 10 

Fuente: Presente y futuro de las áreas verdes y del arbolado de la Ciudad de México (PAOT, 2010). 

* Este índice se estimó con el total de áreas verdes urbanas por delegación (pastos, arbustos y árboles) entre el número de habitantes. 

** Este índice se calculó tomando en cuenta sólo el arbolado urbano por delegación entre el número de habitantes en suelo urbano. 

Nota: La Delegación Milpa Alta se presenta en cero debido a que se localiza en suelo de conservación.


1.3. Actualización del Inventario de Áreas Verdes Urbanas 

de la Ciudad de México 

Durante el 2017, se inició la Actualización del Inventario de Áreas Verdes 

Urbanas de la Ciudad de México, 2 mediante Sistemas de Información 

Geográfica e imágenes satelitales de alta resolución, con el objetivo de crear 

una herramienta fundamental para la proyección y ejecución de acciones 

que permitan visualizar su manejo, distribución y creación (Sedema, 2020). 

Cuadro 3 

Superficie de áreas verdes por alcaldía de la Ciudad de México, 

México (2017) 

Alcaldía 

Habitantes 

(2015) 

Superficie (m²) 

Superficie por 

habitante (m²) 

Azcapotzalco 400,161 3,980,866.7 9.9 

Coyoacán 608,479 9,157,547.7 15.0 

Cuajimalpa de Morelos 199,224 2,048,957.7 10.3 

Gustavo A. Madero 1,164,477 7,851,619.6 6.7 

Iztacalco 390,348 1,944,289.0 5.0 

Iztapalapa 1,827,868 9,834,858.6 5.4 

Magdalena Contreras 243,886 1,335,114.4 5.5 

Milpa Alta 137,927 309,724.0 2.2 

Álvaro Obregón 749,982 4,913,463.7 6.6 

Tláhuac 361,593 3,054,084.7 8.4 

Tlalpan 677,104 6,530,744.7 9.6 

Xochimilco 415,933 2,092,259.6 5.0 

Benito Juárez 417,416 929,230.8 2.2 

Cuauhtémoc 532,553 1,915,961.0 3.6 

Miguel Hidalgo 364,439 5,607,701.5 15.4 

Venustiano Carranza 427,263 5,805,150.1 13.6 

TOTAL 8,918,653 67,311,573.8 7.5 

Fuente: Inventario de Áreas Verdes (Sedema, 2020). 

2 

En el 2010, la Sedema y el Instituto de Geografía de la UNAM realizaron un tercer inventario 

de áreas verdes para la ciudad, en el que se incluyó la información de alamedas, áreas naturales 

protegidas, áreas de valor ambiental, barrancas, bosques, escuelas/dependencias, panteones, parques, 

vialidades, huertos urbanos y viveros (PAOT, 2018). Los resultados obtenidos de este trabajo tenían 

en promedio 17 m 2 de áreas verdes por habitante, un valor significativamente mayor al de los obtenidos 

en los inventarios anteriores.


813 

La superficie de área verde promedio por habitante en la Ciudad de México 

es de 7.54 m², como lo muestra el cuadro 3. 

Los resultados de esta base de datos permiten conocer la cantidad de 

áreas verdes por categoría de manejo de acuerdo con este inventario 

(cuadro 4). 

Cuadro 4 

Categorías de áreas verdes en la Ciudad de México, México (2020) 

Categoría 

Áreas con características 

de protección 

Áreas con categoría de 

protección 

Áreas con vegetación reminiscente 

Áreas verdes complementarias 

o ligadas a la red vial 

Áreas verdes con estructura 

urbana 

Áreas verdes urbanas 

fragmentadas 

Equipamientos urbanos 

con vegetación 

Clave de 

la 

categoría 

Superficie (m 2 ) 

Porcentaje 

(%) 

Numero de 

áreas verdes en 

la categoría 

900 9,746.90 0.01% 1 

500 7,178,264.90 10.66% 31 

800 1,964,257.97 2.92% 68 

200 9,530,119.78 14.16% 5776 

1000 23,511.05 0.03% 36 

700 3,354,209.66 4.98% 312 

600 28,479,055.09 42.31% 3653 

Forestación urbana 100 25,317.63 0.04% 4 

Parques, arboledas y 

alamedas 

400 12,669,913.43 18.82% 1538 

Plazas y jardines 300 3,649,563.53 5.42% 315 

Vivero 1100 427,613.86 0.64% 5 

TOTALES 67,311,573.82 100.00% 11739 

Fuente: Inventario de Áreas Verdes (Sedema, 2020). 

Nota: la columna de número de áreas verdes en la categoría se obtiene de contar cada uno de 

los registros de la base de datos de las claves de categoría. 

De acuerdo con este inventario, la categoría de equipamiento urbano 

con vegetación, en donde se encuentran principalmente subcategorías 

como instituciones académicas públicas y privadas, deportivos y panteones, 

entre otras, concentra 42.3% de todas las áreas verdes inventariadas.



2.1. Análisis de cambio 

La matriz de tabulación cruzada o matriz de transición es un punto de 

partida fundamental en el análisis de los procesos de cambio de uso del suelo 

(Pontius et al., 2004). Estas matrices forman la base de una amplia variedad 

de estudios de cambio de uso del suelo en los que se parte de tener 

mapas de un sólo sitio para el mismo conjunto de categorías durante dos 

o más puntos en el tiempo (Romero-Ruiz et al., 2012; Pontius et al., 2017). 

De acuerdo con Pontius et al. (2004), la matriz de tabulación cruzada 

o matriz de transición sigue el formato presentado en el cuadro 5, en 

donde las filas muestran las categorías en el tiempo 1 y las columnas 

muestran las categorías en el tiempo 2. La notación P ij 

denota la proporción 

de uso del suelo que experimenta una transición de la categoría i a 

la categoría j donde el número de categorías es J. 

Cuadro 5 

Matriz de tabulación cruzada o matriz de transición 

Categoría 

1 

Categoría 

2 

Tiempo 2 

Categoría 

3 

Categoría 

4 

Total 

Tiempo 

1 

Pérdidas 

Categoría 1 P 11 

P 12 

P 13 

P 14 

P 1+ 

P 1+ 

- P 11 

Tiempo 1 


P 22 

P 23 

P 24 

P 2+ 

P 2+ 

- P 22 


P 32 

P 33 

P 34 

P 3+ 

P 3+ 

- P 33 

Total 

Tiempo 2 


P 42 

P 43 

P 44 

P 4+ 

P 4+ 

- P 44 

P +1 

P +2 

P +3 

P +4 

1 

Ganancias P +1 

- P 11 

P +2 

- P 22 

P +3 

- P 33 

P +4 

- P 44 

Fuente: elaboración propia basada en Pontius et al. (2004). 

Nota: Matriz de tabulación cruzada elaborada a partir de cuatro categorías de uso de suelo 

hipotéticas, en las que se muestran las persistencias, pérdidas y ganancias de dichas categorías. 

Las entradas en la diagonal indican persistencia, por lo tanto, P jj 

denota la proporción de uso de suelo que muestra la persistencia de la 

categoría j. Las entradas fuera de la diagonal indican una transición de 

la categoría i a una categoría diferente j. En la columna Total del 

tiempo 1, la notación P i+ 

denota la proporción de uso de suelo en la 

categoría i en el tiempo 1, que es la suma sobre todo j de P ij 

. En la fila


815 

Total del tiempo 2, la notación P +j 

denota la proporción de uso de suelo 

en la categoría j en el tiempo 2, que es la suma sobre todo i de P ij 

. 

En los extremos de la matriz, la columna adicional a la derecha indica 

la proporción de uso del suelo que experimenta una pérdida bruta de la 

categoría i entre el tiempo 1 y el tiempo 2, mientras la fila adicional en 

la parte inferior indica la proporción de uso del suelo que experimenta la 

ganancia bruta de la categoría j entre el tiempo 1 y el tiempo 2 (Braimoh, 

2006). En el nivel más general de información, la columna Total enumera 

la cantidad de cada categoría en el momento 1 y la fila Total enumera la 

cantidad de cada categoría en el momento 2, por lo que la diferencia entre 

ambos totales se denomina cambio neto. Por lo tanto, el cambio neto de 

una categoría es su ganancia menos su pérdida. Si una categoría pierde en 

algunos lugares mientras gana en otros lugares, entonces su cambio neto 

es menor que su cambio bruto, ya que el cambio bruto de una categoría es 

su ganancia más su pérdida (Pontius et al., 2004). 

Si bien esta información puede ser útil, la falta de cambio neto no 

necesariamente indica una falta de cambio de uso de suelo. Es posible que 

el cambio ocurra de tal manera que la ubicación de una categoría cambie 

entre el tiempo 1 y el tiempo 2, mientras que la cantidad permanece igual. 

Por ejemplo, una cantidad dada de pérdida de espacio verde en un lugar 

puede ir acompañada de la misma cantidad de ganancia de espacio verde 

en otro lugar. A este tipo de cambio que depende de la ubicación se le 

denomina intercambio e implica la ganancia y pérdida simultánea de una 

clase de uso de suelo (Braimoh, 2006). 

El concepto de intercambio es particularmente importante, ya que 

algunos de los análisis más comunes de datos de uso de suelo únicamente 

proporcionan la cantidad de cada tipo de cobertura del suelo a lo largo del 

tiempo, lo que permite calcular sólo el cambio neto, pero no la ganancia 

y pérdida bruta o el intercambio de ninguna categoría, por lo que se corre 

el peligro de que el cambio neto pueda subestimar el cambio total del uso 

de suelo (Yang y Lo, 2002; Gallopin et al., 1997). Desafortunadamente 

esta práctica ha sido común en el estudio de las áreas verdes urbanas de la 

Ciudad de México (Checa-Artasu, 2016; Hinojosa Robles, 2014; Maldonado-Bernabé 

et al., 2019). 

Examinando la matriz con un mayor nivel de detalle, las entradas diagonales 

del cuadro 5 indican la cantidad total de persistencia, generalmente 

asociadas a proporciones importantes o grandes de uso de suelo dominantes 

(Chen et al., 2002; Schneider y Pontius, 2001). En relación con las 

categorías de ganancias y pérdidas, la persistencia es necesaria para calcularlas. 

Así, las ganancias son las diferencias entre los totales de columna y la 

persistencia, mientras que las pérdidas son las diferencias entre los totales 

de fila y la persistencia.


2.2. Procesamiento y análisis de datos 

El análisis de cambio de las áreas verdes urbanas de la Ciudad de México 

se basó en la identificación de los cambios en las componentes espacial y 

temáticas de los dos primeros inventarios para la Ciudad de México 

(CentroGeo, 2002; PAOT, 2010), y en la categorización de los cambios 

espacio-temporales llevados a cabo a partir de la Actualización del Inventario 

de Áreas Verdes Urbanas de la Ciudad de México (Sedema, 2020); 

así como de la zonificación de usos del suelo de los Programas de Desarrollo 

Urbano de la Ciudad de México (Seduvi, 2020). 

El análisis se realizó exclusivamente para el suelo urbano de la Ciudad 

de México, es decir, excluyendo la extensión de Suelo de Conservación de 

su territorio total. Para la definición del área de estudio, se utilizó la cartografía 

de Alcaldías y Suelo de Conservación, disponibles en el Portal de 

datos de la Ciudad de México (ADIP, 2020). 

A continuación, se describen los insumos cartográficos digitales y el 

tratamiento aplicado para el análisis de cambio, realizado con el apoyo 

del programa ArcMap versión 10.8 (ESRI, 2020). 

La cartografía del Inventario General de las Áreas Verdes del Distrito 

Federal fue elaborada por el CentroGeo en 2002 a partir del uso de imágenes 

satelitales IKONOS del año 2000, en ésta se presentan todas las 

áreas verdes urbanas detectadas a partir de 160 m 2 para las categorías de 

árboles y pastos/arbustos a una resolución espacial de 1 m. La información 

fue obtenida de la aplicación geomática del Primer Inventario General de 

Áreas Verdes del Distrito Federal (CentroGeo, 2002), a partir las categorías 

de árboles y pastos/arbustos. 

La información cartográfica de este inventario fue adecuada a partir 

del ajuste de los actuales límites de la Ciudad de México y la eliminación de 

áreas verdes en Suelo de Conservación de las actuales alcaldías de Gustavo 

A. Madero (El Tepeyac) e Iztapalapa (Cerro de la Estrella). 

En la cartografía del estudio Presente y futuro de las áreas verdes y del 

arbolado de la Ciudad de México (PAOT, 2010) se presentan las áreas 

verdes urbanas clasificadas en cuatro categorías: 1. Arbolado; 2. Pastos/ 

Arbustos; 3. Áreas deportivas; y 4. Vaso regulador, con una unidad mínima 

cartografiable de 50 m 2 , detectadas a partir del Inventario de Áreas Verdes 

Urbanas del Distrito Federal, realizado por PAOT en 2010, mediante el 

procesamiento digital de un mosaico de imágenes QuickBird de 2007 y 

2008 a una resolución espacial de 0.60 m. 

Esta información fue obtenida del Sistema de Información Geográfica 

de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad 

de México (PAOT, 2020). Para la información cartográfica de este 

inventario, las categorías de Áreas deportivas y Vaso regulador fueron


817 

reclasificadas como Pastos/arbustos y se aplicó un proceso de generalización 

espacial que consistió en eliminar a todas las entidades cuya superficie 

fuera igual o inferior a 160 m 2 y asignarlas a las entidades con la que 

compartían mayor superficie. 

A continuación, se procedió a la construcción de la matriz de tabulación 

cruzada para el periodo de análisis 2000-2008, correspondiente con 

los años de las imágenes de satélite empleadas como insumo de la cartografía 

vectorial actualizada de los dos primeros inventarios de áreas verdes, 

publicados en 2002 y 2010, respectivamente. La cartografía vectorial de 

ambos inventarios fue transformada a formato ráster con una resolución 

de celda de 1 m. Para ello, se aplicó un proceso de alineación del ráster del 

segundo inventario con respecto del primero, para garantizar el mismo 

ajuste por extensión y posición espacial de los pixeles de ambos inventarios. 

El resto de los pixeles que no corresponde con alguna de las clases de áreas 

verdes descritas en ambos inventarios fueron asignadas como clase urbana, 

para poder ser incorporada al análisis de cambio. 

A partir de la matriz de cambio, se estimó el cambio total, el cambio 

neto, la ganancia, la pérdida y la estimación del intercambio entre coberturas 

de cada una de las categorías de análisis. 

Posteriormente, los resultados son analizados a partir del tercer producto 

empleado en este trabajo, el inventario de áreas verdes localizadas 

en la Ciudad de México (Sedema, 2020) que consiste en la Actualización 

del Inventario de Áreas Verdes Urbanas de la Ciudad de México con la 

clasificación de las categorías de áreas verdes. A este insumo cartográfico 

le fueron adicionados los polígonos de los bosques urbanos de Chapultepec 

y Aragón, también disponibles en el Portal de Datos Abiertos de la 

Ciudad de México (ADIP, 2020). 

Finalmente, el último insumo cartográfico agrupa los Programas de 

Desarrollo Urbano, conformados por 15 Programas Delegacionales de Desarrollo 

Urbano, publicados entre 1997 y 2011, y 29 Programas Parciales de 

Desarrollo Urbano, publicados entre 1992 y 2014 (Seduvi, 2020). A partir 

de todos estos insumos se creó una capa de información única en la que se 

identificaron 60 claves de zonificación de tipos de uso de suelo. Esta información 

fue obtenida a través del Sistema de Información Geográfica de la 

PAOT de la Ciudad de México (PAOT, 2020).


3. Resultados 

3.1. Análisis de cambio de las áreas verdes urbanas 2000-2008 

Las áreas verdes del primer inventario para la zona urbana de la Ciudad de 

México corresponden a 117.97 km 2 , lo que significa una cantidad 8.04% 

menor a lo reportado en el primer Inventario General de Áreas Verdes del 

Distrito Federal elaborado por el CentroGeo (2002). Lo anterior está 

explicado por la eliminación de áreas verdes en suelo de conservación que 

fueron reportados en el primer inventario. Para el segundo inventario, se 

obtuvo una superficie de 99.22 km 2 , producto de la eliminación de las 

áreas verdes menores a 160 m 2 y el proceso de alineación del ráster. Lo 

anterior significa que alrededor de 12.1% de las áreas verdes reportadas en 

el segundo inventario, corresponden a áreas verdes con un tamaño de entre 

50 m 2 y 160 m 2 . 

En el cuadro 6, se presenta la matriz de transición para las categorías 

urbano, árboles y pastos/arbustos para el periodo 2000-2008. La cuantificación 

general de cambio muestra una pérdida neta de 18.7 km 2 de 

áreas verdes urbanas a lo largo de ocho años. La superficie descrita por 

la clase urbana, para el 2000, era de 80.7% mientras que para el 2008 

era de 83.7%. Las áreas verdes arboladas prácticamente se mantienen 

iguales en superficie, ya que apenas se contraen en 0.1%, no así las áreas 

de pastos y arbustos que disminuyeron 2.9%. Así, de los 610.5 km 2 de 

suelo urbano de la Ciudad de México, 19.3% correspondía a áreas verdes 

urbanas en el 2000 y 16.3%, en el 2008. 

Un análisis desagregado por alcaldía de la matriz de transición, en 

donde se estima el cambio total, el cambio neto, la ganancia, la pérdida 

y la estimación del intercambio de áreas verdes por cada una de las alcaldías 

de la Ciudad de México, permite observar que las alcaldías con mayor 

porcentaje de cambio neto negativo son Cuajimalpa de Morelos, Coyoacán 

y Álvaro Obregón. Mientras que las únicas con cambio neto positivo 

son las alcaldías centrales de Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Cuauhtémoc 

e Iztacalco, además de Magdalena Contreras. 

Este resultado difiere del reportado por Checa-Artasu (2016), quien 

reporta exclusivamente el cambio neto de ambos inventarios. El resultado 

de cambio total refiere una dinámica de pérdidas y ganancias de áreas 

verdes urbanas en la ciudad, marcada por la diferenciación geográfica 

(figura 1). 

Con respecto del intercambio que, como se mencionó, representa la 

pérdida de áreas verdes en un lugar y la ganancia simultánea en otra ubicación; 

y se calcula como dos veces el valor mínimo de las ganancias y las 

pérdidas; dicho fenómeno se observa en la alcaldía Miguel Hidalgo que


819 

Cuadro 6 

Matriz de transición de las áreas verdes en suelo urbano de la Ciudad de México 2000-2008 

Segundo inventario Primer 

Urbano árboles pastos/arbustos 

inventario 

(total) 

Pérdidas 

Primer inventario urbano 450,241,918 29,911,423 12,399,617 492,552,958 42,311,040 

Segundo inventario 

(total) 

árboles 34,299,183 28,708,866 5,373,155 68,381,204 39,672,338 

pastos/arbustos 26,759,122 8,973,897 13,851,819 49,584,838 35,733,019 

511,300,223 67,594,186 31,624,591 610,519,000 

Ganancias 61,058,305 38,885,320 17,772,772 

Fuente: elaboración propia.


Figura 1 

Análisis de cambio de las áreas verdes urbanas 

de la Ciudad de México 2000-2008 

Fuente: elaboración propia con datos de los inventarios CentroGeo (2002) y PAOT (2010). 

alcanza un porcentaje de 31.3%, esto significa, por ejemplo, que la pérdida 

de áreas verdes en esta alcaldía va acompañada de la aparición de muchas 

otras nuevas áreas verdes en otro lugar dentro del mismo periodo. 

Por otro lado, la alcaldía Benito Juárez presenta el menor porcentaje 

de intercambio. Esto significa, una menor cantidad en la pérdida y ganancia 

simultánea de áreas verdes en la alcaldía.


821 

La persistencia de las áreas verdes entre 2000 y 2008 es de 42.6 km 2 , 

de las cuales 67.5 corresponde con zonas de árboles y el resto a pastos 

y arbustos. Finalmente, en cuanto a las principales transiciones identificadas, 

se puede observar que la pérdida de áreas verdes es de 61.1 km 2 , 

mientras que la aparición de nuevas áreas verdes es de 42.3 km 2 . Los 

intercambios entre árboles y pastos/arbustos alcanza la cifra de 14.3 km 2 . 

3.2. Análisis de las áreas verdes urbanas para las categorías 

del inventario 2017 

En esta sección se analizan la persistencia y las transiciones de áreas verdes 

a suelo urbano y de suelo urbano a áreas verdes, a partir de las categorías de 

manejo, presentes en la Actualización del Inventario de Áreas Verdes Urbanas 

de la Ciudad de México 2017 (Sedema, 2020). 

Con respecto del primer inventario de áreas verdes (CentroGeo, 2002), 

de los 117.97 km 2 de áreas verdes analizadas en este trabajo, 38.2 km 2 

estaban ubicados dentro de las áreas verdes con alguna de las categorías 

de manejo reportadas en el último inventario de la ciudad (Sedema, 2020). 

Para el segundo inventario (PAOT, 2010), de los 99.22 km 2 considerados 

en este inventario, la cifra dentro de áreas verdes con categoría de manejo 

aumenta a 41.5 km 2 . Si bien se observa un aumento en la cantidad de 

áreas dentro de alguna categoría de manejo, alrededor del 58% de las áreas 

verdes urbanas de la Ciudad de México, reportadas en 2008, carecían de 

manejo de alguna de las categorías de áreas verdes consideradas en la Ley 

Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal (GODF, 2000). 

La figura 2 muestra la distribución espacial de las áreas verdes por cada 

una de las categorías de análisis. Un total de 72.4 km 2 en donde la categoría 

de Equipamiento urbano con vegetación representa un porcentaje 

de 37.4%, Áreas con categoría de protección, 21.6%; Parques, arboledas 

y alamedas, 16.6%; Áreas verdes complementarias o ligadas a la red vial, 

12.8%; mientras que el resto de las categorías todas juntas apenas suman 

11.6 por ciento. 

Con respecto de estos datos, de los 42.6 km 2 de persistencia de áreas 

verdes entre 2000 y 2008, 56.5% se conserva dentro de áreas verdes con 

alguna de las categorías de manejo mostradas en la figura 2. Con respecto 

de la pérdida de áreas verdes cuantificada en 61.1 km 2 , 82.2% de esa 

pérdida de áreas verdes en la ciudad ocurre fuera de las áreas verdes con 

categoría de manejo. Finalmente, con relación a la ganancia de áreas 

verdes estimada en 42.3 km 2 , apenas 32.5% ocurre en áreas verdes con 

categoría de manejo. Lo anterior significa que, para las áreas verdes dentro 

de alguna de las categorías de manejo identificadas en el inventario 

más reciente de la ciudad, existe un cambio neto de 2.9 km 2 de nuevas


Figura 2 

Categorías de áreas verdes en suelo urbano 

de la Ciudad de México (2017) 

Fuente: elaboración propia con datos del inventario Sedema (2020).


823 

áreas verdes entre 2000 y 2008, mientras que para las áreas verdes fuera 

de las categorías de manejo, el cambio neto es un déficit de 21.6 km 2 . 

3.3. Análisis de las áreas verdes urbanas por zonificación 

de uso del suelo 

En esta sección, se emplean las categorías de uso de suelos específicos de 

los Programas Delegacionales de Desarrollo Urbano y los Programas 

Parciales de Desarrollo Urbano. Al analizar los 50.2 km 2 de áreas verdes 

urbanas pérdidas fuera de categorías de manejo, se observa que 13.0 km 2 

se pierden en frentes de manzana o en la vía pública, principalmente. De 

esa cantidad, 69.6% corresponde con la categoría de árboles. 

Los restantes 37.2 km 2 de áreas verdes urbanas perdidas entre 2000 y 

2008, corresponde a áreas verdes perdidas dentro de predios con usos de 

suelo específico, de los cuales 45.8% corresponden a pastos/arbustos y el 

resto a zonas arboladas. De estas áreas verdes perdidas por cambio de uso 

de suelo, 63.1% corresponde con alguna categoría de uso de suelo habitacional; 

17.2%, a la categoría de equipamiento; 11.5%, a la categoría 

de área verde o espacio abierto; 4.6%, a alguna otra categoría específica de 

PPDU; 1.8%, a la categoría de uso de suelo industrial, y el restante 1.8%, 

a categorías específicas asociadas con oficinas y corporativos, centros 

comerciales y estacionamientos, principalmente. 

4. Discusión 

Desde hace 20 años, el Gobierno de la Ciudad de México ha promovido 

la realización de diversos inventarios de áreas verdes urbanas que han 

permitido conocer la ubicación, superficie, distribución y los tipos de 

áreas verdes urbanas, basados en diferentes definiciones, fuentes de datos, 

metodologías, periodos de tiempo y escalas. Lo que plantea un desafío 

importante para un análisis y la generación de información necesaria para 

la gestión y planificación de la infraestructura verde de la ciudad. 

En este trabajo se emplearon los tres inventarios de áreas verdes que 

la Ciudad de México ha generado en este siglo para acercarse al entendimiento 

de la dinámica de cambio de las áreas verdes urbanas, mediante 

el empleo de la matriz de tabulación cruzada o matriz de transición. Este 

método de análisis espacial está influenciado por los insumos cartográficos 

empleados. Por lo que, para su ejecución, se realizaron una serie de 

tratamientos durante el procesamiento de datos, para asegurar que el 

análisis de cambio se llevara a cabo garantizando la calidad de los insumos. 

Para ello se homogenizó el área de estudio y la unidad mínima de mapeo;


para ambos inventarios, se recategorizaron las clases de análisis de cambio 

y se predeterminó la configuración del entorno de análisis de cambio a 

fin de alinear el ráster del segundo inventario con respecto del primero. 

Se obtuvieron superficies comprables de áreas verdes, de 117.97 km 2 

para el 2000 y de 99.22 km 2 para el 2008. La cuantificación general de 

cambio muestra una pérdida neta de 18.7 km 2 de áreas verdes urbanas a 

lo largo de ocho años. Dicha cifra se explica a partir de una gran dinámica 

de pérdidas y ganancias brutas de áreas verdes de 61.1 km 2 y 42.3 km 2 , 

respectivamente. De esos 61.1 km 2 de áreas verdes perdidas en la Ciudad, 

82.2%, alrededor de 50.3 km 2 , ocurrió en espacios verdes privados e 

informales, es decir, en áreas verdes carentes de manejo por parte de las 

autoridades de la ciudad. El 26% de esta pérdida está asociada principalmente 

al derribo de árboles en frentes de manzana y vía pública, una 

práctica ampliamente documentada en la ciudad (Novoa Gutiérrez, 2019; 

Rodríguez Licea y Figueroa Viruega, 2017; Checa-Artasu, 2016). 

El resto de las áreas verdes perdidas se asocian a la pérdida casi por 

igual de árboles, pastos y arbustos dentro de predios con alguna categoría 

de uso de suelo habitacional (63.1%), equipamiento (17.2%), 

espacios abiertos (11.5%), planes parciales de desarrollo urbano (4.6%), 

y usos industriales, así como centros comerciales y estacionamientos 

(3.6%), principalmente. 

