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Maquetación 1 - Revista Pensamiento Penal

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Situación de los Derechos Humanos en Mendoza XUMEK 2012<br />

talle el problema que lo afecta. A partir de ese momento, el profesional recaba<br />

toda la información pertinente al caso, y si fuese necesario, suma al<br />

equipo psicosocial -compuesto por trabajadores sociales y psicólogos- para<br />

atender aquellas problemáticas que excedan al campo jurídico 43 .<br />

Sin embargo, en Mendoza que sólo existe un Centro de Acceso a la Justicia<br />

ubicado en el Barrio Cipolletti, La Favorita, de la Ciudad de Mendoza. Por lo<br />

que creemos necesario la creación de nuevos centros en los distintos departamentos<br />

de la provincia.<br />

4. Defensor del Pueblo Provincial<br />

La propuesta de creación de esta figura es una de las obligaciones internacionales<br />

contenida en el acuerdo de solución amistosa en el caso Penitenciarias<br />

de Mendoza, firmado por el Gobierno Provincial, Nacional y los<br />

peticionarios ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es por<br />

ello, que el actual proyecto de reforma constitucional provincial reconoce<br />

esta importante figura de protección de los derechos humanos de todas las<br />

personas 44 .<br />

Cabe resaltar que existen numerosos proyectos legislativos que consagran<br />

la creación de un Defensor del Pueblo, sin embargo, ninguno de ellos ha sido<br />

tratado en los últimos años, pese a la necesidad imperiosa de contar con una<br />

institución provincial, independiente y autónoma de defensa y protección<br />

de los derechos humanos y demás derechos, garantías e intereses tutelados<br />

en la Constitución Nacional, los Tratados Internacionales, la Constitución Provincial<br />

y las leyes, ante hechos, actos u omisiones de la Administración, además<br />

del control del ejercicio de las funciones administrativas públicas<br />

provinciales.<br />

5. Juicio por Jurados<br />

El Juicio por Jurado está contemplado en la Constitución Nacional como una<br />

garantía de los habitantes y como una obligación para administrar justicia<br />

desde 1853, en los artículos 24, 75 y 118.

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