Listín Diario 15-04-2024

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SANTO DOMINGO, RD. LUNES, 15 DE ABRIL DE 2024
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La República
4 cm
3,5 cm
Enfoque
3 cm
JULIO CURY
Santo Domingo, RD
El art. 53.3 de
la Ley núm.
137-11 sujeta
la revisión
constitucional
de decisiones jurisdiccionales
a la violación de
al menos un derecho fundamental,
condición que,
aunque necesaria, es insuficiente
para admitirla a
trámite. El Tribunal Constitucional
debe determinar
si concurre un requisito
adicional que el párrafo de
esa norma exige: la especial
trascendencia o relevancia
constitucional.
Este sintagma vago e indeterminado
lo hicimos
nuestro de la modificación
que en España sufrió su
LOTC en el 2007, la cual, a
su vez, lo adoptó de la normativa
alemana que más de
una década antes había optado
por abandonar la subjetivación
del recurso en
comento. La trascendencia
especial es también requisito
de admisibilidad de la revisión
constitucional de sentencias
de amparo, mas el
art. 100 de la Ley núm. 137-
11 que, para no faltar a la
verdad, es un calco del art.
50.1 b) del texto ibérico, al
menos ofrece una directriz:
“… se apreciará atendiendo
su importancia para la
interpretación, aplicación y
general eficacia de la Constitución,
o para la determinación
del contenido,
alcance y la concreta protección
de los derechos fundamentales”.
De todas formas, la textura
abierta del predicado
que me mueve a escribir le
da al intérprete un amplísimo
margen de apreciación,
por lo que el supremo intérprete
de nuestra Ley Sustantiva,
interesado en concretar
profuturo su alcance,
empezó a bosquejarlo en
su TC/0007/12. Poco después,
en la TC/0012/12,
ofreció un repertorio -no limitativo-
de supuestos que
lo acreditan.
A decir verdad, no debimos
injertar la especial relevancia
en nuestra legislación
tan temprano como
en el 2011. Como sabemos,
en España obedeció al propósito
de aligerarle la carga
laboral a su colegiado constitucional,
por lo que estando
nosotros huérfanos para entonces
de jurisprudencia en
la materia, resultaba ilógico
taponar el cedazo de la revisión
constitucional, salvo que
el legislador tuviese a manos
un barómetro o algún otro
instrumento de precisión que
le permitiera anticipar que
entre nosotros ocurriría lo
mismo.
Haber objetivado la revisión
constitucional sobre
la base de experiencias de
otras latitudes, sin saber quizás
de dónde traía causa, fue
una actitud intelectual poco
plausible. Sea como fuere, lo
cierto es que asumimos una
redacción farragosa que presupone
la inadmisibilidad,
endosándole implícitamente
al recurrente la carga de justificarla
independientemente
a la sustentación jurídica
respecto del derecho fundamental
que se alega vulnerado.
Sospecho que el legislador
no conocía el terreno
que pisaba. En primer término,
porque para renunciar a
la dimensión subjetiva del recurso
en mención en cuanto
a las sentencias de amparo,
los españoles tomaron en
cuenta la posibilidad de recurrir
en apelación y casación
las sentencia dictadas, lo
que además de no ser así entre
nosotros, permite suponer
allá -por la capacitación
de sus juzgadores- la adecuada
protección subjetiva de los
derechos fundamentales.
Y en segundo lugar, porque
el art. 7.1 de nuestra Ley
núm. 137-11 prevé que la jurisdicción
constitucional “debe
estar libre de obstáculos,
impedimentos, formalismos
o ritualismos que limiten irrazonablemente
la accesibilidad
y oportunidad de la justicia”.
Este enunciado, mutatis
mutandis, se reitera en el numeral
9 del mismo precepto:
“Los procesos y procedimientos
constitucionales deben
estar exentos de formalismos
o rigores innecesarios que
afecten la tutela judicial efectiva”.
La paradoja no puede ser
mayor, porque siendo la ley
un tejido denso y entrecruzado
que se vertebra de forma
sistemática, la especial
relevancia parece contrariar
los principios previstos en las
normas transcritas, considerando
que la primera garantía
que consagran los artículos
69 constitucional y 25 de
la CADH es la de acceder a la
jurisdicción. Se trata, en efecto,
del presupuesto indispen-
La especial
trascendencia
constitucional
sable para materializar los
demás derechos fundamentales
que, vale aclararlo, no
se limita a “traspasar el umbral
de la puerta de un tribunal,
sino a que, una vez dentro,
este cumpla la función
para la que está instituido”,
como enseña Díez Picazo Giménez
con irreprochable corrección.
Esa viabilidad es la que
precisamente problematiza
el concepto analizado, sin olvidar
que es contrario al principio
pro actione hacerlo por
vía legislativa o a través de
“la interpretación excesivamente
rigurosa y formalista
de las normas procesales”,
conforme al TEDH en el caso
Pérez de Rada Cavanilles vs
España. Por fortuna, tanto el
art. 53.3 como el art. 100 de
la Ley núm. 137-11 han sido
interpretados de manera
flexible y finalista por el Tribunal
Constitucional, que ha
rehusado institucionalizar su
discrecionalidad, desplazando
el centro de gravedad del
asunto desde la ley a los principios
de razonabilidad y justicia.