Por otro lado, al analizar la dinámica de las áreas verdes del 2000 al 

2008 en las categorías de mapeo, reportadas en el inventario de 2017, 

se observa un incremento en la cantidad de áreas verdes, resultado de 

una pérdida de 10.9 km 2 y una ganancia de 13.7 km 2 , para una diferencia 

neta positiva de 2.9 km 2 . Este resultado positivo en el incremento de 

áreas verdes con gestión formal de las autoridades, de alguna manera es 

esperado con relación a que la apuesta por las áreas verdes en la Ciudad 

de México se ha centrado en mejorar la calidad de las áreas verdes ya 

existentes, realizando para ellas proyectos de remodelación o recuperación 

(Meza-Aguilar et al., 2017). 

Con respecto de la persistencia, 42.6 km 2 de áreas verdes permanecieron 

sin cambio entre el primero y segundo inventario, y de ellas se observa 

una mayor persistencia de áreas verdes en áreas con una categoría específica 

de manejo (56.5%) a diferencia de las áreas verdes persistentes privadas 

o informales (43.5%). Finalmente, y con respecto de las principales 

transiciones observadas, la pérdida de árboles a costa de nuevas construcciones 

urbanas es la dinámica más observada, seguida de la aparición de 

nuevas zonas arboladas a costa principalmente de la pérdida de pastos. 

La versión accesible de la Actualización del Inventario de las Áreas 

Verdes de la Ciudad de México presenta un inventario centrado en una 

fracción de los espacios verdes urbanos, referidos únicamente a aquellos


825 

de los que el gobierno de la ciudad es formalmente responsable; lo cual 

deja fuera del alcance de este tercer inventario los espacios verdes privados 

e informales. No obstante, sus resultados, permitieron diferenciar la dinámica 

de cambio a partir de las diferentes categorías de manejo y la ausencia 

de ésta en áreas verdes privadas e informales. 

Basado en el análisis de cambio de las áreas verdes urbanas, se podría 

concluir que las políticas de enverdecimiento urbano impulsadas en las 

diferentes categorías de manejo han mantenido los espacios verdes urbanos 

de la ciudad, de hecho, se han incrementado dentro de estas áreas, 

producto de una política de mejora y recuperación de áreas verdes urbanas. 

Pero en las áreas verdes privadas o informales que representan 

aproximadamente 60% de las áreas verdes urbanas totales de la ciudad, 

el cambio de uso de suelo habitacional ha sido la principal fuerza impulsora 

de cambio. 

Si bien, las áreas verdes urbanas públicas generalmente se utilizan 

para proporcionar un hábitat clave en las ciudades, los espacios verdes 

en la propiedad privada constituyen una gran parte de la base terrestre 

urbana y brindan funciones importantes para el hábitat y los servicios 

de los ecosistemas que respaldan la función de la ciudad (Cerra, 2017). 

Los resultados obtenidos muestran que un alto porcentaje de las áreas 

verdes urbanas de la Ciudad de México son áreas verdes privadas o informales 

que no han sido incorporadas a la matriz ecológica de la ciudad. Estos 

tipos de áreas verdes presentan una mayor pérdida dentro de predios 

particulares con uso de suelo habitacional. Por lo que es apremiante 

explorar estrategias emergentes para catalizar la custodia voluntaria de 

las áreas verdes privadas e informales. El potencial de los espacios verdes 

urbanos para proporcionar servicios ecosistémicos a los habitantes de 

las ciudades depende de si se gestionan como un sistema integral de infraestructura 

verde urbana, o como islas que caen bajo la responsabilidad de 

diferentes partes interesadas (Feltynowski et al., 2018). 

Conclusiones 

Con el crecimiento de las ciudades, las áreas verdes varían en área, tipo 

y patrón espacial. Para optimizar las áreas verdes urbanas en el futuro, 

es necesario comprender las fuerzas impulsoras en los procesos de cambio 

en el espacio verde urbano. Por lo tanto, la comprensión de los 

factores naturales y sociales que influyen en los cambios del espacio verde 

urbano parece muy importante para la planificación urbana futura de los 

espacios verdes.


En este trabajo, se emplearon métodos de análisis espacial para el estudio 

de cambio de las áreas verdes urbanas de la Ciudad de México, evitando 

errores por la diferencia en las fuentes de datos, definiciones, áreas de 

estudio y fechas de insumos empleados y publicados. 

Los resultados obtenidos permiten afirmar que la pérdida de áreas 

verdes en la Ciudad de México ocurre principalmente en áreas verdes 

urbanas privadas e informales sin categorías de manejo, principalmente 

en frentes de manzana o en la vía pública y dentro de predios con uso de 

suelo habitacional. No obstante, las áreas verdes urbanas con manejo 

muestran un ligero incremento, principalmente de superficie arbórea, 

durante el periodo de estudio. 

Incorporar de manera adecuada la gestión de las áreas verdes de la 

Ciudad de México en su camino hacia la sostenibilidad implica incorporar 

mecanismos de gestión al total de los espacios verdes urbanos, que 

hasta ahora no cuentan con una categoría específica de manejo o estrategia 

de gestión, pero que sin duda aportan al flujo de servicios ecosistémicos, 

de los cuales, todos los habitantes de la ciudad se benefician. 


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Recibido: 5 de septiembre de 2020. 

Reenviado: 8 de noviembre de 2021. 

Aceptado: 17 de enero de 2021. 

Juan Manuel Núñez. Doctor en Geomática por el Centro de Investigación 

en Geografía y Geomática “Ing. Jorge L. Tamayo”, A. C. (Centro- 

Geo). Actualmente es académico de tiempo completo del Centro 

Transdisciplinar Universitario para la Sustentabilidad de la Universidad 

Iberoamericana Ciudad de México y profesor de asignatura de la Facultad 

de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es miembro 

del Sistema Nacional de Investigadores, nivel candidato. Su principal 

línea de investigación es la geomática aplicada a la sustentabilidad. Entre 

sus últimas publicaciones destacan: “High-resolution satellite imagery 

classification for urban form detection”, en Rustam Rustamov (ed.), 

Satellite Information Classification and Interpretation, Ciudad de México, 

IntechOpen, pp. 1-14 (2019); “Applying integrated valuation of ecosystem 

services in Latin America: Insights from 21 case studies”, Ecosystem 

Services, 36 (100901), Ámsterdam, Elsevier, pp. 1-12 (2019); y “Conectando 

el frente de agua marítimo de la zona costera norte de Yucatán con 

la zona metropolitana de Mérida”, en Alfonso Iracheta, Carolina Inés 

Pedrotti y Patricia Rodríguez Alomá (coords.), Suelo urbano y frentes de 

agua. Debates y propuestas en Iberoamérica, Toluca, El Colegio Mexiquense, 

A. C., pp. 171-190 (2017).




Probabilidad de atención médica para 

los pobres en la Zona Metropolitana de 

Cuernavaca, Morelos, en 2018 

Probability of health access for poor people 

in the Metropolitan Area of Cuernavaca, 

Morelos in 2018 

835 

Karla Rojas* 

Adrián Guillermo Aguilar** 

Abstract 

Based on a social stratification at the block scale and through the generation of 

service areas, the probability of access to the first level of health to poor groups in the 

Metropolitan Area of Cuernavaca, Morelos is estimated. As a result, the poor settled 

in the outskirts of the metropolitan area are those who show a lower probability of 

access, despite having greater pedestrian access. The research confirms the centralization 

of public health services and indicates that these are essential to avoid the deepening of 

poverty, which gives rise to the formulation of health and mobility policy. 

Keywords: health services, poverty, physical access. 

Resumen 

A partir de una estratificación social a escala de manzana, y mediante la generación 

de áreas de servicio, se estima la probabilidad de acceso a la atención primaria 

de los grupos considerados pobres de la Zona Metropolitana de 

Cuernavaca, Morelos. Como resultado, se obtiene que los pobres asentados en 

el contorno metropolitano rururbano muestran una menor probabilidad de 

acceso, a pesar de tener un mayor acceso peatonal. Esto comprueba la centralización 

de los servicios de salud públicos y da pie a la formulación de políticas 

en materia de salud y movilidad, necesarias para evitar la profundización de la 

pobreza. 

Palabras clave: servicios de salud, pobreza, acceso físico. 

* Universidad Autónoma del Estado de México, correo-e: ktrojasm@uaemex.mx 

** Instituto de Geografía, Universidad Nacional Autónoma de México, correo-e: adrianguillermo1@ 

gmail.com

836 K. Rojas y A. G. Aguilar: Probabilidad de atención médica para los pobres… 

Introducción 

La inequidad en el acceso a bienes y servicios en México implica una 

mayor vulnerabilidad a la pobreza de los estratos socioeconómicos más 

bajos. Las periferias urbanas representan una serie de desventajas para el 

bienestar de las personas, a pesar de ser zonas donde el suelo tiende a ser 

más barato y accesible (Daude et al., 2017; Inostroza, 2017; Aguilar y 

López, 2016; Fernandes, 2011; Sabatini, 2003). 

La ausencia o deficiencia de los servicios de salud, por causa de la 

distribución espacial inequitativa, hace que los mismos se conviertan en 

un medio de profundización de la pobreza (Sandler, 2013; Moreno y 

Buzai, 2008; Larrañaga, 2007; Gwatkin et al., 2006). Es así que la accesibilidad 

física se convierte en el indicador de oportunidades espaciales, al 

permitir la interacción entre orígenes y destinos (Garrocho y Campos- 

Alanís, 2006), a través de las variables distancia, transporte, tiempo de 

traslado y costo (Fajardo-Dolci et al., 2015; Pitarch et al., 2018). Sin 

embargo, el resultado es la división dicotómica simple entre zonas cubiertas 

y zonas no cubiertas. Al respecto, en México se estima un tiempo 

promedio de traslado a los centros de salud de 28.8 minutos (Secretaría 

de Salud, 2016). 

De acuerdo con Hamui-Sutton et al. (2013), la población pobre que 

acude a los servicios de atención médica preponderantemente está constituida 

de niños y personas de la tercera edad. En 2015, Morelos fue la 

segunda entidad en la región centro del país con una mayor proporción 

de población de entre cero y cinco años y 65 y más, correspondiente a 

19.38% del total; en la Zona Metropolitana de Cuernavaca (ZMC) se 

concentró 50.6% de población del estado en estos grupos de edad. 

La presente investigación tiene como objetivo mostrar la desigualdad 

en el acceso a recursos para la atención médica de primer nivel para la 

población en condiciones de pobreza de la ZMC durante 2018. Así, el 

área de estudio corresponde a los polígonos urbanos de la ZMC, Morelos, 

pertenecientes a los municipios de Cuernavaca, Emiliano Zapata, Huitzilac, 

Jiutepec, Temixco, Tepoztlán, Tlaltizapán y Xochitepec. 

La metodología involucra retomar las características de la población a 

escala de manzana en un índice de pobreza, con base en los principios 

planteados por Boltvinik et al. (2010), e información del Sistema para la 

Consulta de Información Censal del Inegi (2012). En un segundo momento, 

se procede a estimar los afiliados a la Secretaría de Salud (SSA) cubiertos 

por estrato en 15, 20 y 30 minutos a pie, con datos puntuales del Directorio 

Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE, Inegi, 

2018a) y la SSA (Gobierno del Estado de Morelos, 2017), correspondiente


837 

a unidades de atención de primer nivel en 2018, mediante herramientas 

de análisis de red y cobertura con el programa QGIS 3.14.1. 

Se parte de considerar que entre mayor pobreza y distancia respecto 

a la ciudad central existe una menor accesibilidad física, por lo que es 

menor la probabilidad de atención (Harvey, 1977; Schteingart, 2001; 

Curtis A., 2003) y, contrariamente, es en donde existe una mayor necesidad 

del uso de los servicios de salud. Por lo tanto, surgen las siguientes 

preguntas de investigación: ¿cuál es la accesibilidad física al primer nivel 

de atención en la SSA de la población en condiciones de pobreza?, ¿la 

accesibilidad física de los pobres de la ZMC se corresponde con la probabilidad 

de uso en el primer nivel de atención de la SSA? 

La hipótesis planteada es que, debido al tamaño de las localidades 

urbanas más alejadas de la ciudad central en la ZMC, la accesibilidad 

física peatonal al primer nivel de atención de la SSA es mejor; sin embargo, 

la probabilidad de atención es menor, porque la aglomeración de recursos 

se encuentra en la ciudad central; a su vez, la necesidad en el uso de este 

tipo de servicios es mayor cuanto más lejos de la ciudad central se está. 

Este estudio se divide en tres apartados. En la primera sección se presentan 

los principales antecedentes en la literatura sobre acceso y uso de la 

atención médica de primer nivel, con énfasis en la distribución, determinantes 

del acceso físico y usuarios. En la segunda, se incluyen los elementos 

metodológicos de la investigación, como la estratificación, operacionalización 

del acceso por vía peatonal y la estimación de la probabilidad de uso. 

En el tercer apartado se describen los resultados de la investigación y se 

revisa el tiempo de desplazamiento a pie por estrato socioeconómico en 

relación con su localización en la escala metropolitana, así como la probabilidad 

de acceso condicionada por obstáculos, como la propia distribución 

y la capacidad de las unidades. 

1. Desigualdad en el acceso a servicios públicos de salud 

de primer nivel 

Mediante el territorio se afecta, influencia o controlan los recursos y personas 

a través de un área; es decir, es una forma espacial de comportamiento 1 

(Raffestin, 1993), que se expresa en un sentido político, a lo largo de la 

historia. El espacio urbano se considera el principal lugar de acumulación 

de capital, a través del proceso de producción, distribución y consumo; 

pero también el lugar donde existe una mayor proporción de población, 

que puede encontrarse en condiciones de pobreza con tendencia al 

1 

Ya sea por medio de la representación, apropiación, organización, construcción o transformación.


aumento (Fay y Ruggeri, 2005). De manera que la incorporación diferenciada 

de capital en el territorio, en conjunto con las características y expectativas 

de sus objetos contenidos (entre ellos la población), generan una 

jerarquía que acentúa las diferencias socioeconómicas (Haesbaert, 2012). 

La pobreza puede entenderse, así, desde diversas perspectivas, como 

la privación extrema de bienestar, 2 en la que destaca la ausencia o rezago 

de bienes que permitan el desarrollo de capacidades de la población para 

su satisfacción y utilidad (Kakwani y Silber, 2008; Sánchez, 2010; Sen, 

2003); entre estos bienes se han considerado la medición de las variables 

alimentación, ingreso, hacinamiento, viviendas inadecuadas por el tipo 

de material, servicios básicos en la vivienda, rezago educativo, bienes 

públicos, esperanza de vida y acceso a la seguridad social (Boltvinik et al., 

2010; Coneval, 2009; Feres y Mancero, 2001). 

Los bienes públicos en un territorio, entre ellos los asociados a la salud, 

pueden ser apropiados por las personas para generar exclusividad en el 

consumo y, a su vez, la exclusión en el acceso y uso de las clases empobrecidas. 

El dominio de los mismos, mediante la oferta de servicios segmentados 

por clases sociales en el mercado, los mantiene como una mercancía, a 

través de la cual se reproducen las inequidades en distintas escalas y temporalidades. 

Las áreas con suelo de bajo costo crean conflictos de apropiación 

territorial e implican riesgos a la salud de la población en desventaja 

económica (Aymerich, 2004; Sabatini, 2003; Schteingart, 2001). 

La exclusión de bienes públicos de salud, de manera absoluta o relativa, 

es considerada por Grafmeyer (1996) como una forma de segregación. 

Cuando es de forma absoluta, la población reside en áreas no cubiertas 

por el servicio o por los medios de transporte cotidiano; mientras que, 

cuando es relativa, existe un acceso físico, pero no la disponibilidad de 

recursos. Ambos tipos de exclusión se asocian a fallas en el proceso de 

producción, distribución y consumo de los bienes públicos. Bajo estas 

condiciones, los pobres reducen sus oportunidades de experimentar la 

pertenencia a una comunidad con iguales derechos y obligaciones, dañándose 

así su ciudadanía (Arjona y Checa, 2003; Bournazou, 2008; Duhau, 

2008; Moreno Jiménez, 2015; Small y Stygles, 2001; Subirats, 2004, 

1987; Kaztman, 2001; PNUD, 2015). 

Discriminación en los niveles de dotación entre unos lugares y otros, 

desatención a las necesidades específicas de los distintos grupos sociales, 

diferencias en los grupos de accesibilidad espacial a los centros de servicios 

y logro de satisfacción entre usuarios son considerados como evidencias 

de la presencia de injusticias espaciales en la distribución de bienes (Gutiérrez 

et al., 2014; Harvey, 1977; Moreno y Buzai, 2008; Moreno Jiménez, 

2 

Entendido como la satisfacción de necesidades esenciales, ya sean materiales o espirituales, para 

que el ser humano pueda funcionar y relacionarse de manera armónica, en un contexto específico.


839 

2015; Omer, 2006; Pitarch et al., 2018; Wismadi et al., 2014). La toma 

de decisiones sobre servicios sociales requiere, como paso previo, conocimiento 

de las necesidades y de su distribución en el espacio, cuestión 

singularmente acuciante en ámbitos menos desarrollados o en periodos 

de crisis económica, cuando la cohesión socioterritorial se ve más amenazada. 

La cuestión de medir esas necesidades sociales ha sido tratada con 

métodos variados, por ser aquéllas muy diversas en naturaleza y porque 

en ciertos casos resultan elusivas. Incorporar la dimensión espacial supone 

un reto adicional, pero añade utilidades significativas de cara a la planificación 

socioespacial. En línea con esa preocupación, en este trabajo se 

aborda el problema de estimar las necesidades a atender por los centros 

de servicios sociales municipales (CSS). 

Los servicios de salud, y la injerencia del Estado en ellos, se consideran 

un derecho en el artículo cuarto de la Constitución mexicana (DOF, 

1917). El impacto del Seguro Popular, a partir de 2003, como forma de 

afiliación para quienes no contaban con los servicios del Instituto Mexicano 

del Seguro Social (IMSS) o del Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) —que dependen de una 

relación laboral formal—, implicó una considerable reducción de población 

sin afiliación al pasar, entre 2008 y 2016, de 38.4% de personas sin 

afiliación a 15.5 (Coneval, 2018). Así, el Seguro Popular se convirtió en 

el encargado de distribuir a la población abierta el servicio de salud hasta 

2020, cuando entró en funciones el Insabi (Instituto Nacional de Salud 

para el Bienestar) (Gómez-Dantés et al., 2011). 

Las investigaciones que han analizado la accesibilidad a las unidades 

de salud en México se enfocan en estudiar la distribución de unidades, 

capacidad y usuarios. El análisis presentado en este trabajo aborda el tema 

desde la perspectiva de acceso físico, planteada por autores como Moreno 

y Buzai (2008), Garrocho y Campos-Alanís (2006), López y Aguilar 

(2004) y Talen (1998). 

Para el análisis de la distribución, Alvarado et al. (2016) estiman el 

total de unidades médicas, consultorios, médicos y enfermeras en contacto 

con el paciente de todos los niveles y tipos de atención médica. Complementario 

a ello, López y Aguilar (2004) consideran el rango espacial, 

cobertura y accesibilidad mediante un índice medio de la distancia para 

llegar a los servicios de salud. Por su parte, Garrocho y Campos-Alanís 

(2006), Ramírez (2009) y Pérez-Valbuena (2015) estudian la distribución 

mediante un índice de interacción espacial, que toma en cuenta la distancia, 

el costo del desplazamiento y la población. En 2018, Galindo y 

Suárez aplicaron un modelo de programación lineal para determinar la 

relación global de la demanda de servicios de salud para la atención médica.


La accesibilidad física adecuada depende de la concentración de 

recursos para la atención, como consultorios, médicos y enfermeras en 

contacto con el paciente (López y Aguilar, 2004; Alvarado et al., 2016), 

además de la cobertura de población a abastecer, que puede medirse con 

radios de influencia estipulados por la normativa (López y Aguilar, 2004; 

Alvarado et al., 2016), valores de acceso por encima de la media (López 

y Aguilar, 2004) y áreas geoestadísticas básicas (AGEB), contempladas 

como territorios desde los que se realiza un menor tiempo de recorrido 

(Garrocho y Campos-Alanís, 2006; Ramírez, 2009; Pérez-Valbuena, 2015; 

Galindo y Suárez, 2018). Cabe destacar que estas formas de considerar 

los servicios de salud accesibles a la población no implican una satisfacción 

real en el uso del servicio, pero sí contribuyen a mejorar la probabilidad 

de la asistencia en conjunto con otros factores, como la derechohabiencia, 

el trato, los costos y los trámites a realizar (Pérez-Valbuena, 2015; Coneval, 

2014; Hamui-Sutton et al., 2013). 

Este marco analítico contribuye a comprender el acceso de la población 

en condiciones de pobreza a los servicios de salud en el primer nivel de 

atención. También se considera pertinente porque permite incorporar 

elementos explicativos de contexto, como la distribución geográfica de la 

población en condiciones de pobreza, los medios de desplazamiento de 

la misma, la estructura vial, la topografía del sitio y la capacidad de atención, 

que, ciertamente, pueden entenderse como componentes del acceso 

efectivo a la salud, cuyas características pueden dimensionarse por medio 

de los sistemas de información geográfica. 


Con el objeto de vincular a la población en condiciones de pobreza con 

la distribución de unidades para la atención médica de primer nivel 

pertenecientes a la SSA, se trabajaron tres componentes en el análisis de 

accesibilidad del entorno, dentro de los sistemas de información geográfica 

(SIG): las unidades de atención primaria pertenecientes a la SSA, la 

población y la red de comunicación vial que los conecta. En el presente 

estudio, la oferta (unidades de atención de primer nivel) fue analizada 

con información del DENUE (Inegi, 2018a), del Gobierno del Estado 

de Morelos de 2017 y de los Recursos en Salud Datos Abiertos de la SSA, 

con datos de 2015 (SSA, 2018); de estos últimos se obtiene la cantidad 

de consultorios y médicos en contacto con el paciente. De las tres fuentes 

se obtuvo una capa vectorial de puntos con la ubicación de las unidades 

de atención de primer nivel de la SSA, a los que se les vincula la


841 

información del número de médicos en contacto con el paciente de la 

misma institución. 

2.1. Estratificación de la población 

La demanda es estimada por medio de la población total, a escala de 

manzana 3 del Inegi (2012); de esta fuente de información, además, se 

consideraron, para la estimación del índice de pobreza, 4 la calidad y espacio 

en la vivienda, adecuación sanitaria, adecuación energética, acceso a 

teléfono, bienes durables, rezago educativo, así como el acceso a la salud 

y a la seguridad social. De manera general, los resultados se pueden dividir 

en dos grandes estratos —pobres y no pobres—, con diversas divisiones 

relacionadas con el porcentaje de cumplimiento con las normas sobre 

necesidades básicas. 

Así, se consideran indigentes a quienes, en promedio, cumplen menos 

de la mitad de las normas definidas de necesidades básicas, según el índice 

estimado (ver anexo 1); no indigentes es una proporción de la población 

que presenta condiciones ligeramente superiores a las de los indigentes. Por 

otro lado, los muy pobres son quienes cumplen entre la mitad y las dos 

terceras partes de las normas; mientras que los pobres moderados cumplen 

con más de dos terceras partes. Por su parte, el término sanbrit 5 incluye a 

quienes rebasan hasta 10% de la norma estimada mediante el índice señalado; 

el estrato medio supera las normas entre 10 y 50 por ciento; finalmente, 

el alto va por encima de 50% de la norma (Evalúa DF, 2011). 

El área de estudio corresponde a los polígonos de manzanas urbanas de 

la ZMC, localizados al noroeste de Morelos; esta zona se compone de los 

municipios Cuernavaca, Emiliano Zapata, Huitzilac, Jiutepec, Temixco, 

Tepoztlán, Tlaltizapán y Xochitepec, donde, según el censo de 2010, había 

un total de 10,629 6 polígonos con una población de 794,947 personas, de 

las cuales 16.74% se encuentran afiliadas a la SSA. 

Cabe destacar que para los casos de las manzanas donde no existe 

disponibilidad de datos o que tienen restricciones de confidencialidad, 

3 

La manzana se define como el espacio geográfico de forma poligonal y de superficie variable, 

que está constituido por un grupo de viviendas, edificios, predios, lotes o terrenos de uso habitacional, 

comercial, industrial y de servicios, entre otros, la cual, generalmente, puede rodearse en su 

totalidad y está delimitada por calles, andadores, brechas o veredas, cercas, arroyos, límites de parcelas 

y otros elementos. 

4 

Para determinar las características de los usuarios pobres y realizar una estratificación social a 

escala de manzana, en un primer momento se recurre, a consideración de la disponibilidad de datos, a 

llevar a cabo una medición de pobreza, retomando los principios de la metodología planteada, tomando 

en cuenta lo expresado por el artículo 36 de la Ley General de Desarrollo Social (DOF, 2018). 

5 

Con satisfacción de necesidades básicas y requerimientos de ingresos-tiempo. 

6 

Polígonos con información, ya que el total de los existentes en el vector correspondiente a 

manzanas para la zona de estudio es de 11,181, por lo que 4.94% corresponden a datos confidenciales 

o sin disponibilidad.


por tener tres o menos viviendas, se les asigna un valor de cero. Bajo este 

entendido, al finalizar el cálculo del índice se identifican un mayor número 

de manzanas en condiciones de pobreza; no obstante, mediante el uso de 

base map, con la técnica de fotointerpretación y con la herramienta Street 

Map, se determinan las manzanas que verdaderamente corresponden a 

algunas de las categorías de pobreza, considerando únicamente las construcciones 

donde se identifica una superficie de construcción inferior a 

los 120 metros cuadrados y con edificaciones iguales o menores a dos 

pisos, así como construcciones sin acabados o estilo arquitectónico definido, 

que se ubican en zonas periféricas, forman parte de asentamientos 

dispersos o forman conglomerado de pobreza junto con otros polígonos 

colindantes y están ubicadas en calles sin pavimentación. 

En el mismo sentido, se enfrenta el problema de que los resultados del 

índice corresponden a valores menores a 0.54, por lo que se vuelve necesario 

reescalar los resultados con base en el cálculo de un puntaje 

(ecuación 1) para poder generar la estratificación. 

( 1) 

Donde Xi es el valor de la variable en cada unidad espacial; Xm es el 

valor mínimo de la serie de datos y XM, el valor máximo de la serie de 

datos. 

Contemplando los resultados reescalados, se estratifican por la técnica 

de cortes naturales o de Jenks, en la cual los cortes de clase se caracterizan 

porque agrupan mejor los valores similares y maximizan las diferencias 

entre clases (Jenks, 1963: 15-26). 

2.2. Accesibilidad física 

Posteriormente, se estima la cobertura caminable, a través del cálculo de 

un área de servicio para la población afiliada a la SSA por estrato, mediante 

la red de movilidad vial. Para ello, se calculó un índice de separación espacial, 

cuya medida en minutos resulta fácilmente interpretable y útil (Garrocho 

y Campos-Alanís, 2006; Talen, 1998). En este tipo de medida, todos 

los puntos de origen tienen el mismo peso en los cálculos y el índice sólo 

recoge la información referente a las distancias; la complejidad la introduce 

el uso de la red de movilidad real con tiempos ajustados conforme a la 

pendiente del lugar. Por lo tanto, se calculó desde el centroide de cada 

manzana al punto de oferta más cercano de servicios de atención médica 

de primer nivel de la SSA. Según esto, el Índice de Separación Espacial de 

la unidad espacial i (ISEi), en minutos, es igual a (ecuación 2):


843 

(2) 

Donde i es el centroide de manzana para el que se calcula el índice; j 

es la unidad de atención de primer nivel de la SSA y sólo se utiliza el más 

cercano al lugar de origen; Dij es la distancia, en minutos, entre el lugar 

de origen i y el lugar de destino j, obtenida a partir de las matrices calculadas; 

y N es el número de posibles lugares de destino. 

