Listín Diario 15-04-2024

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16 SANTO DOMINGO, RD. LUNES, 15 DE ABIRL DE 2024 10 cm La República 5 cm 4 cm 3,5 cm Llamado urgente. Los residentes en San José de la Mina, al sur de Santiago, reclaman la presencia urgente de agentes de la Dirección de Migración, para sacar a decenas de haitianos indocumentados que residen en 3 cm el lugar. Residentes en San José de la Mina, zona sur de Santiago, protestaron porque los haitianos ilegales mantienen en constante zozobra esa comunidad. ONELIO DOMÍNGUEZ Tensión por amenaza de expulsar haitianos ONELIO DOMÍNGUEZ, R.D Santiago, R.D Representantes de diversos sectores rechazaron el intento de residentes del sector San José de la Mina, en la zona sur de la ciudad de Santiago, de tomar la justicia en sus manos y expulsar de “forma violenta” a los haitianos indocumentados que residen en esos lugares, Monseñor Carlos Tomás Morel Diplan, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Santiago, dijo que se debe ser “prudente y cuidadosa”, al tomar cualquier acción en contra de los haitianos, por la realidad que vive su país. Dijo que no todos los haitianos residentes en ese sector se dedican a cometer actos delictivos, “entonces la justicia debe actuar, contra los que cometen actos de ilegalidad”. “No pueden pagar justos por pecadores, porque hay gente que se dedican al trabajo, muchos de ellos nacieron aquí, familias establecidas legalmente, que no están haciendo mal”, manifestó Tomás Morel. Los empresarios Mientras que Juan Carlos Ortiz, del Voluntariado por la Seguridad de Santiago, dijo que el comportamiento compete a cada persona de manera individual, por eso no es justo que una comunidad pretenda tomar la justicia en sus manos. “Eso es facultad de la Dirección General de Migración y no de particulares”, dijo Ortiz. Indicó que las autoridades deben evitar situaciones como estas, ya que, en vez de solución, lo que se busca es conflictos, por tanto mostró su desacuerdo con la decisión de residentes en los barrios San José de la Mina de querer expulsar a los haitianos indocumentados. Legislador opina El diputado por el Partido Fuerza del Pueblo, Félix Michel, de la circunscripción 3, de Santiago, a la que pertenecen las localidades involucradas en la pretensión, dijo que esas acciones no contribuyen a una solución, pero cree que son refle- SEPA MÁS Redadas tímidas. Fernando Muñoz, dirigente comunitario de San José de la Mina dijo que se ha visto la presencia esporádica de algunos agentes de migración, pero que no es suficiente, ya que el grueso de los ilegales, aún permanecen en la comunidad. Repetición En San José de la Mina dicen que no desean que en su sector se repita lo de otros lugares del pais, donde la presencia haitiana ha superado a los dominicanos, imponiendo su cultura y tradición. jo de la desesperación que sufren los ciudadanos en todo el país, por la falta de políticas públicas adecuadas, en el caso migratorio. Sostuvo Michel, que el gobierno es que debe tomar las riendas de esta situación y aplicar las leyes migratorias, no limitarse a simples discurso, Comunitarios La pasada semana, cansados de los robos y atracos, cometidos supuestamente por haitianos, residentes en San José de la Mina, emplazaron a las autoridades migratorias para que saquen de esa barriada a todos los haitianos ilegales, tras denunciar que muchos de ellos, mantienen en zozobra a esa comunidad. Los dirigentes comunitarios dieron un plazo de 48 horas, que se cumplen hoy lunes, para que las autoridades de Migración de Santiago, inicien los operativos de deportación de los indocumentados haitianos, de lo contrario se verán obligados a iniciar la expulsión forzosa de esos ciudadanos. El dirigente comunitario de la zona sur, Fernando Muñoz, dijo que desde que anunciaron la expulsión, de los indocumentados, ya muchos de ellos comenzaron a salir por voluntad propia a otras comunidades cercanas, mientras otros han tomado la decisión de irse a su país de origen. La JCE afirma equipos pasaron pruebas en el pasado fin de semana ONELIO DOMÍNGUEZ Santiago Los equipos de escaneo, digitación, impresión y transmisión de datos (EDET) de la Junta Central Electoral (JCE) fueron instalados este fin de semana al- rededor de las 7:00 de la mañana, para la primera prueba de los resultados electorales, con miras a las elecciones del 19 de mayo. La primera prueba se realizó a las 10:00 de la mañana, y la segunda prueba comenzó a las 12:30 del día. JCE realizó el fin de semana primera prueba de cómputo. En Santiago las pruebas se realizaron en diferentes centros educativos. En la circunscripción número uno en las escuelas Enriquillo, Melinda Gerald, Felicia Hernández, Politécnico La Esperanza, y primaria Eugenio Dechamps. En la circunscripción dos en las escuelas Juan Ovidio Paulino, Manuel de Jesús Peña y Reynoso y Colegio Nuestra Señora del Carmen. Mientras que en la circunscripción tres, en las escuelas Ana Josefa Jiménez, Herminia Pérez y Genaro Pérez. La comprobación del funcionamiento de los equipos se realizó en 1,700 colegios electorales de 90 demarcaciones en 50 municipios de las 32 provincias del país y participaron 5,000 personas, incluyendo delegados de los partidos políticos. El presidente de la JCE, Román Jáquez Liranzo, recorrió varios recintos donde operaron colegios de votación del Gran Santo Domingo. Comprobaron buen funcionamiento equipos EDET.