Y así, ha evitado que la
especial trascendencia, utilizada
en España y Alemania
para acortar la oportunidad
recursiva ante sus sedes constitucionales,
restrinja la oportunidad
de interponer el recurso.
Reitero que el injerto del
sintagma en cita fue aventurado,
como también lo sería
una redefinición de su alcance
en atención a la arrogancia
del positivismo, o lo que
es lo mismo, a la literalidad
de las normas que lo contemplan.
No sin razón, el profesor
chileno Carlos del Río Ferrett
defiende la necesidad de
aplicar los “mecanismos de
admisibilidad con una interpretación
favorable al acceso
al medio de impugnación,
debiendo hacer primar la voluntad
de impugnación sobre
exigencias técnicas o formales
que embaracen su ejercicio”.
Asimismo, en el caso Herrera
Ulloa vs Costa Rica y,
posteriormente, en Castillo
Petruzzi y otros vs Perú,
la Corte IDH expuso que “La
posibilidad de recurrir el fallo
debe ser accesible, sin requerir
mayores complejidades
que tornen ilusorio el
derecho”, como indudablemente
lo torna la especial
trascendencia. Nuestra doctrina
constitucional tampoco
difiere: “[…] ante dudas
fundadas sobre la observancia
por parte del recurrente
de un requisito objetivo de
admisibilidad en particular,
el Tribunal Constitucional
debe presumir la sujeción
del recurrente a dicho
requisito para garantizar la
efectividad de sus derechos
fundamentales”.
Y agrega: “Respecto a
la aplicación de este principio
en los procesos constitucionales,
este colegiado
concuerda con el
criterio externado por la
Corte Constitucional de Colombia,
la cual… asentó el
criterio que se transcribe
a continuación: […] debe
preferirse una decisión de
fondo antes que una inhibitoria,
de manera que se privilegie
la efectividad de los
derechos de participación
ciudadana y de acceso al recurso
judicial efectivo ante
la Corte […] el rigor en
el juicio que aplica la Corte
al examinar la demanda
no puede convertirse en un
método de apreciación tan
estricto que haga nugatorio
el derecho relativo al recurso
de revisión constitucional
de decisión jurisdiccional”.
La sobrecarga procesal
es un problema que enfrentan
todos los órganos jurisdiccionales,
y es previsible
que en una sociedad cada
día más compleja e informada,
los desencuentros
aumenten progresivamente
y degeneren en procesos.
Sin embargo, la respuesta
no debe ser la constricción
del trámite de admisión a la
justicia, y tanto menos a la
constitucional, toda vez que
ella es la que restablece, como
con meridiana claridad
señala Humberto Nogueira
Alcalá, “el imperio del derecho
afectado, preservando
u otorgando fuerza normativa
al derecho constitucional
material, superando…
los déficits de interpretación
y ponderación de derecho
o los déficits de procedimiento”.
Nuestro Tribunal Constitucional
cumpliría ineficazmente
su función objetiva
–defensa del texto supremo-
y la subjetiva –protección
de los derechos fundamentales-,
si reprodujera el
arbitrario patrón de selección
de su versión anglosajona:
el writ of certiorari.
Del mismo modo que la
demanda pública de servicios
hospitalarios no puede
desincentivarse reduciendo
el personal médico o el suministro
gratuito de medicamentos
a los desheredados
de la buena suerte, no
puede desmotivarse a los
ciudadanos a impugnar en
revisión constitucional taponando
el filtro de admisibilidad.
Sucede lo mismo con el
interés casacional, otro concepto
importado con fines
economicistas que se presta
a interpretaciones excesivamente
discrecionales, del
cual la Ley núm. 2-23 apenas
ofrece un catálogo de
supuestos que presumen su
contenido material. El remedio
terminará siendo peor
que la enfermedad, ya que,
al obstruir la puerta principal
de entrada a la SCJ, inmovilizará
al derecho, como si
acaso no fuese necesario encajarlo
en la horma del modelo
del contexto imperante
al momento de aplicarlo.
En definitiva, pienso
que hasta que la sublevación
contra los precedentes
constitucionales no apareje
sanción, la especial trascendencia
debe seguirse interpretando
, o si se prefiere, al
modo lampedusiano: prescindiendo
de la naturaleza
objetiva de dicho requisito.
Después de todo, el legislador
sabio y omnicomprensivo
es una falacia, amén de
que la razón jurídica, en palabras
de Alejandro Nieto,
“controla el derecho, verifica
si cumple con los objetivos
previstos, si está adaptado a
las circunstancias existentes”.
Por desgracia, en el ámbito
del Poder Judicial no se
tutelan debidamente los derechos
e intereses legítimos,
por lo que el juicio de relevancia
constitucional debe
seguirse haciendo con la flexibilidad
que se ha venido
haciendo. De lo contrario, las
funciones que, de modo principalísimo,
el art. 184 de la
Carta Sustantiva le asignó a
la jurisdicción especializada
que esa misma norma creó,
devendrá en una quimera:
“garantizar la supremacía
de la Constitución, la defensa
del orden constitucional y
la protección de los derechos
fundamentales”.