En la ZMC se identificaron 71 unidades médicas de primer nivel de 

atención de la SSA (2018); de acuerdo con la tabla 1, se observa que 

38.89% se ubicaban en Cuernavaca, 16.67% en Jiutepec y la misma 

proporción en Temixco. Esto significa que más de 72% de las unidades 

se encuentran en los municipios centrales de la ZMC. Al considerar los 

médicos reportados por Recursos en Salud Datos Abiertos, la concentración 

de recursos se evidencia más, ya que 83.9% de los médicos en contacto 

con el paciente se encuentran en los municipios antes señalados. 

Tabla 1 

Número de unidades de salud de la SSA en la ZMC en 2015 

Municipio Cantidad Consultorios Médicos en contacto 

con el paciente 

Consultas 

estimadas 

Cuernavaca 28 126 403 22568 

Emiliano Zapata 6 19 22 1232 

Huitzilac 2 7 8 448 

Jiutepec 12 25 26 1456 

Temixco 12 37 43 2408 

Tepoztlán 2 9 17 952 

Tlaltizapán 4 15 22 1232 

Xochitepec 6 16 25 1400 

Fuente: elaboración propia con base en Inegi (2018a) y Gobierno del Estado de Morelos (2017). 

Como parte de los insumos, se vectoriza la red vial a partir de la de 

datos suministrados por el marco geoestadístico de Inegi (2018b) y recopilada 

en junio de este año. Al respecto, se consideraron tanto la oferta 

de unidades de atención del primer nivel como la red vial para estimar 

trayectos caminables de 15, 20 y 30 minutos a pie. La velocidad promedio 

para los segmentos viales se ajustó con la pendiente y la movilidad de


una persona de entre cinco y diez años, 7 de acuerdo con el Transport and 

Road Research Laboratory (1978), que es tomado como referencia para 

los estudios de movilidad a nivel internacional. La velocidad del grupo 

de edad se eligió por la estructura de edades piramidal de la población 

más pobre, así como las edades en que se reportan más casos nuevos de 

atención (Hamui-Sutton et al., 2013). De manera que, con una regla de 

tres, se realizó una interpolación entre el tramo a analizar y la pendiente 

promedio en el mismo para determinar la velocidad estimada por tramo 

en la red vial, como se muestra en la tabla 2. 

Tabla 2 

Velocidades promedio de movilidad peatonal para una persona 

de 5-10 años, de acuerdo con la pendiente 

Pendiente 

promedio del 

trayecto 

Velocidad promedio (km/h) 

0°-12° 4.07 

>12°-30° 3.07 

>30°-44° 2.07 

45° 1.07 

Fuente: Transport and Road Research Laboratory (1978). 

2.3. Probabilidad de atención 

Derivado de las áreas de servicio calculadas con la ayuda de sistemas de 

información geográfica, a cada una se le estimó la probabilidad de atención 

considerando el número de médicos y la población cubierta en un radio 

de 20 minutos (ver ecuación 3). 

(3) 

Donde PAn es la probabilidad de atención en el polígono n; nmcp 

equivale al número de médicos en contacto con el paciente 8 en dicho 

polígono; Poba es el tipo de población a atender (afiliados o población 

total); y 28 es la cantidad de consultas normadas por el sistema normativo 

de equipamiento urbano de Sedesol. 

7 

Se estima una velocidad promedio de 4.07 km/h para una persona de entre 5 y 10 años, 

considerando que la población que se atiende predominantemente son niños y adultos mayores. 

8 

Considerando que un médico, en el mejor de los casos, cubra dos turnos.


845 

Para realizar una comparación del acceso en la ZMC se generaron 

contornos metropolitanos (ver mapa 1). 

Mapa 1 

Contornos de la ZMC, Morelos 

Fuente: elaboración propia con base en datos del Inegi (2012). Mapa elaborado en QGIS, 

versión 3.14.1 (QGIS, 2020). 

Los criterios para determinar los contornos corresponden a las etapas 

de expansión de la ZMC, el patrón de distribución de pobreza por 

análisis del Índice Local de Moran (LISA) 9 y la derechohabiencia a la 

SSA (ver tabla 3). Específicamente para realizar la delimitación, se contemplan, 

en el primer contorno, a los municipios que se expandieron, 

entre los sesenta y los setenta, producto de la inmigración por búsqueda 

de trabajo; en el segundo contorno se considera a los municipios que 

tuvieron su crecimiento en los ochenta, derivado del impulso turístico 

de viviendas de descanso que tuvo la entidad, en conjunto con su localización 

respecto de los municipios centrales; mientras que en el tercer 

contorno se catalogaron los municipios que han tomado impulso en su 

crecimiento a partir de 2000, promocionados por sus atractivos turísticos. 

9 

Local Indicators of Spatial Association.


Tabla 3 

Indicadores usados en la construcción de anillos metropolitanos 

Indicador 

Etapa de 

expansión 

Patrón de 

pobreza, según 

análisis LISA 

Derechohabiencia 

en la SSA 

1 Cuernavaca y 

Jiutepec 

Décadas de los 60 

y 70 

Agrupamientos de 

valores bajos de 

pobreza 

2 Emiliano Zapata y 

Temixco 

Década de los 80 

Zonas amplias de 

agrupamientos de 

valores altos de 

pobreza 

3 Xochitepec, 

Tlaltizapán, 

Huitzilac, Tepoztlán 

A partir de 2000, en 

menor medida 

Zonas de tamaño 

medio de valores 

altos de pobreza 

27.0%-32.0% 40.0%-53.0% 50.0%-64.0% 

Fuente: elaboración propia con base en datos del Inegi (2012 y 2015). 

El análisis LISA permite localizar las zonas de mayor vulnerabilidad a 

la profundización de pobreza mediante un examen de la concentración 

de pobreza derivada del índice estimado para la estratificación. Esto a 

partir de identificar el valor proporcional por unidad (manzana) y la 

similitud de la misma con sus vecinos. Derivado de ello, se identifica el 

patrón a escala municipal con tres categorías: agrupamientos de valores 

bajos de pobreza, agrupamientos de valores altos de pobreza en zonas 

amplias y en zonas de tamaño medio (limitadas por el tamaño del asentamiento 

humano). 

Otra condicionante recuperada en este ejercicio para la delimitación 

de los contornos metropolitanos es el porcentaje de derechohabiencia 

reportado por municipio en la encuesta intercensal del Inegi (2015). 

3. Resultados 

3.1. Estratificación socioespacial de la población de la ZMC 

Al estimar la adaptación del índice de necesidades básicas insatisfechas 

con los datos de 2010, se observa que la población de no indigentes e 

indigentes representa 18.17% de los polígonos a escala de manzana y 

18.92% de la población. Se localizan, principalmente, en las periferias de 

los municipios de la ZMC; específicamente se identifica un mayor número 

de manzanas bajo dicha situación en los municipios de Temixco (575), 

Xochitepec (378) y Cuernavaca (285). 

Por su parte, los estratos muy pobres (con 22.49% de la población y 

16.07% de los polígonos) y pobres moderados (con 21.96% de la población


847 

y 28.04% de los polígonos) sirven como anillos de transición entre los 

estratos más bajos y los de la clase sanbrit, media y alta en todos los municipios, 

excepto en Xochitepec, en el que se puede identificar una extensión 

de los asentamientos pobres de Temixco, que guardan una alta homogeneidad 

en cuanto a las características de la población que habita, pero con 

una dispersión acentuada. 

El estrato alto se localiza cercano a la ciudad central en Cuernavaca y 

al norte de Emiliano Zapata, en colindancia con las vialidades principales. 

Esta situación favorece el acceso a bienes y servicios ofertados en la propia 

ciudad o, incluso, en la Ciudad de México, si se cuenta con medios de 

transporte propios. 

3.2. Acceso peatonal a los servicios de salud primaria 

Como resultado de la estimación de acceso peatonal, 61.95% de los 133,049 

afiliados a la SSA se ubicaron a 15 minutos o menos de los centros de salud; 

18.13% caminaría entre 15 y 20 minutos y 19.91% tendría que caminar 

más de 20 minutos para llegar a los centros de salud más cercanos. 

Según el estrato en la escala metropolitana, quienes tienen mayor accesibilidad 

física a los servicios de salud primaria son los muy pobres, que a 

su vez muestran una mayor afiliación, después de los pobres moderados, 

de manera que 66.85% de los muy pobres tiene acceso peatonal en 15 

minutos o menos, 16.91% entre 15 y 20 minutos y 16.24% en más de 

20 minutos. 

A la accesibilidad física de este estrato le sigue la de los no indigentes 

y los pobres moderados, quienes, en un tiempo de menos de 15 minutos 

caminables llegarían a los centros de atención de primer nivel de la SSA, 

en una proporción de 61.56% y 60.80% de la población afiliada en estos 

estratos, respectivamente; al mismo tiempo, son los de menor proporción 

de afiliados fuera de una distancia caminable de más de 20 minutos, con 

20.96% y 19.85%, en el orden mencionado. 

A escala municipal, el peor acceso peatonal se encuentra en la población 

de los estratos más bajos (indigentes y no indigentes) y, además, 

donde existen condiciones de homogeneidad en la pobreza, como sucede 

en Huitzilac y Emiliano Zapata. En el primer caso, 71.56% de los indigentes 

vive a más de 20 minutos de los centros de atención de primer 

nivel de la SSA; en el segundo, la cifra corresponde a 27.64% de la población 

de indigentes. 

En ambos casos, la topografía y dispersión de los estratos sociales más 

bajos son los principales factores por los cuales la accesibilidad física se 

complica. En estos lugares no sólo existe una segregación de la población 

a partir del valor del suelo, sino que se les excluye de los servicios básicos


según su ubicación con respecto a la zona metropolitana y la concentración 

de los servicios de salud. En este sentido, a través de la disponibilidad de 

los recursos urbanos de infraestructura y equipamiento se genera un 

ejercicio de poder que implica mayor desigualdad en comparación con el 

resto de municipios en los desplazamientos en esta ciudad. 

En el caso de los municipios de Cuernavaca y Jiutepec, se encontró 

que, en general, para los afiliados a la SSA, la accesibilidad física es baja 

con respecto al resto de municipios, puesto que sólo 60.47% y 58.67%, 

respectivamente, podría tener acceso en menos de 15 minutos. Esta 

situación es destacable, puesto que, pese a la aglomeración de unidades 

de atención de primer nivel que existe en dichos municipios, las condiciones 

topográficas en conjunto con la ubicación centralizada de las 

unidades de salud dificultan la movilidad. No obstante, hay que tomar 

en cuenta la concentración de transporte y alternativas de atención, así 

como una mayor heterogeneidad en los estratos. 

Por el contrario, en los municipios de Tlaltizapán y Temixco es donde, 

de manera general, se dan las mejores condiciones de acceso físico; en el 

primero, 71.80% de los afiliados a la SSA podrían llegar en 15 minutos o 

menos, mientras que en el segundo la cifra sería de 68.67% (ver tabla 4). 

Al realizar el análisis del índice con la técnica local LISA, se muestra 

la agrupación de manzanas en condiciones de pobreza de manera considerable 

en Huitzilac, Tepoztlán, Temixco, Emiliano Zapata, Xochitepec 

y Tlaltizapán (véase mapa 2). Dada la escala en la que se hizo el estudio, 

es posible comprobar que existe una mayor heterogeneidad entre grupos 

alrededor de las zonas centrales de los municipios, donde, pese a que la 

accesibilidad caminable es inferior con respecto al resto de municipios, 

al considerar 15 minutos o menos, existe también una mayor concentración 

de equipamiento. Por el contrario, en las periferias hay homogeneidad 

de los grupos más pobres y, a su vez, existe una menor oferta de 

equipamientos de salud de primer nivel; sin embargo, por el tamaño de 

los asentamientos, hay una mayor accesibilidad peatonal.


849 

Tabla 4 

Acceso físico a los servicios de atención a la salud de primer nivel por estrato para la ZMC 

Municipio Tiempo de recorrido 

a pie 

Indigentes No indigentes Muy pobres Pobres 

moderados 

Sanbrit Media Alta 

Cuernavaca 15 y 20 10.3% 27.72% 21.08% 20.79% 23.17% 25.94% 34.21% 

Afiliados totales 1862 6641 14,451 11,155 5660 1864 118 

Emiliano Zapata 15 y 20 27.64% 18.38% 10.29% 15.28% 39.66% 38.16% 27.27% 

Afiliados totales 2189 6590 3090 1275 497 222 12 

Huitzilac 15 y 20 71.51% 20.35% 23.39% 5.68% 0% 0% 0% 

Afiliados totales 202 736 539 96 7 0 0% 

Jiutepec 15 y 20 12.29% 18.55% 20.26% 22.98% 27.76% 25.58% 44.07% 

Afiliados totales 1103 5141 8912 6263 2922 968 60



Municipio Tiempo de recorrido 

a pie 

Indigentes No indigentes Muy pobres Pobres 

moderados 

Sanbrit Media Alta 

Temixco 15 y 20 21.86% 18.73% 6.22% 12.05% 21.1% 19.23% 0% 


Tepoztlán 15 y 20 15.09% 27.41% 9.28% 5.29% 34.48% 0% 0% 


Tlaltizapán 15 y 20 64.23% 27.47% 8.24% 17.11% 18.85% 10% 0% 


Xochitepec 15 y 20 21.47% 18.64% 20.31% 24.36% 7.11% 60.98% 0% 


Fuente: elaboración propia con base en Inegi (2012 y 2018a); Gobierno del Estado de Morelos (2017).


851 

Mapa 2 

Análisis LISA del Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas a 

escala de manzana en la ZMC en 2010 

Fuente: elaboración propia con base en datos del Inegi (2012). Mapa elaborado en QGIS, 

versión 3.14.1 (QGIS, 2020). 

3.3 Probabilidad de atención primaria por estrato 

En cuanto a la probabilidad de atención en la escala metropolitana para 

los afiliados a la SSA, se obtiene que sólo 85,392 derechohabientes tendrían 

alguna probabilidad de atención, 10 es decir, 69.10%, al considerar una 

distancia máxima a caminar de 20 minutos y el número de médicos en 

contacto con el paciente por unidad de atención. 

Teniendo en cuenta los contornos metropolitanos estimados, la población 

afiliada con mayor probabilidad de atención se localiza en el primero. 

Es decir, en los municipios pertenecientes a la ciudad central, que tuvieron 

su expansión a partir de los años sesenta y setenta, quienes muestran 

una baja concentración de condiciones de pobreza y cuentan con una 

10 

Aunque cabe señalar que ésta puede llegar a ser cercana a cero (0.0006); esto es, prácticamente 

nula.


derechohabiencia de entre 27 y 32 por ciento. Esto significa que la ciudad 

central es en donde la mayor parte de los derechohabientes que viven a 

20 minutos o menos del centro de salud más cercano podrían tener atención, 

con una probabilidad media (pero que en términos reales es baja), en comparación 

con la probabilidad del resto de la ZMC (véase tabla 5). 

Tabla 5 

Probabilidad de acceso físico a 20 minutos caminables a los 

servicios de atención a la salud de primer nivel por contorno 

metropolitano de los derechohabientes de la SSA 

Contorno 

metropolitano 

Probabilidad 

de acceso 

285 por 

cada 2000 

afiliados 

27 por 

cada 

2000 

afiliados 

6 por 

cada 

2000 

afiliados 

3 por 

cada 

2000 

afiliados 

1 por 

cada 

2000 

afiliados 

1 527 2,367 1,804 19,979 17,888 

% 1.24 5.56 4.24 46.94 42.03 

2 - - - 8,440 20,200 

% - - - 29.47 70.53 

3 - - 4,258.00 4,646.00 

5,252.00 

% - - 30.08 32.82 37.10 

Fuente: elaboración propia con base en Inegi (2012 y 2018a); Gobierno del Estado de Morelos 

(2017). 

En cuanto a la probabilidad de atención de la población derechohabiente 

que vive en un máximo de 20 minutos por estrato social, quienes 

tendrían el beneficio de ser atendidos en 285 por cada 2000 serían los 

estratos pobres y sanbrit, en una proporción de 49.33% y 41.55%, respectivamente; 

mientras que los estratos de no indigentes e indigentes no 

tendrían ningún derechohabiente en esta condición. 

En este sentido, 74.12% de la población de indigentes tendría una 

probabilidad de ser atendido en razón de un derechohabiente por cada 

2000; 20.10% en más de uno a tres por cada 1000 y sólo 0.67% de 28 

por cada 2000. 

En los estratos muy pobres y no indigentes, se benefician en 29.71% 

y 39.33%, respectivamente, de una probabilidad de más de tres derechohabientes 

a menos de seis por cada 2000; y en una probabilidad de uno 

a tres derechohabientes por cada 2000, con 24.11% y 35.86%, respectivamente. 

Esto quiere decir que cuanto más desciende el estrato, a partir 

de los pobres, se reduce también la probabilidad de ser atendido y, a su


853 

vez, aumenta la proporción de derechohabientes que se ven privados del 

derecho a la salud en el primer nivel de atención (véase mapa 3). 

Mapa 3 

Probabilidad de atención en el primer nivel de la SSA por estrato 

Fuente: elaboración propia con base en Inegi (2012 y 2018a); Gobierno del Estado de Morelos 

(2017). Mapa elaborado en QGIS, versión 3.14.1. (QGIS, 2020). 

Conclusiones 

Esta investigación permite contrastar la necesidad de atención de los 

servicios de salud para la población en general con la oferta existente, a 

partir de los datos estadísticos abiertos. Como parte de los resultados, se 

encuentra que la influencia de la localización de los usuarios potenciales, 

con respecto de los servicios de salud de primer nivel, se convierte en un 

factor determinante en la profundización de las desigualdades urbanas, 

debido a que no se garantiza la accesibilidad peatonal de los pobres urbanos


a obtener una consulta de entrada a los servicios de salud, como efecto 

de su localización en las periferias urbanas y metropolitanas. 

No obstante, al considerar el acceso peatonal de los afiliados a la SSA 

por estrato y escala de análisis, se identificó que, a escala municipal, el 

peor acceso peatonal se encuentra en la población de los estratos más 

bajos, donde existen condiciones de homogeneidad en la pobreza, topografía 

accidentada y dispersión de la población a atender. Por el contrario, 

los municipios donde, de manera general, se dan las mejores condiciones 

de acceso físico responden a la distribución de las unidades de salud que 

son suficientes en cantidad y su localización es adecuada; mientras que 

en Tlaltizapán se relaciona con el tamaño del área urbana, que es reducido. 

Al considerar los contornos metropolitanos estimados, la población 

afiliada con mayor probabilidad de atención se localiza en el primero. Es 

decir, en los municipios pertenecientes a la ciudad central, que tuvieron 

su expansión a partir en los años sesenta y setenta, con una baja concentración 

de condiciones de pobreza y que cuentan con una derechohabiencia 

de entre 27 y 32 por ciento. Por el contrario, quienes se ubican en el 

tercer contorno, en los municipios más alejados de la ciudad central y con 

mayor homogeneidad en las condiciones de pobreza, tienen una probabilidad 

media de tener atención, en comparación con la probabilidad del 

resto de la ZMC, pero que en términos reales es baja. Esto quiere decir 

que, a pesar de existir acceso físico, la probabilidad de ser atendido es 

menor, puesto que la disponibilidad de médicos y, por lo tanto, de consultas 

se reduce, con respecto de la zona central. 

En este sentido, no existe una condición de equidad territorial que 

contribuya a reducir la profundización de la pobreza para quienes tienen 

una mayor necesidad de atención médica. Más bien, la distribución de 

los recursos responde a condiciones de localización y aglomeración de los 

mismos en las zonas más urbanizadas, donde se favorece a la población 

pobre, pero no de los estratos más bajos, donde no se cuenta con los 

recursos de movilidad para el acceso. 

Estos resultados dan lugar a proposiciones para futuras investigaciones. 

Está pendiente agregar la relación entre los determinantes del acceso 

efectivo y la calidad de los servicios de salud con la localización territorial 

de la población; como parte de ello, es necesario considerar las limitaciones 

en las bases de datos abiertas, como el horario de atención de las 

unidades, que retoma valor en el último contorno metropolitano, donde 

la gente tiende a desplazarse por más tiempo del estimado por la accesibilidad 

física presentada en este trabajo, debido a la falta de capacidad de 

las unidades. De la misma manera, deben considerarse las alternativas con 

las que se cuenta en cada estrato para enfrentar las condiciones de profundización 

de la pobreza derivadas del acceso a la atención en la salud.


855 

Anexo 1. Variables, indicadores y ponderadores para el cálculo completo del componente de NBI con datos del SCINCE 2010 

FD Variable Indicador que representa 

en MMIP 

VIV6 Viviendas particulares habitadas con 

piso de tierra. 

VIV9 Viviendas particulares habitadas con más 

de 2.5 ocupantes por dormitorio. 

VIV15 Viviendas particulares habitadas que no 

disponen de luz eléctrica. 

VIV26 Viviendas particulares habitadas que 

disponen de refrigerador. 


disponen de lavadora. 


disponen de televisor. 


disponen de computadora. 

VIV18 Ocupantes en viviendas particulares con 

acceso a agua entubada en el ámbito de 

la vivienda. 

VIV21 Ocupantes en viviendas particulares que 

disponen de excusado con admisión de 

agua y drenaje. 


disponen de drenaje. 

Proporción Ajustado Dimensión Ponderador 

LCVJ LCVJ=(VIV6/VIV1) LCEVJ= LCVJ>0*LEVJ>0 if ~ 

LCVJ+LEVJ 

LEVJ LEVJ=(VIV9/VIV1)*2 

Calidad y 

espacio de 

la vivienda 

LAEj LAEj=(VIV15/VIV1) LAEj=(VIV15/VIV1) Adecuación 

energética 

LBDJ LBDJ=((((VIV26/ 

VIV1)-1) +((VIV27/ 

VIV1)-1) +((VIV32/ 

VIV1)-1) +((VIV33/ 

VIV1)-1)) /4) *-1 

LBDJ=((((VIV26/VIV1)-1) 

+((VIV27/VIV1)-1) +((VIV32/ 

VIV1)-1) +((VIV33/VIV1)-1)) 

/4) *-1 

LSSAJ LA=(VIV18/VIV3)-1 LEX=(VIV21/VIV1)-1 

LSSAJ=(((VIV18/VIV3)-1) 

*0.35) +(((VIV21/VIV3)-1) 

*0.10) +(((VIV22/VIV1)-1) 

*0.55)) 

LDR=(VIV22/VIV3)-1 

Bienes 

durables 

Adecuación 

sanitaria 

0.338 

0.029 

0.06 

0.038


Anexo 1 (continuación) 

FD Variable Indicador que representa 

en MMIP 

SALUD2_R Porcentaje de población sin derechohabiencia 

a servicios de salud. 

SALUD5_R Porcentaje de población derechohabiente 

por el Seguro Popular o Seguro 

Médico para una Nueva Generación. 

EDU4_R Porcentaje de población de 3 a 5 años 

que no asiste a la escuela. 






que no sabe leer y escribir. 

EDU28_R Porcentaje de población de 15 años y 

más analfabeta. 

AE=(EDU4_R-1) 

+(EDU10_R-1) 

+(EDU16_R-1) 

Proporción Ajustado Dimensión Ponderador 

LASSj LASSj=SALUD2_R*1 LASSSMJ=((SALUD2_R/100) 

+(SALUD5_R/100)) /2 

LAIJ=(EDU22_R+E- 

DU28_R) 

LASSj=SALUD5_R*1 

LEIIJ =((EDU4_R-1) 

+(EDU10_R-1) 

+(EDU16_R-1)) 

*(EDU22_R+E- 

DU28_R) /100 

LEIIJ =((EDU4_R) 

+(EDU10_R) +(EDU16_R)) 

*(EDU22_R+EDU28_R) /100 

Acceso a 

salud y 

seguridad 

social 

Rezago 

educativo 

0.291 

0.244 

Fuente: elaboración propia con base en el Índice de Desarrollo Social de las Unidades Territoriales del Distrito Federal (Evalúa DF, 2011) y SCINCE 2010 (Inegi, 2012).


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Recibido: 3 de noviembre de 2020. 


Aceptado: 6 de abril de 2021. 

Karla Rojas. Doctora en urbanismo por la Universidad Nacional 

Autónoma de México. Es profesora de asignatura de la Licenciatura 

en Administración y Promoción de la Obra Urbana en la Universidad 

Autónoma del Estado de México, unidad académica profesional Chimalhuacán. 

Su línea de investigación actual es pobreza y salud urbana. 

Entre sus más recientes publicaciones se encuentran, como autora: 

“Acercamiento a algunos aspectos demográficos del asentamiento de 

la población en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, 2000-2010”, en 

Rafael Monroy Ortiz (coord.), Argumentando el urbanismo, apuntes 

para una discusión multidisciplinaria, Cuernavaca, Universidad Autónoma 

del Estado de Morelos, pp.179-183 (2019); en coautoría: 

“Experiencias y respuestas de acceso a equipamientos de salud en 

universitarios de Chimalhuacán, México”, Topofilia, Revista Científica 

de Arquitectura, Urbanismo y Territorios, 1(22), 217-241 (2021). 

Adrián Guillermo Aguilar. Doctor en filosofía con especialidad en 

Geografía Urbana por el University College, Universidad de Londres. Es 

profesor-investigador titular C del Instituto de Geografía en la Universidad 

Nacional Autónoma de México y miembro del Sistema Nacional de 

Investigadores, nivel III. Sus líneas de investigación actuales son: proceso 

urbano y expansión metropolitana; pobreza urbana y asentamientos 

irregulares; sistema urbano y ciudades intermedias en México. Entre sus 

más recientes publicaciones destacan, como coautor: “Tipos de barrios 

pobres y sus factores de diferenciación en la Zona Metropolitana de la 

Ciudad de México”, en Adrián Guillermo Aguilar e Irma Escamilla- 

Herrera (coords.), Expresiones de la segregación residencial y de la pobreza 

en contextos urbanos y metropolitanos, Ciudad de México, Instituto de 

Geografía / UNAM / Miguel Ángel Porrúa, pp. 111-143 (2020); “Deterioro 

ambiental y ocupación urbana irregular en la zona lacustre de 

Xochimilco, Ciudad de México”, Journal of Latin American Geography, 

JLAG, 19 (4), Baltimore, University of Texas Press, pp. 43-67 (2020) y 

“Pobreza y vulnerabilidad social en la dinámica metropolitana de la región 

centro. De los índices generales a las carencias locales”, en Arturo Orellana, 

Carme Mirelles-Guasch y Luis Fuentes (eds.), Las escalas de la metrópoli. 