10 cm 5 cm SANTO DOMINGO, RD. LUNES, 15 DE ABRIL DE 2024 17 La República 4 cm 3,5 cm Enfoque 3 cm JULIO CURY Santo Domingo, RD El art. 53.3 de la Ley núm. 137-11 sujeta la revisión constitucional de decisiones jurisdiccionales a la violación de al menos un derecho fundamental, condición que, aunque necesaria, es insuficiente para admitirla a trámite. El Tribunal Constitucional debe determinar si concurre un requisito adicional que el párrafo de esa norma exige: la especial trascendencia o relevancia constitucional. Este sintagma vago e indeterminado lo hicimos nuestro de la modificación que en España sufrió su LOTC en el 2007, la cual, a su vez, lo adoptó de la normativa alemana que más de una década antes había optado por abandonar la subjetivación del recurso en comento. La trascendencia especial es también requisito de admisibilidad de la revisión constitucional de sentencias de amparo, mas el art. 100 de la Ley núm. 137- 11 que, para no faltar a la verdad, es un calco del art. 50.1 b) del texto ibérico, al menos ofrece una directriz: “… se apreciará atendiendo su importancia para la interpretación, aplicación y general eficacia de la Constitución, o para la determinación del contenido, alcance y la concreta protección de los derechos fundamentales”. De todas formas, la textura abierta del predicado que me mueve a escribir le da al intérprete un amplísimo margen de apreciación, por lo que el supremo intérprete de nuestra Ley Sustantiva, interesado en concretar profuturo su alcance, empezó a bosquejarlo en su TC/0007/12. Poco después, en la TC/0012/12, ofreció un repertorio -no limitativo- de supuestos que lo acreditan. A decir verdad, no debimos injertar la especial relevancia en nuestra legislación tan temprano como en el 2011. Como sabemos, en España obedeció al propósito de aligerarle la carga laboral a su colegiado constitucional, por lo que estando nosotros huérfanos para entonces de jurisprudencia en la materia, resultaba ilógico taponar el cedazo de la revisión constitucional, salvo que el legislador tuviese a manos un barómetro o algún otro instrumento de precisión que le permitiera anticipar que entre nosotros ocurriría lo mismo. Haber objetivado la revisión constitucional sobre la base de experiencias de otras latitudes, sin saber quizás de dónde traía causa, fue una actitud intelectual poco plausible. Sea como fuere, lo cierto es que asumimos una redacción farragosa que presupone la inadmisibilidad, endosándole implícitamente al recurrente la carga de justificarla independientemente a la sustentación jurídica respecto del derecho fundamental que se alega vulnerado. Sospecho que el legislador no conocía el terreno que pisaba. En primer término, porque para renunciar a la dimensión subjetiva del recurso en mención en cuanto a las sentencias de amparo, los españoles tomaron en cuenta la posibilidad de recurrir en apelación y casación las sentencia dictadas, lo que además de no ser así entre nosotros, permite suponer allá -por la capacitación de sus juzgadores- la adecuada protección subjetiva de los derechos fundamentales. Y en segundo lugar, porque el art. 7.1 de nuestra Ley núm. 137-11 prevé que la jurisdicción constitucional “debe estar libre de obstáculos, impedimentos, formalismos o ritualismos que limiten irrazonablemente la accesibilidad y oportunidad de la justicia”. Este enunciado, mutatis mutandis, se reitera en el numeral 9 del mismo precepto: “Los procesos y procedimientos constitucionales deben estar exentos de formalismos o rigores innecesarios que afecten la tutela judicial efectiva”. La paradoja no puede ser mayor, porque siendo la ley un tejido denso y entrecruzado que se vertebra de forma sistemática, la especial relevancia parece contrariar los principios previstos en las normas transcritas, considerando que la primera garantía que consagran los artículos 69 constitucional y 25 de la CADH es la de acceder a la jurisdicción. Se trata, en efecto, del presupuesto indispen- La especial trascendencia constitucional sable para materializar los demás derechos fundamentales que, vale aclararlo, no se limita a “traspasar el umbral de la puerta de un tribunal, sino a que, una vez dentro, este cumpla la función para la que está instituido”, como enseña Díez Picazo Giménez con irreprochable corrección. Esa viabilidad es la que precisamente problematiza el concepto analizado, sin olvidar que es contrario al principio pro actione hacerlo por vía legislativa o a través de “la interpretación excesivamente rigurosa y formalista de las normas procesales”, conforme al TEDH en el caso Pérez de Rada Cavanilles vs España. Por fortuna, tanto el art. 53.3 como el art. 100 de la Ley núm. 137-11 han sido interpretados de manera flexible y finalista por el Tribunal Constitucional, que ha rehusado institucionalizar su discrecionalidad, desplazando el centro de gravedad del asunto desde la ley a los principios de razonabilidad y justicia. Y