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Maquetación 1 - Revista Pensamiento Penal

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Situación de los Derechos Humanos en Mendoza XUMEK 2012<br />

700.000 hectáreas al pueblo huarpe. Recién en 2008 la Corte declaró su constitucionalidad<br />

y dio vía libre a la expropiación.<br />

Después, cuando fue el turno de Julio Cobos, este les dijo muy claramente a<br />

los representantes de las comunidades que podrían hablar de cualquier cosa<br />

menos del asunto de las tierras.<br />

Finalmente, Celso Jaque le dio un viraje a la historia. Por primera vez el reconocimiento<br />

de las tierras a los Huarpes forma parte de los intereses generales<br />

del Estado. El día que firmaba un decreto de adjudicación al Pueblo<br />

Huarpe Milcallac, Celso Jaque pidió perdón en nombre del Estado. Dijo que<br />

se disculpaba por no haber comprendido esta historia a lo largo de 200 años.<br />

Es cierto que este gesto ha sido muy cuestionado por dirigentes de las comunidades,<br />

que por cierto no asistieron al acto de entrega de las 70 mil hectáreas<br />

en las Lagunas del Rosario. Lo que plantean básicamente es una crítica<br />

por “izquierda” que hace tabla rasa de todo lo actuado por el gobierno nacional,<br />

provincial y municipal, esgrimiendo falta de autoridad moral para adjudicarse<br />

la bandera de la implementación de la propiedad comunitaria de<br />

los pueblos originarios.<br />

Actualmente hay comunidades en 22 provincias y en todas se han planteado<br />

problemas similares. En cuanto a las herramientas, Mendoza se maneja mirando<br />

un poco la experiencia de Jujuy pero también del Chaco, con una particularidad:<br />

desde hace años que existe una ley de Arraigo 80 y se está<br />

aplicando. Con lo cual, no sólo se está escriturando a nombre de un pueblo<br />

aborigen; también se les está dando derecho sobre la tierra a los que habitan<br />

en ellas desde hace más de 50 años, sean o no descendientes de Huarpes.<br />

De las 700.000 hectáreas que le pertenecen por derecho al conjunto de las<br />

comunidades Huarpes, todas inscriptas y con personería jurídica reconocida<br />

por el INAI (Instituto Nacional Indígena), sólo 120.000 son terrenos fiscales.<br />

Lo que es del Estado ya ha empezado a transferirse mediante la modalidad<br />

de propiedad comunitaria, pero el grueso del territorio está sujeto a lo que<br />

suceda con la expropiación.<br />

De acuerdo con las estimaciones realizadas por una Comisión Evaluadora de<br />

Catastro, se han determinado dos valores para el precio de la tierra a expropiar.<br />

Se ha determinado en $ 2,80 la hectárea el precio de la mayor parte del

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