Lejanía versus proximidad, Santiago de Chile, RIDEAL / Colección de 

Estudios Urbanos / Pontifícia Universidad Católica de Chile / RiL Editores, 

pp. 125-157 (2019).




Un modelo conceptual para el abordaje 

del ordenamiento territorial 

A conceptual model for the approach to 

territorial planning 

865 

Vanesa Crissi Aloranti * 

Abstract 

To work in the territories, it is necessary to know them, describe them, find their way 

and count on the participation of the different actors from a holistic perspective, 

considering the different scales, hierarchized and in interaction. This research aims 

to provide a conceptual model for the approach to territorial planning by articulating 

the categories of territorial intelligence and territorial profile. Although the villages 

of the province of Cordoba (Argentina) are considered as study units, the model can 

be applied to other territories with divergent characteristics. 

Keywords: villages, model, territorial planning, territorial intelligence, territorial 

profile. 

Resumen 

Para trabajar en los territorios es necesario conocerlos, describirlos, encontrar 

sus qué, sus porqués y contar con la participación de los distintos actores, desde 

una visión holística, considerando las diferentes escalas, jerarquizadas y en interacción. 

El objetivo de esta investigación es proporcionar un modelo conceptual 

para el abordaje del ordenamiento territorial articulando las categorías de inteligencia 

territorial y perfil territorial. Si bien se consideran a las comunas de la 

provincia de Córdoba (Argentina) como unidades de estudio, el modelo puede 

ser aplicado a otros territorios con características divergentes. 

Palabras clave: comunas, modelo, ordenamiento territorial, inteligencia territorial, 

perfil territorial. 

* Centro de Investigaciones y Estudio sobre Cultura y Sociedad (CIECS) perteneciente al 

Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Universidad Siglo 21, 

Córdoba, correo-e: vanecrissi@gmail.com

866 V. Crissi Aloranti: Un modelo conceptual para el abordaje del ordenamiento territorial 

Introducción 

Los antecedentes del proceso de ordenamiento territorial (OT) en América 

Latina datan de mediados del siglo XX. En el abordaje de este campo 

disciplinar se evidencian avances, ajustes y retrocesos. Específicamente, 

se transitó desde una planificación urbana física a una urbano regional y 

en la década de los 90 emerge la planificación estratégica con el fin de 

articular acciones entre el sector público, el privado y la sociedad (Massiris 

Cabeza, 2002; Gudiño, 2015). Dicho proceso de planificación marcó una 

ruptura de estructuras gubernamentales centralizadas, verticalistas y rígidas 

que aplicaron políticas públicas sectoriales parcializadas. Este contexto 

invitó a repensar los territorios desde ciertos cambios de paradigmas. De 

esta manera, en la última década se gestó la necesidad de crear consensos 

y acuerdos entre las partes involucradas del sistema territorial, motivo por 

el cual el OT se debería transformar en una política de Estado en los 

países latinoamericanos. 

El escenario de Argentina no es ajeno al de América Latina en lo 

referente al OT. Desde mediados del siglo XX, el Gobierno Nacional 

orientó la política territorial hacia la planificación urbana, siendo los 

primeros frutos de este proceso la sanción de la Ley N° 8912/1977 

(Gobierno de la provincia de Buenos Aires, 1977) de ordenamiento 

territorial y uso del suelo de la provincia de Buenos Aires y en el año 

2013 se promulgó la Ley N° 14449 (Gobierno de la provincia de Buenos 

Aires, 2013) de acceso justo al hábitat en el campo disciplinar (Massiris 

Cabeza, 2013). Considerando las condiciones de asimetría económica y 

social a nivel nacional y regional, el Gobierno Nacional implementa en 

el año 2004 un Plan Estratégico Territorial (PET) como uno de los 

instrumentos de la política nacional de desarrollo y OT, con el objetivo 

de formular un plan federal de inversión en infraestructura y equipamiento. 

Luego, en el año 2008, se elaboró un modelo de nación titulado 

Argentina 2016. Política y Estrategia Nacional de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial como expresión de equilibrio, integración, sustentabilidad y 

justicia social. Otro caso emblemático en el país, fue la Ley N° 8051/2009 

(Gobierno de la provincia de Mendoza, 2009) de ordenamiento territorial 

y usos de suelo de la provincia de Mendoza, representando el marco 

jurídico para la planeación y gestión territorial, centrado en el modelo 

de Mendoza 2030. Estos planes provinciales se desprenden del PET y 

reconocen tres etapas básicas de implementación: planificación estratégica 

del desarrollo, ordenamiento territorial provincial y ordenamiento territorial 

municipal. 

En la provincia de Córdoba, contexto geográfico donde radica el objeto 

de estudio de la presente investigación, hasta la fecha (2021) no se registran



antecedentes de un Plan y/o Ley de OT que contemple las diversas 

dimensiones (económica, social, ambiental y político-institucional) del 

territorio provincial. 

Considerando los vacíos mencionados en relación a un estudio integral 

y en el afán de acercarnos a las diferentes dimensiones mencionadas, 

que conforman el territorio, el objetivo de este artículo es proporcionar 

un modelo conceptual para el abordaje del ordenamiento territorial. Dicho 

modelo surge de la investigación doctoral, por lo tanto, los avances aquí 

expuestos representan e integran una parte del cuerpo teórico de la tesis 

doctoral realizada por la autora 1 y se enmarcan dentro del paradigma 

epistemológico de la complejidad con una concepción sistémica (Paiva 

Cabrera, 2004). Lo que permite pensar, en una visión dinámica, en donde, 

la repetición y el cambio están introducidos como variables a considerar. 

El punto de partida para desarrollar el objetivo propuesto, se sitúa en 

el ordenamiento territorial (OT), que conlleva trayectorias desde diversos 

enfoques. En esta dirección encontramos varios trabajos pioneros, entre 

los más destacados son los de Fals Borda (1986, 1996), Gómez Orea 

(1994, 2015), Montes Lira (2001), Massiris Cabeza (2002, 2013), Ceballos 

(2004) y Bozzano (2009, 2014). De dichas configuraciones teóricas 

se desprenden las categorías de inteligencia territorial cuya trayectoria es 

intermedia —nace en Francia a fines de los años 90’s— (Bozzano et al., 

2012) y la de perfil territorial con criterios de abordaje recientes en el 

campo disciplinar del ordenamiento territorial (Arroyo, 2009; Muñoz 

Wilches, 2012; PNUD, 2014). A partir de ello y de manera articulada, 

se analizarán las categorías de inteligencia territorial y perfil territorial en 

el funcionamiento de las 168 comunas —asentamientos poblacionales de 

hasta 2000 habitantes, Ley N° 8102/1991 orgánica de municipios y 

comunas (Gobierno de la provincia de Córdoba, 1991). 

La elección de las comunas, como unidades de estudio, se debe a que 

presentan en la actualidad una realidad similar en función de ciertas 

características tales como: población de baja densidad, 2 necesidades y 

problemas que presionan sobre territorios de grandes superficies y con 

débil desarrollo, ausencia de planificación territorial, escaso equipo interdisciplinario 

en los gobiernos locales, falta de información local y reciben 

1 

La tesis se titula Ordenamiento territorial de comunas a escala regional en la provincia de Córdoba, 

Argentina. Caso de estudio: región Árida. Se realizó en el Doctorado en Desarrollo Territorial (2019) 

—Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional de Río Cuarto, Argentina—, originado 

del entrecruzamiento de vertientes teóricas y empíricas. Esto pone en evidencia las limitaciones que 

suceden en la aproximación a la realidad; dificultad que se trasluce al volcar la teoría a la fase empírica 

y, viceversa, al reflexionar sobre los datos concretos a la luz de los aportes teóricos. 

2 

Densidad poblacional (población por cada km 2 ) el promedio es de 2,6 (Dirección General de 

Estadística y Censos, Gobierno de la provincia de Córdoba, 2010).


una mínima coparticipación 3 por parte del Gobierno provincial (Área 

Infraestructura Regional del Ministerio de Gobierno de la provincia de 

Córdoba, próximamente). Se suma a este contexto, a que son intervenidas 

en la actualidad desde aspectos técnicos por el gobierno provincial, en 

donde la información relevada no se gestiona ni aplica en el diseño de 

políticas públicas. Esta realidad torna necesaria una posible retroalimentación 

entre datos relevados y teorías propuestas como posibilidad inicial 

para el diseño y ejecución de políticas de ordenamiento territorial. 

Los avances aquí desarrollados se sustentan en datos cualitativos y 

cuantitativos. Cualitativamente, se realiza desde una revisión de antecedentes 

y perspectivas teóricas, epistemológicas y técnicas en la temática 

mediante la sistematización y análisis de información secundaria y relevamiento 

de información primaria. Cuantitativamente, se utilizan datos 

estadísticos de organismos oficiales 4 que son empleados para analizar los 

escenarios comunales. Para el análisis de las unidades de estudio (comunas) 

se considera la regionalización de la provincia de Córdoba (Mapa 

1) y el relevamiento de las 168 comunas realizado por el Área Infraestructura 

Regional del Ministerio de Gobierno de la provincia de Córdoba 

(próximamente). Aunque dicha regionalización no ha sido publicada 

oficialmente por parte del ejecutivo, se considera oportuna su utilización 

debido a que toma en cuenta variables de infraestructura, servicio, equipamiento 

y ambiente. Esta regionalización subdivide a la provincia de 

Córdoba en cuatro regiones (Árida, Serrana, Llanura y Medanosa) de 

acuerdo con aspectos geográficos, económicos, ambientales y turísticos. 

• Región Árida (perfil agropecuario, con mayor tendencia a la actividad 

ganadera): comprende ocho departamentos. 

• Región Serrana (perfil turístico-comercial): con siete departamentos. 

• Región Llanura (perfil agropecuario-comercial): con nueve departamentos. 

• Región Medanosa (perfil agropecuario-sector público): con dos 

departamentos. 

Es menester señalar que la organización política la provincia de Córdoba 

está conformada por 427 localidades, de las cuales 168 se enmarcan 

en la categoría de comunas (asentamientos poblacionales que registran 

3 

Ley N° 8663/1997: consiste en una distribución de ingresos de rentas públicas de la provincia 

hacia las comunas y municipios (Gobierno de la provincia de Córdoba, 1997). La coparticipación 

que recibe cada localidad depende de la cantidad de habitantes según los registros del último Censo 

Nacional. 

4 

Véase Área Infraestructura Regional del Ministerio de Gobierno de la provincia de Córdoba 

(Próximamente), Dirección General de Estadística y Censos, Gobierno de la provincia de Córdoba 

(2010) e Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) (2019).


869 

menos de 2.000 habitantes) y 259 en la categoría de municipios (asentamientos 

con más de 2.000 habitantes). Estas localidades forman parte de 

otra unidad supramunicipal: los departamentos (un total de 26 en la 

provincia de Córdoba), denominados también comunidades regionales, 

establecido por la Ley N° 9206/2004 orgánica de regionalización de la 

provincia de Córdoba (Gobierno de la provincia de Córdoba, 2004). Es 

decir, cada departamento representa una comunidad regional. 5 

Estructuralmente, el trabajo se presenta en dos partes. La primera 

caracteriza una perspectiva teórica y epistemológica en materia de ordenamiento 

territorial (OT) proporcionando un modelo conceptual de 

Mapa 1 

Regionalización, provincia de Córdoba 

Fuente: elaboración propia con base en datos del Área Infraestructura Regional del Ministerio 

de Gobierno de la provincia de Córdoba (próximamente). 

5 

Las divisiones político administrativas determinadas por Ley pueden englobar o no heterogeneidades 

multifacéticas que exceden los límites demarcatorios normativos.


abordaje. La segunda realiza una revisión de las categorías inteligencia 

territorial (IT) y perfil territorial (PT) en articulación con la investigación 

doctoral de la autora, a partir de las dinámicas territoriales de las comunas 

de la provincia de Córdoba. Finalmente, las conclusiones buscan 

ampliar el abordaje para la acción, intervención y transformación de los 

territorios de estudio. 

1. Matices teórico-aplicados del ordenamiento territorial 

A medida que se ahonda en las profundidades del campo disciplinar del 

ordenamiento territorial (OT) se evidencia un constante e ineludible 

movimiento de trayectorias conceptuales y epistemológicas. Ello es develado 

por los conceptos y teorías que, en permanente tránsito permean y 

enriquecen este campo disciplinar como así también otras comunidades 

académicas, cuyo potencial redunda en el territorio (cualquiera sea su 

escala de abordaje) como objeto de estudio. 

Partiendo del enriquecimiento conceptual del OT, existe una diversidad 

de definiciones incorporando tácitamente los conceptos de territorio 

y desarrollo. Considerando los diversos enfoques que versan desde perspectivas 

teórico-epistemológicas a otras más metodológicas, técnicas y 

aplicadas, es aquí donde nos detenemos para reconocer su abordaje sistémico-holístico 

en donde se ponen en diálogo las teorías territoriales, 

sociales y de la transformación en las que intervienen los lugares, procesos 

y actores sociales. Esta triada social 6 (figura 1) invita a repensar el territorio 

más allá de los lugares, como una “construcción colectiva, consciente 

y cambiante” (Bozzano, 2009: 224) por la manera en cómo se produce 

la interacción social en su interior. 

La triada social (figura 1) refleja el carácter complejo de la realidad 

social —cualquiera sea su escala— no podemos pensar que el punto de 

vista del sistema excluya a los puntos de vista del territorio y de la acción. 

Tampoco que el punto de vista del territorio, excluya los del sistema y 

de la acción; ni que el punto de vista de la acción excluya a los puntos de 

vista del sistema y del territorio. Desde esta perspectiva teórica, que va 

más allá del enfoque sociológico del sistema o la estructura de Durkheim 

y de la acción o la agencia de Weber (cit. en De Ípola, 2004), se trabaja 

articulando visiones de macroprocesos o macrosistemas (sociales, ambientales, 

políticos, económicos, culturales) presentes en cada micro, meso 

o macro proyecto concreto. Esto se presenta con visiones de saberes de 

los diferentes actores partícipes: ciudadano, político, técnico, empresario, 

6 

Lugares, procesos y actores sociales (Bozzano, 2009).


871 

Figura 1 

Tríada social de procesos, lugares y actores 

Fuente: Bozzano (2009: 241). 

científico, entre otros. Vale decir que, se incorpora a esta trama compleja 

de relaciones las interfaces de conocimiento (Long, 2007) e investigación 

acción participativa (IAP) (Fals Borda, 1986) provenientes del campo de 

las Ciencias Sociales (Sociología; Ciencia Política, Antropología, Historia, 

Geografía, Economía, Ordenamiento Territorial, Comunicación Social, 

entre otras). 

En lo empírico y traduciendo esta teoría social al objeto de investigación 

OT, el proceso se refiere a la organización territorial de las comunas 

a escala regional en la provincia de Córdoba, interpretando los lugares 

como aquellos microespacios de cada comuna con los usos de suelo representativos 

(residencial, recreativo, agropecuario, áreas naturales protegidas, 

etc.). Los actores (entendidos como aquellos que proceden de los ámbitos 

públicos, privados y ciudadanos en general) intervienen en los procesos de 

construcción de interfaces de conocimiento (Long, 2007) donde entran 

en juego el poder, los intereses personales, el conflicto, los choques de 

paradigmas culturales, el enriquecimiento de saberes, entre otras cuestiones. 

Cabe señalar aquí, el relevamiento llevado a cabo por el Área Infraestructura 


(próximamente), en el que la autora fue partícipe, a las 168 comunas de la 

provincia, considerándose una herramienta significativa para que los jefes 

comunales puedan transmitir la información obtenida a los habitantes de 

su localidad, lo que refleja las interfaces de conocimiento y la investigación 

acción participativa (IAP). Esta última, trabajada por Fals Borda (1986) se 

manifiesta como una valiosa alternativa para generar diálogo entre teorías 

sociales y de la transformación, al referirse al problema de cómo investigar 

la realidad para transformarla. En el abordaje del OT, la investigación acción 

es uno de los pilares que permite conocer, analizar, descubrir y transformar


la naturaleza multiescala, sistémica e integral del territorio, con la coordinación 

y coherencia de las distintas instituciones competentes. 

Si bien, como se mencionó anteriormente, existen múltiples definiciones 

que enriquecen el concepto de OT, se considera que tal expresión 

es polisémica y difícil de enmarcar en un concepto preciso. Se aplica de 

diferente manera según quién la utilice, aunque siempre girando en torno 

a tres componentes: las actividades humanas, el espacio en que se ubican 

y el sistema que entre ambos configuran. 

En la búsqueda de perspectivas teóricas que sustenten miradas y aproximaciones 

al entendimiento del OT, se podría considerar en primer término 

aquella que lo postula como al conjunto de acciones para orientar la transformación, 

ocupación y utilización de los espacios geográficos, que busca su 

desarrollo socioeconómico, teniendo en cuenta las necesidades y los intereses 

de la población, como así también las potencialidades del territorio y la 

armonía con el ambiente (Fals Borda, 1986, 1996). Sin desconocer los 

pilares político-administrativo, geopolítico y el ambiental. Dicha concepción 

descrita refiere a políticas macro de amplia visión estatal basadas en 

la epistemología del territorio y en la humanización de las relaciones 

espacio-tiempo. A su vez, se considera también que potencia los conceptos 

de bioespacio 7 y tecnoregión 8 para formular una propuesta sobre el 

qué hacer con el OT. Desde esta perspectiva, se lee que la escala regional 

y el papel de la investigación acción participativa se constituyen en fundamento 

del OT, permitiendo plantear regiones como unidad de reordenamiento 

de la territorialidad 9 desde su historia, cultura, economía y 

contexto ambiental (Fals Borda, 1996). 

Desde otra mirada, se considera que el OT debe ser asumido de manera 

más abarcable e integral por lo que en su lugar se refiere a planificación, 

ordenamiento y gestión territorial (Bozzano, 2009; 2014). Se propone 

un proceso reflexivo que supone incorporar lo real, lo pensado, el pasado 

en el presente, la anticipabilidad —como condición de anticipación— y 

lo posible (2009: 98). Esta aproximación considera que, en el OT, la 

comprensión y articulación entre las escalas de trabajo micro, meso y 

macro juegan un rol fundamental, particularmente en perspectivas teóricas 

que no logran descender a la realidad. Podemos citar a modo de ejemplos, 

aquellos ciudadanos que no conocen que una pequeña acción u 

omisión trasciende la escala de su barrio, ciertos políticos que especulan 

7 

Reconocimiento de límites territoriales que no son estáticos, responden a las dinámicas de 

construcción social del territorio, basadas en las relaciones complejas de los seres humanos con su 

ambiente (Fals Borda, 1996). 

8 

Aquella donde las relaciones están vinculadas con la ciencia, las tecnologías y la información 

(1996). 

9 

Sentido que le dan los actores a su territorio (identidad): urbana, periurbana, rural y natural 

(Bozzano, 2009; Massiris Cabeza, 2002).


873 

su compromiso y tiempo en la gestión, o en empresarios que no consideran 

que, si se ven favorecidos, la población y el territorio, su empresa también 

lo será (Bozzano, 2014). Por dichos motivos, se afirma que, la política, 

ciencia, técnica, escalas de trabajo y compromiso no sólo deben estar 

presentes, sino generar un espacio-tiempo donde los vectores de decisión 

sean fruto de miles de pequeñas co-construcciones. Estos aportes teóricos 

condicen con los argumentos de Fals Borda (1996) proponiendo que el 

OT ocupa contenedores espaciales flexibles y variables, donde las comunidades 

son las protagonistas y ejercen roles ligados a la economía, cultura 

y ambiente en defensa de sus formas y calidad de vida. Aquí también se 

hace énfasis en la investigación acción participativa (Fals Borda, 1986) lo 

que conlleva a intervenir en los territorios desde el abordaje de la inteligencia 

territorial (IT), la gestión, la toma de decisiones y el liderazgo para 

lograr la transformación territorial. 

Gómez Orea (1994, 2015) aborda el OT, desde una dirección teórica 

complementaria a la de Fals Borda (1986, 1996) y Bozzano (2009, 2014), 

manifiesta su argumentación a partir de una perspectiva holística, democrática 

y participativa. Definiéndolo como una función de los poderes 

públicos orientada a planificar el desarrollo sostenible en términos de 

calidad de vida y a resolver los conflictos en beneficio del interés común, 

de forma participada, concertada entre los diversos agentes socioeconómicos. 

Se lo entiende, por lo tanto, como un instrumento de planificación 

del sistema territorial, 10 hacia un horizonte temporal futuro, considerando 

los diversos componentes que lo conforman: medio físico, población, 

actividades, asentamientos de población, canales de relación y marco legal. 

Al asumir el OT como un proceso y un instrumento de planificación 

de carácter técnico, político y administrativo, se entiende que se pretende 

configurar, en el largo plazo, una organización del uso y ocupación del 

territorio acorde con sus potencialidades y limitaciones, las expectativas 

y aspiraciones de la población y los objetivos de desarrollo (Massiris 

Cabeza, 2002). Es importante considerar que, si se asume al OT como 

un instrumento posible de impulsar las inversiones públicas, promover 

las privadas y apoyar las sociales destinadas a mejorar la calidad de vida 

en las ciudades y otros asentamientos humanos, se debiera prestar consideración 

al ambiente en los asentamientos y sus alrededores, con el fin de 

resolver los problemas actuales y prevenir los que puedan surgir en el 

futuro (Montes Lira, 2001). Ante dichos contextos, es imprescindible 

cuestionar, cómo revertir los escenarios reales de las comunas desde las 

inversiones públicas y privadas en pos a un desarrollo local-regional. 

10 

Construcción social que representa el estilo de desarrollo de una sociedad, mediante las actividades 

que desarrolla la población sobre el medio físico y las interacciones que se producen entre ellas a 

través de los canales de relación que proporcionan la funcionalidad al sistema (Gómez Orea, 2015).


Existen senderos alternos de abordaje, sin embargo, primero es necesario 

identificar las potencialidades y limitaciones de los territorios (comunas) 

considerando también las realidades disímiles de las regiones de la provincia 

de Córdoba. Por ejemplo, se presentan los porcentajes de las necesidades 

urbanas a satisfacer en las comunas de la región Árida 11 (noroeste): agua 

potable (70%); construcción y/o refacción de edificios públicos (74%), en 

relación a las comunas de la región Llanura 12 (centro-este): agua potable 

(35%); construcción y/o refacción de edificios públicos (50%) (Área 

Infraestructura Regional del Ministerio de Gobierno de la provincia de 

Córdoba, próximamente). Ante el escenario planteado, es significativo 

replantear la vinculación entre el mundo académico y los sectores económicos 

y políticos ya que juegan un papel importante en el proceso de 

simbiosis entre ciencia y tecnología, creando las condiciones para que surja 

la innovación 13 en los territorios. 

Es necesario, por lo tanto, considerar al OT como un instrumento de 

planificación de desarrollo por medio del que se obtiene una calidad de vida 

armoniosa con la naturaleza y un compromiso intergeneracional desde 

una perspectiva holística, democrática, participativa que permita adecuar 

la organización político-administrativa y la proyección espacial de la 

política social, económica, ambiental y cultural (Ceballos, 2004). 

A partir de las aproximaciones y miradas seleccionadas desde diversas 

disciplinas, se rescata el abordaje holístico con el que los autores trabajan 

los territorios. En una posible síntesis de los enfoques o líneas de abordaje 

con las que se identifica cada autor, se puede afirmar que para Fals Borda 

(1986, 1996) y Bozzano (2009, 2014) el OT es un proceso experiencial 

orientado a la transformación, ocupación y utilización de los espacios 

geográficos en pos del desarrollo, poniendo en diálogo las perspectivas 

teórico-metodológicas, mientras que los autores restantes, Gómez Orea 

(1994, 2015), Massiris Cabeza (2002), Montes Lira (2001) y Ceballos 

(2004), trabajan aspectos técnicos y metodológicos con una visión más 

empirista. Resulta enriquecedor considerar y complementar ambos abordajes 

para fomentar procesos de motivación, transformación y desarrollo 

en los territorios. 

11 

La Región Árida está conformada por 53 comunas y 23 municipios. La superficie de dicha 

región es de 42.083 km2 (Dirección General de Catastro, 2019). 

12 

La Región Llanura está conformada por 52 comunas y 158 municipios. Su superficie es de 

83.561 km2 (Dirección General de Catastro, 2019). 

13 

Innovación: consiste en introducción de nuevas combinaciones de los recursos productivos, 

las cuales podían adoptar 5 formas básicas: introducción de un nuevo producto; introducción de un 

nuevo proceso; la apertura de un nuevo mercado; la conquista de nuevas fuentes de suministro de 

materias primas. Se lo relaciona a los impactos positivos en las distintas organizaciones, empresas, 

instituciones y a nivel territorial, dado que se lo vincula a la posibilidad de progresar (Neffa, 2000).


875 

Vale afirmar que el campo disciplinar del OT es abordado desde 

diversas perspectivas, brindando antecedentes e indicadores necesarios 

para el análisis del sistema territorial. Es relevante aquí destacar que, para 

trabajar en los territorios es necesario ante todo conocerlos, describirlos, 

explicarlos, encontrar sus qué, sus por qué y contar con la participación de 

los distintos actores. Esto se manifiesta, en algunas ocasiones, mediante 

mesas de trabajo organizadas por el Gobierno de la provincia de Córdoba, 

donde los jefes comunales comparten sus necesidades, problemáticas, 

experiencias y expectativas a alcanzar en sus territorios. Frente a estas 

dinámicas participativas se presentan enormes desafíos vinculados al 

mejoramiento de la calidad de vida, de la infraestructura, servicio y 

calidad ambiental; de la adopción de estrategias para el desarrollo, implicando 

impactos significativos la toma de decisiones de los gobiernos 

locales, provinciales y nacional, en materia de políticas públicas. 

A partir y considerando los argumentos planteados por los autores, se 

presenta un modelo conceptual propuesto (figura 2); modelo que, por 

supuesto, no agota todas las perspectivas que ofrece el objeto de estudio 

(OT) por lo cual puede ser aplicado a otros territorios con características 

divergentes e incluso, el modelo puede enriquecerse con la incorporación 

de otras categorías teóricas complementarias. Resume gráficamente, los 

niveles de jerarquía conceptual. En la cúspide se ubica el OT en función 

de su tradición y conceptualización teórica y epistemológica en el campo de 

estudio. En los vértices se sitúan las categorías de inteligencia territorial 

(IT) y perfil territorial (PT) con enfoques metodológicos y empíricos. 

Figura 2 

Modelo conceptual propuesto 

Fuente: elaboración propia.


En relación con lo manifiesto, podemos aportar a la definición del OT 

como un proceso de co-construcción de conocimiento y capacidades 

endógenas, considerando la arista ambiental, socioeconómica y políticoinstitucional, 

en articulación con el accionar de los actores, para lograr un 

desarrollo socioeconómico y armónico con el ambiente. Dicha definición 

refleja las categorías de PT e IT que serán desarrollados en el siguiente 

apartado. Invitándonos a conocer, describir, explicar el territorio, encontrar 

sus qué, sus porqués. De esta manera, existen mejores condiciones para 

intervenir, gestionar y contribuir a desarrollarlos y transformarlos, considerando 

sobre qué bases teóricas están cimentados. 

