Maquetación 1 - Revista Pensamiento Penal

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Situación de los Derechos Humanos en Mendoza XUMEK 2012
En esta línea, se hace referencia en este informe a los problemas que tienen
que afrontar aquellos que han sido víctimas de un delito para obtener una
debida respuesta de parte de la organización de Justicia. Las cifras son elocuentes,
como se podrá ver, y demuestran que la carencia de recursos financieros
y de recursos humanos explican las reiteradas esperas que sufren los
denunciantes. Para entender el problema es importante destacar que las Oficinas
Fiscales, con sede en las Comisarías, del Gran Mendoza continúan casi
con la misma cantidad de personal desde el 2008 sin que se haya tomado en
cuenta, al menos, el aumento poblacional operado hasta hoy.
Esto nos lleva a otra gran deuda social, los Centros penitenciarios que tristemente
han aumentado su población a niveles que nos llevaron a sufrir la condena
internacional hace algunos años atrás. Se ha avanzado en gran medida
en la capacitación de los Agentes Penitenciarios, se ha aprobado la Ley que
instituye al Procurador de la Personas Privadas de la Libertad, aún a la espera
de su designación de parte del Ejecutivo provincial, pero a pesar de esto, la
situación en las cárceles sigue siendo lamentable; la violencia, la humillación
y el maltrato siguen formando parte de las prácticas cotidianas. Graves deficiencias
en el sistema siguen afectado a los individuos sobre los cuales el
Estado tiene un deber de guarda insoslayable.
Otras de las cuestiones que han hecho mella en este último tiempo es la falta
de decisión para adherir al Protocolo nacional que reglamente el Aborto no
punible, por el cual no se podría instruir causas en contra de mujeres bajo
sospecha de que se hubieran causado su propio aborto o que hubieran consentido
que otra persona se lo practicara. Esto, claramente, implica el desconocimiento
de la jurisprudencia vigente de la Corte Suprema de la Nación
y una grave falencia en la protección de los Derechos de la Mujer.
Me gustaría resaltar la importancia que reviste el Derecho a un Ambiente
Sano. En nuestra provincia ha operando un cambio en el discurso sobre las
actividades mineras a gran escala (de uranio en Sierra Pintada y de potasio
en el Río Colorado) y nos encontramos en el momento de que la Suprema
Corte de Mendoza dictamine sobre la constitucionalidad de la Ley 7.722. En
ese camino de militancia debemos aceptar el rol que nos toca desempeñar
para poder defender, en última instancia, nuestro derecho a la vida asegu-