así, ha evitado que la especial trascendencia, utilizada en España y Alemania para acortar la oportunidad recursiva ante sus sedes constitucionales, restrinja la oportunidad de interponer el recurso. Reitero que el injerto del sintagma en cita fue aventurado, como también lo sería una redefinición de su alcance en atención a la arrogancia del positivismo, o lo que es lo mismo, a la literalidad de las normas que lo contemplan. No sin razón, el profesor chileno Carlos del Río Ferrett defiende la necesidad de aplicar los “mecanismos de admisibilidad con una interpretación favorable al acceso al medio de impugnación, debiendo hacer primar la voluntad de impugnación sobre exigencias técnicas o formales que embaracen su ejercicio”. Asimismo, en el caso Herrera Ulloa vs Costa Rica y, posteriormente, en Castillo Petruzzi y otros vs Perú, la Corte IDH expuso que “La posibilidad de recurrir el fallo debe ser accesible, sin requerir mayores complejidades que tornen ilusorio el derecho”, como indudablemente lo torna la especial trascendencia. Nuestra doctrina constitucional tampoco difiere: “[…] ante dudas fundadas sobre la observancia por parte del recurrente de un requisito objetivo de admisibilidad en particular, el Tribunal Constitucional debe presumir la sujeción del recurrente a dicho requisito para garantizar la efectividad de sus derechos fundamentales”. Y agrega: “Respecto a la aplicación de este principio en los procesos constitucionales, este colegiado concuerda con el criterio externado por la Corte Constitucional de Colombia, la cual… asentó el criterio que se transcribe a continuación: […] debe preferirse una decisión de fondo antes que una inhibitoria, de manera que se privilegie la efectividad de los derechos de participación ciudadana y de acceso al recurso judicial efectivo ante la Corte […] el rigor en el juicio que aplica la Corte al examinar la demanda no puede convertirse en un método de apreciación tan estricto que haga nugatorio el derecho relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional”. La sobrecarga procesal es un problema que enfrentan todos los órganos jurisdiccionales, y es previsible que en una sociedad cada día más compleja e informada, los desencuentros aumenten progresivamente y degeneren en procesos. Sin embargo, la respuesta no debe ser la constricción del trámite de admisión a la justicia, y tanto menos a la constitucional, toda vez que ella es la que restablece, como con meridiana claridad señala Humberto Nogueira Alcalá, “el imperio del derecho afectado, preservando u otorgando fuerza normativa al derecho constitucional material, superando… los déficits de interpretación y ponderación de derecho o los déficits de procedimiento”. Nuestro Tribunal Constitucional cumpliría ineficazmente su función objetiva –defensa del texto supremo- y la subjetiva –protección de los derechos fundamentales-, si reprodujera el arbitrario patrón de selección de su versión anglosajona: el writ of certiorari. Del mismo modo que la demanda pública de servicios hospitalarios no puede desincentivarse reduciendo el personal médico o el suministro gratuito de medicamentos a los desheredados de la buena suerte, no puede desmotivarse a los ciudadanos a impugnar en revisión constitucional taponando el filtro de admisibilidad. Sucede lo mismo con el interés casacional, otro concepto importado con fines economicistas que se presta a interpretaciones excesivamente discrecionales, del cual la Ley núm. 2-23 apenas ofrece un catálogo de supuestos que presumen su contenido material. El remedio terminará siendo peor que la enfermedad, ya que, al obstruir la puerta principal de entrada a la SCJ, inmovilizará al derecho, como si acaso no fuese necesario encajarlo en la horma del modelo del contexto imperante al momento de aplicarlo. En definitiva, pienso que hasta que la sublevación contra los precedentes constitucionales no apareje sanción, la especial trascendencia debe seguirse interpretando , o si se prefiere, al modo lampedusiano: prescindiendo de la naturaleza objetiva de dicho requisito. Después de todo, el legislador sabio y omnicomprensivo es una falacia, amén de que la razón jurídica, en palabras de Alejandro Nieto, “controla el derecho, verifica si cumple con los objetivos previstos, si está adaptado a las circunstancias existentes”. Por desgracia, en el ámbito del Poder Judicial no se tutelan debidamente los derechos e intereses legítimos, por lo que el juicio de relevancia constitucional debe seguirse haciendo con la flexibilidad que se ha venido haciendo. De lo contrario, las funciones que, de modo principalísimo, el art. 184 de la Carta Sustantiva le asignó a la jurisdicción especializada que esa misma norma creó, devendrá en una quimera: “garantizar la supremacía de la Constitución, la defensa del orden constitucional y la protección de los derechos fundamentales”.
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