2. La inteligencia territorial y el perfil territorial como objetos de 

intervención y transformación en los escenarios comunales 

2.1. Inteligencia territorial 

Mientras buena parte de las perspectivas en OT continúan próximas a 

visiones tecnocráticas, discursivas y alejadas de los habitantes de cada 

territorio, la categoría de inteligencia territorial (IT) representa la construcción 

de una epistemología sin alejarse de visiones descriptivas, explicativas 

y de inclusión, para referirse a instancias propositivas y de 

transformación concreta. Girardot creador de la categoría de IT (Bozzano, 

et al., 2012) la define como un proyecto científico polidisciplinario que 

tiene por objeto el desarrollo sostenible y por sujeto a la comunidad 

territorial. Se basa en una visión sistémica del territorio, incluido un 

espacio geográfico, una comunidad, sus representaciones y sus comportamientos. 

Concede importancia al nivel local en una lógica interescalar, 

de lo local a lo global. Es una inteligencia colectiva que se basa, por un 

lado, en la interacción entre cada ser humano y su ambiente y, en segundo 

lugar, la relación entre las personas. También aparecieron otras definiciones 

enriqueciendo el concepto de IT. Masselot (cit. en Bozzano, 2013) la define 

como un proyecto científico compartido y co-construido entre actores e 

investigadores. Va en dirección del bienestar y del bien vivir de cada uno 

y de todos. En este proyecto, la cultura, la formación, la identidad, la 

transferencia y el patrimonio tienen gran importancia. Complementariamente, 

desde las ciencias de la información y la comunicación en el 

proceso (datos-información-acción) a partir de la observación, se estructura 

información, y se la gestiona, co-construyendo conocimientos y 

comunicaciones internas como externas para reforzar la relación territorial. 

Miedes (cit. en Bozzano, 2013) refiere a la IT como el enfoque de investigación-acción 

multidisciplinar, en el que intervienen investigadores y


877 

actores territoriales y que tiene básicamente dos objetivos: mejorar la 

comprensión de los factores que intervienen en el desarrollo sostenible y 

socialmente justo de los territorios y, sobre la base de esos conocimientos, 

incrementar la pertinencia, eficacia, eficiencia de las acciones y proyectos 

de los actores para lograr el buen vivir de sus habitantes en armonía con 

la naturaleza. 

A partir de las definiciones de los autores, entendemos que la IT es un 

medio para los investigadores y actores de la comunidad territorial de 

adquirir un mejor conocimiento del territorio y controlar su desarrollo. 

Siendo una herramienta útil para ayudar a dichos actores territoriales a 

proyectar, definir, diseñar y evaluar las políticas y las acciones del OT. En 

sentido de lo planteado se pretende que la IT, sea plasmada en la formulación 

de lineamientos de OT, impulsando las dinámicas de acción participativa. 

Ayudando a los actores locales (de cada comuna) a través de 

sus propios elementos culturales, de identidad étnica, experiencias comunitarias 

de desarrollo local y del saber ancestral para lograr un pleno 

conocimiento del territorio y, con ello, buscar cohesión social frente a los 

retos que implica el OT. 

En virtud de lo anterior, cabe señalar que la IT es conceptualizada 

mediante la metáfora de una mesa —figura 3—, en donde sus tres patas 

son referidas a los pilares de la regulación planteados por Max Weber 

(políticos, comunidades y empresarios) y la cuarta, refiere a los científicos 

y la justicia cognitiva inscriptos en el paradigma científico emergente De 

Sousa Santos (2009). La tabla de la mesa representa el ambiente y sus 

territorios, mientras que, la colocación de tortas sobre ella, simbolizan los 

Figura 3 

Metáfora de la inteligencia territorial 

Fuente: Bozzano et al. (2009: 12).


proyectos que eligen los colectivos tanto en macro y micro proyectos. En 

cada pata conviven cooperación y conflicto (Santos, 2000) justicias e 

injusticias (social, pública, cognitiva, y empresaria), mientras que en la 

tabla la justicia lucha con la injusticia ambiental; el combinado es el 

territorio y hace referencia a la justicia territorial y a las eternas injusticias 

territoriales. 

La IT supone el trabajo de seis ideas fuerzas afines y complementarias 

(Bozzano, 2014), que ponen el foco en seis aspectos, los que se exponen 

y articulan a continuación con la investigación: 

1) Decisión: la IT trabaja para que cada comunidad, siendo más 

conocedora y consciente de los problemas que tiene -a nivel local, 

regional y global- decida co-construir y definir con gobiernos, 

instituciones, empresarios y científicos un futuro con sus acciones 

y sus proyectos y pueda construir una locusglobalización (Bozzano, 

2009), vale decir, otra globalización: multicultural, biodiversa y más 

sobria. En articulación con las comunas, los 168 jefes comunales 

de la provincia de Córdoba son conocedores de las problemáticas 

y necesidades que emergen de sus territorios, ya que fueron manifestadas 

en los cuestionarios realizados por el Área Infraestructura 


(próximamente). Dichos cuestionarios determinaron en porcentajes 

las necesidades urbanas a satisfacer y problemáticas ambientales 

en las cuatro regiones (Árida, Medanosa, Serrana y Llanura). A 

modo de ejemplificar se presentan las necesidades urbanas y problemas 

ambientales de las comunas de la región Árida (gráficas 1 y 

2). Ante los resultados, se expresa un posible interés de contar con 

el asesoramiento de diversas áreas del ejecutivo, mediante mesas de 

trabajo, para la elaboración de proyectos que sean más integrales, 

multiculturales y que contemplen la biodiversidad. 

2) Agenda: trabajo en transición socio-ecológica y transformación para 

que cada territorio (objeto) sea posible, viable, factible y sustentable, 

y para que cada comunidad (sujeto) sea consciente y hacedora de 

su propio destino. Si bien esta idea es un insumo de valor para bajar 

las construcciones teóricas al territorio, no siempre se generan los 

espacios de diálogo con perspectiva colectiva, debido a los beneficios 

individuales de las organizaciones. Ante el escenario que nos encontramos 

surge la necesidad de un proceso de cambio más profundo 

en torno a la construcción de una visión compartida de interacción 

y confianza entre los actores participantes. 

Existen actualmente en la provincia de Córdoba mesas de 

trabajo donde interactúan técnicos-funcionarios del ejecutivo,


879 

Gráfica 1 

Región Árida, necesidades a satisfacer de las comunas 


de Gobierno de la provincia de Córdoba (próximamente). 

Gráfica 2 

Región Árida, problemáticas ambientales de las comunas 


de Gobierno de la provincia de Córdoba (próximamente).


intendentes y jefes comunales y donde se participó activamente 

como parte de la investigación doctoral. Cabe mencionar a dos 

localidades pertenecientes a la región Llanura donde se llevaron a 

cabo talleres de trabajo, en La Francia, departamento San Justo el 

19 de julio de 2018 y en Río Segundo, departamento homónimo, 

el 21 de agosto de 2018. Estos eventos si bien se organizaron en 

municipios, asistieron también jefes comunales, donde se reflejaron 

escenarios específicos y disímiles entre los municipios y las comunas. 

A continuación, se ejemplifica el caso de uno de los talleres. 

De un total de 38 localidades (municipios y comunas) que conforman 

el departamento San Justo, asistieron al taller realizado en 

La Francia, 25 autoridades locales, entre ellos 5 jefes comunales de 

Villa San Esteban, Colonia Valtelina, Colonia Anita, Colonia 

Iturraspe y Colonia San Pedro (fotografía 1). Los temas abordados 

fueron: necesidades urbanas y problemas ambientales, definición 

de usos de suelo, asesoramiento en la planificación urbana y ordenamiento 

territorial y delimitación de los radios municipales y 

comunales. En el encuentro se manifestó la carencia de información 

y asesoramiento por parte de las autoridades comunales en la definición 

de usos de suelo y en el ordenamiento territorial vinculados 

a sus comunas. Es relevante dar a conocer la preocupación comunicada 

por Ferrato (2018): 14 “considero importante trabajar en la 

Fotografía 1 

Jefa de División del Área Infraestructura Regional del Ministerio de 

Gobierno de la provincia de Córdoba, asesorando en el taller 

realizado en La Francia 

Fuente: fotografía de la autora (2018). 

14 

Jefe comunal de Villa Esteban.


881 

planificación urbana de mi comuna, pero no contamos con personas 

especialistas y tampoco con recursos económicos, hoy estamos en 

una situación complicada”. A dicho comentario agrega Chiocarello 

(2018): 15 “tienen que comenzar de a poco, con un plano de su 

comuna, identificando cada lugar y las actividades que se desarrollan… 

luego pensar en el crecimiento del pueblo… son ideas, 

aproximaciones como para ir arrancando. Es un trabajo que lleva 

su tiempo, no vas a obtener resultados de un día para el otro”. 

Cabe señalar que en estas mesas de trabajo- talleres organizadas 

por el gobierno provincial no participan actores privados, como 

así tampoco ciudadanos en general, ya que es una instancia de 

concreción de trabajo sólo del gobierno local. 

3) Proceso: la IT es un triple proceso simultáneo de transformación 

(lento, gradual y no exento de inercias y contradicciones) orientado 

a la co-construcción de personas, de ideas superficiales en proyectos 

viables y factibles, y de espacios globales en territorios multiculturales, 

biodiversos y sobrios. 

Este postulado se refleja en el proceso de OT, que requiere de 

tiempo cuyos resultados se obtienen a mediano y largo plazo. Y es 

aquí el quid de la cuestión, las autoridades comunales implementan 

actualmente políticas de gobierno y no de estado, lo que implica la 

discontinuidad de los trabajos llevados a cabo durante la gestión 

anterior. Otro punto de inflexión es la desarticulación entre lo teórico 

y lo fáctico, en algunos abordajes la visión técnica no es suficiente, 

requiriendo de aquellos que transcurren y caminan diariamente los 

territorios, conocedores de la transición histórica, cultural, económica, 

social y ambiental. Cuando consideramos estos aspectos utilizamos 

todo nuestro conocimiento tanto el tácito desarrollado a 

través de experiencias como el teórico que hemos adquirido, reflejándose 

de esta manera un abordaje teoricista y empirista. 

4) Tránsito: la IT es el tránsito de un proceso de construcción de 

conocimiento (formación, educación, capacitación, concientización, 

comunicación, difusión) a un proceso de construcción de un 

poder social conviviente con el poder político y empresario. Resulta 

necesario, por lo tanto, la capacitación y formación de los jefes 

comunales para que luego puedan transmitir a la población y se 

disponga de herramientas para alcanzar la justicia social y ambiental. 

En este aspecto es importante dejar de lado las ideologías 

partidistas para trabajar en la co-construcción del poder social 

15 

Intendente de La Varillas.


conviviente, lo que resulta ser una arista compleja en los escenarios 

reales de la provincia de Córdoba. 

5) Propósito: la IT trabaja para promover identidades multiculturales 

y biodiversas de la gente y de sus lugares. En las mesas de trabajo 

realizadas en las comunas se manifiestan las expectativas, anhelos 

de los integrantes de cada territorio, reflejando los propósitos a nivel 

local-regional (Crissi Aloranti, 2019). Es simbólico trabajar con las 

percepciones territoriales y deseos de las personas ya que es el 

comienzo de la motivación y la acción, lo que puede resultar con 

el tiempo en una transformación. 

6) Proyecto científico: la IT es un proyecto científico en desarrollo 

que pone el énfasis en una caja de herramientas de métodos y 

técnicas para hacer proyectos concretos que combinan las bases 

teóricas, metodológicas y aplicadas. La investigación apunta a 

sentar dichas bases para el abordaje de los lineamientos de OT con 

IT 16 de las comunas a escala regional en la provincia de Córdoba, 

contando con la participación de distintos actores sociales, aportes 

científicos, trabajos de campo y de gabinete. Los resultados obtenidos 

implican que una comuna al momento de trabajar en su 

ordenamiento territorial pueda disponer de los lineamientos a nivel 

regional (Crissi Aloranti, 2019). 

Con respecto a las referencias acerca de la IT, nos replanteamos la 

aplicación de dicha categoría, tal como se la define, en los territorios 

comunales, dado que los talleres llevados a cabo por el gobierno provincial 

excluyen a actores sociales representantes de sectores significativos (académico-científico; 

empresarial, ONGs, asociaciones civiles, etc.). 

Esto conlleva a repensar la IT como un proceso dinámico de construcción 

colectiva que brinda saberes, conocimientos y herramientas 

para abordar el OT a través de la acción participativa, en la que se establecen 

actividades con los actores locales que permiten la apropiación y 

elaboración de información pertinente para la sostenibilidad territorial. 

Dicho proceso se sustenta en la IAP —Investigación-Acción-Participativa— 

(Fals Borda, 1986), considerada una herramienta valiosa de 

transformación de conciencia y accionar en los actores involucrados, que 

nos invita a plantearnos ciertos interrogantes: “¿qué territorio; qué 

sociedad y qué transformación estamos en condiciones de contribuir a 

promover y poner en hechos desde el ordenamiento territorial?” (Bozzano, 

2014: 185). Las respuestas pueden presentar distintos matices 

16 

Cabe aclarar que para la construcción de los lineamientos de OT no se abordó la IT, tal como 

se define, debido a la magnitud de las unidades de estudio, pero las acciones propuestas invitan a 

que las comunas trabajen el OT en clave a la IT, fomentando dicho proceso.


883 

según las visiones (alimentadas por intereses individuales-colectivos) de 

los actores involucrados, por tal motivo, reforzamos nuestro aporte 

aludiendo que la IT es un proceso de construcción colectiva del día a 

día, lo que conlleva a que en algunos territorios se pueda manifestar con 

mayor esplendor que en otros según la conciencia y el compromiso de 

la comunidad. Por lo tanto, un OT con IT debiera partir de un mejoramiento 

en el diálogo entre teorías territoriales, sociales y de la transformación, 

donde entren en juego los lugares, procesos y actores, siendo 

insumos que pueden aportar a la construcción del análisis de los perfiles 

territoriales. 

2.2. Perfil territorial 

En lo que respecta a la contribución teórica, una reciente categoría de 

escaso estudio en el campo disciplinar del OT es el de perfil territorial 

(PT) el cual refleja el análisis de un enfoque sistémico considerando las 

diversas aristas (económica, social, ambiental y político-institucional) del 

territorio, lo que permite identificar el motor de desarrollo local y regional. 

El PT se entiende, desde la perspectiva teórica y epistemológica de la 

IT, como una categoría posible de ser aplicada como objeto de intervención 

y transformación en el OT de las comunas a escala regional. Lo que 

refleja una fase teórica-empírica referida al diagnóstico, la descripción, 

explicación e interpretación de los PT de las 4 regiones (Árida, Serrana, 

Llanura y Medanosa) que en clave de IT permita formular los lineamientos 

de OT. 

El abordaje del PT invita a una reflexión del territorio que conlleva a 

cuestionarnos: ¿qué hay?, ¿qué no hay?, ¿con qué recursos se cuenta para 

promover el desarrollo y con cuáles no?, ¿cuáles son las necesidades/ 

problemas y las expectativas de los habitantes?, ¿qué objetivos tiene la 

autoridad comunal? Arroyo (2009) plantea que una comunidad o territorio 

puede promover el desarrollo local en la medida en que tenga un 

perfil, un motor del desarrollo que genere el crecimiento económico del 

lugar con distribución del ingreso o con mejoras de las condiciones sociales. 

Lo que permite identificar hacia dónde va un territorio. Identificar el 

perfil de una localidad es una posibilidad para abordar el desarrollo territorial. 

En Argentina, actualmente, las localidades están divididas en tres 

categorías de acuerdo a su perfil de desarrollo (Arroyo, 2009): 

• Definido: cuyo motor de desarrollo no varió con el tiempo. Ejemplos 

de comunas en la provincia de Córdoba: La Cumbrecita, 17 

17 

Según la regionalización del Área Infraestructura Regional del Ministerio de Gobierno de la 

provincia de Córdoba (próximamente) se ubica en la región Serrana.


departamento Calamuchita (perfil turístico); Aldea Santa María, 18 

departamento Unión (perfil agrícola). Ante estos ejemplos, sí se 

puede discutir cómo organizar mejor las actividades, pero la discusión 

no se plantea hacia dónde van estas comunas, ya que el perfil 

está históricamente definido. 

• En crisis: donde es posible una crisis abrupta (lo que promovió el 

desarrollo y el crecimiento de ese lugar hoy ya no lo genera) o una 

crisis paulatina (lo que promovió el desarrollo y crecimiento del 

lugar declina lentamente). Ejemplo de comunas: Pampayasta 

Norte, 19 departamento Tercero Arriba (actividad tambera); El 

Chacho, 20 departamento Minas (actividad minera). 

• No definido: no se han definido la o las actividades que promueven 

el desarrollo. Por ejemplo, las comunas de Rayo Cortado, departamento 

Río Seco, y Copacabana, departamento Ischilín, ambas 

comunas pertenecen a la región Árida. 

Todo territorio tiene un perfil, lo que interesa es saber si tiene un 

perfil definido o no para el desarrollo local. Arroyo (2009) alude que, este 

concepto no sólo está definido por lo que hay en ese territorio o por lo 

que se podría hacer en él, sino, además, por la viabilidad económica de 

lo que se propone y por los que viven, cómo viven y qué expectativas 

tienen. Este enfoque, presenta como eje transversal la arista económica, 

considerándola como primer elemento en el abordaje del desarrollo territorial, 

ya que permite identificar hacia dónde va el territorio y así descubrir 

su motor de desarrollo. 21 

Sin embargo, existen otras perspectivas de abordaje del PT desde un 

enfoque multidimensional (socio-cultural, económico-productivo, político-institucional 

y ambiental) a partir de la identificación de variables y 

criterios de equidad, sostenibilidad, competitividad y gobernabilidad, que 

permiten comprender la realidad más allá de la arista económica, donde 

se articulan diversos enfoques, considerando como punto de partida el 

análisis del sistema territorial desde la complejidad (Muñoz Wilches, 2012; 

PNUD, 2014). De esta manera, abordamos el concepto de PT mediante 

la metáfora de un árbol (figura 4) (Crissi Aloranti, 2019). Lo que refleja la 

18 

Corresponde a la región Llanura (Área Infraestructura Regional del Ministerio de Gobierno 

de la provincia de Córdoba, próximamente). 

19 

Pertenece a la región Llanura (Área Infraestructura Regional del Ministerio de Gobierno de 

la provincia de Córdoba, próximamente). 

20 

Conforma la región Árida (Área Infraestructura Regional del Ministerio de Gobierno de la 

provincia de Córdoba, próximamente). 

21 

Proceso de crecimiento y cambio estructural que, mediante la utilización del potencial endógeno 

existente en el territorio, conduce a elevar el bienestar de la población de una localidad o una 

región (Vázquez Barquero, 2000).


885 

Figura 4 

Árbol del perfil territorial 

Fuente: elaboración propia. 

integración de los subsistemas (ambiental, socioeconómico y político-institucional), 

cuyas funcionalidades y dinámicas le brindan la estructura al 

sistema territorial local-regional. Desde esta visión holística se identifican 

las potencialidades, problemas y recursos de los subsistemas mencionados, 

correspondientes a las comunas que conforman las regiones. La copa del 

árbol representa las potencialidades; el tronco los problemas y dificultades; 

las raíces los recursos y fundamentos, que son los que sustentan el potencial 

urbano-ambiental de las comunas de la región. Los lineamientos de OT y 

sus acciones se desprenden de las hojas, los que necesitan de una estructura 

para definirse y ejecutarse. 

Por ello, en la investigación doctoral, se trabaja con las regiones para 

definir el PT regional, identificando las variables correspondientes a las 

dimensiones detalladas a continuación: 

• Socio-económica: fechas de creación de las comunas; líneas ferroviarias 

que las atraviesan; cantidad de habitantes según los censos 

(Nacional y Provincial) de los años 1991-2001-2008-2010 y su


variación intercensal; índice de coparticipación; principales actividades 

económicas; necesidades urbanas (equipamiento, infraestructura, 

servicios); identificación y caracterización de los usos de 

suelo que forman la matriz de actividades económicas y paisaje de 

una comuna, constituyendo un insumo fundamental para el OT. 

• Ambiental: clima; relieve; flora; fauna; hidrografía; áreas naturales 

protegidas; problemáticas ambientales (basurales a cielo abierto, 

incendios, contaminación de espejos de agua, etc). 

• Política-institucional: participación ciudadana en los procesos democráticos 

de toma de decisiones; capacidades de autogestión; normativas 

relacionadas al OT; delimitación de la jurisdicción territorial 

(radio comunal), programas de financiamientos otorgados por 

diferentes organismos (internacional, nacional, provincial). 

Luego del trabajo de campo y de la revisión de documentos, se realiza 

un análisis, diagnóstico e interpretación de los subsistemas 22 que conforman 

la categoría de PT de las 4 regiones propuestas por el Área Infraestructura 


(próximamente). Dicha categoría se constituye en una herramienta para 

diseñar los lineamientos de OT de las comunas a escala regional. 

Conclusiones 

A partir de las concepciones teóricas desarrolladas y la información relevada 

en las comunas de la provincia de Córdoba, se considera que es factible 

generar transformaciones concretas a nivel local y regional implementando 

instrumentos endógenos tales como: la participación ciudadana, el desarrollo 

de las organizaciones, el fortalecimiento de las instituciones, la utilización 

de recursos locales, entre otros, lo que constituye uno de los 

principales potenciales del desarrollo local, ya que son los recursos con 

los que cuenta cada territorio. Sin embargo, el desafío se presenta la 

mayoría de las veces en la imposibilidad de concretar tales expectativas 

debido a la escasez de profesionales vinculados en la temática, escasa 

motivación, reducidos salarios, intereses opuestos, disputas por el ejercicio 

de poder, falta de cooperación entre las autoridades competentes en 

la temática, ausencia de planificación territorial, entre otros aspectos. A 

modo de ejemplo podemos referenciar las dinámicas económicas y sociales 

que inciden en el uso y la ocupación de los territorios, las que no se 

ajustan a las condiciones del entorno natural-social y amenazan con la 

22 

Identificando las potencialidades y problemas.


887 

sostenibilidad del desarrollo. Este contexto ratifica la importancia de profundizar 

en las herramientas necesarias para ordenar los territorios, permitiendo 

una lectura clara y pertinente de cómo abordar las especificidades 

locales, propias de las dinámicas de cada territorio. Es allí, donde prevalece 

el modelo conceptual de abordaje del OT en el que se refleja la articulación 

de las categorías de PT e IT permitiendo diagnosticar los problemas y 

capacidades endógenas de los territorios, en articulación con el accionar 

de los actores, para lograr un desarrollo socioeconómico y armónico con 

el ambiente. El reconocimiento de los PT desde el abordaje exhaustivo 

de las dimensiones (ambiental, socioeconómica y político-institucional) 

permite interpretar el rol o motor de desarrollo de las regiones impulsando 

a la investigación acción participativa (Fals Borda, 1986) en las comunas. 

Como así también, poner en agenda de discusión la importancia de considerar 

en el OT variables de índole cualitativa y cuantitativa que muchas 

veces no son consideradas por las metodologías más consagradas en el 

campo y fundamentar en base a un sólido conocimiento, la proposición 

de lineamientos de OT. De esta manera, se ofrece una alternativa que 

responde al objeto de estudio, para comprender cómo se está dando el 

fenómeno de la conformación de los territorios comunales desde un 

enfoque sistémico-holístico. Para ello, es relevante disponer de lectura, 

análisis e interpretación bibliográfica; efectuar mapeos de usos del suelo; 

ejecutar relevamientos y análisis históricos de las localidades; indagar las 

noticias en medios de comunicación heterogéneos (locales y regionales); 

realizar entrevistas y/o implementar encuestas a diferentes actores sociales; 

desarrollar mesas de trabajo a través de talleres y jornadas. En este último 

punto es donde emerge, con relevancia, la IT, contando con la participación 

e involucramiento de los actores sociales. Reflejándose los conocimientos 

tácitos de los actores desarrollados a través de sus experiencias, como así 

también, el conocimiento pragmático adquirido, logrando combinar la 

reflexión y la acción en los procesos de transformación territorial de las 

comunas. 

La implementación de estas herramientas en los escenarios comunales, 

es un proceso que requiere de la impronta del sistema institucional local 

(en cuanto a la habilidad para la gestión de recursos económicos, la concertación 

público-privado, la flexibilidad para atender las necesidades y 

problemas, así como para la elaboración de políticas públicas pertinentes y 

funcionales) acompañada del funcionamiento de la sociedad que, a partir 

de ciertas demandas, ocasionan movilización de imaginarios sociales con la 

finalidad de retribuir a la mejora de la calidad de vida de los habitantes. 

Ante el escenario planteado surge la necesidad de un proceso de cambio 

más profundo en torno a la construcción de una visión compartida 

de interacción y confianza entre los actores participantes.


De esta manera, y considerando que su componente estable es el 

cambio continuo, queda abierto el camino para el desarrollo de una gestión 

pública cada vez más participativa e innovadora. Cuyo desafío sea 

construir espacios de integración y de diálogo en relación al ambiente, 

lugares, problemáticas, siendo sus actores y la gobernanza intérpretes de 

las necesidades de las poblaciones. Pero también, un lugar donde el quehacer 

científico social progrese colectivamente con el aporte de todos. 


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Recibido: 20 de agosto de 2020. 



Vanesa Crissi Aloranti. Doctora en Desarrollo Territorial por la 

Universidad Nacional de Río Cuarto, Argentina y Postdoctorante de 

la Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional de Córdoba 

y del Centro de Investigaciones y Estudios sobre Cultura y Sociedad 

(CIECS), Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas 

(CONICET), Argentina. Profesora e investigadora de la Universidad 

Siglo 21. Su línea de investigación actual es el “Ordenamiento territorial 

para los gobiernos locales de la provincia de Córdoba desde 

metodologías participativas”. Entre sus más recientes publicaciones se 

destacan: como autora, “Perspectiva de abordaje en el desarrollo territorial: 

la región Llanura (Córdoba, Argentina)”, Revista pensum, 6 (6), 

Córdoba, Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño/Universidad 

Nacional de Córdoba, pp. 1-20 (2020); como coautora en, “Desarrollo 

sustentable: “Obispo Trejo florece”- Registro de actividad”, Nexo Agropecuario, 

8 (2), Córdoba, Universidad Nacional de Córdoba, pp. 126-136 

(2020); y “El envejecimiento poblacional como componente del ordenamiento 

territorial en la provincia de Córdoba, Argentina”, InterSedes, 19 

(39), San Pedro, Universidad de Costa Rica, pp. 43-61 (2018).




La vulnerabilidad social en México: 

distribución espacial por sección 

electoral 

893 

Social vulnerability in Mexico: spatial 

distribution by electoral section 

Edel Cadena-Vargas* 

Abstract 

The objectives of this work were 1) to construct a detailed scale social vulnerability 

index, 2) to discover the existing spatial patterns, 3) to determine their distribution 

and spatial association, and 4) to identify the clusters of this indicator of social inequality. 

The 2010 population census was used, which is the latest available. Usual techniques 

of conventional statistics and spatial statistics were applied. The results obtained suggest 

that there is a process of socio-spatial segregation which is related to migratory 

flows, economic informality, concentration of indigenous population, and distance 

from large urban centers with greater economic activity. 

Keywords: social vulnerability, multidimensional indexes, spatial analysis, cluster 

analysis. 

Resumen 

Esta investigación tuvo los siguientes objetivos: 1) construir un índice de vulnerabilidad 

social a escala detallada, 2) descubrir los patrones espaciales existentes, 

3) determinar su distribución y asociación espacial y 4) identificar los clústeres de 

este indicador de desigualdad social. Se utilizó el censo de población de 2010. Se 

aplicaron las técnicas usuales de estadística convencional y estadística espacial. Los 

resultados obtenidos sugirieron que hay un proceso de segregación socioespacial 

y se relaciona con los flujos migratorios, informalidad económica, concentración 

de población indígena, y lejanía de los grandes centros urbanos de mayor actividad 

económica. 

Palabras clave: vulnerabilidad social, índices multidimensionales, análisis espacial, 

análisis de clúster. 

* Facultad de Geografía, Universidad Autónoma del Estado de México, correo-e: edelcadena@ 

yahoo.com.mx

894 E. Cadena-Vargas: La vulnerabilidad social en México: distribución espacial por… 

Introducción 

Desde su nacimiento, las Ciencias Sociales se han preocupado por el 

estudio de la desigualdad dado su impacto social e individual e, incluso, 

su repercusión política; por ello, existen múltiples métodos y técnicas 

parar medirla (Represa et al., 2018), desde las que utilizan un solo factor, 

como ingreso por ejemplo, hasta las multidimensionales que sintetizan 

un cierto número de indicadores en uno solo (marginación, desarrollo 

humano, bienestar o rezago social). A la vez, los métodos multidimensionales 

aplican diversas técnicas de cálculo y estratificación para su mejor 

comprensión (Ávila Vera y Picazzo Palencia, 2018; Montoya Arce y 

Martínez Espinosa, 2018). 

De las categorías referidas a la desigualdad social, en los últimos años 

ha cobrado especial importancia la de vulnerabilidad social, fenómeno 

que agrupa un conjunto de dimensiones de la vida humana y de la cual 

no hay un consenso generalizado. 

En este sentido, e independientemente de que el enfoque de vulnerabilidad 

continúe en construcción teórica […] [es] utilizada para describir la exposición 

a los riesgos y su gestión, es decir, se identifican elementos como la falta de capacidades 

en los individuos lo cual provoca inseguridades, incertidumbre, así como 

inadecuadas estrategias desplegadas por comunidades, familias, personas u hogares 

para salir de esta zona (Ramos Ojeda, 2019: 23). 

Por ello, los objetivos planteados en esta investigación fueron 1) construir 

un índice de vulnerabilidad social (IVS), a escala detallada; 2) descubrir 

los patrones espaciales de este fenómeno; 3) determinar la distribución 

y asociación espacial del IVS y sus componentes y 4) identificar los 

clústeres resultantes de este indicador de desigualdad social. 

Esta investigación integra una revisión de la literatura especializada, 

primero de vulnerabilidad en general, luego, con enfoque particular en la 

vulnerabilidad social; en la segunda parte se describe paso a paso la metodología 

usada, se incluye la definición propia de esta categoría, las fuentes 

de datos, los métodos de cálculo y el software utilizado. Le siguen los resultados 

–del índice y sus componentes– así como de lo que arrojaron las 

técnicas de análisis espacial usadas. Por último, hay un apartado de conclusiones 

en el que se reflexiona acerca de los alcances y límites del trabajo, así 

como de las posibles hipótesis que se derivan de estos.


895 

1. La vulnerabilidad social, una categoría en construcción 

Al principio, la vulnerabilidad era una categoría referida primordialmente a 

la susceptibilidad o propensión a sufrir daños por fenómenos naturales o 

ambientales (huracanes, terremotos, inundaciones, sequías, cambio climático, 

entre otros) (PNUD, 2014). Por ello, se privilegiaba la localización y análisis 

de lugares o zonas que presentaban dicha característica. Con el tiempo, 

las diferentes áreas de conocimiento adjetivaron la categoría con aquellos 

aspectos propios de su interés y, por ello, se diversificó su conceptualización: 

no se puede plantear la vulnerabilidad en general, sino el concepto debe estar 

siempre acompañado con la pregunta, ¿vulnerable a qué? Es decir, la vulnerabilidad, 

al contrario de la pobreza, se construye y manifiesta en el contexto de una amenaza 

real. Este planteamiento lleva a una conclusión importante, relativa a que las personas 

serán vulnerables en diferentes grados a diferenciadas amenazas (Arreguin et 

al., 2015: 12). 

En este contexto, ha habido un crecimiento significativo de trabajos que 

abordan la vulnerabilidad social desde diferentes perspectivas y enfoques, 

por un lado están las reflexiones teórico metodológicas, cuya finalidad es 

entender la categoría y determinar las dimensiones que la integran (Ramos 

Ojeda, 2019; Vite Pérez, 2018 y Montoya Arce y Martínez Espinosa, 2018); 

por el otro, están los diseños de IVS en distintas áreas y disciplinas orientadas 

al análisis estadístico y espacial, que utilizan variados métodos, niveles 

de desagregación y fuentes de datos. 

En Colombia, se diseñó un índice exclusivo para los jóvenes de 15 a 

24 años de la ciudad de Medellín, se utilizó el método de análisis factorial 

con datos de 8 mil 406 personas, a través del método Análisis de Componentes 

Principales ACP (Hernández et al., 2018). También hay un IVS 

a nivel nacional para las nueve regiones que ahí existen, hecho a través de 

regresiones logísticas para 32 preguntas de la Encuesta Nacional de Calidad 

de Vida de ese país (Fajardo et al., 2016). 

A través del análisis espacial, Durán Gil construyó un índice de vulnerabilidad 

total, dentro del cual está incluido uno social para la totalidad de 

los municipios de Colombia. Determinó regiones de vulnerabilidad con 

24 indicadores de las dimensiones social, económica, física y ambiental 

(Durán Gil, 2017). 

En Argentina se diseñó un IVS para todo el país con los más de 51 

mil radios censales y 19 variables a través del método ACP (Represa et al., 

2018). Por su parte Mastrandrea y Ángeles (2020) diseñaron un IVS para 

los radios censales de la ciudad de Bahía Blanca, con 17 variables en escala 

0 a 100, convertidas a ráster y, con superposición de mapas, clasificados 

en cinco grupos por intervalos iguales.


En España se analizó la vulnerabilidad social de los barrios de la ciudad 

de Santa Cruz de Tenerife, en las Islas Canarias, a través de tres variables, 

contrastadas con las tasas de desalojo inmobiliario de 2008 a 2011 (García- 

Hernández y Ginés-De la Nuez, 2020). Para Chile, se trabajó un IVS para 

los desplazados por el tsunami en la ciudad de Dichato, a través de 179 

encuestas procesadas por el método de análisis factorial de correspondencias 

(Muñoz-Vera y Rojas-Hernández, 2018). 

En Estados Unidos el condado de Cook, donde está la ciudad de Chicago, 

utilizó un IVS por distrito censal con 15 factores sociales; se encuentra 

disponible en una página web donde se pueden también descargar los 

resultados (ATSDR, 2018). 

En México se elaboró un IVS para los 2,456 municipios con siete 

variables censales y de otras fuentes de 2010 a través del método ACP 

(Ávila Vera y Picazzo Palencia, 2018); de la misma forma, Granados 

Martínez (2017) calculó un IVS desagregado por género con 16 indicadores 

para 2,440 municipios a través del método ACP. 

El gobierno federal también diseñó un IVS, utilizando cinco dimensiones 

aplicadas a los 32 estados con fuentes de Inegi y Coneval de 2015 

(DIF, 2017). Otro IVS es el de Arreguín et al. (2015) con 15 indicadores 

de los 2,456 municipios, con un método de clasificación de porcentajes 

obtenidos en cinco grupos, después combinados. La fuente fue el censo 

de 2010 y datos del Conapo del mismo año. Para Ciudad Juárez se diseñó 

un IVS con seis indicadores, utilizando el método ACP, se aplicaron técnicas 

de análisis espacial a nivel de Área Geoestadística Básica con base al 

censo de 2010 a ese nivel de desagregación (Medina et al., 2019). Uno más 

son los niveles de vulnerabilidad social de García Castro y Villerías Salinas 

(2016) calculados por AGEB con el método de tipificación probabilística. 

En suma, la literatura reciente al respecto sugiere que no hay un consenso 

generalizado acerca de los componentes de la vulnerabilidad social; su 

operacionalización en indicadores depende del interés de cada área. Tampoco 

son comunes las variables usadas ni los métodos de cálculo, aunque son 

más frecuentes los métodos estadísticos, incluso los derivados del análisis 

espacial. Los niveles de desagregación que se usan son distintos, ya que el 

menor es la mazana y el mayor son los estados o departamentos, incluyendo 

los radios censales, barrios y áreas geoestadísticas básicas. 


Las siguientes son características que, en nuestra opinión, determinan la 

vulnerabilidad en la época moderna, en un país como México:


897 

1. Falta de acceso a la salud, ya que en este país no existe un sistema 

de salud universal; 2. Ser adulto mayor, por la disminución de las capacidades 

físicas y mentales que implica ese grupo de edad; 3. Tener alguna 

discapacidad en una sociedad que discrimina y segrega a los que poseen 

capacidades diferentes; 4. No contar con escolaridad alguna –ya sea 

jóvenes o adultos– en un entorno económico que lo requiere; 5. Ser niño 

o joven sin asistir a la escuela, ya que a la larga se cerrará el acceso a una 

ocupación mejor remunerada y la salud; 6. No tener un empleo que 

proporcione los ingresos necesarios para la subsistencia digna; 7. Ser 

indígena y hablar un idioma dominante diferente en una sociedad donde 

persiste la discriminación; 8. Ser migrante, nacional o extranjero, en un 

entorno que discrimina, acosa y segrega a los que nacieron fuera del lugar 

donde decidieron vivir; 9. No ser católico en una sociedad donde la 

mayoría profesa dicha religión; 10. Ser mujer jefa de familia porque “los 

hogares con jefatura femenina representaron un porcentaje menor al de 

aquellos jefaturados por varones. Sin embargo, sus características las 

colocan en mayor vulnerabilidad” (Rodríguez de Jesús y Pérez Baleón, 

2020: 336). 

Todas estas características conforman las dimensiones de capacidades 

(características 1, 2 y 3), oportunidades (4, 5 y 6) y estigmatización social 

(7, 8, 9 y 10); para construir el índice de vulnerabilidad social IVS, una 

vez establecidos los aspectos que integran este fenómeno en países como 

México, se construyeron los indicadores necesarios a través del Censo de 

Población y Vivienda por sección electoral (Inegi-IFE, 2010). Se calculó 

un índice de capacidades, otro de oportunidades y uno de estigmatización 

social para después combinarlos en el IVS. En todos los casos se utilizó 

el método de componentes principales (ecuación 1). 

(1) 

Donde Y i1 

es el valor de la unidad de análisis i en la primera componente 

principal estandarizada, C j 

es el ponderador del indicador j para 

determinar la primera componente principal estandarizada, Z ij 

es el 

indicador estandarizado j de la unidad de análisis “i”, e IVS i 

es el valor 

del índice de vulnerabilidad social de la unidad de análisis “i”. 

Por otra parte, las tres dimensiones y el IVS se clasificaron en cinco 

grados (muy alto, alto, medio, bajo y muy bajo) a través del método de 

Dalenius y Hodges, también conocido como “Estratificación Óptima”, 

de acuerdo al siguiente procedimiento:


1) Se calcula el número de intervalos adecuados en que se divide el 

índice, a través del entero resultante del logaritmo base 10 del número 

total de casos contenidos en el índice. 

2) Calculado el rango del índice, se divide en el número de intervalos 

resultante. 

3) Se calcula el número de casos que caen dentro de cada intervalo. 

4) Se obtiene la raíz cuadrada del número de casos en cada intervalo 

y se acumula consecutivamente. 

5) La raíz cuadrada acumulada del último intervalo se divide entre el 

número de estratos a obtener. El primer estrato es la cantidad 

obtenida, el segundo el doble, el tercero el triple y así, hasta el 

último estrato. 

6) El límite máximo de cada estrato corresponderá al valor más cercano 

en la columna de raíces cuadradas acumuladas y su respectivo rango 

en los intervalos del índice. 

7) Se asigna el estrato correspondiente a cada uno de los casos en su 

respectivo estrato. 

Para determinar la asociación espacial del IVS se utilizó el Índice de 

Autocorrelación Global de Moran (ecuación 2). 

(2) 

Donde y i 

es el valor de la variable o atributo en cada unidad espacial 

analizada “i”; y j 

es el valor de la variable o atributo en cada unidad espacial 

vecina “j”; w ij 

es la proximidad entre las unidades espaciales “i” y “j” 

(llamada también “matriz de pesos espaciales”) y que puede ser estimada 

a partir de la localización absoluta (medida mediante distancias entre 

unidades espaciales) o relativa (establecida a partir de criterios de vecindad); 

n es el número de unidades espaciales. 

La cartografía usada corresponde a 2010 y contiene los polígonos de 

68 mil 340 secciones electorales, que son las vigentes en la fecha de referencia. 

El software utilizado fue IBM SPSS 23.0 (IBM, 2017) y Microsoft 

Excel 2013, Geoda 1.14 (Anselin, 2017) y Arc Gis Desktop 10.3 (ESRI, 

2014).


899 

3. Resultados 

De los componentes de la vulnerabilidad social, el que presenta mayor 

impacto en el país es la desocupación, en virtud de que más de la tercera 

parte de las secciones electorales, 35.8%, tienen un grado alto y muy alto 

de personas en esa condición. Le siguen los niños y jóvenes que no asisten 

a la escuela, 31.3% de las secciones, y hogares con jefatura femenina 29.0 

por ciento. 

En contraste, donde hay una menor concentración de secciones en 

los grados alto y muy alto, es en personas que tienen alguna discapacidad, 

hablantes de lengua indígena y personas de 15 años y más sin 

escolaridad, ya que van de 11.8 a 13.8% del total nacional de secciones 

electorales. La vulnerabilidad social alta y muy alta, en cambio, se presenta 

en poco más de la quinta parte de las secciones electorales, 22.2% 

(tabla 1). 

Tabla 1 

Grado de vulnerabilidad social y sus componentes por sección 

electoral en México 2010 

Muy 

bajo 

Bajo Medio Alto Muy 

alto 

Porcentaje de secciones electorales 

Personas desocupadas 12.3 23.3 28.7 19.2 16.6 

Niños y jóvenes que no asisten a 

la escuela 

8.4 25.3 34.9 26.5 4.9 

Hogares con jefatura femenina 19.4 24.5 27.0 26.2 2.8 

Personas sin derechohabiencia a 

algún servicio de salud 

11.6 34.3 29.8 17.8 6.4 

Población no católica 20.2 43.4 16.3 15.4 4.6 

Adultos mayores de 60 años y más 30.2 30.9 20.6 10.6 7.8 

Personas con alguna discapacidad 21.5 43.8 20.9 11.1 2.7 

Personas de 15 años y más sin 

escolaridad 

Hablantes de lengua indígena de 

tres años y más 

50.3 25.2 12.1 9.3 3.2 

64.7 20.1 3.4 1.6 10.2 

Vulnerabilidad social 17.1 33.9 26.8 16.1 6.1 

Fuente: elaboración propia con base en Inegi-IFE (2010).


Analizada la distribución del primer componente, destaca que, en 

adultos mayores, los estados de Nuevo León, Zacatecas, Sinaloa, Sonora 

y San Luis Potosí tienen entre 26.3 y 35.9% de sus secciones electorales 

con grados alto y muy alto de personas en esa condición. Caso contrario, 

en los estados de Baja California, Querétaro, Campeche, Estado de 

México, Tlaxcala, Chiapas, Tabasco, y Quintana Roo hay menos de 10% 

de las secciones con esos grados. 

Espacialmente, destaca la existencia de varios corredores donde se 

concentran más los adultos mayores. El primero va desde el norte de 

Jalisco hasta la frontera de Sonora y Estados Unidos; el segundo es desde el 

estado de Hidalgo hasta la frontera con Estados Unidos, Tamaulipas y 

Nuevo León, el tercero va desde Oaxaca hasta Puebla (mapa 1). 

Mapa 1 

Grado de concentración de adultos mayores por sección electoral 

en México 

Fuente: elaboración propia con base en Inegi-IFE (2010) 

Referente a la discapacidad, en Zacatecas, Durango, Oaxaca, Yucatán, 

San Luis Potosí, Michoacán, Colima y Coahuila, de 20.2 a 33.6% de sus 

secciones electorales tienen un grado alto y muy alto de personas con 

algún tipo de discapacidad; en contraste, en Morelos, Querétaro, Tabasco, 

Ciudad de México, Baja California, Estado de México, Quintana Roo, 

Tlaxcala y Chiapas, menos de 10% de sus secciones electorales presentan


901 

un grado muy alto o alto de personas en esa condición. Resalta el caso de 

Chiapas, donde solo 2.0% de las secciones tiene esa característica. 

En este aspecto, destaca que hay zonas muy localizadas de discapacidad, 

particularmente en el norte de Durango, norte de Jalisco y sur de Zacatecas, 

así como el área entre Oaxaca y Puebla y algunas zonas de Nuevo 

León (mapa 2). 

Mapa 2 

Grado de concentración de personas con alguna discapacidad 

por sección electoral en México, 2010 

Fuente: elaboración propia con base en Inegi-IFE (2010). 

Otro indicador de vital importancia es el derecho a algún servicio de 

salud, pues no solo es la propia falta del servicio sino que además tiene 

gran impacto en las finanzas de cualquier familia. En este sentido resalta 

que en Puebla, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Chiapas, Estado de México 

y Veracruz, entre 44.1 y 64.6% de las secciones electorales tienen un grado 

alto y muy alto de personas que no gozan de ese servicio; por el contrario, 

en Querétaro, Baja California Sur, Nuevo León, Aguascalientes y Colima, 

menos de 2.0% de sus secciones están en esta circunstancia. 

Territorialmente se percibe que la mayor parte del sur sureste del 

país, excepción hecha de la península de Yucatán, presenta gran concentración 

de secciones con esta carencia. También destaca que en el centro 

y norte del país se percibe menos, excepción hecha del corredor que se forma 

desde el norte de Jalisco y hasta Sonora (mapa 3).


Mapa 3 

Grado de concentración de personas sin servicio de salud 



En materia educativa, en los estados de Chiapas, Guerrero, Oaxaca, 

Michoacán, Hidalgo, Guanajuato, Puebla y San Luis Potosí, entre 20.5 

y 48.2% de sus secciones electorales tienen grados alto y muy alto de 

personas mayores de 15 años sin escolaridad alguna. En cambio, Tlaxcala, 

Sonora, Nuevo León, Coahuila, Baja California, Ciudad de México y 

Aguascalientes, menos de 2.0% de sus secciones están en la misma condición, 

destaca el caso de esta última entidad federativa donde solo 0.2% 

de sus secciones presentan este nivel de rezago. 

De nueva cuenta, hay regiones muy localizadas con este tipo de insuficiencia, 

por un lado está la zona entre los estados de Chihuahua, Sinaloa 

y Sonora, al igual que la región colindante entre Nayarit y Durango. Le 

siguen en notoriedad la parte sur y costera de Michoacán, al igual que la 

parte oriental de Guerrero y Chiapas, así como un corredor que va desde 

el norte de Oaxaca, pasando por Puebla, hasta la zona colindante entre 

Hidalgo, San Luis Potosí, Querétaro y Guanajuato (mapa 4). 

El indicador que presenta mayor porcentaje de secciones electorales 

con grado muy alto de niños y jóvenes que no asisten a la escuela corresponde 

a la Ciudad de México: 10.3% de sus secciones con esa característica. Le 

siguen Sonora, con 10.1%; Sinaloa, con 9.7% y Chihuahua, con 8.7%. 

En cambio, en Tlaxcala, Guerrero y Oaxaca la relación es inversa, ya que


903 

Mapa 4 

Grado de concentración de personas mayores de 15 años sin 

escolaridad por sección electoral en México, 2010 

Fuente: elaboración propia con base con Inegi-IFE (2010). 

en las tres entidades menos de 1.0% de sus secciones tienen un grado muy 

alto de este rezago. 

Si se tienen en cuenta los grados alto y muy alto, el ranking es semejante, 

pero cambia en los de menor concentración. Los de mayor proporción son 

Ciudad de México, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Baja California, Colima, 

Veracruz, Morelos, Aguascalientes, Yucatán y Nayarit, donde más de la 

tercera parte de sus secciones se encuentra en esos grados. En contraste, 

los estados donde menos de 15% de sus secciones presentan esta condición 

son Oaxaca, Michoacán, Hidalgo, Guanajuato, San Luis Potosí, Zacatecas 

y Guerrero. Dado que este indicador es el que presenta menor cantidad 

de grados muy altos, territorialmente se aprecia menos el contraste; solo 

en los grados altos se logra percibir zonas muy amplias en las entidades ya 

mencionadas en el párrafo anterior (mapa 5). 

Otro aspecto relevante de vulnerabilidad es la desocupación, en virtud 

de que la disponibilidad de un empleo es lo que determina el ingreso, 

factor primario del bienestar social. Destaca que los estados que mayor 

porcentaje de secciones electorales con grados alto y muy alto de desocupación 

son Aguascalientes, Coahuila, Sonora, Querétaro, Durango, Guanajuato, 

Chihuahua, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Baja 

California, San Luis Potosí y Morelos: entre 40.0 y 72.0% de sus secciones 

presentan esta condición; en contraste, los estados de Oaxaca, Quintana


Mapa 5 

Grado de concentración de niños y jóvenes que no asisten 

a la escuela por sección electoral en México, 2010 

Fuente: elaboración propia con base a Inegi-IFE (2010). 

Roo, Colima, Campeche, Yucatán y Chiapas, tienen menos de 20.0% de 

sus secciones con esta desventaja. 

A diferencia de otros indicadores, la desocupación parece afectar más 

a las zonas urbanas y más densamente pobladas, mientras que los estados 

del sur sureste, como se puede observar, no presentan una concentración 

aguda de grados alto y muy alto de este rezago social (mapa 6). 

Un indicador de la vulnerabilidad, en sociedades patriarcales como la 

mexicana, lo representan hogares con jefatura femenina. La Ciudad de 

México, Veracruz, Morelos, Baja California, Sinaloa, Puebla y Sonora, 

tienen más de 30% de sus secciones electorales con grado alto y muy alto 

de hogares con este indicador. En cambio, en Chiapas, Zacatecas y Tlaxcala 

hay menos de 15% de las secciones en esa condición. 

Al igual que la desocupación, la mayor presencia de secciones electorales 

con grados alto y muy alto de hogares con jefatura femenina es en los 

estados y zonas más urbanizadas del centro y norte del país. A la inversa 

sucede con las menores concentraciones en las entidades del sur sureste 

(mapa 7). 

Ser indígena en un país donde el racismo persiste es otro factor de 

vulnerabilidad. Medido por secciones electorales, destaca sobremanera 

que en Yucatán, Quintana Roo, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Hidalgo y 

Puebla, entre 23.0 y 78.5% de las secciones electorales tienen grados alto


905 

Mapa 6 

Grado de concentración de personas desocupadas por sección 

electoral en México, 2010 


Mapa 7 

Grado de concentración de hogares con jefatura femenina 


Fuente: elaboración propia con base en Inegi-IFE (2010).


y muy alto de hablantes de lengua indígena de tres años y más. Por el 

contrario, los lugares donde hay menos concentración de indígenas son 

Zacatecas, Colima, Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León, Guanajuato, 

Coahuila, Tamaulipas y Aguascalientes, ya que menos de 1.0% de sus 

secciones presentan esta condición. Visto territorialmente, se forman zonas 

muy bien delimitadas de concentración de indígenas en el sur sureste, 

nororiente y noroccidente del país (mapa 8). 

Mapa 8 

Grado de concentración de personas de tres años y más que hablan 

una lengua indígena por sección electoral en México, 2010 


La migración es considerada en el entendido de que quienes radican 

en una entidad distinta a la de su nacimiento tienen menos posibilidades 

de enfrentar un sistema económico injusto. Los estados que tienen 

más de la tercera parte, hasta 94.2% de sus secciones con grados alto y 

muy alto de migrantes, son Quintana Roo, Baja California, Estado de 

México, Baja California Sur, Morelos, Colima, y Querétaro. Las entidades 

con menos concentración de secciones en esta condición son 

Veracruz, San Luis Potosí, Guanajuato, Michoacán, Tabasco, Oaxaca, 

Coahuila, Puebla, Sinaloa, Guerrero, Yucatán y Chiapas; todas ellas tienen 

menos de 4.0% y hasta 0.8% de sus secciones con esta característica. 

Llama poderosamente la atención que la concentración de migrantes 

se da en las secciones electorales fronterizas de varios estados del norte,


907 

pero también es particularmente aguda en las dos penínsulas del país 

(mapa 9). 

Mapa 9 

Grado de concentración de migrantes por sección electoral 



El no ser católico en un país de mayoría de esa religión y con tradiciones 

tan arraigadas es otro factor de vulnerabilidad social. La mayor 

concentración de secciones electorales con grados alto y muy alto de 

personas no católicas se da en Quintana Roo, Chiapas, Tabasco, Campeche, 

Baja California, y Tamaulipas, en todas ellas, más de la mitad de sus secciones 

tienen esa condición. En sentido inverso, las entidades que tienen 

menos secciones electorales con esa característica son Zacatecas, Tlaxcala, 

Colima, Michoacán, Jalisco, Querétaro, Guanajuato, y Aguascalientes, 

todas ellas tienen menos de 2.0% de sus secciones con esa característica. 

Es relevante destacar que, territorialmente, las secciones con grados 

alto y muy alto de población no católica se concentran en la frontera 

norte, algunas regiones del noroccidente, así como en los estados de 

Tabasco, Campeche, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo (mapa 10). 

Como síntesis de los 10 indicadores se observa que el Índice de Vulnerabilidad 

Social IVS muestra que la entidades que concentran mayor 

porcentaje de sus secciones electorales con grado alto y muy alto de 

vulnerabilidad son Guerrero, Chiapas, Oaxaca, Michoacán, Puebla, 

Yucatán, Hidalgo, San Luis Potosí y Veracruz, en virtud de que todas ellas


Mapa 10 

Grado de concentración de personas no católicas por sección 



tienen más de la tercera parte de sus secciones en esa condición. Caso 

contrario son Baja California Sur, Tamaulipas, Nuevo León, Baja California, 

Ciudad de México, Colima, y Aguascalientes, que tienen menos 

de 3.0% de sus secciones con esta característica. Es de notar que estas 

últimas cuatro entidades no tienen una sola sección con grado muy alto, 

mientras que Guerrero agrupa 70.3%, Chiapas 65.6%, Oaxaca 65.6% y 

Michoacán 54.5 por ciento. 

Como se puede observar en el mapa correspondiente, las regiones donde 

está más concentrada la vulnerabilidad son la Sierra Madre Occidental, los 

estados del sur sureste, así como las colindancias entre Tlaxcala, Hidalgo, 

Puebla, Veracruz y San Luis Potosí (mapa 11). 

Analizados los indicadores y el índice obtenido para encontrar la 

posible autocorrelación espacial a través del Índice Local de Moran se 

encuentra que, en efecto, las secciones electorales que tienen valores altos 

tienden a estar agrupadas con otras de las mismas características. 

No obstante, los índices más altos corresponden a las personas hablantes 

de lengua indígena, los migrantes y las personas de 15 años o más sin 

escolaridad, así como el propio índice de vulnerabilidad social calculado. 

Todos ellos tienen un índice de autocorrelación espacial muy alto que 

supera 0.8, y que en el caso particular del IVS es 0.844 (tabla 2).


909 

Mapa 11 

Grado de concentración de vulnerabilidad social por sección 



Tabla 2 

Autocorrelación espacial de los indicadores e índice de 

vulnerabilidad social por secciones electorales en México 

Indicador 

Adultos mayores 0.669 

Personas con alguna discapacidad 0.429 

Personas sin servicio médico 0.642 

Personas de 15 años y más sin escolaridad 0.822 

Jóvenes y niños que no asisten a la escuela 0.668 

Personas desocupadas 0.317 

Hogares con jefatura femenina 0.658 

Personas migrantes 0.896 

Hablantes de lengua indígena 0.852 

Personas no católicas 0.707 

Vulnerabilidad social 0.844 

Fuente: elaboración propia a partir de Inegi-IFE (2010). 

Índice de Moran


Los clústeres de alta vulnerabilidad social, es decir, áreas de una alta 

concentración del fenómeno y también áreas vecinas, se localizan en el 

noroccidente de México (en las zonas serranas): en el vértice de los estados 

de Nayarit, Durango y Zacatecas, así como en un corredor que incluye 

Michoacán, pasando por Guerrero, Guerrero Oaxaca y Chiapas. Existe, 

asimismo, otro corredor que se junta con el anterior, que cruza a San Luis 

Potosí, Veracruz, Puebla y Tlaxcala; por último, hay un gran clúster de 

valores altos en la Península de Yucatán y por el contrario, los de valores 

bajos de vulnerabilidad se concentran en zonas urbanas del norte y centro 

de México y, como era de esperarse, en la Ciudad de México (mapa 12). 

Mapa 12 

Clústeres de vulnerabilidad social por sección electoral 



4. Discusión 

El IVS calculado en relación al método elegido, ACP, coincide con investigaciones 

de Colombia, Argentina y México (Hernández et al., 2018; 

Represa et al., 2018; Ávila Vera y Picazzo Palencia, 2018; Granados 

Martínez, 2017 y Medina Pérez et al., 2019), sin embargo, es importante 

destacar que los métodos usados en otros trabajos también abundan en 

el análisis focalizado de la vulnerabilidad social, tal es el caso de las regresiones 

logísticas para Colombia (Fajardo Ortiz et al., 2016), técnicas de


911 

análisis espacial y superposición de capas ráster para Colombia y Argentina 

(Durán Gil, 2017 y Mastrandrea y Ángeles, 2020), análisis de 

correspondencias en Chile (Muñoz-Vera y Rojas-Hernández, 2018) y 

clasificación de porcentajes y tipificación probabilística para México 

(Arreguín et al., 2015 y García Castro y Villerías Salinas, 2016). 

Si bien todos los métodos usados tienen su potencia explicativa y 

supuestos teóricos que los sustentan, esta investigación se circunscribe al 

método que parece tener un mayor consenso entre los especialistas del tema. 

En los componentes de la vulnerabilidad social no parece haber gran 

consenso para seleccionar las variables, cada trabajo está orientado a la 

población en general o a grupos específicos, pero todo ello acotado por 

las características de la información disponible en cada país. En el caso 

de México se utilizan las variables contenidas en el Censo de Población de 

2010 y la Muestra Intercensal 2015. 

En relación con los niveles de desagregación es más frecuente la utilización 

de unidades de mayor tamaño, es el caso de municipios en Colombia 

y México (Durán Gil, 2017; Ávila Vera y Picazzo Palencia, 2018; 

Granados Martínez, 2017; y Arreguín et al., 2015); los niveles de menor 

tamaño, como las usadas en este trabajo: secciones electorales, solo son 

comparables con los radios censales de Argentina (Represa et al., 2018 y 

Mastrandrea y Ángeles, 2020) y en menor medida con lo hecho en Estados 

Unidos, que son los distritos censales (ATSDR, 2018). 

El nivel de Área Geoestadística Básica de México, si bien es de gran 

utilidad, solo abarca las zonas urbanas, no las rurales o mixtas; en el caso 

de manzanas las bases censales no están completas ni es posible la estimación 

del cúmulo de datos faltantes por el criterio de confidencialidad de 

la información en este país. Por sección electoral solo se detectó un trabajo 

no tan reciente a nivel local y no nacional (Cadena-Vargas y Campos- 

Alanís, 2012). 

Por otra parte, si bien es cierto que hay trabajos que contemplan la 

totalidad de un país, Colombia, Argentina y México, son más frecuentes 

los que se refieren a ciudades (Durán Gil, 2017; Represa et al., 2018; Ávila 

Vera y Picazzo Palencia, 2018; Granados Martínez, 2017; DIF, 2017). 

Referente a los resultados obtenidos por el IVS calculado, dado que no 

hay trabajos por sección electoral abarcando el conjunto del país, esta 

investigación podría considerarse la primera. No obstante, dichos resultados 

coinciden en diversos aspectos con lo que se puede observar a nivel municipal 

en el censo de 2010 y otras mediciones de desigualdad social, como 

el Índice de Marginación del Conapo y el Índice de Rezago Social del 

Coneval (Inegi, 2010; Conapo, 2010; Coneval, 2010); la diferencia radica 

en que por sección electoral sí es posible distinguir las diferencias dentro de 

los municipios.


Por ejemplo, en adultos mayores se muestran secciones de la Ciudad 

de México donde hay una mayor concentración dentro de una misma 

alcaldía; lo mismo sucede con el derecho a algún servicio de salud o 

niveles de escolaridad; en niños y jóvenes que no asisten a la escuela, es 

posible observar una concentración muy alta en gran cantidad de secciones 

electorales de la capital del país, contrariamente a lo esperado; en 

desocupados son semejantes los resultados municipales y los de sección 

electoral, por estar menos concentrados. 

En contraste, la concentración de hogares con jefatura femenina es 

muy marcada en las secciones del centro y norte de la Ciudad de México, 

en cambio, la distribución de población indígena es semejante a lo encontrado 

a nivel municipal. 

Caso llamativo es el de migrantes, quienes tienden a agruparse en las 

fronteras de los estados, y de población no católica, que lo hace en las fronteras 

norte y sur del país, así como pequeñas concentraciones aisladas. En 

ambos casos esta distribución no se percibe con los agregados municipales. 

Resumiendo, solo por sección electoral se pueden distinguir diferencias 

significativas dentro de cada municipio o estado que los agregados de ese 

nivel ocultan. 

Sería deseable abordar la vulnerabilidad social desde una perspectiva 

nacional con métodos de cálculo aceptados, variables pertinentes, niveles 

pequeños de desagregación y con información reciente. Hasta el momento, 

el Censo de Población de México de 2020, liberado en marzo de 2021, 

no contiene este nivel de desagregación, pero es de suponer que lo habrá 

a mediano plazo. 

Este trabajo, por tanto, se ubica en la ruta de lo deseable con lo posible, 

se espera que pronto se cuente con insumos más actualizados y precisos 

que permitan mejorarlo. 

Conclusiones 

El análisis del índice de vulnerabilidad calculado, y sus respectivos componentes, 

muestra que la distribución no es aleatoria, salvo en los casos 

de la desocupación y la discapacidad, que poseen cierta homogeneidad. 

El resto de los indicadores, así como el IVS, se concentran en áreas muy 

localizadas, por ello es posible hablar de un proceso de segregación socioespacial 

que lleva a distintos grupos a concentrarse más en ciertos lugares 

que en otros. 

En el caso de los adultos mayores, su agrupamiento puede relacionarse 

con áreas de expulsión de mano de obra hacia algunas ciudades o al 

extranjero, ello sin soslayar que hay zonas (como la Ciudad de México)


913 

con una dinámica propia de envejecimiento de su población. Respecto a 

la discapacidad, es posible que su distribución se relacione, para el norte, 

con la migración internacional (tienden a irse los más jóvenes) y para el 

sur –con menor presencia– con las zonas de mayor migración interna (la 

familia completa migra por la cercanía). 

En el caso de la no asistencia a la escuela hay una menor asociación 

espacial, que quizá se relacione con las zonas donde hay mayor informalidad 

económica, hecho que obliga a menores a no seguir su formación 

escolar. En el caso de la no escolaridad, resalta que coincide con las zonas 

de mayor concentración de población indígena. 

Destaca, por otro lado, la alta segregación de indígenas, jefas de familia 

y migrantes, los primeros en las zonas tradicionalmente conocidas, las segundas 

concentradas en las áreas más desarrolladas económicamente y los 

terceros tienden a localizarse, quizá, en las fronteras de sus propios estados. 

La población no católica tiende a concentrarse en las fronteras internacionales, 

quizá porque las tradiciones religiosas están más arraigadas en 

el centro, a diferencia de la frontera norte donde hay influencia mayor 

del protestantismo norteamericano y,s en el caso de la frontera sur, por la 

incursión de evangelizadores no católicos que desde hace décadas actúan 

en esas zonas. 

Por su parte, la segregación socioespacial de la vulnerabilidad social 

sugiere que se relaciona con las áreas de menor desarrollo económico, la 

mayor concentración de población indígena, y la lejanía de los grandes 

centros urbanos de mayor actividad económica. Dicha hipótesis se fortalece, 

cuando se observan los clústeres de regiones de valores altos de vulnerabilidad 

social, así como los clústeres de valores bajos del mismo indicador. 

Finalmente, los resultados obtenidos sugieren que el nivel de sección 

electoral, en México, es el más adecuado para la aplicación de políticas 

sociales, ya que la focalización de la desigualdad social es la mejor alternativa 

para la atención de este fenómeno. 


Arreguín Cortés, Felipe; López Pérez, Mario; Rodríguez López, Olivia y 

Montero Martínez, Martín José (coords.), (2015), Atlas de vulnerabilidad 

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https://doi.org/10.32870/espiral.v25i71.5591 

Recibido: 15 de noviembre de 2020. 

Reenviado: 12 de abril de 2021. 


Edel Cadena-Vargas. Doctor en Sociología por la Universidad Nacional 

Autónoma de México y Especialista en Sistemas de Información Geográfica. 

Actualmente es profesor-investigador de la Facultad de Geografía de 

la Universidad Autónoma del Estado de México. Es miembro del Sistema 

Nacional de Investigadores, nivel I. Sus actuales líneas de investigación 

actual son Desigualdad social y Análisis espacial. Entre sus más recientes 

publicaciones destacan, como coautor: “Landslides in Mexico: their 

occurrence and social impact since 1935”, Landslides, núm. 17, Basilea, 

Springer Nature, pp. 379-394 (2020); “Análisis espacial del Índice de 

Sustentabilidad Ambiental Urbana en la Megalópolis de México”, Investigaciones 

Geiográficas, núm. 73, Alicante, Instituto Interuniversitario de 

Geografía-Universidad de Alicante, pp. 147-169 (2020) y “Un enfoque 

de estadística espacial para explorar la geodemografía de los ninis en la Zona 

Metropolitana de la Ciudad de México”, Estudios Demográficos y Urbanos, 

35 (2), Ciudad de México, El Colegio de México, pp. 369-403 (2020).

Presentación 

Economía, Sociedad y Territorio (EST) es una revista abierta a todas las 

disciplinas relacionadas con las Ciencias Sociales en el marco de regiones 

y ciudades específicas, a la diversidad de enfoques y metodologías, aunque 

ello no le representa ninguna responsabilidad en cuanto al contenido de 

los artículos. Es una publicación científica de interés internacional, especializada 

en la publicación de artículos de alta calidad, derivados de 

investigaciones originales en Ciencias Sociales y Ambientales con referencia 

territorial, particularmente en las dimensiones urbana, metropolitana 

y regional. 

Normas editoriales 

Una vez que se entreguen los originales, pasarán por un proceso editorial 

que se desarrollará en varias fases; por ello, es necesario que su presentación 

siga ciertas normas para facilitar la edición y evitar el retraso de las publicaciones. 

Las colaboraciones deberán presentarse en su versión final y 

completas, ya que no se admitirán cambios una vez iniciado el proceso 

de dictaminación y producción. 

1. Características de las colaboraciones 

1.1 Particularidad de las colaboraciones. Los trabajos que se envíen 

a EST para su publicación deberán ser de carácter eminentemente 

académico. Debido a la línea de la revista, no se aceptarán artículos 

de género periodístico o comentarios generales sobre algún 

tema. 

1.2 Idioma. Las colaboraciones podrán postularse y publicarse en en 

español, inglés o portugués; sin embargo, con la finalidad de llegar

a un público más amplio, se invita a los autores a escribir y publicar 

sus artículos en inglés. 

1.3 Secciones. Se aceptarán colaboraciones en el marco de las siguientes 

secciones: 

a) Artículos de investigación 

b) Reseñas de libros 

1.4 Extensión. Se recibirán artículos con una extensión de 20 a 25 

cuartillas (9000 palabras, aproximadamente, incluidos cuadros, 

notas y fuentes consultadas) y de 5 a 10 cuartillas para las reseñas 

de libros (hasta 4500 palabras). 

1.5 No se aceptarán nuevas postulaciones de autores que tengan artículos 

en alguna etapa del proceso editorial. 

2. Política de originalidad del trabajo 

Una vez que el artículo cumpla con los requisitos establecidos, se firmará 

la Carta de Declaración de Originalidad del trabajo escrito, disponible 

en el portal de la revista. Ésta deberá ser devuelta escaneada, con la finalidad 

de garantizar la originalidad del material publicado y con ello 

mantener el prestigio de la revista EST. 

3. Derechos de autor 

El autor principal deberá firmar una Carta de cesión de derechos patrimoniales 

(disponible en el portal de la revista). En el entendido de que 

ha obtenido el consentimiento de los demás autores, si los hubiera. Dicha 

carta estipula que el autor o los autores concede(n) a EST el permiso para 

que su material se difunda en la revista y medios magnéticos y fotográficos. 

Asimismo, el autor o los autores conserva(n) sus derechos morales 

conforme lo establece la ley. En este sentido, los autores podrán usar el 

material de su artículo en otros trabajos o libros publicados por ellos 

mismos, con la condición de citar a EST como la fuente original de los 

textos. Es responsabilidad del autor obtener por escrito la autorización 

correspondiente para todo aquel material que forme parte de su artículo 

y que se encuentre protegido por la Ley de Derechos de Autor. Si por 

algún motivo el autor o los autores no entregara(n) debidamente firmado 

el contrato mencionado, una vez que el artículo fue dictaminado favorablemente, 

el documento será rechazado.

4. Política de arbitraje 

Posterior a la recepción de la Carta de declaración de originalidad del 

trabajo escrito, se designarán dos dictaminadores que serán los responsables 

de sugerir o no la publicación de cada artículo o ensayo. Los evaluadores 

serán expertos en el tema y en todo momento se mantendrá anónima 

su identidad, así como la del autor. 

4.1 Tipo de arbitraje 

Los árbitros designados determinarán en forma anónima: 

a) Publicación sin recomendaciones. 

b) Publicación con recomendaciones opcionales y correcciones 

menores. Se publicará una vez que el autor haya cumplido con 

las correcciones menores indicadas. 

c) Publicación con recomendaciones obligatorias y correcciones 

mayores. Se publicará una vez que el autor haya efectuado una 

revisión a fondo de acuerdo con las indicaciones. Si al finalizar 

el proceso de revisión se considera que no se han cumplido las 

recomendaciones señaladas, el documento será rechazado. 

d) No publicable. 

4.2 Para que un artículo o ensayo sea publicado deberá contar con, al 

menos, dos dictámenes positivos. En caso de que un manuscrito 

cuente con un dictamen positivo y otro negativo, será remitido a 

un tercer dictaminador, quien definirá el resultado. 

4.3 Los resultados del proceso de dictamen académico serán inapelables 

en todos los casos. 

4.4 Los manuscritos serán reenviados a revisión por parte de los dictaminadores 

que así lo soliciten en tres ocasiones, como máximo. 

Excedido este límite, el artículo será rechazado. 

4.5 Se dará un plazo para que el autor realice las correcciones indicadas, 

de acuerdo con su calificación: 7 días naturales (cambios menores) 

y 20 (condicionado). 

4.6 Cada fascículo estará integrado por artículos y reseñas que al cierre 

de edición hayan finalizado el proceso de dictamen y serán asignados 

a un número en estricto orden en que hayan sido liberados por 

los evaluadores para su publicación. 

5. Uso del sistema de gestión editorial OJS 

La revista Economía, Sociedad y Territorio utiliza el sistema de gestión 

editorial Open Journal Systems (OJS) versión 3.1.2.4 para recibir las postula-

ciones y dar seguimiento al proceso de dictamen, así como a la producción 

editorial en general. 

5.1 Elementos que el autor debe adjuntar en el OJS, en la sección 

de metadatos 

El autor con el que EST mantendrá contacto y comunicación 

continua deberá llenar los siguientes campos de manera obligatoria, 

clara y completa. En caso de coautoría, deberá registrar a todos 

los autores con sus datos pertinentes. 

a) Autor(es) 

Nombre 

Institución 

País 

Conflicto de intereses 

Identificador Abierto de Investigador y Colaborador Orcid 

(Open Researcher and Contributor ID), en caso de tenerlo. 

b) Reseña curricular 

Datos de identificación del autor o los autores: nombre completo, 

nivel máximo de estudios y por cuál institución se obtuvo 

el grado, estudios en curso, si los hubiera; centro, departamento 

o institución en que se encuentra adscrito laboralmente, si es 

miembro del Sistema Nacional de Investigadores (o su similar 

en su país) y en qué nivel, líneas de investigación, sus últimas 

publicaciones (por lo menos tres), referir los datos completos 

de éstas, tales como título, ciudad de edición, entidad editora, 

páginas (si son capítulos), año de publicación, si se indica un 

artículo antes de su publicación utilice próximamente, entre 

paréntesis, en lugar del año. 

c) Contacto principal para la correspondencia editorial 

Colocar nombre completo y verificar que el correo electrónico 

se registre de manera correcta. 

d) Título y resumen 

El título debe ser el mismo del artículo y no mayor a 15 

palabras; los resúmenes tanto en el idioma de origen como 

en inglés no deberán exceder las 100 palabras cada uno y 

deben contener información concisa de cada parte del artículo: 

introducción, metodología y resultados. Por ningún 

motivo deben incluir tablas, números, referencias ni expresiones 

matemáticas.

e) Palabras clave 

Colocar de tres a cinco palabras significativas que resuman el 

contenido del texto, con el fin de acceder fácilmente a las bases 

de datos. 

6. Estructura del artículo 

La extensión del artículo –incluidos gráficos, cuadros, tablas, mapas, 

figuras, anexos y referencias finales– no deberá exceder las 25 cuartillas, 

aproximadamente 9000 palabras. No debe contener formato, sangrías, 

hojas de estilos, caracteres especiales ni más comandos de los que atañen 

a las divisiones y subdivisiones del trabajo. El texto deberá ser escrito en 

Word, sin control de cambios con las páginas numeradas con fuente Arial 

o Times New Roman de 11 puntos con interlineado de 1.5, con márgenes 

izquierdo y derecho de 3 cm y texto justificado en tamaño carta. 

6.1 Elementos de identificación del artículo 

a) Título, en idioma original e inglés 

Debe referir claramente el contenido y no exceder de 15 palabras, 

incluido el subtítulo. 

b) Resumen, en idioma original e inglés 

Debe contener información concisa acerca del contenido. No 

debe incluir tablas, gráficas, referencias, expresiones matemáticas 

ni exceder de 100 palabras. 

c) Palabras clave 

Colocar en el idioma original del texto y en inglés de tres a 

cinco palabras que resuman el contenido del artículo para 

efectos de indización bibliográfica, se omitirán las oraciones, 

a excepción de las palabras compuestas. 

d) Agradecimientos, apoyos o financiamientos 

Se colocarán al final del artículo, antes de las fuentes consultadas. 

e) Fecha 

El equipo editorial colocará la fecha de recepción del trabajo 

al final de las fuentes consultadas. 

f) Reseñas curriculares 

Deben colocarse al final del artículo una vez aprobado para su 

publicación y solicitado por el equipo editorial. Colocar los 

siguientes datos de identificación del autor o los autores: nombre 

completo, nivel máximo de estudios y por cuál institución

se obtuvo, estudios en curso, institución de adscripción, si es 

miembro del Sistema Nacional de Investigadores (o el similar 

en su país) y en qué nivel, línea de investigación, últimas tres 

publicaciones (con datos completos: título, ciudad de edición, 

entidad editora, intervalo de páginas (si son capítulos), año de 

publicación. Si incluye un artículo que será publicado próximamente 

señale esta última palabra entre paréntesis en el sitio 

donde debería colocarse el año, finalmente indique el teléfono 

y el correo electrónico. Seguir el siguiente ejemplo: 

Ryszard Edward Rózga-Luter. Doctor en ciencias económicas por la Universidad 

de Varsovia, Polonia. Actualmente es profesor-investigador del 

Departamento de Teorías y Análisis, división de ciencias y artes para el diseño 

en la Universidad Autónoma Metropolitana unidad Xochimilco, y profesor 

en la Facultad de Planeación Urbana y Regional de la Universidad Autónoma 

del Estado de México. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, 

nivel II. Su línea de investigación actual es desarrollo económico-regional. 

Entre sus últimas publicaciones destacan: “La dimensión local y regional de 

los procesos de innovación tecnológica”, en Dutrenit (coord.), Sistemas 

regionales de innovación: un espacio para el desarrollo de la Pymes. El caso de 

la industria de maquinados industriales, Ciudad de México, Universidad 

Autónoma Metropolitana, pp. 20-32 (2009); en coautoría: Técnicas para el 

análisis regional. Desarrollo y aplicaciones, Ciudad de México, Trillas (2009). 

Nota: No se aceptarán los trabajos que no cumplan con estas normas. 

EST se reserva el derecho de hacer los cambios editoriales que considere 

convenientes. 

6.2 Cuerpo del texto 

a) Títulos y subtítulos 

Los temas y subtemas deberán diferenciarse entre sí a partir 

del sistema decimal con numeración arábiga, bajo las siguientes 

jerarquías: El título en negras con el número 1, los siguientes 

titulillos y subtitulillos conforme al siguiente ejemplo: 

1. Título de apartado 

1.1. Aspectos particulares 

1.1.1. Aspectos singulares 

1.1.1.1. Jerarquías adicionales 

Nota: Los títulos y subtitulillos, sea cual fuere su jerarquía, se escriben 

sin punto final; los numerales llevan punto; la introducción y las conclusiones 

no deben numerase.

) Materiales gráficos 

En los criterios editoriales de EST se establecen cinco clasificaciones: 

1. figura: imagen, ilustración, diagrama, croquis, dibujo, 

etcétera, 2. gráfica, 3. mapa, 4. tabla y cuadro, y 5. fotografía. 

Esto significa, por ejemplo, que una imagen señalada con la 

palabra croquis debe reemplazarse por la de figura. 

El material gráfico debe insertarse en el texto en el lugar 

que corresponde y numerarse en el encabezado con el sistema 

arábigo, según sea el caso (figura 1, 2, 3… gráfica 1, 2, 3…, 

mapa 1, 2, 3… tabla 1, 2, 3… y foto 1, 2, 3…); en la línea 

siguiente se debe presentar el título, sólo la inicial se colocará 

en mayúscula. Asimismo, deben indicarse los llamados, es decir, 

aludir a estos materiales gráficos explícitamente en el texto 

(tabla 1, 2, 3…). Todos deben contener la fuente utilizada 

fuera del gráfico, que se consigna en las fuentes consultadas. 

Si la elaboración es propia se expresa así y, en su caso, se indica 

la base de obtención de datos o la herramienta estadística, así 

como el software empleado: 

Fuente: elaboración propia con base en la interpretación de la 

imagen Sport6. 

Fuente: elaboración propia con base en información documental. 

Fuente: elaboración propia con base en datos obtenidos del 

Inegi (2014); Conapo (2010). 

Fuente: elaboración propia con datos del Sistema de Información 

Energética (SIE, 2013). 

Nota 1: Las varianzas y cálculos estadísticos realizados con software o 

herramientas de análisis como SPSS o Stata deben colocarse en la fuente 

y en las fuentes consultadas. La elaboración propia de los mapas también 

debe indicar el software empleado. 

Adicionalmente, los gráficos se envían en su formato original (editables) 

y en archivo JPG a 300 dpi en tamaño carta, el autor debe comprobar 

que la imagen es de alta resolución y legible al ser ampliada. 

Nota 2: los mapas deben presentar coordenadas, escala, leyenda, norte o 

rosa de los vientos y título. Si estas características están ausentes, el gráfico 

se denominará figura. Si los mapas se realizan con un programa especial 

(por ejemplo, ArcGis, ArcMap, Qgis), también se deben agregar a las 

referencias finales.

c) Uso de números 

Del cero al nueve se escriben con letra; a partir del 10, con 

dígitos (tres localidades, 10 municipios). 

d) Cifras 

Las cifras de cuatro dígitos no llevan signos de puntuación ni 

espacio (9000 palabras); con más de cuatro dígitos se dividen 

de tres en tres empezando por la derecha, por una coma 

(10,117; 178,600). 

e) Cantidades 

Las que tienen como base un sustantivo de significación numeral 

como millón, billón, trillón y cuatrillón, siempre que, al 

menos, las tres últimas cifras de su escritura en números sean 

ceros, podrán abreviarse mezclando el uso de cifras y letras en 

su escritura (327 millones). 

f) Porcentajes 

Se escriben con número, sin artículo y el símbolo de porcentaje 

(%) junto a la cifra sin espacio, excepto al terminar un 

párrafo, se escribirá con letra: 1%, 120%, 3.8%; son incorrectas 

las siguientes expresiones: el 5%, un 8%, el 9%, del 

4%. Serán divididos con punto (5.8%, 7.3%). 

g) Ecuaciones y fórmulas 

Las ecuaciones deberán elaborarse con la herramienta “insertar 

ecuación” de Word, lo mismo que las fórmulas; todas deberán 

ser numeradas y tener llamado a cuerpo de texto: “en la ecuación 

2…”. 

lnY i 

= β 0 

+ β 1 

lnK i 

+ β 2 

lnL i 

+ β 3 

lnGI i 

+ β 4 

lnGE i 

+ u i 

(2) 

Nota: No deberán integrarse en formato de imagen, deben ser editables. 

7. Citas 

La normalización de las citas y referencias de las fuentes de consulta es 

uno de los elementos de mayor importancia en la diseminación científica, 

ya que de ello depende la generación de indicadores bibliométricos de 

citación. Por esta razón, se usará el sistema de citación tipo Harvard. Cada 

institución académica establece sus propias modalidades en el uso de las 

reglas del sistema Harvard, por lo que EST posee el siguiente cuerpo de 

convenciones básicas que se deben respetar:

a) Del nombre del autor consultado para citas internas y 

referencias finales 

El autor del artículo deberá verificar que su fuente consultada 

esté registrada en el Identificador Abierto de Investigador y 

Colaborador Orcid (Open Researcher and Contributor ID). 

En caso de que el autor consultado cuente con su código alfanumérico, 

su citación, tanto en la cita interna como en las 

referencias finales será conforme a su registro (con guion entre 

apellidos, un solo apellido o ambos apellidos, según sea el caso). 

Si el autor consultado no está registrado en Orcid, su citación 

en el cuerpo de texto serán ambos apellidos lo mismo que en 

las referencias finales. 

Si la publicación consignada en la referencia final señala a 

dos autores, por ejemplo: 

Urquijo Torres, Pedro y Bocco-Verdinelli, Gerardo (2016), “Pensamiento 

geográfico en América Latina: retrospectiva y balances 

generales”, Investigaciones Geográficas, 90 (1), Ciudad de México, 

Universidad Nacional Autónoma de México, doi: doi.org/10.14350/ 

rig.47348 

La cita a cuerpo de texto debe indicarse así: 

(Urquijo Torres y Bocco-Verdinelli, 2016) y no (Urquijo-Bocco, 

2016) 

Nota 1: tomando en cuenta hipotéticamente que Bocco-Verdinelli está 

registrado en Orcid y Urquijo Torres no al momento de la elaboración 

del documento. 

Nota 2: Es preciso señalar que en muchos casos se citan referencias en 

otros idiomas y que los autores sólo usan un apellido, para esos casos 

si es que el autor citado no está registrado en Orcid se mantendrá 

como lo cite el autor. Este criterio se aplicará para cuerpo de texto y 

para Fuentes consultadas. 

b) Textual y paráfrasis 

Toda cita textual deberá acompañarse de su referencia correspondiente: 

se usará apellido del autor, año y página del escrito 

entre paréntesis: (Alcántara, 1995: 28). Si el autor de un artículo 

tiene la necesidad de referir en un mismo párrafo una fuente 

consultada, con diferentes páginas, es preferible parafrasear y 

no citar textualmente:

• Incorrecto: Según Dávila, “…” (2000: 12). En este punto 

habrá que recordar que más adelante sostiene que “…” 

(2000: 22). No obstante, después asegura que “…” (2000: 

56) y que “…” (2000: 6). 

En caso de paráfrasis, hay que colocar sólo apellido y año 

(Alcántara, 1995). Cuando la cita se componga de más de 

40 palabras se escribirán dos puntos e irá en párrafo aparte a 

bando, a nueve puntos, sin sangría el primer párrafo, sin comillas 

de apertura y cierre, y su margen izquierdo será del mismo 

tamaño que la sangría del texto general. Antes y después de 

cada cita a bando se dejará un salto de línea. 

c) Fuentes primarias y secundarias (hacer una cita de una 

cita) 

Cuando una cita es referida por otro autor, se recomienda 

utilizar la fuente primaria; no obstante, si se prefiere usar la 

secundaria se debe colocar ésta en fuentes consultadas: 

A cuerpo de texto: (Bourdieu, 2002, citado en San Martín 

Cantero y Quilaqueo Rapimán, 2012). 

En Fuentes consultadas: 

San Martín Cantero, Daniel y Quilaqueo Rapimán, Daniel (2012), 

“Habitus profesional y relaciones intersubjetivas entre profesores 

principiantes y experimentados”, Perfiles Educativos, 136 (34), 

Ciudad de México, Universidad Nacional Autónoma de México, 

pp. 63-78. 

d) Del mismo autor publicadas en el mismo año 

Cuando se utilicen obras del mismo autor publicadas en el 

mismo año, se ordenarán alfabéticamente por título, y se les 

distinguirá con una letra minúscula después del año: (Siger, 

2002a); (Siger, 2002b). 

e) De dos autores 

Para citar una obra escrita por dos autores se coloca el apellido 

de ambos separados por una “y” para español, “and” para inglés 

(evitar el uso de &, que sólo se utilizará para entidades editoras) 

y “e” para portugués: Pradhan y Ravallion (1998), Ahmad 

and Khan (2019), Cetrulo e Cetrulo (2014). En el cuerpo del 

texto se mantendrá “y”. 

f) De más de dos autores 

En el caso de obras de más de dos autores, se colocará después 

del primer nombre la abreviatura et al.: Carabias et al. (1997).

En caso de que su nombre esté registrado en Orcid con guiones, 

se respetará: Membrado-Tena et al. (2017). 

g) Dos o más autores dentro de una misma referencia 

Cuando a cuerpo de texto se coloque más de una referencia, 

se debe separar a cada uno utilizando un punto y coma: 

Algunos autores relacionados con esta problemática (Capel, 1975; Zuluaga, 

2005; Binimelis, 2000; Adell, 1999; Urzainki, 1993) nos ofrecen posiciones 

encontradas. 

También se puede hacer de la siguiente manera: 

Tanto Capel (1975) como Zuluaga (2005), Binimelis (2000), Adell (1999) 

y Urzainki (1993) plantean el problema de manera diferente. 

8. Fuentes consultadas 

Deben ser estrictamente las citadas en el texto, de carácter internacional, 

actuales (no mayores a 10 años por lo menos el 75% de ellas) y colocadas 

al final de artículo. Mínimo 15 y máximo 35 fuentes. Hay que considerar 

lo siguiente: 

a) Seguir un orden alfabético con base en el apellido del autor. 

b) Si se tiene más de un título del mismo autor, comenzar por la 

obra publicada más reciente. 

c) Cada fuente debe ingresarse en una nueva línea sin sangrías y 

sin numerar. 

Nota: Cuando se citen autores con apellidos compuestos (Antonio del 

Olmo Jiménez, Fabián de la Rosa Martínez, etc.), para consignarlos en 

las Fuentes consultadas se iniciará con la preposición será: Del Olmo 

Jiménez, Antonio o De la Rosa Martínez, Fabián) y a cuerpo de texto: 

(Del Olmo Jiménez, 2010). Si el primer elemento del apellido es un 

artículo o las palabras “san” o “santa”, mantendrán su posición en la alfabetización 

(La Rosa, Gerardo; San José, Ángel…). 

8.1 Tipo de publicación 

8.1.1 Libros 

Apellidos, nombre(s) del autor(es) o institución(es) o 

dependencia(s) (año de edición), Título del libro, ciudad de 

edición, entidad editora. 

Sandoval Casilimas, Carlos (1996), Investigación cualitativa, Bogotá, Instituto 

Colombiano para el Fomento de la Educación Superior.

onu-cepal (Organización de las Naciones Unidas-Comisión Económica 

para América Latina y el Caribe) (2008), Objetivos de Desarrollo del Milenio: 

La progresión hacia el derecho a la salud en América Latina y el Caribe, 

Santiago de Chile, cepal. 

Sautu, Ruth; Boniolo, Paula; Dalle, Pablo y Elbert, Rodolfo (2005), Manual 

de metodología. Construcción del marco teórico, formulación de los objetivos 

y elección de la metodología, Buenos Aires, Consejo Latinoamericano 

de Ciencias Sociales. 

Nota 1: Si el libro se consulta en electrónico, se agrega el vínculo electrónico 

y la fecha de consulta. 

8.1.2 Capítulos de libros 

Apellidos, nombres del autor(es) o institución(es)o 

dependencia(s) (año de publicación), “título del capítulo”, en 

nombre apellido, (tipo de participación abreviado), Título del 

libro, ciudad de edición, entidad editora, pp. xx-xx. 

Nota 1: especificar si es editor (ed.), compilador (comp.) o coordinador 

(coord.) del texto. 

Nota 2: Si el libro se consulta en electrónico, se agrega el vínculo electrónico 

y la fecha de consulta. 

Travieso, Ana (2012), “Aplicación del modelo Presión-Estado Respuesta al 

análisis de riesgos por inundaciones en la cuenca del río Nautla”, en Adalberto 

Tejeda y Virgilio Arenas (coords.), Las inundaciones de 2010 en Veracruz. La 

biósfera, escenarios y herramientas, Xalapa, Universidad Veracruzana, pp. 

91-124. 

López, Virginia; Moreno, Luis y Marín, María (2016), “El sector de pesca 

y acuacultura en Baja California”, en Virginia López, Luis Moreno y María 

Marín (coords.), Tópicos de pesca y acuacultura en el noroeste de México: actores, 

organizaciones y redes de valor, Mexicali, Universidad Autónoma de Baja 

California, pp. 53-87. 

8.1.3 Documento inédito 

Apellidos, nombre(s) del autor(es)/ o institución(es) o 

dependencia(s) (próximamente), “título del documento”, 

ciudad de edición, entidad editora.

8.1.4 Documentos electrónicos 

Apellidos y nombres del o los autores/institución(es)/ 

dependencia(s) (año de edición), “título del documento”, 

ciudad de edición, entidad editora, , fecha de consulta. 

Nota: Utilizar un acortador de URL: 

Incorrecto: Aparicio, Carlos; Jaramillo, Miguel y San Román, 

Cristina (2011), “Desarrollo de la infraestructura y reducción 

de la pobreza: el caso peruano”, Lima, Consorcio de Investigación 

Económica y Social y Universidad del Pacífico, , 27 de 

diciembre de 2018. 

Correcto: Aparicio, Carlos; Jaramillo, Miguel y San Román, 

Cristina (2011), “Desarrollo de la infraestructura y reducción 

de la pobreza: el caso peruano”, Lima, Consorcio de Investigación 

Económica y Social y Universidad del Pacífico, , 27 de diciembre de 2018. 

8.1.5 Artículos en publicaciones periódicas (revistas 

académicas) 

a) Artículo publicado en formato impreso 

Apellido(s), nombre(s) del autor(es) (año de edición), “título 

del artículo”, nombre de la revista, volumen (número), ciudad 

de edición, entidad editora, pp. xx-xx. 

Caire, Georgina (2005), “Conflicto por el agua en la cuenca Lerma-Chapala, 

1996-2002”, Región y Sociedad, 17 (34), Hermosillo, El Colegio de Sonora, 

pp. 73-125. 

b) Artículo publicado en formato digital 

Autor(es) (año de edición), “título del artículo”, nombre de la 

revista, volumen (número), ciudad de edición, entidad editora, 

pp. xx-xx, , fecha de consulta. 

Pedraza, Joel y Cortés, Edith (2012), “El myespace lo trajeron del norte. 

Redes sociales y migración: formación de comunidades transnacionales 

virtuales”, Virtualis, 3 (6), Ciudad de México, Instituto Tecnológico y de 

Estudios Superiores de Monterrey, pp. 58-59, , 26 

de diciembre de 2015. 

c) Artículo que cuenta con doi (Identificador de Objetivos 

Digitales) 


revista, volumen (número), ciudad de edición, entidad editora, 

pp. xx-xx, doi:

Nota: Se colocará el intervalo de páginas en caso de que la publicación 

cuente con formato de numeración. 

Obregón Biosca, Saúl Antonio; Romero Navarrete, José Antonio; Mendoza 

Sánchez, Juan Fernando y Betanza Quezada, Eduardo (2016), “Impact of 

mobility induced by urban sprawl: case study of the Querétaro Metropolitan 

Area”, Journal of Urban Planning and Development, 142 (2), Virginia, American 

Society of Civil Engineers, pp.1-12, doi: 10.1061/(ASCE)UP.1943- 

5444.0000295 

d) Artículo publicado en modalidad de publicación continua 


revista, volumen, identificador y doi 

Rosales, Yetzi (2019), “Migración indocumentada y derecho social a la salud: 

Una trayectoria difuminada en Estados Unidos y México”, Estudios Fronterizos, 

vol. 20, e031, doi: https://doi.org/10.21670/ref.1910031 

8.1.6 Periódicos 

Autor(es) (año de publicación), “título del artículo”, Nombre 

del periódico, día y mes de publicación, ciudad de edición, 

entidad editora, sección, p. o pp. 

Zúñiga Rodríguez, Juan (2010), “Para el servicio de la deuda pública 105% 

más recursos que el gasto para seguridad”, La Jornada, 25 de noviembre, 

Ciudad de México, Universidad Nacional Autónoma de México, Economía, 

p. 20. 

Nota 1: Cuando se cite un artículo periodístico que no esté firmado por 

un autor, se utiliza el nombre del periódico en lugar del autor. 

Nota 2: Si el artículo es recuperado de internet, debe referirse como los 

impresos. En caso de que únicamente se encuentre disponible en línea, 

es decir, que no tiene número de páginas, refiera: 

Autor(es) (año de publicación), “título del artículo”, título del 

periódico, día y mes de publicación, ciudad de edición, entidad 

editora, sección, , última fecha de consulta. 

Zúñiga Martínez, Juan Antonio (2010), “Para el servicio de la deuda pública 

105% más recursos que el gasto para seguridad”, La Jornada, 25 de noviembre, 

Ciudad de México, Universidad Nacional Autónoma de México, Economía, 

, 19 de septiembre de 2019.

8.1.7 Working paper/documento de trabajo 

Autor(es) o institución(es) o dependencia(s) (año de edición), 

“título del documento”, documento de trabajo núm., ciudad 

de edición, entidad editora. 

Cabrero Mendoza, Enrique (1993), “Las políticas descentralizadoras en el 

ámbito internacional. Análisis de tendencias y obstáculos en diversos países”, 

documento de trabajo núm. 19, Ciudad de México, Centro de Investigación 

y Docencia Económicas. 

8.1.8 Ponencias, conferencias, memorias 

8.1.8.1 Publicadas 

Autor(es) (año de realización/presentación), “título de la exposición”, 

ponencia/conferencia/memoria presentada en (título 

de la conferencia o congreso), fechas y lugar del evento, en 

(comp./coord./ed. o institución responsable del ciclo de conferencias), 

nombre del libro o del ciclo de conferencias, institución 

responsable del ciclo de conferencias, ciudad de edición, entidad 

editora, páginas. 

Junghanns, R. (2000), “El derecho a la información en Alemania”, 

ponencia presentada en el Primer Congreso Nacional de Derecho a la 

Información, 9, 10 y 11 de noviembre, Ciudad de México, en Villanueva, 

E. (coord.), Hacia un nuevo derecho de la información, Ciudad de México, 

Universidad Iberoamericana-Alianza Editorial-Konrad-Adenauer-Stiftung, 

pp. 110-125. 

8.1.8.2 Inéditas: 

Autor(es) (año de realización/presentación), “título de la exposición”, 

ponencia/conferencia/memoria presentada en la 

conferencia (título de la conferencia o congreso), fechas y lugar 

del evento. 

Delgado Wise, Raúl y Márquez, Humberto (2006), “The Mexico-Unites 

Status Migratory System: Dilemmas of Regional Integration, Development, 

and Emigration”, ponencia presentada en la Conferencia Migration and 

Development: Perspectives from the South, 10-13 de julio, Bellagio. 

8.1.9 Tesis 

Autor (año de edición), “título de la tesis o disertación”, tesis 

de (especificar nivel o grado: licenciatura, maestría, doctorado), 

Institución que otorga el grado académico, ciudad de edición. 

Romero, Javier (2005), “Determinación de los factores que definen la noción 

de calidad de servicio en el transporte urbano: el caso del corredor Lerdo de 

Tejada en la ciudad de Toluca”, tesis de maestría, Universidad Autónoma del 

Estado de México, Toluca.

8.1.10 Documentos de gobierno publicados en su órgano oficial 

de publicación 

Sigla o acrónimo –en itálicas y mayúsculas por ser publicación 

periódica– (nombre desatado, también en itálicas) (año), 

“título”, fecha del documento gubernamental, ciudad de edición, 

entidad editora , fecha de consulta. 

dof (Diario Oficial de la Federación) (2014), “Decreto por el que se expiden 

la Ley de la Industria Eléctrica, la Ley de Energía Geotérmica y se adicionan 

y reforman diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales”, 11 de 

agosto, Ciudad de México, Segob, 5 de noviembre de 2016. 

dof (Diario Oficial de la Federación) (2018), “Reglas de operación del programa 

de infraestructura para el ejercicio fiscal”, 3 de enero, Ciudad de 

México, Segob, , 20 de junio de 2018. 

dou (Diário Oficial da União) (2007), “Lei 11.445, estabelece as diretrizes 

nacionais para o saneamento básico e para a política federal de saneamento 

básico”, 5 de janeiro, Brasília, Federal Government of Brazil, 4 de julho de 

2007. 

8.1.11 Entrevistas 

Se solicita integrar las entrevistas por orden alfabético al final 

de las Fuentes consultadas en un apartado que se titule Entrevistas. 

Cuando se utilizan entrevistas cuyo contenido es importante, 

se recomienda hacer la transcripción, ya que no es un 

documento público disponible. Esta referencia debe indicar: 

Nombre del entrevistado (año de la entrevista), “Título de la 

entrevista”, [tipo de medio/formato], ubicación y fecha de la 

entrevista. 

Cuando la fuente de la entrevista es de algún medio electrónico 

(radio, televisión, internet) se debe indicar: 

Nombre del entrevistado (año de la entrevista), “Título de la 

entrevista” (o entrevista acerca de…), [tipo de medio/formato], 

nombre del canal, fecha de la transmisión, hora de la transmisión. 

Cuando el entrevistado no quiere que se cite su nombre, 

colocar la palabra anónimo en lugar del nombre: 

Anónimo (año de la entrevista), “Título de la entrevista”, [tipo 

de medio/formato], ubicación y fecha exacta de la entrevista. 

Nota 1: en el caso de comunicaciones personales (cartas privadas, notas, 

correos electrónicos, mensajes de grupos de discusión no archivados o

privados, entrevistas personales, conversaciones telefónicas y similares) 

no se incluyen en la lista de fuentes de consulta. 

8.1.12 Páginas Web 

Los recursos electrónicos se citan igual que otros formatos. Si 

el nombre del autor no está disponible el responsable de la 

página Web se referirá como autor (organización, corporación 

o persona). 

Autor de la página (persona u organización) (año o fecha del 

copyright “última actualización”; si se desconoce, poner s.f.), 

“Título de la página web”, ciudad de edición, entidad editora, 

, última fecha de consulta: día, mes, año. 

a) Software 

Indicar si es posible al autor del software, puede ser la organización, 

empresa, institución que tenga los derechos. 

Autor/dependencia u organización (año), “nombre del software”, 

versión/series, ciudad de edición, editor del software. 

b) Blogs 

Autor(es) (año), “Título de la entrada del post del blog o 

documento consultado”, Título del blog, [weblog], fecha de 

publicación: día, mes, año, , última fecha 

de consulta: día, mes, año. 

c) Redes sociales (Facebook, Twitter…) 

Autor(es) (año), Título de la página, [Facebook, Twitter, You- 

Tube, etc.], fecha del mensaje publicado: día, mes, año del post 

, última fecha de consulta: día, mes, año. 

Nota: los años no siempre están disponibles en la web. Si éste es el caso, 

use s.f. (sin fecha). 

8.1.13 Filmes 

Nombre de la película en su idioma original (año de realización), 

película dirigida por (nombre del autor), lugar de 

realización, casa productora [Tipo de medio o soporte]. 

Tesis (1979), película dirigida por Roman Polanski, Francia- 

Inglaterra, Columbia Pictures [DVD].

8.1.14 Series de televisión 

Nombre de la serie, número del episodio, Nombre del episodio 

(año de producción), lugar de realización, casa productora, 

fecha de transmisión [Tipo de medio o soporte]. 

Alias, episodio 16, La profecía (2003), Los Ángeles, Touchstone 

Pictures, 5 de abril, [DVD]. 

9. Criterios sintácticos y tipográficos 

• Abreviaturas. No utilizarlas a menos que se trate de las convencionales 

utilizadas en el aparato crítico o que el trabajo lo requiera 

(diccionarios o libros técnicos) y, de ser así, incluir una lista con su 

respectiva relación de significados. Evitar siempre abreviar la palabra 

etcétera. En el caso del dólar, puede utilizarse la abreviatura USD, 

particularmente en tablas y cuadros, o en el cuerpo del texto si su uso 

es recurrente. 

• Acrónimos. Sólo irá la primera letra con mayúscula. La primera vez 

que se mencione el organismo irá desatado; en lo sucesivo, sólo su 

forma apocopada: Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol). 

• Coma. Evitarla entre sujeto y predicado. 

• Comillas simples. Se utilizan en los siguientes casos: 

a) Para indicar que se le da un sentido irónico a lo entrecomillado. 

b) Aquellas palabras que se utilizan de una manera coloquial. 

c) Citas dentro de citas (algo que en el texto citado va entrecomillado). 

d) Refranes, dichos populares, sin autor definido. 

• Comillas dobles. Se utilizan en los siguientes casos: 

a) Citas textuales. Aquellas que reproducen un enunciado oral o escrito 

tal y como fue proferido (verbalmente) o asentado (en forma escrita) 

por un declarante o un autor. Así pues, quien recurra a las comillas 

dobles para citar textualmente deberá respetar con toda exactitud 

lo citado. Si se cita de memoria o se modifica, así sea muy ligeramente, 

debe prescindirse del uso de las comillas dobles, pues es 

una paráfrasis. Uniformar el estilo de las comillas en inglesas (“ ”). 

Evitar las comillas paradas (“ “), pues son símbolo de pulgadas y 

las españolas (« »). Si la cita excede de 40 palabras la cita textual 

irá separada del texto corrido y con un margen que la distinga de 

éste. 

b) En títulos de artículos en periódicos y revistas, de capítulos de 

libros, de conferencias, ponencias y discursos.

c) En nombres de canciones o poemas. 

• Cursivas. Su uso es el siguiente: 

a) Todas las palabras, frases o expresiones en lengua extranjera, incluyendo 

latinismos de uso poco común o no incorporadas al castellano. 

Constituyen la excepción los nombres propios en general, 

los cuales se escriben en redondas y altas y bajas (empresas, organismos, 

marcas e instituciones). 

b) Los vocablos escritos de manera deliberadamente incorrecta por el 

autor. 

c) Aquellas palabras a las que el autor ha decidido darles relevancia o 

un sentido especial en el texto, con excepción de la ironía; para ella 

se hará de uso de las comillas simples. 

d) Los neologismos (palabras de nueva adopción), solamente la primera 

vez que aparezcan en el texto. 

e) Los apodos y alias, que además deben escribirse en altas y bajas. 

f) Títulos de libros, revistas y periódicos (salvo obras sagradas como 

la Biblia o el Corán). 

g) Títulos de obras de arte. 

h) Nombres científicos de plantas y animales. 

i) Nombres de embarcaciones, trenes, aviones. 

• Diacrítico. A pesar de que la Real Academia Española recomienda 

no tildar los pronombres demostrativos, la Academia Mexicana de la 

Lengua se pronuncia por el uso de la tilde diacrítica en estos casos, 

por lo que mantenemos esta regla. 

• Guiones. Existen tres tipos de guiones en el procesador Word. El 

guion de separación silábica (-), el guion intermedio (Ctrl. + signo 

menos del teclado numérico: –, o guion n) y la raya (Ctrl. + Alt + 

signo menos del teclado numérico: —, o guion m). Se omite el uso 

de la raya y se admite el guion intermedio para su típico uso en acotaciones 

o para ejemplificar con alguna frase o aclaración acerca de 

lo dicho (parentético). En inglés y portugués sí hay espacio entre los 

guiones y el enunciado que enmarcan; en español, no. Nota: para 

suplir las preposiciones “de” “a”, se utiliza el guion corto, sin espacios. 

Emplear el guion menos es un anglicismo tipográfico (1980–1910). 

• Llamadas. Deberán indicarse con números volados, sin puntos ni 

paréntesis, después de los signos de puntuación (ejemplo: .1). 

• Mayúsculas. Se utilizan en los siguientes casos: 

a) Disciplinas y materias en contextos académicos: Estudió Gramática 

en El Colegio de México.

) Nombres propios del ámbito gubernamental: El Gobierno del 

Estado de México impulsa un programa asistencialista para combatir 

la migración. 

c) Nombres propios de lugares: Valle de Bravo. 

d) Periodos y acontecimientos históricos: Independencia de México, 

guerra de Reforma, Revolución mexicana, Colonia. 

e) Vocablos en inglés relacionados con las nuevas tecnologías: Facebook, 

WhatsApp. 

f) Nombres de periódicos, revistas, libros: La Colmena publica artículos 

relacionados con las Ciencias Sociales. 

g) Nombres de leyes y códigos: la Ley Federal del Trabajo. 

Nota: evitar el uso de mayúsculas reverenciales: El señor gobernador 

asistió a la ceremonia de premiación / Esta mañana tomó posesión de su 

cargo el nuevo presidente municipal/El secretario de Cultura inauguró 

la Feria del Libro. Frecuentemente los títulos o conceptos acusan mayusculismos; 

por ello, debe tenerse en cuenta que los adjetivos que acompañan 

al sustantivo deben colocarse con minúsculas. 

• Minúsculas. Se utilizan en los siguientes casos: 

a) Meses, días y estaciones del año. 

b) Palabras del ámbito gubernamental: Al gobierno estatal le preocupa 

la salud de la población. 

c) Periodos históricos: La conquista de México / El porfiriato. 

d) Títulos universitarios, académicos: maestría en economía, licenciado 

en historia. 

e) Religiones, idiomas, corrientes ideológicas y artísticas. 

f) Números romanos. Se escriben en los siglos, números de reyes y 

papas y tomos de libros. 

g) Porcentajes. Se escriben con número, sin artículo y el símbolo de 

porcentaje (%) pegado a la cifra: 1%, 120%, 3.8%; son incorrectas 

las siguientes expresiones: el 5%, un 8%, el 9 %, del 4 %. 

h) Títulos. Evitar títulos y subtítulos largos; optar por la brevedad y 

consistencia. No llevan punto final.


Bárbara Ayala-Orozco, Eduardo García-Frapolli y Carla Galán-Guevara 

Transversalidad en políticas mexicanas de conservación de la biodiversidad: 

Coinbio y Corredor Biológico Mesoamericano 

Transversality in mexican biodiversity conservation public policies: COINBIO and Mesoamerican 

Biological Corridor 


Análisis espacial de las áreas verdes urbanas de la Ciudad de México 

Spatial analysis of urban green spaces in Mexico City 

Karla Rojas y Adrián Guillermo Aguilar 

Probabilidad de atención médica para los pobres en la Zona Metropolitana 

de Cuernavaca, Morelos, en 2018 

Probability of health access for poor people in the Metropolitan Area of Cuernavaca, Morelos in 2018 


Un modelo conceptual para el abordaje del ordenamiento territorial 

A conceptual model for the approach to territorial planning 


La vulnerabilidad social en México: distribución espacial por sección electoral 

Social vulnerability in Mexico: spatial distribution by electoral section 

El contenido de este número puede consultarse en la 

siguiente dirección electrónica: 

http://est.cmq.edu.mx/index 

9 781405 842105 6 7

Revista EST número 67

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